La prueba del ticket: El ticket emitido por un comercio situado en el centro comercial permite presumir que el actor concurrió al establecimiento el día en el cual fue sustraído su automotor

Partes: Alonso Diego Sebastián c/ Wal Mart Argentina S.R.L. y otros s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 27-may-2019

Cita: MJ-JU-M-119924-AR | MJJ119924 | MJJ119924

El ticket emitido por un comercio situado en el centro comercial permite presumir que el actor y su familia concurrieron al establecimiento el día en el cual fue sustraido su automotor. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Siendo que los contratos asociativos no generan ninguna persona jurídica distinta de sus miembros (art. 1442 CCivCom.), forzoso es concluir que la defensa ensayada debe considerarse errada en sus propias bases, pues no corresponde exigir que el actor dirigiera su acción contra la persona a quienes esos contratantes habían designado administradora.

2.-Si la misma demandada aceptó haber integrado con otros sujetos el emprendimiento en cuya ejecución se instaló el estacionamiento en el que se produjo el siniestro, y así lo hicieron a fin de prestar a sus clientes el servicio respectivo, ello habilita a juzgar la cuestión a la luz de lo dispuesto en el art. 40 de la Ley 24.240, norma de la que se desprende que, siendo esas empresarias solidariamente responsables frente al demandante por la defectuosa prestación de ese servicio, éste podía dirigir su acción contra cualquiera de las prestadoras, lo cual torna irrelevante lo alegado por la defendida acerca de que el pretensor no efectuó ninguna compra en su comercio.

3.-El ticket de compra emitido por una casa de comidas ubicado en el centro comercial el día del siniestro, el que da cuenta del almuerzo familiar que relató el accionante para justificar el estacionamiento del automóvil en la playa de estacionamiento del supermercado, tiene eficacia probatoria, máxime cuando la cantidad e índole de los consumos allí efectuados coinciden con la conformación del grupo -esto es: el accionante con su cónyuge y sus dos hijos menores- que habría ingresado al establecimiento en cuestión.

4.-El ticket de compra en un negocio del supermercado tiene eficacia probatoria suficiente como para hacer presumir que el actor y su familia concurrieron a dicho establecimiento ese día, sin que esa conclusión pueda desecharse por el simple hecho de que tal ticket haya sido extendido a ‘consumidor final’, desde que, como es obvio, el nombre del consumidor no figura en los documentos de esta especie.

5.-El ticket de compra demuestra que ‘alguien’ concurrió a dicho shopping ese día, siendo del caso señalar que las reglas de la experiencia y la sana crítica judicial autorizan a presumir que se trató del actor y su familia, dado que dicho instrumento se encuentra en su poder sin que sea razonable suponer que el actor accedió a él por vía de algún otro mecanismo, como el que pretendió insinuar la demandada, es decir, que ese instrumento pudo haber sido retirado del piso.

6.-Como lo indica la experiencia, los robos de autos de la playa de estacionamiento del supermercado se producen cuando el delincuente no es observado por nadie, por lo que hacer lugar a la impugnación de la demandada basada en que se trata de testigos de su conocimiento, sería tanto como poner sobre quien sufre un robo de esta especie la carga de traer al juicio testimonios que, en tanto deberían emanar de terceros que por lo general no existen, se tornarían virtualmente imposibles.

7.-La dificultad probatoria de robo de un automotor de la playa de estacionamiento del supermercado deriva en que la carga respectiva no pueda ponerse íntegramente sobre quien afirma la comisión del siniestro, desde que, casi por definición, ese afectado no ha estado presente cuando ese siniestro sucedió. De ahí que la única prueba fidedigna que podría exigirse a este último, sería la constancia documental -emitida por la emplazada- de que su auto ingresó en la playa, constancia que sólo podría el siniestrado exhibir si previamente le hubiera sido entregada, lo cual aquí no sucedió porque la demanda no tenía implementado ningún sistema que hubiera permitido al actor acceder al comprobante respectivo.

8.-La invocada gratuidad del servicio de estacionamiento en el supermercado no puede ser alegada como argumento para sostener la inexistencia de la obligación de esta última de custodiar el rodado que el cliente aparcó en su playa. Primero, porque, de lo contrario, tal servicio perdería en parte su sentido, desde que esa necesidad de custodia es uno de los intereses que normalmente procura satisfacer quien busca para su automóvil tal tipo de resguardo y segundo, porque los actos de quienes se dedican profesionalmente al comercio no se presumen gratuitos, lo cual obsta a suponer que, en esos casos, la inexistencia de canon importe ausencia de compensación.

