No era trabajo, era amor: Rechazo de la demanda por despido, al no haberse probado la relación de dependencia sino una relación amorosa del actor con la hija de los demandados

Partes: Pellegrini Marcelo Javier c/ Sergio Schmit y/o Nancy Cejas y/o q.r.r. s/ demanda laboral

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes

Fecha: 13-mar-2019

Cita: MJ-JU-M-117823-AR | MJJ117823 | MJJ117823

Rechazo de la demanda por despido, al no haberse probado la relación de dependencia sino una relación amorosa del actor con la hija de los demandados.

Sumario:

1.-Cabe confirmar el rechazo de la demanda por despido, pues los testigos describieron la relación de noviazgo que unía a la hija de los demandados con el actor, y justificaron su presencia en la verdulería de quienes fueran sus suegros.

Fallo:

En la ciudad de Corrientes, a los trece días del mes de marzo de dos mil diecinueve, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Fernando Augusto Niz, Guillermo Horacio Semhan, Alejandro Alberto Chaín, Eduardo Gilberto Panseri, con la Presidencia del Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, tomaron en consideración el Expediente Nº QXP – 4802/16, caratulado: «PELLEGRINI MARCELO JAVIER C/ SERGIO SCHMIT Y/O NANCY CEJAS Y/O Q.R.R. S/ DEMANDA LABORAL». Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Doctores Fernando Augusto Niz, Eduardo Gilberto Panseri, Luis Eduardo Rey Vázquez, Alejandro Alberto Chaín y Guillermo Horacio Semhan.

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SE PLANTEA LA SIGUIENTE:

C U E S T I O N

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice:

I.- Contra la sentencia Nº 17 pronunciada por la Excma. Cámara de Apelaciones de la ciudad de Goya (fs.212/219 vta.), que al hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte demandada revocó la sentencia de primera instancia y de este modo rechazó la demanda; el demandante deduce el recurso de inaplicabilidad de ley en tratamiento (fs. 222/228 y vta.).

II.- Satisfechos los recaudos formales previstos en el art. 102 y c.c. de la ley 3540, no estando obligada la recurrente a cumplir con el depósito de ley, corresponde analizar los agravios que motivan el alzamiento en esta sede extraordinaria local.

III.- Para decidir como lo hizo, el Tribunal «a quo» apartándose de la primer sentenciante, y tras delimitar los hechos que configuraron la litis, impuso la carga de la prueba de la relación laboral invocada al accionante. Explicó los motivos por los cuáles no se puede tornar operativa la presunción del art. 23 de la LCT. Desde ese lugar, analizó como prueba fundamental los testimonios rendidos por la parte actora (fs. 95/96 vta., 106/107, 125 y vta.y 128 y vta.) y extrajo una diferente fuerza convictiva a la inteligida por el juez de origen, confrontó sus dichos con los testigos traídos por los demandados (fs. 110/111,112/113 y 115 /116), y luego de un nuevo análisis del plexo probatorio arribó a una conclusión distinta afirmando que los primeros, más allá de desconocer aspectos relevantes sobre lo debatido, adolecían de ciertas falencias probatorias al describir situaciones, tales como las referidas a los horarios y tareas del actor, que no solo contrarían con hechos probados en el proceso por otros medios (informativa del Instituto» Dr. J. Alfredo Ferreyra», ANSES y Comisión Nacional de Pensiones; obrantes a fs. 117, 131, y 161) sino también con lo expuesto por el propio accionante al demandar. Conducta procesal del actor que constituyó un indicio corroborante de las restantes probanzas. En ese quehacer, desestimó la aplicación de presunciones derivadas de los art. 57 y 55 de la LCT, pues las mismas no resultaron útiles a los fines de acreditar la relación laboral. En función del análisis efectuado de todos los elementos de convicción obrantes en la causa y a la luz de la sana crítica racional, dando las razones por las que consideró que las testimoniales de la parte actora, no fueron contundentes para demostrar la relación laboral descripta al demandar, revocó el fallo de origen y rechazó la demanda.

