#Fallos ¿Quién se hace cargo?: Las quemaduras sufridas por un niño en la puerta de su escuela son responsabilidad de la empresa de electricidad y no del colegio, pues el incendio se produjo por el deficiente estado de la caja de luz

Partes: F. M. c/ Empresa Disturibuidora Sur S.A s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: E

Fecha: 21-ago-2020

Cita: MJ-JU-M-127918-AR | MJJ127918 | MJJ127918

La responsabilidad por las quemaduras sufridas por el niño en la puerta del establecimiento educativo es de la empresa prestataria del servicio de electricidad pues el incendio se produjo por el estado deficiente de la tapa de la caja de luz, que pertenece a la empresa y no a la escuela. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la responsabilidad de la empresa distribuidora del servicio de electricidad por el accidente ocasionado, cuando la caja eléctrica que se encontraba en la pared de la institución y sobre la vía pública, tomó fuego ocasionándole quemaduras al niño, pues en virtud de las pruebas producidas, se desprende que el hecho acaecido en autos se produjo por el estado deficiente de la tapa de la caja luz, perteneciente a la citada Empresa de electricidad.

2.-Toda vez que no se trata de una transgresión al deber del cuidado por parte de la institución educativa conforme lo normado en el art. 1117 CC, ya que nada tendría que ver con el estado y conservación de la caja de luz que se encontraba en la vía pública perteneciente a la Empresa Distribuidora del servicios de electricidad, quien tenía a su cargo los controles y supervisión, corresponde confirmar el rechazo de la demanda respecto de dicha codemandada.

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3.-La responsabilidad de la empresa prestadora de energía eléctrica, se funda en lo dispuesto en el art. 1113, párr. 2°, última parte , CC. pues, no hay dudas que a la electricidad le resultan aplicables las disposiciones referentes a las cosas (art. 2311 , CC.), ya que presenta una condición esencialmente riesgosa que somete a quienes la utilizan como dueños o guardianes a las consecuencias legales previstas en esa norma.

4.-La responsabilidad de la empresa prestataria de energía eléctrica no sólo emana del carácter de propietaria de las instalaciones sino de la obligación de supervisión que es propia de su actividad, lo que obliga a ejercer una razonable vigilancia de las condiciones en que el servicio público se presta, para evitar consecuencias dañosas; en efecto, existe una obligación de supervisión que es propia de esa actividad, previsión ésta que está contemplada en el inc. k) del art. 56 de la Ley 24.065 que integra el marco energético nacional.

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 21 días del mes de agosto de dos mil veinte, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala «E», para conocer en el recurso interpuesto en los autos caratulados: «F. M. C/ EMPRESA DISTURIBUIDORA SUR S.A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS», respecto de la sentencia corriente a fs. 1010/1018, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores RAMOS FEIJÓO. RACIMO.

A la cuestión propuesta el Sr. juez de Cámara Dr. Ramos Feijóo dijo:

I. Los Sres. S. R. N. y M. F., por su propio derecho y en representación de su hijo menor de edad -en aquel entonces- M. F., iniciaron demanda por daños y perjuicios contra quien resulte propietario, usufructuario, poseedor, guardián o tenedor civilmente responsable de la caja de luz existente en la vía pública instalada en el domicilio de la calle Juan Bautista Alberdi 2555 de esta ciudad, al día 19 de marzo de 2007.

Puntualizaron que ese día su hijo concurrió al Instituto Ana M. Janer sito en la calle Juan B. Alberdi nº 2555 de CABA cuando, en ocasión de encontrarse preparado para ir a la clase de educación física y de abordar el micro que se encontraba estacionado en la puerta del colegio, por razones inexplicables, la caja eléctrica por la que Edesur S.A. suministra energía a la escuela, tomó fuego ocasionándole quemaduras en su mano, pecho y rostro. Señalaron que la caja se encontraba en la pared de la institución y sobre la vía pública.

A f. 183 se dispuso la citación del Instituto Ana María Janer – Instituto Hermanas de la Sagrada Familia de Urgel (Hermanas de la Sagrada Familia). A f. 200 se presentó M.F., por su propio derecho, por haber alcanzado la mayoría de edad.

