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#Fallos El Estado provincial y el funcionario policial deberán responder por el acoso sexual y laboral perpretado por éste ultimo a una agente, mediante orden escrita impropia en relación a aspectos íntimos y sexuales, y mensajes de texto

Partes: A. M. F. c/ M. G. F. y otro s/ ordinario

Tribunal: Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná

Sala/Juzgado: I

Fecha: 30-mar-2021

Cita: MJ-JU-M-131364-AR | MJJ131364 | MJJ131364

Responsabilidad del Estado provincial y del funcionario policial codemandados por el acoso sexual perpetrado por este último hacia la actora, a través de una orden escrita impropia en relación a aspectos íntimos y sexuales de la reclamante y mensajes de texto.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia recurrida y, en consecuencia, hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios incoada, pues se ha logrado probar la existencia de un comportamiento antijurídico materializado por el funcionario policial y atribuible a éste subjetivamente -le ordenó a la actora mediante una nota escrita y firmada que al otro día se presentara a trabajar ‘con minifalda, colaless, bien afeitada y perfumada’ y que pasaría ‘revista’ del cumplimiento de las condiciones ordenadas-, lo que se transforma en una falta de servicio del Estado Provincial (Del voto de la mayoría de la Dra. Schumacher, al que adhiere el Dr. Jauregui).

2.-La sentencia recurrida tildó de broma algo que fue considerado ilegal por la propia Policía de la Provincia -al haberlo sancionado administrativamente-, sin atender a la trascendencia de la percepción de la víctima sobre tal acto, sino con base en un cliché doctrinario insostenible a esta altura de la evolución, cual es el de efectuar el juicio de probabilidad en función de lo que un hombre de mentalidad normal, juzgada ella en abstracto, hubiese podido prever como resultado de su acto (del voto de la Dra. Schumacher, al que adhiere el Dr. Jauregui – mayoría-).

3.-No basta para descartar la irregularidad de la orden de servicio emanada del demandado la calificación de ‘broma’, o valorar que también tenía como destinatario personal masculino, porque el sistema convencional, constitucional y legal de protección a la mujer, considerada como un colectivo vulnerable y merecedor de especial protección, no la iguala con sus eventuales compañeros hombres (Del voto de la mayoría de la Dra. Schumacher, al que adhiere el Dr. Jauregui).

4.-Resulta arbitrario el fallo acatado, pues se culpó a la víctima por su ‘fenotipo vulnerable’ y que su personalidad de base era un factor predisponente, se utilizó su falta de respuesta inmediata -en tanto efectuó la denuncia tres meses después- como un indicio probatorio de la inexistencia de acoso, y se descalificó la existencia de abuso bajo la idea que para su configuración se necesita ‘más de un hecho’ -en el caso, más de dos ya que la sentenciante tuvo por probada la existencia de la orden de servicio y los mensajes telefónicos- (Del voto de la mayoría de la Dra. Schumacher, al que adhiere el Dr. Jauregui).

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5.-El requisito para que el acoso sexual quede configurado es la falta de consentimiento, y la sentencia equiparó la inexistencia de respuesta inmediata por parte de la actora al consentimiento (en tanto calificó de broma sin consecuencias jurídicas), pero la falta de consentimiento no es equivalente sin más al rechazo, ya que existen muchas circunstancias que llevan a las personas a soportar conductas de acoso (el temor a no ser creídas, a ser objeto de burlas, a perder el empleo o alguna condición laboral) (Del voto de la mayoría de la Dra. Schumacher, al que adhiere el Dr. Jauregui).

6.-La falta de consentimiento ha quedado demostrada en tanto, pese a las dificultades institucionales que la jerarquía y la organización policial implican y ante la circunstancia de haber padecido incluso una internación con posterioridad a los sucesos, la accionante igual formuló su denuncia por escrito, sostuvo su versión tanto en sede administrativa como judicial, y se sometió a innumerables instancias en las que mantuvo firmemente su versión de los hechos, que incluyó la expresión contundente del desagradado, malestar y, en general, ‘daño’, que lo vivido le provocó (Del voto de la mayoría de la Dra. Schumacher, al que adhiere el Dr. Jauregui).

7.-Al contrario de la jueza sentenciante, cabe empoderar la palabra de la actora, darle atención a una mujer, de jerarquía inferior en la escala policial, que denunció a un superior, y afrontó todo el proceso posterior que implica un enorme desgaste emocional, por lo que aun cuando no pueda tener por probados en forma directa por los medios tradicionales (testigos, documental, etc.) los comportamientos previos que desde la primer instancia administrativa la accionante narró, lo que siguió después -orden escrita impropia en relación a aspectos íntimos y sexuales de la actora y mensajes de texto-, debe ser interpretado como un indicio de veracidad sobre los comportamientos anteriores (del voto de la Dra. Schumacher, al que adhiere el Dr. Jauregui – mayoría-).

8.- El Estado provincial resulta responsable, pues fue la condición jerárquica (organizada por el codemandado tanto en forma general normativa como en las personas involucradas) lo que dio la condición de posibilidad a que se desarrollaran los hechos, además se realizó a través de al menos un acto que exteriormente es actuación típica policial ‘orden de servicio’ -con especial énfasis en el término ‘orden’-, y el funcionario accionado usó no sólo su rúbrica sino también la referencia a su jerarquía y cargo (Del voto de la mayoría de la Dra. Schumacher, al que adhiere el Dr. Jauregui).

9.- Cabe confirmar la sentencia apelada, pues no se probó de ninguna manera la situación de acoso sistemático argumentado por la actora de parte de su superior, ni menos asidero tiene la endilgada actitud cómplice del órgano policial, quien actuó en consecuencia ante la denuncia de la actora que llevó a sancionar a aquél por ello; así, focalizado entonces como único hecho probado la ‘orden de servicio’, también se considera correcta la calificación efectuada en la sentencia que la consideró como una ‘broma de mal gusto’ dentro del ámbito laboral, formulada en una rueda de personas que compartían un momento en el trabajo pero que no era en ocasión del mismo ya que, como por ejemplo la propia accionante, no pertenecía a esa oficina (Del voto en disidencia del Dr. González).

Fallo:

En la ciudad de Paraná, Capital de la provincia de Entre Ríos, a los treinta (30) días del mes de marzo de dos mil veintiuno, reunidos los Señores Vocales miembros de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 1 Hugo Rubén Gonzalez Elias; Gisela N. Schumacher y el Señor Vocal Subrogante Rodolfo Guillermo Jauregui, asistidos por el Secretario Autorizante, fueron traídas para resolver las actuaciones caratuladas: «A.M.F. C/ M.G.F. Y OTRO S/ ORDINARIO». Practicado el sorteo de ley, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: GONZALEZ ELIAS, SCHUMACHER y JAUREGUI. Examinadas las actuaciones el Tribunal se planteó la siguiente cuestión para resolver: ¿Corresponde hacer lugar al recurso de apelación promovido por la parte actora? ¿Cómo deben imponerse las costas?.

A LA CUESTIÓN PROPUESTA, EL SEÑOR VOCAL GONZALEZ ELIAS DIJO:

1. En fecha 06/09/18 la Señora Juez de 1° Instancia en lo Civil y Comercial N° 6 de Paraná dictó sentencia en los autos premencionados. Procedió a desarrollar las consideraciones dirigidas a resolver las pretensiones de la actora, describiendo la demanda presentada encuadrada jurídicamente como un caso de responsabilidad del Estado por el hecho de sus dependientes -Comisario Principal M.G.F.- quien, con su conducta ilícita, le provocó los daños que alega haber padecido, generando responsabilidad extracontractual al Estado. Fundó la demanda en el artículo 1112 del Código Civil, que impone responsabilidad a los funcionarios públicos por el ejercicio irregular de sus funciones, explicando que consistió en la «orden de servicio» efectuada por M.G.F. el 20/09/12, en su lugar de trabajo, que dirigió a su inferior jerárquica -agente A.M.F. (hoy actora)- por la cual le imponía que debía presentarse al día siguiente (a las 22 hs.) «en minifalda y colaless, bien afeitada y perfumada», advirtiéndole que iba a pasar revista del cumplimiento de lo ordenado antes de tomar el servicio.Le endilgó a haberse aprovechado de su jerarquía superior dentro de la fuerza policial, indicando que la orden fue dada en horario y en el lugar de trabajo, que fue una orden policial porque se utilizó lenguaje policial, fue emitida y firmada por un Comisario Principal de la Policía de Entre Ríos y dirigida a un inferior jerárquico, que se dispuso en papel policial, en una oficina policial y utilizando sellos oficiales. Precisó la sentencia que la actora alegó acoso sexual y laboral sistemático por parte del Sr. M.G.F. hacia su persona, así como también de toda la fuerza policial, sosteniendo que -incluso luego de su denuncia ante el Jefe de Policía- la Junta Médica policial modificó sustancialmente la valoración que efectuara de los padecimientos de la actora, en menos de sesenta días entre una junta médica y otra, siendo la primera valoración «Episodio depresivo mayor en curso», y la segunda, luego de la denuncia «Trastorno de personalidad de tipo histriónico e infantil». Encuadró jurídicamente la postura actoral en la responsabilidad del Estado demandado por la falta de servicios basada en el artículo 1112 del Código Civil, y en que -el Sr. M.G.F.-, en tanto su calidad de funcionario público, imponía que debía responder por él. Sin embargo, luego lo hizo en el artículo 1113 del Código Civil de responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. Fundamentó -citando doctrina- que el Estado puede responder por su falta de servicio que se desprende de lo previsto en el artículo 1112 del Código Civil, en el cual encasilla el hecho ilícito de los funcionarios cometido «en ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas», pero advierte que no lo hace cualquier otro hecho que no se vincule directamente con la función, el que encuadrará en la responsabilidad genérica consagrada en el artículo 1109 del Código Civil, pero no en este artículo.Luego de enumerar los presupuestos requeridos para que se configure la responsabilidad extracontractual y la del principal por el hecho del dependiente, procedió a relacionarlos con la prueba producida en la causa a fin de verificar si efectivamente los demandados tenían que responder por los daños invocados por la actora. Analizó la efectiva existencia de actividad ilícita por parte de los accionados (acoso sexual y laboral sistemático por parte de M.G.F. hacia la actora) lo que consideró no acreditado en la causa, ponderó -entre otras pruebas- que la nota u «orden de servicio» de fecha 20/09/07, fue realizada como una broma entre compañeros de trabajo, en base a las pruebas que detalladamente mencionó y comentó. Especialmente refirió a ella -«orden de servicio»- que transcribió a fin de demostrar que se dirigía tanto a la actora como a otra mujer (Cabo Palacios) y que también había otra -de igual tenor- dirigida al personal masculino que procedió a citar textualmente, indicando que no poseía las formalidades adecuadas para ser considerada una orden de servicio real, calificándola como «una broma de mal gusto», que le valió -ulteriormente- la aplicación de una sanción disciplinaria a M.G.F. por haber sido el autor de ella. Evaluó el proceder de la actora posterior a la producción de los hechos que consideró agraviantes, al no denunciarlos ante sus superiores en una fecha cercana a aquellos, sino que lo hizo recién tres meses después de ocurrido, ponderando que las demás acciones invocadas en el sentido dado por la actora no fueron probadas, específicamente refirió a un mensaje de texto al teléfono celular preguntando «¿Mañana trabajas?» y «¿Mañana te busco?», mensajes que dió por demostrados en autos, sin embargo no advirtió de ellos un acoso sexual o laboral. Concluyó teniendo por no acreditadas probatoriamente las afirmaciones de la actora en cuanto al acoso que aduce haber sufrido por parte del demandado.Tampoco consideró probadas las imputaciones relacionadas con el proceder de la Policía de Entre Ríos, en tanto le había reprochado -a las comisiones médicas que revisaron a la actora- el cambio de su diagnóstico, sobre lo cual refirió al dictamen de la perito psiquiatra designada en la causa quien ratificó lo indicado por las Juntas Médicas policiales, opinando al respecto señalando que existían antecedentes médicos claros y precisos que permitían sostener el diagnóstico arribado por las realizadas en la Policía provincial. Luego analizó los presupuestos de la responsabilidad por daños y perjuicios, en particular, la existencia del daño y la relación de causalidad, en relación a los hechos invocados por la actora, de lo cual concluyó que no se encuentran acreditados con las probanzas de autos, ni que sean consecuencia adecuada del hecho que alega como generador de ellos por la actora. Se refirió a los perjuicios que la accionante consideró haber padecido, iniciando el análisis a partir del invocado como daño psíquico, sobre el que concluyó -en base a la prueba disponible- que la actora con anterioridad a los hechos que motivaron su acción, ya tenía problemas psiquiátricos crónicos los que continuaban, incluso, al momento de emitir la sentencia. Apuntó -pormenorizadamente- al dictamen pericial desde donde fundó sus apreciaciones respecto de la actora, en particular, cuando la perito refirió a los efectos psíquicos que pudo haber provocado en ella la «orden», los que aclaró no son producto de la voluntad deliberada de la actora y por ello no pueden ser calificados como simulados, lo que se asocia a todos los factores confluyentes que juegan en el esquema psicológico de base de A.M.F., ratificando la perito psiquiatra -en general, aunque sin compartir algunos de sus tecnicismos- los dictámenes de los organismos médicos de la Policía provincial. Luego aludió al acoso sexual que atribuyó a M.G.F.para lo cual aclaró en qué consistía según el entender de la actora, indicando que en ese aspecto el trastorno de la personalidad incidió directamente en su esquema psicológico repercutiendo al ser vulnerable a ello. De allí explicó -y refirió luego a la prueba en la que basó sus apreciaciones- que la actora pudo sentirse particularmente acosada por los hechos por ella referidos, pero de ninguna manera tales actos significaron regular y normalmente «acoso», ni mucho menos, sino que ella los percibió de esa forma de acuerdo a su estado psíquico que así reacciona. Concluyó que, para responsabilizar jurídicamente a un sujeto, es necesario la existencia del nexo de causalidad entre el hecho y el daño y que el mismo se encuentra ausente en el caso, dado que no existió acoso y por ello no se puede considerar que ello le provocó el daño alegado, luego de lo cual procedió a rechazar la demanda imponiendo las costas a la actora-vencida.

2. La sentencia fue apelada por la parte actora/perdidosa, fue concedido el recurso impetrado, expresó agravios la recurrente (fs. 723/726 y vta.), los que se consideraron como no contestados por la demandada por haber sido presentado el escrito ante un tribunal distinto al que correspondía (proveído del 11 de junio de 2019). Luego de diferentes vicisitudes procesales, finalmente entró a despacho para ser resuelto el recurso de apelación impetrado por ante esta Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 1.

