La seguridad es lo primero: Se suspende la actividad de las empresas denominadas ‘apps’ de delivery hasta adoptar las medidas necesarias para evitar mas accidentes viales

Partes: Envios Ya S.A. y otros c/ GCBA y otros s/ amparo – otros

Tribunal: Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sala/Juzgado: 2

Fecha: 2-ago-2019

Cita: MJ-JU-M-120349-AR | MJJ120349 | MJJ120349

Suspensión de la actividad de las empresas denominadas ‘apps’ o plataformas de delivery.

Sumario:

1.-La gravedad de los hechos denunciados relacionados con la cantidad de accidentes en la vía pública que tienen como protagonistas a los repartidores de las firmas denominadas ‘apps’ de reparto -141 accidentes desde el dictado de la cautelar-, evidencian una vez más el palmario incumplimiento de la normativa de orden público vigente en la materia y de la orden emitida por la cámara el 10 de julio pasado en que incurren el GCBA y las empresas prestatarias, y justifican sobradamente la habilitación de la feria judicial a fines de adoptar las medidas requeridas por la representación sindical, con el objeto de evitar que sigan ocurriendo accidentes como los que reflejan los informes del Min. De salud y la Policía de la Ciudad.

2.-Queda suspendida la actividad por parte de toda empresa prestataria del servicio autodenominadas plataformas o ‘apps’ que no haya dado cumplimento a lo prescripto en la Ley 5.526 y su reglamentación, en las condiciones determinadas en la resolución dictada en autos el 6 de diciembre de 2018.

3.-Las firmas dedicadas a la actividad de reparto y delivery deberán presentar en autos la nómina del personal afectado al servicio, acreditando, en todos los casos su correcta registración en cumplimiento de las normas laborales y previsionales vigentes, incluyendo ART, como también deben acreditar la entrega de elementos e indumentaria que preserven la seguridad de sus conductores -casco, indumentaria con bandas reflectarias, mochila fija al vehículo y libreta sanitaria-. Una vez cumplido esto, el Tribunal decidirá acerca de la rehabilitación del funcionamiento provisional de la actividad.

4.-Frente a la inacción de las autoridades y empresas prestatarias a lo largo del transcurso de la presente causa, y a fin de hacer efectiva la prohibición de circular, cabe ordenar al jefe de la policía de la Ciudad la realización de operativos en la vía publica durante los cuales se verificará el cumplimiento de los antedichos requisitos, y en caso de detectarse irregularidades se decomisaran las cajas portaobjetos y su contenido y se remitirán, según el caso a la Dcción. Gral. de Higiene y Seguridad Alimentaria o al laboratorio de policía científica de la Ciudad, a efectos de determinar su naturaleza.

5.-Por cada irregularidad verificada por las autoridades policiales, las empresas involucradas serán pasibles de una sanción judicial pecuniaria de $10.000, cuyo pago se hará efectivo mediante embargo de las respectivas cuentas bancarias.

6.-Toda vez que las empresas en cuestión efectúan la mayoría de sus operaciones mediante cobro a través de tarjetas de débito y crédito, se ordenara además a las empresas que administran la tarjetas de crédito que en forma inmediata suspendan y bloqueen, hasta nueva orden judicial, todas las operaciones que por su conducto efectúen las prestatarias en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Ciudad de Buenos Aires, 2 de agosto de 2019.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1. Mediante las presentaciones de fs. 3796/3799 y 3819/3852 la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM), parte co-actora en este proceso de amparo colectivo, solicita la habilitación de la feria judicial en curso con el fin de que adopten una serie de medidas tendientes al cumplimiento de la cautelar dictada en autos el 6 de diciembre de 2018, confirmada por la Cámara de Apelaciones del fuero el día 10 de julio de 2019.

A tal fin, el representante del referido sindicato explica que «como uno más de los numerosos accidentes que han protagonizado en calidad de víctimas muchos de los repartidores de empresas conocidas bajo el nombre de Rappi, Pedidos Ya, Glovo, etcétera, el pasado 29 de julio del corriente año, Ernesto tuvo un accidente de tránsito al haber sido atropellado por un automóvil mientras se dirigía a realizar la entrega del pedido que le fuera asignado por la empresa Glovo». Continúa referenciando que al avisar el conductor a la empresa el accidente padecido, su interlocutor se limitó a preguntarle sobre el estado del pedido y a requerirle insistentemente que le envié una foto de los productos que trasladaba.

