#Fallos La crítica debe ser prolija: La Corte rechaza la queja deducida por la ART contra la sentencia que declaró inconstitucional el tope del art. 14, ap. 2, inc. a) de la ley 24.557 pues sus agravios son ineficaces

Partes: Álvarez Yésica Verónica c/ Asociart ART S.A. s/ accidente – ley especial

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 15-oct-2020

Cita: MJ-JU-M-128440-AR | MJJ128440 | MJJ128440

Se rechaza la queja deducida por la ART contra la sentencia que declaró inconstitucional el tope establecido en el art. 14, apartado 2, inc. a) de la ley 24.557 pues sus agravios son ineficaces.

Sumario:

1.-Es imporcedente la queja deducida por la ART demandada contra la sentencia que declaró inconstitucional el tope establecido en el art. 14, apartado 2, inc. a) de la Ley 24.557, pues el agravio de la recurrente que, con base en el precedente ‘Espósito’, argumenta que no corresponde calcular las obligaciones nacidas con anterioridad al dec. 1.694/2009 evadiendo el tope del dec. 1278/2000 en tano ello operaría como una indexación prohibida por Ley, resulta ineficaz toda vez que el a quo no prescindió del límite legal en función del dec. 1.694/2009, sino que lo declaró inconstitucional mediante un razonamiento que no fue refutado por la recurrente. (Del dictamen del Procurador al que la Corte remite.)

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2.-Para la procedencia del remedio federal, no basta la aserción de una determinada solución jurídica si ella no está razonada, no constituye un agravio concretamente referido a las circunstancias del caso y no contempla los términos del fallo impugnado, del cual deben rebatirse, mediante una crítica prolija, todos los argumentos en que se apoya y dan lugar a agravios.(Del dictamen del Procurador al que la Corte remite.)

Fallo:

Procuración General de la Nación

-I-

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo modificó parcialmente la sentencia de la anterior instancia, que había admitido la demanda y condenado a Asociart ART S.A. por la incapacidad laboral derivada del accidente in itinere que sufrió la accionante el 17 de julio de 2009 (cf. fs. 288/297, 317/319 Y 336 de los autos principales, que se citarán en adelante salvo aclaración en contrario).

En lo que interesa, valoró que si bien el monto de la condena supera el tope de $180.000 establecido en el artículo 14, apartado 2, inciso a), de la ley 24.557 -texto según decreto 1.278/2000- y que ese límite es aplicable porque regía al tiempo del siniestro, corresponde declarar su inconstitucionalidad. En ese aspecto, remitió a precedentes del tribunal dictados de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia Nacional en el antecedente de Fallos: 333:1361 , «Ascua».

Cabe consignar que, según calculó la alzada, la indemnización ajustada al tope ascendía a $30.600 (17% x $180.000), mientras que, tras declarar la invalidez del límite, la condena fue fijada en $40.585,15 (53 x $2.078,98 x 17% x 65/30).

-II-

Contra esa resolución Asociart ART S.A. interpuso el recurso extraordinario, que fue denegado, dando origen a esta queja (fs. 321/334 y 346 y fs. 27/30 del cuaderno respectivo).

En lo sustantivo, la recurrente refiere que la declaración de inconstitucionalidad del tope legal soslaya lo resuelto por la Corte en el precedente de Fallos: 339:781 , «Espósito», en tanto allí se determinó que las disposiciones del decreto 1.694/2009, que derogó el decreto 1.278/2000, no deben ser aplicadas a las contingencias ocurridas con anterioridad a su entrada en vigor.Señala que uno de los efectos de esa doctrina es impedir que las prestaciones dinerarias que hubieran nacido con anterioridad al decreto 1.694/2009 sean calculadas evadiendo el límite del decreto 1.278/2000 pues, de verificarse ello, operaría un incremento retroactivo de la prestación vedado por el estándar de la Corte. A su vez, entiende que el fallo vulnera la prohibición de indexar contenida en los artículos 7 y 10 de la ley 23.928, texto según ley 25.561.