IV.- Endilga el recurrente haber incurrido la Cámara en la causal de «absurdidad»al apreciar el material probatorio, omitiéndose en su valoración la aplicación de la regla «in dubio pro operario» (art. 14 bis de la CN) como de la norma más favorable al trabajador (art. 9 LCT). Sostiene que hubo una errónea aplicación del art. 23 de la LCT, alegando que, en el caso particular, debió darse una modificación de las reglas que rigen el «onus probandi», poniendo en cabeza del empleador la prueba del carácter no laboral invocado, circunstancia que entiende no acaeció en el sub- examine.Invoca la existencia de una ponderación parcial y segmentada de la prueba testimonial aportada por la parte actora. Efectúa una síntesis de los dichos de Quintana, Olivieri, De la Horra y Vera (fs.95/96 vta.,106/107,125 vta.y128 vta.) insistiendo que fueron concluyentes en la existencia del vínculo laboral y no desvirtuados por la parte demandada. Se queja de la interpretación asignada por el «a quo» a las presunciones establecidas en los arts. 55 y 57 de la LCT. Impugna la merituación de la conducta procesal del actor, como las conclusiones surgidas de los informes rendidos por el «Instituto J.A. Ferreyra» y la Comisión Nacional de Pensiones (fs. 117 y fs. 161). Expone su postura al respeto a los que envío por razones de brevedad. Finalmente, solicita se revoque el pronunciamiento en crisis y se haga lugar a la demanda, con costas.

V.- Resumidas de este modo las críticas efectuadas al decisorio en crisis, en concreto, se pone en pugna la ponderación de las pruebas producidas a fin de discernir la existencia de la relación laboral. Adelanto opinión en el sentido que las protestas de corrección omiten acreditar la causal de absurdo, única vía que atraviesa la valla en materia de hecho y prueba, en tanto la ponderación que de los elementos probatorios efectuaran los jueces de grado escapan, por vía de principio, al conocimiento de este Cuerpo no pecando del vicio que le fuera endilgado. Sentado ello, en la especie, del examen de los fundamentos de la sentencia y su confrontación con la prueba producida no advierto la ocurrencia de ilegalidad o la configuración del vicio de absurdidad que autorice proceder de modo diferente a lo decidido. Antes bien, el pronunciamiento impugnado cuenta con suficiente respaldo que le otorga motivación suficiente. Y por tal razón propiciaré sea confirmado, con costas.VI.-En principio, no obstante advertirse que la Cámara equivocó su razonamiento al ponderar la carga probatoria, desde que frente a la postura asumida por el demandado quien alegó una relación distinta a la laboral (relación de noviazgo con Florencia Schmit, hija de los demandados), a él incumbía probarlo a fin de que -de ese modo- se torne aplicable la última parte del art. 23 de la LCT; a pesar de ello, el resultado del presente recurso será desfavorable al recurrente pues, a la luz de las probanzas colectadas, surge el » a quo» las apreció críticamente (art. 386 del CPCC), siendo razonable concluír que mal pudo el actor desempeñar las tareas y el horario denunciados en el escrito inicial. Así lo hizo, a través de un ensamble de los distintos elementos probatorios producidos por ambas partes, valorando los dichos de quienes declararon a favor del accionante (Quintana, Olivieri, De la Horra y Vera), correlacionándolos no solamente con los testimonios aportados por la contraria(Cañete, Gallardo y Álvarez.) los cuales circunstanciadamente describieron la relación de noviazgo que unía a Florencia Schmit -hija de los demandados- con Marcelo Javier Pellegrini y justificaron su presencia en la verdulería de quienes fueran sus suegros; sino también mediante informes de singular envergadura, como dio en llamarlos (fs. 117, 131 y 161) a través de los cuales arribó a la convicción que las respuestas que pudieron brindar los declarantes producidos por el actor fueron poco creíbles, a la vez que dichos informes también debilitaron los hechos expuestos en la demanda, desde que resultó imposible el cumplimiento de una jornada de trabajo (vespertina) como la realización de tareas que demandaron cierto esfuerzo físico (carga y descarga), frente a la consistencia de aquellos informes. Entonces, si esta vía extraordinaria solamente queda habilitada a través de una invocación y prueba del absurdo, pecó el recurrente en no demostrarlo, constituyendo su labor recursiva una divergencia o discrepancia de criterios con el juzgador que de por sí devienen inhábiles para la apertura de este carril casatorio.A todo evento, no bastan las observaciones formuladas por el recurrente a la prueba informativa anteriormente señalada y en la extensión que lo hizo, toda vez que vinieron a mejorar la información que tuvo el juzgador para apreciar de este modo los dichos de los testigos que concurrieron al proceso, formando la convicción del judicante de la inconsistencia de aquellos para demostrar por sí solo la relación laboral controvertida en este concreto caso. Y si a partir de la prueba de ésta última es recién cuando logran ponderarse las presunciones que contienen los arts. 55 y 57 de la LCT, no surgiendo su acreditación, lo consagrado en tales preceptos legales resultan inaplicables, deviniendo improcedente la queja en tal sentido.

