Despido de un encargado que apuntó con un arma a una persona para que retirara su bicicleta del pasillo del consorcio donde trabajaba

Partes: G. C. A. c/ Consorcio de Propietarios del edificio Cerrito 228 s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 15-jun-2018

Cita: MJ-JU-M-111862-AR | MJJ111862 | MJJ111862

Se considera justo el despido del actor que apuntó con un arma de fuego a una persona para que retirara su bicicleta del pasillo del consorcio empleador.

Sumario:

1.-Se confirma la resolución que rechazó la demanda que perseguía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido previstas en la LCT y en la Ley 12.981 que viene apelada por el actor argumentando que no habría tenido oportunidad para explicar lo sucedido, pues se considera acreditada la injuria invocada por la demandada en los términos del art. 242 LCT para prescindir de los servicios del actor ya que, éste último, le colocó un arma de fuego en la sien a un cliente de un local ubicado en la planta baja del consorcio para el cual trabajaba, con el objetivo de que retirara su bicicleta del pasillo del mismo.

2.-La valoración o ponderación del incumplimiento contractual de que se trate debe ser hecha prudencialmente por el juez laboral, considerando en cada caso el carácter de las relaciones que resulta del contrato de trabajo, como asimismo las modalidades y circunstancias personales y particulares, en cada supuesto.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 15 días del mes de junio de 2018 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente;

EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT dijo:

I) La señora jueza de primera rechazó la demanda que perseguía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido previstas en la LCT y ley 12.981, en tanto consideró acreditada la injuria en los términos del art. 242 LCT, invocada por la demandada para prescindir de los servicios del actor. Asimismo desestimó la pretensión de la indemnización normada por el art. 80 de la LCT pues no consideró acreditados los presupuestos exigidos para su viabilidad (v. sent. fs. 151/156).

La parte actora se alza contra tal decisión conforme los términos expresados en su memorial recursivo de fs.157/158 vta.

II)- La presentación de la recurrente bordea la deserción, no obstante ello y en aras de salvaguardar el derecho de defensa en juicio, propicio que se acceda a la apertura de esta instancia revisora.

En atención a los términos vertidos por el recurrente no se encuentra concretamente discutido ante la alzada que con fecha 13/05/2014 la demandada le comunicó al actor su despido, en los siguientes términos: “.Ante la grave inconducta en que incurriera el día 04/04/2014 en el horario de las 13 horas en el momento que ud. prestaba tareas para este consorcio, cuando a un cliente de la empresa Western Union que posee un local en la planta baja del consorcio Cerrito 228 ud. le colocó un arma de fuego en la sien intimándolo y amenazándolo para que retirara una bicicleta del pasillo del consorcio. Esto en presencia de testigos y vecinos. Lo que conllevó al llamado de las fuerzas de seguridad.Haciéndose presente efectivos de la Policía Federal correspondientes a la comisaría 3º de esta ciudad, quienes le sustrajeron el arma y lo llevaron detenido a dicha comisaría (.) ante la gravedad del hecho descripto por el cual usted puso en riesgo la integridad física de copropietarios y transeúntes de este consorcio dado que portaba un arma de fuero en el momento que trabajaba para este empleador es que se lo despide con justa causa”.

En virtud de lo expresado, y soslayando manifestaciones recursivas vinculadas con cuestiones que en definitiva no se invocaron en la comunicación extintiva, lo controvertido ante esta instancia es si la falta cometida por el actor revistió o no el carácter de injuria grave en los términos del art. 242 RCT (t.o.).

