Los sindicatos que no cuenten con personería gremial tienen facultades para representar a los trabajadores en las negociaciones salariales

Partes: Metrodelegados c/ GCBA y otros s/ amparo Ley 16.986

Tribunal: Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sala/Juzgado: 2

Fecha: 6-jun-2018

Cita: MJ-JU-M-111249-AR | MJJ111249 | MJJ111249

Los sindicatos que no cuenten con personería gremial tienen igualmente facultades para intervenir y representar a los trabajadores en las negociaciones salariales.

Sumario:

1.-Los argumentos del firmante para justificar la legitimación invocada resultan atendibles, en tanto se trata del Secretario Adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, con facultades suficientes para representar trabajadores cuya organización engloba en carácter de afiliados a quienes se les habría privado ilegítimamente de participar en las negociaciones paritarias del año en curso en búsqueda de mejoras salariales y condiciones laborales.

2.-El hecho de que el amparista carezca de personería gremial no aventa el derecho a negociar paritarias, pues de lo contrario sería en detrimento de la actividad de los sindicatos que comparten el mismo ámbito de actuación; a lo que se suma la mayoritaria representatividad real de los trabajadores del sector que tiene y la existencia de varias participaciones en negociaciones anteriores.

3.-No existe riesgo de afectación del interés público, ya que no se advierte cuál sería la contradicción de tal, con una orden que tenga en miras la tutela del derecho a la vida y a la integridad física de los usuarios del transporte de subte y de los derechos laborales de los trabajadores afectados.

4.-Corresponde habilitar la instancia en días y horas inhábiles, dado que según los denunciantes exiiste la posibilidad de que personas carentes de experiencia para el labor suplanten a conductores y guardas capacitados durante un paro de actividades puede derivar en la conculcación de derechos fundamentales a la vida y a la integridad física de los trabajadores y usuarios del transporte subterráneo y premetro.

5.-Corresponde ordenar a las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se abstengan de efectuar declaraciones públicas que no se condigan con la verdad en desmedro de las facultades que pueden ejercer los Metrodelegados, dado que si bien se revocó la resolución que les había otorgado personería gremial, lo cierto es que ello se debió a un trámite procedimental, pero de ningún modo se afirmó que carezcan de facultades para intervenir en una negociación salarial.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de junio de 2018.-

I. Por presentado en el carácter invocado a mérito de la documentación adjunta, por constituido el domicilio procesal indicado y por denunciado el real.

Téngase por interpuesta la demanda de amparo y por acompañada la prueba documental.

II. AUTOS Y VISTOS:

I. La presente acción de amparo es iniciada por el señor Néstor Segovia en su carácter de Secretario Adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (en adelante AGTSYP o Metrodelegados), con el patrocinio letrado del doctor Cesar Armando Palacio, contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante GCBA), Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (en adelante SBASE) y Metrovías S.A.

La presente causa tiene por objeto que los demandados cesen en la vulneración de los derechos de libertad sindical, de representación de los intereses colectivos, de huelga, de no discriminación, del ejercicio de los representantes sindicales y de las libertades públicas reconocidas y garantizadas por los Convenios 87, 98, 135, 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); Constitución Nacional arts. 14, 14 bis y 18, y Constitución local arts. 10, 12, 13 y 43. Todo ello motivada en la discriminación sindical que alegan sufrir en lo relativo a la representación de intereses colectivos, del ejercicio de la huelga de sus miembros, y la represión y detención de sus dirigentes y afiliados.

En el caso del último supuesto referenciado, resaltan que resulta puntualmente responsable el GCBA.

Adicionalmente solicita que se ordene al GCBA que, en uso de las facultades que la ley 265 reconoce a la Subsecretaria de Trabajo, Industria y Comercio, “no homologue, o en su caso emita el acto administrativo respectivo al efecto, el acuerdo suscripto entre Metrovias S.A.y Unión de Tranviarios Automotor sobre condiciones económicas para los trabajadores comprendidos en la CCT 384/99 “E” el día 12 de abril de 2018, en particular, no aplique descuento del aporte solidarios a favor de esta ultimo sobre los trabajadores afiliados a AGTSYP, en tanto violenta el derecho a la Libertad en su faz negativa Asimismo, solicita que se ordene al Gobierno demandado que cese la emisión de declaraciones discriminatorias contra la Asociación, del tipo “Sindicato llegar que son propagadas por diversos funcionarios, incluyendo al señor Jefe de Gobierno.