3.1 Ingresando a analizar el caso -luego de la breve descripción de los pasajes relevantes del mismo- debe advertirse que dadas sus especiales características estructurales se impone efectuar un estudio desde la perspectiva de género el que no ha sido desarrollado por la Señora Juez de primera instancia, debiéndolo haberlo hecho.Ha sido la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien ha sentado ese criterio a fin de resguardar derechos humanos fundamentales en juego «La necesidad de abordar los casos con perspectiva de género que aparece en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se deriva también de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino relativos a las declaraciones sobre derechos humanos, a los estándares internacional es fijados por los respectivos órganos de aplicación y control, y a la normativa nacional, que reconocen a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia y discriminación» (disponible en http://www.saij.gob.ar/perspectivagenero-fallos-corte-suprema-responsabilidad-internacional-estadosu3g001013/
23456789-0abc-defg3101-00g3soiramus?&o=8&f=Total%7C%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1&
37;5D%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo %5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n/Nacional%7CTribunal %5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1
ica %5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Jurisprudencia&t=151748; Perspectiva de género, fallos de la Corte Suprema, responsabilidad internacional del Estado. Sumario de Fallo del 10 marzo de 2020-Id SAIJ: SU3G001013). Efectivamente, salta a la vista que la orden de servicio que la Señora Juez consideró probada en su confección de parte del demandado M.G.F., constituyó la realización de una acción humana que no puede dejar de inscribirse en cierta concepción cultural tradicional y -lamentablemente- muy arraigada en materia de género, que -entre sus múltiples manifestaciones- focaliza en la distinta vestimenta una diferencia sustancial estrictamente ponderada desde la distinción eminentemente sexista entre las personas cuyo efecto último es marcar una densa desvalorización de la persona. Pero claro, detectada la necesidad de analizar desde esa perspectiva en aras de resguardar los derechos fundamentales de la actora en su calidad de mujer y por ello sujeto de preferente tutela jurídica (ver: FRANCO RODRIGUEZ, María., «Los derechos humanos de las mujeres en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos», Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2011, ps.43/44, citado por SCOTTI, Luciana B. «Un recorrido por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de Género», Revista Jurídica Argentina La Ley, 2018 F) y así cumplir con los estándares convencionales a los que se encuentra sujeto nuestro país, el juez debe observar los elementos presentes desde otra perspectiva en la cual, por ejemplo, invierte la carga de la prueba para evitar que la víctima termine siendo victimaria y así se la coloque en una situación jurídica de desventaja procesal que conspire con su adecuada protección convencional y constitucional. De allí que corresponde considerar, con la mayor precisión posible, qué significa o si se prefiere en qué incide esa particular mirada que debe efectuar el juez en el caso para afirmar que ello ha sido observado al momento de emitir sentencia. Para tal cometido, se apela a lo que ha sido considerado como los puntos más destacables en el deber ser de la sentencia que aborde el asunto desde esa perspectiva, acudiendo a los criterios de la CSJN (enlace ya citado más arriba) en relación a como juzgar con perspectiva de género las cuestiones específicamente laborales, para lo cual resulta conveniente tener en cuenta una serie de ítems de los cuales se citan textualmente algunos de ellos que son útiles en este puntual caso: «-Aplica criterios flexibles en la apreciación de la prueba y el criterio de inversión de la carga de la prueba en caso de grupos vulnerables como lo son las mujeres; (.) -Reconoce la necesidad de remover patrones socioculturales que generan discriminación contra la mujer; (.) -«Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un ‘control de convencionalidad’ entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes» (Corte IDH, «Caso Cabrera García y Montiel Flores vs.México», Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 26 de noviembre de 2010, Serie C, N° 220)».

3.2 Pasando a analizar los agravios del recurso objeto de estudio teniendo en cuenta la perspectiva de género corresponde verificar la pertinencia de ellos en su crítica sistemática de la sentencia de grado. En primer lugar, el apelante, se agravia al considerar que la responsabilidad del Estado se encuentra configurada al haberse constituido como una «falta de servicio» ante la conducta ilícita desplegada por M.G.F. quien no sólo emitió la orden de servicio -ya descripta- sino por su acoso sistemático y sostenido desde su posición jerárquicamente superior sobre su subalterna A.M.F. aunque, luego también encuadra el caso en el de la responsabilidad del Estado por el hecho de su dependiente, es decir, aplica los artículos 1112 y 1113 del Código Civil, los que resultan incompatibles entre sí. Resulta ahora necesario abordar los conceptos aplicables al caso desde la mirada del derecho administrativo, aun cuando las normas ubicadas en el Código Civil hayan sido utilizadas por la jurisprudencia de la Corte Suprema nacional para elaborar una trabajosa aunque fructífera doctrina que a lo largo del tiempo fuera trasladada a las leyes de responsabilidad del Estado vigentes en nuestro país, obviamente, entre ellas la provincial plasmada en la Ley 10.036 la que ha respetado con mayor precisión esa doctrina que su predecesora en el orden nacional 26.944.Por ello, lo primero que habría que despejar conceptualmente es que, si bien es cierto que tratándose de un caso de responsabilidad del Estado no es correcto aplicarle en forma directa las disposiciones del artículo 1113 del Código Civil (que sí se admitía lo sea en forma analógica, dado que en dicho artículo la Corte Suprema argentina se fundó para sentar el principio de responsabilidad del Estado por sobre su irresponsabilidad en el caso «Devoto» -1933-, en el cual se apartó de las disposiciones del texto del artículo 43 -por entonces vigente- y utilizó el artículo 1113 del Código Civil por considerar al Estado un patrón, en los términos de su texto. Aunque luego, en «Ferrocarril Oeste» -1938-, empleó indirectamente el artículo 1112 del Código Civil, dando lugar a la responsabilidad del Estado por omisión. Y a su vez, en una tercera etapa, en «Vadell» -1984-, por aplicación directa del artículo 1112, la responsabilidad estatal deja de ser indirecta y subjetiva para pasar a ser directa y objetiva -«La responsabilidad del Estado en Argentina. Un abordaje desde el proyecto de Código Civil y Comercial de 2012». Juan Martín Alterini, disponible en internet en: http://www.derecho.uba.ar/docentes/pdf/estudios-de-derecho/0010- edp-alterini.pdf-), en realidad es aplicable al caso (se reitera, analógicamente) lo dispuesto en el artículo 1112 de dicho cuerpo legal que utiliza como factor de atribución de responsabilidad del Estado a la «falta de servicio» la que abarca, no solo los actos propios de la esfera de su incumbencia, sino también los supuestos de ejecución defectuosa de las funciones o los de ejercicio aparente o abusivo de éstas. A su vez, exige la concurrencia de los presupuestos básicos necesarios para que nazca la obligación de resarcir:la existencia de un daño sufrido por una persona, el nexo de causalidad entre el daño y el obrar del órgano del Estado, la imputabilidad a éste del referido perjuicio, y un factor de atribución de responsabilidad válido (criterio adoptado por el artículo 4° Ley N° 10.636; y por la jurisprudencia de la Cámara Civil y Comercial Sala Segunda de Paraná in re «Rivero c/ Superior Gobierno de Entre Ríos», Expte. 7-4467, del 06/10/06, con cita de Videla Escalada, «La responsabilidad Civil del Estado», en E.D. 116 – 759/760; Bueres – Highton, C. Civil Com. T. I pág. 388; Alterini-Lopez Cabana-Ameal, «D. de Obligaciones», pág. 768; Belluscio-Zannoni, Cod. Civil, T. V pag. 413; Cassagne, «D. Administrativo», pág. 219; Bonpland, «Responsabilidad extracontractual del Estado», en L.L. 1987 – A – 779; C.S.N. Fallos 262-22; 306-2030; 307-1890; 318-193; 320 – 1571). La responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público no requiere, como fundamento de derecho positivo, recurrir al artículo 1113 del Código Civil, pues no se trata de una responsabilidad indirecta (Cassagne, J. C.»Derecho Administrativo», t. I, p. 252, Nro. 4; A. Gordillo, «Tratado de Derecho Administrativo», Bs. As. 2009, T. II, p. XX-27). En efecto, la actividad de los órganos o funcionarios del estado realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éstas, las que deben responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas (CSJN, Fallos: 306:2030 precit.; 307:821; 312:343; 318:193, etc.; Conf. asimismo, la Sala II, fallo del 02.12.99 recaído en las actuaciones «Meza, Delia c/ Gobierno Nacional»; J.C. Cassagne, op. cit., T.I, ps. 252/53, Nro. 4; A. Gordillo, op. cit., T.II, ps. XX-14 y xx-15, nro. 9; V., también p. Xx-16, nro. 10 y nota 2; G.Coronel, «Responsabilidad extracontractual del estado por acto ilícito de sus dependientes en ejercicio o con ocasión de sus funciones», Revista de Derecho de Daños, nro. 9. cits., p.385). Por ello es que el factor de atribución requiere ser definido en sus contornos dado que, en nuestro sistema, no rige el criterio español que utiliza el -más abarcativo- de la «lesión resarcible» y de allí es que se haya calificado a la «falta de servicio» factor de atribución si bien es de naturaleza objetiva, más precisamente ha sido descripta como «culpa objetivada», ya que consiste en un mal funcionamiento del servicio o incumplimiento irregular u objetivo y no atiende a la conducta del agente público que lo comete, ya que el ilícito recae en la inobservancia de las obligaciones establecidas en el ordenamiento jurídico a cargo del Estado (Tribunal de Conflictos francés en el caso «Blanco» de 1873), lo que impone una comparación entre la conducta realizada (sin importar el funcionario que lo haga, incluso, sin necesidad de individualizarlo) y el modelo de conducta que se deriva de la norma objetiva de cuidado fijada por el ordenamiento y que se justifica en que cualquier agente colocado en las mismas condiciones habría sido propenso a cometer el mismo error. A causa de esto es que debe quedar bien en claro que el concepto de responsabilidad objetiva que se emplea al referirse a la falta de servicio no es sinónimo de responsabilidad desligada del obrar del agente del hecho dañoso, pues la falta de servicio se predica de conductas y no de resultados. En efecto, la responsabilidad por falta exige efectuar una valoración en concreto de la actuación desplegada por la Administración en el caso y no respecto de los resultados alcanzados (CSJN, Fallos:306:2030; 312:1656; 320:266 ; 329:3065 ; 331:1690 entre muchos otros). Se trata de una valoración de elementos objetivos, tales como la naturaleza de la actividad y del vínculo que une a la víctima con una autoridad administrativa, los medios disponibles, las posibilidades de prever el incidente, y las circunstancias de tiempo, modo y lugar. De tal modo, para dar lugar al pago de una indemnización por falta de servicio no basta acreditar la existencia de un perjuicio y su vínculo causal con la actuación estatal, sino fundamentalmente el anormal o irregular funcionamiento de la Administración. De ahí que se haya descartado la existencia de una falta de servicio cuando, a pesar de producirse un perjuicio, la Administración obra con la diligencia y la previsión adecuadas a las circunstancias de tiempo y de lugar. (PERRINO, Pablo Esteban. «La responsabilidad del Estado por la omisión del ejercicio de sus funciones de vigilancia». La Ley 24/08/2011, 1, LA LEY 2011-E , 715). En cambio, el Estado no debe responder cuando se trata de la denominada «falta personal» (Consejo de Estado francés en el caso «Pelletier» también del mismo año que el anteriormente citado 1873), siendo un factor de atribución subjetivo aplicable al agente público que comete el daño, el que por definición, excede el margen de consideración que corresponde al de mala o irregular prestación del servicio (PERRINO, P. cit.) y, de todas formas, admite tres situaciones en relación a la falta de servicio: 1. la falta personal se separa de la falta de servicio y no se conecta con esta última; 2. la falta personal no se separa de la falta de servicio y existe una conexión aun entre ellas y 3. se superponen dos faltas distintas -una personal y otra de servicio- (GALLI BASUALDO, Martín.»La falta de servicio y la falta personal». disp.http://www.cassagne.com.ar/publicaciones/La_falta_de_servicio_y_la_falta_de_person al.pdf) y para que la falta personal no vincule al Estado debe haberse producido con total desvinculación del servicio. Por último, siguiendo los criterios de la CSJN en el tema corresponde dilucidar si es aplicable al caso la doctrina de la Corte Federal según la cual es responsable el Estado por los hechos cometidos por sus agentes «en ejercicio» de sus funciones pues el acto imputado sólo aparece como posible en la medida en que derivare de las exigencias propias del cargo o si por el contrario lo fue «en ocasión» de dicho ejercicio (Fallos: 300:639 y sus citas), lo que relevaría al Estado de responder dado que no tiene vinculación alguna con el servicio público. Concretamente, entonces, la falta personal existe siempre que los hechos reprochados a un agente público se aparten de lo que puede considerarse atinente al servicio, incluso en su funcionamiento defectuoso (CASSAGNE, Juan Carlos. «Derecho Administrativo», t.I, pág. 521) allí se encontrará al «hombre con sus debilidades, sus pasiones y sus imprudencias» (REIRIZ, María Graciela. «La responsabilidad del Estado». Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1969, pág. 109). Conjugando entonces el marco conceptual del caso compuesto por una necesaria consideración de la cuestión de género y la falta de servicio invocada como factor de atribución específico para responsabilizar al Estado impone revisar el ordenamiento jurídico aplicable en tanto sobre el particular debe determinarse si se vulneró un deber específico o determinado o si sólo el Estado violó un deber genérico de actuación, es decir, si había una especial situación por la cual el Estado debía actuar o no.Según las constancias de la causa la denuncia de la actora ante la jefatura de la policía provincial provocó la realización de una investigación interna que desembocó en una sanción disciplinaria para M.G.F., más allá de la inversión de la carga en favor de la actora quedó acreditado en la causa que no hubo denuncia alguna previa a la que prosperó y finalmente implicó la sanción disciplinaria aplicada a M.G.F., ese hecho quedó sólo presente en el relato de la demanda, por ello no puede afirmarse que el Estado no actuó tempestivamente ante una situación que genera violencia de género, siendo ello determinante para dilucidar si se configuró o no la falta de servicio. Se considera esclarecedor al efecto citar un caso que, aplicando la perspectiva de género, se responsabilizó al Estado por falta de servicio dado que la víctima de violencia doméstica fue asesinada al concurrir a su domicilio a retirar sus efectos personales acompañada de custodia policial asignada por la justicia justamente para evitar inconvenientes de cualquier tipo, lo que de todas formas no impidió el fatal desenlace producido en un descuido de los policías que la acompañaban demostrando claramente la «falta de servicio» generadora de responsabilidad patrimonial del Estado (MARRA GIMENEZ, Macarena. «Fallar con perspectiva de género en el ámbito del derecho público». Derecho Administrativo 123 Mayo/Junio 2019. Abeledo Perrot, Revista de Doctrina, Jurisprudencia, Legislación», quien cita el caso ejemplificativo utilizado en el texto de la CNFed. Cont. Adm., sala II, in re «A.R.H.y otros c/Estado Nacional-Ministerio de Seguridad-PFA y otros s/daños y perjuicios», sentencia del 17/10/17). Se comparte la conclusión de la sentencia de grado, la mentada orden de servicio no se dispuso en un acto de servicio, no fue emitida para que sea cumplida ni tampoco se interpretó por sus destinatarios que realmente era una orden, en definitiva, no fue cumplida por nadie, ninguno de los participantes de aquel momento en el que se comunicó su contenido entendieron que debía acatarla o pedir por el motivo que sea relevarlos de su cumplimiento. Además, del marco conceptual antes expuesto y aterrizando en los hechos probados en la causa merituados por la sentencia impugnada, puede concluirse que el único elemento de juicio acreditado que merezca la consideración de proclive de provocar el acoso sostenido por la actora es la mentada orden de servicio, es decir, que no se probó de ninguna manera la situación de acoso sistemático argumentado por la actora de parte de M.G.F. ni menos asidero tiene la endilgada actitud cómplice del órgano policial quien actuó en consecuencia ante la denuncia de la actora que llevó a sancionar a aquél por ello; tampoco en los diagnósticos y conclusiones de las numerosas juntas médicas que le practicaron a la actora (suscritas por distintos profesionales con el mismo diagnóstico, salvo la primera de ellas que no se ha demostrado que fuera incompatible con los diagnósticos ulteriores, ver fs.: 27, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39) que fueron ratificadas por el dictamen pericial (fs. 524) tal y como lo ponderó la sentencia recurrida (también en el expediente en el que se la incapacitó laboralmente tramitado por ante la Caja de Jubilaciones provincial se diagnosticó en igual sentido). Nótese que la actora comenzó su desempeño como agente de policía en el mes de noviembre de 2004 (ver legajo fs.254), mientras que -surge de la historia clínica proporcionada por el Hospital Roballos- registra el inicio de un tratamiento psiquiátrico en el referido nosocomio con fecha 15/05/01 y que la «orden de servicio» fue comunicada el 20/09/07, secuencia que demuestra que A.M.F. ya tenía hacía tiempo ciertas dificultades psicológicas que justificaban tratamiento. Focalizado entonces como único hecho probado la mentada «orden de servicio» también se considera correcta la calificación efectuada en la sentencia que la consideró como una «broma de mal gusto» dentro del ámbito laboral, formulada en una rueda de personas que compartían un momento en el trabajo pero que no era en ocasión del mismo ya que, como por ejemplo la propia accionante, no pertenecía a esa oficina ni tampoco se probó que ella debía concurrir a prestar servicios para la cobertura policial propia del día de los estudiantes, las pruebas son claras y la sentencia se apoya sólidamente en ellas. Las pruebas consideradas por la a quo para arribar a sus conclusiones es idónea al apoyarse en las testimoniales de Palacios a fs. 435/436, Facciano a fs. 438/439 y Giménez fs. 564 y vta. que estuvieron presentes en el momento en el cual se desarrollaba el hecho de comunicar la «orden de servicio» y no tomar en cuenta otros testimonios como por ejemplo el de la psicóloga del Hospital Roballos Berta Elena (fs. 480/481 y vta.) quien entre sus declaraciones mencionó que A.M.F. concurría al citado nosocomio acompañado de su suegra, cuando en los registros de ese establecimiento consta que las principales quejas de aquella asentadas por sus médicos era una especie de confabulación de su marido promovido por su suegra con quien mantenía una dura disputa, lo que demuestra que no es verosímil tal declaración; como tampoco lo es lo declarado por la testigo Gómez, Adela quien pese a declarar que dejó de ser vecina de A.M.F.en el año 1994 (motivo de sus conversaciones) expuso que le había comentado que había interpuesto «varias denuncias policiales pero que nadie la escuchaba» (fs. 482/483), o incluso la testimonial de Páez, Marcelo (fs. 484/485) quien alegó hechos de hostigamiento supuestamente padecidos por A.M.F. que no fueron detallados por ella (recargo de guardias) que también devalúan la veracidad de su declaración. Por lo demás -y a mayor abundamiento-, la pretendida calidad de «orden» que alega la actora no resis te el menor análisis dado que, ni siquiera ha sido objeto de tratamiento por su absurdidad, tanto es así, que A.M.F. no afirmó que no la observó o que no la cumplió, ni tampoco el motivo o argumento que opuso a sus superiores del porqué de tal desobediencia, siempre teniendo en cuenta el marcado orden jerárquico vertical y cuasimilitar que caracteriza a las relaciones dentro de la policía provincial. Se ha concluido entonces que la «orden de servicio» no constituyó una «falta de servicio» imputable en grado de responsabilidad al Estado provincial demandado, sino que la misma es encuadrable (a todo evento, eso seguidamente se analizará) en lo que la teoría de la responsabilidad patrimonial del Estado denomina como «falta personal» exclusivamente atribuible al agente público que habría generado el daño (M.G.F.). Es decir, que la falta personal de M.G.F. es la que seguidamente se pasa a analizar y ella se encuadra entre los factores de atribución de carácter subjetivo (como ya se dijo), en consecuencia, debe aplicase el artículo 1109 del Código Civil, exigiendo la culpa o el dolo del autor.Cabe repasar, entonces, que nuestro sistema de responsabilidad civil adopta la noción de causa adecuada como uno de los presupuestos exigidos para generar el deber de reparar, según la cual para indagar si existe vinculación de causa a efecto entre dos sucesos es preciso realizar un juicio retrospectivo de probabilidad, en abstracto, orientado a determinar entonces si la acción u omisión que se juzga era apta o adecuada, conforme el curso normal y ordinario de las cosas, para provocar esa consecuencia (FOGNINI, Ariel I. «Culpa e imputabilidad». La Ley 20/01/2012, 1 – LA LEY 23/01/2012, 1). Nuevamente aquí se coincide con el análisis y ponderación de la sentencia en tanto una broma (aun de mal gusto como ha sido bien catalogada) como la formulada por M.G.F. según el curso normal y natural de las cosas no provoca el desencadenamiento de una serie de secuencias psíquicas que se desarrollaron en la actora fruto exclusivo de su perfil psicológico que la condujo, entre otras consecuencias, a ser retirada por incapacidad de la fuerza policial. El perito -a fs. 523- expresó claramente que «La referida orden a la puesta a disposición en el día de la primavera -bajo condiciones específicas- por parte del superior -hecho principal de autos, (puede) pudo haber desencadenado un cuadro de desestabilización y brote de mecanismos depresivos, contextualizado con sus repercusiones de su historia de vida. Esto se asocia a todos los factores confluyentes que juegan en el esquema psicológico de base de A.M.F. En síntesis, el hecho y sus consecuencias desencadenó un esquema depresivo» (lo resaltado no es del original), lo que es reiterado por la perito a fs. 534 y vta. Luego la pericial psicológica fue muy clara al explicar que la actora «interpretó» que era acosada en forma sistemática por M.G.F. en forma verbal o por «el hecho puntual de la orden impartida, son elementos que componen su interpretación de acoso sexual, repito:el trastorno de la personalidad incide directamente en su esquema psicológico, repercutiendo en forma vulnerable». Sabido es que la concausa resulta incompatible con el sistema de causalidad adecuada adoptado y aceptado por la mejor doctrina y la jurisprudencia en materia de responsabilidad civil, dado que se trata de una causa independiente que altera el curso causal, de modo que no puede imputarse al demandado el aporte causal de la concausa, el que deberá desagregarse de la imputación causal que se haga a éste y que deberá limitarse exclusivamente al aporte causal que éste haya hecho con la causa adecuada que él introdujera (ACUÑA ANZORENA, Arturo. «La previsibilidad como límite de la obligación de resarcimiento», en «Estudios sobre responsabilidad civil», Editorial Platense, 1963, pág. 41). Por ello es que se comparte lo razonado en la sentencia apelada, no logró probarse acoso sexual de Romero para con A.M.F. y los hechos que sí fueron acreditados fueron enmarcados en una broma que según el curso normal y natural de las cosas no hubiese provocado ofensa alguna, lo que no significa que la actora no se haya sentido acosada dada la interpretación que sólo ella hace de los sucesos bajo una óptica subjetiva determinada por sus padecimientos psicológicos de larga data que la predisponen en tal sentido.Por último y en síntesis, puede concluirse en base a un razonamiento basado en la sana crítica racional que la comunicación de la orden de servicio no constituyó un acto discriminatorio para con la actora que provocara violencia de género, y ello no sea afirma por considerar que la orden era dada con igual sentido para mujeres y varones que ridiculizaba la distinta vestimenta a portar un agente de policía afectado a tareas de prevención el día de la primavera, ni tampoco en que la agente de policía mujer que compartió el momento y la notificación no se haya sentido ofendida y lo haya tomado (como el resto de los presentes) como una broma, sino fundamentalmente porque fue el componente psicológico preexistente en la actora la que «disparó» (término utilizado por la perito psiquiatra) una serie de interpretaciones en la actora propias de su perfil y que en el curso normal y natural de las cosas no provoca tal efecto, allí es donde la ruptura del nexo causal impide considerar que la orden de servicio fue discriminatoria y justifique su resarcimiento civil. Por todo lo expuesto, se propone rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora A.M.F. y confirmar en todas sus partes la sentencia de grado. Atento al resultado propuesto corresponde imponer las costas a la parte perdidosa, es decir, a la actora/apelante (art. 65 del CPCyC). Finalmente, por abordarse en la resolución de la causa datos sensibles de la actora, relativos a su salud, se estima que deben aplicarse las «Reglas de Heredia» y, en consecuencia, recaratular estas actuaciones de la siguiente manera «A.M.F. C/ M.G.F. Y OTRO S/ ORDINARIO», tomándose razón en el libro de entradas obrante en el organismo y en los registros informáticos. Asimismo, y con iguales fines, proceder a confeccionar una versión de la sentencia para su exportación en la mesa virtual «público online», en las que solo se identifiquen con iniciales los datos de la accionante y del codemandado.Así se vota.