Agrega que ya ante la notoriedad que tomó el hecho, la empresa emitió un comunicado oficial en el que reconoció los hechos mencionados. En dicho comunicado, transcripto en la presentación a despacho, se afirmaba que «Glovo lamenta el accidente de un repartidor en Argentina y está colaborando con las autoridades locales para determinar las causas del evento. La compañía reconoce su error en el manejo de este caso específico, ya que los protocolos de acción internos no se cumplieron correctamente. La prioridad de la compañía es la seguridad de sus repartidores.Refiere también que este hecho se suma a la cantidad de accidentes que, si bien no quedan registrados, se multiplican por toda la Ciudad, y que la ASIMM recibe un promedio de cinco denuncias por accidentes semanales, de diferente gravedad, que sufren los repartidores.

Destaca que los accidentes sucedidos «no se deben a impericias de los trabajadores al conducir, sino que por el contrario obedecen a las precarizadoras prácticas de las empresas de mensajerías digitales. Afirma al respecto que «[.] dichas empresas impulsan y promueven una sobreexigencia de los trabajadores de mensajería y delivery [.] poniendo plazos de tiempo para la entrega del pedido que si no son cumplidos implican recibir el pedido sin costo alguno para el cliente., Ello redunda en que las empresas de delivery constantemente apuren a los repartidores a cumplir con los exiguos plazos de entrega, por lo que el trabajador debe realizar todo tipo de peripecias para cumplir la orden patronal. Esto implica que los repartidores deban circular a altas velocidades, con menor atención en el tránsito e inclusive se los ve circulando en contramando para llegar a la entrega También pone de resalto el apoderado de la Asociación peticionante, el fomento a las prácticas antes referida con premios a quienes realicen pedidos más rápidos, «dejando de lado cualquier tipo de cuidado o prevención de accidentes «, y asimismo que «los trabajadores no tienen ningún tipo de posibilidad a negarse a recibir un pedido, incluso bajo el temor y la duda de que se trate de cuestiones sospechosas, como puede ser el caso de estupefacientes.Concretamente se ha repetido en numerosas oportunidades que trabajadores se comunicaron con la empresa a fin de que se le permita ver el contenido de un paquete sospechoso o la no recepción dei mismo, siendo la respuesta empresaria inamovible en cuanto deben cumplir el pedido sin dilaciones, poniendo en riesgo la seguridad del trabajador y eventualmente colocándolo en una situación de extremo peligro (ley 23.737) Señala además que «la precarización y la anarquía es tal, que en la actualidad de alquilan cuentas para trabajar, e incluso moto vehículos, lo cual resulta peligroso para el común de la sociedad al desconocer la identidad de quien lleva un pedido y configura un hecho de abonar para trabajar, vulnerando el mandato constitucional de protección al trabajo establecido en el art. 14 bis de la Constitución nacional».

Así, considera el peticionante, que la situación expuesta implica un claro incumplimiento por parte de las empresas y por GCBA, al tiempo que evidencia «no sólo el riesgo de los daños físicos a los que quedan expuestos los repartidores y el resto de los conductores y peatones por los eventuales siniestros protagonizados por estos, sino también la absoluta negligencia de las empresas que los contratan ante la ocurrencia de hechos que dañan la salud y ponen en riesgo la vida de sus repartidores Frente a esta situación, «en vísperas a un nuevo fin de semana durante las vacaciones invernales», durante el cual «se auspicia una alta demanda de los servicios que prestan las empresas en cuestión y eleva el riesgo de nuevos y más graves accidentes «, solicita la adopción en forma urgente de «todas las medidas tendientes a asegurar el cumplimiento de la ley 5526 y de la medida cautelar vigente desde hace más de 7 meses y confirmada por la Cámara».

