El problema del acoso en el trabajo: Es indemnizable el daño material y moral sufrido por la trabajadora víctima de acoso sexual por un superior jerárquico

Partes: F. S. I. c/ P. L. S.A. y otros s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: III

Fecha: 18-jul-2019

Cita: MJ-JU-M-120471-AR | MJJ120471 | MJJ120471

Es indemnizable el daño material y moral sufrido por la trabajadora víctima de acoso sexual por un superior jerárquico. Cuadro de rubros indemnizatorios.


Sumario:

1.-Corresponde admitir el resarcimiento por daño material y moral reclamado por la trabajadora contra su empleador y un superior jerárquico debido a que dos testigos manifestaron haber presenciado algunas de las situaciones de acoso sexual descriptas en la demanda, en las cuales el codemandado se propasaba con aquella al pasar cerca de ella teniendo actitudes inapropiadas y haciendo que se sintiera incomoda y angustiada.

2.-El acoso sexual es una injuria de difícil prueba y generalmente se debe decidir en base a indicios que revelan un trato indebido entre el superior jerárquico y el o la empleada, en tanto es usual que los hechos relacionados a este tipo de figuras ocurran en general en ausencia de terceros.

3.-Para indemnizar el daño material sufrido por la trabajadora víctima de acoso sexual, corresponde tener en cuenta el salario que percibía, demás datos personales y profesionales e informe pericial psicológico, a la luz de los arts. 772 , 768 , 1.740 y 1.738 del CCivCom. y teniendo en cuenta de manera indiciaria la fórmula ‘Vuoto, Dalmiro c/ A.E.G. Telefunken Argentina SA’ (sentencia No 36.010 del 16.6.78 y su posterior corrección luego que la CSJN dictara el fallo ‘Aróstegui’, en el caso ‘Méndez, Alejandro Daniel c/ Mylba SA y otros s/accidente – acción civil’, sentencia No 89654 del 28.4.08), que dotan al caso de una cuota de objetividad, pero sin apegarse a la suma resultante de ella (voto en disidencia parcial de la Dra. Cañal).

4.-En reclamos de infortunios laborales en el contexto indemnizatorio del derecho civil, el juez se encuentra facultado para determinar el monto de condena sin estar obligado a utilizar fórmulas o cálculos matemáticos (voto en disidencia parcial de la Dra. Cañal).

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 15/07/2019, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El Dr. Miguel O. Pérez dijo:

Llegan los autos a conocimiento de esta alzada a propósito de los agravios vertidos por la parte actora y el codemandado J.M.S.G contra la sentencia dictada a fs. 453/456, a mérito de los memoriales obrantes a fs. 458/460 y fs. 463/468 respectivamente, mereciendo réplicas a fs. 469/470 y 474/476. Por su parte el perito contador y el letrado apoderado del actor, apelan sus honorarios por considerarlos reducidos (fs. 457 y fs. 461 respectivamente).

Para una mejor exposición de los planteos interpuestos, en primer término procederé a analizar la queja interpuesta por el codemandado, quien se agravia por cuanto la magistrada de anterior instancia consideró mediante la prueba testimonial aportada, que se encontraba acreditada la situación de acoso laboral denunciada por la actora en el inicio.

Cabe rememorar que la accionante denunció en su demanda que ingresó a laborar para la demandada en la panadería cita en la calle Montes de Oca 1005 en el mes de diciembre de 2011 realizando tareas de venta y atención al público.Expuso que en un comienzo, pese a la clandestinidad del vínculo (aspectos estos que no son objeto de debate en esta Alzada), la relación se desarrolló con normalidad, hasta el mes de febrero de 2012, cuando alegó comenzó a vivenciar “un calvario”. Así, expuso que su superior directo el aquí apelante, empezó a tener una actitud de extrema confianza para con su persona que excedía las relaciones propias del trabajo.

