La reforma del Código Procesal Laboral de Santa Fe (Ley 13.840). Una mirada desde la Teoría General del Derecho

Autor: Prola, Juan I.

Fecha: 21-jun-2019

Cita: MJ-DOC-14946-AR | MJD14946

Sumario:

El artículo nuevo. Principios que rigen la materia. El problema de la litigiosidad laboral. El juez conciliador y la Oficina de Conciliación. Obligación de que las audiencias sean excusablemente presididas por el juez o conciliador laboral.

Doctrina:

Por Juan Ignacio Prola (*)

En enero de este año se dictó la Ley provincial 13.840 , que reforma el sistema de enjuiciamiento laboral de la provincia, creando la figura del Juez Conciliador y la Oficina de Conciliación y Ordenamiento del Proceso, además de otros cambios menores a fin de adecuar el procedimiento a los principios expuestos en el Artículo Nuevo que incorpora. Esta reforma del CPL -cuyo texto ha sido ordenado en abril mediante el Decreto 741/19 – está en vigencia, aunque hasta el presente no se han cubierto los cargos que ella crea ni se encuentra en funcionamiento la Oficina de Conciliación.

Ello no obstante, la figura del Juez Conciliador y la Oficina de Conciliación, pese a constituir el núcleo duro de la reforma, no son más que herramientas que pueden ser substituidas por otras en caso de no ser eficaces. Vista desde la Teoría General del Derecho, la novedad más importante que trae la reforma del Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe es ideológica y la expresa el Artículo Nuevo (1) aludido en el exordio. Éste, a la manera de un preámbulo, establece la orientación ideológica que impregna nuestro enjuiciamiento laboral. Circunstancia que, en mi criterio, enrola al proceso laboral santafecino en la corriente principista que ha sido recibida en el derecho positivo argentino a partir de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación (arts.1 a 3 ). Los principios, a los que sin mayores pretensiones académicas definiremos como aquellas ideas rectoras bajo la cuales han de ser interpretadas las leyes (y por ende las situaciones que ellas normen), tienen como virtud axiológica la nobleza de las bellas ideas y, en el orden sociológico, establecen estándares o modelos que orientan la actividad de jueces y legisladores a la hora de diseñar esquemas de enjuiciamiento y juzgar casos.

Nadie puede denigrar -sin seria amonestación a la ética y moralidad públicas- los principios rectores del nuevo diseño del proceso laboral, esto es una verdad irrefutable. Ello no obstante me permito observar que celeridad y oralidad suelen no ser compatibles, ya que mientras se está en una audiencia, no se puede atender el resto de los asuntos que se tramitan en el juzgado. No estoy diciendo con esto que debe preferirse el proceso escrito al oral. Por el contrario, soy de los que piensan que la inmediatez que permite el juicio oral es esencial para llegar a lo propio del caso (tal es la idea rectora de «El caso como singularidad»). Sólo apunto a que esta inmediatez produce necesariamente el efecto querido de concentración del juez en el caso; pero también produce el efecto no deseado de distraerlo del resto del devenir del juzgado. Anoto que esto vale incluso para los defensores de las partes, ya que los abogados necesariamente deben permanecer en las audiencias, y mientras están en ellas no pueden atender a otros clientes. Esta colabora al encarecimiento económico de los juicios, por lo que aquí tenemos otro efecto no deseado. Sucede que se requiere de la asignación de recursos a la estructura jurisdiccional, de modo que pueda afrontar el aumento de la litigiosidad laboral satisfaciendo los principios enunciados en su ley de enjuiciamiento.Aquí nos encontramos con un problema material insalvable, ya que el Estado carece de los recursos que debe destinar para poner en funcionamiento este nuevo procedimiento.