9.-Quien para obtener una mayor afluencia de público e incrementar sus ventas, ofrece la prestación del servicio de estacionamiento, no puede luego pretender no haber asumido ninguna obligación: tal pretensión, que importa tanto como alegar que al cliente le da igual estacionar en la vía pública que hacerlo en un estacionamiento como el que me ocupa, resulta insostenible en tanto va en contra de los propios actos del defendido.

10.-La fuente de su obligación de responder (art. 499 del CCiv.) presenta, naturalmente, una particularidad: el contrato vinculado al automóvil -implícitamente celebrado, pero no por ello con menor fuerza en derecho- es un contrato accesorio de otra relación principal que presupone la concurrencia del conductor a las tiendas de la demandada (aun cuando decidiera no comprar). Sin ese presupuesto no podría entenderse prestado por la demandada ningún consentimiento que importara asumir una obligación de guarda.

11.-El servicio de estacionamiento brindado por el supermercadista no es desinteresado, sino destinado a habilitar una mayor afluencia de público en el marco de una técnica de marketing destinada a captar mayor clientela y a estimular el consumo, lo cual coloca a quien así procede en la obligación de proporcionar esa prestación accesoria en forma segura y eficiente.

12.-Si bien es cierto que entre los supermercados, ‘shoppings y otros centros comerciales y sus clientes no se genera, por el solo hecho de que se ofrezca un espacio para estacionar vehículos un contrato típico de ‘garaje’ o de ‘depósito’, de ello no se sigue que no nazca en tales casos ningún vínculo jurídico entre aquéllos con motivo de este servicio.

13.-En los supuestos de estacionamiento en la playa de los supermercados y centros comerciales se configura entre el dueño del automóvil y el dueño del establecimiento una relación de índole contractual atípica, pues si bien, por sus características, ella podría asimilarse al depósito gratuito, el ánimo de lucro del titular del establecimiento exorbita ese encuadramiento, por lo que resulta más adecuado encuadrarlo entonces como un contrato innominado (cfr. doc. arts. 1143 y 1197 , CCiv ).

14.-El hurto sucedido en la playa de estacionamiento del supermercado y la virtual confesión de la demandada de que ella no cumplió con la obligación de custodia a la que se hallaba obligada, fuerzan a concluir que su parte debe responder por las consecuencias del ilícito que sufrió el actor.

15.-Si bien no se desconoce la doctrina que sostiene que la sola falta del vehículo no constituye por sí sola un daño resarcible; doctrina que se funda en el hecho de que el uso de un automóvil ocasiona una serie de erogaciones, tanto directas como indirectas, tales como estacionamiento, combustible, lubricantes, repuestos y demás gastos de mantenimiento que se evitan en principio cuando no se dispone de la posibilidad de utilizar el rodado, tal forma de pensar no no es compartida por esta Sala y ello, pues es claro que quien tiene un automóvil, lo tiene para usarlo, extrayendo de él beneficios que, aunque puedan no ser de índole estrictamente económica, deben considerarse susceptibles de indemnización.

16.-La propia naturaleza del automotor lleva implícito su destino y sus beneficios -comodidad, practicidad y esparcimiento que puede dispensar a su dueño -, torna por completo sobreabundante exigir a éste que demuestre cuál es el perjuicio que le produjo su privación.

17.-El agravio moral importa una lesión a las afecciones legítimas, entre otras, la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, el honor, la integridad física, los afectos familiares, hallándose vinculado con el concepto de desmedro extrapatrimonial o lesión en los sentimientos personales.

18.-Para que la indemnización por daño moral resulte procedente, no se requiere la producción de prueba directa, sino que puede tenérselo por configurado ante la razonable presunción de que el hecho que motiva el juicio generó un padecimiento espiritual susceptible de justificar la indemnización reclamada. Ese temperamento se encuentra hoy expresamente admitido en el art. 1744 del nuevo CCivCom. que, al regular la prueba del daño, admite que éste se tenga por acreditado cuando surja notorio de los propios hechos, lo cual, reitero, sucede en el caso, dado que, por su propia naturaleza, los hechos vividos por el demandante habilitan a formar la aludida presunción.