A LA MISMA CUESTIÓN PROPUESTA, LA SEÑORA VOCAL SCHUMACHER expresa que: 1. Considero pertinente, antes de arribar a la conclusión que postulará mi voto, efectuar un recuento completo de los antecedentes de esta causa en aras de una mayor claridad en la exposición y con el fin de que la fundamentación sea lo más completa posible, más allá de que, en razón de la competencia en materia de Alzada que tiene atribuida el tribunal que integro, la medida de la decisión estará delimitada por la expresión de agravios de la apelante. 2. A.M.F. promovió demanda de daños y perjuicios contra M.G.F. y contra el Estado Provincial, pretendiendo se la indemnice por los daños y perjuicios sufridos por la suma de pesos ciento sesenta y un mil doscientos setenta ($161.270) o lo que en más o menos se estime. Relató que ingresó el 10/11/04 como personal numerario de la Policía de la Provincia, cumpliendo tareas de secretaría en la División Minoridad de la Jefatura Departamental hasta que fue trasladada el 20/12/07 con posterioridad a los hechos denunciados. En el marco de esa relación laboral, en horario vespertino del día 20 de setiembre de 2007 el Comisario Principal M.G.F., le ordenó mediante una nota escrita y firmada que al otro día se presentara a trabajar «con minifalda, colaless, bien afeitada y perfumada» y que pasaría «revista» del cumplimiento de las condiciones ordenadas. Consideró que eso era una ofensa al pudor y que no fue un hecho aislado, porque coroló un trato lúbrico incesante, plagado de frases lascivas y groseras con las que M.G.F. la acosaba, aprovechándose de su superioridad jerárquica, haciendo referencia a sus piernas, sus labios, el «calce» de su uniforme.Que luego del suceso del 20 de septiembre continuó con el acoso, ya que el 12 de octubre le envió un mensaje de texto desde el número 543435430384 preguntando «Mañana trabajás?» y ese mismo día, más tarde «Mañana te busco?». Invocó que todo ello fue desestabilizándola física y emocionalmente de modo tal que no pudo concurrir a trabajar y se presentó al médico de la policía, siendo diagnosticada con «Episodio depresivo mayor». Que le dieron siete días de licencia, e incluso debió ser internada en el Hospital Neurosiquiátrico «Antonio Roballos» desde el 23 de octubre hasta el 30 del mismo mes. Historió que después del alta psiquiátrica debió concurrir a varias juntas médicas a las que fue sometida, considerando que fue maltratada institucionalmente. Así, el 22 de noviembre la conclusión de la junta fue que presentaba «episodio depresivo mayor en curso». La segunda junta médica, dos meses después, modifica sustancialmente la visión al afirmar que presentaba una «actitud plañidera, quejosa e infantil. Adopta un aire de desprotección y descavilamiento ante situaciones triviales del mundo del trabajo donde el común de las personas las resuelven sin tanto ruido. Actúa como personaje central de supuestas historias en que los celos, el acoso o la rivalidad son el libreto permanente.», concluyendo diagnósticamente en que padece «trastorno de personalidad de tipo histriónico e infantil». La tercera junta médica agrega que «no ha progresado favorablemente, ni ha iniciado asistencia sicológica»; y la cuarta que presenta «un perfil con altos índices de interpretaciones delirantes o delirosas de personalidad; trastornos de la apreciación de la realidad por distorsión de percepciones, con especial dificultad en las relaciones interpersonales siendo muy sensible y sugestionable; alto nivel de ansiedad e irritabilidad y excesiva necesidad de aprobación», concluyendo que presenta trastorno de personalidad tipo mixto. La quinta, sexta, séptima, y octa va junta médica mantuvieron dicho diagnóstico.Agregó que en diciembre de 2007 presentó una denuncia ante el Jefe de Policía sobre los hechos sucedidos a la que acompañó el original de la nota firmada por M.G.F. Esta denuncia motivó un sumario administrativo que concluyó con el dictado de la Resolución 22 en la que se consideró probada la existencia de la orden y se lo sancionó con veinte días de arresto. Fundó y explicó los presupuestos de la responsabilidad civil que consideró cumplidos tanto respecto del autor como del Estado Provincial. En el contexto de ello, refirió a cuestiones que se desprendían del sumario, tales como que la orden indicaba que se debía presentar el 21 de setiembre a las 22 horas, que dos testigos (ambos funcionarios policiales con jerarquía inferior a M.G.F.) intentaron explicar el contexto en el que fue firmada, hablando sobre el calor que hacía y que motivó la conversación, y sobre que fue una broma. Interpretó que, entre la primera junta médica y la segunda, se interpuso su denuncia y atribuyó el cambio de la segunda y las subsiguientes a la modificación de la visión de los profesionales médicos sobre su patología. Consideró probada la materialidad del hecho de la firma por parte de M.G.F. de la nota, porque así lo concluyó -pericial caligráfica mediante- la propia policía provincial en las actuaciones administrativas. Ofreció prueba y peticionó se haga lugar a la demanda.

3. En representación del Estado Provincial contestó la demanda el señor Fiscal de Estado, Julio Cesar Rodríguez Signes, quien efectuó las negativas de rigor. Su defensa se basó en la falta de relación de causalidad funcional, fundándose en el contexto en que la actividad se realizó y el hecho que la nota en cuestión también involucrara al personal masculino, que consignaba que debían presentarse «de civil, con arma reglamentaria, y zunga», lo que demuestra que el mensaje no fue personal, sino una broma propia de las que suelen ocurrir en el ámbito del trabajo entre compañeros.Agregó que la sanción a M.G.F. fue porque desobedeció las reglas de conducta y decoro que deben regir la institución policial, pero que nada tienen que ver con una responsabilidad del orden civil. Destacó que según la prueba colectada en el sumario no quedó acreditado que M.G.F. hubiese acosado sexualmente a la actora. Adunó que la accionante no impugnó las conclusiones de las juntas médicas, sino que las consintió. En relación a esto, hizo hincapié en que el episodio en cuestión se produjo fuera del desempeño de la función policial que le corresponde a M.G.F., obedeciendo a motivaciones puramente personales y con absoluta desvinculación del ejercicio de sus funciones como policía, para lo que citó, en su auxilio, el artículo 44 de la Constitución Entrerriana y el artículo 43 del otrora Código Civil de la Nación, para justificar que la función no fue el motivo o causa directa del daño, por lo que, en todo caso, fue una acción personal del agente y no propia del Estado, con base en la doctrina «Rabanillo» de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En forma subsidiaria impugnó los daños reclamados por la improcedencia de rubros y por exceso en la cuantificación. Para ello, citó que la actora mediante Junta Médica 2016 del 10/02/10 fue considerada inepta total y permanente para el servicio policial. Calificó de infundada la suma pretendida por daño moral. Ofreció prueba y peticionó se rechace la demanda.

4. M.G.F. fue primero citado por edictos y representado por el Defensor de Ausentes, Orlando Alberto Jorge, quien contestó demanda efectuando las negativas de rigor, y fincó su defensa en la falta de relación de causalidad suficiente entre el hecho que se le imputa a su representado y las consecuencias que alega A.M.F. haber sufrido.

5. Se celebró la audiencia preliminar, se abrió a prueba la causa, y se produjo profusa prueba, la que obra en autos.

6.En el interín, incidente de nulidad de notificación mediante, tomó intervención M.G.F., y contestó demanda con patrocinio letrado del abogado Mauricio Javier Giles. Negó los hechos invocados por la actora y relató su versión de los sucesos. Para ello, afirmó, debía previamente contextualizar la situación, principiando por relatar que la actora desde hace tiempo está afectada psíquicamente, resultando ser una persona mentirosa, fantasiosa y que vive en un mundo alejado de la realidad, con innumerables antecedentes médicos que la han llevado a que su empleadora la considere no apta para el servicio policial en forma permanente y total, y que nada de ello tiene que ver con él y su comportamiento. Destacó su condición de funcionario policial con treinta años de servicio impecable, con excelente concepto de sus superiores y también de sus subalternos. Especificó que nunca trabajó junto a la denunciante en el mismo destino específico, y que el eventual trato que pudiesen haber tenido se limitó al cruce circunstancial como con cualquiera de los cientos de empleados que tenía y tiene la Jefatura Departamental.

