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#Fallos ProCreAr: El hecho de que una persona hubiera diluido el vínculo con su conviviente no justifica el reencuadramiento del crédito hipotecario en un segmento con tasa de interés menor

Partes: Grieco Romina Mónica c/ Banco Hipotecario S.A. s/ sumarísimo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 12-nov-2020

Cita: MJ-JU-M-129358-AR | MJJ129358 | MJJ129358

El hecho de que la actora hubiera diluido el vínculo con quien fuera su conviviente no justifica el reencuadramiento del crédito ProCreAr en un segmento que determina una tasa de interés menor.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar el rechazo de la acción deducida contra el banco con el objeto que proceda a re-encuadrar el crédito concedido su parte en el marco del programa PRO.CRE.AR. pues más allá de que la actora sostuvo haber comunicado en tiempo y forma la disolución de su vínculo con quien fuera su conviviente, pretendiendo que como única titular del préstamo, se la recategorizase en el Segmento 3 (que determina una tasa fija del 10% durante los primeros cinco años y variable a partir del sexto año con un tope del 15%) y no en el Segmento 5 (como originalmente figuraba); no menos cierto es que la demandada demostró haberle informado que la solicitud únicamente podría continuar bajo la condición de permanecer con la calificación en el segmento PRO.CRE.AR 5 en el que había sido designada con su entonces pareja, lo que fue debidamente aceptado por la solicitante.

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2.-Toda vez que la actora recurrente no controvirtió ninguno de los aspectos medulares que tuvo en cuenta el juez en su resolución para desestimar la acción, en particular, que el crédito al que la accionante accedió tuvo un trámite especial, debido a la baja de uno de los peticionarios del crédito, que ella impulsó y consintió expresamente, y que en todo momento la actora contó con la información suficiente definir contraer el crédito en las nuevas condiciones propuestas por la entidad bancaria, se juzga que debe rechazarse la acción deducida contra el banco con el objeto que proceda a re-encuadrar el crédito concedido su parte en el marco del programa.

Fallo:

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2020.

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la actora el 05/08/2020, concedido el 12/08/2020 y fundado el 20/08/2020, contra la resolución de fs. 215/229, cuyo traslado fue contestado el 09/09/2020; y CONSIDERANDO:

I. El señor Juez de grado rechazó la demanda deducida en la especie, e impuso las costas a la accionante (art. 68, CPCCN).

Interesa destacar que la actora dedujo la acción contra Banco Hipotecario S.A. con el objeto que proceda a re-encuadrar el crédito nro.0210051413 concedido su parte en el marco del programa PRO.CRE.AR.

Pidió que se la incluyera en la línea de créditos del Segmento 3, que establece una tasa de interés del 10% para los primeros cinco años -en lugar del 14% que actualmente paga por haber sido incluida en el Segmento 5-, y una tasa variable al límite del 15% por el resto del plazo -en lugar del 18% actual-, adecuando el costo financiero total que correspondería por la aplicación pertinente.Sobre esa base, requirió que se recalcule el valor de la cuota mensual a cancelar y se ordene al banco accionado que aplique las sumas ya abonadas en exceso al pago de capital aún adeudado.

La entidad bancaria demandada, por su parte, se opuso al progreso de la acción, arguyendo -en resumidas cuentas- que Grieco, en su condición de abogada, conocía perfectamente las particularidades que había tenido la operatoria del crédito de la cual resultó beneficiada, deviniendo inadmisible el reclamo intentado.

Al desestimar la demanda, el anterior magistrado valoró que estaba demostrado que el Área de Riesgo de la entidad accionada dictaminó el 07/08/14 y ordenó tener por aprobado el préstamo hipotecario solicitado por la actora con modificaciones (particularmente la concerniente a otorgar crédito en tanto y en cuanto se mantenga el ofrecimiento en el Segmento 5), debido a que ésta se había separado de su conviviente (quien originalmente había participado de la solicitud del crédito, renunciando luego a ello). Así las cosas, se detalla que el préstamo reconfigurado se compuso por un monto de $459.200 a devolver en un plazo de 240 meses, con una tasa del 14%, LTV 103%-LTV Máx. 80%, destino: Construcción, Fondos Construcción Inmuebles (v. fs. 62).

Añadió que teniendo en vista dicho dictamen, la demandante se notificó de la aprobación del mencionado crédito por la suma de $459.200 el día 08/08/14, conforme surge de la nota de fs.64, a través de la cual solicitó, a su vez, el desembolso del anticipo del 30% del monto del mismo, es decir la suma de $137.760, comprometiéndose a otorgar la correspondiente hipoteca en primer grado de privilegio a favor del fiduciario en un plazo máximo de 90 días corridos a contar desde la fecha del desembolso del anticipo, lo que finalmente se concretó el 05/11/2014.

