Fraude laboral: beneficio de la sociedad empleadora y de otra sociedad con la prestación de servicios de los actores

Partes: Miraglio Luis Alberto c/ Don Roque Competición Sociedad Anónima s/ demanda laboral

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto

Fecha: 15-mar-2018

Cita: MJ-JU-M-111621-AR | MJJ111621 | MJJ111621

Responsabilidad de la socia de la sociedad empleadora y de otra sociedad por fraude laboral al haberse beneficiado con la prestación de servicios de los actores.

Sumario:

1.-Corresponde condenar a la socia de la sociedad empleadora y a otra sociedad a abonar las indemnizaciones por despido, por aplicación del art. 14 de la Ley de Contrato de Trabajo -fraude laboral por interposición de personas-, pues siguiendo el principio de realidad se observa que de las declaraciones de los testigos surge que si bien en las formas los actores podían estar registrados como empleados de la otra codemandada, la prestación de sus servicios no era exclusivamente para ésta sino también para las demás codemandadas cuidando un inmueble de la primera y realizando tareas de guardia en la garita de la planta fabril de la segunda, por lo cual se beneficiaron con el trabajo de los actores.

2.-La necesidad de devolver un inmueble y la invocación vaga y abstracta de una caída en las ventas que no fue probada, no configuran motivo para despedir en los términos del art. 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.

3.-Siendo que el Código Procesal Laboral de Santa Fe establece un procedimiento específico para la declaración de caducidad de un juicio, el pedido de declaración de inconstitucionalidad del art. 37 , según lo formula la demandada, significa lisa y llanamente omitir todo ese específico procedimiento de orden público establecido por la norma procesal, implicando un pedido de que se la exima de adecuarse a lo que establece la CN.

4.-La interposición de la demanda laboral por los actores interrumpió el curso de la prescripción, y mientras el proceso esté vigente, no hay motivo para considerar prescritos créditos que se reclamaron en tiempo oportuno.

Fallo:

En la Ciudad de Venado Tuerto, a los 15 días del mes de Marzo del año 2018 se reunieron en Acuerdo los Señores Vocales

Doctores Héctor Matías López y Juan Ignacio Prola de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral y el Dr. Eduardo Pastorino, de la Cámara de Apelación de Rosario, para resolver en los autos: “MIRAGLIO, Luis Alberto c/ DON ROQUE COMPETICIÓN S.A. s/ DEMANDA LABORAL Ley 13.039” (Expte. Nº 257/2016),venidos en apelación del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral. Hecho el estudio del juicio, se procedió a plantear las siguientes cuestiones.

1.¿Es justa la sentencia apelada?

2.¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Por sentencia Nº 1.141 (fs. 1429), del 14/10/2015, el señor Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de Venado Tuerto decide: 1º) Rechazar la inconstitucionalidad del art. 37, CPL; 2º) Hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por las codemandadas Mariana Rossi Vasalli y Vasalli Fabril S.A.; 3º) Hacer lugar parcialmente a la excepción de prescripción interpuesta por Firmaq S.A. con relación a las diferencias salariales, según lo manifestado en los considerandos; 4º) Hacer lugar parcialmente a la demanda y condenar a Don Roque Competición S.A. y Firma S.A. a abonar a los actores los rubros acogidos en los considerandos, más intereses; 5º) Imponer las costas del proceso en un 70% a las codemandadas vencidas y el 30% a cargo de los actores; 6º) Diferir la regulación de los honorarios profesionales. Contra dicho pronunciamiento se alzan ambas partes: los demandados lo hacen fs. 1443, interponiendo recurso de apelación total; los actores recurren a fs. 1446 de apelación parcial. Franqueada la instancia de alzada por el a quo a fs. 1447 actora y a fs. 1445 demandada, son elevados los autos. Ya en la alzada, se advierte que en virtud del informe de fs.1469 no se puede determinar quién es el responsable de la desaparición de un sobre con documental (fs. 1479), por lo que se ordena que se resuelva la cuestión con noticia de partes. Esta cuestión provoca la remisión de los autos a baja instancia, a fin de dar el tratamiento ordenado por la Sala. Lo que, tras una serie de articulaciones innecesarias, sucede recién a fs. 1492. Regresados los autos, a fs. 1498 se integra el tribunal, y a fs. 1499 se notifica la conformación del tribunal sin que merezca cuestionamiento de parte. Seguidamente los actores expresan agravios a fs. 1502, los que son respondidos por la demandada a fs. 1515, ocasión en que también formula sus propios reparos, los que reciben respuesta de la actora a fs. 1521. Se llaman autos a fs. 1528, decreto que es notificado a todas las partes (fs. 1529) dejando la cuestión en estado de ser resuelta por la Alzada.

A la primera cuestión el Dr. Prola, dijo.