Agregó que entre los días 16 al 22 de setiembre de 2007 no existía dependencia funcional entre ellos, que él se desempeñaba como Jefe de Turno y que, si bien conocía a A.M.F., que, como empleada en un área administrativa a veces entraba a la oficina del Jefe de Turno por diversos trámites, él no se encontraba solo allí. Puntualizó que la actora siempre tuvo un trato familiar, jocoso, y en exceso confianzudo con todos los que trabajaban allí, y que no puede describirla como una persona seria, tímida o recatada, sino más bien todo lo contrario, pero como no dependía de él, nunca la reprendió. Además, que era conocida por ser conflictiva, con muchos problemas familiares.Procedió a relatar que, en la oficina de comunicaciones, en relación al supuesto hecho acaecido en 2007, se encontraba junto al Agente Ignacio Giménez y el Cabo Rolando Palacio, y la demandante, y todos hacían comentarios sobre respecto de la forma en que habrían de ir vestidos para el recargo que se había dispuesto con motivo del día del estudiante. Refirió que eran adultos, compañeros de trabajo, que bromeaban y que A.M.F. no era ajena a ello, sino que participaba activamente de la charla y los chistes. Que en ese contexto alguien alcanzó una falsa resolución donde se disponía -claramente en broma- como debería concurrirse al servicio aludido, y le habían aclarado su nombre y simulado su firma, que todos se rieron, simularon darse por notificados y el Cabo Palacio firmó la supuesta notificación. Que luego, el referido Palacio le hizo saber que A.M.F. había tomado el papel con el que todos habían bromeado y se lo había guardado, manifestando que lo «tenía prendido» o expresión similar, a lo que le restó importancia. Que tres meses después se entera que había una denuncia, que le causó grave perjuicio laboral ya que se inició información sumaria y luego un sumario por el que terminó sancionado. Calificó de artera y de mala fe la actitud de la actora, e hizo hincapié en que las sucesivas juntas médicas demuestran los problemas de aquella. Ofreció prueba y peticionó se rechace la demanda.

7. Se realizó una nueva audiencia preliminar, donde se planteó como hecho nuevo la concesión del retiro obligatorio por incapacidad a la señora A.M.F., y se continuó con la producción de la prueba ya ordenada y se agregó otra.

8. Clausurada la etapa probatoria, alegaron la actora y el Estado Provincial. En ese estado, la señora Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, dictó sentencia el 7 de setiembre de 2018.Luego de encuadrar jurídicamente el caso según su perspectiva y de referir a los presupuestos de la responsabilidad, la sentenciante consideró que debía analizar si hubo actividad ilícita por parte de los demandados -acoso sexual y laboral sistemático por parte de M.G.F. hacia la actora, y en su caso, si se puede atribuir responsabilidad al Estado-. Consideró no acreditado el acoso sexual y laboral, interpretando la «orden de servicio» de fecha 20/09/07 como una broma entre compañeros de trabajo, y que la actora nada dijo en ese momento respecto a que, si se sintió acosada, ofendida en su pudor, maltratada, ni molesta, que tampoco hizo referencia a ello en los días posteriores, ni cambió su actitud ni comportamiento, ni elevó queja alguna a sus superiores jerárquicos. Analizó el texto de la nota y afirmó que no está escrita en papel policial, sino en hoja común, que no hay sellos oficiales y que no fue dirigida de modo exclusivo a A.M.F. Reconoció que la nota significa una broma de mal gusto, y por ello el Sr. M.G.F. fue sancionado en sede administrativa con veinte días de arresto, pero consideró llamativo que, si la señora A.M.F. se sintió agraviada y acosada por aquel por dicha nota, no lo denunció antes a sus jefes inmediatos, o incluso como lo hizo ante el Jefe de Policía, pero en fecha inmediata a lo sucedido, o en días posteriores al hecho, y no recién el 20 de diciembre de 2007, tres meses después. Consideró no probado que tal situación no haya sido un hecho aislado. Respecto de los mensajes telefónicos juzgó acreditado que existieron y que, si bien el celular emisor pertenece a Claudia Fabiana Calderón, el domicilio es el mismo que el del Sr. M.G.F., por lo que concluyó que los mensajes pueden haber sido enviados desde el celular de la pareja, o de la madre, o de alguien que convive con éste.Sostuvo que son los únicos mensajes probados en autos, y que no advierte de ellos un acoso sexual o laboral como afirma la actora. Sobre estas conclusiones probatorias, apoyó su decisión de no tener por acreditado el acoso sexual y laboral. Respecto al reproche de la ilicitud del comportamiento estatal por la conducta de las comisiones médicas, consideró no acreditado el mismo, ya que la perito médica psiquiatra dijo que el diagnóstico es correcto. Se explayó sobre los daños y estimó no probada su existencia ni que los mismos sean consecuencia del hecho que se alega. Especificó en relación al daño psíquico que la actor a con anterioridad a los hechos que motivaron su acción ya tenía problemas psiquiátricos crónicos por lo que fue atendida, surgiendo de la historia clínica que desde mayo de 2001 recibía tratamiento psicológico y psicofarmacológico, con tratamiento crónico que continúa en el año 2004, y que en 2007 es internada. Continuó la sentenciante transcribiendo conclusiones de la referida prueba pericial, así como aspectos de la Historia Clínica que consideró relevantes. Se pronunció sobre la necesidad de una causalidad adecuada entre el hecho y el daño, que para su establecimiento hay que considerar si la acción u omisión del presunto responsable es idónea para producir regular o normalmente un resultado, debiendo hacerse ese juicio de probabilidad en función de lo que un hombre de mentalidad normal, juzgada en abstracto, hubiese podido prever como resultado de su acto, y concluyó que no se encontraba presente en el caos de autos. Por esas razones, en esencia, rechazó la demanda e impuso las costas a la actora.

9. Apeló la accionante la sentencia, concediéndose el recurso ante la Cámara Civil y Comercial. Expresó agravios, se corrió traslado de los mismos, que no fueron contestados por las contrarias.

10.La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, se declaró incompetente para intervenir y la remitió a esta Cámara en lo Contencioso Administrativo, quien, previa vista al Ministerio Público Fiscal, declaró su competencia.

11. La parte actora se agravió contra la sentencia. Le reprochó arbitrariedad por no ser derivación razonada del derecho vigente ni de las constancias obrantes en la causa, por lo que solicitó su revocación. La prueba y el derecho fueron apreciados de modo irrazonable y arbitrario, según afirmó, insuficiente e incongruente, excediendo las reglas de la sana crítica. Se concentró en explicar las razones por las que existió el agravio moral denunciado, en tanto fue menoscabada la faz interior y profesional de la actora, y que la sentencia no encontró acreditado el acoso sexual y laboral con base en una afirmación dogmática basada en su puro voluntarismo. Especificó que no fue analizada de forma lógica y razonada la prueba. Consideró superficial y liviana la afirmación respecto que la orden de servicio fue una broma, porque no fue en papel policial y no fue dirigida de modo exclusivo a A.M.F., pese a que reconoció que era de mal gusto y que M.G.F. fue sancionado en sede administrativa. Refutó la conclusión sentencial, bajo el argumento que se trató de una orden policial porque utilizó lenguaje policial, fue emitida y firmada por un Comisario Principal de la Policía de Entre Ríos y dirigida a un inferior jerárquico, se dispuso en una oficina policial y utilizando cargos oficiales.No tiene nada de una simple broma, apuntó, ya que la orden fue dada a una funcionaria pública mujer, en un grado jerárquico inferior, para que se presente a trabajar con una vestimenta distinta a la reglamentaria, en horario que no es regular, con la advertencia de que se inspeccionaría y pasaría revista, por escrito, firmada de puño y letra por el Comisario Principal M.G.F., quien aclaró su cargo en la misma, lo que no es menor ya que fue dada en el marco de la relación policial y no otra, abusando de su condición de superior jerárquico. Tal circunstancia fue un ataque certero a la honra y dignidad de la actora, expresamente reconocido por las más altas autoridades policiales en el sumario administrativo que concluyó con una sanción, lo que demuestra que para la institución no se trató de una broma, como valoró la sentenciante. Se concentró en alegar que la «orden de servicio» y los mensajes subsiguientes reconocidos por la aquo desestabilizaron física y emocionalmente a la accionante, provocando las evaluaciones médicas que obran en autos, y debiendo ser internada desde el 23 de octubre hasta el 30 de octubre de 2007. Conceptualizó el acoso u hostigamiento sexual conforme las reglas de la Organización Internacional del Trabajo, y consideró que fue probado en el caso. Recalcó que la sentenciante reconoce que los problemas psíquicos que padecía la actora con anterioridad pudieron agravarse ante la situación de la «orden», desencadenando la desestabilización y brote de mecanismos depresivos, para luego indicar que la personalidad de base genera mayor vulnerabilidad a la absorción de los trastornos depresivos y que, sin embargo, no consideró que exista nexo de causalidad entre el hecho y la incapacidad física de la actora, a pesar de admitir que fue un factor que coadyuvó a dicha incapacidad.Refutó la conclusión sentencial sobre la falta de prueba del nexo causal, estimando que se probó el ejercicio irregular de la función policial, por la cual fue sancionado administrativamente por la autoridad policial que produjo daños y/o los agravó conforme la pericial psiquiátrica producida. También analizó el mérito de la prueba testimonial, respecto de la valoración de la jueza de primera instancia, en tanto no observó que Palacios es subordinado de M.G.F. y que su testimonio refirió que «en el caso mío personal nunca se desubicó» sin precisar nada de la actora, mientras que el testigo Caballero, superior jerárquico del codemandado, admitió la existencia y emisión de la orden al decir «una notificación de cómo tenía que ir vestida». Fundó con cita de jurisprudencia la arbitrariedad en la valoración de la prueba que denuncia, tanto respecto de los hechos como del daño. Efectuó reserva del caso federal y concluyó peticionando que se revoque la sentencia apelada y se haga lugar a la demanda, con costas.

12. Conforme surge del informe actuarial de la Cámara Civil y Comercial, fechado el 4 de junio de 2019, y la consecuente orden del ingreso a despacho, las demandadas no contestaron los agravios.

13. Luego de la declaración de incompetencia de la Cámara Civil y Comercial, la remisión a este Tribunal, la excusación -aceptada- del señor Vocal Baridón y la posterior asunción de la competencia atribuida al fuero contencioso administrativo a partir de la sanción de la Ley 10.636, ingresó la causa a despacho para dictar sentencia.

14. En primer lugar, y como introducción previa, corresponde decir que los sucesos que originan esta causa se produjeron con anterioridad a la vigencia de la Ley de Responsabilidad del Estado y también al Código Civil y Comercial.Por ello, siendo cuestiones consumadas con anterioridad a dichas normas, corresponde resolver el conflicto con base en la aplicación por integración analógica de las normas de derecho privado del Código Civil velezano -en algunos de los aspectos a definir-, por las normas del derecho público contenidas en dicho Código -tal el caso del artículo 1112- siguiendo además la construcción pretoriana de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, a lo largo de una permanente en el tiempo y amplia jurisprudencia fue armando un verdadero sistema de responsabilidad patrimonial pública, en tanto sus consideraciones exceden ampliamente la estricta redacción del referido artículo 1112, y se convirtieron, en algunos casos, por derivación directa de las normas constitucionales y convencionales (vgr. la dignidad de la persona humana, el deber genérico de no dañar, entre otros), y en otros, por la fuerza de autoridad del Máximo Tribunal, en la forma en que los tribunales de todo el país -ordinarios y federalesresolvieron los casos vinculados a la responsabilidad estatal. Así lo ha dicho este Tribunal, respecto de algunos aspectos de la responsabilidad patrimonial del Estado y los funcionarios públicos autos «Ferreyra, Sandra Teresita c/Provincia de Entre Ríos y ot. s/ordinario» del 10/03/20 -prejudicialidad penal y factor de atribución-; «Martínez Guillermo Daniel c/Salinas Leonardo Gustavo y otro s/ordinario accidente de tránsito» del 08/07/20 -factor de atribución, falta de servicio-; «Aguirre Ester Rómula c/Provincia de Entre Ríos s/ordinario daños y perjuicios» del 19/06/20 -factor de atribución-. Sobre la valoración del daño, es válido aplicar las normas vigentes al momento de la sentencia. Al 9 de setiembre de 2019 ya se encontraba vigente la Ley de Responsabilidad del Estado de Entre Ríos (10.636) y el Código Civil y Comercial.La LRE no especifica el modo de valuar los daños por la actividad estatal ilegítima, por lo que cabe recurrir a la analogía integrativa con el derecho común en ausencia de disposiciones específicas -tampoco existen normas análogas sobre este punto en el derecho local-, por lo que el asunto puede ser analizado bajo los criterios de los artículos 1738 y 1741 del referido Código Civil y Comercial.