El Sr. juez de primera instancia rechazó la demanda contra el Instituto de Hermanas de la Sagrada Familia de Urgel (Hermanas de la Sagrada Familia) y su aseguradora, Berkley International Seguros S.A, e hizo lugar a la demanda promovida contra Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima, condenándola a abonar la suma de $ 1.500 a S. N. y M. F. y la suma de $ 353.600 a M. F. con más los intereses y costas del juicio.

La sentencia fue apelada por la parte actora y por la parte demandada Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima. La actora fundó su recurso mediante la presentación obrante a fs. 1067/1072 y la demandada lo hizo a fs. 1073/1086.

Los agravios de la parte actora giran, en lo esencial, respecto del rechazo de la demanda contra el Instituto de Hermanas de la Sagrada Familia de Urgel (Hermanas de la Sagrada Familia) y su aseguradora Berkley International Seguros S.A. y por los montos asignados a los rubros.

Los agravios de la parte codemandada Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima aluden a la imputación de la responsabilidad endilgada por el sentenciante. Argumenta que conforme las pruebas obrantes en autos no existe responsabilidad y, en forma subsidiaria, para el caso de que se mantenga su responsabilidad, se agravia por la eximición de responsabilidad de Instituto Ana María Janer- Instituto Hermanas de la Sagrada Familia de Urgel y de su aseguradora. Sostiene la culpa de la víctima y la responsabilidad de la institución educativa por el deber de vigilancia. Cuestiona además el monto de los rubros asignados y la tasa de interés establecida.

La contestación de agravios de la citada en garantía a los actores y a la codemandada Empresa Distribuidora Sur S.A. obra a fs. 1089/1094. Las réplicas de la codemandada Empresa Distribuidora Sur S.A. a la parte actora obran a fs. 1096/1101.

II. En la especie la parte actora atribuye responsabilidad a la Empresa Distribuidora Sur S.A.por el estado en que se encontraba la caja de luz de su propiedad. Asimismo, invoca la responsabilidad del establecimiento educativo por el deber de vigilancia sobre el menor. En idéntico sentido se pronuncia la codemandada Empresa Distribuidora Sur S.A.

Por su parte, el Instituto Instituto Ana María Janer – Instituto Hermanas de la Sagrada Familia de Urgel (Hermanas de la Sagrada Familia) sostiene que carece de toda vinculación con la caja de luz, la cual resulta de propiedad exclusiva de la empresa codemandada.

La acción fue fundada en la instancia anterior en el art. 1113, segundo párrafo, segundo apartado del Código Civil respecto del titular de la propiedad.

Es prácticamente uniforme la doctrina y jurisprudencia en que nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad objetiva por el riesgo de la cosa, siendo el artículo aludido la normativa aplicable.

En cuanto a la responsabilidad de la empresa prestadora de energía eléctrica, ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, a los fines de establecer la responsabilidad de las demandadas en el evento, debe estarse a lo dispuesto en el art. 1113, párr. 2°, última parte, CC. En efecto, no hay dudas que a la electricidad le resultan aplicables las disposiciones referentes a las cosas (art. 2311, CC), presenta una condición esencialmente riesgosa que somete a quienes la utilizan como dueños o guardianes a las consecuencias legales previstas en esa norma. Agregó el Alto Tribunal que, respecto de la empresa Segba, prestataria del servicio público que proveía por entonces la energía eléctrica a los domicilios de la zona, su responsabilidad no sólo emana del carácter de propietaria de las instalaciones sino de la obligación de supervisión que es propia de esa actividad, la que la conduce a ejercer una razonable vigilancia de las condiciones en que aquél se presta para evitar sus consecuencias dañosas (conf.CSJN, Fallos, 310:2103).

La misma doctrina volvió a ser sustentada en fallos más recientes, posteriores a las privatizaciones, al establecer que la responsabilidad de la empresa prestataria de energía eléctrica no sólo emana del carácter de propietaria de las instalaciones sino de la obligación de supervisión que es propia de su actividad, lo que obliga a ejercer una razonable vigilancia de las condiciones en que el servicio público se presta, para evitar consecuencias dañosas (conf. CSJN, Fallos, 326:4495 ). Existe una obligación de supervisión que es propia de esa actividad, previsión ésta que está contemplada en el inc. k) del art. 56 de la ley 24.065 que integra el marco energético nacional (conf. CSJN, Fallos 326:1673 ; CNCiv, Sala «L», en autos «Aparicio, Oscar c/Edesur S.A. s/ daños y perjuicios» del 25-04- 2006, publicado en La Ley On line).