Indicó que en un comienzo se trató “sólo” de miradas insistentes, hasta que luego la situación se tornó cada vez más perturbadora debido a las conductas reiteradas de acoso que el mismo comenzó a tener con su parte. Relató que abusando de su situación de superioridad, y pese a su expresa negativa, el codemandado buscaba constantemente el contacto físico mientras ella se encontraba prestando sus tareas y le decía improperios al oído, lo que afirma, comenzó a menoscabar su salud psicológica y emocional. Explicó que pese a intentar impedir esta situación, ésta se tornaba cada vez peor, ya que el coaccionado continuaba con sus actitudes persecutorias -las cuales describe a fs. 10 vta.-. Alegó que el hecho determinante y de mayor gravedad, ocurrió a fines de febrero de 2012, cuando el codemandado le solicitó que lo acompañara a realizar una entrega de pedidos, a lo cual sostuvo se vio obligada a obedecer, por su situación de inferioridad. En dicho contexto, relató que se dirigió con el mismo a un restaurante sito en San Telmo y al regreso, el codemandado comenzó intentar propasarse físicamente con ella, lo que la llevó a una crisis de llanto y angustia que hicieron que cesara en su actitud.Sin embargo, alega que los días posteriores al suceso, el acoso continuó, lo que la llevó a considerarse despedida.

En tal orden de ideas, a los fines del tratamiento del agravio del codemandado, cabe dilucidar si efectivamente pudo ser probado que la actora hubiera estado expuesta a las situaciones de acoso y hostigamiento denunciadas en el inicio.

En relación a ello, pese a las manifestaciones vertidas en el memorial recursivo, el análisis en sana crítica (conf. art. 386 del CPCCN) de los testimonios aportados a la causa por la parte actora, me llevan a coincidir con la conclusión a la que arribara la sentenciante de grado.

En efecto, los testigos que declararon a instancias de la accionante (D. T. A. -fs. 349/350 y F. J. A. -fs.

352/353) fueron coincidentes respecto a la situación de acoso sufrida por la trabajadora por parte del codemandado, quien no es un hecho controvertido en esta instancia, era su superior jerárquico.

Puntualmente ambos deponentes, manifestaron haber presenciado algunas de las situaciones descriptas por la actora en su demanda. Dure, quien afirmó ser compañera de trabajo de la accionante, relató que en al menos tres oportunidades corroboró con sus sentidos situaciones de acoso, en las cuales el codemandado se propasaba con la actora al pasar cerca de ella teniendo actitudes inapropiadas y haciendo que aquella se sintiera incomoda y angustiada.

En igual sentido declaró F., que era cliente de la panadería donde trabajaba la actora y quien también presenció en una oportunidad la misma situación relatada por Dure.

Si bien no soslayo que Dure fue impugnada por el coaccionado (fs. 358/359), lo cierto es que sus dichos resultan coincidentes y concordantes con lo expuesto con F. (quien destaco no mereció observación alguna) y tomó conocimiento directo de los hechos que relata de manera directa, en tanto era compañera de trabajo de la actora, por lo que analizada bajo la sana crítica (conf. art.90 LO) considero que reviste del valor probatorio necesario para acreditar la tesitura del inicio.

Por otro lado, ambas declaraciones no pudieron ser desvirtuadas por los testigos ofrecidos por el codemandado (C. H. -fs. 420/421 y C. R. del V. -fs. 422/423), en tanto estos incurrieron en evidentes contradicciones que impiden otorgarles eficacia probatoria. Nótese que ambos denuncian una jornada y horario de labor diferente respecto a la actora y al describir el espacio físico en el que ésta trabajaba (la distancia entre el mostrador y el expositor o panera), lo hacen de manera diferente.

Por otro lado, los dichos de C. -incluso- desvirtúan las propias afirmaciones del apelante, en tanto el mismo fundó su defensa principalmente en la circunstancia que jamás pudo haber concurrido con la actora a entregar un pedido a un restaurante de San Telmo el día 29 de febrero, por cuanto -según sus dichos- aquella los días miércoles gozaba de su franco, cuando surge del relato del testigo que la accionante laboraba de martes a sábados o de martes a domingos, lo que implica que los miércoles no tenía su día de descanso.

De todos modos tampoco surgen en autos, elementos que acrediten la inasistencia de la actora a su trabajo ese día puntualmente. Nótese que no fueron acompañados a la causa los libros contables y mucho menos las planillas o controles de asistencia u horario (ver fs. 398).