15. Los agravios de la actora se dirigen contra la solución y fundamentación de la sentencia de primera instancia en orden a la arbitrariedad en la valoración de la prueba, que llevaron a la magistrada a considerar la inexistencia de ilicitud en tanto lo que decretó probado fueron la orden de servicio y los mensajes telefónicos, pero entendió que no bastaba para estimar acreditado el acoso sexual, haciendo hincapié en calificar los sucesos como una «broma». Asimismo, la sentencia reputó la inexistencia de nexo causal entre esos hechos que juzgó probados y los daños reclamados. Entiendo superado el test de admisibilidad del recurso en torno a la expresión de agravios y en ese sentido comparto la opinión del colega preopinante e ingreso directamente a tratar los aspectos que resultan ser motivo de queja por parte de la recurrente, que encierran, en definitiva, una crítica a la totalidad de la sentencia en su aspecto decisorio y argumentativo. Adelanto que discrepo con la posición del voto que me precede y opino que le asiste razón a la recurrente.Es cierto que el caso que motiva la sentencia requiere una mirada con perspectiva de género, pero me resulta importante dar una idea general acerca de lo que interpreto como juzgar con perspectiva de género para luego sí, aplicar esa manda al caso concreto, ya que «Juzgar con perspectiva de género significa aplicar las normas internacionales y nacionales sobre igualdad y no discriminación en razón de sexo o género, tanto en el tratamiento procesal de los casos -por ejemplo, evitando la revictimización- como en el dictado de las sentencias que definen las distintas controversias., para juzgar con perspectiva de género no alcanza con el conocimiento del contenido de las normas jurídicas si no se desarrollan habilidades que faciliten la identificación de situaciones que, aunque involucran discriminación por razón de género, nos suelen pasar inadvertidas porque las captamos como algo natural, aunque no lo sean» (VAZQUEZ, Gabriela Alejandra, «Juzgar con perspectiva de género», en «Tratado de Géneros, derechos y justicia. Derecho del trabajo», dirigido por Marisa Herrera, Silvia E. Fernández y Natalia de la Torre; Rubinzal-Culzoni editores; Santa Fe, 1a. ed., 2020, p. 325), y que «juzgar con perspectiva de género plantea el desafío y la necesidad de entrenarse para que, a la hora de sentenciar, podamos desprendernos de los prejuicios, costumbres o prácticas que se basan en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados asignados al hombre y la mujer» (op. cit., p. 327). Por tanto, entiendo que la referida afirmación respecto de juzgar con perspectiva de género, debe ser sustentada en el concreto análisis de la causa.Advierto, en tal sentido, que tanto en el desarrollo de las posiciones de la parte demandada -especialmente del codemandado M.G.F.- como en la sentencia, se ha incurrido en una arbitraria e ilegal valoración de los antecedentes fácticos, partiendo el análisis de la sentencia de lo que, desde una posición por fuera del derecho, podemos calificar como «prejuicios». Así, se tildó de broma algo que fue considerado ilegal por la propia Policía de la Provincia sin atender a la trascendencia de la percepción de la víctima sobre tal acto sino con base en un cliché doctrinario insostenible a esta altura de la evolución cual es el de efectuar el juicio de probabilidad «en función de lo que un hombre de mentalidad normal, juzgada ella en abstracto, hubiese podido prever como resultado de su acto» (el resaltado me pertenece), teniendo presente que no puede hablarse de «hombre» en un conflicto de género sin tener en cuenta lo que una «mujer» puede prever y considerando sólo, a los fines de establecer la causalidad, la perspectiva del autor del hecho y no la de la víctima ni del contexto en que la misma se inserta. M.G.F., directamente, acusó a la denunciante «de ser una persona mentirosa, fantasiosa y que vive en un mundo alejado de la realidad». Se culpó a la víctima por su «fenotipo vulnerable» y que su personalidad de base era un factor predisponente; se utilizó su falta de respuesta inmediata en tanto efectuó la denuncia tres meses después («llama la atención el hecho de que si la actora se sintió agraviada y acosada por el Sr. M.G.F.por dicha nota, por qué no lo denunció ante sus jefes inmediatos.»), como un indicio probatorio de la inexistencia de acoso; y se descalificó la existencia de abuso bajo la idea que para su configuración se necesita «más de un hecho» -en el caso, más de dos ya que la sentenciante tuvo por probada la existencia de la orden de servicio y los mensajes telefónicos-. La fundabilidad de la sentencia, a mi juicio, peca de arbitraria e incongruente, en tanto, teniendo presente los hechos que consideró probados, los desestima como fundantes de la responsabilidad reprochada, en forma contradictoria, conforme lo que a continuación explicaré. Antijuridicidad y factor de atribución: La antijuridicidad es la exigencia de la responsabilidad civil respecto del codemandado M.G.F., mientras que, para el caso del Estado, la irregularidad es la llamada falta de servicio incluyendo en ella la eventual responsabilidad por el comportamiento de su dependiente. La atribución de responsabilidad a M.G.F. será por su actuar culposo o doloso. Ha quedado demostrado que la orden de servicio existió y emanó del aquel. También que se enviaron mensajes de texto con el contenido denunciado por la parte actora, desde un celular asociado al domicilio del codemandado. Esos actos son ilícitos, antijurídicos o irregulares y constituyen lo que, en la ley de responsabilidad estatal, es el requisito de la falta de servicio. Esta calificación de ilicitud o contrariedad del derecho emergen por la entidad de los mismos: orden de servicio de un superior que exige que la actora -su nombre está consignado expresamente en la misma «Agente A.M.F.»- se presente a trabajar a las 22,00 horas del día 21 de setiembre «con minifaldas y cola les. Bien afeitada y perfumada», agregándose que «Se pasará revista, antes del servicio». Pero si alguna duda cabe, basta con decir que la propia Administración policial la consideró ilícita en tanto, luego de un extenso sumario administrativo, concluyó sancionando a M.G.F.mediante Resolución JP 022/09 dictada por el Jefe de Policía de la Provincia el día 1 de abril de 2009. Por tanto, el comportamiento de M.G.F. se constituyó en la irregular organización del servicio en tanto es un órgano del ente público Estado Provincial -sin perjuicio del análisis de imputabilidad que luego se efectuará-. Aun cuando la actora no haya podido aportar prueba sobre sus dichos a situaciones incómodas anteriores a esa fecha, pudo demostrar que no se trató de un «hecho aislado» ya que recibió mensajes en su teléfono personal que -fuera de discusiónfueron enviados por M.G.F. Ahora bien, para descartar estas circunstancias fácticas probadas como constituyentes de uno de los elementos de la responsabilidad, tanto la sentencia como el voto que me preceden, recurrieron a considerar que era una «broma». Según el diccionario, las tres primeras acepciones del término son: «1. f. Chanza, burla. 2. f. Bulla, algazara, diversión. 3.f. Persona, cosa o situación pesada y molesta.». Una burla o una situación molesta, definitivamente no pueden ser descartadas como elementos que pueden provocar daño. Por reducción al absurdo imaginemos que alguien hace «burlas o bromas» con las preferencias sexuales de otra persona, con su religión, con su raza, con su aspecto físico. Es claro que encasillar un comportamiento como «broma» no lo exime de un análisis desde el punto de vista de su irregularidad o su contrariedad con el derecho. Si la hipótesis fuera la de su segunda acepción -diversión-, cabe preguntarse qué tiene de divertido simular -por lo menos- una orden bizarra que incorpora como elemento definitorio, aspectos íntimos de una mujer -tal la ropa interior o si está afeitada-. No basta para descartar su irregularidad la calificación de «broma» o valorar que también tenía como destinatario personal masculino, porque el sistema convencional, constitucional y legal de protección a la mujer, considerada como un colectivo vulnerable y merecedor de especial protección, no la iguala con sus eventuales compañeros hombres. Me explico:el autor de la «broma» fue un hombre -en posición jerárquica, agrego-, y no puede asimilarse ese mismo acto que tenga como destinatario a un hombre -que es su par, más allá de la diferencia jerárquica- y a una mujer -que parte de la diferencia básica de no ser un par de género-. No hay igualación de destinatarios cuando la sexualidad está involucrada. La claridad de la norma me exime de mayores comentarios, «Definición. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes». Art. 4, Ley de Protección Integral a las Mujeres, 26.485. La relación desigual de poder, en este caso tiene un doble orden, el de género y el jerárquico. Sobre la supuesta falta de antijuridicidad de la «broma», cabe traer a colación que al definir el acoso sexual en el trabajo y la violencia de género, Castagnino afirma que dentro del acoso sexual se incluye todo comportamiento de carácter sexual no consentido por la persona a quien está dirigido y que «incluye desde comentarios, bromas o insinuaciones de índole sexual, ofensivas o no deseadas.» (CASTAGNINO, Laura Cristina «Acoso sexual en el trabajo», en «Tratado de Géneros, derechos y justicia. Derecho del trabajo», dirigido por Marisa Herrera, Silvia E. Fernández y Natalia de la Torre; Rubinzal-Culzoni editores; Santa Fe, 1a. ed., 2020, p.228/229). En torno al relato de la actora respecto a que con anterioridad el codemandado se dirigía a ella en forma impropia, hay que tener en cuenta el contexto de lo que significa la institución policial en términos de jerarquía, las enormes dificultades que puede tener una persona para demostrar gestos, frases, o miradas que le son dirigidas, siendo que luce claro lo extenso y complejo del debate tanto en sede administrativa como judicial, que se inició, nada menos, que con una constancia escrita y documental, emanada de puño y letra de M.G.F. ¿Qué herramientas brinda el sistema para darle seguridad a una mujer que recibe comentarios inapropiados respecto a las consecuencias de su denuncia? ¿Qué posibilidades hubiera tenido la accionante de alegar, quejarse y demostrar que existían comportamientos anteriores que la incomodaban, si estos se realizaban en breves momentos en que ambos se encontraran en soledad?. Al contrario de la jueza sentenciante, entiendo que cabe empoderar la palabra de la señora A.M.F., darle atención a una mujer, de jerarquía inferior en la escala policial, que denunció a un superior, y afrontó todo el proceso posterior que implica, siempre, enorme desgaste emocional. Aun cuando no pueda tener por probados en forma directa por los medios tradicionales (testigos, documental, etc.) los comportamientos previos que desde la pr imer instancia administrativa A.M.F. narró, lo que siguió después -orden escrita impropia en relación a aspectos íntimos y sexuales de la actora y mensajes de texto-, debe ser interpretado como un indicio de veracidad sobre los comportamientos anteriores, y, por tanto, en lo que a la existencia de los hechos se refiere, entiendo que la narración de los hostigamientos y comentarios con contenido sexual anteriores a la nota sucedieron. Esta conclusión se funda en que se encuentran probados dos sucesos, con diferencia de un mes aproximadamente, que, interpretados en forma lógica, permiten tener por cierto que el relato de hechos que efectúa la actora en su demanda es veraz.El acoso sexual presenta su talón de aquiles justamente en la prueba, porque habitualmente resulta difícil tener constancias «directas» sobre su existencia. El caso traído a debate es más fuerte en términos probatorios ya que hay constancias documentadas del mismo, y, en lo que refiere a los demás comportamientos que A.M.F. denunció, cabe tener en cuenta que, en esta materia, cobra vital importancia la prueba de indicios (CASTAGNINO, op. cit., p. 248/249), tal y como se ha reseñado y analizado previamente. De nada sirven las escuetas afirmaciones de innumerables funcionarios y funcionarias policiales que refirieron a la falta de conocimiento sobre comportamientos inapropiados del señor M.G.F., porque los mismos no necesariamente -más bien difícilmente- se llevarían adelante frente a otras personas, testigos, o compañeros de trabajo. Si, como dijo M.G.F., no tenía ninguna clase de relación personal con A.M.F., es absurdo que le escribiera a su celular mensajes consultándole si trabajaba o si la buscaba. De todas maneras, la jurisprudencia ha dicho que el acoso sexual puede incluso ser configurado con un solo acto, al decir que se requiere que la conducta sea abusiva y se exprese, «ya sea en un acto aislado que por su relevancia cumpla el fin perseguido, o mediante la repetición de comportamientos hostiles y técnicas de desestabilización que en definitiva atenten contra la dignidad y/o integridad física o síquica de la persona trabajadora» (CNAT, sala I, 21/09/2011, «P.S.L. c/La Pompeya S.A.» , voto Dra. Pasten, Boletín Temático Jurisprudencia CNAT ‘Género’, act. junio de 2019, disponible en http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/verdoc.jsp? db=B170&td=1&qn=2) Julieta Di Corleto -«Igualdad y diferencia en la valoración de la prueba: estándares probatorios en casos de violencia de género», en Género y Justicia penal. Didot, Bs. As., 2017, p.285/307-, preguntándose por los estándares probatorios en los casos de violencia de género, refleja el tratamiento judicial respecto a las mujeres con «la naturalización y minimización de la violencia, la asignación de responsabilidad a las víctimas y la deslegitimación de sus declaraciones», especificando que, si bien los códigos procesales prescriben que los elementos probatorios deben valorarse de manera sana, crítica y racional, el resultado no ha sido tal. Entiendo que ello ha sucedido en esta causa, donde se naturalizó un comportamiento antijurídico, se le asignó responsabilidad a la víctima («no denunció en forma inmediata», «tenía un ‘fenotipo vulnerable'») y se deslegitimaron sus declaraciones con base en la falta de pruebas directas. Particularmente arbitrario luce el reproche de la sentencia y la interpretación jurídica que deriva de la pasividad luego de los hechos. No puede descalificársela por no reaccionar. Hay un sinnúmero de factores que pueden llevar a una mujer en el contexto en que se encontraba A.M.F., a hacer silencio frente a los agravios: miedo al ridículo, a la sanción jerárquica, a que se intensifique la agresión, entre otros. No es posible reprocharle que en ese momento no se «quejara», cuando la percepción o sensación de abuso pueden ser adquiridas con la reflexión, la consulta a un o una profesional con especialización, importando, aquí sí, las condiciones subjetivas de cada persona.Hay sinfín de casos jurisprudenciales analizados especialmente en el sistema penal, donde las víctimas cobran conciencia e incluso recuerdos, muchísimos años después de acontecidos los hechos, lo que también llevó a que la legislación penal se adaptara a esta especial subjetividad (reformas de la ley 26.705 -ley Piazza-, 27206 -Ley Kunath).