19.-Procede la reparación del daño moral cuando el dueño del automóvil robado en la playa de estacionamiento, no sólo sufrió frente a la expectativa cierta de no poder recuperar un bien que para él era importante, sino que ese padecimiento fue seguido de la incertidumbre propia de todo juicio, al que tuvo que someterse frente a la reticencia de la demandada a hacer frente a la indemnización reclamada y esa frustración y esa incertidumbre, producidas en el marco de un comportamiento abusivo que cabe suponer generó también impotencia y desazón, autorizan a admitir el rubro en cuestión. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 27 días del mes de mayo de dos mil diecinueve, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos «ALONSO, DIEGO SEBASTIAN c/ WAL MART ARGENTINA S.R.L. y otros s/ ordinario» (expediente n° 21896/2016; juzg. nº 22, sec. nº 44), en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Julia Villanueva (9) y Eduardo R. Machin (7).

Firman los doctores Eduardo R. Machin y Julia Villanueva por encontrarse vacante la vocalía 8 (conf. art. 109 RJN).

Estudiados los autos, la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia de fs. 757/73?

La señora juez Julia Villanueva dice:

I. La sentencia apelada.

Mediante el pronunciamiento obrante a fs. 757/73, la señora juez de grado rechazó la demanda entablada por Diego Sebastián Alonso en contra de Wal Mart Argentina SRL a fin de obtener la indemnización de los daños que el actor alegó haber sufrido a causa del robo de su automóvil sucedido en la playa de estacionamiento del supermercado explotado por la demandada en el Centro Comercial La Tablada.

Para así decidir, tras ponderar las pruebas producidas en autos, la sentenciante juzgó que no había sido acreditado el ingreso del automóvil al estacionamiento ni el siniestro denunciado por el actor.

II. El recurso.

La sentencia fue apelada por el actor a fs. 774, quien expresó agravios a fs. 781/5, mereciendo respuesta de Wal Mart Argentina S.A. a fs. 789/91 y de Argentimo S.A. a fs. 794/8.

Agravia al actor la interpretación que hizo la magistrada de grado sobre las declaraciones testimoniales prestadas en la causa.

Cuestiona que la a quo haya restado credibilidad al testimonio brindado por la Sra.Melgarejo por haber expresado que el vehículo robado se encontraba en buenas condiciones mientras que el accionante había declarado algo distinto en sede penal, señalando -entre otras cosas- que este pleito no versa sobre el estado del aludido rodado.

También reprocha a la sentenciante que haya desestimado la declaración testimonial del Sr. Saavedra por no haber estado presente cuando el vehículo había ingresado en el establecimiento en cuestión, limitándose a estar allí después del siniestro denunciado.

Hace alusión al principio in dubio pro consumidor y sostiene que en un caso como el presente se debe invertir la carga de la prueba y disminuir el grado de exigibilidad al usuario.

Cuestiona que la magistrada de grado haya sostenido que el ticket de compra emitido por Arcos Dorados S.A. -acompañado con la demanda- no permitía suponer que el vehículo hubiera estado estacionado en el lugar denunciado.

Por otra parte, a los efectos de tener por acreditado el evento dañoso, manifiesta que si bien el contenido de la denuncia penal -cuya autenticidad fue probada- no constituye «plena prueba» de lo sucedido por ser una declaración unilateral de su parte, debe considerarse un indicio serio de la ocurrencia del hecho, desde que la demandada sólo se limitó a desconocerla y no ofreció prueba a fin de desvirtuarla.

Finalmente, se agravia de la conclusión a la que arribó la a quo respecto de que no se habían cumplido en el caso los presupuestos de la responsabilidad civil requeridos a los efectos de hacer lugar a la pretensión.

III. La solución.

1.Como surge de la reseña que antecede, el actor fundó su reclamo en el siniestro -robo de su automotor- que, según adujo, se había producido en la playa de estacionamiento del centro comercial «Wal Mart».

La demandada resistió la procedencia de la acción.

En primer lugar opuso excepción de falta de legitimación pasiva con sustento en que su parte no era la titular de esa playa, toda vez que, según sostuvo, ese espacio era parte común del consorcio de propietarios del parque comercial ubicado en La Tablada.