-III-

Previo a todo, interesa consignar que la accionante cuestionó el fallo de primera instancia en cuanto aplicó el límite indemnizatorio previsto por el decreto 1.278/2000. Argumentó, entre otros motivos, que devino irrazonable al haberse modificado las circunstancias en cuyo contexto fue dictado, a punto tal de tornarse confiscatorio y de desnaturalizar el carácter reparador del resarcimiento tarifado. Hizo hincapié en la índole alimentaria del crédito y en que se vulneraron las garantías de los artículos 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional. Reiteró, en definitiva, el cuestionamiento introducido al interponer el reclamo (cfse. fs. 13, punto VII, y 303/306).

Como se expuso, la juzgadora acogió el planteo constitucional acudiendo al criterio explicitado por esa Corte en el antecedente «Ascua». Interesa recordar que el Tribunal manifestó allí, al expedirse sobre la validez del tope legal entonces vigente, que la modalidad indemnizatoria escogida por el legislador para cumplir con la protección del empleado frente a los daños derivados de infortunios laborales bajo un régimen tarifado, no puede válidamente dejar de satisfacer, al menos, la pérdida de ingresos o de capacidad de ganancia de la víctima; y que ello no acontece si la ley atiende, en principio, a esa pérdida por medio del cómputo de la reducción del salario de la víctima, más luego aplica un importe indemnizatorio máximo que desvirtúa los fines que la norma debía consagrar (Fallos: 333:1361; esp., cons.8°).

En ese plano, opino que los agravios de la recurrente carecen de suficiente fundamento en los términos del artículo 15 de la ley 48 pues, para la procedencia del remedio federal, no basta la aserción de una determinada solución jurídica si ella no está razonada, no constituye un agravio concretamente referido a las circunstancias del caso y no contempla los términos del fallo impugnado, del cual deben rebatirse, mediante una crítica prolija, todos los argumentos en que se apoya y dan lugar a agravios (Fallos: 341:235, «Romero», y sus citas, entre otros).

En autos, la recurrente argumenta con base en el precedente «Espósito» que no corresponde calcular las obligaciones nacidas con anterioridad al decreto 1.694/2009 evadiendo el tope establecido por el decreto 1.278/2000 pues, de procederse así, operaría un reajuste de la prestación vedado por el Tribunal y la ley 23.928.

Sin embargo, ese agravio resulta ineficaz toda vez que la sala no prescindió del límite legal en función del decreto 1.694/2009, sino que lo declaró inconstitucional mediante un razonamiento que no fue refutado por la recurrente, que, reitero, se limitó a esgrimir un supuesto apartamiento de jurisprudencia de la Corte y un caso de indexación prohibida por ley.

En esos términos, ni lo sostenido por la Corte en «Espósito» ni la prohibición de indexar guardan relación adecuada con lo decidido en la causa, pues la cuestión gira en torno a la no rebatida inconstitucionalidad del tope establecido por el decreto 1.278/2000, aspecto que, a su vez, fue abordado por la cámara en línea con lo sostenido por el Tribunal, el 30 de diciembre de 2014, en autos CSJ 111/2010 (46-1), «Irisarri, Carlos Ariel c/ Liberty ART S.A. s/ accidente – ley especial».

-IV-

Por lo expuesto, corresponde desestimar la queja.

ES COPIA

Buenos Aires, 19 de junio de 2019.

VÍCTOR ABRAMOVlCH

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 15 de Octubre de 2020

Vistos los autos: «Recurso de hecho deducido por la parte demandada en la causa Álvarez, Yésica Verónica c/ Asociart ART SA s/ accidente – ley especial», para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que las cuestiones propuestas por la apelante encuentran adecuada respuesta en el dictamen del señor Procurador Fiscal, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir por razones de brevedad.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado, se desestima la queja. Declárase perdido el depósito de fs. 32. Notifíquese, devuélvanse los autos principales y, oportunamente, archívese.

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