Evaluó el magistrado que el 21/08/14 la demandada había concedido el anticipo solicitado mediante la carta de pago que obra glosada en la carpeta reservada bajo sobre n° 5415 -no desconocida por las partes- en la que también se especificó, una vez más, la tasa aplicable (T.N.A. 14%).

Tuvo presente que dicha carta de pago se encuentra debidamente suscripta por la señora Grieco.

Por ende, consideró que la conducta desplegada por el banco tanto en la etapa precontractual, como al momento de la formalización del contrato y su ejecución que devino con posterioridad, lucía ajustada a derecho, de conformidad con lo que se desprende de la normativa que rige para los préstamos hipotecarios otorgados en virtud del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PRO.CRE.AR), como así también de las disposiciones que emanan de la Ley de Defensa del Consumidor.

Señaló que lo aludido autorizaba a concluir que fue la propia actora quien se puso la situación que invoca, en forma libre y voluntaria, y es por ello que cabía aplicarle la teoría de los «actos propios», lo que significaba -tal como se adelantara- el rechazo de la demanda.

II. Contra esa decisión se agravió la señora Grieco, quien refirió que el señor Juez de grado: i) Efectuó una valoración sesgada de la peritación contable, la que fue impugnada en su momento por su parte. ii) Confirió valor al denominado «Anexo I» presentado como prueba por la demandada, el que, sin embargo nunca fue conocido por su parte.Añadió, a mayor abundamiento, que dicho anexo -emitido con posterioridad a la utilización del primer desembolso- no resultaba aplicable a la especie por tratarse de un manual de crédito de préstamos PRO.CRE.AR para desarrollos urbanísticos de solicitantes sin terreno, cual no era su caso, pues su parte poseía el terreno donde se hizo la obra financiada con el crédito obtenido.

III. Delineados del modo expuesto los antecedentes de la problemática suscitada, el tema a decidir por ante esta Alzada reside en dilucidar si fue acertada -o no- la decisión del Señor Juez de grado de rechazar la demanda al entender que conforme surgía de las probanzas habidas en la especie, la actora fue debidamente informada acerca de las condiciones en las que se le otorgaría el crédito PRO.CRE.AR al que accedió, por lo que no procedía el re-encuadre financiero requerido.

O bien si, tal como postula la apelante, corresponde revocar dicho pronunciamiento y hacer lugar a su pretensión, toda vez que el sentenciante no habría evaluado debidamente la pericia contable y habría tenido en cuenta, al momento de adoptar su decisión, un anexo documental sin validez alguna para el sub lite.

Al análisis de esa cuestión corresponderá entonces pasar a abocarse seguidamente, sin perjuicio de hacer antes una breve digresión preliminar acerca de la ausencia de idoneidad formal de las queja a los efectos previstos en el art. 265, CPCCN.

IV. En efecto, una minuciosa lectura del memorial presentado por la accionante permite observar -ante todo- que la endeble argumentación desarrollada en dicha pieza, no constituye -en rigor- una crítica concreta, seria y razonada de las apreciaciones que dan sustento al pronunciamiento atacado en los términos exigidos por la ley ritual, con lo que -en principio- no se advierte satisfecha la carga impuesta al recurrente por el art. 265, CPCCN.

Sin embargo, este Tribunal siempre se ha guiado en este campo con un criterio de amplia tolerancia para ponderar la suficiencia de la técnica recursiva exigida por el citado art.265 de la ley adjetiva, por entender que esa amplitud de criterio es la que más adecuadamente armoniza el cumplimiento de los requisitos legales impuestos por la norma jurídica antes citada, con la garantía de la defensa en juicio que tiene en el orden jurídico nacional raigambre constitucional (CN: 18; esta Sala III, causa 998/2014, fallo del 24/09/2020).

De ahí entonces que el criterio de apreciación a este respecto debe ser necesariamente amplio, atendiendo a que, por lo demás, los agravios no requieren formulaciones sacramentales, alcanzando así la suficiencia requerida por la ley procesal cuando contienen, en alguna medida, aunque sea precaria, una crítica concreta, objetiva y razonada a través de la cual se ponga de manifiesto el error en que se ha incurrido -o que se atribuye a la sentencia o resolución atacada- y al mismo tiempo se refuten las consideraciones o fundamentos en que aquella fue sustentada para, de esta manera, descalificarla como acto jurisdiccional.