Puntualmente, requiere que se dispongan los medios necesarios para «impedir que los conductores de bicicletas y motocicletas que realizan actividad de reparto continúen desarrollándola en las condiciones de precariedad absoluta en que actualmente prestan dichos servicios Tambiénsolicita que se adopten medidas para que los repartidores en cuestión «no puedan ejercer su actividad hasta tanto las empresas que los contratan regularicen laboralmente su situación legal, cumplimiento plenamente con toda la legislación laboral y previsional aplicable » y que se intime a las empresas a «gestionar ante las .autoridades la tramitación de la libreta sanitaria de quienes contraten como repartidores y se los registre como trabajadores en relación de dependencia ante los organismos pertinentes (AFIP) y ante el RJJTRAMYC, debiendo acompañar constancia documentada de ello», a «acompañar el listado de la totalidad de los conductores habilitados por las empresas a diciembre de 2018 (fecha del dictado de la medida cautelar) y a julio de 2019 (a fin de constatar que las prestadoras cumplan con la obligación de inscribir a la totalidad del personal, y a que «acrediten haber provisto a los repartidores que contratan los elementos de seguridad necesarios para el desempeño regular de sus tareas. A saber, casos, vehículos técnicamente aptos para la tarea, caja transportadora fijada a la bicicleta o moto, indumentaria adecuada, con bandas reflectivas y equipo de lluvia».

Finalmente peticiona que «se apliquen sanciones a las empresas y a los funcionarios públicos que no cumplen con las disposiciones legales vigentes y la manda judicial en torno a las actividades que aquí se ventilan «.

Por otra parte, la documentación aportada por ASSIM a fs. 3823/3852 grafica con sobrada elocuencia el grave cuadro denunciado por la parte. En efecto, las capturas de pantalla anejadas a fs. 3823/3829 (correspondientes a una conversación mantenida por una Glover con una personal administrativa de la firma «GLOVO»), evidencian el riesgo en que se encuentran colocados los trabajadores involucrados en el servicio mensajería urbana y repartos, en tanto desconocen lo que transportan durante la prestación del servicio.En efecto, la trabajadora en cuestión se preocupa por cuanto se le ordena transportar una caja cerrada sin conocer certeramente su contenido, corriendo el riesgo convertirse involuntariamente en una «muía» transportadoras de drogas y, además, porque la firma comercial de la sociedad Kadabra S.A.S no aplica ningún tipo de medida de seguridad al respecto con el fin de evitar exponerlos a situaciones irregulares.

En otro orden de ideas, el contenido de las constancias acompañadas a fs. 3830/3831 y 3833/3835 ilustran lo reseñado en reiteradas oportunidades por este Tribunal, en relación a la cantidad de accidentes de tránsito que suceden, día tras día, durante la prestación del servicio involucrado dentro de la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La primera de ellas consiste en una publicación de Facebook que relata un suceso que le habría ocurrido a un trabajador de la firma «Glovo», en inmediaciones del Shopping Aflbsto. En síntesis, se cuenta que fue interceptado por tres delincuentes con el objetivo robarle su bicicleta y lo que transportaba, y por resistirse, fue brutalmente golpeado en la cara a punto tal que le partieron la mandíbula en tres partes. En sí, la publicación en la red social tenía un fin particular: conseguir ayuda para poder operarlo ya que -como surge de la publicación- al no tener seguro, «aquí en argentina se complica mucho y en el Argerich le negaron la operación» (v. fs. 3831).

La segunda, también consiste en una publicación en la red social mencionada, donde un Glover relata en primera persona un hecho que le sucedió. Al respecto, refiere que circulando en un motovehículo durante el servicio, colisionó con un colectivo que luego lo arrolló y le dejó múltiples heridas, entre ellas la fractura de una pierna que se ilustra gráficamente a fs. 3833/3834. Asimismo, cuenta que fue hospitalizado y a las 48 hs. fue dado de alta, aunque con la imposibilidad de apoyar el pie durante un mes.Así, cuenta que se contactó con el seguro que la firma Glovo había implementado días atrás -que aclara, no tuvo posibilidad de elegir sino que directamente se lo asignaron y comenzó a abonarlo obligadamente- quien le informó que el para acceder al servicio era «requisito primordial estar internado como mínimo 72hs.» sin importar la gravedad del asunto.

Sobre este punto, cabe destacar que de las constancias de referencia también surge que las firmas Rappi y Glovo, por un lado no brindan ni exigen la utilización de los más mínimos accesorios de indumentaria para resguardar su seguri dad los días de lluvia, incentivan económicamente a los repartidores para hacer más reparto, en menos tiempo y -sin dudas- con mayor exposición al riesgo con la pena de -en caso de aceptar y no cumplir- no recibir incentivos por una semana (v. fs. 3839 y 3848/3849).

Otra de las cuestiones derivadas de la falta de control por parte de las autoridades gubernamentales sobre el servicio de marras, radica en el «alquiler de ID de usuarios» y también moto vehículos para poder desarrollar la actividad (v. fs. 3836/3838 y 3840/3846).

