Se multa a una entidad financiera y a los integrantes del directorio por incumplir las normas de identificación y conocimiento del cliente

Partes: Banco Columbia S.A. c/ UIF s/ Código Penal – ley 25.246 – dto. 290/07 art. 25

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 18-sep-2018

Cita: MJ-JU-M-114385-AR | MJJ114385 | MJJ114385

Aplicación de multa a una entidad financiera y a los integrantes del directorio por haber incumplido con las normas de identificación y conocimiento del cliente.

Sumario:

1.-La entidad financiera y los integrantes del directorio deben ser sancionados, toda vez que incumplieron con las políticas de identificación y de conocimiento del cliente y de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo previstas en las Res. UIF 11 , 37 y 121 de 2011.

2.-Los integrantes del directorio de la entidad financiera y el oficial de cumplimiento no pueden alegar el desconocimiento de los hechos infraccionales consistentes en la incompleta identificación de sus clientes, puesto que sus funciones los obligaban a tomar intervención, no sólo para evitar que los desvíos normativos se produjeran sino, incluso, para adoptar las medidas necesarias para subsanarlos; por lo demás, la inexistencia de perjuicio es indiferente para tener por configurada la infracción, en la medida en que las normas que regulan la materia no exigen la presencia de un perjuicio concreto, ni un beneficio económico para terceros o para la propia entidad.

3.-El planteo de inconstitucionalidad del art. 25 del Dec. 290/2007 -que regula el modo y los requisitos para recurrir las resoluciones emitidas por la UIF-, fundado en el limitado alcance que los recurrentes atribuyen al control judicial que la alzada debe efectuar respecto de las sanciones aplicadas por la mencionada autoridad de control debe ser desestimado, puesto que se haya formulado de un modo impreciso, extremadamente amplio y, a su vez, carece de una lógica expositiva que permita vislumbrar los alcances concretos del agravio.

Fallo:

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2018.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I. Que por medio de la resolución nº 166 del 26 de diciembre de 2016 (fs. 1185/1221 del expediente administrativo nº 65/2013), el presidente de la Unidad de Información Financiera (en adelante, UIF) resolvió imponer las siguientes sanciones:

1) a los señores R. O. G. y C. M. M. -en su doble carácter de oficiales de cumplimiento y directores del Banco Columbia SA- y a los señores S. J. A., G. R. G. y J. I. -en su carácter de directores de la entidad financiera aludida -, una sanción de multa por la suma total de $ 200.000 -en los términos de lo dispuesto en los artículos 20 bis, cuarto párrafo, in fine, y 24, incisos 1 y 3, de la ley 25.246-, en virtud de los incumplimientos detectados y probados con relación a las políticas de identificación y conocimiento del cliente (integración de los legajos) y de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (sistemas de monitoreo, riesgos de alertas y análisis de riesgo) – artículos 21, inciso a), de la ley 25.246 y sus modificatorias; 12, inciso a), 13, inciso j), 14, incisos e), h) y k), y apartado II, 16, 21, inciso e), 22, 23 y 24 de la resolución UIF nº 121/2011; y la resolución nº 11/2011); y 2) al Banco Columbia SA (en adelante, BCSA) una sanción de multa por igual importe, en función de lo establecido en el artículo 24, incisos 2 y 3, de la ley 25.246.

II. Que la resolución sancionatoria de la UIF se apoya en los siguientes argumentos: a) Acerca de los planteos de nulidad opuestos por los sumariados:

1. La UIF no delegó impropiamente en el Banco Central de la República Argentina (en adelante, BCRA) sus facultades de supervisión y fiscalización. El BCRA actuó en cumplimiento de su deber de colaboración.La resolución UIF nº 104/2010 -sobre el procedimiento de supervisión de los sujetos obligados y según texto de la resolución nº 12/2011- estableció que el BCRA, a modo de colaboración y en oportunidad de ejercer el control de las entidades financieras, evaluara el cumplimiento de aquéllas respecto de las obligaciones emergentes del artículo 21, inciso a), de la ley 25.246.

2. La UIF pudo válidamente servirse de los antecedentes reunidos por el BCRA para dictar la resolución nº 366/2014 de apertura del sumario. El procedimiento de supervisión y fiscalización no se agota con la mera diligencia del BCRA de recabar información y documentación de los sujetos obligados sino que se perfecciona con el examen que la UIF efectuó sobre aquéllas. Ese procedimiento fue desarrollado de acuerdo con las normas vigentes.

3. En los considerandos de la resolución de apertura del sumario se realizó una descripción clara y precisa de los hechos imputados en la causa, y se expusieron los fundamentos que justificaron el inicio de la instrucción.

4. En la resolución de apertura del sumario se dispuso la comparecencia de los directores y del oficial de cumplimiento que se encontraban en funciones en el BCSA al momento de los hechos investigados.