Pero también se ha dicho, en forma reiterada, que no obstante tal amplitud en la apreciación de la técnica recursiva, existe un mínimo por debajo del cual las consideraciones o quejas traídas carecen de entidad jurídica como «agravios» en el sentido que exige la ley de forma, tal como ocurre en el sub-examine, en donde el apelante no plantea otra cosa que una mera disconformidad con lo decidido en la anterior instancia. Y es -en esa línea de pensamiento- que no resulta legalmente viable discutir el criterio judicial que da sustento a la resolución que se cuestiona si no se apoya la oposición en un basamento idóneo o sin que sean aportadas razones jurídicas que permitan dar sustento a un distinto punto de vista (cfr. esta Sala III, causa 5125/2019, fallo del 03/09/2020) En ese marco, no puede dejar de tenerse presente que la actora recurrente no controvirtió ninguno de los aspectos medulares que tuvo en cuenta el juez en su resolución para desestimar la acción, en particular:i) el crédito al que la accionante accedió tuvo un trámite especial, debido a la baja de uno de los peticionarios del crédito, que Grieco impulsó y consintió expresamente, y ii) en todo momento la actora contó con la información suficiente definir contraer el crédito en las nuevas condiciones propuestas por la entidad bancaria.

Repárese en que si bien, entre la multiplicidad de documentos anejados a la causa y valorados por el magistrado de grado se tuvo a la vista el «Manual de Crédito -Préstamos PRO.CRE.AR para Desarrollos urbanísticos (solicitantes sin terreno)», lo concreto es que aún prescindiendo de las apreciaciones concretadas por el a quo respecto de tal instrumento (que ostenta mero carácter informativo para los casos que resultasen comprendidos, entre los que no estaría el del sub lite), la solución dada en derecho no mutaría.

En esa inteligencia, resulta dirimente sopesar que más allá de que la actora sostuvo haber comunicado en tiempo y forma la disolución de su vínculo con el señor Stringa Rosales (quien fuera su conviviente), pretendiendo que como única titular del préstamo, se la recategorizase en el Segmento 3 (que determina una tasa fija del 10% durante los primeros cinco años y variable a partir del sexto año con un tope del 15%) y no en el Segmento 5 (como originalmente figuraba); no menos cierto es que la demandada demostró haberle informado que la solicitud únicamente podría continuar bajo la condición de permanecer con la calificación en el segmento PRO.CRE.AR 5 en el que había sido designada con su entonces pareja (categoría que establece una tasa fija del 14% durante durante los primeros 48 meses a contar d esde el inicio del período de desembolso, y una tasa variable con un tope del 18% nominal anual a partir del mes 49), lo que fue debidamente aceptado por la solicitante.

Prueba de lo manifestado es que, conforme surge de documentación no cuestionada por la actora, el Área de Riesgo del banco demandado dictaminóel 07/08/14 y ordenó tener por aprobado el préstamo hipotecario con modificaciones, considerando la situación descripta en el párrafo precedente. Así las cosas, se detalló que el mutuo se hallaba compuesto por un monto de $459.200 a devolver en un plazo de 240 meses, con una tasa del 14%, LTV 103%-LTV Máx. 80%, destino: Construcción, Fondos Construcción Inmuebles (v. fs. 62).

Adviértase que la demandante se notificó de la aprobación del mencionado crédito por la suma de $459.200 el día 08/08/14, conforme surge de la nota de fs. 64 presentada ante el Banco Hipotecario S.A. -que no fuera desconocida por la interesada- a través de la cual solicitó, a su vez, el desembolso del anticipo del 30%, es decir la suma de $137.760, comprometiéndose a otorgar la correspondiente hipoteca en primer grado de privilegio a favor del fiduciario en un plazo máximo de 90 días corridos a contar desde la fecha del desembolso del anticipo, consumándose la firma de la escritura, finalmente, el 05/11/2014 (véase documentación reservada en sobre de documentación original).

La totalidad de la documentación referida con prelación se encuentra suscripta con Grieco, quien no hizo reserva alguna, ni menos aún manifestó desacuerdo con la leve modificación porcentual de la tasa de interés propuesta por la demandada, en función del análisis de riesgo realizado en su momento Desde esa perspectiva, tiene presente esta Sala que la autonomía de la voluntad como derecho incuestionable, comprende la discrecionalidad de contratar o negarse a hacerlo, la de elegir con quien contratar y en última instancia decidir sobre la regulación del convenio (cfr. Belluscio – Zannoni, «Código Civil y leyes complementarias», t. 5, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1984, p.892). Son las libertades que López de Zavalía denomina «de conclusión» y «de configuración» del contrato y que comprenden, por un lado, la decisión de contratar, y por otro, la elección de la forma y la posibilidad de modificar, transmitir y extinguir lo convenido, sincronizando con el co-contratante el ejercicio de estas facultades, siempre preservando derechos de terceros (véase: López de Zavalía, Fernando J., «Teoría de los contratos. Parte General», 3ª ed., Buenos Aires, p. 300; Spota, Alberto G., «Instituciones de Derecho Civil – Contratos», Buenos Aires, 1975-I-Nros. 16/17, p. 22 y ss).