I.) Los reparos y sus correspondientes respuestas formulados por las partes contra la sentencia de grado, pueden ser resumidos así. Por el lado de la actora, su primer reproche está orientado al discutir el acogimiento de las sendas excepciones de falta de legitimación pasiva propuestas por la sra. Mariana Rossi Vassalli y Vassalli Fabril S.A. Cuestiona el argumento del a quo en cuanto a que Mariana Rossi Vassalli no vivía en el inmueble de Santa Fe 1321, Firmat. Cita el párrafo textual. Apunta que la titularidad del inmueble en cabeza de la demandada está fuera de duda, por su propia confesión. Refiere que de tal confesión surge no se diferenciaba de las personas jurídicas que representaba. Tal cosa sucedió cuando a más de contratar a los actores para en las empresas que dirigía también demandadas en la especie, se apropió de las tareas personalmente al destinarlos al inmueble de su propiedad, con el propósito de cuidar el lugar donde se encontraba la madre de la demandada. Manifiesta que de la prueba testimonial (fs.1198/1201 y 1235/1236) surge sin hesitación la circunstancia apuntada, lo que ejemplifica con el caso de testigo Ibarra. Se sorprende que las facturas las pagara Vassalli Fabril S.A. (fs. 1251), y se apoya en la declaración del testigo Cáceres, para destacar la calidad de empleadora de la sra. Rossi Vassalli. De manera prolija responde la pregunta del a quo sobre qué prestación de los actores utilizó esta demandada: (a) para vigilar el inmueble de su propiedad; (b) desvirtuando el objeto social de las empresas representadas por ella, los desplazó de su lugar de trabajo para resguardar su inmueble y cuidar de su madre enferma con obligación de alertar a los servicios de salud en caso de emergencia; (c) para recibir y controlar mercadería agena al giro comercial de las empresas (consumos de su madre); (d) que de la testimonial de fs. 1435 surge que la sra. Rossi Vassalli era la empleadora directa. Concluye que la demandada desvirtuó por completo el contrato de trabajo, se ampliaron las horas corridas y en horario nocturno, circunstancia que borra toda distinción entre la persona física y las jurídicas que ella misma dirigía. También critica el acogimiento de la excepcón de falta de legitimación pasiva respecto de Vasalli Fabril S.A. Anota que no acierta el a quo en su interpretación literal del art. 31, LCT. Refiere que de la prueba instrumental (fs. 253/256, 265/267, 552/599) y de la confesional de fs. 655 surge que la sra. Rossi Vassalli es la presidenta de todos los directorios de las personas jurídicas co demandadas. Postula que la persona física consumó maniobras fraudulentas, al destinar a los actores a prestar tareas tanto para su propio beneficio cuanto para Vassalli Fabril S.A., lo que siente acreditado con la testimonial de fs. 1198. Destaca que los actores prestaron servicios indistintamente en todas las empresas demandadas. Pide el amparo del art. 26, LCT, en cuya inteligencia se detiene.Por el segundo agravio pone en crisis el acogimiento parcial de la excepción de prescripción propuesta por Firmaq S.A. Sostiene que la invocación del art. 256, LCT, es un fundamento aparente, pues entiende que se contradice con el rechazo de la inconstitucionalidad del art. 37 del CPL. Pretende que la interposición de la demanda suspende el curso de la prescripción, circunstancia que, resalta, torna procedente las diferencias salariales desde el día 31/03/2008. Cita jurisprudencia rosarina. Señala que en Marzo de 2010, al interponer la demanda, el propósito era evitar justamente la prescripción de las diferencias salariales sin extinguir el vínculo laboral. Así fue el contrato de trabajo se terminó el 05/09/2012, esto es, dos años después de interpuesta la demandada por diferencias salariales. El tercer reproche que la actora formula al fallo de grado consiste en la impugnación del rechazo de las horas extras y los daños que refiere (omisión de entrega de ropa de trabajo, “despido represalia”, omisión de aporte al seguro La Estrella). Cuestiona que las horas nocturnas queden reducidas al período no prescrito. También señala que disminuye irrazonablemente el salario del trabajador, ya que las horas extras habituales constituyen la base del cálculo. Pretende probadas las horas extras con las declaraciones de los testigos (fs. 1199/1201 y 1235/1236). Se agravia del rechazo de los daños y perjuicios por la falta de entrega de ropa de trabajo y, contrariamente a lo que sostiene el decisorio atacado, postula que la obligación no queda atrapada por el art. 103 Bis, inc. e) de la LCT. En su defensa, destaca que no se trata de una liberalidad, sino que la obligación tiene origen en la Convención Colectiva130/75, art. 66. Plantea que el incumplimiento patronal ataca el principio de buena fe (arts. 62 y 63, LCT), ya que por tal motivo el trabajador debe solventar de su bolsillo la ropa de trabajo. Cita Jurisprudencia, y pide el amparo de los arts. 76 y 105, LCT.Anota que los demandados no probaron la entrega de la ropa de trabajo y sugiere una medida para mejor proveer para establecer el valor actual de la ropa. También cuestiona el rechazo del daño moral por “despido represalia”, al que define como el que se produce sin causa o con causa aparente como respuesta al reclamo administrativo del trabajador. Pretende que el despido en tales circunstancias constituye una forma de discriminación repugnante a los derechos y garantías reconocidos en los arts. 14 bis, 16 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. Pide el amparo del art. 1º de la ley 23.592 y del art. 17 LCT. Destaca la contemporaneidad entre el reclamo administrativo y el despido. Trae jurisprudencia en su auxilio. Enumera una serie de indicios (fs. 161/173; 150 vta. y 172) que en su sentir llevan a la conclusión que el despido fue en respuesta a la intención de los actores de hacer valer sus derechos. Anota como evidencia lo inusual del despido verbal y en medio de la audiencia ante la autoridad administrativa alegando una disminución de trabajo nunca acreditada. Cita doctrina. Otra de sus críticas está orientada al rechazo de su reclamo por la omisión del pago al Seguro La Estrella. No está de acuerdo en que su pretensión haya sido confusa o lacónica, anota que a fs. 236 y fs 829 se encuentra discriminado claramente el importe correspondiente al seguro, y que, incluso, realizó una “emulación de los recibos de haberes” que en su sentir debió liquidar la demandada con el aditamento del seguro en cuestión. Señala que esto indica que se produjeron daños en los actores que deben ser reparados, ya que el empleador está obligado al pago conforme lo establecen las Leyes 14.250 y 23.546, y la CCT 130/75. Citan jurisprudencia en apoyo de su pretensión de cobrar el 3,5% de todos los haberes brutos mensuales por los diez años anteriores a sus despidos.Sostiene que los actores están legitimados para promover acción directa contra sus empleadores, y que la base del cálculo mensual de los haberse que percibieron en conceptos de sumas no remunerativas.Trae jurisprudencia en su auxilio. Y ejemplifica su pretensión. Finalmente, por el cuarto agravio, la recurrente se queja porque el apartado 2º del fallo impone las costa s en su totalidad a los actores y en el apartado 5º le impone un 30% de ellas, entendiendo que deben cargarse en un 100% a la contraria en razón de los principios del art. 20 LCT, 19 CPL y 14 bis CN. Entiende que la pretensión de la actora a prosperado en lo substancial, por lo que no hay motivo para imposición de costas a los actores, cualquiera sea su proporción.

II.) Llegada su oportunidad procesal, la demandada responde así los agravios de su oponente. Destaca que la búsqueda de la actora es que el tribunal infiera la existencia de un grupo económico solidario. Se muestra sorprendida de tal pretensión cuando Firmaq S.A. es una persona jurídica establecida, solvente y nunca negó ser empleadora de los actores. Anota que de la prueba instrumental reconocida por los propios actores surge sin hesitación que éstos eran empleados de Firmaq S.A., lo que es concordante con las posiciones de las demandas (fs. 654 y 1246). Refiere que Vassalli Fabril S.A. fabrica cosechadoras y las vende a través de una red concesionarias, una de las cuales es Firmaq S.A. Refiere, respecto de la sra. Rossi Vassalli, que la calidad de Presidente de directorio de aquélla no es incompatible con la de accionista de ésta. Anota que los actores no han probado la existencia del grupo económico y que en tal caso no es aplicable la disposición del art. 31, LCT. Pone de resalto que uno de los actores el sr. Suriani (fs. 1248) admite haber dirigido sus reclamos verbales a sus jefes, que son empleados de Firmaq S.A.Y concluye que los dichos de los testigos no pueden llevar a confusión ante casos como el presente en el que tanto las personas jurídicas cuanto las relaciones laborales son sumamente formales. En cuanto al segundo agravio, sostiene que es refutado por la propia sentencia, a más de su pretensión de inconstitucionalidad del art. 37, CPL. Refiere que los actores demoraron cuatro años en notificar el primer decreto de trámite. Sostiene que tal situación es un abuso de las formas legales y va contra el objeto de la ley y resalta que estamos ante un caso de abuso de derecho. Se explaya sobre el tópico y cita doctrina. Subraya que la extrema gravedad del hecho denunciado justifica la revisión por inconstitucionalidad. Entiende que el art. 37 del CPL proteje al trabajador, pero destaca que no puede ser utilizado para manipular el derecho y desbordar su fin. Entiende que la caducidad es un isntituto de interpretación estricta por ser disvalioso, pero que en este caso es la solución al fraude a la ley que pretende la actora. Plantea que su parte pretende la declaración de inconstitucionalidad del art. 31, CPL, por operar en el caso concreto en contra de un tema de incumbencia nacional prescripción liberatoria en razón de la disposición constitucional que así lo establece. Concluye subrayando que los trabajadores no pueden sustraerse a la disposición del art. 953 del CC derogado, actual 279 del CCCN. Al tercer agravio despido represalia, responde poniendo de resalto que los datos del mercado de maquinaria agrícola muestran una caída pronunciada antes del la fecha del despido. Cita una nota del diario La Nación. Entiende que esto es de dominio público que desmiente lo del despido en represalia. Respecto del cuarto agravio, sostiene que debe mantenerse la decisión del a quo ya que la pretensión fue rechazada en su mayor parte.

