Violencia de género y violencia doméstica. Excepción a la regla de la prohibición de mediación

Autor: Brest, Irina D.

Fecha: 29-jul-2019

Cita: MJ-DOC-14986-AR | MJD14986

Doctrina:

Por Irina D. Brest (*)

La Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales establece expresamente en el art. 9 pto. e) que el Consejo Nacional de la Mujer para garantizar el logro de los objetivos de la ley, deberá: «Garantizar modelos de abordaje tendientes a empoderar a las mujeres que padecen violencia que respeten la naturaleza social, política y cultural de la problemática, “no admitiendo modelos que contemplen formas de mediación o negociación”» (el entrecomillado interno me pertenece)

Del mismo modo, en el quinto párrafo del art. 28 dispone que: «El/la juez/a interviniente fijará una audiencia, la que deberá tomar personalmente bajo pena de nulidad, dentro de CUARENTA Y OCHO (48) horas de ordenadas las medidas del artículo 26 , o si no se adoptara ninguna de ellas, desde el momento que tomó conocimiento de la denuncia.

»El presunto agresor estará obligado a comparecer bajo apercibimiento de ser llevado ante el juzgado con auxilio de la fuerza pública.

»”En dicha audiencia, escuchará a las partes por separado bajo pena de nulidad, y ordenará las medidas que estime pertinentes”.

»Si la víctima de violencia fuere niña o adolescente deberá contemplarse lo estipulado por la Ley 26.061 sobre Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

“Quedan prohibidas las audiencias de mediación o conciliación”». (El entrecomillado interno me pertenece).

Es decir, que se encuentran expresamente prohibidas las audiencias de mediación o conciliación en las causas de violencia en que la mujer es víctima, casos de «violencia doméstica» y de «violencia de género», contemplándose únicamente audiencias que deberán ser en forma separada bajo pena de nulidad.

La audiencia, en donde se escuchará en forma separada a las partes, revela la importancia de evitar todo tipo de revictimizaciones para las mujeres, proteger su intimidad, garantizando la confidencialidad de las actuaciones, como también la concreción de un trato humanizado (art. 16, incs. f y g)» (1).

Asimismo, adviértase que la Ley 26.589 de Mediación y Conciliación contempla en su art. 32 que: «Si durante el proceso de mediación familiar el mediador tornase conocimiento de circunstancias que impliquen un grave riesgo para la integridad física o psíquica de las partes involucradas o de su grupo familiar, dará por concluida la mediación. En caso de encontrarse afectados intereses de menores o incapaces, el mediador lo pondrá en conocimiento del Ministerio Público de la Defensa a fin de que solicite las medidas pertinentes ante el juez competente».

En la mediación un tercero neutral ayuda a que las partes puedan escucharse, identificar los intereses detrás de las posiciones, las alternativas para resolver el conflicto y llegar a un acuerdo.

Ello no podría lograrse cuando se trata de una cuestión de violencia de género, pues existe una desigualdad en las partes, en la que la mujer muchas veces acota las órdenes del hombre, minimizando o naturalizando la violencia sufrida o por padecer intenso temor.

Las mujeres víctimas de violencia, cualquiera fuere su tipo, gozan en el proceso judicial de un «especial» estándar de protección; ello, como consecuencia de una mayor «sensibilidad» que -tras advertir las peculiares condiciones que definen su estado de vulnerabilidad- determina la necesidad de una protección «enriquecida» por parte del sistema judicial (2).

El marco normativo de protección a la mujer implica, de por sí, el reconocimiento de una situación determinada -de desventaja, discriminación, o vulnerabilidad-, y traduce la necesidad de tomar medidas al respecto. Gran parte de esas medidas, se plasman en la asunción de deberes por parte del Estado Argentino.Bastaría reproducir el texto de las leyes 24.417 de «Protección contra la Violencia Familiar», 26.485 de «Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales» (reglamentaria de la Convención CEDAW, Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer), o de la Convención de Belén do Pará -lo que no se efectúa por motivos de brevedad- para constatar un indubitable elenco de deberes de diferentes autoridades públicas para contener las vulneraciones a los derechos del colectivo tutelado (3).

Las provincias que no cuentan con Juzgados de Violencia de Género, como la provincia de Corrientes, los Juzgados de Familia son quienes tienen competencia para iniciar y tramitar dichas causas, el Juez luego de recibir la denuncia de la damnificada puede:

a- Ordenar la prohibición de acercamiento del presunto agresor al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o a los lugares de habitual concurrencia de la mujer que padece violencia;

b- Ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la mujer;

c- Ordenar la exclusión de la parte agresora de la residencia común, independientemente de la titularidad de la misma;

d- Decidir el reintegro al domicilio de la mujer si ésta se había retirado, previa exclusión de la vivienda del presunto agresor; entre otras medidas.

Asimismo, dispondrá una evaluación interdisciplinaria para evaluar la situación de peligro, las medidas que deberá disponer y la duración de la misma.

Los casos en que el Juez interviniente decida, con la debida prudencia atento a la obligación asumida por la República Argentina a través de instrumentos internacionales de rango constitucional como la Convención de Belén do Pará, dejar sin efecto las medidas cautelares ordenadas, o rechaza las adoptadas, en consideración que los informes sociales del Área de Asistente Social y psicológicos del Cuerpo de Psicología Forense concluyen que la cuestión no es de índolede violencia de género, pueden ser:

1. Cuando las agresiones son mutuas y no hay asimetría de poder.

2. Cuando los mismos se encuadran según DSM-IV (criterios diagnósticos), dentro de los problemas de relación, que implica una interacción entre los miembros de la pareja asociado a un deterioro de la actividad clínicamente significativo, o a síntomas de sus miembros o como el deterioro de la relación misma.

Los problemas se entienden como aquellos centrados en un patrón de interacción caracterizado por una comunicación negativa (criticas), una comunicación distorsionada (expectativas poco realistas) y finalmente ausencia de comunicación.

Es decir, cuando las situaciones no son suficientes y/ o significativos indicadores de la categoría de violencia de genero.

3. Cuando se trata de conflictos de propiedad, de problemas respecto al derecho de comunicación de los hijos, de alimentos, entre otras cuestiones propias de una separación de pareja.

Estas cuestiones deberán tramitarse por otra vía, ya que no afecta el orden público, son una excepción a la regla que prohíbe la mediación en temas de violencia de género.

Este método alternativo de resolución de conflicto resultara altamente beneficioso para resolver la cuestión de fondo, identificar los verdaderos intereses involucrados detrás las posiciones iniciales, y reducir los costos de tiempo y económico que conlleva el inicio de un juicio.

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(1) Medina Graciela, Violencia de género y violencia doméstica. Responsabilidad por daños, Edit. Rubinzal Culzoni, a edición Santa Fe, 2013, págs. 258/260.

(2) JRM P M.L.S. s/lesiones leves agravadas y amenazas de muerte en concurso ideal, Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

(3) A. R. H y Otra C/ Estado Nacional M. Seguridad -P.F.A. y Otros s/daños y perjuicios, Sal II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

(*) Procuradora y abogada, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, extensión Goya, provincia de Corrientes.Diplomada en la Dirección del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Lugar: Universidad de la Cuenca del Plata, Goya, provincia de Corrientes. Posgrado de especialización en Derecho Administrativo, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE. Carrera de especialización en Teoría y Técnica del Proceso Judicial, Colegio de Abogados, Goya, provincia de Corrientes. Mediadora, FIME.