Una crítica que puede recibir la reforma del CPL de Santa Fe, es que no parece tener en cuenta que buena parte de la litigiosidad laboral en nuestro país tiene fundamento en las continuas zozobras de nuestra economía y finanzas. Es una circunstancia que afecta tanto al trabajador, como al empleador, se relaciona estrechamente con los motivos por los que se va a juicio. Pocos sectores de la estructura jurisdiccional son tan sensibles a los vaivenes de la economía como la justicia laboral. Y muchas veces, acaso la mayoría, las razones por las que se recurre a la justicia laboral no se corresponden con discusiones de índole jurídica o probatoria, sino con motivos subjetivos que nada tiene que ver con ello. Y esto vale tanto para las personas físicas como jurídicas, para los trabajadores como para los empleadores. Tales motivos suelen ser variados y atienden a las necesidades particulares del litigante. Pero están estrechamente ligados al devenir económico general, en períodos de recesión económica, suelen aumentar los despidos por la imposibilidad de atender a las obligaciones laborales de parte de los empleadores en razón de la caída generalizada de su actividad. Luego, es muy probable que en tales épocas aumente el inicio de juicios laborales. Y a través de ellos tengan la expectativa:el trabajador, de cobrar lo antes posible porque no consigue un nuevo empleo y necesita de los rubros laborales para subsitir él y su familia; el empleador, porque necesita pagar lo menos y más tarde posible, ya que también la situación de supervivencia de su empresa se ha vuelto incierta.

En los días que corren, la depreciación de la moneda por la inflación, sumada a la saludable decisión de los distintos gobiernos de mantener la prohibición de indexar o repotenciar las obligaciones, obliga a la parte más débil de la relación jurídica -el trabajador, sujeto de protección constitucional preferente (art. 14 bis de la CN y art. 20 de la CP)- a conciliar, no siempre de la manera más justa. Es una situación de hecho que se presenta y beneficia a la patronal. La existencia del índice RIPTE, tiende a equiparar un poco las cosas, en el plano de los riesgos del trabajo. Pero al no tener reflejo esta situación en el plano procesal, se genera una distorsión en el sistema, dado que atiende del mismo modo a quien tiene su acreencia a resguardo de la inflación -procesos derivados de la LRT-, del trabajador que recurre a la estructura jurisdiccional por un reclamo derivado de la LCT, pues este último no tiene su acreencia a salvo de la inflación.

En cambio, es muy loable la tendencia a la despapelización de las causas, principio claramente compatible con la oralidad y que tiene expresión concreta en el nuevo art. 29 bis del CPL que consagra el «expediente digital», e incluye documento electrónico, firma electrónica, firma digital, comunicaciones electrónicas y domicilio electrónico constituido. Hoy día cualquier juez laboral de la provincia tiene en su juzgado enormes cantidades de documentos (recibos, constancias, intercambio epistolar, informes, etcétera), a tal punto que no hay lugar donde guardarlos. Y dado el sostenido incremento de las causas laborales en la provincia, urge encontrar una respuesta al problema que se presenta.De igual modo, y volviendo al respeto por el principio de celeridad y economía, parece atinado el sometimiento de las pericias médicas a los forenses dependientes del Poder Judicial en los lugares donde éste cuerpo de médicos forenses exista (art. 76 , CPL). Esto evita situaciones oscuras respecto de los expertos, no hay honorarios de peritos sorteados disminuyéndose las costas y los costes del juicio, y la pericia es llevada a cabo por un funcionario público, con todo lo que esto significa. Aunque también debe advertirse que se sobrecarga el aparato judicial, ya que los forenses, además, suelen tener que atender las causas penales y en algunas circunscripciones también son médicos auditores del personal judicial.

Otra novedad que trae la reforma es la creación de la «Oficina de Conciliación Laboral y de Ordenamiento del Proceso», vale recordar que tal oficina está prevista en el art. 42 bis del CPL, y que la propia norma hace ver que no tendrán vigencia en todos los distritos, sino en aquellos que sean creadas. Esta oficina -que hasta ahora no es más que un diseño normativo- está regulada en los arts. 143 a 149 , correspondientes al Capítulo I del nuevo Título XII bis del CPL. La competencia de esta oficina está delimitada en el art. 146. El Capítulo II está destinado a los Conciliadores Laborales y el Capítulo III cierra el sistema diseñando el procedimiento que habrá de seguirse para la conciliación y ordenación del juicio. No quiero terminar esta observación general y pasar a ocuparme de los nuevos institutos incorporados por la reforma, sin observar que el art.162 , haciendo honor a una tradición procesal de nuestra provincia, establece una diferencia respecto de aquellos Distritos donde no se creen Oficinas de Conciliación sólo podrán nombrarse Conciliadores Laborales con facultades ampliadas, mas no habrá Juez Conciliador, asumiendo tales funciones el mismo juez laboral o de fuero pleno.