Seguidamente expresa sus reparos contra la sentencia indicando, en primer lugar, que no está conforme con el rechazo de la inconstitucionalidad del art. 37, CPL.Refiere que su postulación es para el caso concreto y que los argumentos del a quo para rechazar su pretensión son abstractos. Pide que se analice la conducta de la actora, ya que ésta marca a su criterio la concreción de su pretensión, a fin de calificar el acción en relación a las garantías constitucionales comprometidas (básicamente, el debido proceso). Pone de relieve que ambos actores utilizan el mismo patrón de conducta procesal: inician demanda el 31/03/2010; la amplían el 31/07/2012; vuelven a ampliarla el 14/03/2013; y, finalmente, la notifican a la demandada el 14/03/2013. Subraya que el propósito de este accionar elevar el reclamo en forma desmesurada y enriquecerse. Plantea que esto atenta contra el orden público, es de mala fe, antifuncional y va en contra del propósito de la ley, ya que destaca le impide a su parte el acceso al debido proceso como garantía constitucional. Resalta que, de existir alguna infracción, esto impide que el empleador la pueda corregir. Pretende que la actitud de los actores frustró el debido proceso y la única forma de repararlo es mediante la declaración de inconstitucionalidad del art. 37, CPL, en este caso en concreto. En segundo lugar, cuestiona que la sentencia en autos rechace la aplicación del art. 247, LCT. Destaca que es un hecho público y notorio la crisis que soportó el sector, y que la caída en la actividad fue ajena a la responsabilidad del empleador, lo que, además, descarta que se trate de un despido extorsivo.

III.) Corrido traslado a los actores para que contesten, éstos señalan respecto del primer agravio que el juzgador razón en concreto y ven en un antecedente de jurisprudencia el fundamento de su decisión. Hace notar la profusa actividad desplegada a través de los sucesivos patrocinantes de los actores, y relata que no se adicionaron rubros sino legitimados pasivos, a los que enumera.Señala también que es recién con el despido invocando falsa causa que se produce la pretensión de otros rubros, ahora derivados de la finalización del vínculo. Refiere que durante ese tiempo los actores no frustraron el debido proceso, sino que realizaron numerosos reclamos tanto verbales como epistolares. Resalta que en fecha 27/06/2012 se realizó un reclamo ante el Ministerio de Trabajo y que esto motivó emplazamientos desoídos por los demandados. Entiende que por aplicación de la doctrina de los propios actos se concluye que, sin perjuicio de cuándo fue notificada la demanda, el resultado hubiera sido el mismo. Al segundo agravio lo refuta apuntado que la empleadora nunca recurrió al procedimiento preventivo de crisis de los arts. 98 y siguientes de la Ley 24.013. Además, destaca, que esto fue introducido por su contraparte recién en la instancia de alzada.

Hasta aquí una síntesis de las postulaciones de los litigantes, podemos ahora entrar en nuestra tarea funcional. Señalo, finalmente, que el relato de la causa realizado por el a quo no ha sido objeto de controversia, por lo que lo tendremos por válido.

Tratamiento de los agravios.

Del resumen antecedente se puede advertir que existe una multiplicidad de tópicos en discusión que han motivado la convocatoria de la Sala, por lo que y en esto coincido con el juez a quo a fin de dar una adecuada respuesta jurisdiccional conviene realizar una enumeración previa de los puntos en cuestión y establecer un orden de tratamiento que nos permita abordarlos a todas. Siguiendo el método propuesto tenemos se propone discutir: (a) por el lado de la actora: i) legitimación pasiva de Mariana Rossi de Vassalli y Vassalli Fabril S.A.; ii) prescripción opuesta por Firmaq S.A.; iii) horas extra; iv) daños y perjuicios por omisión de entrega de ropa; v) daño moral por “despido represalia”; vi) daños y perjuicios por omisión de aportes al Seguro La Estrella; vii) costas; (b) por el lado de la demandada: viii) despido por el art.247, LCT; ix) inconstitucionalidad del art. 37 CPL.

Ahora bien, de todas las pretensiones de alzada postuladas por las partes ninguna es de mayor gravedad que el pedido de inconstitucionalidad del art. 37 de la ley de enjuiciamiento laboral de Santa Fe, por lo tanto parece lógico que empecemos por aquí e invirtamos el orden en que fueron expresados y comencemos por dar respuesta jurisdiccional a los reparos formulados por la demandada, ya que, de prosperar, alguno de ellos tornaría innecesario el tratamiento de los tópicos propuestos por los actores. Así:

a) Inconstitucionalidad del art. 37, CPL. La recurrente plantea que su postulación de inconstitucionalidad recibió respuesta abstracta, y pide que se compulse su pedido con la conducta concreta de los actores, en el convencimiento de que ella es repugnante a la garantía del debido proceso. Sinceramente tengo mis reservas en cuanto a que la parte haya planteado en concreto la inconstitucionalidad, sino antes bien, una especie de defensa de abuso del proceso una de las variantes del abuso del derecho, y también de una manera un tanto vacilante sin mayores argumentos. Ello no obstante, demos por válido que la demandada consiguió articular una pretensión según la cual se habría operado la caducidad antes de la substanciación del juicio y que el juez rechazó tal caducidad. En tal caso, ¿cuál es el perjuicio concreto que esto le causa a la demandada? Yo no logro advertirlo, como tampoco consigo advertir de qué manera conculca la garantía del debido proceso la falta de declaración de una caducidad procesal, cuando el proceso ha tramitado en su totalidad y se ha llegado a una sentencia sobre la materia en litigio.

El Código Procesal Laboral establece un procedimiento propio y específico para la declaración de caducidad de un proceso judicial en los arts. 36 y 37. Por el primero dispone el impulso de oficio, por el segundo establece el mecanismo que debe respetarse para declarar una caducidad.Según esta última norma, pasado un año sin que el expediente haya sido impulsado, el juez debe requerir de las partes que manifiesten en el término de diez días si tienen interés en seguir con el proceso y peticionen lo que corresponde según su estado. Este paso nunca se cumplió en autos, luego, nunca empezó siquiera a correr el plazo de caducidad.

Por lo tanto, no se entiende la pretensión de la demandada, ya que no se advierte de qué modo atenta contra el debido proceso legal el procedimiento descrito en el párrafo precedente. En especial si tenemos en consideración que tuvo la posibilidad de postular, ser oída, probar, c ontradecir y ejercer en toda su plenitud el derecho de defensa en juicio. La excusa de que así se acumulaba la deuda y le quitó la posibilidad de cumplir, no parecen argumentos válidos, desde que la deuda se acumula porque el deudor no paga, no porque no se lo notifique de la demanda. Tampoco se le quitó la posibilidad de cumplir, ya que estamos ante un juicio de siete años, por lo que si hubiera querido cumplir con lo demandado pudo haberlo hecho sin ningún problema. Por lo tanto, no parece que la demora de notificación de la demanda le cause a la quejosa agravio alguno.

La conducta de los actores no luce contradictoria ni que hayan actuado en violación a la garantía del debido proceso. En primer lugar, porque no es la conducta de las partes la que conculca dicha garantía constitucional, sino la acción de un tribunal al permitir que se lleve adelante un proceso en violación a las formas establecidas por los códigos de rito. Aquí no observamos que haya ocurrido, ni remotamente, algo semejante.Lo que se advierte de la pretensión de la recurrente, por el contrario, es que pretende conseguir por vía de las formas lo que no le corresponde por el derecho substantivo.

En efecto, no podemos dejar de advertir que la caducidad es un instituto que constituye un modo anormal de terminación de un proceso, y que tal como ha sido propuesto por la demandada impediría el dictado de una sentencia de fondo por la aplicación dudosa de un instituto procesal. Por lo tanto, lo que se trasluce de tal pretensión es que a la demandada no le interesa discutir el fondo de la cuestión.

Por el contrario, desde mi perspectiva, quien pretende alterar la garantía del debido proceso es justamente quien se dice afectada en sus garantías constitucionales: la demandada, ya que busca que se declare la caducidad de un proceso, sin que se hayan cumplido con el procedimiento que específicamente la ley prevé para el instituto. Luego, es un tanto contradictorio pretender que se viola el debido proceso porque no se declara una caducidad sin atender al procedimiento específico que la ley procesal establece para su declaración. De modo que, desde mi perspectiva, quien en verdad quiere esquivar la Constitución es la propia demandada.

La ley procesal es de orden público, y el Código Procesal Laboral establece un procedimiento específico para la declaración de caducidad de un juicio. El pedido de declaración de inconstitucionalidad del art. 37, según lo formula la demandada, significa lisa y llanamente omitir todo ese específico procedimiento de orden público establecido por la norma procesal que son poderes reservados para sí por las provincias (arts. 75, inc.12 y 121, Constitución Nacional), por lo tanto, lejos de respetarla, la pretensión de la demandada se constituye en los hechos en un pedido de la parte demandada a que se la exima de adecuarse a lo que establece la Carta Magna.

En suma, de lo dicho se desprende que contrariamente a lo que postula la demandada, la garantía del debido proceso se vería afectada si se hiciera lugar a su pretensión; luego, no se produce en autos violación constitucional de ninguna naturaleza.

Por los motivos expuestos, se rechaza la pretensión de inconstitucionalidad del art. 37, CPL.

b) Despido por art. 247, LCT. El despido por falta o disminución de trabajo por causa no imputable al empleador y con el procedimiento previsto en la norma, nunca fue materia de discusión en autos; por lo tanto, la recurrente no puede válidamente plantearlo ahora, en la Alzada, que es un tribunal de revisión y no de creación., ya que el art. 246, CPCC, aplicable por remisión (art. 145, CPL) veda a la Sala la posibilidad de tratar tópicos no propuestos en la instancia de creación.

En efecto, la norma nunca fue invocada de manera expresamente hasta la expresión de agravios, obsérvese que tanto en el telegrama que formaliza el despido (fs.174) cuanto en la audiencia ante el Ministerio de Trabajo (fs. 160) en la que se despide a los actores, la demandada no cita norma alguna. Por el contrario, la demandada, al dar su versión de los hechos (fs. 605) y también en su comunicación del 12/09/2012 (fs. 176) señala haber obrado según lo dispuesto por el art. 245, LCT. Es decir, que de sus propias palabras el despido carece de causa, ya que la norma citada regula justamente el despido incausado; lo cual nos exime de mayores comentarios.Lo dicho es suficiente para desestimar el reproches.

Pero para que no se acuse a la Sala de un excesivo rigor formal, dado que pudiera decirse que de la descripción de los hechos se infiere que, si bien no se invocó específicamente la norma, los sucesos o acontecimientos relatados quedan comprendidos en la causal del art. 247, LCT. Sin embargo no es lo que sucede, pues de la lectura de las razones que da la demandada para despedir no puede colegirse que se trate de una disminución de trabajo por causa no imputable al empleador. Digo, tener que devolver un inmueble no es motivo para despedir en los términos del art. 247. Tampoco parece ser motivo que pueda quedar atrapado por la norma aludida la invocación vaga y abstracta a una caída en las ventas jamás probada.

Mas aún si pudiésemos dar por cierto que la demandada invocó la falta o disminución de trabajo no imputable a ella como motivo del despido, la pretensión de la recurrente choca con un segundo valladar que no puede superar. Se trata, ni más ni menos, de la falta de observación al procedimiento establecido en la norma y la total ausencia de prueba de los extremos invocados. Aquí la orfandad probatoria es total, en este punto no se puede obviar que una prueba tan importante como la pericia contable para acreditar la caída de las ventas invocadas no fue utilizada por la demandada, no se le hace a la perito una sola pregunta relacionada al tópico.

