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#Fallos Locación de servicios: No se configura un contrato de trabajo si el actor estuvo vinculado a la accionada mediante un contrato de locación de servicios y ésta le abonaba en función de las horas que laboraba para un tercero

Partes: Fernández Delgado Alejandro Martín c/ Inclusión Services S.A. y otros s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 2-nov-2020

Cita: MJ-JU-M-129164-AR | MJJ129164 | MJJ129164

No se configura un contrato de trabajo si el actor estuvo vinculado a la accionada mediante un contrato de locación de servicios y ésta le abonaba retribuciones en función de las horas que laboraba para un tercero.

Sumario:

1.-Es procedente confirmar el rechazo de la demanda laboral porque los testimonios rendidos desacreditan que el accionante se hubiere encontrado sometido a la dependencia técnica, económica y jurídica de Ia demandada y, en definitiva, sujeto a una relación de autoridad con ésta siendo que ambos coincidieron en que el actor respondía a instrucciones y directivas de otra empresa, que era ésta quien controlaba la ejecución de su labor, que no cumplía un horario preestablecido por la demandada y que si bien era ésta quien abonaba sus retribuciones, lo había en función de la cantidad de horas prestadas a favor de esa otra empresa, máxime considerando que tras la finalización de la locación de servicios que lo uniera con la accionada, el actor contrató de manera directa con esa otra sociedad.

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Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 02 de noviembre de 2020, luego de deliberar en forma remota y virtual mediante los canales electrónicos disponibles, a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, atento a lo dispuesto en el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional Nº 297/2020 (prorrogado mediante posteriores decretos), en función de la emergencia sanitaria declarada en la República Argentina mediante Decreto Nro. 260/2020 y a lo dispuesto en las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los integrantes de la Sala II, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

El Dr. Víctor Arturo Pesino dijo:

I) Contra la sentencia de primera instancia de fecha 4/12/2019, que desestimó íntegramente la pretensión actoral, se alza el señor Fernández Delgado a tenor del memorial que replican Inclusion Services SA y Mariano y Nicolás Baca Storni. Además, el ex abogado de los codemandados cuestiona, por entenderla reducida, la cuantía de los honorarios regulados a su favor.

II) Explicó el actor, en el escrito inicial, que fue contratado por Nicolás y Ariel Baca Storni 28/8/2015 para desempeñar, a partir del 29/8/2015, a las órdenes de Inclusion Services SA, tareas como consultor SAP FICO (sistema de gestión de módulos de Finanzas y Costos), a requerimiento del Banco Interamericano de Desarrollo, con sede en Washington DC, Estados Unidos. Refirió que, aunque el vínculo se encubrió mediante la apariencia de una locación de servicios, tuvo, en verdad, naturaleza laboral, en tanto se insertó en una organización productiva ajena, a cambio de una retribución. Agregó, asimismo, que la relación feneció el 7/4/2016 por despido indirecto, extrema decisión que adoptó ante la negativa de su empleadora a registrar el contrato de trabajo.Inclusion Services SA, en su responde, dijo ser una empresa dedicada al desarrollo y venta de software y ocuparse, además, de brindar apoyo informático a diferentes empresas.

Señaló que, ante el requerimiento de consultoría SAC efectuado por uno de sus clientes, el Banco Interamericano de Desarrollo, contrató los servicios del pretensor para el período 30/8/2015 – 1/12/2015 y que ese contrato de locación de servicios, a pedido de la entidad usuaria, se prorrogó, primero, hasta el 31/12/2015 y, finalmente, hasta el 29/1/2016.

III) Trataré seguidamente el recurso que deduce el señor Fernández Delgado, en el que objeta, básicamente, que la magistrada a quo tuviera por cierto lo alegado por la sociedad y las personas físicas demandadas, respecto de que lo que existió entre las partes fue un contrato de carácter civil (en la especie, una locación de servicios) y, por ende, desestimara la denunciada existencia de un vínculo de naturaleza dependiente.