La técnica legislativa de este Artículo Nuevo no es del todo feliz, tras el detalle de los principios que rigen en la materia. En efecto, luce un tanto innecesaria la descripción: «.con el objetivo de obtener la eficiencia y transparencia propias de un adecuado procedimiento tendiente a la pronta resolución de la causa que permita la percepción de igual forma de corresponder el crédito alimentario del trabajador, con la debida preservación del orden público laboral y de los derechos irrenunciables que consagra la materia y la ley de fondo, y que deben custodiar jueces y funcionarios del fuero. El juez dispone de amplias facultades a los fines del cumplimiento de los principios del proceso laboral, siendo su deber evitar dilaciones innecesarias. En caso de violación de la buena fe procesal, tiene facultades para considerar la conducta como maliciosa y temeraria debiendo imponer las sanciones correspondientes». Toda esta verborragia se pudo omitir, ya que no hace más que reiterar objetivos, directrices y otros aspectos que ya están dichos en la Constitución Nacional, en la de Santa Fe y en las leyes laborales de fondo. Digo, parece irracional que el proceso judicial laboral no atienda a la eficiencia, transparen cia, la preservación del orden público y el respeto a los derechos irrenunciables del trabajador, casi que no era necesario decirlo. En particular lo atinente al orden público laboral y los derechos irrenunciables, dada la irrenunciabilidad de los derechos consagrados en la ley sustantiva y la sustracción al principio de autonomía de la voluntad que supone el orden público, aparece un tanto redundante su invocación en este preámbulo del CPL de Santa Fe.Algo similar puede decirse en cuanto a la atribución de facultades de sancionar las conductas de los litigantes reñidas con el principio de buena fe y lealtad procesal. Tales facultades ya estaban presentes en el ordenamiento procesal laboral desde la existencia del art. 145 , hoy art. 167 , del CPL, ya que la remisión a las normas de procedimiento civil implica que se trasladan al proceso laboral la disposición del art. 24 del CPCC. A ello habrá que sumarle las facultades disciplinarias con que cuenta el juez en virtud del art. 222 y 223 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Santa Fe 10.160 (t.o.); como así también, en el caso de las Cámaras de Apelación, las facultades que otorga el propio CPL, art. 109, apartado I, segundo párrafo . A ello sumémosle la disposición del art. 275 de la LCT. Con lo que, la disposición del Nuevo Artículo resulta un tanto redundante. Probablemente, lo que habría que hacer es preparar a los jueces para que las apliquen y a los abogados para que las pidan, ya que el déficit, claramente, no es normativo.

El Artículo Nuevo que encabeza la nueva redacción del CPL termina con la siguiente manda: «Todas las audiencias que se celebren conforme las disposiciones de este código deberán ser excusablemente presididas por el juez o conciliador laboral, bajo pena de nulidad y consideración de falta grave su omisión. Deberá proveerse al efecto, de ámbitos físicos apropiados, con medios adecuados asimismo para la video-grabación cuando sea pertinente.»

