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#Fallos Sin prueba no hay cautelar: Los artículos periodísticos no configuran una condición verosímil de una eventual y futura actividad sancionatoria que el Ministerio de Trabajo de la Provincia pueda tener sobre el Sindicato

Partes: Sindicato Unificado de Trabajadores Educación Provincia Buenos Aires c/ Ministerio de Trabajo y otro/a s/ Amparo Sindical

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 23-mar-2021

Cita: MJ-JU-M-131787-AR | MJJ131787 | MJJ131787

Se revoca la medida cautelar que ordenaba al Ministerio de Trabajo de la Provincia que se abstenga de imponer multas al Sindicato actor pues los artículos periodísticos para fundar la pretensión no configuran una condición verosímil de una eventual y futura actividad sancionatoria de aquel.

Sumario:

1.-Se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la medida cautelar dictada en el pronunciamiento impugnado, que había ordenado al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires a que se abstenga de imponer multa, impulsar y/o proseguir cualquier tipo de proceso dirigido en dicho sentido al Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) accionante, toda vez que si bien es cierto que la verosimilitud del derecho no exige grado alguno de verdad o certeza respecto del presunto derecho, no lo es menos que no pudo juzgarse configurada la condición de verosímil a partir de un material probatorio que solo constituye un anuncio periodístico, de una eventual y futura actividad sancionatoria por parte de la autoridad provincial competente.

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2.-El requisito del peligro en la demora importa la existencia de un riesgo que podría derivar en la frustración del derecho cuya tutela anticipada se procura, reclamando, pues, motivaciones de orden racional que autorizan a pensar o creer en la factibilidad del desbaratamiento.

3.-No resultan atingentes las manifestaciones del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires recurrente vinculadas a un supuesto conflicto de poderes, pues esa alegación debió plantearse de modo originario ante esta Suprema Corte y no mediante la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley articulada en el marco de un proceso judicial que se encuentra en trámite; en efecto, en materia de conflicto de poderes, este Tribunal posee competencia originaria y exclusiva, y es el único que tiene atribuida por la Constitución de la Provincia la jurisdicción para resolver estas cuestiones (art. 161 inc. 2 , Const. prov.).

Fallo:

A C U E R D O

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.189, «Sindicato Unificado de Trabajadores Educación Provincia Buenos Aires contra Ministerio de Trabajo y otro/a. Amparo Sindical», con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Pettigiani, Torres, Genoud.

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora (v. resolución electrónica de fecha 21 de agosto de 2018).

Se interpuso, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 5 de septiembre de 2018), el que, denegado por el juzgador de grado (v. resol. de fecha 20 de septiembre de 2018), fue concedido por esta Suprema Corte a fs. 106/108, al haberse admitido la queja interpuesta (v. fs. 89/93 vta.).

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:

I. El tribunal de trabajo, en el marco de la acción deducida por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) con sustento en el art.47 de la ley 23.551, hizo lugar a la medida cautelar peticionada y, en consecuencia, ordenó al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires a que se abstenga de imponer multa, impulsar y/o proseguir cualquier tipo de proceso dirigido en dicho sentido al sindicato accionante.

Para así decidir, valorando esencialmente las constancias periodísticas obrantes en autos, consideró prima facie verificados los presupuestos necesarios para la viabilidad de la medida cautelar solicitada, esto es, la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora (arts. 195, CPCC y 63, ley 11.653).

Con relación al primero de los recaudos, sostuvo que asistía razón a la accionante, en tanto la cuantía de la sanción pecuniaria cuya aplicación fuera anunciada por la autoridad administrativa del trabajo respecto de la entidad sindical produciría una afectación concreta en su funcionamiento al afectar su patrimonio. Ello -adujo- acarrearía la imposibilidad de cumplir con su actividad, la que se encuentra garantizada por la ley 23.551 y los arts. 14 bis de la Constitución nacional; 23.4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; XXII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 16.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Agregó que una de las formas de asegurar la finalidad que compete a dichas entidades es que cuenten con la autonomía necesaria frente a la parte empleadora, debiendo, además, garantizarse la libertad sindical.

Finalmente, en torno al requisito del peligro en la demora, manifestó que el ejercicio del poder estatal sancionatorio, traducido en la aplicación de una multa, conllevaba una postergación temporal en su efectivización, que no entrañaría su pérdida, por lo que resultaba entonces aconsejable optar por la tutela sindical en el estadio procesal en que se encontraba la causa.

II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v.escrito electrónico de fecha 5 de septiembre de 2018), el que habiendo sido denegado en la instancia de origen (v. resolución de fecha 20 de septiembre de 2018), fue declarado admisible por esta Suprema Corte al hacerse lugar a la queja deducida, exceptuando el presente caso del principio general que rige en la materia (v. fs. 106/108).

En su postulación, denuncia violación y errónea aplicación de los arts. 14 bis, 17, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 23.4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; XXII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 16.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 3 del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo; 2 del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo; 5 del Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo; 20 y 39 de la Constitución provincial; 1, 4, 5, 6, 47, 53 y concordantes de la ley 23.551; 44 inc. «d» y concordantes de la ley 11.653; 195, 232, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y 2, 3 incs. «a» y «f», 4, 5, 20, 30, 44, 61 y concordantes de la ley 10.149.

II.1. Afirma la recurrente que la decisión del tribunal de hacer lugar a la medida cautelar es improcedente, por cuanto establece un apoderamiento irregular de las potestades propias de la autoridad ministerial del trabajo al prohibirle el ejercicio de la competencia que tiene legalmente atribuida, conforme lo establecido en la ley 10.149.

En ese sentido, alega que en la causa L. 115.211, «Asociación Trabajadores del Estado» (sent.de 11-III-2013), esta Suprema Corte ha reconocido la competencia del Ministerio de Trabajo como autoridad encargada de intervenir en todo lo relativo a las negociaciones y convenciones colectivas de trabajo en el territorio provincial y en los conflictos individuales o colectivos de trabajo públicos provinciales o municipales y privados, ejerciendo facultades de conciliación y arbitraje con arreglo a las normas aplicables.

De esta manera, sostiene que, aunque no enmarca propiamente en las disposiciones del art. 161 inc. 2 de la Constitución provincial, en el caso, se generó un conflicto de poderes que debe ser resuelto por este Tribunal.

II.2. Por otro lado, la impugnante invoca absurdo en la valoración de los requisitos para la viabilidad de las medidas cautelares. Manifiesta que no se encontraba verificada la existencia de la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora.

II.2.a. Respecto del primero, señala que el argumento dado por el juzgador de grado alude a una «afectación concreta» al funcionamiento de la entidad sindical accionante y al mismo tiempo reconoce que tal avasallamiento derivaría de una hipotética sanción que -remarca- aún está lejos de aplicarse definitivamente en el caso.

Agrega que en la hipótesis que el legítimo derecho que pretende hacer valer la reclamante consiste en liberarse de una «injusta» multa que, por su eventual cuantía, le impediría funcionar como entidad gremial, lo correcto -reitera- hubiera sido resolverlo en el marco del procedimiento administrativo establecido en la ley 10.149, que, además, contempla una revisión judicial suficiente.

En definitiva, arguye que solo existe un temor subjetivo a que la razón le resulte esquiva, circunstancia que jamás puede entenderse como la verosimilitud del derecho invocado y, menos aún, ser mitigada a partir de la intervención de un órgano del Poder Judicial que no carece de competencia para conocer originariamente respecto de los hechos que pudieran constituir transgresiones a las normas establecidas en el citado plexo legal local.

II.2.b.Luego, plantea que tampoco se halla configurado el requisito del peligro en la demora.

Alega que en el supuesto que el resultado del proceso administrativo llegara a ser desfavorable a los intereses de la entidad gremial, quedaría eventualmente pendiente la revisión judicial para intentar revertir tal situación (conf. art. 61, ley 10.149), con lo cual, señala, la inminencia del perjuicio que argumenta el fallo de grado es tan solo una mera excusa para interferir sobre el poder estatal sancionatorio.

III. El recurso prospera con los siguientes alcances.

III.1. En primer lugar, corresponde señalar que no resultan atingentes las manifestaciones de la recurrente vinculadas a un supuesto conflicto de poderes. En su caso, esa alegación debió plantearse de modo originario ante esta Suprema Corte y no mediante la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley articulada en el marco de un proceso judicial que se encuentra en trámite. En efecto, en materia de conflicto de poderes, este Tribunal posee competencia originaria y exclusiva, y es el único que tiene atribuida por la Constitución de la Provincia la jurisdicción para resolver estas cuestiones (art. 161 inc. 2, Const. prov.; causas B. 71.067, «Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Plata», resol. de 4-VIII-2010; P. 111.237, «Actuaciones de oficio art. 25 inc. 3° C.P.P.B.A.», resol. de 30-III-2011 y P. 128.489, «Baric», resol. de 31-V-2017; e.o).

III.2. En cambio, es mi opinión que debe prosperar el planteo orientado a demostrar la existencia del vicio de absurdo en la ponderación de los extremos requeridos para declarar la viabilidad de la precautoria dictada.