Explicó, a esos efectos, que Argentimo S.A. era la administradora del aludido consorcio encargada de la conservación de esos «espacios comunes», por el cual pidió su citación en los términos del artículo 94 del código procesal.

Además, puso de resalto que la accionante no había alegado haber concurrido a la sucursal donde se encontraba instalado su hipermercado, sino al patio de comidas del centro comercial.

Sin perjuicio de ello, y tras negar los hechos narrados en la demanda y desconocer la autenticidad de los documentos acompañados, expuso las razones por las cuales no correspondía imputar a su parte ninguna responsabilidad.

En tal sentido, negó que sobre ella pesara la obligación de custodia pretendida por el actor, destacando que el espacio para estacionar rodados era ofrecido en forma gratuita, a los efectos de cumplir con ciertas disposiciones habilitantes, y sin vinculación contractual que la obligara con el actor ni con ningún otro cliente.

Finalmente, solicitó también la citación en garantía de Sancor Cooperativa de Seguros Ltda. en los términos del art. 118 LS.

2.La sentencia, que no hizo lugar a la demanda, fue cuestionada íntegramente por el actor en los términos más arriba referidos.

Razones de precedencia lógica exigen que me ocupe, en primer lugar, de examinar si la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por la demandada es o no procedente, pues, si lo fuera, la demanda debería ser rechazada sin necesidad de indagar en el fondo de la cuestión debatida.

A mi juicio, esa defensa debe ser rechazada.

Así lo juzgo pues, más allá de que la accionada adujo formar parte de un consorcio de copropiedad cuyo administrador era quien indicó, es claro que el consorcio así calificado no existió; o, al menos, no en los términos de la ley 13.512 -que regía al tiempo de los hechos-, ni de los llamados conjuntos inmobiliarios regulados a partir del art. 2073 del CCyC.

Esas posibilidades no fueron siquiera insinuadas por la defendida y deben ser iura novit curia descartadas a la luz del contrato de fs. 583/691, del que resulta la celebración entre la nombrada y las demás contrayentes de un contrato asociativo cuyo objeto fue «-crear un ámbito definido por la imagen global, identidad y perfil comercial con el que eran conocidos los emprendimientos-» allí referidos, aunando la actividad propia de venta y servicios en la modalidad también allí mentada, a fin de lograr el mejor aprovechamiento de quienes desarrollarían en ese ámbito su actividad comercial.

En tales condiciones, y siendo que los contratos asociativos no generan ninguna persona jurídica distinta de sus miembros (art.1442 CCyC), forzoso es concluir que la defensa ensayada debe considerarse errada en sus propias bases.

De esto deduzco que no cupo exigir que el actor dirigiera su acción contra la persona a quienes esos contratantes habían designado administradora y que, en cambio, esa demanda fue bien dirigida contra Wal Mart.

Así lo juzgo pues, por las razones recién expuestas, tengo por cierto que la misma demandada aceptó haber integrado con otros sujetos el emprendimiento en cuya ejecución se instaló el estacionamiento en el que se produjo el siniestro.

Así lo hicieron a fin de prestar a sus clientes el servicio respectivo, lo cual habilita a juzgar la cuestión a la luz de lo dispuesto en el art. 40 de la ley 24.240, norma de la que se desprende que, siendo esas empresarias solidariamente responsables frente al demandante por la defectuosa prestación de ese servicio, éste podía dirigir su acción contra cualquiera de las prestadoras, lo cual torna irrelevante lo alegado por la defendida acerca de que el pretensor no efectuó ninguna compra en su comercio.

3. Así las cosas, corresponde analizar si fue probado o no el acaecimiento de los hechos de los que da cuenta el actor en su demanda, y en su caso, la responsabilidad que cabría imputar a la demandada.

La señora juez de grado consideró que el certificado de denuncia policial, las declaraciones testimoniales producidas en este expediente y el ticket de compra adjuntado por el demandante, no eran elementos suficientes para tener por acreditado el siniestro invocado.

No comparto esa apreciación de la prueba.

De la denuncia practicada por el actor en sede policial (fs. 3 y contestación de oficio de fs.340/6) surge que su automóvil se encontraba en la aludida playa cuando se produjo el siniestro, sin que haya un solo elemento en la causa que habilite a suponer que, al así proceder, el demandante haya incurrido en una declaración falsa, sino todo lo contrario.