La individualización de las personas físicas que ocupaban esos cargos se determinó durante el trámite del procedimiento sumarial, en función de la prueba informativa producida al efecto. No se advierte de qué modo ese extremo pudo perjudicar a los imputados.

5. En los considerandos de la resolución de apertura del sumario se incluye el detalle de los incumplimientos detectados, con expresa indicación de las normas vulneradas y de la documentación respaldatoria.

6.No existió una aplicación retroactiva del artículo 24 de la ley 25.246 (texto ordenado según ley 26.683). Tampoco se colocó al BCSA y a sus responsables en una situación más gravosa derivada de una “ampliación” del tipo infraccional.

La reforma legislativa no incluyó nuevos supuestos de incumplimiento a los previstos en el texto legal vigente al momento de la supervisión o formalización de las operaciones de cambio investigadas, puesto que el deber de informar que pesa sobre los sujetos obligados se encuentra claramente explicitado en el artículo 21 de la referida ley, tanto en su texto original como en el reformado. Por ende, no se verifica la ampliación del tipo infraccional denunciada. b) En cuanto a los cargos imputados y el descargo de los sumariados:

1. La instrucción observó que: i) el BCSA no había implementado una matriz de riesgo para monitorear las operaciones y establecer una adecuada determinación del perfil transaccional de los clientes; ii) si bien las alertas operaban en función de la fijación de un “límite operativo” por cliente, lo cierto es que los perfiles de los clientes no fueron cargados en el sistema SOS; iii) el mecanismo de verificación de los perfiles de clientes podía generar falsas alertas en el sistema; y iv) se evidenciaba la falta de control sobre la gestión desarrollada por los analistas del sistema SOS, puesto que las alertas se cerraban sin ningún análisis.

Esas circunstancias fueron reflejadas en los informes producidos por el BCRA y por la Dirección de Supervisión de la UIF.

Los responsables efectuaron una mera negativa de los incumplimientos investigados, sin acreditar sus dichos.

2. Respecto de la obligación de identificación y de conocimiento del cliente, corresponde considerar únicamente los incumplimientos detectados en el expediente UIF nº 65/2013 (referente a los clientes Terminal de Tucumán S.A., Casino de Buenos Aires S.A.de Inversiones UTE, Norma Sandra Quispe, Asociación Mutual de Protección Familiar, Fideicomiso Inmobiliario al Costo Vista Luján, Fideicomiso Financiero Columbia Privado IV, Asociación Mutual La Casita, S. Miñana, Jorge Felipe Vallebella y Casino Club S.A.), puesto que para los hechos investigados en el expediente acumulado UIF nº 117/2013 (relativo a los clientes Garat, Schaefer e Iglesia Evangélica del Río de la Plata) el plazo para actualizar los legajos correspondientes no se encontraba vencido al momento de la inspección (artículos 35 y 37 de la resolución UIF nº 37/2011).

En relación a los hechos investigados en el expediente mencionado en primer lugar, de los legajos examinados surgen las siguientes inconsistencias o faltantes de documentación:

-Terminal de Tucumán S.A.: no se agregó el estatuto social actualizado, ni el detalle de la estructura societaria para identificar a las personas físicas que ejercen el control de la sociedad, ni el acta de asamblea de designación de autoridades, ni las declaraciones juradas de condición de “Personas políticamente expuestas” (en adelante, PEP’s); -Casino de Buenos Aires S.A. de Inversiones UTE: la estructura accionaria de las sociedades que la conforman estaba incompleta, razón por la cual no se tiene conocimiento sobre las personas físicas que ejercen el control del paquete accionario; tampoco se agregó el estatuto de constitución de la firma Inversiones en Entretenimiento S.A.; -Norma Sandra Quispe: no cuenta con la declaración jurada de PEP’s; 4 Causa nº 13.989/2017, “Banco Columbia SA c/ UIF s/ Código Penal – ley 25246 – dto 290/07 art. 25” -Asociación Mutual de Protección Familiar: falta la nómina de asociados y las copias de los poderes vigentes de los apoderados; asimismo, en las declaraciones juradas PEP’s de aquéllos no se consigna su condición; -Fideicomiso Inmobiliario al Costo Vista Luján:presenta estados contables al 31 de abril de 2011 sin certificación del consejo profesional y no cuenta con la información económica y financiera de los beneficiarios; -Fideicomiso Financiero Columbia Privado IV; en la declaración jurada de PEP’s de los apoderados no se consigna su condición; -Asociación Mutual La Casita: no se informó sobre la composición del consejo directivo, ni la nómina de asociados y tampoco se agregó el acta de asamblea con designación de autoridades; -S. Miñana: no consigna condición en la declaración jurada de PEP’s; -J. F. V.: sus apoderados no consignaron su condición en la declaración jurada de PEP’s; y -Casino Club S.A.: falta la copia del estatuto social actualizado y la declaración jurada de PEP’s de los accionistas.