La empresa accionada en su condición de distribuidora de energía eléctrica no puede desligarse de sus facultades de contralor habida cuenta de la especialización del servicio que presta, y por la necesidad de garantizar la seguridad. Se trata de una empresa con fines de lucro que obtiene un provecho económico (conf. CNCiv. Sala J, 20 de noviembre de 2007, «A., A. M. c/ Edenor S.A. s/ daños y perjuicios», el dial AA43BD).

Además, no se desprende de la ley 24.065, interpretada juntamente con la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 y los principios de protección de los derechos de los usuarios y consumidores consagrados en los arts. 42 y 43 CN, ninguna cláusula de limitación de las responsabilidades de las distribuidoras de energía eléctrica respecto de los daños y perjuicios que pudieren causar a sus usuarios como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones que les incumben como prestatarias del servicio público (C. Nac. Cont. Adm.Fed., sala 1ª, 15/10/1999, JA 2001 – IV – 248).

Conforme lo expuesto, y las constancias obrantes en autos, adelanto que pesaba sobre la codemandada Empresa Distribuidora Sur S.A. la carga de acreditar circunstancias eximentes para lograr liberarse siquiera en parte de responder por las consecuencias dañosas del acontecimiento motivo de estas actuaciones.

Plasmado ello, corresponde analizar las pruebas producidas en autos, no sin antes mencionar que los magistrados, no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las probanzas, ni seguir a las partes en todos y cada uno de los argumentos que esgrimen en resguardo de sus pretensos derechos pues basta que lo hagan respecto de las que estimaren conducentes o decisivas para resolver el caso, pudiendo preferir algunas de las pruebas producidas a otras, u omitir toda referencia a las que estimaren inconducentes o no esenciales (CSJN, Fallos:258:304; 262:222; 265:301 y doctr. de los arts. 364 y 386 CPCCN).

A fs. 787/863 se encuentran agregadas las fotocopias de la causa penal nº C-05-2385/2007, provenientes de la Fiscalía Correccional nº5, de la cual se desprende la declaración realizada por el funcionario policial M. A. G., quien se entrevistó con la directora del Centro Asistencial Hermana Patricia Echavarría y con la encargada de limpieza. Refiere que ambas relataron que momentos antes, cuando se producía la salida de alumnos en dirección a la clase de educación física, el actor M. F. habría intentado colocar la tapa de la caja eléctrica mencionada, la cual se encontraba caída en el suelo, siendo en ese momento cuando se produce una descarga eléctrica resultando lesionado el menor. Que con referencia a la caja, se ubica a unos 30 cm de altura, colocada del lado derecho de la puerta de ingreso, observándose efectivamente que la tapa se encuentra salida de su lugar. En referencia a los testigos, habrían sido los alumnos que se encontraban acompañando al menor M., quienes ya se habían retirado. (f. 789/789 vta.).

A fs.796/797 de la referida causa se encuentran agregadas fotografías del lugar del hecho.

A fs. 812/818 obra el informe elaborado por el ingeniero Mangniello del Departamento Técnico investigativo Superintendencia Federal de Bomberos, quien concluyó que «.existen indicios de la producción de un importante cortocircuito eléctrico en la caja de la acometida, con producción importante de humo y hollín. Qu e el efecto de aislación se entiende originado entre los apéndices o engarces («cuernitos») inferiores de los fusible (tipo NH) de la caja, un elemento conductor recto o plano, y los bordes de la caja de acometida. Que el elemento conductor recto o plano podría haber sido la tapa original de la caja de acometida, la cual no estaba en el lugar al momento de nuestro arribo (tarde del día 19/03/07) así como el tornillo de fijación. (f.817).

Asimismo, el ingeniero señaló que «.no se puede establecer fehacientemente si el tornillo tenía la capacidad de fijar normalmente la tapa, y que también se desconoce si los fusibles sobresalían respecto a esa tapa o si esta tapa era idéntica a la que estaba colocada al momento de nuestro arribo. Asimismo se desconoce si el contacto eléctrico con el elemento conductor fue ocasionado por la intervención o no de un persona» (f. 818).