Esa denuncia coincide con la actitud posterior del accionante en cuanto solicitó al Registro de la Propiedad del Automotor la baja del dominio del vehículo siniestrado (ver fs. 362/66).

Es verdad que, al efectuar la denuncia, el nombrado informó que «- [dejó] estacionado su rodado en la playa de estacionamiento del supermercado Walmart para luego ingresar al comercio a realizar una compras-» (sic., v. fs. 3) y después, al iniciar esta acción, afirmó que él y su familia habían ingresado al establecimiento y se habían dispuesto a almorzar en el patio de comidas del centro comercial.

Pero, según mi ver, esa contradicción es aparente, dado que puede aceptarse que, tal como él mismo lo explicó, su parte pretendió dar respuestas simples al efectuar la denuncia (v. fs. 781 vta.), lo cual vuelve entendible que no haya detallado, en esa oportunidad, que él y su familia habían ingresado al centro comercial en cuestión y almorzado en el lugar que refirió al iniciar la acción.

Por lo demás, la aludida versión de los hechos se corrobora con el ticket de compra emitido por Arcos Dorados -Mac Donald´s- ubicado en el centro comercial el día del siniestro a las 15:16 (fs. 1), el que da cuenta del almuerzo familiar que relató el accionante en la demanda; máxime cuando la cantidad e índole de los consumos allí efectuados coinciden con la conformación del grupo -esto es:el accionante con su cónyuge y sus dos hijos menores- que habría ingresado al establecimiento e n cuestión.

Ese ticket tiene eficacia probatoria suficiente como para hacer presumir que el actor y su familia concurrieron a dicho establecimiento ese día, sin que esa conclusión pueda desecharse -como pretendió la demandada- por el simple hecho de que tal ticket haya sido extendido a «consumidor final», desde que, como es obvio, el nombre del consumidor no figura en los documentos de esta especie.

Este documento demuestra que «alguien» concurrió a dicho shopping ese día, siendo del caso señalar que las reglas de la experiencia y la sana crítica judicial me autorizan a presumir que se trató del Sr. Alonso y su familia, dado que dicho instrumento se encuentra en su poder sin que sea razonable suponer que el actor accedió a él por vía de algún otro mecanismo, como el que pretendió insinuar la demandada, es decir, que ese instrumento pudo haber sido retirado del piso.

Dado lo expuesto, y teniendo también en consideración lo que surge de las declaraciones testimoniales, forzoso es tener por cierto que el actor ingresó con su automotor en el predio donde se produjo el siniestro, extremo que se constituye en relevante indicio de la verosimilitud de la versión fáctica proporcionada por el demandante.

Esto último es así pues, probado que el demandante ingresó en dicho predio, no cabe presumir que haya hecho una falsa denuncia penal y traído falsos testigos para que dijeran que el siniestro se había producido en tal lugar.

Por lo demás, no comparto las críticas que la a quo ha efectuado en contra de las declaraciones testimoniales producidas, dado que esos testigos no sólo ubicaron los acontecimientos en el día y horarios aproximados denunciados por el señor Alonso, sino que, además, dieron cuenta de lo sucedido una vez que este último advirtió la sustracción de su vehículo.

Esos testigos fueron contestes y proporcionaron una versión de los hechos que corrobora lo demás que fue dicho.

Comolo indica la experiencia, los robos de esta índole se producen cuando el delincuente no es observado por nadie, por lo que hacer lugar a la impugnación de la demandada basada en que se trata de testigos de su conocimiento, sería tanto como poner sobre quien sufre un robo de esta especie la carga de traer al juicio testimonios que, en tanto deberían emanar de terceros que por lo general no existen, se tornarían virtualmente imposibles.

La dificultad probatoria de este tipo de hechos deriva en que la carga respectiva no pueda ponerse íntegramente sobre quien afirma la comisión del siniestro, desde que, casi por definición, ese afectado no ha estado presente cuando ese siniestro sucedió.

De ahí que la única prueba fidedigna que podría exigirse a este último, sería la constancia documental -emitida por la emplazada- de que su auto ingresó en la playa, constancia que sólo podría el siniestrado exhibir si previamente le hubiera sido entregada, lo cual aquí no sucedió porque la demanda no tenía implementado ningún sistema que hubiera permitido al actor acceder al comprobante respectivo.

