Al ser el cargo del actor político y regirse por la ley de empleo público, no procede el cobro de rubros salariales e indemnizatorios

Partes: Hilal Alberto Raul c/ Instituto Universitario Nacional de Arte(IUNA) s/ empleo público

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 16-ago-2018

Cita: MJ-JU-M-113616-AR | MJJ113616 | MJJ113616

Toda vez que el cargo del actor era político y se regía por la ley de empleo público, se juzga que la demanda por el cobro de rubros salariales e indemnizatorios debe ser rechazada.

Sumario:

1.-Cabe concluir en que la sentencia acertadamente desestimó la demanda intentada, ya que el actor ejercía un cargo político o de gestión expresamente excluido de la ley de contrato de trabajo y del CCT. nro. 366/06 , normas que fundan la demanda y son inaplicables al caso, en tanto que el régimen de empleo público -en el que debe incluirse al actor en cuanto ejercía el cargo de Secretario General del departamento- expresamente excluye al personal de gabinete del derecho a la estabilidad y dispone que cesará en sus funciones junto a la autoridad cuyo gabinete integra, pudiendo cancelarse su designación en cualquier momento.

2.-Corresponde desestimar la demanda por la que el actor pretendía el cobro de salarios y rubros indemnizatorios toda vez que no puede desconocer que los cargos no docentes ejercidos en el Instituto demandado, en particular, aquel que ocupaba al producirse la suspensión del decano, son cargos políticos o de gestión que, por no haber sido expresamente incluidos en la ley de contrato de trabajo o en el convenio colectivo sectorial, continúan rigiéndose por la ley marco de empleo público aprobada por la 25.164 , que prevé que el personal podrá revistar en el régimen de estabilidad, en el régimen de contrataciones, o como personal de gabinete de las autoridades superiores (art. 7 ).

3.-No corresponde atender el argumento intentado acerca de la falta de notificación fehaciente de la interrupción del vínculo laboral pues el actor contaba con las herramientas previstas en la Ley 19.549 para hacer valer sus derechos ante vías de hecho que le impidieran el ejercicio de las funciones que entendía le correspondían, entre las que no se encontraba recurrir a la figura del despido incausado contemplada en la ley de contrato de trabajo por derivar en una pretensión improcedente por inaplicabilidad de dicho régimen al vínculo de empleo público.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 16 días del mes de agosto del año dos mil dieciocho, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia dictada en los autos caratulados “Hilal, Alberto Raúl c/ Instituto Universitario Nacional de Arte (IUNA) s/ empleo público”, expediente nro. 25932/2014, y planteado al efecto como tema a decidir si se ajusta a derecho el fallo apelado, el Señor Juez de Cámara, Dr. Carlos Manuel Grecco, dice:

I- Por sentencia de fs. 405/411vta., el señor Juez de primera instancia rechazó la demanda deducida por Alberto Raúl Hilal contra el Instituto Universitario Nacional de Arte (IUNA), por el que pretendía el cobro de $494.827,49 en concepto de salarios adeudados (noviembre/2012 – mediados de febrero/2013), integración del mes de despido, indemnización sustitutiva de preaviso, SAC preaviso, SAC proporcional, vacaciones no gozadas, SAC vacaciones, indemnización por despido y daños moral por despido por discriminación (cfr. punto I Objeto del escrito inicial, fs. 4). Las costas fueron impuestas a la vencida. Para así decidir, el Magistrado señaló que las relaciones entre el IUNA y sus empleados se rigen por el estatuto provisorio de la entidad, decreto 1404/96, y afirmó que, en función de sus previsiones, fue suspendido provisoriamente el Decano del Departamento de Artes Visuales, Sr. Flores, ratificándose dicha suspensión por Acta 493/12.Teniendo en cuenta que el señor Flores era la máxima autoridad de la gestión política de la que formaba parte el actor y dado que éste, además de ser docente, era funcionario político, señaló que aquel dejó de desempeñar la función política a partir del desplazamiento de la máxima autoridad de la gestión y que conocía desde el inicio que su designación dependía de la conducción del departamento.

De tal modo, consideró no acreditada arbitrariedad o ilegitimidad alguna en la conducta desplegada por el demandado, aclarando que la ley 20744 no resulta aplicable al caso -conf. su art. 2, inc. a)- ni, tampoco el Convenio Colectivo de Trabajo 366/06 (art. 2).