Recordemos aquí las enseñanzas de Julio Grisolía, “En los casos en que el despido se fundamenta en la causal de falta o disminución de trabajo, las exigencias de la LCT para mitigar las obligaciones del empleador en caso de despido deben resultar rigurosamente cumplimentadas, ya que, de lo contrario, de alguna forma el trabajador resultaría vinculado a los riesgos empresarios, a los que resulta ajeno.La prueba de la causal del art.247, LCT, debe referirse tanto a la situación de falta de trabajo como a que ella no le sea imputable: el empleador debe demostrar haber observado una conducta diligente acorde con las circunstancias, que el hecho determinante no hubiese obedecido a riesgos propios de la empresa, que se tomaron las medidas destinadas a paliarlo y que se respetó el orden de la antigüedad para despedir.Ante la excepcionalidad que importa el supuesto previsto en el art. 247 de la LCT, el empleador debe demostrar de manera contundente la legitimidad de la causa invocada, no bastando la sola acreditación del hecho objetivo -disminución de la facturación y/o crisis financiera-, sino que se requiere además, y como exigencia insoslayable, la demostración del dato subjetivo -que el hecho le es ajeno e inimputable y que adoptó todas las medidas necesarias tendientes a su superación- ya que tampoco basta la demostración de una situación genérica de crisis en el mercado(sala 2ª, 14/12/2006, “Olivera, Silvia del Valle v. Visconti, Alfredo y otro”).La falta o disminución de trabajo y la fuerza mayor atañen al riesgo empresario en tanto son frustratorias de las expectativas tenidas en cuenta por el empleador al organizar la empresa, por lo que son ajenas al art. 247 de la LCT, en tanto no inciden sobre el objeto del contrato, sino sobre la causa subjetiva del empleador, quien debe soportar las consecuencias del riesgo empresario (sala 8ª, 23/10/2006, “Guc, Irma M. v. Vademecum S.A.”).Tratándose de la extinción del contrato de trabajo por la causal prevista por el art. 247 de la LCT, las exigencias legales para mitigar las obligaciones del empleador en caso de despido deben resultar rigurosamente cumplimentadas pues, de lo contrario, de alguna forma el trabajador resultaría vinculado a los riesgos empresarios, a los cuales resulta ajeno (sala 1ª, 22/9/2006, “Carone, Maximo Nicolas v. Repicky S.A.”).”Y un par de párrafos más abajo, agrega:”El empleador que invoca la causal de falta o disminución de trabajo para despedir debe acreditar la ocurrencia de hechos ajenos, que son aquellos que no pueden incluirse dentro del ámbito de acción de un empresario eficiente, buen hombre de negocios, por principio de las condiciones dinámicas del mercado y del proceso productivo, porque sólo un hecho que no puede preverse dentro del giro normal de la empresa, que sea provocado por situaciones ajenas, es el que admite la norma del art. 247, LCT para atenuar la responsabilidad indemnizatoria del empleador, ya que, de otro modo, su interpretación sería tan amplia y generosa que sólo dejaría marginado el acto voluntario y doloso o la negligencia culposa del empresario (sala 1ª, 28/2/2001, “Tsanganelias, Juan C. v. Estex SA”, DT 2001 A792).”

Por los motivos aludidos el agravio debe ser desestimado.

Pasemos ahora al tratamiento de los reproches formulados por los actores.

(c) Legitimación pasiva de Mariana Rossi Vassalli y Vassalli Fabril S.A. Estas dos demandadas, coordinadamente con Firmaq S.A., resisten la demanda a partir de considerar que no hay acción contra ellas toda vez que se tratan de personas distintas de la empleadora Firmaq S.A., quien en las formas asume tal calidad, como continuadora de Don Roque Competición S.A. La utilización de los adverbios -coordinadamente, en las formas no es inocente, ya que pretendemos con esto señalar que en el aspecto formal la relación está registrada como un contrato de trabajo entre los actores y Firmaq S.A.

Ahora bien, a nadie escapa que el Derecho Laboral se sustenta bajo el principio de primacía de la realidad. Por lo que la cobertura de las formas si bien da un fuerte indicio en favor del empleador respetuoso de ellas, no excluye la posibilidad al trabajador de acreditar que en los hechos las cosas no son como aparecen en las formas. Tal es, en mi sentir, la manera de operar del principio citado y así lo entiende, entre otros, el ya citado Grisolía:”Este principio otorga prioridad a los hechos, es decir,a lo que efectivamente ha ocurrido en la realidad, sobre las formas o apariencias lo que las partes han convenido: el contrato de trabajo es un “contratorealidad”.Prescinde de las formas para hacer prevalecer lo que realmente sucedió. Tiene su origen en la doctrina mexicana elaborada por De la Cueva.Por lo tanto, a diferencia del derecho civil, que le da especial relevancia a lo pactado por las partes (a quienes entiende libres para disponer de sus derechos), en el derecho del trabajo, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos suscritos por las partes o acuerdos celebrados entre ellos (lo que se pactó o documentó), se debe dar preferencia a los hechos. Prima la verdad de los hechos -la esencia de la relación qu e vinculó a las partes- sobre la apariencia, la forma o la denominación que asignaron éstas al contrato.En virtud del principio de primacía de la realidad, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos suscritos por las partes o acuerdos celebrados entre ellas se debe dar preferencia a los hechos, que en el presente caso han sido acabadamente acreditados por los testigos (sala 7ª, 31/8/2012, “Lalanne, Jorge Alberto v. Superintendencia de Riesgos del Trabajo”).”

Siguiendo el principio de realidad observamos que de las declaraciones de los testigos (fs. 1198 y sgtes.) surge sin hesitación que si bien en las formas los actores podían estar registrados como empleados de Firmaq S.A., la prestación de sus servicios no eran exclusivamente para ésta sino también para Vasalli Fabril S.A. los ven de guardia en la garita de la planta de la empresa y cuidando la casa en la que vive la madre de Mariana Rossi Vassalli todos los testigos son coincidentes en este punto, inmueble que, además, es de propiedad de esta última.Más aún, de la declaración del remisero se desprende que el señor Suriani, por ejemplo, hacía el turno nocturno en la casa de la familia Vassalli. Quiero señalar también que de los testimonios se puede extraer sin mayor esfuerzo que el inmueble en el que estaba la madre de la señora Rossi Vassalli es el hogar de la familia desde antaño. Uno de los testigos, incluso refiere a a haber ido al inmueble a repararlo y dan cuenta que se trata de una casa habitación y no de un local comercial o industrial o de depósito, es decir, no se trata de un inmueble destinado a un uso productivo ni rentable ni estaba siendo afectado a ninguna de las actividades económicas de la empleadora. Digo, si el objeto de la empleadora formal, como ella misma lo declara, es la venta de cosechadoras; luego, una casa de familia en la que vive una anciana no parece estar dentro del objeto para el cual se constituyó la persona jurídica. Debo observar aquí que ante la pregunta al testigo Aguirre que conoce la casa habitación por dentro por haber ido a hacer reparaciones sobre si la madre de la señora Rossi Vassalli ocupaba todas las habitaciones, responde que supone que sí. De donde no cabe duda que el inmueble de calle Santa Fe en el que vivía la madre de la señora Rossi Vassalli es una casa de familia, la descripción que hace el testigo Aguirre (fs. 1200) claramente lo deja ver. Lo mismo puede decirse de la declaración del testigo Zanelato (fs. 1200 vuelta in fine).