En tales condiciones, es mi convicción que esos elementos son suficientes para tener por acreditado que el hurto se produjo en las condiciones reseñadas, siendo del caso destacar que, como es obvio, no podría exigirse al demandante la producción de una prueba directa del ilícito que sufriera.

3.Sentado ello, la cuestión litigiosa se circunscribe a dilucidar si la circunstancia de que el automóvil se encontrara al momento del siniestro estacionado en la playa más arriba aludida, es extremo jurídicamente apto para servir de base a la responsabilidad que se imputó a la demandada.

A mi juicio, la invocada gratuidad del aludido servicio de estacionamiento no puede ser alegada como argumento para sostener la inexistencia de la obligación de esta última de custodiar el rodado que el cliente aparcó en su playa.

Primero, porque, de lo contrario, tal servicio perdería en parte su sentido, desde que esa necesidad de custodia es uno de los intereses que normalmente procura satisfacer quien busca para su automóvil tal tipo de resguardo.

Y segundo, porque los actos de quienes se dedican profesionalmente al comercio no se presumen gratuitos, lo cual obsta a suponer que, en esos casos, la inexistencia de canon importe ausencia de compensación.

Quien para obtener una mayor afluencia de público e incrementar sus ventas, ofrece la prestación del servicio en cuestión, no puede luego pretender no haber asumido ninguna obligación: tal pretensión, que importa tanto como alegar que al cliente le da igual estacionar en la vía pública que hacerlo en un estacionamiento como el que me ocupa, resulta insostenible en tanto va en contra de los propios actos del defendido.

La fuente de su obligación de responder (art. 499 del Código Civil) presenta, naturalmente, una particularidad: el contrato vinculado al automóvil -implícitamente celebrado, pero no por ello con menor fuerza en derecho- es un contrato accesorio de otra relación principal que presupone la concurrencia del conductor a las tiendas de la demandada (aun cuando decidiera no comprar).

Sin ese presupuesto no podría entenderse prestado por la demandada ningún consentimiento que importara asumir una obligación de guarda.

Ello así por algo obvio:aunque gratuito, el servicio de estacionamiento brindado no es desinteresado, sino destinado a habilitar una mayor afluencia de público en el marco de una técnica de marketing destinada a captar mayor clientela y a estimular el consumo, lo cual coloca a quien así procede en la obligación de proporcionar esa prestación accesoria en forma segura y eficiente (cfr. esta CNCom., Sala «A», en «La Segunda Coop. Ltda. de Seguros Generales c/Cia. Americana de Supermercados SA s/ordinario», del 4.12.07; esta Sala «C», en «Caja de Seguros S.A. c/Cadesa S.A. y otro s/ordinario», del 19.10.01; íd, Sala «E», «Inca S.A. Compañía de Seguros c/Carrefour Argentina S.A. s/ ordinario», del 28.10.91).

En tal contexto, y si bien es cierto que entre los supermercados, «shoppings» y otros centros comerciales y sus clientes no se genera, por el solo hecho de que se ofrezca un espacio para estacionar vehículos un contrato típico de «garaje» o de «depósito», de ello no se sigue que no nazca en tales casos ningún vínculo jurídico entre aquéllos con motivo de este servicio (CNCom., Sala «A», en «La República Compañía Argentina de Seguros Generales SA c/ Carrefour Argentina SA s/ ordinario», del 9.11.06; íd. en «Omega Cooperativa de Seguros Limitada c/ Auchan Argentina SA s/ ordinario», del 17.05.07, entre muchos otros).

En coincidencia con ese pensamiento, la jurisprudencia en general ha venido considerando que en estos supuestos se configura una relación de índole contractual atípica, pues si bien, por sus características, ella podría asimilarse al depósito gratuito, el ánimo de lucro del titular del establecimiento exorbita ese encuadramiento, por lo que resulta más adecuado encuadrarlo entonces como un contrato innominado (cfr. doc. arts. 1143 y 1197, CCiv.; CNCom., esta Sala «C», en «Omega Cooperativa de Seguros Limitada c/Carrefour Argentina SA s/ordinario», sentencia del 31.03.06).