Al mismo tiempo, se desprende de la prueba pericial médica (fs.377/391) que efectivamente la actora presenta un cuadro de Reacción Vivencial Anormal Neurótica con manifestación fóbica de grado II, la cual le generó una incapacidad del 10%, compatible con haber sufrido el acoso referido, el cual pudo haber tenido incidencia central en el estado psíquico de la misma y ser el causal de la descompensación que ésta padece en su equilibrio psicoemocional.

En dicho cuadro de situación, y siendo que es facultad del juez determinar en cada caso concreto la vinculación causal entre la minusvalía padecida por la trabajadora y las labores desarrolladas, o en este caso en concreto, el ambiente laboral (conf. art. 477 y 386 del CPCCN), no advierto elementos que conduzcan a apartarse de lo informado por el perito médico.

En tales condiciones, destaco que el acoso sexual es una injuria de difícil prueba y generalmente se debe decidir en base a indicios que revelan un trato indebido entre el superior jerárquico y el o la empleada, en tanto es usual que los hechos relacionados a este tipo de figuras ocurran en general en ausencia de terceros. En el caso concreto, considero que existen los elementos suficientes como para tener por acreditadas las situaciones de acoso vivenciadas por la actora; según fue analizado.

Cabe recordar que la ley 26.485 define a la violencia contra las mujeres como “toda conducta, acción u omisión que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica y/o patrimonial, como así también su seguridad personal” (art. 4).

Consecuentemente, a mi juicio, aún con el tiempo del caso, lo cierto es que se demostró el trato desdoroso que públicamente se le daba a la aquí actora.Por lo que acreditadas tales circunstancias, considero que corresponde confirmar tal aspecto de la sentencia recurrida.

Si bien el coaccionado a su vez se agravia por cuanto resultó condenado en forma solidaria junto a los empleadores de la actora, su queja en este aspecto no cumple acabadamente con lo normado por el art. 116 de la L.O, en tanto no constituye una crítica concreta y razonada de los fundamentos vertidos por la magistrada de grado.

Sin perjuicio de ello, solo a mayor abundamiento, tal como fuera analizado, no sólo arribó firme su calidad de superior jerárquico de la trabajadora, sino que quedó debidamente probada su intervención como causante del daño padecido por la misma, por lo que no puede deslindarse de dicha responsabilidad (conf. art. 1109 CCCN).

Asimismo, tampoco resulta acertado su cuestionamiento referido a que la jueza de grado aplicó normas del anterior Código Civil, en tanto al momento en que sucedieron los hechos, era dicho cuerpo normativo el que se encontraba vigente.

Con respecto al “quantum” establecido en origen en concepto de daño material (cuestionado por el codemandado por considerarlo elevado y por la actora por entenderlo reducido), en el ámbito de la acción civil que aquí se trata, es del caso recordar -por una parte que no sólo se debe resarcir el daño laboral, sino también la totalidad del perjuicio que se deriva para otros aspectos de la vida de la damnificada como consecuencia de lo que a ésta le ha sido afectado con límite en lo reclamado con base en el principio de congruencia y -por otra parte- que no existe una normativa que establezca una tarifa para el cálculo de dicho daño.

En ese marco he de reparar en la edad de quien a cciona (22 años), su perspectiva de vida laboral útil (65 años), el porcentaje de incapacidad acreditado (10%), el modo en que éste repercute en la persona accionante (según pericia médica y lo obvio del orden natural de las cosas en razón de lo afectado, la edad en que lo fue) yel salario percibido por la misma (fijado por la sentenciate de grado en la suma de $9.068,11 -no cuestionado ante esta alzada), para así contar al menos con una pauta de orientación en el punto (rememoro que la reparación integral de la acción civil no sólo se dirige a la pérdida de ganancia que refleja la incapacidad sino que tiene una amplitud mayor, por lo tanto la precisión en la remuneración no es un aspecto esencial en las singulares circunstancias del caso). Además cabe ponderar la proyección que refleja la incapacidad, aún más allá de lo laboral, como consecuencia de la minusvalía adquirida en dicho contexto (art. 386 CPCCN).

En tales condiciones, estimo que la suma establecida en grado, otorga una reparación integral acorde a los daños y perjuicios materiales derivados de la situación incapacitante en congruencia con el reclamo.

Asimismo, corresponde confirmar también la suma diferida a condena en concepto de daño moral (cuestionado este aspecto por el codemandado), toda vez que para su procedencia debe tenerse en cuenta la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que puede no guardar relación con el daño material pues no se trata de un accesorio a éste (Del voto de los ministros Lorenzetti, Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco, en los autos “Mosca, Hugo c/ Pcia de Bs As s/ daños y perjuicios”, sentencia del 6/03/2007, Fallos 330:563 ). En efecto, para su valoración -como se expuso- deben considerarse los sufrimientos propios del infortunio padecido, las molestias inherentes al tratamiento y curación, como también los padecimientos sicológicos y morales que se proyectan a la vida personal, familiar y social de la víctima, lo que entiendo ha sido debidamente ponderado por la magistrada de grado.

Agrego asimismo, que tengo en cuenta las singularidades destacadas, las demás de la causa y sin perder de vista lo señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de que el valor de lavida humana no resulta apreciable tan solo sobre la base de criterios exclusivamente materiales, ya que no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres. Asimismo el Alto Tribunal sostuvo que la incapacidad del trabajador, por un lado, suele producir a éste un serio perjuicio en su vida de relación, lo que repercute en sus relaciones sociales, deportivas, artísticas, etc., y debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable (ver C.S.J.N. en “Arostegui, Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y en Pametal Peluso y Compañía SRL” , Recurso de Hecho: A. 436. XL, fallo del 8 de abril de 2008).

Del mismo modo y siempre en este segmento atinente a la determinación del monto de condena, también rememoro y tengo en cuenta los fundamentos -claro está que adecuados a las singulares circunstancias, plataforma fáctica y prueba del caso que aquí se juzga- del Alto Tribunal en la causa “Ontiveros, Stella Maris c/ Prevención ART S.A. y otros s/accidente – inc.y cas.” (sentencia del 10 de agosto de 2017 a la que remito a mayor brevedad).

Por lo demás, -ante las manifestaciones volcadas en relación a que la sentenciante de grado falló más allá de lo peticionado por el accionante en concepto de daño moral, es decir, “ultra petita” – cabe resaltar que la decisión de la magistrada de grado de condenar por un monto superior al reclamado no resulta desajustada a derecho, toda vez que la facultad de sentenciar sin límites cuantitativos se encuentra expresamente prevista en el artículo 56 de la L.O. En efecto, la norma citada habilita al sentenciante a declarar la procedencia de algún concepto que integró la pretensión, sin tener que limitarse cuantitativamente a lo peticionado por la parte, siempre que la existencia del crédito resulte legalmente comprobada, tal como ocurre en la especie, en donde por otra parte como se expuso, se reclamó una reparación integral.

Finalmente, asiste razón a la actora en cuanto a su crítica respecto de la fecha a partir de la cual cabe que comiencen a computarse los intereses, puesto que más allá que por un evidente error se haya consignado en la parte resolutiva que la suma de condena se encuentra expresada a valores del pronunciamiento, del considerando VII del pronunciamiento recurrido, se desprende claramente que las sumas de condena devengarán intereses a partir de la fecha del despido (18/4/12), solución que comparto y estimo razonable.

En atención al modo de resolver, considero pertinente confirmar el régimen de costas dispuesto en la instancia previa, lo que implica desestimar el agravio del codemandado en este aspecto.

En cuanto a los honorarios regulados en la instancia anterior a la actuación letrada de las partes actora y demandadas, peritos médico y contador (cuestionados por altos y por bajos -ver fs. 457, 459 vta. 461 y 467 vta.), estimo que los mismos lucen adecuados teniendo en cuenta el mérito y extensión de las tareas desarrolladas y las pautas arancelarias vigentes, por lo que sugiero confirmarlos (conf. arts.38 L.O., 6, 7, 9, 19, 22 y conc. de la ley 21.839, 24.432 y dec. ley 16.638/57).