En definitiva, las cuestiones fácticas traídas a conocimiento, algunas de las cuales continúan sucediendo durante esta feria judicial de invierno, exponen el nivel de urgencia para que se adopten medidas tendientes a resguardar la seguridad de los prestadores del servicio en cuestión, aunque también de los transeúntes y consumidores de esta Ciudad.

2. Habilitación de la feria judicial.

En primer lugar corresponde merituar si lo requerido conlleva una urgencia tal que implique la necesidad del tratamiento de la cuestión traída a conocimiento del tribunal durante el curso de la feria invernal, conforme lo establecido en los artículos 135 del Código CAyT y 1.4.de la Resolución CMCBA n°l 52/1999.

En ese contexto cabe destacar que los graves hechos denunciados en las presentaciones a despacho y la situación de riesgo a la salud de las personas que llevan a cabo la actividad de reparto en la modalidad aludida, juntamente con la naturaleza de los derechos involucrados, permite concluir que la falta de prestación oportuna del servicio jurisdiccional podría afectar la integridad física de aquéllos y sus derechos laborales. Ello en el marco de una resolución judicial que lleva siete meses sin ser cumplida, a pesar de haber sido confirmada por la Cámara de Apelaciones del fuero hace casi un mes.

Nótese, además, que desde el dictado de la medida cautelar hasta la fecha se reportaron en autos ciento cuarenta y un (141) accidentes de tránsito que afectaron la integridad física de los conductores de bicicletas y moto vehículos afectados al reparto de sustancias a domicilio y causaron la muerte de al menos un conductor (hecho acaecido el día 12 de abril de 2019, tomó estado público a través de medios como Telefé Noticias, Minuto Uno, Crónica y Tiempo Argentino, entre otros ).

Resulta alarmante también el aumento de la cantidad de accidentes que se desprende de los informes obrantes a fs. 2260/2261, 3067, 3078/3080, 3645/3646, 3740/3741 y 3777/3781, con relación a los hechos reportados por el Ministerio de Salud y la Policía de la Ciudad.En efecto, en febrero se reportaron dieciséis (16) accidentes, en marzo trece (13), en abril veinte (20), en mayo cuarenta (40), en junio veintiséis (26) y en julio veintiséis (26). Es decir que mes a mes la cantidad de hechos luctuosos informados se ha incrementado progresivamente, alcanzando en los últimos períodos cifras que duplicaron y triplicaron los guarismos de los primeros meses.

De este modo, atento que la situación descripta conlleva un riesgo previsible e inminente de frustrar los derechos a la vida, a la integridad física y al trabajo, cuyo debate se encuentran en juego en este proceso, cabe afirmar que se verifican en autos las razones de urgencia que impiden dilatar la resolución de las cuestiones planteadas hasta la reanudación de la actividad ordinaria.

En virtud de lo expuesto, corresponderá habilitar la feria judicial a fin de resolver las peticiones formuladas a fs. 3796/3799 y 3819/3852.

3. La reticencia en el cumplimiento de las decisiones del Tribunal y sus consecuencias. ; La grave situación expuesta en el apartado precedente fue puesta de manifiesto en cada una de las resoluciones adoptadas en autos, que tuvieron por objeto medidas de regularización de la actividad de «delivery» a través del cumplimiento estricto de una ley vigente desde el año 2016, así como aventar los altísimos riesgos para las personas provocados por las irregularidades reconocidas por las empresas y por el propio GCBA (ver resoluciones de fs. 810/821, 1053/1056, 2264/2267, 3647/3650 y 3739, y presentaciones de fs. 884/885, 2231/2235 y 3796/3799 y 3819/3852, entre otras).

La gravedad evidenciada desde el inicio de estas actuaciones cobra dimensiones inusitadas cuando, a pesar de los luctuosos hechos acaecidos, la parte demandada y las empresas prestatarias del servicio en cuestión continúan incumpliendo la ley y la manda judicial fírme y vigente desde hace siete meses; circunstancia que requiere la adopción de las medidas urgentes peticionadas por la Asociación requirente afs.3796/3799 y 3819/3852.

Agrava lo antedicho el hecho de que parte de los accidentes referidos posiblemente podrían haber sido evitados si las autoridades gubernamentales hubiesen cumplido las constataciones ordenadas el pasado 19/07/2019. Sin embargo, una vez más han optado por asumir una conducta contraria a lo decidido por el Tribunal.