De esto se deriva lo dicho:el hurto sucedido en la referida playa y la virtual confesión de la demandada de que ella no cumplió con la obligación de custodia a la que se hallaba obligada, fuerzan a concluir que su parte debe responder por las consecuencias del ilícito que sufrió el actor.

4. Así las cosas, paso a ocuparme de la procedencia de los rubros indemnizatorios reclamados.

En lo que concierne al resarcimiento pretendido por el hurto del automotor, el accionante solicitó la suma de $ 40.000 en la que estimó el valor del rodado siniestrado.

De las constancias de la causa se desprende que un vehículo como el que tenía el actor se ofrecía, al momento del siniestro, en la suma de $ 37.000 y $ 43.000 (ver publicaciones de las empresas «Auto Foco» y «Mercado Libre» obrantes a fs. 12 y 13 respectivamente), por lo que, según mi ver, la indemnización respectiva debe ser fijada en el monto pretendido por el demandante.

No soslayo que la demandada y las citadas a este juicio impugnaron el quantum del «daño emergente» por considerar que no existía una cotización oficial del vehículo, pero lo cierto es que esa impugnación no fue acompañada de prueba idónea tendiente a desvirtuar las cifras propuestas por el accionante, por lo que ese argumento carece de asidero, dado que, como es obvio, no fue dicho -ni puede ser supuesto- que el rodado en cuestión no tuviera ningún valor.

5. También encuentro procedente la indemnización reclamada en concepto de privación de uso.

No desconozco la doctrina que sostiene que la sola falta del vehículo no constituye por sí sola un daño resarcible; doctrina que se funda en el hecho de que el uso de un automóvil ocasiona una serie de erogaciones, tanto directas como indirectas, tales como estacionamiento, combustible, lubricantes, repuestos y demás gastos de mantenimiento que se evitan en principio cuando no se dispone de la posibilidad de utilizar el rodado (Sala «A», «Valle Alto c. Zurich» del 18.10.07; íd.,»San Esteban S.C.A.c. Nogueira S.R.L.» del 13.2.80).

Pero esa doctrina no es compartida por esta Sala.

Y ello, pues es claro que quien tiene un automóvil, lo tiene para usarlo, extrayendo de él beneficios que, aunque puedan no ser de índole estrictamente económica, deben considerarse susceptibles de indemnización («Silva Edelmiro c/ Banco Santander Río SA s/ Ordinario» , del 10.10.13, entre otros).

La propia naturaleza del bien que me ocupa lleva implícito su destino y los aludidos beneficios -comodidad, practicidad y esparcimientoque puede dispensar a su dueño, lo cual torna por completo sobreabundante exigir a éste que demuestre cuál es el perjuicio que le produjo su privación (ver, en el mismo sentido, esa Sala «Videtta de Spitaleri, Antonia c/Centro Automotores S.A.» del 5.3.10, recogiendo de tal manera la doctrina de la Corte Suprema Fede ral emergente de Fallos 319:1975 ; 320:1567; 323:4065 ).

Por tales razones, y siendo que estimo razonable el importe reclamado por el demandante por tal concepto, he de fijar la indemnización de marras en esa suma, que asciende a $ 10.000, suma dentro de la cual deberán considerarse los gastos que, en forma autónoma, reclamó el pretensor.

6. También debe progresar, según mi ver, el reclamo por daño moral deducido por el demandante.

Tiene dicho esta Sala que el agravio moral importa una lesión a las afecciones legítimas, entre otras, la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, el honor, la integridad física, los afectos familiares, hallándose vinculado con el concepto de desmedro extrapatrimonial o lesión en los sentimientos personales (esta Sala, «Gonzalez Arrascaeta, María c/ScotiaBank Quilmes S.A.», 19.3.10; id., «Noel, Alejandro c/ Banco Hipotecario S.A.» , 4.6.10; id., «Navarro de Caparrós, Aída c/ Suizo Argentina Cía.de Seguros S.A.», 20.12.10; entre muchos otros).

Y ha sostenido también que, para que este rubro resulte procedente, no se requiere la producción de prueba directa, sino que puede tenérselo por configurado ante la razonable presunción de que el hecho que motiva el juicio generó un padecimiento espiritual susceptible de justificar la indemnización reclamada (cfr. Llambías, Jorge J., «Tratado de Derecho Civil», t. I, p. 331; CNCom, Sala A, » Gonzalez, Sandra c/Transportes Metropolitanos Gral. Roca s/ ordinario», del 19.05.08; íd., en «Piceda, Gustavo Alberto c/Transportes Metropolitanos Gral. San Martín S.A. s/ordinario», del 10.07.07, entre otros).