Adelanto que no tiene razón. A propuesta del pretensor declaró una única testigo, Evangelina Andina, en la audiencia del 6/8/2018. Refirió tener juicio pendiente contra Inclusion Services SA por incumplimiento contractual; sostuvo que conoció a Fernández Delgado en 2010, en el marco de otra empresa, que en Inclusion Services SA se lo «cruzó» «tres veces», en la época en que ella tuvo entrevistas para acceder a una consultoría, «a fines de 2015 (.) principios del año 2016» que, según le «parecía», cumplió tareas en favor de la demandada entre mayo y julio de 2016, que Fernández Delgado era consultor «SAP», que prestaba labores en el exterior, en Estados Unidos; que, al igual que ella, recibía órdenes de Mariano Baca; que facturaba por sus servicios; que su horario de trabajo era de 9 a 18 hs. de lunes a viernes y que sabía que era así porque todos tenían la misma jornada.Agregó que la empresa se hacía cargo de los gastos en el extranjero, abonaba el traslado, el hotel, viáticos, alimentos y que tenía conocimiento de ello porque «tenía un compañero que tenía un proyecto en Chile» y así pagaban. Dos fueron los testigos que comparecieron a instancia de la parte demandada: Melina Nogueira Fernández y Ariel Ventura, también en la misma audiencia. La primera, que dijo ser empleada de Inclusion Services SA desde 2011, sostuvo que Fernández Delgado «hacía consultoría técnica específicamente al Banco Interamericano de Desarrollo (BID)», que fue contratado por tres o cuatro meses «porque se necesitaba una consultaría técnica específica en SAP», que recibía órdenes directamente del BID, que era el BID el que controlaba su trabajo; que no cumplía horario, puesto que era un «prestador externo» y, por eso, no estaba sujeto a «sellar ni ingresar con la huella» y que, según suponía, tenía sus propias herramientas de trabajo.

Manifestó que, pese a haber visto a Fernández Delgado en una única oportunidad en las oficinas de la compañía, tenía conocimiento de todo lo dicho porque, en 2015, era ella quien estaba a cargo de la gestión operativa de los proyectos. Ventura, a su turno, manifestó que ingresó a Inclusion Services SA a fines de 2012, que conoció al pretensor en 2015, que desconocía cuál era el servicio puntual que brindaba, pero que sí sabía que fue contratado para prestar asistencia técnica en tareas puntuales requeridas por el BID, que recibía instrucciones directamente del BID, que Fernández Delgado prestó ese servicio «durante cinco meses o seis», según tenía entendido y que trabajaba con sus propias herramientas.Afirmó que tenía conocimiento de todo ello por ser quien se ocupaba -y se ocupa- de los pagos por servicios prestados, prestaciones que se abonan por «cierre de horas mensuales» y por «vía transferencia bancaria». A mi modo de ver, los testimonios de Ventura y Nogueira Fernández desacreditan que el accionante se hubiere encontrado sometido a la dependencia técnica, económica y jurídica de Inclusion Services SA y, en definitiva, sujeto a una relación de autoridad con la compañía (ver, en este sentido: Alain, Supiot, «Lecturas Derecho Laboral y Seguridad Social, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, 2004, pág. 5).

Repárese que, ambos declarantes, coincidieron en que Fernández Delgado respondía a instrucciones y directivas del Banco Interamericano de Desarrollo; que era esa entidad la que controlaba la ejecución de su labor; que no cumplía un horario preestablecido por Inclusion Services SA y que si bien era esta última empresa quien abonaba sus retribuciones, lo hacía en función de la cantidad de horas prestadas a favor del BID; los testigos, asimismo, no dieron cuenta de que el reclamante pudiera haber sido sancionado de algún modo por la compañía accionada.

Es más, lo expuesto por Ventura y Nogueira me hace pensar que, si en verdad existió un vínculo dependiente, este se habría suscitado entre Fernández Delgado y el Banco Interamericano de Desarrollo y refuerza mi hipótesis el hecho de que, tras la finalización de la relación jurídica que lo uniera con Inclusion Services SA, el accionante fue contrato de manera directa por el BID, como él mismo lo reconoce en su crítica. Esa relación, claro, no está en tela de juicio -ni, en principio, podría estarlo- en el sub examine y, en todo caso, se regiría por el derecho estadounidense y no por el argentino. No enerva lo expuesto el testimonio de Evangelina Andina.Es que la dicente basó lo expuesto, para el caso del señor Fernández Delgado, en simples conjeturas a las que arribó por su propia experiencia y por lo que, según le contó, le tocó vivir a un innominado compañero de trabajo. Sus dichos, por ende, son absolutamente ineficaces para tener por cierto que, entre el actor e Inclusion Services SA, medió un contrato de trabajo.

Tampoco altera mi conclusión desestimatoria de la existencia de una relación de naturaleza laboral, el texto de la carta en inglés que emitiera Mariano Baca Storni, como gerente de Inclusion Services SA, el 28/8/2015, para ser presentada ante las autoridades migratorias de Estados Unidos, en cuya introducción se consignara: «Por la presente se certifica que Alejandro Martín Fernández Delgado, DNI (.), nacido el (.), trabaja en Inclusion Services SA como Consultor SAP FI/CO» (ver traducción efectuada por el perito designado en la causa).

Es que, aunque el verbo «trabajar» es intrínseco en el -valga la redundancia- contrato de trabajo, no es exclusivo de éste vínculo jurídico, como ocurre con las personas que prestan un servicio de carácter civil, los cuales constituyen, indudablemente, un tipo de trabajo.