En efecto, frente a la última decisión adoptada en estos autos antes del inicio de la feria de invierno, consistente en disponer la realización de un operativo de constatación en la vía pública a efectos de determinar el cumplimiento de la ley y de la manda judicial vigente desde hace más de siete meses y confirmada por la Cámara, el representante del GCBA, en lugar de implementar las cuestiones operativas destinadas a efectivizar dicha constatación, se limitó a formular objeciones meramente formales y dilatorias (conf. acta obrante a fs. 3788), y a cuestionar la orden impartida presentando un recurso ante el juzgado de tumo (fs. 3806/3814), y solicitando habilitación de días y horas inhábiles, lo que fue rechazado por la Magistrada interviniente (fs. 3815/3817).

Esta inconducta de las autoridades locales, reiteratoria del temperamento asumido desde el origen de estos autos, tendiente a obstruir el avance del proceso (mediante impugnaciones inconsistentes y recusaciones sistemáticamente rechazadas) y a intentar justificar sin fundamento alguno el contumaz incumplimiento de la ley y de la orden judicial impartida por la Cámara de Apelaciones del fuero, implica una afrenta al principio republicano de la división de poderes que no puede ser soslayada.

En síntesis, resulta inaceptable que los poderes públicos a quienes la Constitución local delega el cuidado de los derechos de los habitantes a través de la observancia de las leyes y del ejercicio del poder de policía para corregir las desviaciones de los particulares que afecten derechos de terceros, se conviertan en una valla para el efectivo cumplimiento de las norma vigentes, utilizando mecanismos dilatorios y obstruccionistas del normal avance del proceso.

4.La conducta a seguir.

Ante la complejidad del cuadro fáctico que motiva las referidas presentaciones, y a efectos de dar un tratamiento ordenado a cada una de las cuestiones allí introducidas, resulta conveniente recordar que:

En síntesis, la co-amparista ASSIM solicita que se dispongan las medidas necesarias para:

– Impedir que «los conductores de bicicletas y motocicletas que realizan actividad de reparto continúen desarrollándola en las condiciones de precariedad absoluta en que actualmente prestan dichos servicios

-Evitar que las empresas del rubro continúen prestando servicios hasta tanto: regularicen la situación de los empleados, dando pleno cumplimiento plenamente con toda la legislación laboral y previsional aplicable; acrediten haber provisto a los repartidores que contratan los elementos de seguridad necesarios para el desempeño regular de sus tareas, a saber, casos, vehículos técnicamente aptos para la tarea, caja transportadora fijada a la bicicleta o moto, indumentaria adecuada, con bandas reflectivas y equipo de lluvia.

– Se intime a las empresas «a gestionar ante las autoridades la tramitación de las libretas sanitarias de quienes contraten como repartidores y se los registre ante el RUTRAMyC».

– Se apliquen sanciones a las empresas y a los funcionarios públicos que no cumplen con las disposiciones legales vigentes y la manda judicial en torno a las actividades que aquí se ventilan

Sentado lo expuesto, cabe señalar que la gravedad de los hechos denunciados en la presentación a despacho, que evidencian una vez más el palmario incumplimiento de la normativa de orden público vigente en la materia y de la orden emitida por la Cámara de Apelaciones del fuero el 10 de julio pasado en que incurren el GCBA y las empresas prestatarias, justifican sobradamente la adopción de las medidas requeridas por ASIMM.

Ello a efectos de evitar que sigan ocurriendo accidentes como los que reflejan los informes del Ministerio de Salud y de la Policía de la Ciudad y la documentación aportada por los coaccionantes a fs. 2823/2852, así como también los medios masivos de comunicación y las redes sociales.

4.1.En primer lugar, señalo una vez más que, como ya se dijera en cada una de las decisiones adoptadas a lo largo de este proceso colectivo de amparo, la ley 5526 incorporó al Código de Tránsito y Transporte de la CABA el capítulo 13, destinado específicamente a regular la actividad de mensajería y delivery en bicicletas y motos, y prohibiendo su ejercicio por parte de quienes no cumplen con sus disposiciones que, por otro lado, son de orden público.

La vigencia y operatividad de la norma en cuestión fue destacada por la Cámara de Apelaciones del fuero al confirmar, el 10 de julio pasado, la medida cautelar dictada en autos al señalar que se trata de «una norma vigente y operativa que debe ser cumplida»* que las obligaciones en ella previstas «se encuentran inequívocamente ligadas a cuestiones de interés general, como la seguridad vial y el transporte adecuado de sustancias alimenticias» y «rigen para todas las personas que desarrollan las actividades reguladas en la Ciudad, cuenten o no con habilitación «, y que «el Poder Ejecutivo es el responsable de hacer cumplir esa ley y su reglamentación según el principio de división de poderes».