En relación a la prueba testimonial debe destacarse la diferente extracción social y relación con el proceso que tienen los testigos, uno es un remisero, otro realiza reaparaciones en la casa, otro trabaja en la Municipalidad, etcétera.Lo heterogéneo de la lista y las coincidencias entre sus declaraciones indican claramente la fuerza probatoria de las testimoniales, ya que difícilmente puede existir acuerdo entre testigos que tienen, respecto de los litigantes y los hechos, vinculaciones tan distintas.

La confesional de la señora Rossi Vassalli también nos lleva en el sentido que venimos refiriendo. Sobre todo si compulsamos las declaraciones de fs. 655 y fs. 1158, ya que es difícil darle verosimilitud al planteo de una persona que reconoce visitar asiduamente el inmueble en el que se encuentra su madre anciana inmueble que, otrosí, es de su propiedad y que manifiesta desconocer a los demandados, quienes eran los guardias de seguridad siempre los mismos que cuidaban a su madre y la casa de su madre. Tampoco es verosímil el comodato que sugiere tener con la sociedad que ella misma es socia y dirige por una parte del inmueble, no se sabe con qué destino. Digo, la confesional de la parte suena deliberadamente ambigua, señalando desconocer datos, personas o circunstancias que no puede desconocer. Me cuesta admitir que alguien no sepa quién es la o las personas que cuidan el inmueble donde está su madre. Más si se tiene en consideración que la empresa para la que trabajan formalmente los actores está dirigida por la absolvente y los empleados eran enviados, como se sabe, a cuidar la casa de su madre. Y más todavía si pensamos que los actores tal como surge de las declaraciones de los testigos cuidaban dentro de la casa y pasaban ahí toda la noche. Sinceramente esto me resulta del todo inverosímil.

Lo mismo podemos señalar respecto de Vassalli Fabril S.A., obsérvese la respuesta del testigo Daj (fs.1198) a la pregunta sobre si sabía si existía algún tipo de relación entre el actor con todos o algunos de los demandados (fs. 1162): “Sí, yo sé que existía relación. Lo he visto entrar y salir del lugar de trabajo a Suriani con ropa de trabajo.Y lo he visto en la garita de seguridad, adentro. Es la garita de seguridad que está en la Fábrica Vassalli, la calle San Lorenzo o Almirante Brown.”

Incluso, si se observa la absolución de posiciones de representante de Firmaq S.A. (fs. 657 vuelta y 1157) cuando el letrado de los actores inquiere al absolvente sobre si los actores trabajaron en el inmueble de Santa Fe 1231 donde se encontraba, como hemos visto, la madre de la señora Rossi Vassalli, éste responde textual en relación al actor Suriani: “No es cierto sino a medias, porque se desempeñaba en el domicilio mencionado y también en Roque Sáenz Peña Nº 1239”. Y en relación al actor Miraglio (fs. 657 vuelta), que: “A medias, desempeñaba en el domicilio mencionado y en Roque Sáenz Peña Nº 1325”. Lo cual rápidamente nos llevan a dos conclusiones: (i) es cierto que efectivamente el señor Suriani trabajó en el inmueble donde estaba la madre de la señora Rossi Vassalli; (ii) quedan acreditados, sin lugar a dudas, al menos tres lugares en los que los actores prestaron tareas, y los tres corresponden a tres personas distintas: Mariana Rossi Vassalli Santa Fe 1231; Vassalli Fabril S.A. garitas de calles San Lorenzo o Almirante Brown; y Firmaq S.A., en calle Roque Sáenz Peña 1239 o 1325.

De manera que desde mi punto de vista, no hay duda alguna que les cabe responsabilidad laboral a las tres demandadas, ya que tanto Mariana Rossi Vassalli como Vassalli Fabril S.A. se beneficiaron con el trabajo de los actores. Esta responsabilidad no les cabe por el art. 31 de la Ley de Contrato de Trabajo, como pretenden las codemandadas al responder agravios, sino que le es atribuida en razón del art. 14 de la misma ley. Dado que se valieron de una persona interpuesta Firmaq S.A. para proceder en fraude a la ley laboral, pues de esta manera y en los hechos tercerizaban la prestación del trabajador siendo ellos beneficiarios de los servicios contratados por la empleadora formal.Como bien surge de la respuesta del representante de Firmaq S.A. en la posición transcrita más arriba, está claro que las tres personas se aprovechaban de los servicios del trabajador, pero sólo una de ellas la persona interpuesta, Firmaq S.A. aparece como el empleador formal.

En este orden de ideas se debe tener presente, aquí también, las enseñanzas de Grisolía:

“Se actúa fraudulentamente cuando, ajustando el comportamiento a las disposiciones legales, se busca evadir el fin previsto por ellas. Dado que el instrumento utilizado es la simulación ilícita, en este artículo se hace mención conjunta a ambos supuestos, disponiendo la nulidad de todo lo actuado en esos casos, y la sustitución (art. 13) por las normas imperativas pertinentes.”

De manera que en mi opinión debe hacerse lugar al agravio y revocarse en el punto que nos convoca la sentencia recurrida rechazando las excepciones de falta de legitimación activa.

(d) Prescripción. El juez escuetamente despacha la cuestión declarando prescrito el crédito por diferencias salariales por “dos años para atrás, a contar desde el día del despido (art. 256, LCT). Coincido con los actores en cuanto a que la invocación del art. 256, LCT, es un fundamento sólo aparente, ya que la norma en ningún momento ordena el cómputo del plazo desde la fecha del despido, simplemente señala que la prescripción de los créditos laborales es de dos años, se entiende, desde la fecha en que los créditos se devengaron.

Ahora bien, “para que se opere la prescripción es necesario que transcurra el término legal, el que, como indica este artículo, es de dos años; exista una inacción, omisión o silencio voluntario del acreedor durante el plazo preindicado y, finalmente, es preciso que su alegación o invocación fuere efectuada por el deudor, porque no puede ser declarada de oficio”5.En autos podemos considerar que de los tres requisitos enumerados el del plazo y la propuesta de parte han sido cumplidos, pero no se presenta el requisito de la inacción por

parte de los acreedores actores, sino todo lo contrario. En efecto, la exigencia de que no haya existido reclamo formal del trabajador durante el plazo de prescripción nace de la remisión que formula el art. 257, LCT, al Código Civil, art. 3986, actual art. 2546 del Código Civil y Comercial de la Nación. “El art. 257, LCT, no es más que una adaptación del art. 3986, CCiv., al derecho especial. La única diferencia es que en la norma del derecho común la interpelación y constitución en mora suspende el plazo de prescripción y en el derecho especial lo interrumpe, siendo ambas normas aplicables al instituto en materia laboral (Sup. Corte Just. Mendoza, sala 2ª, 23/6/2003, “Alberoni, D. y otros v. Kobe Centriuft Ar. Div. Baker Hughes Arg. SA”).”