A fs. 876/1006 se encuentran agregadas las copias certificadas del expediente administrativo nº S010077962/2013, que tramitó por ante el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE), quien sancionó a EDESUR S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 kWh por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la ley nº24065 y en el art. 25 inc. m) del contrato de concesión. Se determinó que conforme los argumentos esgrimidos por la distribuidora en su descargo, no la eximen de responsabilidad en relación a sus obligaciones en materia de Seguridad Pública (fs. 929/934). Resolución que fuera confirmada por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (fs.997/1000).

Por otra parte, en las presentes actuaciones el perito ingeniero electricista Fernando Horacio Giavedoni designado de oficio, en su informe pericial obrante a fs. 544/549, señaló que «.se descarta totalmente que el menor haya abierto la caja. Dado que se necesita una herramienta especial y capacitación para realizar esa tarea.hubo una falla en la cerradura de la tapa o estaría mal cerrada y la misma se habría caído al piso.» (f. 546). Asimismo precisó que «.pasando el menor en ese momento, la intentó reponer, el cual sin conocimiento del tema produjo un cortocircuito entre fusibles y bordes de la caja, a lo dicho el cortocircuito le provocó la quemazón de las manos y cara, partes de su anatomía.se sabe que la caja era original de SEGBA (aprox. 30 años).(f. 546).

Finalmente el experto concluyo que «.lo más conveniente para la seguridad de la vida humana sería el reemplazo de la totalidad de las cajas de tomas de cierta antigüedad (mayor a 25 a 30 años) por equipamiento nuevo, normalizado y de mayor seguridad. Para las cajas de menor antigüedad, como medida preventiva seria el aumento del nivel de las inspecciones en cuanto a la frecuencia y profundidad en función de la continua fatiga de los materiales eléctricos bajo tensión y a los sometidos a los efectos de la intemperie, con el consiguiente desgaste de sus capacidades mecánicas y/o aislantes, como asimismo también se debe considerar la calidad de los materiales correspondientes a la época de su instalación.» (f. 549).

A f. 551 la parte actora solicitó explicaciones.

El Instituto Ana María Janer -Instituto Hermanas de la Sagrada Familia Urgel- y la Empresa Distribuidora Sur S.A., impugnaron el informe pericial a fs. 556/557 y 560/561, respectivamente.

A f. 578 el perito respondió el pedido de explicaciones de la actora.Señaló que probablemente la tapa se había caído por fallas en el material de fijación (tornillo) o por que se encontraría la tapa mal cerrada desde su última verificación, dado que se demostró que no hubo cortocircuito interno antes de los hechos.

A f. 583 respondió el pedido realizado por la codemandada Instituto Ana María Janer -Instituto Hermanas de la Sagrada Familia Urgely ratificó sus conclusiones elaboradas en el informe pericial.

Es sabido que aun cuando las normas procesales no acuerdan el carácter de prueba legal al dictamen pericial, si el informe comporta la apreciación específica en el campo del saber del perito, para desvirtuarlo es imprescindible contar con elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente en el error o el inadecuado uso que el experto hubiese hecho de sus conocimientos técnicos o científicos, por lo que, para que las observaciones que formulen las partes puedan tener favorable acogida, es necesario que aporten probanzas de similar o mayor rigor técnico que desmerezcan las conclusiones alcanzadas en el peritaje (CNCiv, Sala A, 30/11/2012, «G., Aldo Rene y otro c/ Microómnibus General Pacheco S. A. y otros s/ daños y perjuicios», L. n° 562.884; ídem, 18/6/2013, «B. C., Martina y otros c/ M., Gustavo y otros s/ daños y perjuicios», L. nº 606.722).

Por lo tanto, en virtud de los fundados términos en el que fue realizado el informe pericial, así como las respuestas brindadas por el experto, otorgo plena eficacia probatoria al peritaje presentado en autos (art. 477 CPCCN).

Plasmado ello, en virtud de las pruebas analizadas, se desprende que el hecho acaecido en autos se produjo por el estado deficiente de la tapa de la caja luz ubicada en la vía pública, perteneciente a la Empresa Distribuidora Sur S.A.

Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad que la parte actora y la codemandada Empresa Distribuidora Sur S.A.intentan atribuirle al Instituto de enseñanza, es dable señalar que «.Nadie discute que los establecimientos educativos asumen contractualmente, junto con la obligación principal de prestar educación, una obligación de seguridad que consiste en garantizar la indemnidad de la integridad física y moral de los menores, por lo que su incumplimiento hace nacer la responsabilidad directa de dichos establecimientos por los daños que sufrieron los alumnos mientras se encuentran bajo su vigilancia.» (CNCiv.Sala «F», «González, Pedro Ramón y otro c/ Miniphone S.A. y otro s/ daños y perjuicios» L 349.564, del 23 de diciembre de 2003). Pero lo cierto es que en las presentes actuaciones, no se trata de una transgresión al deber del cuidado por parte de la institución educativa conforme lo normado en el art. 1117 CC, ya que nada tendría que ver con el estado y conservación de la caja de luz que se encontraba en la vía pública perteneciente a la codemandada Empresa Distribuidora Sur S.A., quien tenía a su cargo los controles y supervisión.

En virtud de ello, propicio desestimar los agravios esgrimidos por la parte actora y la codemandada Empresa Distribuidora Sur S.A., y confirmar la sentencia en este aspecto.

Corresponde examinar a continuación los cuestionamientos respecto de la cuantía de los rubros.

III. Indemnización

a.- Incapacidad sobreviniente

El Sr. juez de grado estableció por este concepto la suma de $ 150.000.

La parte actora se agravia porque se omitió justificar por separados los rubros incapacidad sobreviniente y el daño psicológico como así también por el monto fijado. Por su parte, la codemandada Empresa Distribuidora Sur S.A., se agravia por el monto estipulado.

En cuanto a las quejas introducidas por la actora diré que las partidas independientes devienen innecesarias cuando -tal como en el presente caso- las secuelas de esta índole derivadas de un hecho ilícito han sido tenidas en cuenta para justipreciar la suma total.Así las cosas, no se verifica el agravio pues de esa manera se cumple acabadamente con el principio de la reparación integral vigente en la materia.

Sin perjuicio de ello también he sostenido que «la guerra de las etiquetas» o el debate acerca de la denominación que corresponde dar a tales o cuales daños, así como «la guerra de las autonomías» o debate sobre si esos daños integran la categoría de los morales o patrimoniales, o por el contrario, si tienen autonomía o forma de una categoría propia, distinta, es un quehacer que no afecta al fondo de la cuestión (Mosset Iturraspe, Jorge, El daño fundado en la dimensión del hombre en su concreta realidad, publicado en la Revista de Derecho Privado y Comunitario T 1, Daños a la Persona, págs. 9 a 39, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 1992; en similar sentido, Borda, Guillermo A., Acerca del llamado daño biológico en E.D., viernes 18 de Julio de 1993, pág.1).

En este sentido, la incapacidad sobreviniente abarca todo menoscabo en la vida, la salud e integridad o armonía física o psíquica de la persona humana, por lo cual se ha resuelto que el daño debe ser resarcido por tratarse de una disminución en la capacidad vital, aun en los casos en que esa merma o deterioro físico no dificulte la realización de tarea alguna (CNCiv. Sala C, agosto 31/1993, L.L. T. 1994-B, p. 613, fallo nº 92.215; id. Sala C, septiembre 25/1997, L. 214.716; id. junio 6/2001, «Maidana, Javier Y. c/ Reina Carlos E. y otros s/ daños y perjuicios», L. 342.607; esta Sala en autos caratulados «Arro, Dario Alejandro c/ Furchi Lucas s/ daños y perjuicios» N° 15519/2013 del 5/08/2019, id.»Melendez, Martín c/ Diaz, Gastón Bernardo s/ daños y perjuicios» N° 7270/2014 del 27/05/2019).