VII.- Es doctrina y jurisprudencia reiterada que en el terreno de la apreciación de la prueba, en especial de la prueba testifical, el juzgador puede inclinarse hacia la que le merece mayor fe «en concordancia con los demás elementos de mérito que pudieran obrar en el expediente», por lo que las conclusiones extraídas por el «a quo» de las testimoniales rendidas en autos (y me refiero tanto a la de los testigos propuestos por la parte actora como a los de la demandada, pues así han sido analizadas) en concordancia con las demás pruebas referidas en la sentencia, no traslucen absurdo o arbitrariedad como las endilga el recurrente.A propósito, según resolvió este Alto Cuerpo recientemente (S.T.J., Ctes., Sentencia Laboral N°41/2016) «.los tribunales disfrutan de una suerte de facultad para «seleccionar» las pruebas producidas en cuyo mérito no siempre valoran la totalidad del material de convicción recogido; limitándose, entonces, a ponderar aquellas pruebas que sean esenciales o conducentes.». Constituyó un deber inexcusable afinar la carga técnica en la expresión de agravios, demostrando acabadamente la ocurrencia del vicio de arbitrariedad de sentencia, el absurdo, y no se hizo; no constituyendo la propia versión de los hechos o las discrepancias de criterios con la hermenéutica del juez d e grado impugnación atendible, cuando esta última se apoya en una reflexión integral de la cuestión a la luz de la prueba aportada a la causa (S.T.J., Corrientes: Sentencias Laborales N°58/2012 y recientemente N° 10/2018 y 104/2018).

VIII.- Finalmente con relación a la objeción del accionante relativa a la falta de aplicación del principio de la duda estipulado en el art. 9 de la LCT, lo cierto es que de la lectura de la sentencia dictada no se advierte que el Tribunal «a quo» se encontrara inmerso en duda alguna sobre las pruebas recabadas, sino que a la luz de la sana crítica, luego de analizar las pruebas rendidas, advirtió la insuficiencia de las mismas para hacer lugar a la pretensión deducida al demandar, por estricta aplicación del criterio general que rige sobre la carga de la prueba. Su aplicación en materia probatoria resulta de las dudas que puede tener el juzgador, después de haber confrontado y analizado las distintas probanzas, supuesto no configurado en la especie.IX.- De lo que antecede, no puedo sino concluir que ninguno de los motivos endilgados al decisorio impugnado, encasillados como violación a la ley y desvío interpretativo manifiesto de las pruebas rendidas, no fueron probados, argumentaciones que no dejan más que entrever la propia disconformidad del recurrente con el modo que la Cámara valoró la vinculación de las partes en el proceso, como tal, sin entidad para dar lugar a la conocida doctrina de arbitrariedad de sentencia. Lo expuesto basta para confirmar la sentencia en crisis, deviniendo innecesario el tratamiento de otras cuestiones que no modifican mi opinión acerca de la improcedencia de la vía de análisis.

X.- Recuérdese que para la procedencia del vicio de arbitrariedad de sentencia, por absurdo en la valoración de la prueba, debe concurrir un error grave y ostensible cometido por el tribunal al momento de analizar o interpretar una prueba de modo tal que tergiverse las reglas de la sana crítica (art.386, C.P.C.yC.), arribando de esta manera a una conclusión contradictoria en el orden lógico formal. Esta doctrina se ha elaborado y concebido precisamente como un remedio último y excepcional, a la manera de válvula de escape, para evitar la máxima iniquidad en los pronunciamientos judiciales sobre cuestiones de hecho, no configurándose cuando la apreciación sea discutible o poco convincente, ni se demuestra en base a una mera exhibición de una opinión discordante (S.C.B.A. Sentencia 02-VI-981, DJBA, v. 121, p.273, sentencia 6-VI-79; causa «Jara», sent. Del 27.III.79, Ac. 24.928; «Balisia», sent. Del 11-VII-78, D.J.B.A., v. 115, p.310; Fallos citados por Juan Carlos Hitters «Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación», 1991, pág.356/357, apartados 90 y 95). Señala la Suprema Corte de Buenos Aires que esta figura debe ser entendida como el error grave y manifiesto, que nace cuando la apreciación no es coherente, y que llevaal juzgador a conclusiones claramente insostenibles o abiertamente contradictorias entre sí (S.C.B.A., ver citas de fallos en el apartado 91, autor citado). Pero no se configura frente a una valoración que aparezca como poco convincente o que admita discrepancias de criterios. Postura que este Cuerpo viene sosteniendo desde ya larga data, afirmándose que no cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurar tal absurdo, siendo necesario que se demuestre una falla palmaria en el proceso de raciocinio o una grosera desinterpretación material de la prueba producida y que se ponga así en evidencia la extravagancia de la conclusión a que se ha arribado. Lo cual, como indiqué, no se logra en este concreto caso (STJ, Ctes.: Sentencias Laborales: N° 45/08 y 52/08).