En este marco, no cabe caer en la simplificación de quienes sostienen la crisis de la noción de autonomía de la voluntad clásica, ante la aparición de los contratos por adhesión como el de la especie, pues en aquellos casos en que no se verifique abuso del estado de necesidad, ligereza o inexperiencia de una de las partes, o en los que no se verificase abuso del derecho o mala fe, la «libertad de contratar» encuentra un instrumento útil al tráfico jurídico de masas en la integración de fórmulas contractuales generales, «estandarizadas» o predispuestas que, de este modo, expresan suficientemente la voluntad de las partes que las han aceptado, al incorporarlas a su relación jurídica (cfr. arg. art. 9 y cc.CCivCom).

De ello se colige que -por regla- los contratos con cláusulas predispuestas o por adhesión en principio, obligan a las partes a lo allí convenido , no escapando el aquí examinado a ese parámetro.

Adviértase que atender a lo impetrado por la quejosa implicaría tolerar que aporte razones de derecho que contravienen sus propios actos, es decir, que asuma una conducta que la coloca en contradicción con una suya anterior, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, desatendiendo el postulado de la buena fe -que apareja un deber de coherencia de la actuación- que debe regir el comportamiento de los contratantes en el desarrollo de la relación jurídica, en la celebración, interpretación y ejecución de los negocios jurídicos (arts. 9, 10, 961, 964 y cc.CCivCom; Fallos 275:235 y 459; 308:72; 321:2530; este fuero, esta Sala III, causa 12.540/18, del 27/08/2020; Sala II, causa 7611/00, del 06/11/2001; ídem, causa 1051/97 del 07/12/2005; CNCom., Sala A, 28/12/2007, in re: «Banco de la Provincia de Buenos Aires c. Hierros Vázquez Soc.Colectiva y otros»; idem, 15/03/1985, in re: «Colombo, Antonio c. Apolo Compañía Argentina de Seguros S.A.»; véase también ED 75-370; 76- 610; 80-544; 81-157; 81-610; 82-431; 83-269; 83-473; 85-348; 85-539;88-686; 91-250; 91-434; 95-219; 95-233; 97-363; 98-314; R.E.D. 13, p.104 sum. 15, p. 35/36 sum. 4, 7 y 10, etc.; cfr. Franz Wieacker, «El principio general de la buena fe»; Cuadernos Civitas S.A., Madrid, España, 1977, p. 146; Luis Diez Picazo Ponce de León, «La doctrina de los propios actos», Ed. Bosch, Barcelona, España, 1963, p. 142; J.Mosset Iturraspe; «Justicia Contractual», Ed. Ediar, Buenos Aires, 1977, p. 146; E.T. Bianchi y H.P.Iribarne, «El principio general de la buena fe y la doctrina del venire contra factum propium non valet», ED, 106/851; Belluscio, Augusto, «Código Civil Comentado, Anotado y Concordado»; Ed. Astrea, t. V, Buenos Aires, 1984, p. 908; José Luis de los Mozos; «El principio de la buena fe», Ed. Bosch, 1965, p. 183) Finalmente, en lo que atañe al agravio formulado en torno a la valoración brindada por el a quo al resultado de la peritación contable -de la que surge que el crédito concedido a la actora fue debidamente encuadrado considerando la petición crediticia inicial, que fue la aceptada por la actora para recibir el mutuo (fs. 137)-, tiénese presente que para que las conclusiones emanadas de los expertos no sean tenidas en cuenta por los tribunales es de menester arrimar evidencias capaces de convencer de que los datos proporcionados por el especialista son insuficientes, erróneos o infundados. Es sabido que aún cuando los resultados del dictamen pericial no obligan a los jueces en la ponderación de la prueba, para prescindir de ella se requiere, cuando menos, que se le opongan otros elementos no menos convincentes (CSJN, 13/08/1998, in re «Soregaroli de Saavedra, María Cristina c/ Bossio, Eduardo César y otros» , Fallos, t° 321, p. 2118). Es que la amplia libertad de los magistrados para apreciar dictámenes periciales no implica la concesión de una facultad para apartarse arbitrariamente de la opinión fundada del perito idóneo; máxime existiendo razones más que suficientes para inferir que las conclusiones arrimadas por el experto no son alejadas de la realidad, considerando las circunstancias cambiantes que experimentó la gestión del crédito a raíz de la mutación en la situación personal de la peticionaria.

Lo precedente sella la suerte adversa del recurso.

Por ello, SE RESUELVE:

Confirmar el pronunciamiento apelado, con costas de Alzada a la recurrente (arts. 68 y 69, CPCCN).

El señor Juez Eduardo Daniel Gottardi integra la Sala conforme a la Resolución n° 62 de Superintendencia de esta Cámara, del corriente año.

Regístrese, notifíquese a las partes, publíquese y devuélvase.

Ricardo Gustavo Recondo

Guillermo Alberto Antelo

Eduardo Daniel Gottardi

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