De todos modos, y es esto lo determinante, el vocablo inglés «work», cuya traducción al español es «trabajar», no necesariamente hace referencia un vínculo dependiente, en tanto, en ese idioma, esa palabra puede tener implicancias de muy diferente tenor.Por otro lado, aun cuando sea opinable la aplicación de la ley 20.744 a un vínculo que si bien se inició en la República Argentina, se desarrolló íntegramente en los Estados Unidos, lo que contraría la clara disposición final del artículo 3 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo cierto es que, en el hipotético supuesto de que se aplicara, los efectos de la presunción del artículo 23 de la ley en cuestión, que se habría activado ante el reconocimiento de la prestación de servicios efectuado por Inclusion Services SA, se encontrarían desvirtuados frente a lo declarado por Nogueira Fernández y Ventura, quienes, a mi entender, dieron cuenta de la inexistencia de una relación de autoridad entre la entidad accionada y el señor Fernández Delgado.

Así, previo a dejar en claro que no hay prueba en la causa que demuestre que la relación jurídica que uniera al actor con Inclusion Services SA se extendiera más allá del 29/1/2016, fecha de finalización del último contrato de locación suscripto por las partes el 31/12/2015 (ver el documento aportado junto a su responde por la entidad accionada, expresamente reconocido por el actor al contestar el traslado co nferido en los términos del artículo 71 de la ley 18.345), opino que se desprende sin hesitación del sub lite que el pretensor actuó como un trabajador autónomo, que no se encontró sujeto a órdenes ni directivas de Inclusion Services SA, sino que respondía al Banco Interamericano de Desarrollo y que no se sometió a la dependencia económica de la empresa demandada, en tanto contaba con la posibilidad de prestar servicios para el BID, o de no hacerlo y, así, de determinar él, en función de la cantidad de horas desempeñadas, los emolumentos que percibiría al finalizar el mes; por eso, como lo adelanté, propicio desestimar la queja en examen, cuyos lineamientos centrales abordé a lo largo de este voto y confirmar la sentencia apelada en tanto desestimóla existencia de un contrato de trabajo.

Auspicio, consecuentemente, por mantener el íntegro rechazo de la acción deducida por Fernández Delgado contra Inclusion Services y contra Mariano y Nicolas Baca Storni (art. 726 del Código Civil y Comercial de la Nación).

IV) Toda vez que no encuentro razón alguna para apartarme del principio rector en la materia, propongo confirmar, también, la manera en la cual, en primera instancia, se impusieron las costas del proceso, esto es, enteramente a cargo del actor vencido (art. 68, 1º párrafo, del CPCCN).

V) Atento al mérito, extensión y calidad de las tareas desplegadas en la anterior sede, el monto razonablemente involucrado en el pleito (Fallos: 329:4506 ), considero que la cuantía de los honorarios regulados en favor de los abogados de Inclusion Services SA y Mariano y Nicolás Baca Storni ($20.000) luce equitativa y ajustada a derecho, razón por la cual propicio confirmarla y desestimar los agravios que el accionante y el ex representante legal de los codemandados formulan al respecto (arts. 38 de la LO. 6, 7, 9, 19 y 39 de la ley 21.839, y decreto ley 16.638/57).

VI) Sin perjuicio de ello y previo a aclarar, en razón de lo alegado en la crítica, que sus trabajos fueron realizados antes de la entrada en vigencia de la ley 27.423, considero conveniente señalar que del total regulado a los asistentes de Inclusion Services SA y Mariano y Nicolás Baca Storni un (%) corresponde a quienes los representaron hasta el 1/2/2018.

VII) Para finalizar, en atención al resultado del recurso interpuesto, voto por imponer las costas de Alzada al señor Fernández Delgado (art.68, 1º párrafo, del CPCCN) y, en orden a lo que prevé el artículo 30 de la ley 27.423, sugiero regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado del reclamante y los de los asistentes legales de los coaccionados, en su conjunto, en el (%) de lo que, en definitiva, le corresponda percibir, a cada uno, por su actuación en la instancia anterior.

El Dr. Gregorio Corach dijo:

Adhiero al voto del Dr. Víctor Pesino, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

1) Confirmar el pronunciamiento de grado en todo cuanto fue materia de agravios; 2) Aclarar que del total regulado en la anterior sede a los abogados de los codemandados, un (%) corresponde a quienes los representaran hasta el 1/2/2018; 3) Imponer las costas de Alzada a cargo del señor Fernández Delgado; 4) Fijar los honorarios de la representación letrada del pretensor, y los de los abogados de los coaccionados, por su desempeño ante esta sede, en el (%) de lo que, en definitiva, le corresponda percibir a cada uno por su actuación en la instancia anterior; 5) Hágase saber a los interesados, lo dispuesto por el art. 1 de la ley 26.856 y por la Acordada de la CSJN Nº. 15/2013, a sus efectos.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Gregorio Corach

Juez de Cámara

Víctor A. Pesino

Juez de Cámara

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