Lo indemnizable como incapacidad sobreviniente no son las lesiones padecidas, sino la disminución de la aptitud física derivada de las secuelas del accidente que perduran de modo permanente, y si bien los porcentajes de incapacidad fijados en los peritajes constituyen un medio útil para la apreciación de la entidad del daño, solo tienen un valor relativo, por lo que el juzgador, con sustento en las circunstancias personales del damnificado, debe valorar principalmente las secuelas físicas y psíquicas que surgen descriptas por el experto que importen una disminución en la capacidad vital (conc. CNCiv. Sala C, septiembre 20/1999, «Huaman, María de la Cruz c/ Micro Ómnibus Norte S.A. s/ daños y perjuicios», L.258.943; CNCiv. Sala F, febrero 17/2012, «Moreno, José Nicolás c/ Caniza, Julio Ramón s/ daños y perjuicios» L. 584.684, esta Sala en los autos «De Bony María de la Paz c/Transporte Atlántida S.A S/ daños y perjuicios» Nº 29525/2012 del 06/06/2019).

En cuanto al aspecto físico, e l perito médico designado de oficio en su informe pericial obrante a fs. 600/605 y aclaraciones de fs. 617 y 640 señaló que el Sr. M.F. presenta en la actualidad secuelas anátomofuncionales que le provocan una incapacidad parcial y permanente de 3,95 %. No obstante, dicho porcentaje fue modificado en la presentación del experto de f. 640, donde aclaró que el porcentaje de incapacidad era de 4,45 %, que se discriminaba en un 2,50% por la quemadura y un 1,95 % por la limitación funcional de la mano derecha.

Además, en su informe el perito indicó que por el tipo de lesión el actor debió guardar reposo aproximadamente durante 60-90 días, lapso que normalmente cura este tipo de quemaduras.Asimismo, precisó que no presenta en la actualidad alteraciones visibles a más de un metro de distancia y que no amerita prestaciones médicas (f. 604).

En cuanto a la faz psicológica la perita designada de oficio en su informe pericial obrante a fs. 419/425 concluyó que el actor posee una estructura psíquica compatible con una organización neurótica, cursando una reacción vivencial anormal, estimando un 15 % de incapacidad (f. 424).

Asimismo, aconsejó la realización de un tratamiento psicológico de forma semanal por un periodo mínimo de seis meses y con un costo de $150 la sesión aproximadamente. La experta en su explicación de fs. 763/765 actualizó los honorarios de las sesiones fijándolos en la suma de $ 450.

En virtud de lo señalado precedentemente, cabe señalar que el juez sólo puede apartarse del asesoramiento pericial cuando contenga deficiencias significativas, sea por errores en la apreciación de circunstancias de hecho o por fallas lógicas del desarrollo de los razonamientos empleados, que conduzcan a descartar la idoneidad probatoria de la peritación. Ello no sucede en el caso que nos ocupa.

Sobre la base de las conclusiones de los peritos intervinientes en autos, las secuelas incapacitantes, los porcentuales estimados en los informes periciales como pautas orientadoras, la edad del actor al momento del hecho -15 años-, estudiante, que vivía con sus padres y con trabajo informal (v. declaración jurada -blsg-), considero reducido el monto establecido, por lo que propicio su elevación a la suma de $ 290.000.

b.- Gastos de tratamiento psicológico

El Sr. juez de grado estableció por este ítem la suma de $ 3.600.

La parte actora se agravia por el monto.

Corresponde aclarar que todo gasto terapéutico futuro es resarcible si, de acuerdo con la índole de la lesión o de la disfunción que ocasionó el evento, es previsible la necesidad de realizar o proseguir algún tratamiento que apunte al menos a mejorar las dificultades o problemas síquicos por el que transita la víctima a raíz del hecho lesivo.Por consiguiente, para otorgar la indemnización, debe bastar que las intervenciones terapéuticas aconsejadas resulten razonablemente idóneas para subsanar o ayudar a sobrellevar, siquiera parcialmente, las secuelas desfavorables del accidente (conf. Matilde Zavala de González en Resarcimiento de daños, pág. 127-128, Ed. Hammurabi, 1993). En función de ello, la perito psicóloga en su informe, recomendó un tratamiento por el lapso de seis meses con una frecuencia semanal. En el marco referenciado y por lo expuesto precedentemente, estimo reducido el monto estipulado, por lo que propicio su elevación a la suma de $ 10.000.

c.- Daño Moral

El Sr. juez de la instancia inferior fijó por este concepto la suma de $ 200.000.

La parte codemandada Empresa Distribuidora Sur S.A., se agravia por el monto establecido.