Ese temperamento se encuentra hoy expresamente admitido en el art. 1744 del nuevo Código Civil y Comercial que, al regular la prueba del daño, admite que éste se tenga por acreditado cuando surja notorio de los propios hechos, lo cual, reitero, sucede en el caso, dado que, por su propia naturaleza, los hechos vividos por el demandante habilitan a formar la aludida presunción (esta Sala, «Andrés, Patricia Beatriz c/Caja de Seguros S.A. s/Sumarisimo» , 13.09.16, «Fuks Julio Sergio y otros c/Madero Catering S.A. y otro s/ordinario» , 27/10/15; «Pérez Gustavo Adrián c/Banco Comafi S.A. Fiduciario Financiero s/ordinario» 25/3/2013; «Body, Osvaldo Pedro c/Metropolitan Life Seguros de Vida S.A.s/Ordinario» , 25/10/2012).

El nombrado no sólo sufrió frente a la expectativa cierta de no poder recuperar un bien que para él era importante, sino que ese padecimiento fue seguido de la incertidumbre propia de todo juicio, al que tuvo que someterse frente a la reticencia de la demandada a hacer frente a la indemnización reclamada.

A mi juicio, esa frustración y esa incertidumbre, producidas en el marco de un comportamiento abusivo que cabe suponer generó también impotencia y desazón, autorizan a admitir el rubro en cuestión.

Por tales razones, es mi convicción que debe ser reconocido el derecho del actor a la indemnización de marras, que propongo fijar en la suma de $ 10.000 que él mismo reclamó.

7. Sobre los montos admitidos el actor tendrá derecho a percibir intereses que se calcularán a la tasa que cobra el BNA en sus operaciones de descuento a treinta días, sin capitalizar computados desde la mora -que estimo producida el 02.11.14, fecha en que se verificó el hurto del rodado- y hasta su efectivo pago. 8. En lo que concierne a Sancor Cooperativa de Seguros Limitada, y dado que su parte ha reconocido la cobertura, la acción contra ella prosperará en la medida del seguro, que surge de la póliza obrante a fs. 170/6.

IV. La conclusión .

Por lo expuesto, propongo al Acuerdo: revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, hacer lugar a la demanda promovida por Diego Sebastián Alonso contra Wal Mart Argentina S.R.L en los términos que surgen de las consideraciones que anteceden; condena que se extenderá a Sancor Cooperativa de Seguros Limitada en los términos también establecidos más arriba. Costas de ambas instancias a la demandada y a Sancor Cooperativa de Seguros Limitada en su calidad de vencidas (art. 68 del código procesal).

Por análogas razones, el Señor Juez de Cámara, doctor Eduardo R.Machin, adhiere al voto anterior.

Con lo que termina este Acuerdo, que firman ante mí los Señores Jueces de Cámara doctores

EDUARDO R. MACHIN

JULIA VILLANUEVA

RAFAEL F. BRUNO

SECRETARIO DE CÁMARA

Buenos Aires, 27 de mayo de 2019.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve: revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, hacer lugar a la demanda promovida por Diego Sebastián Alonso contra Wal Mart Argentina S.R.L en los términos que surgen de las consideraciones que anteceden; condena que se extenderá a Sancor Cooperativa de Seguros Limitada en los términos también establecidos más arriba. Costas de ambas instancias a la demandada y a Sancor Cooperativa de Seguros Limitada en su calidad de vencidas (art. 68 del código procesal).

Notifíquese por Secretaría.

Oportunamente, cúmplase con la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.

Hecho, devuélvase al Juzgado de primera instancia.

Firman los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía n° 8 (conf. art. 109 RJN).

EDUARDO R. MACHIN

JULIA VILLANUEVA

RAFAEL F. BRUNO

SECRETARIO DE CÁMARA

En la misma fecha se registró la presente en el protocolo de sentencias del sistema informático Lex 100. Conste.

RAFAEL F. BRUNO

SECRETARIO DE CÁMARA

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