II- El pronunciamiento ha suscitado la apelación de la parte actora, cuyo recurso, concedido libremente a fs. 413, fue fundado a fs. 423/428 y replicados sus agravios a fs. 430/436. La recurrente sostiene que el fallo es arbitrario y que se ha afectado el debido proceso y la garantía de defensa en juicio. Estima en su primer agravio que se ha vulnerado el principio de inocencia al tener por ciertos los hechos que fueran desarrollados en el punto III del fallo, dado que las denuncias administrativas no fueron resueltas hasta la fecha y porque en la causa penal no ha sido siquiera imputado. Añade que las medidas dispuestas por el Consejo Superior fueron ejecutadas en clara violación a lo dispuesto en el art. 30 del estatuto provisorio del IUNA, en relación a quién debió ocupar el cargo, por lo que no le correspondía a Irma Sousa, cuyo mandato se extendió más del permitido en tanto debía en el término de quince días convocar a la Asamblea Universitaria y, sin embargo, el Decano Agüero recién fue designado en junio de 2013.Asimismo, resalta que la suspensión del decano Flores fue decidida violando el proceso previsto en el estatuto, ya que las irregularidades no estaban probadas y, el sumario, ni siquiera iniciado, como tampoco lo había sido el correspondiente a su persona. Entiende acreditado que las personas que se desempeñaban en el Departamento de Artes Visuales jamás fueron notificados, que las nuevas autoridades cambiaron la cerradura del despacho del actor y le fue negado el ingreso a cumplir con sus tareas habituales, dejando de pagarle el sueldo. En su segundo agravio, manifiesta que se ha violado su derecho de defensa y de propiedad. Reitera que el Decano Flores y el actor fueron suspendidos sin sumario previo e intempestivamente, sin notificación de la resolución que decidiera modificar o revocar la Res. 159/11, dejando de abonarse el salario. Postula en su tercer agravio que el juez de grado ha fallado ultra petita en el noveno párrafo del cuarto considerando (a fs. 410vta.), señalando que el Decano Flores no fue investigado sino separado preventivamente, sin sumario previo, y luego presentó su renuncia. Entiende que así el a quo se apartó del reclamo objeto de esta causa.Se queja porque, al entender que no fue acreditada la arbitrariedad o ilegitimidad de la conducta de la demandada, el Juez de grado omitió la prueba producida, de la que -según su criterio- se encuentra acreditada su designación como Secretario General del IUNA desde el 13/12/2011, por cuatro años y que fue despedido sin motivo ni notificación fehaciente y observa que la demás prueba ofrecida por su parte fue rechazada en la instancia anterior en contradicción con la amplitud probatoria prevista en la legislación vigente.

III- Si bien en el punto III de la decisión apelada se reseñaron prolijamente los antecedentes de la causa, cabe aquí recordar que el actor es personal docente en el IUNA, desempeñándose como Jefe de Trabajos Prácticos, ordinario, en la cátedra Pagano, Taller Proyectual Dibujo I a V desde el año 2003 y, asimismo, ocupó cargos de gestión, habiendo sido designado Secretario Administrativo del Departamento de Artes Visuales -DAV- (Res. 10/07 del Consejo Departamental del Departamento de Artes Visuales, de fecha 27/12/2007, v. fs. 69); Vice Decano del mencionado departamento (Res. 455/08, v. fs. 70/72) y Secretario General del departamento (Res. 168/08, v. fs. 76/77 y Res. 159/11, fs. 78). En 25/10/2012 el Consejo Departamental del Departamento de Artes Visuales ratificó la suspensión preventiva del Decano Director del departamento, Julio Flores, acorde a lo resuelto en el mismo día por el Consejo Superior del IUNA, que en función del Informe de Auditoria Interna 6/12 y del dictamen 99/12 del servicio jurídico resolvió que existe mérito suficiente para formar causa en su contra con los alcances establecidos en el art. 36, inc. b), y 28 del estatuto (cfr. Acta Notarial nro. 493/2012 a fs. 79/80 y Res. CD DAV 1/12 a fs. 81/82).

IV- Existe un argumento central de la sentencia que, por no haber sido materia de agravio, decide la suerte del recurso intentado.En el quinto considerando, el señor Juez de grado aclaró que la ley 20744, en la que el actor funda su pretensión, no es aplicable al caso, ya que su artículo 2°, inc. a), expresamente excluye a los empleados de la Administración Pública Nacional, salvo que por acto expreso se los incluya en su régimen o en el de las convenciones colectivas de trabajo; explicó también que el Convenio Colectivo de Trabajo 366/06 (también invocado en la demanda) comprende a todos los trabajadores de las instituciones universitarias nacionales, con excepción del personal docente y de conducción política (art. 2).