Por lo tanto, no cabe duda que la interposición de la demanda por los actores interrumpió el curso de la prescripción, y mientras el proceso esté vigente, no hay motivo para considerar prescritos créditos que se reclamaron en tiempo oportuno. “La prescripción no debe computarse desde la fecha del distracto sino a partir de la exigibilidad de las indemnizaciones, es decir, transcurridos cuatro días en función del plazo con que cuenta el empleador para pagarlas de acuerdo con los arts. 128 y 149, LCT (C. Trab. Córdoba, sala 10ª, unipersonal, 3/5/2000, “López, Héctor D. v. Cormec (Córdoba Mecánica) SA”).”

Quiero señalar también que la oposición de la defensa de prescripción por parte de la demandada no estuvo referida o dirigida a cada crédito en particular, sino que fue planteada de modo general y sostenida básicamente en la inconstitucionalidad del art. 37 del CPL, a lo que ya dimos respuesta.Obsérvese que la demandada pide la prescripción indiscriminada de los créditos de los trabajadores por dos años para atrás contados del despido, límite temporal que el a quo recibe sin la menor reflexión, olvidando la interrupción de la prescripción de créditos diferencias salariales producida por las demandas. Créditos cuya exigibilidad, además, no depende de la extinción del vínculo laboral, ya que bien pueden reclamarse diferencias salariales sin rescindir el contrato de trabajo.

En consecuencia, no parece justo que se empiece a contar el plazo del prescripción desde el despido, cuando la exigibilidad del crédito no depende del despido y, como en el caso de autos, el acreedor ha interrumpido la prescripción con la promoción de acciones judiciales vigentes. Por el contrario, dado que las diferencias salariales fueron exigibles antes del despido y así también lo fue la interposición de las demandas, entiendo que lo justo es que el plazo de dos años se cuente desde que cada crédito fue exigible, y sólo en relación aquellas diferencias salariales comprendidas en las demandas y sus ampliaciones. Debiendo hacerse lugar al agravio en la medida indicada en este apartado.

(e) Horas Extra. Los actores se quejan por el rechazo del rubro horas extra por parte del a quo, su argumento se centra en que el rechazo se debió a la falta de prueba fehaciente y que nada en la ley de forma ni en la ley de fondo exige tal calidad a la prueba. Digamos en primer término que el propio argumento del que se sirven los recurrentes es un reconocimiento de que no hay prueba del rubro. En segundo lugar, que esta Sala ha sostenido en numerosas oportunidades que cuando el trabajador pretende créditos que están más allá de lo que es ordinario, normal o corriente, requiere de prueba fehaciente. Tal el caso de las horas extra. En efecto, las horas suplementarias reguladas por el art.201, LCT, deben ser probadas por el trabajador, dado que no quedan comprendidas dentro de la presunción del art. 55. Así enseña Sardegna: “la prueba de la realización de tareas en horas extras, cuando el empleador niega su existencia, está a cargo del trabajador, el que a ese efecto deberá producir prueba fehaciente”.

Por otro lado, los actores confunden las horas extras con las tareas prestadas en horario nocturno. En efecto, de la transcripción que hace del fallo en el punto 4. III.- a) 2) de su expresión de agravios surge que el a quo se refiere al cálculo de las horas de trabajo nocturno (art. 200, LCT), en tanto que el agravio está dirigido a las horas extras (art. 201, LCT). Esto torna confuso el agravio y lo invalida como crítica concreta y razonada de los motivos que tuvo el a quo para fallar como lo hizo.

Además, no podemos de ningún modo considerar que las horas extras puedan ser determinadas exclusivamente en base a testimoniales, ya que en modo alguno puede extraerse de las declaraciones rendidas en autos la cantidad de horas suplementarias trabajadas, ni el lapso de tiempo durante el cuál ellas se prestaron. La interpretación que hace la parte de las testimoniales es un tanto arbitraria, ya que la deriva de la prestación de horas suplementarias por los actores en base a la hora que el sodero llevaba la soda, o la infiere de las declaraciones de los compañeros de trabajo, o de un inspector de tránsito, etcétera. Pero de la lectura de los testimonios surge que tales referencias a las horas suplementarias son provocadas por el recurrente más que surgir de las propias declaraciones de los testigos, que hacen referencias horarias circunstanciales y sin demasiada precisión en cuanto al tiempo de trabajo de los actores para los demandados.Esto, en mi modo de ver, es insuficiente para probar el rubro.

Finalmente y como corolario de lo expuesto hasta aquí debemos apuntar que de la pericia contable no surge que se deban horas extra, antes bien parece lo contrario, que si en algún momento se prestaron horas suplementarias, ellas fueron pagadas en tiempo y forma.

En suma, no se presentan argumentos para variar lo decidido en baja instancia respecto del rubro en cuestión. Por el contrario, bien mirado el argumento de la recurrente es que se le reconozcan las horas extras sin prueba, algo del todo inadmisible. En consecuencia, debe rechazarse el agravio.

(f) Daños por falta de entrega de la ropa de trabajo. Tampoco habrá de prosperar este agravio. El testigo Daj (fs. 1198) declara haber visto al actor entrar y salir del lugar de trabajo con ropa de trabajo (pregunta segunda); el testigo Maceratesi también refiere que veía al actor con ropa de trabajo (fs. 1199, pregunta segunda). De lo dicho se desprende que los actores prestaban sus tareas con ropa la ropa de trabajo correspondiente, ya que de otro modo no lo habrían advertido así los testigos. Eso significa que la patronal entregaba la ropa, ya que de otro modo no la habrían tenido, salvo que se la hubieran comprado los propios actores. Pero en tal caso, debieron acreditar la compra de la ropa con dinero propio, ya que la vestimenta, como lo señala Sardegna7, no queda comprendida en el art. 76 de la LCT. Ello no obstante, si los actores pretendían que se le reintegraran gastos producidos por la compra de ropa que por convención colectiva le correspondía comprar al patrón y dado que no cabe duda que tenían la ropa, luego debieron acreditar que ellos la habían comprado, lo que no hicieron.

Por los motivos expuestos, se rechaza el agravio.