XI.- Las restantes apreciaciones que contiene la pieza recursiva no resultan esenciales ni conmueven la decisión adoptada por la Cámara. Y ya tiene dicho este Cuerpo que el juez o tribunal no está obligado a seguir a las partes en todas y cada una de sus alegaciones sino solamente en aquellas que resulten conducentes a los fines del litigio; por lo tanto, de resultar este voto compartido con mis pares, corresponderá rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley tenido a consideración, en su mérito confirmar la sentencia del anterior tribunal en todas sus partes, con costas a cargo de la parte recurrente. Regular los honorarios profesionales de la Dra. Ivana Yanina Maydana, como vencida y como Responsable Inscripta, y los pertenecientes a los Dres. Alejandra Gabriela Machuca y Víctor Rolando Moreyra, en conjunto, como vencedores y en la calidad de Monotributistas frente al I.V.A; todos en el .% de la cantidad que deba fijarse para los honorarios de primera instancia (art. 14, ley 5822), adicionando a los de la Dra.Ivana Yanina Maydana, lo que deba tributar frente al I.V.A, atento a su condición.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice: Coincido con la solución que propicia el Sr. Ministro que en voto me precede a cuyos fundamentos me remito para evitar repeticiones innecesarias. Ahora bien, como expuse al votar en la reciente Sentencia del Fuero Civil de este Superior Tribunal (N°83/2018) viene al caso expresar algunas consideraciones en torno a las mayorías necesarias requeridas para que una decisión judicial proveniente de una Cámara de Apelaciones sea válida. En este punto, el art. 28, 2º párrafo del decreto ley 26/00 (Ley Orgánica de Administración de Justicia) prevé la forma en que deben emitir sus pronunciamientos los jueces de las Cámaras de Apelaciones, «[.] Para dictar pronunciamiento, cada Cámara de Apelaciones se constituirá por lo menos con dos de sus miembros, siendo las decisiones válidas cuando ambos estuvieren de acuerdo por voto fundado, permitiéndose la adhesión al primer voto. Si hubiere disidencia, intervendrá el presidente para decidir, en cuyo caso deberá hacerlo en forma fundada por uno de los votos emitidos.» No coincido con la solución legislativa pues entiendo que todos los jueces de las Cámaras de Apelaciones tienen el deber constitucional de pronunciarse sobre las causas sometidas a su consideración. Siendo necesario -en pos de modificar esta situación- que, lege ferenda, se contemple que todos los jueces integrantes de las Cámaras de Apelaciones de la provincia deban pronunciarse sobre las causas que llegan a su conocimiento, ya sea adhiriendo a un voto o, en su caso, formulando el suyo, para de ese modo cumplir con el mandato constitucional impuesto por el art. 185 de la Constitución Provincial que exige que las sentencias de los jueces deben ser motivadas y constituir una derivación razonada del ordenamiento jurídico aplicable a los hechos comprobados de la causa.Precepto que resulta vulnerado si solamente se requiere para que una decisión judicial sea válida el voto concordante de dos de los tres miembros que integran una Cámara de Apelaciones. Con las breves consideraciones expuestas adhiero al voto que me precede en el orden de votación y me expido en idéntico sentido. Así voto.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ, dice: Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ALEJANDRO ALBERTO CHAÍN, dice: Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice: Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos. En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente:

SENTENCIA Nº 20

1°) Rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, en su mérito confirmar la sentencia del anterior tribunal en todas sus partes, con costas a cargo de la parte recurrente. 2°) Regular los honorarios profesionales de la Dra. Ivana Yanina Maydana, como vencida y como Responsable Inscripta, y los pertenecientes a los Dres. Alejandra Gabriela Machuca y Víctor Rolando Moreyra, en conjunto, como vencedores y en la calidad de Monotributistas frente al I.V.A; todos en el .% de la cantidad que deba fijarse para los honorarios de primera instancia (art. 14, ley 5822), adicionando a los de la Dra. Ivana Yanina Maydana, lo que deba tributar frente al I.V.A, atento a su condición. 3°) Insértese y notifíquese.

Dr. LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ

Presidente Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. FERNANDO AUGUSTO NIZ

Ministro Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. EDUARDO GILBERTO PANSERI

Ministro Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. ALEJANDRO ALBERTO CHAIN

Ministro Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. GUILLERMO HORACIO SEMHAN

Ministro Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dra. MARISA ESTHER SPAGNOLO

Secretaria Jurisdiccional N° 2 Superior Tribunal de Justicia Corrientes

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