Empecemos nuestro análisis de la norma observando la sanción de nulidad que impone la ley ante la celebración de una audiencia sin la presidencia del juez o conciliador laboral. Noto que la ley habla de presidencia y no de presencia, pero no cabe duda, cuando observamos las otras disposiciones del código con las que ésta se relaciona sistemáticamente (vgr.arts. 51 , 57 , 69 , 89 , etc.), que presidir la audiencia importa ineludiblemente la presencia del juez en el acto. Esta, como tantas otras disposiciones (por ejemplo, el plazo de treinta días para la realización de la audiencia del art. 51) no se cumplen en la práctica. La razón es sencilla, si el juez asiste a todas las audiencias que debe asistir según la ley, no tiene tiempo de dictar sentencia. Pensemos lo siguiente, en un juzgado laboral se inician aproximadamente unos 1800 juicios por año, además de los que ya vienen tramitándose; consideremos también que cada uno de estos juicios implica al menos una audiencia (art. 51), aunque en la mayoría también hay ofrecimiento de testigos. Agreguemos a nuestra fórmula que existen aproximadamente unos 270 días hábiles al año y que las horas de audiencia corren entre las 7:15 y las 12:45 de esos días hábiles, y que por cada audiencia debe calcularse un mínimo de 30 minutos. Es decir que, suponiendo una situación ideal en la cual ninguna audiencia supere la media hora y que el juez sólo dedique su mañana a tomar audiencias, tenemos que se pueden celebrar unas diez audiencias diarias, lo que hace un total de 2700 audiencias al año. Esto significa que dos terceras partes de tales audiencias sólo están dedicadas a los arts. 51 de los juicios iniciados ese año, dejando el tercio restante para las testimoniales, art. 56 y otras. Finalmente consideremos la humanidad del juez, secretarios y empleados, cuya concentración es limitada, por lo que necesitan un tiempo de distracción -esparcimiento, recreación o como se le quiera llamar- entre una y otra audiencia, para poder mantener su capacidad de atención. Ahora preguntémonos si es posible que un juez asista a todas las audiencias.Quiero señalar que todos los jueces que conozco, no sólo asisten a sus juzgados a la mañana, sino que también trabajan por la tarde dictando sentencias (e incluso los fines de semana o feriados). Aún así no alcanza. Para paliar esta situación se ha creado la figura del conciliador laboral y su oficina correspondiente, pero todavía no se han asignado de recursos humanos y materiales para cubrir tales cargos y poner en funcionamiento efectivo la oficina de conciliación.

Para terminar, la norma señala que deberán proveerse los espacios físicos y los medios tecnológicos necesarios para implementar la reforma, lo que requiere de una importante asignación presupuestaria.

En suma, la vigencia actual de la reforma está principalmente sostenida en la operatividad de algunos de los principios enumerados en el Artículo Nuevo, en particular con las facultades y deberes de los secretarios (art. 38 bis , CPL), lo relacionado con las notificaciones (art. 46, CPL), el trámite de las excepciones (art. 47 bis ), los escritos preliminares (art. 49 bis), etcétera. Es decir, todos aquellos cambios que no requieren de nuevas designaciones o disposición presupuestaria.

(1) Texto: ARTÍCULO NUEVO – Principios. Los principios que rigen este Código son los de inmediación, concentración, simplificación de trámites, economía, eficiencia, despapelización progresiva y celeridad, en un marco de acentuada oralidad, con el objetivo de obtener la eficiencia y transparencia propias de un adecuado procedimiento tendiente a la pronta resolución de la causa que permita la percepción de igual forma de corresponder el crédito alimentario del trabajador, con la debida preservación del orden público laboral y de los derechos irrenunciables que consagra la materia y la ley de fondo, y que deben custodiar jueces y funcionarios del fuero. El juez dispone de amplias facultades a los fines del cumplimiento de los principios del proceso laboral, siendo su deber evitar dilaciones innecesarias. En caso de violación de la buena fe procesal, tiene facultades para considerar la conducta como maliciosa y temeraria debiendo imponer las sanciones correspondientes. Todas las audiencias que se celebren conforme las disposiciones de este código deberán ser excusablemente presididas por el juez o conciliador laboral, bajo pena de nulidad y consideración de falta grave su omisión. Deberá proveerse al efecto, de ámbitos físicos apropiados, con medios adecuados asimismo para la video-grabación cuando sea pertinente.

(*) Vocal de la Cámara de Apelación Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto