Existió relación de causalidad entre el infarto sufrido y su intervención activa para extinguir un incendio producido en el lugar de trabajo

Partes: Llanos Margarito Martín c/ Consolidar A.R.T. y otros s/ accidente

Tribunal: Cámara del Trabajo de Mendoza

Sala/Juzgado: Primera

Fecha: 28-may-2018

Cita: MJ-JU-M-111221-AR | MJJ111221 | MJJ111221

Más allá de la labilidad personal del dependiente, existió relación de causalidad entre el infarto sufrido y su intervención activa para extinguir un incendio producido en el lugar de trabajo.

Sumario:

1.-Corresponde acoger la demanda deducida, pues surge probado que el actor estuvo presente en el principio de incendio, que tuvo una participación activa en su extinción y que inmediatamente se descompenso sufriendo un infarto, circunstancia que permite concluir que no fue el cigarrillo, su alto colesterol o el sedentarismo lo que generó el infarto, sino el estrés generado por una situación límite como es un principio de incendio entre elementos altamente inflamables y su activa participación para extinguirlo.

2.-Más allá de la labilidad personal del trabajador o de su situación personal, debe aceptarse que el accidente le generó el estrés suficiente para desatar la obstrucción de la arteria descripta por el perito; así, la víctima es víctima, no debiendo mirarse sus debilidades o enfermedades sino si el hecho es capaz de desatar el resultado dañoso.

3.-Se juzga que existió nexo causal entre el infarto y el incendio en el lugar de trabajo toda vez que aun cuando hubieran existido otros factores de riesgo, tales como el tabaquismo, sedentarismo, sobrepeso o la existencia de colesterol alto, no fue hasta el momento del estrago que el actor sufrió la enfermedad cardíaca.

4.-Corresponde declarar la inconstitucionalidad del tope previsto por el dec. 1278/2000 , toda vez que conforme los lineamientos de dicha norma, la indemnización que le correspondería al actor muestra una sustancial pérdida de ganancia.

5.-La responsabilidad civil de la accionada encuentra su fundamento en la faz extracontractual, en especial, en las disposiciones del art. 1113 CCiv., al tratarse de una cosa viciada, toda vez que el accidente se produjo por el riesgo de la cosa, tubos de acetileno y su uso (oxicorte y soldadura), y no hay duda de se trata de elementos sumamente inflamables, lo que incrementa la obligación del dueño o guardián de controlar el estado óptimo de los elementos dados al trabajador.

6.-Debe admitirse la indemnización del daño moral toda vez que el actor sufrió un accidente vinculado directamente con la falta de diligencia y total desidia de la empleadora respecto de los elementos de higiene y seguridad, en especial en caso de incendios, pues no existían extintores suficientes para hacer frente a un incendio en un lugar con gran cantidad de elementos inflamables (tubos de oxígeno, acetileno y gas y garrafas); máxime considerando que la enfermedad del actor se desata como consecuencia de un accidente que lo colocó en peligro de muerte y lo dejó fuera de toda posibilidad de conseguir un empleo.

Fallo:

En la Ciudad de Mendoza a los veintiocho días del mes de mayo de dos mil dieciocho se constituye esta Sala Unipersonal de la Primera Cámara del Trabajo (ley 7062) a cargo de su titular el Dr. Alfredo Milutin, Juez de Cámara, a fin de dictar sentencia en autos n°41855, caratulados “Llanos Margarito Martín c/ Consolidar ART SA y otros, p/ accidente”, de los cuales:

Resulta:

Que a fs. 33 comparece el Sr. Llanos Margarito Martín, por intermedio de apoderado, e interpone formal demanda contra Consolidar ART SA y Connors Argentina SA por el cobro de la suma de $119.600 o lo que en más o en menos surja de la prueba a sustanciarse en autos con más sus intereses y costas.

Plantea la inconstitucionalidad de los arts. 6, 8, 21, 22 y 46 de la LRT.

Refiere que comenzó a trabajar para Connors Argentina SA el 10 de enero de 2004, relación que se desarrolló con normalidad hasta el 7 de noviembre de 2006, fecha en que sufrió un accidente de trabajo que le produjo un severo infarto de miocardio siendo despedido el mes de agosto de 2007. Que el 7 de noviembre de 2006, siendo aproximadamente las 14.30 horas se produce un principio de incendio en la sede de la empresa, en la zona del taller de mantenimiento de máquinas donde se encuentran tubos de oxígeno y de acetileno. Que uno de los equipos de acetileno se prende fuego por la pérdida existente en una de las mangueras, que a diez metros se encontraban cuatro tubos de acetileno y seis de oxígeno, además de treinta tubos y garrafas de gas. Que junto con los compañeros intentaron de extinguir el incendio vaciando 6 matafuegos de 10kg sin tener éxito, que la única manera de lograrlo era cerrar la válvula del tanque de acetileno. Que al no poder apagar el incendio el actor intento de bajar la temperatura de los tubos y de la válvula utilizando agua para ello.Que gracias a ese accionar se enfrió la válvula y sus compañeros lograron cerrarla. Que transcurridos entre diez y veinte minutos siente una fuerte opresión en el pecho, que sus compañeros lo trasladan al Hospital Español. Que el 8 de noviembre de 2006 se le diagnostica una obstrucción severa difusa proximal de arteria descendente anterior, que se le implanta un stent coronario para destapar la arteria. Que al regresar al trabajo la empresa negó que se tratase de una enfermedad laboral, no quedándole otra alternativa que la interposición de la presente demanda. Que el actor padece de un 36% de IPP según el certificado médico acompañado.

Liquida reclamo y ofrece prueba.

A fs.48 el actor amplía demanda y subsana errores, sostiene que padece de un 34% de IPPL y estima, además, que presenta un 10% de IPPL psicológica.

Expresa que interpone demanda dentro de los parámetros de la LRT por la suma de $102.835,14 y por la suma de $20.000 en concepto de daño moral con arreglo a lo establecido por el CC. Plantea la inconstitucionalidad del art. 39 de la LRT. Al referirse al daño moral amplia el reclamo a $40.100.

Amplia las pruebas, ofreciendo pericia psicológica.