V- Al momento en que se produjo la interrupción de sus funciones, el actor ocupaba el cargo de Secretario General del Departamento de Artes Visuales (Res. 159/11). Creado concomitantemente con la anulación del cargo de Vice Decano (Res. 709/08 y 710/08 del consejo departamental), el Secretario General del departamento tendría a su cargo la Secretaría Administrativa y sus misiones y funciones fueron descriptas en el anexo I, entre ellas: “asistir al Decano en la determinación y cumplimiento de las políticas institucionales por él impulsadas” y “asesorar sobre el funcionamiento y marcha del Departamento de Artes Visuales” (cfr. fs. 73/75). En esas condiciones, y tal como señaló el sentenciante, el actor no puede desconocer que los cargos no docentes ejercidos en el Departamento de Artes Visuales del IUNA -en particular, aquel que ocupaba al producirse la suspensión del Decano Flores- son cargos políticos o de gestión que, por no haber sido expresamente incluidos en la ley de contrato de trabajo o en el convenio colectivo sectorial, continúan rigiéndose por la ley marco de empleo público aprobada por la 25164, que prevé que el personal podrá revistar en el régimen de estabilidad, en el régimen de contrataciones, o como personal de gabinete de las autoridades superiores (art. 7). El personal de gabinete, que comprende funciones de asesoramiento o asistencia administrativa (art. 10), se encuentra expresamente exceptuado del derecho a la estabilidad (art.16, último párrafo) ya que “.cesará en sus funciones simultáneamente con la autoridad cuyo gabinete integra y su designación podrá ser cancelada en cualquier momento” (art. 10, in fine).

VI- En virtud de lo expuesto, cabe concluir en que la sentencia acertadamente desestimó la demanda intentada, ya que el actor ejercía un cargo político o de gestión expresamente excluido de la ley de contrato de trabajo y del convenio colectivo nro. 366/06, normas que fundan la demanda y son inaplicables al caso, en tanto que el régimen de empleo público -en el que debe incluirse al actor en cuanto ejercía el cargo de Secretario General del departamento- expresamente excluye al personal de gabinete del derecho a la estabilidad y dispone que cesará en sus funciones junto a la autoridad cuyo gabinete integra, pudiendo cancelarse su designación en cualquier momento. Estos argumentos, que han sido esbozados en la sentencia y son suficientes para rechazar la acción, no han sido adecuadamente rebatidos por el apelante, cuyos agravios fueron dirigidos fundamentalmente contra la legitimidad de la suspensión del Decano Flores -que, además de no ser el objeto de esta causa, ya ha sido cuestionada en otros procesos que han concluido por caducidad de instancia (exptes. nro. 5341/2013 y 53358/2012, sentencias de las Salas II y V de esta Cámara, de fecha 29 de mayo de 2014 y 10 de febrero de 2015, respectivamente)- o de su reemplazo. Cabe añadir, sólo a mayor abundamiento, en relación a la invocada falta de notificación fehaciente de la interrupción del vínculo laboral, que la Res. B 2/12 de l a consejera departamental a cargo del Decanato del Departamento de Artes Visuales dejó sin efecto a partir del 30/10/2012 los servicios del actor en el cargo que ostentaba en virtud de la designación decidida por Res. 159/11 (v. fs. 83) y, ante la alegada falta de notificación personal al interesado (nótese que fue comunicado al departamento generando el expte.3258/12-4), el actor contaba con las herramientas previstas en la ley 19549 para hacer valer sus derechos ante vías de hecho que le impidieran el ejercicio de las funciones que entendía le correspondían, entre las que no se encontraba recurrir a la figura del despido incausado contemplada en la ley de contrato de trabajo que, como ya fue explicado, deriva en una pretensión improcedente por inaplicabilidad de dicho régimen al vínculo de empleo público que unía al actor con el IUNA como funcionario público, sin que resulte posible conceder alguna indemnización sustitutiva según el régimen que efectivamente resulta aplicable al actor, dados los términos en que ha sido planteada la demanda y la forma en que quedó trabada la litis. Por las razones expuestas, voto por que se confirme la sentencia apelada, con costas ya que no se han invocado razones que justifiquen apartarse del criterio rector en la materia (art. 68, primer párrafo del código procesal).

Los Dres. Jorge Esteban Argento y Sergio Gustavo Fernández adhieren al voto precedente.

En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, SE RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, con costas. Regístrese, notifíquese y devuélvase.

JORGE ESTEBAN ARGENTO

CARLOS MANUEL GRECCO

SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