En relación al daño moral, hace falta aclarar que el agravio moral es todo sufrimiento o dolor que se padece, independientemente de cualquier repercusión de orden patrimonial (Orgaz A., El daño resarcible, Ed. Depalma, Buenos Aires 1967, pág. 184), es así que a fin de justipreciarlo se contemplan las afectaciones al espíritu, sentimientos de dolor, angustia y padecimientos sufridos por quien los reclama. Sin lugar a dudas, las circunstancias provocadas por el evento dañoso, sus secuelas luctuosas, sorpresivas e imprevisibles lo convierten en absolutamente procedente.

La indemnización del daño moral no requiere guardar proporción con la del perjuicio material, pues responden a razones de índole diferente, de tal forma no resulta la materialización de los intereses morales gozando los magistrados de un amplio arbitrio para su determinación toda vez que se tiene por acreditado por la sola comisión del acto antijurídico, es una prueba in-re ipsa y surge inmediatamente de los hechos mismos. Para meritar este rubro debe considerarse la vinculación entre la gravedad objetiva de las lesiones y las implicancias espirituales que correlativamente suponen para la persona damnificada.

En fin, ponderando las características objetivas del menoscabo y sin descuidar el carácter predominantemente resarcitorio de la partida, sin perjuicio que las lesiones han provocado en el reclamante la pérdida de su paz interior y el desequilibrio espiritual que configura el daño extrapatrimonial, estimo elevado el monto establecido, por lo que propongo su reducción a la suma de $ 150.000.

d.- Gastos de Asistencia Médica

El Sr. juez de grado estableció la suma de $ 1.500 para cada uno de los progenitores de M.F.

La parte actora se agravia por lo irrisorio del monto. La parte demandada se agravia por la procedencia del rubro, omitiendo queja alguna sobre la cita del art. 1746 CCyC que hace el juez de grado remitiéndose a jurisprudencia del fuero comercial anterior a la vigencia del mencionado artículo.

Sabido es que el criterio que debe prevalecer sobre la procedencia de estos rubros es amplio, no siendo necesario agregar documentos que acrediten tales erogaciones ya que la costumbre determina que no se otorgue comprobante alguno. No requieren, entonces, una prueba fehaciente para ser admitidos; y ello en razón que se deducen de las lesiones sufridas por la víctima (art. 165 CPCCN).

A mayor abundamiento, se ha entendido que los gastos médicos deben ser reparados aunque no se haya demostrado documentalmente su existencia, pero este concepto, que encuentra su fundamento en la naturaleza del perjuicio que hace sumamente dificultosa la prueba, dista mucho de ser absoluto, y la suma que por ese daño se otorgue debe mantener correlación con los gastos pretendidamente realizados y las lesiones experimentadas.(CNCiv., Sala F, L.301889, «Mercado, Ramón Cristóbal c/ Iglesia Presbiteriana Amen y otros s/ daños y perjuicios» 13/02/01).

En esa inteligencia, teniendo en cuenta las constancias de atención médica de la Clínica Santa Isabel con cobertura médica (fs.387/405), considero que el sentenciante ejerció razonablemente el arbitrio que la norma procesal le confiere -artículo 165 CPCCN-, por lo que propongo la confirmación de este punto.

IV. Tasa de interés

Pongo por delante que el Sr. juez fijó las indemnizaciones a valores a la fecha del hecho.

Con fecha 20 de abril de 2009 el Tribunal en pleno dejó sin efecto la doctrina fijada en los fallos «Vázquez, Claudia A. c. Bilbao, Walter y otros s/ daños y perjuicios» del 02/08/1993 y «Alaniz, Ramona E. y otro c. Transportes 123 SACI interno 200 s/ daños y perjuicios» del 23/03/2004, que lo ratificó, estableciendo la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, la que debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido («Samudio de Martínez Ladislaa c.Transportes Doscientos Setenta SA s/ daños y perjuicios»).

Esta Sala considera que se configura esa salvedad si la tasa activa mencionada se devengara desde el momento mismo de producido el evento dañoso y hasta el del efectivo pago, en la medida que coexista con indemnizaciones fijadas a valores actuales, puesto que tal proceder representaría lisa y llanamente un enriquecimiento indebido en favor del acreedor y en detrimento del deudor, que la Justicia no puede convalidar.