As í, frente a la inacción de las empresas involucradas y de las autoridades administrativas, de conformidad con lo peticionado a fs. 3796/3799 y 3819/3852, habré de disponer la suspensión de desarrollar la actividad en cuestión por parte de toda empresa que no haya dado cumplimiento a lo prescripto en la ley 5526 y su reglamentación, en las condiciones determinadas en la resolución dictada en autos el 6 de diciembre de 2018.

Es dable puntualizar que tal medida, así como las que se detallarán a continuación serán de aplicación específica a las empresas Rappi Arg. SAS, Kadavra SAS (Glovo) y Repartos Ya SM. (Pedidos Ya), ya que ostentan una envergadura tal que les permite mantener en las calles el oligopolio de la actividad.

4.2.En lo referente al vínculo entre las empresas prestatarias del servicio autodenominadas plataformas o «apps » y los repartidores, la Cámara destacó en la mentada resolución del 10 de julio pasado que el art. 13.3.2. del Código de Tránsito y Transporte establece que estos últimos «deberán encontrarse en calidad de conductores en el régimen del trabajador bajo relación de devendencia del prestador, cumpliendo con la lesislación laboral y yrevisional vísente «, y que «tal mandato legal impone necesariamente que, al menos hasta que se adopte la decisión de fondo, las prestadoras deberán dar cumplimiento a todas las normas vigentes En consecuencia, las firmas dedicadas a la actividad de reparto y «delivery» deberán presentar en autos las nóminas del personal afectado al servicio, acreditando, en todos los casos su correcta registración en cumplimiento de las normas laborales y previsionales vigentes, incluyendo ART.

4.3. Con relación a la utilización de elementos e indumentaria que preserven la seguridad de los conductores, más allá de las expresas y detalladas presciipciones contenidas en la ley 5526 y su reglamentación, que fueran referidas innumerables veces en las resoluciones dictadas a lo largo de este proceso, cabe poner de resalto que el plazo de cinco (5) días conferido al GCBA para que adoptara las medidas necesarias para prohibir la circulación de vehículos que no lleven la caja porta objetos asegurada al vehículo, y cuyos conductores no lleven casco e indumentaria reglamentarios, se encuentra vencido hace más de siete meses.

Idéntica situación se verifica respecto de la obligación de poseer libreta sanitaria en caso de transporte de sustancias alimenticias, requisito que tiene en mira la protección de la salubridad pública y de la integridad física de los consumidores.

Por tal razón, frente a la inacción de las autoridades y de las empresas prestatarias, y a fin de hacer efectiva la prohibición de circular habré de ordenar al Jefe de la Policía de la Ciudad la realización de operativos en la víapública durante los cuales se verificará el cumplimiento de dichos requisitos, y en caso de detectarse irregularidades se decomisarán las cajas portaobjetos y su contenido y se remitirán a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria dependiente de la Agencia Gubernamental de Control del GCBA, donde previa verificación del contenido de las cajas y determinación de su destino de conformidad con la reglamentación vigente, se dispondrá la conservación en depósito de las cajas portaobjetos decomisadas, hasta nueva orden, y la remisión de toda sustancia no alimentaria que sea decomisada al Laboratorio de Policía Científica de la Ciudad, a efectos de determinar su naturaleza.

Los operativos dispuestos se realizarán todos los días, incluyendo sábados, domingos y feriados, desde las 11 hasta las 14 horas y desde las 20 hasta las 24 horas, en toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, fundamentalmente, en los siguientes emplazamientos:

– Honduras y Malabia; – Luis María Campos y Chenaut; – Costa Rica y Armenia: – Borges y Honduras; – Av. Juan B. Justo y Av. Santa Fé; – Báez y Ortega y Gasset.