Corrido el traslado correspondiente, comparece a fs. 90 Boart Longyear Argentina SA (nueva denominación social de Connors Argentina SA) por intermedio de apoderado y contesta demanda solicitando su rechazo con costas. Afirma que el fallo “Aquino c Cargo Servicios Industriales” de la CSJN no resulta aplicable, al reclamar por un 34% de IPPL sin acreditar el carácter laboral de la enfermedad, ni demostrar el perjuicio concreto ocasionado por la ley de riesgos del trabajo. Solicita el rechazo de los planteos de inconstitucionalidad y plantea excepción de falta legitimación sustancial pasiva.

Formula negativa genérica y específica de todos los hechos constitutivos de la demanda.

Señala que quedará demostrado que las condiciones para la producción de un infarto de miocardio resultan totalmente ajenas al trabajo.Que su representado se dedica a la actividad minera. Que el actor ingresó el 10 de enero de 2004 a trabajar en la sede de la empresa sita en calle R. Peña, cumpliendo funciones de ayudante hasta su despido el 31 de agosto de 2007. Que el siniestro sufrido por el actor no fue de grandes proporciones, sino más bien un principio de incendio que fue extinguido por el actor y otros trabajadores. Que tuvo su origen en el desperfecto de una manguera de soldadura. Que el actor no sufrió quemaduras, ni intoxicación, solo refiere que luego del supuesto accidente concurrió a un servicio de emergencia donde se lo atendió por un infarto de miocardio. Que dicha enfermedad resulta inculpable y no vinculada causalmente el hecho narrado en la demanda. Que el Sr. Llano ingresó sano conforme el examen preocupacional, que de los exámenes periódicos surge que el actor tenía sobrepeso, hábitos sedentarios, alto nivel de colesterol y tabaquismo, todos factores que nada tienen que ver con el trabajo, ni con el estrés. Que como conclusión puede sostenerse que la patología se encuentra ligada a sus hábitos de vida y no al trabajo. Que no se dan los presupuestos de la responsabilidad civil, puesto que es la imprudencia de la víctima -tabaquismo- o bien situaciones predisponentes totalmente inculpables las que relevan a su mandante de toda responsabilidad objetiva.

Impugna la liquidación, ofrece prueba y funda en derecho.

A fs.113 comparece Consolidar ART SA por intermedio de apoderado y contesta demanda solicitando su rechazo con costas. Responde los planteos de inconstitucionalidad solicitando su rechazo. Plantea excepción de falta de legitimación sustancial pasiva por tratarse de una enfermedad no listada e inculpable. Ofrece prueba y funda en derecho.

A fs. 124 contesta el traslado del art. 47 del CPL el actor ratifica los términos de la demanda.

A fs. 127 el Tribunal declara la inconstitucionalidad de los arts. 8 inc. 3, 21, 22 y 46 y asume la competencia para resolver en la presente causa.

A fs.137 el Tribunal dicta el auto de sustanciación de la causa.

A fs. 164 rinde su informe la Sra. Perito Psiquiatra.

A fs. 172 obra acta de reconocimiento del Dr. Ganun Moreno Hasan Martín.

A fs. 177 contesta oficio el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Maipú de Mendoza.

A fs. 180 se incorpora la pericia en higiene y seguridad.

A fs. 194 se incorpora Historia Clínica del Hospital Español.

A fs. 241 se agrega el dictamen pericial cardiológico.

A fs. 240 Consolidar ART SA observa la pericia médica.

A fs. 250 observa la pericia la demandada Boart Longyear Argentina SA.

A fs. 253 se procede al sorteo de un nuevo perito cardiólogo ante la falta de respuesta de las observaciones formuladas.

A fs. 260 se incorpora nueva pericia cardiológica (reitera todos los dichos del anterior perito, agrega que “el actor se jubila en el año 2009”).

A fs. 271 Consolidar ART SA reitera los argumentos dados al observar la anterior pericia.

A fs. 277 el Perito Médico Cardiólogo responde las observaciones.

A fs. 296 reitera observación de pericia Consolidar ART SA.

A fs. 302 el Perito Médico Cardiólogo solicita la suspensión del plazo para responder las observaciones.

A fs. 319 Boart Longyear Argentina SA observa la pericia médico psiquiátrica.

A fs. 324 la Sra. Perita Médica Psiquiátrica señala no poder responder las observaciones por razones de salud.

A fs. 336 se presenta nueva pericia psiquiátrica.

A fs. 342 Boart Longyear Argentina SA plantea la nulidad del informe y observa la pericia.

A fs. 346 responde las observaciones el Sr. Perito Psiquíatra.

A fs. 363 se celebra la audiencia de vista de causa, declaran los testigos y se acuerda la presentación de alegatos por escrito.

A fs. 406 alega la parte actora.

A fs. 412 se llaman autos para SENTENCIA.

Primera cuestión: relación laboral.

Segunda cuestión: existencia del accidente, incapacidad y relación causal. Rubros reclamados. Reparación integral (inconstitucionalidad del art. 39 de la LRT).

Tercera cuestión:Intereses y costas.

A la primera cuestión el Dr. Alfredo Milutin dijo.

Que el actor funda su reclamo por indemnizaciones integral y prestaciones de la LRT en la existencia de un contrato de trabajo con Connors Argentina SA (actualmente Boart Longyear Argentina SA, iniciada el 10 de enero de 2004, como soldador hasta el 31 de agosto de 2007, con jornada completa en el establecimiento de la demandada en calle Rodríguez Peña 3360, Coquimbito, Maipú.

Las demandadas no niegan el contrato de trabajo en los términos de los arts. 168 del CPC y 46 del CPL teniéndose por reconocido en todos sus extremos. Es más la empleadora codemandada reconoce al actor como dependiente. Los bonos incorporados a fs. 2 a 7, 78 a 90 dan cuenta del contrato de trabajo invocado en la demanda.

Por lo expuesto, es mi convicción que entre el Sr. Llanos Margarito Martín y la empresa Boart Longyear Argentina SA (antes Connors Argentina SA) existió un contrato de trabajo iniciado el 10 de enero de 2014, cumpliendo funciones como soldador, con jornada completa en establecimiento de la demandada en calle Rodríguez Peña 3360, Coquimbito Maipú, quedando regido por la LCT Así voto.

A la segunda cuestión el Dr. Alfredo Milutin dijo:

En el sub examine la actora reclama las prestaciones de la ley de riesgos del trabajo y la reparación el daño moral a su empleador. Por lo tanto, daré tratamiento al reclamo fundado en la LRT en un primer término para luego dar una solución a la reparación integral solicitada.I.- Reparación de la LRT

1.- Existencia del accidente.

En la demanda se sostiene que el día 7 de noviembre de 2006 se produce un principio de incendio en la sede del establecimiento de la empleadora, al prenderse fuego uno de los equipos por la pérdida en una de las mangueras del tubo acetileno, que luego del esfuerzo en extinguir el fuego el actor sufre una obstrucción severa de la arteria descendente anterior.

La empleadora reconoce que el día 7 de noviembre de 2006 se produce un principio de incendio en su establecimiento, también las circunstancias en que se produjo, incluso la participación del actor en el control del fuego.

El informe suminis trado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Maipú dan cuenta de la ocurrencia del siniestro referido a fs. 177.

Asimismo creo conveniente transcribir las declaraciones testimoniales tomadas durante la audiencia de vista de causa: Claudio Cesar Ceferino Barud: “si de la empresa cuando trabajábamos juntos en Connors, no conoce a la demandada. Ya no trabaja más para Connor SA, no tiene juicio, me echaron. No tiene enemistad con la empresa. Cuando yo entre a Connor no me acuerdo, dure un año, se extinguió cuando estaba en venta que la compró Longyear. No recuerda los años. Recuerda el accidente que tuvimos que salió afectado Margarito. Sé que fue para fin de año, en el 2006. Que pasó: estábamos realizando las tareas, yo soy mecánico, habían dos soldadores más en ese momento, de una a dos que íbamos a comer, estaba lista la comida, subimos todos y estaban los otros soldadores cambiando un tubo cuando volvimos de comer no se acordaron de apretar la manguera del soplete o la dejaron floja, cuando pusieron la chispa del soplete se quemo a tras de la manguera. Hubo una llamarada que le deba al tubo de oxígeno y le echaron 6 matafuegos, uno de los matafuegos lo echó Margarito.Todos habíamos salido y el gerente decía que hay que entrar a apagarlo entre seis veces y se me paso toda la vida por delante, fue muy estresante me dio miedo. Se veía la llama y le daba al tubo de oxígeno y se tiene que haber consumido la manguera. Se metió Margarito y se metió y otro compañero a apagar el fuego y de adentro gritaban prende la hidro y le abri la llave de la hidro y con la hidro trataban de enfriar los tubos hasta que otro cerro la válvula. Margarito se sentía mal y un compañero lo llevo al Hospital español y ahí lo intervinieron. A la entrada del taller habían no sé qué cantidad de tubos acetileno y oxígeno y otros tubos y al fondo cantidad de garrafas. A qué se dedica la empresa: a la exploración minera. Estaban las demás máquinas de la empresa y nuestros vehículos. Después del accidente no me acuerdo el tiempo en que volvió, ahí lo echaron a él y a mí. Fue para agosto que lo echaron. En el dos mil seis a fines de año. El vuelve en agosto del 2007. La empresa está en Rodríguez Peña a mano derecha. Después me enteré que le había dado un infarto. Lo fuimos a ver cuando estaba internado. Para que diga el testigo si una vez sucedido el incidente se dio la orden de evacuación: en ningún momento nos dijeron que nos fueramos, todo el mundo estaba en la empresa misma. Se quedaron afuera en donde estaba el estacionamiento. A qué distancia estaba: 30 metros o 40 metros y si llega explotar un solo tuvo el gas más explosivo de la tierra. Nadie dijo que nos fuéramos nosotros salimos por lo que había pasado el Sr. Telan dijo que hay que pagarlo, el era el gerente.Hay que apagarlo con el vasito de café y el puchito en la mano”.

En definitiva, no tengo dudas -a través de la prueba incorporada- de la ocurrencia del accidente del 7 de noviembre de 2011 y la naturaleza laboral del mismo en los términos del art. 6 de la LRT.

2.- Incapacidad y relación causal.

Demostrado el accidente y su naturaleza laboral, quedan por determinar las consecuencias del mismo, es decir, el grado de incapacidad y relación causal con el accidente.

El actor afirma haber padecido como consecuencia del accidente de un 34% de IPPL como consecuencia de un infarto de miocardio y 10% de IPPL por una RVAN grado II. La accionada desconoce la incapacidad y su relación causal con el accidente, al existir alta definitiva sin incapacidad.

Según la teoría “clásica” del “onus probandi” (art. 179 C.P.C. – art. 108 C.P.L.) sobre la distribución de las cargas probatorias, el actor debe acreditar los hechos constitutivos en los que funda su pretensión, así como el demandado debe demostrar los hechos impeditivos o extintivos en que argumenta su defensa o resistencia. Ello, sin perjuicio de aplicar, también, la “teoría de las cargas dinámicas de las pruebas” a la que adhiere esta Sala en determinadas cuestiones controvertidas del pleito judicial.

Formuladas estas aclaraciones, paso a analizar la prueba rendida en autos, deteniéndome solo en aquella que considere útil, pertinente y relevante para dirimir las cuestiones contenciosas de este juicio, siguiendo con ello la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia (Expte.: 56.893, “Portillo Héctor C. y otro en J. Lledo Raúl Vicente c. Héctor S. Portillo y otro p/ Ord. s/ Inc.”, 15-12-95, LS. 262 – 158 y Expte.: 53.573, “Cerda Héctor E. en J. Cerda H.E. c. Jockey Club Mendoza p/ Ord. s/ Inc.”, 26-05-94, LS. 245 – 397).

a.- Prueba instrumental:bonos de sueldo (fs.2 a 7, 78 a 90), Historia Clínica del Hospital Español (fs.8 a 25 y 203), informe médico (fs.26), contrato de afiliación y vigencia (fs.72), Certificados médicos por el implante de un Stent (fs. 77).

b.- Prueba Informativa: Informe Hospital Español (fs. 197)

c.- Prueba Pericial:

i.- Psiquiátricas: fs. 164 “conclusión y diagnóstico.Trastorno por estrés postraumático (309.81) Episodio depresivo mayor.Neurosis traumática (estrés postraumático) grave 35% depresión neurótica grave”. Fs. 336 “Luego de un accidente laboral y las consecuencias del mismo, el actor desarrolló un trastorno psicopatológico caracterizado por un estado de anhedonia y apatía asociado a ansiedad moderada con desconcentración secundaria y somatizaciones por ideas sobrevaloradas.Se presenta lúcido y orientado temporo-espacialmente y situacionalmente. Hay una moderada tendencia a la distracción.Que por todo lo expuesto en el pericial, el actor presenta una incapacidad laborativa total y permanente del 70%.se puede decir que la incapacidad otorgada por la ley 24557 decreto 659/96 no refleja la incapacidad real (RVAN grado IV), y que dicha incapacidad ha ido aumentando con el correr del tiempo, porque la lesión moral y psiquiátrica no va a poder ser resuelta psicológicamente.El motivo de presentar el diagnóstico del dictamen pericial es derivado de la vivencia psicotraumático por accidente laboral originadas en la actividad laboral que desarrolla el actor y su posterior desvinculación laboral y sus consecuencias ya referidas.”

iii.- En Higiene y Seguridad (fs.180): “siempre fue soldador.No consta evidencia escrita que se realizaran los controles de seguridad, salubridad e higiene en el trabajo al momento del accidente.”

iv.- Médica: Fs. 241 “Examen: antecedentes familiares sin relevancia. Antecedentes personales patológicos: Tabaquismo 20 años. Hipercolesterolemia e Hipertrigleceridemia. Sedentarismo.Todos estos factores de riesgo coronarios importantes.Infarto agudo de miocardio en territorio de la arteria descendente anterior comprometiendo la región anterior del ventrículo izquierdo.Relación del evento del trabajo, el infarto de miocardio que afectó al actor fue un acontecimiento súbito ocurrido en ocasión del trabajo, desencadenado por el estrés físico y psicológico sufrido a raíz de las acciones por él realizadas a fin de apagar el incendio ocurrido, el estrés físico y psicológico genera un aumento de la frecuencia cardiaca, de la presión arterial, que condicionan un incremento del consumo de oxígeno por parte del miocardio, además de la presencia de factores de riesgo, tabaquismo, dislipidemia aumentan las posibilidades de un accidente de la placa atereosclerótica poniendo en contacto el contenido lipidito de la placa con el torrente sanguíneo, desencadenando fenómenos trombogénicos que terminan con la formación de un trombo intraluminal y oclusión de la luz arterial ocasionando el infarto. Resultante de estos eventos el actor sufrió un infarto de miocardio recuperado, tratado medicamento y/o forma quirúrgica, sin alteración hemodinámica y con prueba ergométrica graduada máxima negativa Baremo decreto 659/96 que determina una capacidad parcial permanente del 30%.sumados factores de ponderación IPPL 33,6%”. Fs. 267 y 277 “como resultado de estos procesos ocurridos el actor sufrió un infarto agudo de miocardio recuperado, tratado con medicación y tratamiento con método intervencionista endoluminal con éxito primario y sin complicaciones.Baremo 659/96, que determina una incapacidad parcial y permanente del 30%.porcentaje de incapacidad 33,6%”.

d.- Testimonial ya transcripta.

e.- Apreciación de la prueba y conclusiones:

El informe médico de parte obrante a fs. 26, concluye sobre la existencia de una IPP del 34% consecuencia del infarto de miocardio recuperado, tratado médicamente o en forma quirúrgica sin alteraciones hemodinámicas. Dictamen que presenta un valor probatorio relativo, requiriendo otros medios para poder generar convicción.Se tratan de un instrumento en que la contraria no ha tenido intervención, ni participación en su elaboración, ni en sus conclusiones y, tampoco, ha ejercido, ni ha podido ejercer acto alguno de contralor en su confección, reduciendo su valor probatorio en el proceso. En el sub lite, este informe coincide prácticamente con las dos pericias médicas cardiológicas producidas en autos.

Como ya lo informe el accidente se encuentra debidamente probado, no hay dudas que el actor estuvo presente en el principio de incendio, que tuvo una participación activa en su extinción y que inmediatamente se descompenso sufriendo un infarto (historia clínica Hospital Español, fs. 8 a 25 y 203). El actor, reitero, inmediatamente después del siniestro sufre el infarto. Esta circunstancia me permite anticiparme a las distintas observaciones realizadas por las codemandadas respecto de la pericial médica cardiológica. No fue el cigarrillo, su alto colesterol o el sedentarismo lo que generó el infarto, sino el estrés generado por una situación límite como es un principio de incendio entre elementos altamente inflamables y su activa participación para extinguirlo.

Respecto de la prueba pericial, el juez es libre de tomar o no el dictamen pericial, para valorarlo conforme a la sana crítica, pero sólo podrá apartarse de él dando só lidos fundamentos y basándose en el resto del material probatorio. El Dr. Echandía, al tratar la eficacia de la prueba pericial, afirma: “Pero si, por el contrario, el juez considera que los fundamentos y las conclusiones del dictamen reúnen todos los requisitos de lógica, de técnica, de ciencia, que para el caso pueden exigirse, por lo cual queda convencido de la certeza de esas conclusiones, no puede rechazarlas sin incurrir en arbitrariedad” (Hernando Devis Echandía, “Compendio de la prueba Judicial”, ed. Rubinzal Culzoni, año 28/12/2000, T II, pág. 113).

Nuestra SCJ avala esta postura sobre la valoración de la prueba pericial:”En otras palabras, así como el perito no sustituye al juez en la función de juzgar, el juez tampoco puede reemplazar al perito en la labor pericial que requiere de conocimientos y prácticas científicas o técnicas determinadas (periciología, medicina laboral e higiene y seguridad en este caso), que exceden los conocimientos judiciales por muy vastos e interdisciplinarios que éstos sean y que, precisamente, por su especialidad requieren de la colaboración de los expertos en la función de juzgar”. “El conocimiento del juez no puede ser soberano sino cuando se trate de aprehender y de apreciar cosas comunes y pertenecientes a la esfera de sus conocimientos jurídicos particulares, como que su simple convencimiento, determinado por criterios naturales o jurídicos, no puede formarse cuando se trata de cosas técnicas. Por esta razón el libre convencimiento se encuentra en el aire, sin punto de apoyo, y de ese modo llega a ser fin en sí mismo, se agota, se esteriliza en el vacío” (Expte. N° 88.899, caratulados “Liberty ART S.A. en J. Fioretti c/ Liberty ART S.A.”, 28-11-07).

Las pericias cardiológicas, tanto de fs. 241 como de fs. 267 se encuentra debidamente fundada, se basan en las constancias de la causa, en estudios objetivos y en el examen físico del actor, cumpliendo con todas las condiciones del art. 192 del CPC. El dictamen tiene en cuenta el baremo establecido por el decreto 659/96 vigente al momento del accidente. Ambas coinciden en la incapacidad del actor y en la existencia de relación causal entre ésta y el accidente. También concuerdan con el certificado médico incorporado en autos. La historia Clínica del actor conecta temporalmente la patología del actor con el accidente.

Las observaciones formuladas por las accionadas carecen de sutento. El actor sufrió el infarto inmediatamente después del accidente, no puede desconocerse este hecho probado y reconocido. Es decir, no fueron sus pésimos hábitos (fumar o sedentarismo), ni su sobrepeso o la existencia de colesterol altos los que le ocasionaron el infarto.Por el contrario, fue el incendio ocurrido en el establecimiento y el sobre esfuerzo y estrés de esta situación. Aun cuando todos esos factores de riesgo existían, no fue hasta el momento del hecho descripto en la demanda que el actor padece enfermedad cardiaca.

Tampoco puede asegurarse, como lo hace la codemandada Boart Longyear Argentina SA, que el actor sufrió un infarto como consecuencia de sus malos hábitos. Si fuera así me pregunto por qué no existe en la historia clínica del actor ningún antecedente de enfermedad cardiaca anterior, Es más la propia demandada reconoce que el actor dos años antes ingresó sano, sin enfermedades. Lo cierto es que más allá de la labilidad personal del trabajador o de su situación personal, el accidente le generó el estrés suficiente para desatar la obstrucción de la arteria descripta por el perito. La víctima es víctima, no debe mirarse sus debilidades o enfermedades sino si el hecho es capaz de desatar el resultado dañoso.

Las pericias psicológicas carecen de los fundamentos científicos necesarios para generarme convicción.

Frente a la total falta de fundamento de la pericia psiquiátrica de fs. 164 me veo en el deber de apartarme de ella, el perito no explica de manera alguna las razones para concluir sobre la existencia de un 35% de IPP como consecuencia de Neurosis traumática. No da razones de la enfermedad, ni menciona los test o acompaña protocolo alguno. Por último, el actor no acompañó un solo certificado o prueba alguna de haber padecido, durante los casi dos años entre el accidente y la interposición de la demanda, alguna enfermedad psicológica.

Igual observación puede hacerse respecto del informe de fs. 336, al realizarse nueva pericia, concluye que el actor padece de un 70% de IPP como consecuencia del accidente. Vincula el malestar del actor con el accidente, pero también con la pérdida del empleo. Por último se aparta totalmente del baremo del decreto 659/96 por consideraciones propias.Una persona con el 70% de IPP psiquiátrica por depresión no tiene aptitud para presentarse lúcido y orientado temporo espacialmente y situacional. Más aún cuando según el baremo antes mencionado afirma que el grado mayor de la RVAN, el cuatro, con un 30% de IPPL, requiere compañía permanente. Es más el actor comparece al debate sin asistencia de nadie.

Entiendo que la aplicación de la T.E.I.L. (decreto 659/96) al caso que nos ocupa no puede ser obviado teniendo en cuenta que la LRT constituye un sistema jurídico cerrado, que se encuentra integrado por su propia Tabla de Incapacidades resultando un argumento más para apartarme del dictamen pericial psiquiátrico de fs. 335.

Por lo expuesto, concluyo que el actor padece de una IPPL del 33,6% por un infarto de miocardio operado, tratado medicamento y/o en forma quirúrgica, sin alteración hemodinámica y con prueba ergométrica graduada, consecuencia del accidente del 7 de noviembre de 2006.

3.- Prestación dineraria art. 14 de la ley 24557.

Tratándose de un accidente ocurrido el 7 de noviembre de 2006 resulta aplicable la ley 24557 y el decreto 1278/00 vigentes al momento del accidente.

El actor acompañó los doce bonos de sueldo anteriores a la primera manifestación invalidante, de la sumatoria de las remuneraciones allí canceladas surgen $45.926,1, total que debe dividirse por 365 (cantidad de días) y multiplicarse por 30,4 (125.82x 30,4), Alcanzando un IBM de $3.825,077.

En virtud de ello, la fórmula del art. 14 de la LRT es la siguiente: 33,6% IPPL x 53 x $3.825,77 (IBM) x 1,16 (65/56)= $79.030.

En cuanto al tope establecido por el decreto 1278/00, el actor no hace mención alguna ni plantea su inconstitucionalidad.Sin embargo, los jueces tienen el deber de comparar el texto de las leyes con la constitución (incluidos los tratados sobre derechos humanos) y determinar si en el caso concreto los mismos resultan acordes y abstenerse de su aplicación si así no lo fuera, declarando su inconstitucionalidad (CSJN in re “Mill de Pereyra Rita Aurora; Otero Raúl Ramón y Pisarello Ángel Celso C/ Estado de la Provincia de Corrientes, s/ demanda contencioso administrativa” ), por lo que pasaré a tratar esta cuestión.

Partiendo de los lineamientos de nuestro Superior Tribunal, la declaración en abstracto de inconstitucionalidad convertiría al juzgador en legislador, excediendo de las facultades que le son propias, lo que hace necesario efectuar un análisis del posible agravio patrimonial en cada caso concreto.

Conforme al Decreto 1278/00 la indemnización que correspondería percibir al actor asciende a la suma de $60.480 aplicando el tope indemnizatorio. La prestación sin tope alcanza los $79.030 (fórmula art. 14). Esta comparación, muestra una sustancial pérdida de ganancia para el actor, por lo tanto corresponde declarar la inconstitucionalidad del tope previsto por el decreto 1278/00.

Esta Primera Cámara del Trabajo, ha resuelto la cuestión aquí planteada en reiterados precedentes: “autos nº 41.378, caratulados “Gudiño Mariela Fabiana c/ Asociart ART SA p/ accidente”, autos N° 40.735 caratulados: “Castellucci Jesús Edgardo c/ Mapfre Argentina ART SA. p/ accidente” y N° 42.220 caratulados: “Romero González Patricia Gabriela Lourdes c/Mapfre ART SA p/ accidente”. Y por nuestra SCJM, en autos N° 106.247, caratulada: “Provincia ART SA en j° 41250 Torres Domingo Cayetano c/ Provincia ART SA p/ enfermedad acc., s/ inc. cas.”, y en especial, en esta Sala Unipersonal “autos n° 46108, caratulados “Tacuri Chumacero Juan c/ Asociart ART SA, p/ accidente” y autos n° 44128 caratulados “Duplessis Juan Carlos c/ Provincia ART SA, p/ enfermedad accidente”.