Los legajos examinados corresponden a clientes que fueron dados de alta durante la vigencia de la resolución UIF nº 37/2011, razón por la cual el BCSA debía observar los requisitos de identificación exigidos por esa norma y no lo hizo.La infracción cobra aún más relevancia por el hecho de que el sujeto obligado contaba con un plazo adicional de 90 días corridos a partir de la publicación de esa resolución en el Boletín Oficial (el 8 de febrero de 2011) para completar la información y documentación de los legajos, más una prórroga de 30 días corridos otorgada por la resolución UIF nº 52/2011.

Los legajos seleccionados como muestra fueron examinados por el BCRA y por la unidad de instrucción de la UIF a la luz de lo dispuesto en la resolución UIF nº 121/2011 y, en función de ello, a todos los clientes les era aplicable esa norma, no sólo por la fecha de entrada en vigencia sino porque su texto no agravó los requisitos de identificación previstos en la resolución UIF nº 37/11.

Por todo ello, la instrucción consideró que el cargo se encontraba probado y que importaba un incumplimiento a los artículos 13, 14, 16, 22 y 23 de la resolución UIF nº 121/2011.

3. Acerca de la responsabilidad de los miembros del órgano de administración y del oficial de cumplimiento, la inobservancia de las obligaciones previstas en las normas aplicables al caso debe ser evaluada con prescindencia del dolo, de la culpa o de cualquier otro factor de atribución subjetivo.Para desligarse de la responsabilidad no alcanza con invocar la existencia de errores involuntarios o el desconocimiento de la legislación vigente.

Las personas físicas imputadas en autos debieron observar el mayor grado de diligencia en el ejercicio de su función, dada la importancia que la actividad financiera tiene en la vida de las sociedades modernas, que exige de personal altamente capacitado para desempeñarse en los roles atinentes a la prevención del lavado de activos y de la financiaci ón del terrorismo.

Los integrantes del directorio y el oficial de cumplimiento no pueden alegar el desconocimiento de los hechos infraccionales, puesto que sus funciones los obligaban a tomar intervención, no sólo para evitar que los desvíos normativos se produjeran sino, incluso, para adoptar las medidas necesarias para subsanarlos.

4. La recomendación nº 10 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establece la necesidad de una debida diligencia en el conocimiento y en la identificación del cliente y el tratamiento distintivo que debe otorgárse a éstos conforme a la habitualidad con la que operan, los montos que involucren en sus operaciones y el riesgo que esa operatoria pueda ocasionar al sistema de prevención de lavado de activos y de la financiación del terrorismo.

Es necesario que esa debida diligencia sea llevada a cabo por el sujeto obligado en forma continua, desde el momento en que se inicia la relación comercial y durante todo el lapso que dure la vinculación con el cliente, a fin de tener un cabal conocimiento de éste, de su actividad comercial y de su perfil transaccional para poder evaluar el riesgo potencial que su operatoria pueda implicar para el sistema de prevención, incluido el conocimiento respecto del origen de los fondos empleados en esas operaciones.

5. La falta de legitimación pasiva opuesta por el señor M.-sustentada en que su nombramiento del 1º de junio de 2011 tuvo lugar con posterioridad al acaecimiento de los hechos investigados, producidos entre el 31 de marzo de 2010 y el 15 de mayo de 2012-, debía ser aceptada de los cargos formulados por incumplimiento a las previsiones de la resolución UIF nº 37/2011.

Sin perjuicio de ello, subsiste la responsabilidad de los oficiales de cumplimiento del BCSA -señores G. y M.- por los incumplimientos detectados en función de las previsiones de la resolución UIF nº 121/2011. c) Con relación al quantum de las sanciones :

1. Se tiene especialmente en cuenta el carácter y la naturaleza de los incumplimientos comprobados, la inexistencia de sanciones anteriores, la conducta de los sumariados en la tramitación de las presentes actuaciones y la envergadura económica del BCSA.

2. Por los incumplimientos relativos a la política de identificación y de conocimiento de sus clientes se fijan las siguientes sanciones:

2.1. En función de la falta de declaraciones juradas PEP’s -en infracción a los artículos 12, inciso a), 13, inciso j), y 24, inciso b), de la resolución UIF nº 121/2011 y a la resolución UIF nº 11/2011-, una multa de $50.000, puesto que se constataron faltantes en 8 de los 22 legajos auditados.

Ese incumplimiento permite que los clientes que revisten la calidad de PEP’s se encuentren fuera de los controles establecidos en la resolución UIF nº 11/2011.