4.4. A su vez, conforme lo solicitado a fs. 3796/3799 y 3819/3852 y frente al reiterado incumplimiento de las obligaciones legales, y de lo ordenado por la Cámara de Apelaciones el 10 de julio pasado, habré de disponer que por cada irregularidad verificada por las autoridades policiales, las empresas involucradas serán pasibles de una sanción judicial pecuniaria de diez mil pesos ($ 10.000), cuyo pago se hará efectivo mediante embargo de las respectivas cuentas bancarias. Ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 30 del Código CAyT

4.5. Finalmente, dado que las empresas en cuestión efectúan la mayoría de sus operaciones mediante el cobro a través de tarjetas de débito y crédito, se ordenará además a las empresas que administran las tapetas de crédito VISA, MASTERCARD, TARJETA NARANJA y AMERICAN EXPRESS (Visa Argentina S A, MasterCard Cono Sur S.R.L. Tarjeta Naranjas S.A.y American Expresss Argentina S.A.) que en forma inmediata suspendan y bloqueen, hasta nueva orden judicial, todas las operaciones que por su conducto efectúen las empresas Rappi Arg. SAS (Glovo) y Repartos Ya SA (pedidos Ya), en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

4.6. Asimismo, y a efectos de garantizar la adecuada difusión de las obligaciones legales a cargo de las empresas prestatarias del servicio de delivery entre la población en general y las empresas que subcontratan dicho servicio, así como de las consecuencias de su incumplimiento, habré de disponer la publicación de un comunicado ad hoc y de la presente resolución a través del Departamento de Difusión del Consejo de la Magistratura de la CABA.

En virtud de todo lo expuesto, RESUELVO:

Io) HABILITAR LA FERIA JUDICIAL EN CURSO a fin de resolver las peticiones formuladas por la coamparista ASSEM a fs. 3796/3799 y 3819/3852.

2o) SUSPENDER LA ACTIVIDAD DE REPARTO DE MERCADERÍAS Y ENTREGA DE SUSTANCIAS ALIMENTICIAS A DOMICILIO EN CICLORODADOS O MOTOVEHÍCULOS, por parte de toda empresa que no haya dado cumplimiento a lo prescripto en la ley 5526 y su reglamentación, en las condiciones determinadas en la resolución dictada en autos el 6 de diciembre de 2018.

3o) ORDENAR A LAS EMPRESAS VISA ARGENTINA S.A, MASTERCARD CONO SUR S.R.L., TARJETA NARANJA S.A. Y AMERICAN EXPRESSS ARGENTINA S.A. que DISPONGAN LA INMEDIATA SUSPENSIÓN Y BLOQUEO DE TODAS LAS OPERACIONES que por su conducto efectúen las empresas RAPPI ARG. S.A.S. (CUIT 30-71580389-1), ü KADAVRA S.A.S. (GLOVO) (CUIT 30-71573572-1) y REPARTOS YA S.A. (PEDIDOS YA) (CUIT 33-71566736-9), en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tal fin líbrense oficios por Secretaría, con carácter de urgente y con habilitación de días y horas inhábiles.

4o) REQUERIR A LAS EMPRESAS RAPPI ARG. S.A.S., KADABRA S.A.S. (GLOVO) y REPARTOS YA S.A.(PEDIDOS YA) que presenten en autos, en el plazo de dos (2) días, la nómina del personal afectado al servicio de reparto de mercaderías a domicilio y delivery, acreditando, en todos los casos, su correcta registración en cumplimiento de las normas laborales y previsionales vigentes, y haber entregado a cada conductor bajo su exclusiva cuenta y cargo: i. casco e indumentaria con bandas reflectivas reglamentaria, IL caja portaobjetos reglamentaría con sistema de ajuste al vehículo; iii. comprobante de póliza de seguros personales y de riesgos del trabajo vigentes; iv. copia de las libretas sanitarias vigentes. Queda expresamente vedado a las empresas citadas obligar a los empleados a costear las provisiones establecidas supra. Cumplido que sea el Tribunal decidirá acerca de la rehabilitación de su funcionamiento provisional

5o) ORDENAR AL JEFE DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD que, a partir del día de la fecha y hasta nueva orden, disponga la realización en todo el ámbito de la CABA, de operativos en la vía pública, fundamentalmente en los emplazamientos detallados en el apartado 4,3. del presente, durante los cuales deberán:

A) Identificar a los conductores de ciclorodados y motovehículos afectados al trasporte de mercadería, con detalle de la empresa para la que prestan servicios, y verificar, en todos los casos, que: i. utilicen casco reglamentario correctamente colocado, ii, utilicen indumentaria con bandas reflectivas, iii. lleven la caja porta objetos fijada al vehículo y no colgada en la espalda a modo de mochila, iv. posean libreta sanitaria vigente.A tal fin, deberán utilizar los formularios que se adjuntan al presente decisorio como anexo, completando todos los ítems en forma clara y precisa.