En atención a la suerte de los recursos intentados, las costas de alzada se imponen en el orden causado (art. 68, 2do. párrafo, del CPCCN) y a tales efectos, propicio regular los honorarios de la actuación letrada de las partes actora y codemandado, por su actuación ante esta Alzada en el (%) para cada uno de ellos de los que les corresponda percibir por su actuación en grado (art. 14 de la Ley Arancelaria).

Respecto del IVA, esta Sala ha decidido en la sentencia Nº 65.569 del 27 de septiembre de 1993, en autos “Quiroga, Rodolfo c/ Autolatina Argentina S.A. s/ accidente – ley 9688” , que el impuesto al valor agregado es indirecto y, por lo tanto, grava el consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje, que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación” (C. 181 XXIV del 16 de junio de 1993) al sostener “que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio -adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto”.

Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 15/2013.

En definitiva, de prosperar mi voto, correspondería:1º) Confirmar la sentencia de grado en lo principal que decide, con excepción de la fecha a partir de la cual deben comenzar a calcularse los intereses, que -de acuerdo a lo resuelto- deberán computarse desde la fecha del despido (18/4/12); 2º) Imponer las costas de Alzada en el orden causado; 3º) Regular los honorarios de la actuación letrada de las partes actora y codemandado por sus labores ante esta instancia en el (%) para cada una de ellos, de lo que les corresponda percibir por su actuación en la etapa previa (art. 14 ley arancelaria); 4º) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 15/2013.

La Dra. Diana R. Cañal dijo:

Discrepo con lo decidido por mi colega preopinante en relación a la confirmación del monto establecido por daño material, por los motivos que expondré.

Ante todo señalo que toda vez que la presente causa se resuelve en plena vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (1º/ 8/15), encuentro que el mismo le resulta aplicable en forma inmediata.

Recordemos que toda reforma adjetiva, debe ser aplicada tan pronto como se convierta en derecho vigente, y por cierto, los Códigos no constituyen ni más ni menos que la articulación adjetiva de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, es decir, que ellos mismos son derecho adjetivo. La referida Constitución, se encuentra inscripta desde 1994, en el paradigma constitucional de los Derechos Humanos Fundamentales (art. 75, inc. 22).

El mismo consagra, a través del artículo 2.1 del PIDESC, el principio de progresividad, según el cual, todo Estado Parte “se compromete a adoptar medidas, para lograr progresivamente, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. Y por cierto, esta plena efectividad implica una labor legislativa y judicial.

Así, en una interpretación auténtica, la Dra.Kemelmajer de Carlucci ha sostenido que “la afirmación que la facultad judicial del iura novit curia sólo alcanza al derecho vigente al momento de la traba de la litis quizás no configure una falacia, pero ciertamente, no tiene respaldo; ya indiqué que esa situación procesal (traba de la litis) no siempre agota una relación sustancial; más aún, normalmente, no produce agotamiento, pues las figuras procesales, sin que esto disminuya su importancia, son, por lo regular, un instrumento para el ejercicio del derecho sustancial y, por lo tanto, no lo transforma ni modifica”. (Kemelmajer de Carlucci, Aida; “Nuevamente sobre la aplicac ión del Código Civil y Comercial a las situaciones jurídicas existentes al 1º de agosto de 2015”, pub en La Ley, 2.6.15).

Si bien abrevo en este criterio, no dejo de advertir que no comparto la idea de que las relaciones que hoy se debaten en el tribunal, no estuviesen amparadas previamente en el paradigma normativo de los Derechos Humanos Fundamentales desde antes. Digo así, precisamente, por la vigencia del esquema constitucional radicado desde 1994.

Tal es así, en cuanto a que esta interpretación es ajustada a la racionalidad del sistema que hoy luce receptada en un código, que esta sala en forma reiterada ha resuelto cuestiones en el mismo sentido que lo ordena el código nuevo, simplemente por interpretar los principios derivados del paradigma vigente.