2.2. Con relación a la falta de determinación del perfil transaccional y de documentación respaldatoria -en infracción a los artículos 14, apartado II, 22, inciso a), y 23 de la resolución UIF nº 121/2011-, una multa de $10.000, en atención a los faltantes constatados en 1 legajo de los 22 auditados.

Este incumplimiento impide al BCSA efectuar un examen continuo y adecuado de las operaciones que efectúa su cliente, como así también el monitoreo de aquéllas.

2.3.Acerca de la inobservancia de los requisitos generales de identificación -en infracción a los artículos 14, incisos e), h) y k), y 16 de la resolución UIF nº 121/2011)-, una multa de $40.000. El incumplimiento de esta obligación importa una gestión desaprensiva respecto de la debida diligencia en la identificación y en el conocimiento del cliente -como pilar esencial del sistema de prevención- que conlleva el riesgo cierto de que, eventualmente, el BCSA se vea imposibilitado de detectar operaciones inusuales y/o sospechosas.

3. Respecto de la inadecuada política de gestión de riesgos y de monitoreo de las operaciones -en infracción al artículo 24 de la resolución UIF nº 121/2011-, la sanción de multa se fija en la suma de $100.000. La inobservancia de esa norma impide al BCSA tener un cabal conocimiento de la operatoria llevada a cabo por el cliente y, eventualmente, detectar operaciones inusuales y/o sospechosas, con la consiguiente afectación a la política de emisión de reportes.

III. Que disconformes con ese acto administrativo, el BCSA y los señores G., M., A., G. e I. interpusieron recurso en los términos del artículo 25 de la ley 25.246 -conf. la reglamentación aprobada por el decreto nº 290/2007, artículo 25; fs. 2/23 y solicitaron que se declare su ilegitimidad y, consecuentemente, su nulidad absoluta e insanable, con costas.

Las críticas de los recurrentes pueden sintetizarse del siguiente modo: a) La inconstitucionalidad del artículo 25 del decreto nº 290/2007.

1. La norma limita indebidamente el alcance del control judicial de la resolución condenatoria aplicada por la UIF al prescribir que el recurso judicial directo sólo podrá fundarse en la ilegitimidad de la resolución recurrida.

2. Esa limitación es contraria al derecho constitucional de defensa en juicio y a la garantía de “doble juzgamiento”.

3. El tribunal debe acoger el planteo de inconstitucionalidad y admitir ampliamente su jurisdicción para la revisión de la sentencia condenatoria.b) La aplicación retroactiva del artículo 24 de la ley 25.246, texto según la ley 26.683.

1. Los incumplimientos imputados obedecen a inspecciones realizadas por el BCRA el 31 de marzo de 2010 y entre el 7 de enero y el 27 de abril de 2011. La UIF pretende que el primero de los sumarios (expediente nº 65/2013) que se inició con una inspección el 31 de marzo de 2010 se extienda en su consumación hasta la fecha en la que el BCRA realizó el informe final (15 de mayo de 2012). La circunstancia de que el BCRA haya extendido durante más de dos años la sustanciación del sumario no significa que los hechos se hayan consumado en la fecha de cierre de aquél.

2. La fecha de consumación define la vigencia de las normas y la intervención de los responsables del hecho.

Si bien en el período investigado existían ciertos deberes y obligaciones de identificación y conocimiento del cliente, su incumplimiento no se encontraba sancionado por la ley 25.246.

Al momento de iniciarse las inspecciones la ley únicamente sancionaba con pena de multa a los incumplimientos al deber de informar operaciones sospechosas y no sancionaba la inobservancia a los deberes de identificación de sus clientes e implementación de las políticas de prevención.

3. La reforma instaurada por la ley 26.683 comenzó a regir el 30 de junio de 2011. La sanción de esa norma implicó una significativa ampliación del tipo infraccional al modificar el texto del artículo 24 de la ley 25.246 y disponer que los sujetos responsables serían sancionados si incumplían “alguna de las obligaciones” ante la UIF.

4.La pretensión de la UIF de fundar las sanciones en lo dispuesto por las resoluciones nºs 37 y 121 de 2011 es ilegítima.

El artículo 34 de la primera resolución establece que el incumplimiento de las obligaciones allí previstas será pasible de sanción de acuerdo a un reenvío a la ley 25.246, lo que resulta ilegítimo, ya que en el texto entonces vigente la ley no incluía a este tipo de sanciones. Esa situación traduce un exceso de la UIF en el ejercicio de las facultades legislativas delegadas, puesto que el organismo administrativo jamás podría legislar la imposición de sanciones, sino únicamente reglamentar sus presupuestos.

Por otro lado, se pretende la aplicación de la resolución nº 121/2011, olvidando que esta norma fue publicada en el Boletín Oficial el 19 de agosto de 2011; es decir, que no se encontraba vigente al momento de realizarse las inspecciones.

c) La arbitrariedad en la valoración del incumplimiento relativo a la política de identificación de sus clientes, instruido en el expediente nº 65/2013.