III.2.a.En primer lugar, es propicio recordar que el otorgamiento de medidas cautelares no exige de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino tan solo de su verosimilitud, pues requerir un juicio de verdad no condice con la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender aquello que no excede del marco de lo hipotético. Asimismo, la procedencia de este tipo de tutela urgente y provisoria demanda la concurrencia de una situación de peligro en la demora (causas Q. 70.810, «Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires», sent. de 17-XII-2014 y L. 119.005, «Malizia», sent. de 2-III-2017).

Al respecto, siguiendo lo dicho por el distinguido doctor de Lázzari -que recientemente ha dejado de integrar este Superior Tribunal- en la última de las causas citadas, a cuyo voto hube de adherir en su oportunidad, dijo que el indicado requisito del peligro en la demora importa la existencia de un riesgo que podría derivar en la frustración del derecho cuya tutela anticipada se procura. Reclama, pues, motivaciones de orden racional que autorizan a pensar o creer en la factibilidad del desbaratamiento. El simple capricho ha de quedar desterrado.

III.2.b. En el caso, como anticipé, considero que la recurrente logra demostrar que, tal como denuncia, el juzgador incurrió en absurdo a la hora de evaluar los recaudos para admitir la tutela cautelar que se cuestiona.

Reiteradamente tiene dicho esta Suprema Corte que dicha anomalía es un instituto excepcional que no queda configurado cuando el criterio de los jueces puede calificarse de objetable, discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más, el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 117.447, «Eyzaguirre», sent. de 29-IV-2015; L. 117.581, «Cabrera» , sent. de 20-V-2015 y L. 118.667, «Colombo», sent.de 15-VI-2016; e.o.).

También ha declarado que la señalada falencia sentencial se caracteriza por inferencias o deducciones gravemente perturbadas por el error, que harían que la fundamentación de un fallo no existiera o fuera solo aparente (causa L. 119.005, cit.; e.o.).

III.3.a. Como se reseñó, puesto a valorar la verosimilitud del derecho, el tribunal inferior en grado hizo mérito de la prueba aportada consistente en publicaciones periodísticas en las cuales, según sostuvo, se anunció la cuantía de la sanción pecuniaria que habría de imponerse con motivo del supuesto incumplimiento de la conciliación obligatoria dispuesta por la autoridad administrativa provincial del trabajo.

Así las cosas, como adelanté, la interesada acierta en poner en evidencia la configuración de absurdo en el hilo conductor del razonamiento seguido por el sentenciante al evaluar dicho recaudo. Si bien es cierto que éste no exige grado alguno de verdad o certeza respecto del presunto derecho, no lo es menos que no pudo juzgarse configurada la condición de verosímil a partir de un material probatorio que solo constituye un anuncio, como se indicó en el fallo, de una eventual y futura actividad sancionatoria por parte de la autoridad provincial competente. Máxime teniendo en cuenta que el órgano interviniente refirió que la supuesta cuantiosa multa gravitaría en una afectación concreta en el funcionamiento de la entidad gremial que acarrearía la imposibilidad de cumplir con su actividad, basándose, al cabo, en hipotéticas, potenciales y subjetivas consideraciones que distan de constituir una conclusión razonada a tenor de los elementos de juicio tenidos en mira para así decidir.

III.3.b.Luego, también acompaña la razón a la quejosa cuando sostiene que tampoco aparece verificado el peligro en la demora.

Sobre el punto, como se señaló más arriba, refirió el órgano de origen que la situación aconsejaba una postergación temporal del ejercicio de la actividad sancionatoria por parte de la autoridad de aplicación local.

Del discurso que nutre esa motivación no se desprende en qué consistiría el peligro en la demora, que -no es ocioso precisar- debió valorarse con la debida prudencia que debe acompañar el fundamento de toda decisión judicial. Ello así, teniendo en consideración que, como se indicó más arriba, dicha exigencia está orientada a la existencia de un riesgo que podría derivar en la frustración del derecho cuya tutela anticipada se procura, circunstancia que no se evidencia configurada -de modo concluyente- en el caso que se examina.

III.4. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, revocar la medida cautelar decretada por el tribunal inferior en grado y, en consecuencia, remitir los autos a la instancia de origen para que continúe el trámite de la causa según su estado.

Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).

Voto por la afirmativa.

Los señores Jueces doctores Pettigiani, Torres y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la medida cautelar dictada en el pronunciamiento impugnado. En consecuencia, se remiten los autos a la instancia de grado para que continúe el trámite según su estado.

Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).

Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 «c», resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.

Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).

GENOUD Luis Esteban – JUEZ

KOGAN Hilda – JUEZA

PETTIGIANI Eduardo Julio – JUEZ

TORRES Sergio Gabriel – JUEZ

DI TOMMASO Analia Silvia – SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SECRETARIA LABORAL – SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

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