Nótese, precisamente, que el art. 1º dedicado a las fuentes y su aplicación, establece que los casos que rige el CC y C deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos.Luego, su interpretación, no constituye un tema menor, dado que el paradigma vigente alcanza plena operatividad en el uso que hacen los operadores jurídicos del mismo.

En este mismo sentido, el Código Nuevo dispone, que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los Tratados sobre Derechos Humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento (destaco) .

Este es el motivo por el cual, lo reitero, muchas de las decisiones de esta Sala, precisamente por el respeto al paradigma normativo, han anticipado las soluciones legales que hoy plasma el nuevo código, dado que por vía de interpretación de los referidos principios y valores, era posible llegar a iguales conclusiones.

La misma autora sostiene, al prologar la obra comentada de Infojus que “precisamente el Código Civil y Comercial que entrará en vigencia en agosto de 2015 pretende ser el factor de integración del conjunto de los microsistemas del derecho privado. Dicho de otro modo, las fuentes dialogan; las leyes especiales, los microsistemas, no existen en el aislamiento en el vacío, sin interrelación alguna; al contrario, sin perjuicio de sus reglas específicas, pueden acudir al CCyC como instrumento de integración al sistema. Piénsese, por ejemplo, en los principios de buena fe, de interdicción del abuso del derecho, del fraude a la ley y de la irrenunciabilidad anticipada y general de los derechos (arts. 8/13), todos se aplican a estatutos cerrados, como la Ley de Seguros, la Ley de Concursos, el Código de la Navegación, la Ley del Ambiente, etc.”.

“Esa función de cohesión es posible, ciertamente, por la incorporación expresa en el CCyC de los principios que emanan de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos.” “Claro está, que esta `nueva exégesis` se consolidará con el auxilio de la jurisprudencia que se forjará al interpretar y aplicar sus disposiciones.Cabe señalar que esa tarea ya ha empezado, desde que no son pocos los jueces que invocan las nuevas normas como parte de la motivación en la que fundan la solución a la que llegan en decisiones anteriores a la entrada en vigencia del CCyC” (destaco).

En síntesis, concluyo que resultan aplicables al sub lite, las disposiciones establecidas en el nuevo Código Civil y Comercial.

De tal suerte, para determinar el monto del daño material, corresponde considerar la edad de quien acciona al tomar conocimiento de su enfermedad ( contaba con 22 años), el salario de $ 9.068,11 que arriba firme a esta instancia y la incapacidad determinada (10%) de la T.O. y demás datos personales y profesionales de la trabajadora.

Luego, corresponde señalar que la reparación del daño, conforme lo establece el art. 1740 del C.C.C.N. debe ser plena. Consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie”.

A su vez, el art. 1.738 del C.C.C.N. dispone que la indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante, la pérdida de chances, las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida.

Por su parte, el art. 1.746 C.C.C.N. determina que “la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades.Se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables en función de la índole de las lesiones o la incapacidad.”.

Por último, cabe mencionar que el Código Civil y Comercial de la nación, en un sentido dispone la actualización de los créditos, ya que en la cuantificación del daño, claramente establece que si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento en que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda (art. 772), y también establece que los intereses corren desde la mora (art. 768).

Asimismo, adhiero al criterio de la Sala IV, voto de la doctora Pinto Varela, en autos “Giménez Ernesto c/ Amancay SA y otro s/ accidenteacción civil” (SD 95603 del 15/7/2011) cuando expresa que “en reclamos de infortunios laborales en el contexto indemnizatorio del derecho civil, el juez se encuentra facultado para determinar el monto de condena sin estar obligado a utilizar fórmulas o cálculos matemáticos. Ello resulta concordante con la doctrina del Alto Tribunal en autos “Aróstegui, Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA y otro” del 8/4/2008, en cuanto establece que: el valor de la vida humana no resulta apreciable tan solo sobre la base de criterios exclusivamente materiales, ya que no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres”.