1. La resolución recurrida sostuvo que los incumplimientos vinculados al expediente nº 117/2013 no serían sancionados, puesto que al momento en que se efectuó la inspección “la normativa exigible resultaba ser la resolución 37/2011”, que establecía un plazo de 90 días -con una prórroga de 30 días- para completar la información que debían contener los legajos de los clientes. De ese modo, tuvo en cuenta que las operaciones examinadas en ese expediente se formalizaron entre los meses de enero y abril de 2011 y que los clientes seleccionados habían sido dados de alta con anterioridad a la vigencia de la referida resolución. En virtud de ello, estimó que el plazo para actualizar los legajos no se encontraba vencido al momento de las inspecciones.

2. El acto sancionatorio no aplicó ese mismo criterio para los incumplimientos detectados en el expediente nº 65/2013.La UIF entendió que la inspección del BCRA realizada el 31 de marzo de 2010 se extendió a lo largo de 2 años y 45 días, culminando el 15 de mayo de 2012, fecha en la que se elaboró el informe de cierre. El tiempo transcurrido guardó relación con las explicaciones que el BCSA brindó al ente rector y no puede interpretarse válidamente que cada vez que el BCRA concurría al BCSA o enviaba una nota complementaria, la infracción tenía el carácter de “delito continuado” o que se consumaba nuevamente.

3. Los hechos investigados tuvieron lugar en la oportunidad en que el BCRA efectuó la inspección; esto es, el 31 de marzo de 2010 y ese es el momento en el que debe juzgarse si el BCSA incumplió o no con la política de identificación de sus clientes.

De hecho, como la propia UIF reconoció a fs. 1207, la resolución UIF nº 37/2011 otorgó un plazo de 90 días corridos -luego extendido a 30 días más- que deben ser contados desde el 8 de febrero de 2011. En virtud de ello, las exigencias de la referida resolución comenzaban a regir a partir del 8 de junio de 2011, mucho tiempo después de haberse realizado la inspección por parte del BCRA.

Todos los clientes auditados habían sido dados de alta en la sociedad con anterioridad a la vigencia de la resoluci ón nº 37/2011.

La UIF funda erróneamente su imputación en los artículos 12 y 13 de aquella resolución, que se refieren a los actos que el sujeto debe llevar a cabo al iniciar la relación contractual con el cliente.

Por ende, al momento en que el BCRA realizó la inspección no se encontraba consumado ningún incumplimiento. d) La ausencia de responsabilidad de los directores (especial consideración a la condena de un oficial de cumplimiento que no se encontraba en funciones).

1. El señor M. fue designado como oficial de cumplimiento el 1º de junio de 2011 (fs. 424).

2.La UIF consideró -sin mayores explicaciones- que los hechos investigados tuvieron lugar entre el 31 de marzo de 2010 y el 15 de mayo de 2012 (fs. 1211). Agregó que subsistía la responsabilidad del seño rM. por los incumplimientos detectados respecto de la resolución UIF nº 121/2011.

3. La UIF efectuó una extensión de la consumación de los hechos que es equivocada. El señor M. asumió el rol de oficial de cumplimiento cuando las infracciones detectadas ya estaban consumadas.

4. No resulta legal sancionar a los directores del BCSA puesto que en el régimen de prevención de lavado de activos la persona que actúa como órgano o ejecutor de la entidad financiera es el oficial de cumplimiento.

En la resolución sancionatoria se omitió toda referencia acerca de las funciones específicas que cumplían los directores dentro del BCSA. La mención genérica de los cargos que ocupaban resultó suficiente a criterio de la UIF para sancionarlos.

La UIF pretendió salvar esa deficiencia con el argumento de que las infracciones eran de carácter formal, en donde el principio de culpabilidad no tiene ninguna influencia, sino que el acento se coloca en el mero incumplimiento de la norma. e) La arbitrariedad en la individualización de la sanción.

1. La UIF aplicó erróneamente lo dispuesto en el artículo 24, inciso 3, de la ley 25.246. Esa norma advierte que cuando no pueda establecerse el valor real de los bienes, la multa será de 10.000 a 100.000 pesos. Sin embargo, pareciera que la UIF interpretó que este marco penal podía ser ampliado cuando en un mismo sumario se imputase la comisión de diversos incumplimientos vinculados al deber de identificación de sus clientes y de implementar sistemas adecuados de prevención de lavado de dinero.

De otro modo, no se explica que la multa impuesta haya alcanzado la suma de $200.000; es decir, duplicando el tope máximo previsto por la norma.

2.La UIF no justificó su forma de graduar la sanción en ninguna norma o criterio jurisprudencial aceptado.