II.- Responsabilidad civil Boart Long Year Argentina SA.

1.- Ley aplicable, derecho transitorio.

El art. 7 del CCCN no difiere en su texto de lo expuesto por su antecesor art.3 del CC (salvo lo expresado para las relaciones de consumo). En este sentido, la norma señala “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes”.

El fallo plenario de nuestra SCM mencionado nos da un panorama de la normativa aplicable, especialmente al explicar el art. 3 del CC anterior y el nuevo art. 7 del CCCN:

“En tal sentido, seguiré las enseñanzas del Dr. Luis Moisset de Espanés (“La irretroactividad de la ley y el nuevo Art. 3 Código Civil-Derecho Transitorio” U.N. Córdoba, 1976). El autor glosado afirma: -Que al artículo 3° C.C. sólo cabe recurrir cuando la norma en análisis no contiene una disposición de derecho transitorio (conf. ib., fs. 39), supuesto precisamente contrario al de la ley 26.773. – Que, de conformidad con dicho precepto de derecho común, la irretroactividad es casi “absoluta”, mientras que sólo puede encontrar excepciones en aquéllas hipótesis en que el legislador, expresamente, así lo haya dispuesto. Tampoco es el caso de la ley 26.773, como ya advirtiera. -Que la aplicación “inmediata” lo es siempre luego de la entrada en vigencia de una norma y para el futuro, puesto que esta regla es la única forma de compatibilizar dicho principio con la irretroactividad. -Que hay que comprender debidamente la distinción entre “situación jurídica” y “consecuencias de la situación jurídica”. Seguidamente, explica que una “situación jurídica” pasa por distin tas fases que son producidas por hechos a los que la ley asigna virtualidad para “crear”, “modificar” o “extinguir” la situación jurídica. Dichas fases se rigen por el principio de irretroactividad, conforme el segundo párrafo del artículo 3° C.C. -Que, en la particular interpretación de Roubier, la mayoría de los momentos o fases se “agotan” con el hecho que los produjo. Por consiguiente:”.pretender juzgar la creación, modificación o extinción de una relación jurídica con arreglo a las nuevas leyes, es darles un efecto retroactivo, prohibido categóricamente.” (MOISSET DE ESPANÉS, op.cit. textual fs. 17/18). -Que la obligación de resarcir, es una “relación jurídica” que se establece entre víctima y victimario, en virtud de disposición legal, cuando se reúnen los recaudos de hecho, aunque se le apliquen los mismos conceptos que a la “situación jurídica”. -Que un presupuesto básico para su nacimiento es el daño (material o moral). Por consiguiente, éste no es una consecuencia de la reparación. Es la CAUSA constitutiva de esa relación. -Que, en tal momento, nace la vinculación con determinado contenido que ya no podrá ser variado sin una ley expresamente retroactiva. Que: “.si la situación se constituyó válidamente bajo el imperio de la ley antigua (.), no podrá volverse sobre el punto, aunque la ley nueva lo regule de manera distinta.” (ib. pág. 23). Por consiguiente, el momento de la constitución no puede ser alterado por la aplicación de una nueva ley en otro momento o fase. El contenido y alcance de la obligación queda ahí pétreamente establecido. Podrá modificarse la situación jurídica y/o extinguirse, pero nunca modificando aquélla, puesto que se incurriría en retroactividad. Textualmente: “.una vez formada la relación, el cambio de leyes no puede afectar su “constitución”, salvo que el legislador, de manera expresa, confiera efecto retroactivo a la nueva ley.” (ibídem) -Que, por otra parte, el incumplimiento no es una “consecuencia” de la relación jurídica sino un “hecho modificatorio” de la situación jurídica que crea, por ejemplo, la “situación jurídica” de mora. -Que, en lo tocante a “consecuencias o efectos”, las correspondientes a la obligación de resarcir son, entre otras, la producción de intereses.En tal sentido, a partir de la situación jurídica de mora, si se dictara una nueva ley sobre tasas de intereses moratorios, ésta alcanzaría a los devengados con posterioridad a su vigencia, pero no a los anteriores, en virtud de la armoniosa coordinación entre los principios de irretroactividad y aplicación inmediata. -En conclusión, el “hecho constitutivo” de la situación jurídica aquí analizada no puede ser modificado (ni en su contenido, ni en su alcance) por las nuevas leyes. Menos aún, alterando la forma de extinción, puesto que de esta forma, indirectamente, se afectaría a aquél, sin una ley que expresamente lo haya dispuesto así.”

La responsabilidad civil se rige por la ley vigente al momento del hecho dañoso, fecha en la que se constituyó la relación jurídica. Generados los presupuestos del deber de reparar, nace la relación jurídica y se consolida el derecho aplicable a la misma. La sentencia que se dicte con posterioridad declara la existencia de un derecho, cuyo nacimiento puede ubicarse con antelación. En virtud de ello, la presente causa será resuelta conforme a las normas del CC anterior.

2.- Presupuestos de la responsabilidad civil.

En materia laboral existe norma específica y responsabilidad contractual del empleador por incumplir las normas de higiene y seguridad. El deber de seguridad que tiene el empleador hacia el trabajador no surge de criterios subjetivos, sino de pautas objetivas establecidas en normas de carácter general e imperativo como lo son: a) las derivadas directamente de las Leyes de Seguridad e Higiene y de sus reglamentaciones (arts. 4,5, 8 y 10 ley 19587); b) de los deberes jurídicos emergentes del art. 75 de la LCT modificado por la ley 24.557 y que tienen como causa fuente al contrato de trabajo mismo; c) del art. 7° Del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y teniendo en cuenta lo que dispone el sistema mixto o combinado de subjetividad y objetividad del art. 512 y de la imputabilidad de los arts. 900 a 908 del CC.No existen dudas sobre la existencia del accidente, su mecánica y la causa del mismo, el incendio se desató por una pérdida en una de las mangueras de acetileno. El testigo, cuya declaración considero sincera y clara, afirma que el gerente los alentaba a apagar el incendio con un cafecito y un puchito en la mano. Se confirma la existencia de varios elementos sumamente inflamables (tubos de oxígeno, acetileno y garrafas y tubos de gas), elementos que exigen de la empleadora las máximas precauciones a la hora de evitar un incendio. Medidas que jamás adoptó puesto que los trabajadores gastaron todos los extintores sin lograr controlar el fuego. Todos estos hechos demuestran la falta de cumplimiento de las medidas de seguridad (art. 75 y 76 de la LCT).