En el dossier de delitos de género elaborado por la Cámara de Casación de la ciudad de Paraná, aparece una lúcida explicación de la filósofa Diana Maffía sobre estos aspectos (Boletín n° 7 del Observatorio de Género en la Justicia, Poder Judicial de Buenos Aires, noviembre de 2015) en los que afirmó que el goce de los derechos de las mujeres se ve frecuentemente obstaculizado por numerosos escollos: «barrera epistémica -conocimiento que las mujeres deben tener sobre los derechos que les asisten-; barrera subjetiva -la autoafirmación del sujeto como merecedora de protección-; barrera formal -la constatación de situaciones dispares en el orden a la educación y erradicación de patrones discriminatorios-; barrera política -contar con los recursos necesarios para materializar los derechos y llevarlos adelante con esperanza de éxito-; barrera jurídica -la estructura judicial debe prestar especial atención a no reproducir patrones discriminatorios hacia las mujeres-; barrera económica -sostener patrones de conducta de sumisión económica de la mujer respecto del varón-; barrera geográfica -debe evitarse la distinción entre mujeres por su clase social, reafirmando la dignidad de todas y cada una de ellas como sujetos de derecho, independientemente de su localización; y barrera cultural -perpetuación de patrones discriminatorios que pasan a ‘naturalizarse’ al interior de la sociedad y su ‘sentido común'». Puede que incluso en el momento en que le fue entregada la orden participara con «risas» o «comentarios», simplemente por la imposibilidad de identificar en ese momento la violencia del acto, o por temor a ser repudiada o sancionada.Aún la malevolencia que se le adjudica al afirmar -según los testigos- que con eso «lo tenía agarrado», puede ser simplemente el beneplácito por tener un documento para probar lo que anteriormente sucedía bajo la sensación de impunidad ante la falta de herramientas para demostrar tales actos. El requisito para que el acoso sexual quede configurado es la falta de consentimiento. La sentencia equiparó la inexistencia de respuesta inmediata por parte de la actora al consentimiento (en tanto calificó de broma sin consecuencias jurídicas). Sin embargo, la falta de consentimiento no es equivalente sin más al «rechazo», ya que tal equiparación conduce a resultados injustos, porque «existen muchas circunstancias que llevan a las personas a soportar conductas de acoso (el temor a no ser creídas, a ser objeto de burlas, a perder el empleo o alguna condición laboral). En este marco, no debe confundirse que el acoso sea, por definición, una conducta no deseada, con la necesidad de demostrar una manifestación extrema de dicho rechazo» (CASTAGNINO, op. cit., pp. 239/240). Entiendo que la falta de consentimiento ha quedado demostrada en tanto, pese a las dificultades institucionales que la jerarquía y la organización policial implican y ante la circunstancia de haber padecido incluso una internación con posterioridad a los sucesos, la accionante igual formuló su denuncia por escrito, sostuvo su versión tanto en sede administrativa como judicial, y se sometió a innumerables instancias en las que mantuvo firmemente su versión de los hechos, que incluyó la expresión contundente del desagradado, malestar y, en general, «daño», que lo vivido le provocó. Ya referí anteriormente al doble orden de desigualdad -de género y de jerarquía-, y en este sentido, entiendo que el contexto en el que se desarrollaron los hechos debe ser necesariamente apreciado para el análisis de los sucesos de esta causa. La institución policial se rige por fuertes lazos jerárquicos, más, probablemente, que cualquier otra institución estatal.La Ley 5654 que prevé el llamado «Reglamento General de Policía» contiene normas que precisan la idea de «superioridad policial», considerándose ésta por grado, antigüedad en el mismo y cargo (art. 66). Es decir que, aunque funcionalmente A.M.F. no dependía de M.G.F., éste era su superior jerárquico. En este sentido, el artículo 70 reza que «La superioridad por cargo impone al subordinado la obligación de cumplir las órdenes del Superior. La Superioridad jerárquica y por antigüedad solo impone al subalterno deber de respeto al Superior, salvo que se tratare del único presente en el lugar de un procedimiento policial, o el superior de todos los presentes». Por otra parte, el artículo 148 consagra que «La disciplina y el respeto a las jerarquías es la base de la Institución. La sujeción al régimen disciplinario se manifiesta por la subordinación grado a grado y el respeto y la obediencia a las órdenes del Superior.», previéndose en el artículo 161 como «falta grave» la «falta de consideración o respeto al superior cuando no constituya insubordinación» (inciso 19). De allí derivo sin hesitación que el silencio o la falta de respuesta, y hasta la «participación» en los sucesos de parte de A.M.F., no pueden ser indicios en su contra -respecto del consentimiento de los hechos- sino, por el contrario, son indicios que juegan a su favor, teniendo en consideración el estricto régimen de -al menos- respeto que en la pirámide jerárquica le debía a su superior M.G.F.Amén de las normas reseñadas que expresamente consagran la fuerte preeminencia de la jerarquía dentro de la institución, y sin desconocer los avances que en los últimos tiempos las autoridades estatales de todos los poderes han realizado en pos de mejorar las condiciones de igualdad real de oportunidades en materia de género, lo cierto es que, para comprender la implicancia de la jerarquía y el género en una institución como ésta, basta analizar la composición de las po siciones de poder en la Policía de la Provincia de Entre Ríos, que, presumo, era similar en la época de los sucesos. Así, el Comando Superior y la Plana Mayor, está conformado íntegramente por agentes varones (http://www.policiadeentrerios.gob.ar/protocolo.aspx); las trece direcciones se encuentran a cargo de funcionarios hombres, igual que las subdirecciones con excepción de una. De las diecisiete jefaturas departamentales que figuran en la referida página web, sólo una es ocupada en la actualidad por una mujer. El contexto antes descripto, permite sostener que una causa como la presente, debe ser analizada con muchísimo rigor y al mismo tiempo, con esfuerzo, para poder internalizar lo que significa para una mujer, en condiciones de subordinación jerárquica, realizar y sostener una denuncia como la que hizo la actora. Por tanto, concluyo en que en esta causa se ha logrado probar la existencia de un comportamiento antijurídico materializado por el funcionario policial M.G.F. y atribuible a éste subjetivamente. Ello se transforma en una falta de servicio del Estado Provincial, sin perjuicio del análisis que se realizará a continuación respecto de la imputabilidad del comportamiento de éste al Estado. En conclusión, el factor de atribución para el caso de M.G.F. es subjetivo y para el Estado es objetivo. En la demanda se incluyó asimismo atribución de responsabilidad directa al comportamiento de los órganos estatales en tanto, las sucesivas juntas médicas dictaminaron con términos agraviantes respecto de la condición médica de la accionante.La judicante descarta las mismas bajo el argumento que la pericial psiquiátrica coincidió con la conclusión diagnóstica de las juntas médicas. Se destaca, sin embargo, que la perito psiquiatra afirmó que «Considero que los análisis arrojados por la Junta Médica de los profesionales de la provincia son similares a lo expuesto en este libelo. Si bien no coincido con el tecnicismo arrojado en los considerandos.» (el resaltado no es del original, obrante a fs. 524). En este sentido, entiendo que podría considerarse que el proceso posterior en relación a la salud de A.M.F. fue revictimizante. De todos modos, en el contexto en que se concluye que existe responsabilidad del Estado en virtud del comportamiento de su dependiente M.G.F., con la realidad de la dificultosa incidencia causal autónoma que las Juntas Médicas podrían haber tenido en relación a los hechos dañosos y a su cuantificación, sumado a la escasa explicación de los distintos elementos de la responsabilidad por parte de la demanda en relación específica al comportamiento de las Juntas Médicas, habré de subsumir los restantes elementos de la responsabilidad civil respecto de esta cuestión puntual específica dentro de la falta de servicio atribuida al Estado. Imputabilidad del comportamiento de M.G.F. al Estado Provincial: El Estado Provincial en su defensa argumentó que se trató de una falta personal de M.G.F. y que, en consecuencia, no es posible atribuirle a su parte responsabilidad alguna en los sucesos, invocando para ello la doctrina de la CSJN en la causa «Rabanillo» y el artículo 44 de la Constitución Provincial.Si bien la jueza no abordó tal desarrollo argumentativo por haber descartado la existencia de antijuridicidad en el comportamiento y por la falta de nexo de causalidad entre el hecho y el daño, efectuaré algunas consideraciones sobre este tópico en razón que, al revertir las conclusiones sobre los hechos y el derecho, cobran valor los argumentos de las partes en la primera instancia, y, asimismo, porque el voto que me antecede ha discurrido sobre este aspecto. Sostengo que no existen dudas que el comportamiento de M.G.F. ha sido realizado en ejercicio y con ocasión de la función, o al menos, en ocasión de ésta. La imputabilidad en el caso de los órganos estatales parte de la histórica concepción respecto que éstos actúan como si fueran el Estado mismo -no son mandatarios, no son representantes-, y basta, para que se considere que su comportamiento es de la persona jurídica pública, que actúen con motivo o en ocasión de la función. Si bien es cierto que la imputación habitual y legítima exige que el funcionario actúe en el ámbito de su competencia expresa o razonablemente implícita en el marco de la especialidad, también lo es que, a los fines de atribuir responsabilidad y deslindar si una persona común actúa bajo su propia esfera, interés y responsabilidad o si, por el contrario, su comportamiento impone que «el principal» responda por éste, debe analizarse si la función era condición necesaria y/o suficiente. En el caso, los sucesos se desarrollaron dentro del ámbito espacial de trabajo (Jefatura de Policía), con excepción de los contactos telefónicos, los que, sin embargo, tenían un vínculo estrecho con la actividad laboral -de hecho, la defensa de M.G.F. alega que eran mensajes propios de la relación laboral-.

Fue la condición jerárquica (organizada por el Estado Provincial tanto en forma general normativa como en las personas involucradas) lo que dio la condición de posibilidad a que se desarrollaran los hechos.Se realizó a través de al menos un acto que exteriormente es actuación típica policial «orden de servicio» -con especial énfasis en el término «orden»-, y el funcionario M.G.F. usó no sólo su rúbrica sino también la referencia a su jerarquía y cargo. Siguiendo la doctrina citada por el voto precedente (Perrino y Galli Basualdo) entiendo que en autos la falta personal de M.G.F. no se produjo con «total desvinculación del servicio», sino que, por el contrario, el servicio fue la ocasión que permitió el comportamiento de M.G.F. Por ende, concluyo que la conducta es imputable en forma directa al Estado Provincial. Relación de causalidad: Este aspecto resulta de fundamental trascendencia en la causa por varios motivos. Así, la falta de causalidad fue uno de los argumentos de la sentencia, y, en el caso de la responsabilidad estatal, al ser objetiva, la ruptura del nexo causal es uno de los pocos eximentes que pueden invocarse para evitar la responsabilidad. La relación de causalidad vincula jurídicamente el hecho con el daño, de modo tal de analizar si existe un vínculo material entre el hecho y el daño, en el sentido que si la acción u omisión es apta o adecuada (así lo receptan expresamente el Código Civil y Comercial, artículo 1726 y siguientes, y la Ley de Responsabilidad del Estado, artículo 4° inciso c), según el curso normal y ordinario de las cosas, para provocar la consecuencia dañosa (PIZARRO, Ramón D. y VALLESPINOS, Carlos G., «Tratado de Responsabilidad Civil», Rubinzal Culzoni Editores, T. I, Santa Fe, 2017, 1a. ed. revisada, p. 341 y ss.), lo que debe hacerse atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que acaece el hecho. Si bien aún resta analizar el elemento daño y su alcance, a los fines de este argumento, partiré de la suposición de su existencia.De la extensa historia clínica de la accionante ha quedado demostrado que había sido tratada psicológica y psiquiátricamente desde -al menos- el año 2001. Destaco que conforme surge del legajo n° 26.868 de A.M.F., tales problemáticas preexistentes no fueron óbice para que la Policía de la Provincia de Entre Ríos la considerara apta para el servicio policial, ya que ésta ingresó a trabajar en noviembre del año 2004. Tengo entonces para mí que las dificultades y tratamientos que la señora realizaba no eran de entidad tal que le impidieran desarrollar sus tareas con normalidad, a tal punto puedo afirmarlo que entre noviembre de 2004 y fines del año 2007, le fueron asignados distintos «destinos» -cfr. fs. 8 del legajo-, aprobó, en el año 2005 el curso de Formación y Capacitación para los Agentes de los Cuerpos Técnicos y de Servicios Auxiliares, solicitó apenas tres licencias -por cuidado de familiar enfermo y gastroenterocolitis-, y no recibió ninguna sanción (cfr. fs. 9 y siguientes del referido legajo). Por tanto, más allá de la historia clínica, la problemática médica y psicológica aparece reflejada en su desempeño laboral recién a partir de octubre de 2007, fecha inmediatamente posterior al hecho denunciado. Vale hacer notar que, conforme surge de la historia clínica, la señora A.M.F. recibió tratamiento sicológico y siquiátrico durante el año 2001 y luego durante el año 2004. En la última intervención correspondiente a este año, el informe del médico psiquiatra dice «paciente lúcida, vigil, buena evolución de su cuadro de base. actitud colaboradora, discurso coherente y ordenado. Continúa con mismo esquema terapéutico.». La historia clínica se reanuda, entiendo que no casualmente, el 10 de octubre del año 2007. (cfr. fs. 301/307). La mejor muestra que alguna problemática diagnóstica psicológica o psiquiátrica no necesariamente ocasiona conflictos laborales o impide el desempeño, es que el propio M.G.F.también tiene antecedentes de esta naturaleza habiendo solicitado licencia por un «síndrome depresivo» en el año 1990 (cfr. legajo 19116, fs. 21). Ahora bien, es a partir de octubre del año 2007 donde surge claramente que la señora A.M.F. agrava su cuadro, incluyendo una internación por esta razón, lo que se transforma en una espiral de episodios, con mayor intensidad a partir de la fecha en que presenta el escrito de denuncia hacia M.G.F. -19 de diciembre de 2007-. En consecuencia, la condición previa de A.M.F. pudo ser, como afirma en términos técnicos la perito psicóloga, un «predisponente», pero lo cierto es que su cuadro se agrava y se transforma en un problema que impacta en su trabajo, recién con posterioridad a los hechos que motivan este juicio. El testimonio de Berta Elena (fs. 480/481 vta.) resulta ser de singular valor, en tanto la referida es licenciada en psicología clínica y atendió a A.M.F. durante el periodo en que se desarrollaron los hechos.

Fue entonces testigo directa de los padecimientos de aquella, pero además tiene conocimientos técnicos que quedan expuestos en su testimonio con b ase en su trabajo como psicóloga clínica del Hospital «Antonio Roballos» desde el año 1986 al año 2010.Dicha testigo efectúa un relato del cuadro de A.M.F., donde afirma que «la causa es provocada por el acoso sexual de parte de su superior pero este le trae una gran crisis a nivel personal y familiar es decir que el daño que ella sufre queda registrado en todo su ámbito familiar, sociocultural, llega hasta la escuela de los chicos, el club y básicamente la crisis de pareja». Obviamente que la naturaleza de la terapia psicológica supone partir de la base de un «relato» por parte de quien se somete al tratamiento terapéutico, pero también lo es que presumir que puede haber una gigante fabulación que «engañe» a una persona de la experiencia de la referida testigo, equivale a desconocer la naturaleza científica de la carrera de Licenciatura en Psicología para la que dichos profesionales dedican -al menos- cinco años de estudios universitarios. Agregó la profesional en el referido testimonio que «yo digo que hubo abuso porque vi la cartita y también mensajitos, la paciente sostenía esto de que nadie le creía lo que estaba pasando» (cfr. fs. 481 vta.). Esto es corroborado por la pericial médica psiquiátrica que destaca el marco predisponente, afirmando que «confluyen distintos factores que enmarcan el cuadro médico, entre ellos la denuncia los problemas laborales dentro de un cuadro problemático en general de su historia de vida». Que «principalmente destaco trastornos afectivos intrafamiliar, experiencia laboral apuntalados por un fenotipo vulnerable.», y que «la referida orden. puede haber desencadenado un cuadro de desestabilización y brote de mecanismos depresivos, contextualizado con sus repercusiones de su historia de vida. Esto se asocia a todos los factores confluyente que juegan en el esquema psicológico.». Asimismo, que «existe un tratamiento que la paciente venía desarrollando y confluyen en denunciar los problemas laborales. las circunstancias fácticas -acoso laboral- se encuentran en un marco fáctico. En este cuadro vulnerable existen indicadores que pueden pertenecer a un acoso sistemático laboral» (fs.520/525). En el pedido de explicaciones agregó que «destaco que el hecho sucedido en septiembre del año 2007 reviste entidad suficiente para disparar el cuadro diagnóstico o agravarlo, así fue calificado médicamente en la prueba documental. A mayor aclaración, la manifestación por quien suscribe está referida en forma potencial porque no la he evaluado temporalmente en esa oportunidad». Ambas pruebas -testimonial y pericial- permiten concluir indubitablemente en que los sucesos del año 2007 tenían entidad para provocar o agravar el cuadro; más allá de la sensibilidad o vulnerabilidad predisponente de la actora, ninguna de las profesionales afirma o sugiere la «falsedad» o fabulación en el relato de A.M.F.; y la utilización de términos potenciales obedece a la naturaleza de las profesiones -psicología y psiquiatría- en tanto no son análisis conductuales in situ porque no estaban presentes en el momento de los hechos. Afirmé antes que consideré probado el acoso sexual y ahora agrego que surge claramente que el referido acoso, como mínimo, agravó la situación de la accionante, lo que no puede ser omitido en la consideración de la causalidad del daño. La magnitud del daño puede variar en función de lo que luego se analizará y éste puede tener más de un factor que lo haya causado -predisposición- pero ello no obstaculiza a negarle causalidad adecuada a la situación que a partir del año 2007 se desató en la vida de la accionante.Intentando no caer en generalizaciones apresuradas en razón de lo dificultoso que resulta el diálogo interdisciplinario entre las profesionales de la salud y el derecho, entiendo que todas las personas tienen particularidades predisponentes a diversos conflictos -algo así como la predisposición genética a padecer determinadas enfermedades- pero ello no significa desconocer la entidad causatoria de ciertos hechos en el desarrollo final de un problema -daño-. Metafóricamente sería como si consideráramos que no existe causa adecuada del daño si un médico o una médica operan a una persona que tiene una enfermedad previa y equivocan las reglas del arte, y entonces atribuimos exclusivamente el daño a la enfermedad y no a la operación errada. Por tanto, concluyo en que existe una relación de causalidad adecuada entre el acoso sexual que sufrió A.M.F. y la situación dañosa que se configuró con posterioridad a éste. Daño. Existencia y valoración: Esta causa tiene su mayor dificultad en este requisito o elemento, en parte por las circunstancias previas o «predisponentes» de la accionante, y también por la propia naturaleza del comportamiento dañoso -acoso sexual-, así como por la dificultad de medir la extensión del mismo desde el punto de vista de la serie de consecuencias en la vida de la accionante que se desataron a partir de las postrimerías del año 2007. En la demanda interpuesta el 15 de septiembre de 2009, la accionante cuantificó el daño en la suma de pesos ciento sesenta y un mil doscientos setenta ($161.270,00) o lo que en más o menos se determine.Al justificar los referidos daños, afirmó que le produjeron una sensación de «profunda indignidad y dolor moral, indignidad y dolor que la atravesaron en sus múltiples condiciones de persona humana, de mujer, de madre de familia y como integrante de la Policía de la Provincia de Entre Ríos». Que, a los pocos días de producirse el hecho, se le diagnosticó con «Episodio Depresivo Mayor» otorgándosele una licencia desde el 16/10/07, siendo internada el día 23/10/07 en el Hospital Neurosiquiátrico «Antonio Roballos». Agregó que el daño psicológico importó una incapacidad resarcible cuyo quantum estimó en no menos del 15% con carácter permanente que valuó en setenta y cinco mil pesos ($75.000); asimismo, refirió a la necesidad de tratamiento psicológico que, en aquel momento tenía un costo de setenta y cinco pesos ($75,00) por al menos cinco años arribando al total de pesos diecinueve mil quinientos ($19.500). Cuantificó la suma de dinero correspondiente a los medicamentos que tenía indicados por un total de pesos catorce mil setecientos ($14.700). Desarrolló el daño moral producido en su fuero íntimo y familiar el que precisó en cincuenta mil pesos ($50.000). Finalmente, consideró que su carrera policial había sufrido consecuencias, privándosela de dos oportunidades de ascender, en las que no pudo participar -2008 y 2009- porque no pudo asistir a los Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento que son un requisito para el ascenso. Estimó este daño en las diferencias salariales entre un agente, un cabo y un cabo primero, que puntualizó en cincuenta pesos ($50) por mes durante un año y pesos cien ($100) por mes durante otro año. A los fines didácticos dividiré la cuantificación de los rubros indemnizatorios en dos. Daños materiales o patrimoniales:Ha quedado probado que a partir del año 2007 la accionante se sometió a diversos tratamientos psicológicos y psiquiátricos, y a una serie de juntas médicas entre esa fecha y el año 2009 hasta que se la calificó como inepta total y permanente y se decidió su retiro. De las propias juntas médicas policiales surge que ésta, al menos durante esos dos años, era tratada con diversos medicamentos. La referida condición médica y las licencias le impidieron realizar los cursos de capacitación para el ascenso (cfr. documental de fs. 46/50 y vta.). Sin embargo, lo cierto es que de su historia clínica surge que en el año 2004 ya consumía algunos de ellos. Asimismo, conforme el informe de la obra social (obrante a fs. 327/329, y actualizado a fs. 654/662) no aparecen consumos en concepto de medicamentos. Tampoco se acompañaron en autos documentos contables -facturas, recibos- que acrediten el referido gasto obrando solo un presupuesto a fs. 62. Por ende, considero que no hay elementos suficientes en autos para cuantificar el daño en relación al consumo de medicamentos. En cuanto a la indemnización por tratamiento psicológico, no surge de la actividad prestacional de la obra social que se haya realizado por intermedio de ésta, pero sí, reitero, está probado que realizó tratamiento en diversos momentos con posterioridad a diciembre de 2007. Así, según el informe que se adjuntó a fs. 300/325 concurría con cierta regularidad al Hospital Escuela de Salud Mental durante los años 2008; 2009; 2010; 2011; 2012, y ampliado al año 2013 conforme la historia clínica de fs. 443/450 hasta julio de 2013 en informe elaborado en agosto de 2013. En conclusión, la señora A.M.F. ha estado en tratamiento psicológico con posterioridad a la fecha del evento dañoso, pero lo ha hecho en el sistema público de salud, sin que surja ni de los hechos alegados ni de las probanzas de autos, que éste sea insuficiente o insatisfactorio.Además del informe negativo prestacional de IOSPER, tampoco se acompañaron facturas de consultas, pagos por honorarios, etc.