Es que, sin lugar a dudas, en tal caso se estaría computando dos veces la pérdida del valor adquisitivo de la moneda operado entre el hecho y la sentencia, cuando en esta se contemplan valores a la época de su dictado; en tanto la referida tasa capta, en cierta medida y entre otros elementos, la depreciación de la moneda. Esta es la doctrina que en forma reiterada aplicó la Sala, vigente la anterior doctrina plenaria, que había receptado la tasa pasiva. Dicho enriquecimiento, en mayor medida se configura con la activa, cuya aplicación ahora se recepta (ver fallos de esta Sala en causas 146.971 del 16/06/1994, 144.844 del 27/06/1994 y 148.184 del 02/08/1994, 463.934 del 01/11/2006 y 492.251 del 19/11/2007, entre muchas otras; Borda, Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, 8a ed., T. I p. 338 N° 493; Casiello, Los intereses y la deuda de valor [Doctrinas encontradas y una saludable evolución de la jurisprudencia], en LA LEY 151-864, en especial, p. 873 cap. V; Durañona y Vedia y Quintana Terán, La depreciación de la moneda y los intereses, en JA, 1970-7-332, en especial, cap. V); esta Sala voto del Dr. Calatayud en c.522.330 del 21/04/2009).

Dicho esto, debe tenerse en cuenta que las sumas acordadas en los distintos rubros lo han sido teniendo en cuenta la fecha del hecho, la doctrina del plenario «Samudio» y la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, en dicho interregno.

Todo ello a los efectos de conformar una indemnización que a valores actuales satisfaga la letra de los arts. 1067, 1069, 1083 y consecuentes del Código Civil y que, propuesto al debate del Acuerdo, condiga la jurisprudencia de la Sala y con ello logre una sentencia tempestiva a la pretensión de la parte actora y que liquidada, por este período, sin perjuicio del tipo de tasa que propondré, arroja a la fecha d e esta determinación una indemnización integral.

Es por todo ello que propongo al Acuerdo que desde el hecho y hasta el pronunciamiento de primera instancia, se calculen los intereses a la tasa de interés del ocho por ciento (8%) anual, que representan los réditos puros y, desde entonces y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

Por todo ello, a tenor de las consideraciones fácticas y jurídicas desplegadas a lo largo del presente voto, propongo al Acuerdo confirmar la sentencia de grado en lo sustancial que decide, modificarla en lo que hace a las indemnizaciones de incapacidad sobreviniente, tratamiento psicológico y daño moral -las que se elevan a las sumas de $ 290.000, $ 10.000 y $ 150.000, respectivamente- y en relación con la tasa de interés, la que deberá ser calculada en la forma indicada en el párrafo precedente. Con costas de alzada a la demandada Empresa Distribuidora Sur S.A (art. 68 del CPCCN).

El Señor Juez de Cámara Doctor RACIMO dijo:

Por análogas razones a las expuestas por el Dr. Ramos Feijóo, voto en el mismo sentido.

Con lo que terminó el acto. CLAUDIO RAMOS FEIJÓO.

FERNANDO M.RACIMO.

El presente acuerdo fue celebrado por medios virtuales y el pronunciamiento se suscribe electrónicamente de conformidad con lo dispuesto por los puntos 2, 4 y 5 de la acordada 12/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Asimismo, se firma en este acto una copia en formato papel que se agrega a los presentes obrados.

Este Acuerdo obra en el Libro de Acuerdos de la Sala «E» de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, 21 de agosto de 2020.

Y VISTOS:

Atento a lo que resulta de la votación de que da cuenta el acuerdo que antecede, se modifica la sentencia de fs. 1010/1018, elevándose las partidas de incapacidad sobreviniente, tratamiento psicológico y daño moral a las sumas de $ 290.000, $ 10.000 y $ 150.000, respectivamente; así como también en materia de intereses en la forma propuesta en el considerando IV del primer voto, confirmándosela en lo demás que decide y fue materia de agravio expreso. Las costas de Alzada se imponen a la demandada Empresa Distribuidora Sur S.A. Se difiere la adecuación de los honorarios de los profesionales intervinientes y la fijación de los correspondientes a esta instancia para cuando obre liquidación aprobada. Notifíquese y devuélvase.

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