La responsabilidad civil de la accionada encuentra su fundamento, también, en la faz extracontractual, en especial, en las disposiciones del art. 1113 CC, al tratarse de una cosa viciada. Al tratar la responsabilidad por el daño causado por las cosas los Dres. Highton y Bueres sostienen que: “el daño se considera causado por el riesgo o vicio de la cosa cuando haya sido producido mediante el empleo de una cosa que, por su naturaleza, estado o modo de utilización, engendra riesgos para terceros, por tal razón, quedan indudablemente incluidos dentro de esta última parte del art. 1113, párr. 2°, los daños causados por ciertas actividades riesgosas que se realizan mediante el empleo de cosas peligrosas” (Alberto J. Bueres y Elena I. highton, Código Civil, ed. Hamurabi, año 1999, T 3A, pág. 518). Nos encontramos en presencia de un daño generado por el riesgo de la cosa, tubos de acetileno y su uso (oxicorte y soldadura), se trata de elementos sumamente inflamables incrementando la obligación del dueño o guardián de controlar el estado óptimo de los elementos dados al trabajador. Así como todos los elementos tendientes a la extinción de incendios en un lugar repleto de material inflamable.Las cosas no son riesgosas de por sí, sino que son las circunstancias las que las tornan de esta manera. La lesión y la incapacidad están vinculadas causalmente con el accidente de trabajo sufrido por el actor y por el empleo de una herramienta en mal estado, sin que se probase ninguno de los eximentes previstos en el art. 1113 del CC.

2.- Daño Moral, inconstitucionalidad del art. 39 de la LRT.

La actora limita su reclamo por indemnización integral exclusivamente al daño moral. Reparación que no puede ser compensada con las prestaciones de la ley de riesgos del trabajo, atento a que estas sólo indemnizan capacidad de ganancia. En virtud de ello, no haré comparación alguna.

La Sala III de la CNAT dijo, en opinión que comparto: “Cualquier disminución física -una vez computados el daño emergente y el lucro cesante, y con total independencia de ellos- genera perjuicios que se advierten en el ámbito mental y afectivo. El daño moral es un rubro distinto del material o patrimonial, no tiene directa relación numérica con éste y, por lo tanto, carece de fundamento racional estimarlo en un porcentaje del lucro cesante” (Manual de Jurisprudencia del derecho del trabajo y la seguridad social, ed. Abeledo Perrot año 2013, n° 788, pág. 107, CNAT Sala III, 26/09/2008, “Castillo Matías A v. CTL SA y otro” ).

Estamos en presencia de un daño independiente del reparado por la LRT (el que solo indemniza capacidad laborativa o bien lucro cesante).

El daño moral se configura por la violación de los derechos que protegen a la “seguridad personal”: paz, tranquilidad de espíritu, privacidad, libertad individual, integridad física, etc. y las afecciones legítimas tales como el honor, la honra, los sagrados afectos (Conf. Trigo Represas-Compagnucci de Caso, pag. 556).

Siguiendo en ello a Mosset Iturraspe entiendo que el concepto de daño moral, admitido por el art. 1078 del C.Civil es de carácter indemnizatorio, “es una satisfacción compensatoria por el dolor sufrido, debiendo estarse a las circunstancias del caso para lograr una suma prudencial y acorde de la víctima y cohesión del grupo familiar, el amparo o desamparo, tanto moral como económico en que queda el accionante” (S.C. de J.L.S.168, fs.81).

El Dr. Fernández Madrid al referirse a su cuantificación señala que “La indemnización se decide atendiendo a parámetros variables en consideración a la evolución de las dolencias y a la angustia provocada por las secuelas incapacitantes, la edad de la víctima, el menoscabo que las secuelas físicas del accidente implican (no desde el punto de vista laboral, sino también social y familiar) y los padecimientos sufridos con motivo de su curación y a la duración del período de incapacidad temporal” (Juan C. Fernández Madrid, Riesgos del Trabajo, ed. La Ley año 2015, pág.76). La cuantía de la indemnización por daño moral está sujeta a la prudencia del Juez de la causa, quien puede valerse de diferentes parámetros para su equitativa fijación.

El actor sufrió un accidente vinculado directamente con la falta de diligencia y total desidia de la empleadora respecto de los elementos de higiene y seguridad, en especial en caso de incendios No existían extintores suficientes para hacer frente a un incendio en un lugar con gran cantidad de elementos inflamables (tubos de oxígeno, acetileno y gas y garrafas). Con un gerente que demuestra un total desapego por el cuidado de sus trabajadores (alentándolos con un puchito y un café a apagar un incendio). Sumado a la enfermedad del actor desatada como consecuencia de un accidente que lo colocó en peligro de muerte (infarto), dejándolo fuera de toda posibilidad de conseguir un empleo y prácticamente lo jubiló (año 2009). El daño moral en est e caso concreto considero que debe graduarse, ante la gravedad de los incumplimientos y los sufrimientos personales del actor, en un 50% de la prestación determinado por la fórmula del art. 14 de la LRT, $39.515, el que se actualizara con los intereses previstos para esa misma prestación.

Respecto control difuso de constitucionalidad de las normas solo puede hacerse en el caso concreto y frente a la existencia de un perjuicio debidamente acreditado. De lo contrario sería el propio Juez quien violaría la Constitución al transformarse en legislador, sobrepasando los límites de la República. La SCJM lo resolvió en este sentido: “el ataque de inconstitucionalidad y su declaración por parte de la Justicia, constituye un acto de la máxima gravedad institucional, por lo que el agravio debe aparecer de una manera clara, ostensible, afectar seria y gravemente el ordenamiento jurídico, razón por la cual se trata de una medida restrictiva, de carácter excepcional y ante la evidencia del daño producido a los derechos y a las garantías de ese nivel” (LS 285-102) (Expte. N° 98.511, caratulada:”Telefónica de Argentina SA en J: 1753 “Lares, Carlos Armando c/ Provincia A.R.T. y ots. p/ accidente s/ Cas.”).