Entiendo entonces que este rubro no ha sido suficientemente acreditado y además la señora A.M.F. ha sido tratada por el sistema público de salud. Incapacidad sobreviniente: Al serle consultada a la perito psiquiatra sobre la incapacidad de A.M.F. la respuesta es que no se podía determinar, excepto en que estaba incapacitada para la actividad policial con portación de arma. Luego de numerosas juntas médicas, es el propio Estado el que consideró a A.M.F. incapaz total y permanente (Resolución JMS N° 1383/09) y le otorgó el retiro obligatorio por invalidez, todo ello conforme la prueba producida a partir del hecho nuevo denunciado y admitido en la audiencia preliminar. La demanda especificó que consideraba la incapacidad sobreviniente en un valor no menor a un 15% -planteada con anterioridad al retiro obligatorio-. Respecto de la incapacidad sobreviniente, cabe traer a colación lo que este Tribunal ha analizado en relación a la misma cuando la persona conserva su empleo o, en su ca so, pasa a revistar en otra categoría de salario. En el precedente «Cosnard, Mario Rubén c/Municipalidad de Paraná s/ordinario accidente de tránsito» del 16/12/20 se dijo que: «Este Tribunal, sobre el tópico, ha convalidado la aplicación para la base de cálculo, del Salario Mínimo Vital y Móvil cuando la persona que ha sufrido daños no ha demostrado afectación específica en sus labores remuneradas y lo que se indemniza es el resto de las actividades con contenido económico de la vida diaria». En similar sentido se resolvió en el ya citado «Martínez, Guillermo Daniel c/Salinas Leonardo Gustavo y otro s/ordinario accidentes de tránsito», sentencia del 08/07/20, y reiterado en «R.L.A.A. c/Luis Losi S.A. y otro s/ordinario accidente de tránsito» del 20/11/20.Se dijo respecto de la valuación de la incapacidad sobreviniente en su aspecto extralaboral que: «Este punto nos introduce de lleno en los componentes de la incapacidad sobreviniente, que en el aspecto patrimonial, exceden la estricta condición laboral de quien reclama en el momento del hecho, incluyendo el menoscabo a la productividad genérica, comprensiva de aquella que todos los sujetos tienen de realizar actividades útiles -labores del hogar, funciones familiares, entre otras-, que son económicamente valorables (cfr. ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde y GONZÁLEZ ZAVALA, Rodolfo ‘La responsabilidad civil en el nuevo Código’, Ed. Alveroni, Córdoba, 1a. ed., 2018, t. III, p. 294 y ss.), ya que la incapacidad laboral es sólo uno de los aspectos ‘en el universo de perjuicios que integran la incapacidad sobreviniente, la faz laboral es una de las parcelas a indemnizar, la que no conforma el todo, ni la única a resarcir sino que constituye un componente más’ y que ‘la indemnización integral por lesiones o incapacidad física o psíquica debe reparar la disminución permanente de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables. Este daño específico se debe indemnizar aunque el damnificado continúe ejerciendo una actividad remunerada’ (CSJN, «Ontiveros, Stella Maris c/Prevención ART S.A. y otros s/accidente -inc. y cas.» del 10/08/2017)». Asimismo, se citó el precedente de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial de Paraná, en autos «Peralta, Sandra Mabel y otros c/Betarte, Adrián Gustavo y otro s/ordinario» del 05/04/18, «en los casos que la víctima continúa trabajando, la situación no puede igualarse a la de quien además de una incapacidad para actividades básicas, también perdió su trabajo o debió circunscribirlo, incidiendo ello en la forma de realizar la liquidación de la indemnización», para lo cual utilizó un porcentaje sobre el Salario Mínimo, Vital y Móvil a los fines del cálculo.En idéntico sentido se analizó que en esta faceta patrimonial de la indemnización por incapacidad en su aspecto extralaboral «su cuantificación no tiene que ver con los ingresos de la víctima y sólo pueden evaluarse mediante datos indirectos relativos a su edad, porcentaje de incapacidad, características concretas de la lesión, estado de salud previo, conformación del grupo familiar, etc., siendo el SMVM el módulo más usado (.)» (Cámara Civil y Comercial de Paraná, Sala I, «Yauck, Mario Andrés y otro c/Zapala, Alejandro Davil y otros s/ordinario de daños y perjuicios», del 20/08/19. Se agregó en los precedentes de este Tribunal citados al inicio de este capítulo que «La utilización del módulo del Salario Mínimo, Vital y Móvil como base del cálculo es acertada, razonable y además contribuye a la justicia, en tanto, salvo alegación y prueba diferenciada, más allá de la posición económica previa de cada víctima, en principio, hay una igualación de las mismas en relación a las actividades extralaborativas para la vida diaria (así, no puede valorarse diferenciadamente la imposibilidad de cortar el césped de quien es extraordinariamente adinerado en relación a quien nada posee).» Así, entiendo que desde la fecha de los sucesos hasta la fecha en que obtuvo su retiro, teniendo presente que la señora A.M.F.continuó percibiendo sus salarios -no alega lo contrario la actora en su demanda y surge del informe de la planilla demostrativa de servicios del expediente previsional ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, punto 2 de las Observaciones-, y que no existió dictamen médico que específicamente reconociera la incapacidad que pudo padecer durante ese periodo, surgiendo sí de los innumerables informes de profesionales a lo largo de las historias clínicas que tuvo dificultades en su ámbito familiar para asumir algunas de sus responsabilidades como madre y jefa del hogar, sin que aparezca que la situación la inhabilitó totalmente para hacerse cargo de las tareas cotidianas, entiendo que resulta razonable tomar como base el Salario Mínimo Vital y Móvil, conforme los precedentes antes citados. En cuanto al porcentaje de incapacidad, considero razonable tomar un 10% ya que se tiene en cuenta, a los fines de esta indemnización, la incapacidad para la vida civil -la laboral continuó percibiendo el salario- y la evaluación del Tribunal Médico de la Caja de Jubilaciones en el expediente administrativo que obra apiolado (20789177ROI), a fs. 57, que le asignó un 10% de incapacidad para la vida civil con aptitudes para administrar sus bienes, lo que le fue notificado a la actora conforme constancias de fs. 91 de ese cuerpo. A partir de la decisión estatal de considerarla inepta total y permanente para el trabajo -Decreto 1385/13 MGJ, del 17 de mayo del año 2013-, operándose el cese en funciones el 30/06/13 (Resolución DP 966/13), la señora A.M.F. es beneficiaria de un retiro obligatorio por invalidez, conforme surge del Expediente Administrativo agregado emanado de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos (20789177ROI). Asimismo, como referí, el Tribunal Médico en su dictamen le asignó un 10% de incapacidad para la vida civil. Conforme surge de fs.111 del trámite jubilatorio, al 1 de agosto del año 2013, se calculó el haber previsional en la suma de seis mil setecientos ochenta y cuatro con treinta centavos, correspondientes al 27% de la liquidación, ya que el haber de retiro se vio reducido por aplicación de las normas en relación a la antigüedad al momento del referido retiro. Entiendo entonces que el monto indemnizatorio por incapacidad sobreviniente deberá tomar en cuenta el 66% de incapacidad que le adjudicó el sistema público, se deberá calcular conforme el salario de agente de policía -como si hubiera seguido en actividad-, cálculo al que se le deberá descontar el 27% que corresponde a lo que efectivamente percibió y percibe la accionante por su retiro, todo ello hasta la fecha en que hubiera adquirido la edad para obtener el retiro obligatorio (Arts. 249 inc. b) y 250 del Reglamento General de Policía, Ley 5654). Dicho salario, como base para fijar el quantum indemnizatorio, asciende a la suma de $46.701,78, conforme surge de la información suministrada por la División de Finanzas de la Policía de la Provincia de Entre Ríos, que fuera requerida como medida para mejor proveer mediante oficio electrónico Nº 102I1O.5U9B1I* en fecha 19/03/2021 y en cuya respuesta se recibiera ese mismo día -cfr. informe de secretaria y proveído de fechas 22/03/2021 y 25/03/2021 respectivamente.-. Finalmente, para la determinación cuantitativa del presente rubro, se tomarán los parámetros antes fijados y se aplicarán a la fórmula elaborada por las señoras contadoras del S.T.J.E.R.Andrea Battisti y María Zacarías -que se encuentra disponible en la página web del Poder Judicial de Entre Ríos-, la que resulta utilizada por las Salas I y III de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial a partir del precedente dictado por la sala tercera en los autos «Diaz Patricia de los Ángeles c/ Buchet Abel Ángel y otros s/ Ordinarios Daños y Perjuicios» Nº 8513 de fecha el 18/05/17. Vale recordar que la referida fórmula combina aspectos tales como el capital, la cantidad de tiempo, el interés hasta la fecha de la sentencia a valores puros y al mismo valor el interés de descuento desde la sentencia teniendo en consideración que, a los fines judiciales, se considera que el capital por la indemnización futura se «adelanta». En la Argentina, resulta de difícil determinación cuál es la rentabilidad a valores «puros» -descuento del porcentaje de inflación al valor de la tasa de interés moratorio-, teniendo presente la diversidad de valores inflacionarios año a año y la volatilidad del mercado financiero y productivo.

Sin perjuicio de ello, y considerando la doctrina que dicha tasa puede ir razonablemente desde el 4% hasta el 8%, se toma, a los fines de este cálculo, un valor intermedio del 6%. En conclusión, el cálculo para la indemnización a fecha 26/03/20 se efectuará considerando: – Fecha del hecho (20/09/2007), hasta la fecha del cese de sus funciones por obtención del retiro por invalidez -operando la misma el 30/06/2013 -Resolución DP 966/13-, tomando en cuenta el salario mínimo, vital y móvil y aplicando el 10% de incapacidad para la vida civil, con una tasa pura del 6%; lo que arroja como resultado la suma de $294.258,07.-Luego, desde el 30/06/2013 y hasta la fecha de tope de la edad productiva conforme el régimen pertinente, se tomará como base el salario de agente de la Policía antes mencionado y se aplicará para el cálculo el 66% de incapacidad con idéntica tasa anual, para, finalmente, descontar el porcentaje del 27% correspondiente a los salarios que, por retiro por invalidez, percibe desde esa fecha la accionante; todo lo cual arroja como resultado $1.347.369,23. En consecuencia, el monto total por el presente rubro, estimado a la fecha de la sentencia, asciende a la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON TREINTA CENTAVOS ($1.641.627,30). El rubro pérdida de chance fue introducido en la demanda bajo la idea de daños producidos en la carrera policial de la actora, argumentando que tuvo dos oportunid ades administrativas para ascender, pero en ambas y por disposición superior, no pudo hacerlo como consecuencia directa e inmediata de los hechos denunciados, con base en que las autoridades superiores dispusieron que la agente no se encontraba en condiciones de concurrir al Curso de Capacitación y Perfeccionamiento para Agentes y Suboficiales en los años 2008 y 2009. Siendo que la aprobación de ese curso es requisito para el ascenso, la incomparecencia al mismo importa la imposibilidad de ascenso. Con base en las conclusiones a las que antes se arribó, entiendo que este pedido de indemnización de daños ingresa al rubro denominado «pérdida de chance». Lo que se vio alterada es su expectativa, y lo que debe analizarse es en qué medida es resarcible la misma, siendo necesario hacer un balance de probabilidades a favor y en contra que arroje un saldo favorable que demuestre que estadísticamente o según el curso normal y ordinario de las cosas era probable que obtuviera una ganancia o ventaja de no haber interferido el evento dañoso en el acontecer de los sucesos, como así también la posibilidad de cuantificar la chance frustrada.El daño conocido como pérdida de chance es considerado por algunos como un daño emergente y por otros como lucro cesante, aunque, más bien, pareciera ser autónomo y distinto (SÁENZ, Luis R. J. «La pérdida de chance es un ‘daño-evento’, y no un ‘daño consecuencia'», en Revista de Responsabilidad Civil y Seguros; Ed. La Ley, Bs. As.; Año XV, número 1; 2013, p. 122). Más allá de la clase o categoría en la que pueda ubicárselo, dice Trigo Represas que «(.) hoy en día se acepta en general, pacíficamente, que la pérdida de una chance constituye la privación de una utilidad o de un beneficio patrimonial, que muy verosímilmente se habría podido lograr de no haberse producido el hecho dañoso; por lo que implica, sin duda, un daño cierto indemnizable. Habiendo resuelto nuestra Corte Suprema que ‘para la procedencia del resarcimiento del rubro pérdida de chance debe acreditarse la existencia de un perjuicio con un concreto grado de probabilidad de convertirse en cierto -CSJN, 15-7-97, ‘R.,P.A. c/Estado Nacional’, L.L. 1997-E-15-, o que su reparación es viable ‘si, conforme las verificaciones periciales, no se configuró un perjuicio hipotético o conjetural, sino la efectiva frustración de una esperanza en grado de probabilidad con certeza suficiente -CSJN, 17-7-96, ‘Empr. F.C. Argentinos c/Gálvez’, L.L. 1997-B431.» (TRIGO REPRESAS, Félix A. «La pérdida de chance en el derecho de daños. De la certidumbre de un perjuicio a la mera posibilidad o probabilidad. La noción», en Revista de Derecho de Daños. Chances., Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2008; 2008-1, p. 54), «y que hay algo actual, cierto e indiscutible, cual es la efectiva pérdida de la oportunidad o posibilidad de lograr un beneficio» (p. 57). Dijo este Tribunal en «Vallejos, Miguel Angel c/Estado Provincial s/contencioso administrativo» del 30/08/18 que:»En cuanto a la cuantificación o medida del daño, nunca podrá ser igual a la diferencia salarial como si hubiera ascendido porque ello no ocurrió, por lo que jamás coincidirá el monto a indemnizar con el ciento por ciento (100%) del daño de certeza -diferencia salarial entre ambos cargos- sino un porcentaje, y ese porcentaje dependerá del mayor o menor grado de probabilidad que siempre -igual que en este caso- debe ponderarse según las circunstancias fácticas alegadas, probadas y que surjan de las constancias disponibles para el Tribunal que construye así un prudente arbitrio (Cfr. ESPINOZA, Juan, ‘El daño por pérdida de una chance’, en Kemelmajer de Carlucci, Aída (dir.), Responsabilidad Civil, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2007, p. 428, citado por PIEDECASAS, Miguel A. ‘La pérdida de chance en la CSJN’ en Revista de Derecho de Daños. Chances, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2008-1, p. 179), tal y como dijera esta Cámara en ‘Bertozzi, Gustavo Arnaldo c/Estado Provincial s/contencioso administrativo’ del 25/08/17″.