B) En caso de verificarse el incumplimiento de cualquiera de los puntos detallados en A) (que los conductores no utilicen casco reglamentario correctamente colocado o que no utilicen indumentaria con bandas reflectivas o que no lleven la caja porta objetos fijada al vehículo o que no posean libreta sanitaria vigente), los agentes de la Policía de la Ciudad deberán proceder al decomiso de la caja portaobjetos y de su contenido dejando debida constancia en el formulario respectivo. Una vez efectivizado el decomiso dispuesto, los funcionarios policiales deberán permitir que el conductor continúe circulando con su vehículo, salvo que se verificasen otras infracciones a las normas de tránsito que requieran la adopción de un temperamento diferente.

C) Las cajas portaobjetos decomisadas y su contenido serán remitidas por los funcionarios intervinientes a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria dependiente de la Agencia Gubernamental de Control del GCBA, quienes previa verificación del contenido de las cajas y determinación de su destino de conformidad con la reglamentación vigente, deberán conservar en depósito las cajas portaobjetos decomisadas, hasta nueva orden. Toda sustancia no alimentaria que sea decomisada deberá ser remitida al Laboratorio de Policía Científica de la Ciudad a efectos determinar su naturaleza, dando en su caso intervención a la Policía Federal Argentina.

6o) IMPONER a las empresas RAPPI ARG. S.A.S., KADAVRA S.A.S. (GLOVO) y REPARTOS YA S.A. cuyos repartidores hubieran quedado incursos en las previsiones detalladas en el apartado 4o) del presente decisorio, conforme las actas labradas al efecto por los funcionarios policiales, una sanción judicial pecuniaria de diez mil pesos ($ 10.000) por cada irregularidad verificada, cuyo pago se hará efectivo mediante embargo en las cuentas bancarias de su titularidad.Los importes recaudados en tal concepto serán transferidos a una cuenta abierta a nombre de estos autos y su destino será determinado oportunamente.

7o) HACER SABER al Jefe de la Policía de la Ciudad Comisionado General Gabriel Oscar Berard y al Director General de Higiene y Seguridad Alimentaria del GCBA Sr. Tomas Schonamsgruber, que lo aquí dispuesto lo es en cumplimiento de lo ordenado por la Cámara de Apelaciones del Fuero y por ende, en caso de no acatar cabalmente lo ahora resuelto, se formulará sin más trámite la pertinente denuncia ante la Justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, a efectos,de que se investigue la comisión de los delitos previstos en los artículos 248 y 249 del Código Penal, o en caso de concurrencia de conducta grupal, ante la Justicia Nacional en lo Criminal, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y/ o civiles en que incurrieren con motivo de sus acciones y/u omisiones contrarias a los mandatos legales.

8o) HACER SABER A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y A LAS FIRMAS Y/O COMERCIOS QUE UTILIZAN LOS SERVICIOS DE EMPRESAS Y/O PERSONAS DEDICADAS AL REPARTO DE MERCADERÍAS A DOMICILIO O DELIVERY EN MOTOVEHÍCULOS O CICLORODADOS lo resuelto en el presente decisorio. A tal fin, se encomendará al Departamento de Información Judicial del Consejo de la Magistratura de la CABA la difusión a través de su página web y de todos los medios a que pueda acceder, de un comunicado y de la presente resolución.

9o) ENCOMENDAR A LOS SECRETARIOS DEL TRIBUNAL la certificación del cumplimiento de la presente orden judicial mediante la realización de constataciones en forma aleatoria en los lugares donde deben llevarse a cabo los operativos policiales dispuestos en el punto 4o) del presente. A tal fin se dispone la habilitación de dia y horas inhábiles y el libramiento de los mandamientos respectivos.

Notifíquese a bis partes y al firmante de la presentación de fs. 3796/3799 y 3819/3852 por cédula por Secretaría, con carácter de urgente y con habilitación de días y horas inhábiles, y al Sr. Jefe de Policía Comisionado General Gabriel Oscar Berard, y al Sr. Director General de Higiene y Seguridad Alimentaria de la CABA Sr. Tomas Schonamsgruber, mediante oficios del mismo carácter a diligenciarse en forma personal y en sus públicos despachos.

ROOBERTO ANDRÉS GALLARDO

JUEZ

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