En el fallo “AROSTEGUI PABLO C/ OMEGA ART S.A. Y OT.” (08-04-08), el Superior Tribunal de la República expresó que: “El valor de la vida humana no resulta apreciable sobre la base de criterios exclusivamente materiales. La incapacidad del trabajador, por un lado suele producir un serio perjuicio en su vida de relación, lo que repercute en sus relaciones sociales, deportivas, artísticas, etc., y que, por otro lado debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí mismo tiene un valor indemnizable”. Así la Corte reafirma qué en su labor, el juez deberá prudencialmente cuantificar el daño teniendo en cuenta que queda ampliado el concepto de daño resarcible, definiéndolo como la “afectación al proyecto de vida”. En el sub lite, el daño reclamado no se encuentra de manera alguna reparado por las prestaciones de la LRT y, por lo tanto, se demuestra la existencia concreta de un perjuicio patrimonial que afecta el derecho de igualdad, de propiedad y el principio alterum non laedere (arts. 17 y 19 de la CN) declarándose la inconstitucionalidad del art. 39 de la LRT.

La actual legislación, ley 26773, se derogó el art. 39 de la LRT permitiendo al trabajador reclamar la reparación integral. Si bien esta norma no resulta aplicable al no encontrarse vigente al momento del accidente constituye una pauta interpretativa de la voluntad actual del legislador.

Conclusión final:

Por lo expuesto, corresponde rechazar las excepciones de falta de legitimación sustancial interpuesta, y en consecuencia, admitir la demanda condenando a las demandadas a pagar al Sr.Margarito Martín Llanos la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL TREINTA ($79.030) a cargo de Galeno ART SA (antes Consolidar ART SA) y de PESOS TREINTA Y QUINIENTOS QUINCE ($39.515) a cargo de Boart Longyear SA, en concepto del 33,6% de IPPL por el por un infarto de miocardio operado, tratado medicamento y/o en forma quirúrgica, sin alteración hemodinámica y con prueba ergométrica graduada, consecuencia del accidente del 7 de noviembre de 2006. Así voto.

A la tercera cuestión el Dr. Alfredo Milutin dijo:

Intereses.

Atento lo normado por el art. 82 CPL y 90 inc. 6 del C.P.C. (art. 108 C.P.L.), debo expedirme sobre los intereses legales los que se computaran desde la fecha de la definitividad el 19 de marzo de 2008 (fs. 26).

La SCJM en autos N° CUIJ N° 13-00844567-7/1 caratulada: “GALENO A.R.T. S.A. EN J° N° 26.349 “CRUZ, PEDRO JUAN C/ MAPFRE A.R.T. S.A. P/ ACCIDENTE” S/ RECURSO EXT. DE CASACION.” la consideró inconvencional e inconstitucional.

En cuanto a la tasa a aplicar, tomo los argumentos del Dr. Adaro y Palermo (los que doy por reproducidos) declarándose la inconstitucionalidad de la tasa de la res. 414/99 y considero aplicable al caso concreto la tasa para préstamos de libre destino a 36 meses fijada por el BNA. Agrego que al tratarse de una reparación por accidente de trabajo la situación de una persona disminuida en su capacidad resulta de mayor gravedad al resto de los supuestos que pueden presentarse ante estos Tribunales, cuestión que será analizada en cada caso particular.El trabajador disminuido tiene una clara desventaja para conseguir nuevos empleos, esta particular situación debe ser tenida en cuenta a la hora de determinar la justeza de los intereses.

La utilización de la presente tasa dependerá de las variables de cada proceso, en especial, de la capacidad económica del demandado, la vulnerabilidad social de la parte actora, la situación macroeconómica, y la buena fe y razón probable para litigar de las partes (conf. fundamentos del Dr. Adaro).

Este razonamiento no se ha visto modificado con la sanción de la ley 9041, puesto que la propia norma excluye de su aplicación los supuestos regulados por leyes especiales (art.1). El presente se trata de uno de ellos. En igual sentido fue recientemente resuelto por nuestro superior Tribunal (Expte. N° 13-03690375-3/1, caratulada: “PROVINCIA A.R.T. S.A. EN J: 153.077 “CASANOVA OSCAR ROBERTO C/ PROVINCIA A.R.T. S.A. P/ ACCIDENTE” P/ REC.EXT.DE INSCONSTIT-CASACIÓN”).

Las costas del proceso. Las costas se imponen a las accionada vencidas en autos por lo que prospera la demanda y respecto de los montos adeudados por cada una (arts. 31 y 108 del CPL y 35 sgtes. del CPC). Así voto.

Por lo expuesto esta Sala Unipersonal de la Primera Cámara, pasa a dictar sentencia definitiva en autos, la que a continuación se inserta.-

Mendoza, 28 de mayo de 2018.

Y vistos:

Esta Sala Unipersonal del Tribunal

Resuelve:

I.- Declarar para este caso concreto la inconstitucionalidad de la ley 7198, del tope previsto por el decreto 1278/00 y art. 39 de la LRT. Declarar abstracto el planteo de inconstitucionalidad del art. 6 de la LRT.

II.- Rechazar las excepciones de falta de legitimación sustancial interpuesta, y en consecuencia, admitir la demanda condenando a las demandadas a pagar al Sr.Margarito Martín Llanos la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL TREINTA ($79.030) a cargo de Galeno ART SA (antes Consolidar ART SA) y de PESOS TREINTA Y QUINIENTOS QUINCE ($39.515) a cargo de Boart Longyear Argentina SA, en concepto del 33,6% de IPPL por el por un infarto de miocardio operado, tratado medicamento y/o en forma quirúrgica, sin alteración hemodinámica y con prueba ergométrica graduada, consecuencia del accidente del 7 de noviembre de 2006, en el término de CINCO DIAS de notificada la sentencia, con costas a cargo de las demandadas y por el monto de condena de cada una de ellas.

III.- Firme que sea la presente pase a Contaduría de Cámaras a fin que se practique liquidación y diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.

IV.- Emplazar a las condenadas en costas para que dentro del término de DIEZ DIAS de quedar firme la presente sentencia, abone en autos los aportes correspondientes a DERECHO FIJO Y APORTES LEY 5059 y en TREINTA DÍAS la TASA DE JUSTICIA (exento el trabajador), bajo apercibimiento de ley.

V.- Notifíquese a la AFIP, Dirección General de Rentas de la Provincia, Colegio de Abogados y Caja Forense.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

DR. ALFREDO EDUARDO MILUTIN

Camarista