IV. Que la U.I.F. replicó el recurso a fs. 86/106.

V. Que el señor fiscal general dictaminó a fs. 64/65.

Se pronunció en favor de la admisibilidad del recurso (punto 3) y propició el rechazo del planteo de inconstitucionalidad formulado por los recurrentes (punto 4).

VI. Que el planteo de inconstitucionalidad del artículo 25 del decreto nº 290/2007 -que regula el modo y los requisitos para recurrir las resoluciones emitidas por la UIF-, fundado en el “limitado” alcance que los recurrentes atribuyen al control judicial que esta alzada debe efectuar respecto de las sanciones aplicadas por la mencionada autoridad de control, debe ser desestimado, puesto que, como lo señaló el señor fiscal general en el punto 4 del dictamen de fs. 64/65, se halla formulado de un modo impreciso, extremadamente amplio y, a su vez, carece de una lógica expositiva que permita vislumbrar los alcances concretos del agravio.

En este sentido, y a fin de evitar repeticiones innecesarias, corresponde enfatizar en las claras pautas establecidas por la Corte Suprema en materia de control de constitucionalidad y de convencionalidad de las normas que esta sala ha recordado en las causas nºs 42.481/2007 “Amandule Mario c/ EN- Mº Interior- GN- Resol 1574/05 s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg”, pronunciamiento del 25 de junio de 2015 (considerando VI) y 10.763/2010 “Banco de Galicia y Buenos Aires SA y otros c/ UIF – resol. 36/10 (expte. 68/10)”, pronunciamiento del 24 de mayo de 2016 (considerando XXVI); entre muchas otras.

VII.Que los agravios reseñados en los puntos b), c) y d) del considerando III se sustentan -básicamente- en la determinación del momento en que ocurrieron los hechos a partir los cuales debe juzgarse si el BCSA y sus funcionarios incumplieron o no con las políticas de identificación y de conocimiento del cliente (integración de los legajos), y de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (sistemas de monitoreo, riesgos de alertas y análisis de riesgo).

Los recurrentes sostienen que los hechos investigados tuvieron lugar en oportunidad de que el BCRA efectuó una inspección integral al BCSA; esto es, el 31 de marzo de 2010. Entienden que la UIF efectuó una extensión de la consumación de los hechos que resulta errónea, puesto que determinó que los hechos objeto de investigación se extendieron en su perfeccionamiento al 15 de mayo de 2012; es decir, a la fecha en que el BCRA produjo el informe final de inspección.

En función de esa mirada, los recurrentes sustentan la impugnación del acto sancionatorio en las siguientes consideraciones: i) la aplicación retroactiva del artículo 24 de la ley 25.246, en su redacción según la ley 26.683, que comenzó a regir el 30 de junio de 2011; ii) la inaplicabilidad de las resoluciones nºs 37/2011 -por considerarla un exceso en el ejercicio de las facultades legislativas delegadas a la UIF- y 121/2011 -por haber sido publicada el 19 de agosto de 2011, lo que demuestra que no se encontraba vigente al momento en que tuvo lugar la inspección-; y iii) el señor M.asumió el rol de oficial de cumplimiento a partir del 1º de junio de 2011, cuando las infracciones detectadas ya estaban consumadas.

La tesis propuesta por los recurrentes no se condice con la realidad que surge de la compulsa de las presentes actuaciones y, menos aún, con la postura que éstos asumieron en oportunidad de prestar colaboración y de rendir las explicaciones que requirieron los funcionarios del BCRA durante la inspección.

En efecto: a) En el informe nº 15 elaborado el 15 de mayo de 2012 por la Gerencia de Supervisión de Operaciones Especiales del BCRA (fs. 2/11) se expusieron las conclusiones que el Comité de Calificaciones ofreció el 18 de abril de 2012 con relación a la inspección integral llevada a cabo respecto del BCSA.

b) Esas labores tuvieron como antecedente una primera inspección realizada por esa gerencia el 31 de marzo de 2010, en la que se verificó que las prácticas de gestión de riesgos relativas a la prevención de lavado de dinero eran severamente deficientes en relación con la envergadura, la complejidad y el perfil de negocios del BCSA. c) En razón de ello, el BCRA solicitó a la entidad un plan de regularización a los efectos de subsanar los aspectos observados, lo que llevó al BCSA a aprobar la implementación de un plan de regularización el 8 de abril de 2011 (al que aludió la firma recurrente en la presentación del 12 de marzo de 2012, cuya copia se agregó a fs. 36/42; ver, en especial, fs. 36). d) A raíz de ello, el BCRA determinó la necesidad de realizar una nueva visita para corroborar la implementación de los cambios informados por el BCSA.