“Con estos parámetros, cabe tener en cuenta que para fijar el quantum del resarcimiento:las circunstancias del caso, la edad de la actora a la fecha de la primera manifestación invalidante, el salario mensual que percibía, las secuelas físicas verificadas, la perspectiva de ganancia de la que la trabajadora se vio privada, así como la existencia de cargas de familia y consecuencias que afecten a la víctima, no sólo en el aspecto laboral sino también individual y social, todo lo cual le confiere un marco de valoración más amplio que el que surge de la aplicación de una tarifa”.

Por lo expuesto, sobre la base del salario de la trabajadora, demás datos personales y profesionales e informe pericial psicológico, a la luz de los arts. 772, 768, 1.740 y 1.738 del C.C.C.N.), y teniendo en cuenta de manera indiciaria la fórmula “Vuoto, Dalmiro c/ A.E.G. Telefunken Argentina SA” (sentencia Nº 36.010 del 16.6.78 y su posterior corrección luego que la CSJN dictara el fallo “Aróstegui”, en el caso “Méndez, Alejandro Daniel c/ Mylba SA y otros s/ accidente – acción civil” , sentencia Nº 89654 del 28.4.08, ambas del registro de esta Sala), que dotan al presente de una cuota de objetividad, pero sin apegarse a la suma resultante de ella, considero que el monto fijado por daño material en la anterior instancia resulta bajo, por lo cual sugiero elevarlo a la suma de suma de $ 500.000 (pesos quinientos mil).

Como consecuencia de la modificación propuesta, la condena que alcanza en forma solidaria a J. M. S.G., por el progreso de la demanda interpuesta por la actora en los términos del Codigo Civil se eleva hasta la suma de $560.000 y con más los intereses dispuestos en la anterior instancia.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 279 CPCCN, coincido con la propuesta de confirmar el régimen de costas y honorarios de primera instancia toda vez que los emolumentos fijados resultan ajustados a derecho y a las tareas desarrolladas en la instancia previa,, y en cuanto a las costas de Alzada sugiero imponerlas a las demandadas vencidas ( artículo 68 CPCCN).

Auspicio regular los honorarios de los profesionales firmantes de fs. 458/460 y fs. 463/468 por sus trabajos ante la alzada, en 30% de lo que le corresponda percibir por sus trabajos en la instancia previa (art. 14 de la ley 21839).

En definitiva y por lo que antecede voto por: I.-Modificar parcialmente la sentencia de primera instancia elevando el monto de condena a la suma de $653.328 que deberá ser abonado por P. L. S.A., J. A. D. y G. M. C., en el plazo dispuesto en la anterior instancia y con más los intereses que deberán computarse desde la fecha del despido; condena que alcanza en forma solidaria a J. M. S. G. hasta la suma de $560.000 y con más los intereses dispuestos en la anterior instancia, por el progreso de la demanda interpuesta por la actora en los términos del Codigo Civil. II. Confirmar en lo demás la sentencia, en lo que ha sido motivo de apelación y agravios. IV.- Imponer las costas de Alzada a las demandadas vencidas ( artículo 68 CPCCN). V regular los honorarios de los profesionales firmantes de fs. 458/460 y fs. 463/468 por sus trabajos ante la alzada, en (%) de lo que le corresponda percibir por sus trabajos en la instancia previa (art. 14 de la ley 21839).

El Dr. Alejandro H. Perugini dijo:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto del Dr.Miguel Pérez.

Por los motivos que anteceden, EL TRIBUNAL RESUELVE:

1º) Confirmar la sentencia de grado en lo principal que decide, con excepción de la fecha a partir de la cual deben comenzar a calcularse los intereses, que – de acuerdo a lo resuelto- deberán computarse desde la fecha del despido (18/4/12); 2º) Imponer las costas de Alzada en el orden causado; 3º) Regular los honorarios de la actuación letrada de las partes actora y codemandado por sus labores ante esta instancia en el (%) para cada una de ellos, de lo que les corresponda percibir por su actuación en la etapa previa (art. 14 ley arancelaria); 4º) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 15/2013.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase

Alejandro H. Perugini

Juez de Cámara

Diana R. Cañal

Juez de Cámara

Miguel O. Pérez

Juez de Cámara

Ante mí:

María Luján Garay

Secretaria