Así lo sostengo pues a pesar de lo sostenido en el recurso en cuanto a que la demandada no habría dado oportunidad al actor para explicar lo sucedido, lo cierto es que el acaecimiento del episodio protagonizado por el actor resulta suficientemente acreditado en la causa. En este sentido, conforme surge de las actuaciones labradas ante la justicia criminal y correccional cuyas fotocopias certificadas obran en autos a fs. 102/121, obra la declaración en calidad de testigo del Sr. Jorge Daniel Roldán, (v. fs. 104) de la cual surge el relato de los hechos acaecidos el 04/04/2014, dando cuenta que ese día en al llegar con su hijo en bicicleta hasta el local de Western Unión ubicado en la entrada de la galería de Cerrito 228 y luego de apoyar la bicicleta en la puerta del mencionado local, primeramente fue increpado verbalmente por el actor para que saque la bicicleta que había apoyado en la puerta del local en el interior de la galería y luego amenazado con un arma de fuego que le apuntó a la cabeza reiterándole que saque la bicicleta. Asimismo y por indicación del fiscal que entendió en la causa seguida contra el actor por el delito de coacción a fs.110 se dejó constancia que se procedió a observar las filmaciones contenidas en los DVD R aportados a la causa pudiéndose advertir exactamente toda la secuencia que fue narrada por el testigo Roldán en momentos en que éste cargando una bicicleta y junto a su hijo pequeño se detienen en la puerta de un local ubicado en el interior de una galería, los que inmediatamente son abordados por el actor vislumbrándose que se les acerca con intenciones de darles algún tipo de aviso y quien segundos después aparece esgrimiendo un arma de fuego el que apunta a la cabeza de Ronzán en reiteradas oportunidades hasta que éste se retira detrás de su hijo.

Acreditado el hecho que se imputó al actor corresponde dilucidar el alcance del mismo y su encuadramiento en la justa causa tipificada por el art. 242, LCT.

En ese orden de ideas, la justa causa de despido tipificada por el mencionado artículo debe consistir un incumplimiento contractual, objetivamente grave e impeditivo de la continuidad de la relación laboral aún a título provisorio. He sostenido en reiteradas ocasiones que la valoración o ponderación del incumplimiento contractual de que se trate debe ser hecha prudencialmente por el juez laboral, considerando en cada caso el carácter de las relaciones que resulta del contrato de trabajo, como asimismo las modalidades y circunstancias personales y particulares, en cada supuesto .

En este marco coincido con la conclusión a que arribó la magistrada de primera instancia con respecto a que la falta que le imputaron al Sr. G.C., tuvo la gravedad exigida por la norma citada precedentemente, en tanto en el contexto que se desarrollaron los hechos nada podía justificar la actitud del actor de pretender disuadir, amenazando con un arma de fuego, a un individuo que en ningún momento lo increpó o representó amenaza alguna y por el solo hecho de haber apoyado una bicicleta contra una pared de la galería donde aquél se desempeñaba como encargado.

Por todo lo expresado precedentemente, no advierto motivos para apartarme de la decisión adoptada en la instancia de origen y por lo tanto, propongo su confirmación.

III) Como consecuencia de lo propuesto precedentemente, corresponderá desestimar el planteo relativo a las costas -sin dejar de señalar la orfandad de fundamentos del planteo- en tanto lo resuelto en la instancia anterior se ajusta a la directiva que emana del art. 68, CPCCN y no se advierten motivos que justifiquen un apartamiento de dicho principio general.

Igual suerte habrá de seguir la objeción dirigida contra los honorarios regulados en la instancia anterior, en tanto ni siquiera indica que se los esté apelando por considerarlos elevados.

IV) De suscitar adhesión mi voto corresponderá confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios, imponiéndose las costas originadas en esta instancia a cargo del actor vencido (conf. art. 68, CPCCN).

En cuanto a los honorarios retributivos de las labores cumplidas en esta instancia, propongo regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado del actor en el 30% de lo que en definitiva le corresponda por sus labores en la instancia de origen (cfr. ley arancelaria).

LA DRA. GRACIELA ELENA MARINO manifestó:

Que por análogos fundamentos, adhiere al voto del Sr. Juez de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Confirmar la sentencia de primera instancia. 2) Declarar las costas de alzada a cargo del actor, regulando los honorarios de la representación y patrocinio letrado de su parte como se propone en el primer párrafo del presente acuerdo.

Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas C.S.J.N. 15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase.

Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que la vocalía 2 se encuentra vacante (art. 109 RJN).

MLF

Enrique Néstor Arias Gibert

Juez de Cámara

Graciela Elena Marino

Juez de Cámara