La nueva inspección tuvo lugar el 31 de octubre de 2011 y arrojó como resultado diversas observaciones que fueron puestas en conocimiento de la entidad mediante el memorándum nº 2 del 17 de febrero de 2012 (fs.32/35).

Esas observaciones -en lo que a las cuestiones en debate importa- se relacionan con diversos incumplimientos en los que incurrió el BCSA y sus funcionarios respecto de las normas sobre la identificación y/o el conocimiento del cliente (integración de los legajos) y de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (sistemas de monitoreo, riesgos de alertas y análisis de riesgo) contenidas en la reglamentación prevista en las resoluciones UIF nºs 11, 37 y 121 de 2011. e) En contestación al referido memorándum, el BCSA elaboró un nuevo informe presentado mediante nota del 12 de marzo de 2012 (fs. 36/42), en el que reconoció las observaciones apuntadas por el BCRA y en el que asumió el compromiso de regularizar su situación en función de las exigencias normativas previstas en las resoluciones UIF nºs 11, 37 y 121 de 2011 (ver, en especial, lo manifestado en los puntos 3 a 6 de esa presentación).

De la reseña efectuada, se desprende que los hechos que dieron origen a las infracciones imputadas al BCSA y a sus funcionarios no guardan relación con los incumplimientos detectados en la primera inspección que tuvo lugar el 31 de marzo de 2010, del modo en que invocan los recurrentes.

Surge claro que los hechos infraccionales imputados en la resolución de instrucción del sumario nº 366/2014 (fs. 337/348, confeccionada sobre la base de las consideraciones expuestas en el informe de supervisión de sujetos obligados de fs. 299/314) y en los que se sustentó la resolución sancionatoria aquí recurrida, fueron registrados en la inspección que el BCRA efectuó el 31 de octubre de 2011, cuyas conclusiones fueron expuestas en el memorándum nº 2 del 17 de febrero de 2012 (fs. 32/35) y cuya existencia fue reconocida por el propio BCSA en la nota del 12 de marzo de 2012.

VIII.Que, en función de lo expuesto en el considerando anterior, las quejas de los recurrentes expuestas en los puntos b), c) y d) del considerando III deben ser desestimadas, en tanto que: a) La reforma que la ley 26.683 introdujo al texto del artículo 24 de ley 25.246 fue promulgada por el decreto nº 825 del 17 de junio de 2011 que fue publicado en el Boletín Oficial el 21 de junio y tuvo operatividad desde el 30 de junio de ese año (según artículo 2º del Código Civil, vigente en ese momento), razón por la cual, al momento de los hechos, los sujetos obligados en la presente causa podían válidamente ser sancionados si incumplía “alguna de las obligaciones” ante la UIF según el inciso 1) de dicho artículo. b) Lo apunta do anteriormente desdibuja el planteo de los recurrentes relativo al “exceso” de atribuciones legislativas delegadas que achacan a la UIF respecto del dictado de la resolución reglamentaria UIF nº 37/2011, en función del momento en que se perfeccionaron los hechos investigados en la presente causa. c) La resolución UIF nº 121/2011 fue publicada en el Boletín Oficial el 19 de agosto de 2011, por lo que se encontraba vigente al momento en que se llevó a cabo la inspección del 31 de octubre de 2011 y a partir de la cual se corroboraron los incumplimientos aquí sancionados.d) Sostenida, entonces, la aplicación plena de las exigencias normativas contenidas en las resoluciones UIF nºs 37 y 121/2011 a los hechos investigados en la presente causa, los incumplimientos relativos a la política de identificación y de conocimiento del cliente fueron correctamente valorados por la autoridad de aplicación.

Aun cuando se tenga en cuenta las prórrogas otorgadas por la UIF1 para la integración de los legajos de los clientes en función de las exigencias previstas en aquellas resoluciones, el plazo para su cumplimiento operó antes de haberse efectuado el muestreo y el cotejo de esos legajos.

Prueba de ello es la copia del acta suscripta entre los inspectores del BCRA y los representantes del BCSA el 16 de febrero de 2012, en la que se dejó constancia del estado de los legajos que fueron puestos a disposición de la comisión fiscalizadora “a partir de lo solicitado mediante requerimiento de información realizado mediante memorando nº 2 de fecha 13/.01.2012, respecto de las disposiciones de la resolución UIF nº 121/2011” (fs. 24). A ese instrumento se adjuntó un anexo (fs. 25/26) en el que se detallaron los elementos faltantes de diversos clientes y que configuraron los incumplimientos detectados y sancionados en la resolución recurrida (ver lo expuesto en el considerando II, punto b, apartado 2). e) El señor M., al ser designado como oficial de cumplimiento a partir del 1º de junio de 2011 (fs. 424), se encontraba en funciones en ocasión de los incumplimientos detectados respecto de la resolución UIF nº 121/2011, por lo que la defensa de “falta de legitimación pasiva” debe ser también desestimada.