(g) Daño moral por “despido represalia”. Tampoco habrá de prosperar el rubro.La razón es que se reclama un daño moral por despido represalia, pero la demandada no explica en qué consiste concretamente el perjuicio, cuál es puntualmente la afectación a la vida de relación de los actores que se produce en el caso, cuáles son las consecuencias no patrimoniales que el despido les trajo. Digo, supongamos por un momento que estuviere probado que el despido fue en respuesta a los reclamos judiciales y administrativos de los actores, ¿de qué manera esa circunstancia los afectó? Porque si los actores reclaman en razón de “despido represalia”, deben explicar por qué esta represalia les causa un agravio moral, en qué consiste el agravio existencial, en qué medida la represalia se los causa. Nada de esto explican los actores. La circunstancia de ser el “despido represalia” lo que les causa el daño, significa que es el motivo del despido lo que le causa perjuicio, en consecuencia deben explicar por qué. Si el despido hubiera sido sin expresión de causa los actores no se habrían sentido agraviados, es la condición de ser en “respuesta a” lo que, nos dicen, les provoca el daño. Por lo tanto, deben acreditar que existe un nexo de causalidad adecuada entre el motivo del despido y el daño que dicen padecer. Y esto por la simple razón que tanto en el despido sin causa cuanto en el “despido represalia”, para los actores, las consecuencias fácticas perceptibles a simple vista son las mismas: se quedaron sin el trabajo. Así debe ser, además, porque de otro modo se habilitaría el reclamo por las consecuencias no patrimoniales de todo despido sin causa, lo que alteraría notoriamente todo el sector productivo y de servicios del país, lo cual es exorbitante.

Nada de esto se advierte de la demanda, en ella simplemente se da por supuesto que el despido es consecuencia de sus denuncias y que por tal motivo se produce en los actores un daño moral.Daño que una vez más no explicita, cuyo nexo de causalidad adecuada da por supuesto, cuyas consecuencias no describe y cuya pretensión reparadora no cuantifica.

Por otra parte, de la enumeración de indicios que hace la recurrente en modo alguno se puede extraer que el despido fue en represalia por los reclamos de los actores. Antes bien llevan a la conclusión contraria, que no hubo represalia de ninguna naturaleza. Obsérvese en este sentido que el primer indicio, según la recurrente, son las comunicaciones cursadas entre los años 2011 y 2012. Ahora bien, si el despido hubiera sido en represalia hubiera ocurrido de inmediato o en fecha cercana a las primeras intimaciones, y no fue eso lo que ocurrió. Tuvo que pasar todo el 2011 y llegar a septiembre de 2012, para que recién entonces se operara el despido. Lo mismo puede decirse de la denuncia ante la autoridad administrativa, si el despido hubiera sido en represalia la demandada ni siquiera hubiera asistido a la primera audiencia. Sencillamente los habrían despedido de inmediato sin necesidad concurrir al trámite administrativo. La exposición policial, por su parte, carece de toda relevancia, toda vez que sólo acredita que los actores concurrieron a la policía ese día y manifestaron lo que dice, pero esto e n modo alguno puede ser tomado como verdad irrefutable toda vez que se trata de una declaración unilateral de los actores de la que la autoridad policial toma nota pero no da fe. Además, tampoco puede ser tomada como indicio desde que no se ha acreditado que la exposición haya entrado en la esfera de conocimiento de los demandados antes del despido.

De manera que no sólo los actores no explican los alcances de su reclamo de reparación del daño moral, no acreditan la existencia de un nexo de causalidad entre el hecho despido represalia y el perjuicio daño moral de contenido indeterminado, sino que ni siquiera podemos concluir que el despido haya sido en represalia a una conducta determinada y concreta de los actores.Luego, el agravio debe ser desestimado.

(h) Seguro La Estrella. Es cierto que de la pericia contable puede concluirse que la empleadora omitió las contribuciones patronales por el seguro, pero esto no le da derecho al actor a ser indemnizado. Dado que se trata de una contribución del empleador, los aportes del seguro de retiro en cuestión no son retenidos de la remuneración de los actores. Luego, no se advierte cuál es el perjuicio que la falta de ingreso de tales rubros le causa, ya que la falta de pago de los aportes le da acción a la aseguradora para cobrarlos del patrón, pero no condiciona la recepción de los beneficios al trabajador. También coincido con el a quo en cuanto a lo confuso del reclamo, ya que en la pretensión expuesta en la ampliación de la demanda el rubro aparece ligado a las diferencias salariales, lo cual es del todo desacertado porque el seguro no forma parte de las remuneraciones percibidas por el trabajador durante la relación laboral, ni se le distrae de su salario monto alguno con ese destino. Por estas razones se rechaza también este agravio.

(i) Costas. Creo que le asiste en parte la razón a la actora en este punto, ya que en primera instancia sus aspiraciones jurídicas contaban en lo principal con el apoyo legal para prosperar, y como vimos, no sólo contra la empleadora formal sino también contra las otras dos codemandadas, a lo que debemos agregar la cuestión de la prescripción. Ello no obstante, hubo algunas pretensines de importante contenido económico horas extra, daño moral, ropa, seguro que fueron rechazadas.

Nuestro sistema procesal laboral trae un esquema específico para la carga y distribución de las costas (arts.101 y 102, CPL). Además, cuando se debe evaluar los vencimientos recíprocos en materia laboral, es jurisprudencia pacífica de los tribunales santafecinos que se la ponderación deberá hacerse teniendo en consideración principalmente el contenido jurídico de las pretensiones expuestas, antes que el frío cálculo matemático.

Como consecuencia de lo dicho, juzgo que las costas en primera instancia deben ser distribuidas en un 80% a cargo de las demandadas y 20% a cargo de los actores. Las costas de alzada se distribuyen del mismo modo y por las mismas razones (art. 102, CPL).

A la misma cuestión el Dr. López, dijo.

Adhiero al voto precedente.

A la misma cuestión el Dr .Pastorino dijo.

Advirtiéndose la existencia de dos votos concordantes, invoco la aplicabilidad al caso de lo dispuesto en el art. 26 Ley 10160, sin emitir opinión.

A la segunda cuestión el Dr. Prola, dijo.

Por las razones expuestas en los párrafos precedentes voto: 1) Rechazando el recurso de apelación de las demandadas; 2) Haciendo lugar parcialmente al recurso de apelación de los actores y revocando la sentencia en los puntos y con los alcances explicados en los considerandos; 3) Costas: 80% a cargo de las demandadas; 20% a cargo de los actores; 4) Regulando los honorarios de los profesionales intervinientes en el 50% de lo que corresponde por la etapa de grado.

A la misma cuestión el Dr. López, dijo.

Adhiero al voto precedente.

A la misma cuestión el Dr. Pastorino dijo.

Me remito a lo expuesto en la primera cuestión.

Por todo ello la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto, integrada, RESUELVE: I. Rechazar el recurso de apelación de las demandadas; II: Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de los actores y revocar la sentencia en los puntos y con los alcances explicados en los considerandos; III. Costas: 80% a cargo de las demandadas; 20% a cargo de los actores; IV. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en el 50% de lo que corresponde por la etapa de grado.

Insertese, hágase saber y bajen

Dr.Juan Ignacio Prola

Dr.Héctor Matías López

Dr. Eduardo Pastorino

art. 26 LOPJ

Dr Walter Bournot

secretario en suplencia