En el caso, lo que perdió A.M.F. es la oportunidad y es el cercenamiento de esa oportunidad lo que se indemniza. Los problemas laborales que aparecieron en la carrera de la actora a partir de los eventos dañosos, le impidieron concurrir a los Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento. Ello no implica, sin más, que la accionante habría ascendido, siendo que los ascensos policiales tienen un sinnúmero de pasos, incluyendo decisiones discrecionales de las máximas autoridades estatales. En ese entendimiento, considero que la imposibilidad de asistir a los Cursos Anuales correspondientes a los años 2008 y 2009 es un daño que debe ser indemnizado en tanto perdió la posibilidad de ascenso, lo que no implica que la medida de ese daño sea la diferencia salarial entre el cargo que ostentaba -y bajo el que se otorgó el retiro obligatorio- y los cargos siguientes en el escalafón. Por tanto, considero que corresponde abonar una indemnización a la señora A.M.F.consistente en un 30% de la diferencia salarial existente entre el cargo de agente y el de cabo, durante el término de un año (2008) con más los intereses hasta la fecha de esta sentencia y el 30% de la diferencia salarial existente entre el cargo de agente y el de cabo primero, durante el término de un año (2009), considerando dicho porcentaje en atención a que para obtener los referidos ascensos existían un sinfín de circunstancias que determinan la probabilidad en un 30% -finalización del curso, aprobación del mismo, cargos disponibles, inexistencia de otras sanciones, decisión de las autoridades de calificación y nombramiento, entre otros-. En conclusión, conforme surge de los montos vertidos en el informe pericial obrante a fs. 628 y 630 respectivamente y de la ecuación realizada conforme los parámetros antes brindados, la suma por el rubro asciende a PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA y SEIS ($6.256,00). Daño moral o extrapatrimonial: Sobre este rubro, la accionante solicitó la suma de cincuenta mil pesos ($50.000) al momento de interponer la demanda, o lo que en más o menos decida quien sentencie. Para decidir la existencia de este daño y su medida se tienen en cuenta la auscultación de las historias clínicas, el relato de la demanda, las testimoniales producidas en la causa de allegados o conocidos de la accionante, y el resultado final de su carrera -retiro obligatorio-. Asimismo, se meritúa la circunstancia de la afrenta a las emociones de la señora A.M.F.que significa haber sido acosada sexualmente en el trabajo, de las dificultades que debió necesariamente haber implicado tomar la decisión de formular una denuncia, la angustia que ineludiblemente provoca la espera hasta que la Administración resolvió su denuncia mientras duró el procedimiento sumario que culminó con la aplicación de una sanción a M.G.F., y las innumerables juntas médicas a las que fue sometida que, sin perjuicio de no constituir una causa de daño autónomo, formaron parte de un elongado proceso que revictimizó a la accionante. También, la frustración de la carrera que, hago hincapié, no había tenido ningún inconveniente hasta finales de 2007, sin sanciones, sin observaciones y sin que las circunstancias de su condición psiquiátrica y psicológica hubieran tenido ningún impacto sobre su desempeño laboral. Además, la situación familiar de A.M.F., madre de menores de edad durante los sucesos que se analizan, en conjunción con la gravedad y naturaleza de los hechos que motivan la presente. Teniendo en cuenta que la valuación del daño moral se efectúa al momento de la presente sentencia, dicho mérito no se encuentra acotado por la suma que originariamente planteara al interponer la demanda, en razón del elongado transcurso del tiempo. Por todo ello, estimo prudente y conforme la sana crítica racional, condenar a los demandados a indemnizar el daño moral ocasionado valuándolo en la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000). Distribución de responsabilidad por la contribución de las condiciones previas de la víctima: Considero que las condiciones preexistentes a los sucesos de finales de 2007 que motivaron el presente pleito, deben ser utilizadas para el cálculo de la indemnización.En tal sentido, postulo que no hay ningún indicio a lo largo del expediente que permita afirmar que, de no haber ocurrido el evento dañoso, la señora A.M.F., sólo en mérito a sus antecedentes médicos y psicológicos habría terminado incapacitada, pero, sin embargo, la condición que aportaron a la gravedad de las consecuencias deben ser merituadas, entendiendo que aportó al daño. Por ende, al resultado total de los cálculos a los que se arriba, se le aplicará un descuento proporcional del 30%, y habrá de hacerse cargo la demandada del equivalente al 70% de los rubros indemnizatorios. En conclusión, al aplicar el porcentaje de descuento antes mencionado a la suma total de los rubros que prosperan en favor de la actora ($1.641.627,30 incapacidad sobreviniente, $6.256 por pérdida de chance y $200.000 por daño moral =$1.847.883,30), la indemnización total en favor de A.M.F. asciende al monto de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA y TRES MIL QUINIENTOS DIECIOCHO ($1.293.518).

Finalmente, al haberse fijado al momento de la sentencia los montos indemnizatorios que integran tal suma, la misma devengará intereses a partir de la fecha del presente pronunciamiento y hasta su efectivo pago, computándolos a la tasa activa que aplica el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento ordinarias. Aplicación del artículo 9 de la Ley de Responsabilidad del Estado:corresponde, asimismo, en razón de la solución que se propone y a la imputación de responsabilidad estatal provocada por la conducta personal del agente M.G.F., establecer, conforme lo ordena el artículo 9° de la Ley de Responsabilidad del Estado, 10.636, que la responsabilidad originada en la presente causa es imputable a hecho del funcionario a los fines de la acción de repetición para el caso en que la indemnización sea abonada po r el Estado Provincial, y notificar al Tribunal de Cuentas de la Provincia («Aguirre Patricia Mariela c/Municipalidad de San Benito s/contencioso administrativo» del 31/05/19). Costas: en cuanto a las costas, entiendo deben revocarse las de primera instancia atento al modo en que se propone resolver el presente, imponiéndolas en ambas instancias a los demandados vencidos, en el entendimiento que existen motivos para eximir a la actora en dicha imposición respecto de los rubros o ítems que no prosperan, siendo que resulta vencedora cuando se analiza el conflicto como un todo y que la indemnización debe ser preservada en su integralidad.

Honorarios: En cuanto a los honorarios de los profesionales intervinientes, corresponde dejar sin efecto la regulación fijada por la jueza aquo, readecuarla conforme el resultado que se propone y regular los de esta instancia (art. 6 de la Ley 7046). En tal tarea, la base para la fijación de los estipendios conforme el resultado del pleito asciende a 1437,24 Juristas, importe que queda comprendido en la escala que va del 13% al 20% del art. 30 de la Ley 7046, estimándose justo y razonable aplicar un 18% en razón del mérito y complejidad de la labor desplegada por los profesionales intervinientes. Al resultado de la mencionada ecuación corresponde dividirlo por los profesionales actuantes, conforme las etapas en las que se fracciona el proceso ordinario -art. 60-. En representación de la accionante intervinieron el abogado Marcelo Baridón -primer etapa-; en la segunda etapa el citado profesional, la letrada Silvana Sotera y la abogada Vanesa Visconti que presentó el escrito obrante a fs.543; y finalmente los alegatos fueron presentados por Sotera. En consecuencia, se fijan sus honorarios en las sumas de PESOS.($.); PESOS. ($.) y PESOS.($.) para el letrado Marcelo Baridón, Silvana Sotera y Vanesa Visconti, respectivamente. Respecto a los profesionales intervinientes por el codemandado M.G.F., letrados Orlando Alberto Jorge y Mauricio Javier Giles, atento a la actuación que le cupo a cada uno durante el proceso, como así también considerando el resultado del litigio y lo previsto en los arts. 26 y 63 de la ley arancelaria, se fijan sus honorarios en las respectivas sumas de PESOS.($.) y PESOS . ($.). Finalmente, en virtud de lo dispuesto en el art. 15 de la ley de aranceles y la forma en que se imponen las costas del juicio, no corresponde regular honorarios a los representantes de la codemandada Estado Provincial. Los honorarios de segunda instancia para los profesionales intervinientes se fijan conforme el porcentaje que prevé el art. 64. Se deja constancia que las sumas establecidas en carácter de emolumentos no incluyen el impuesto al valor agregado, debiendo estarse a la particular situación de cada profesional a los fines de adicionarlo si correspondiere.

16. Por último, y tal como lo propone el vocal ponente considero que por la temática que se aborda en la presente y datos involucrados en esta, se deben aplicar las «Reglas de Heredia», correspondiendo, en consecuencia, recaratular las actuaciones y confeccionar una versión del acto sentencial para su exportación en la mesa virtual «público online», en las que solo se identifiquen con iniciales los datos de la actora y del codemandado. Así voto. A SU TURNO, EL SEÑOR VOCAL JAUREGUI expuso que adhiere a la solución y al voto que propone la señora Vocal SCHUMACHER. Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el acto quedando acordada la siguiente sentencia: Hugo Rubén Gonzalez Elias Presidente -Disidencia- Gisela N. Schumacher Rodolfo Guillermo Jauregui Vocal de Cámara Vocal de Cámara -Subrogante- SENTENCIA: PARANÁ, 30 de marzo de 2021 VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo que antecede; SE RESUELVE:

I.Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora en fecha 24/09/18, contra la sentencia dictada en autos el día 07/09/18 -obrante a fs. 681/694-, la que se revoca.

II. En consecuencia, condenar a M.G.F y al Estado Provincial a abonar a la actora A.M.F la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA y TRES MIL QUINIENTOS DIECIOCHO ($1.293.518) comprensiva de los rubros que prosperan por incapacidad sobreviniente, perdida de chance y daño moral; rechazando lo pretendido en concepto de daños patrimoniales en relación al consumo de medicamentos y al tratamiento psicológico. A dicha suma se le aplicarán intereses a partir de este pronunciamiento y hasta su efectivo pago, conforme el índice de Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina.

III. Imponer las costas de ambas instancias a los demandados vencidos, conforme las consideraciones efectuadas en el apartado pertinente (artículo 65 del Código Procesal Civil y Comercial).

IV. Dejar constancia que la responsabilidad originada en la presente causa es imputable personalmente al hecho de la dependiente, a los fines de la eventual acción de repetición para el caso en que la indemnización sea abonada por el Estado Provincial, procediéndose a comunicar la presente al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. V. Readecuar los honorarios regulados en primera instancia conforme la nueva base económica, en favor de los letrados intervinientes por la parte actora, Marcelo Baridón, Silvana Sotera y Vanesa Visconti, en las respectivas sumas de PESOS. ($.); PESOS .($.) y PESOS.($.) -artículo 271 del rito civil y comercial, y artículos 3, 5, 6, 14, 30, 31, 59, 60, siguientes y concordantes de la Ley 7.046-.

VI. Readecuar los honorarios regulados en primera instancia para los letrados intervinientes en representación del codemandado M. G. F., en la suma de PESOS. ($.) en favor del letrado Orlando Alberto Jorge y PESOS.($.) en favor del abogado Mauricio Javier Giles -artículo 271 del rito civil y comercial, y artículos 3, 5, 6, 14, 26, 30, 31, 59, 60, 63 siguientes y concordantes de la Ley 7.046-.

VII. No regular honorarios para los representantes del Estado Provincial, en virtud de lo dispuesto en el art. 15 de la ley arancelaria.

VIII. Readecuar los honorarios profesionales de los peritos Dra. Renée Aline Elisa Modad y Cra. Paola Andrea Hasenauer en las sumas de PESOS. ($.) para cada una de ellas. -cfr. art. 17 Ley 4.878 y 21 y ccdtes. de la Ley 7.046-.

IX. Regular los honorarios profesionales por la actuación en esta alzada en favor de la letrada Silvana M. F. Sotera en la suma de PESOS . ($.) y del abogado Héctor Mario Cardona en la suma de PESOS .($.) -arts. 3º, 25, 64º y conc. de la Ley 7.046-.

X. Dejar constancia que las sumas establecidas en carácter de emolumentos de los profesionales intervinientes no incluyen el impuesto al valor agregado, debiendo estarse a la particular situación de cada uno de ellos frente al citado tributo a los fines de adicionarlo si correspondiere.

XI. Recaratular los presentes de la siguiente manera: «A.M.F. C/ M. G. F. Y OTRO S/ ORDINARIO», y tomar razón en los libros obrantes en el organismo y en los registros informáticos.

XII. Confeccionar una versión de la sentencia en la que se inicialicen los datos de la actora y del codemandado para su posterior exportación en la mesa virtual «público online». Regístrese y notifíquese en la forma prevista en los arts. 1 y 4 del Reglamento de Notificaciones Electrónicas (Ac. Gral. Nº 15/18 STJER) dejándose expresa constancia que la presente se suscribe mediante firma electrónica -Resolución STJER N° 28/20, del 12/04/2020, Anexo IV, prorrogada por Acuerdos Especiales del 20/04/20, 27/04/20 y 11/05/20-, prescindiéndose de su impresión en formato papel. En estado, bajen sirviendo la presente de atenta nota de remisión.Hugo Rubén Gonzalez Elias Presidente -Disidencia- Gisela N. Schumacher Rodolfo Guillermo Jauregui Vocal de Cámara Vocal de Cámara -SubroganteANTE MI, EN LAS CONDICIONES DEL ACUERDO DEL 08/04/2020 -ANEXO I «PLAN OPERATIVO» DEL STJER, PTO. 15-: Pablo F. Cattaneo Secretario Se registró. CONSTE. Pablo F. Cattaneo Secretario LEY 7046 Art. 28: NOTIFICACIÓN DE TODA REGULACIÓN. Toda regulación de honorarios deberá notificarse personalmente o por cédula.- Para el ejercicio del derecho al cobro del honorario al mandante o patrocinado, la notificación deberá hacerse en su domicilio real. En todos los casos la cédula deberá ser suscripta por el Secretario del Juzgado o Tribunal con transcripción de este Artículo y del art. 114 bajo pena de nulidad. No será necesaria la notificación personal o por cédula de los autos que resuelvan los reajustes posteriores que se practiquen por aplicación del art. 114.- Art. 114: PAGO DE HONORARIOS: Los honorarios regulados judicialmente deberán abonarse dentro de los diez días de quedar firme el auto regulatorio. Los honorarios por trabajos extrajudiciales y los convenidos por escrito cuando sean exigibles, se abonarán dentro de los diez días de requerido su pago en forma fehaciente. Operada la mora, el profesional podrá reclamar el honorario actualizado con aplicación del índice, previsto en el art. 29º desde la regulación y hasta el pago, con más un interés del 8 % anual. En caso de tratarse de honorarios que han sido materia de apelación, sobre el monto que queda fijado definitivamente en instancia superior, se aplicará la corrección monetaria a partir de la regulación de la instancia inferior. No será menester justificar en juicios los índices que se aplicarán de oficio por los Sres. Jueces y Tribunales.-

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