IX.Que acerca de los restantes planteos concernientes a la sanción aplicada a los directores del BCSA, los recurrentes limitan su defensa a invocar que en el régimen de prevención de lavado de activos la persona que actúa como órgano o ejecutor es el oficial de cumplimiento y a negar su participación directa en los hechos investigados.

Se ha indicado que en el esquema de responsabilidad trazado por la ley 25.246 no sólo puede formularse el reproche a los autores directos de las transgresiones imputadas, sino también a aquellos que por haber omitido la conducta debida en razón de las funciones inherentes a sus cargos posibilitaron que otros cometieran tales faltas (Sala II, causa “Chevrolet S.A. de Ahorro para Fines Determinados c/ UIF s/ Código Penal – ley 25.246 – dto 290/07 art. 25”, pronunciamiento del 9 de mayo de 2017, y sus citas; esta sala, mutatis mutandi, causa “Banco General de Negocios SA (E/Q) y otros c/ BCRA – Resol 318/10 (expte 100159/03 Sum Fin 1101) s/ BCRA recurso directo”, pronunciamientos del 1º de septiembre de 2016).

Por lo demás, la inexistencia de perjuicio -argumento que es ofrecido por los recurrentes- es indiferente para tener por configurada la infracción, en la medida en que las normas que regulan la materia no exigen la presencia de un perjuicio concreto, ni un beneficio económico para terceros o para la propia entidad (esta sala, causas “Banco de Galicia y Buenos Aires SA y otros c/ UIF – resol 36/10 (expte. 68/10)” y “Banco Supervielle SA c/ UIF s/ Código Penal – ley 25.246 – dto 290/07 art. 25”, pronunciamientos del 24 de mayo y del 20 de septiembre de 2016, respectivamente).

Por todo ello, esos planteos también deben ser rechazados.

X.Que en punto a los agravios dirigidos contra el alcance de las sanciones impuestas, no se advierte que la UIF haya incurrido en una errónea aplicación del artículo 24, inciso 3º, de la ley 25.246 al ejercer su potestad sancionatoria del modo en que es propuesto por los recurrentes.

Esa norma establece -en lo que aquí interesa- que “cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes, la multa será de diez mil pesos ($ 10.000) a cien mil pesos ($ 100.000)”.

Para una recta interpretación de la norma, es necesario poner de relieve que su inciso 1º -que refiere a los incumplimientos susceptibles de apreciación pecuniaria- prevé que la sanción a aplicar se fijará en función del “valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un delito más grave”.

Es por ello que la lectura completa del texto del artículo 24 permite concluir que el tope de $100.000 estipulado en su inciso 3º debe ser aplicado respecto de cada infracción investigada y comprobada.

En función de ello, cabe destacar que en el caso de autos surge que la UIF investigó dos tipos de incumplimientos: los relativos a la política de identificación y de conocimiento del cliente y los atinentes a la política de prevención del lavado de dinero.Tal como se expuso en el considerando II, punto c), la UIF efectuó un detalle pormenorizado de los dos hechos imputados -dividiendo el primero de ellos en tres “subtipos” (falta de declaración jurada PEP’s, falta de determinación del perfil transaccional y documentación respaldatoria e inobservancia de los requisitos generales de identificación).

De lo expuesto, surge claro que no se presenta en el caso la “duplicación” del tope máximo previsto en el inciso 3º del artículo 24 denunciada por los recurrentes, puesto que los incumplimientos detectados y sancionados por la UIF se refieren a dos obligaciones normativas distintas y que, en ninguno de los dos casos, excedió el importe de graduación de $100.000 previsto en la norma.

En función de ello, los agravios dirigidos en este punto también deben ser desestimados.

Por las razones expuestas, el tribunal RESUELVE: desestimar los agravios y, en su consecuencia, confirmar la resolución UIF nº 166/2016, con costas (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

En razón de la naturaleza del proceso, su monto -que viene dado, en el caso, por el importe de la sanción cuestionada en autos-, el mérito, la calidad y la extensión de la labor desarrollada a la luz del resultado obtenido durante la sustanciación del presente recurso directo, SE ESTABLECEN en la suma de PESOS.($.) los honorarios a favor del doctor Raúl Osvaldo Pérez, por el ejercicio de la representación procesal de la demandada, y en la suma de PESOS.($.) los emolumentos a favor de la doctora María Virginia Bozadjie por el ejercicio de la dirección legal de la UIF en la instancia judicial (artículos 6, 7, 9, 19, 37, 38 y demás concordantes de la ley de arancel para abogados y procuradores). ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

DR. FACIO

DRA. HEILAND

LICENCIA

DRA. DO PICO

JUECES DE CAMARA