Peticiona también reconocer a favor de la AGTSYP el derecho a negociar colectivamente condiciones salariales y de trabajo en el ámbito personal de su representación.

Por último, solicita que se ordene a la Subsecretaria de Trabajo, Industria y Comercio (en adelante SST) que en ejercicio de su competencia disponga dejar sin efecto las sanciones disciplinarias aplicadas a trabajadores en razón del actual conflicto colectivo salarial.

2. En tomo a la pretensión cautelar, requiere que el GCBA -a través de quien designe- participe y a su vez cite, a través de SST, a Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, Metro vías S.A. y Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, a que retomen las negociaciones tendientes a encontrar una solución satisfactoria para que todas las partes en el conflicto generado por la interrupción abrupta que estas tres últimas partes referenciadas hicieron de las negociaciones por mejoras salariales a favor de los trabajadores no jerárquicos de esa actividad.

Adicionalmente, solicita que se ordene a la SST que disponga que Metrovías S.A.suspenda la aplicación de las sanciones aplicadas o a aplicarse en razón del conflicto, que no aplique descuentos económicos en los haberes de los trabajadores sancionados ni tampoco descuentos por los días en que participaron de las medidas de fuerzas, como así también, desista del inicio o prosecución de cualquier tramitación judicial y/o administrativa contra trabajadores comprendidos en el CCT 384/99 “E” con causa en el conflicto de paritarias.

Finalmente, peticiona que se ordene a Metrovías S.A. y SBASE que “presten toda la colaboración con vistas a superar el presente conflicto concurriendo a las audiencias fijadas al efecto y negociando de buena fe”.

3. A fin de fundar la urgencia por la cual la presente acción debe tramitar bajo el régimen de tumo, arguye que la presente causa se encuentra comprendida dentro de los supuestos previstos en el Reglamento de Tumos del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la C.A.B.A para la habilitación de días y horas inhábiles.

En este sentido, puntualiza que en fecha 22/05/2018 el señor Jefe de Gabinete del GCBA, doctor Felipe Miguel, realizó declaraciones a medios periodísticos en los cuales manifestó “Se lanzó una convocatoria de conductores para que puedan prestarse los servicios necesarios y los vecinos viajen como corresponde”.

Considera que estas expresiones vertidas por un funcionario de primera línea del GCBA, evidencia la absoluta falta de interés por paite de las autoridades en buscar una salida que satisfaga el legítimo reclamo de los trabajadores del subte y su organización sindical a efectos de pactar una eventual mejora salarial que contemple la evolución de la inflación para el corriente año, que todas las consultoras ubican en tomo al 27% anual, en contraposición al acuerdo firmado con la Unión Tranviarios Automotor (en adelante UTA) que prevé un incremento de 15% cuya aplicación se terminara de concretar en enero de 2019.

Sumado a ello, destaca que el GCBA, SBASE y Metrovías S.A.intenta suplantar a novecientos conductores y novecientos guardas que operan ciento ocho formaciones en siete líneas de subte y premetro diariamente durante dieciocho horas, por personas que carecen de experiencia previa en manejo de formaciones de subtes que son absolutamente distintas a cualquier tren que opera en cualquier punto de nuestro país. En tal sentido, enfatiza que intentar semejante acción implica una grave afectación a la seguridad de los usuarios y riesgo de pérdida de materiales por mal uso de las formaciones.

Remarca que cada trabajador que cumple tareas de conductor o guarda recibe un total de ciento ochenta horas durante un mes y medio, y que previo a la instrucción debe aprobar un examen de aptitud psicofísica que insume dos días de duración. Concluye su idea señalando, que para que un trabajador se pueda considerar con la capacitación básica para conducir un subte debe transitar un proceso que insume cuarenta y siete días.

Destaca a su vez, que sumado a estas problemáticas, las maniobras de las demandadas tienen como fin violentar el derecho a huelga reconocido a favor de la AGTSYP y de sus afiliados.

Puntualiza que la actitud desplegada por las demandadas cobra especial relevancia ‘en momentos en que la entidad sindical tiene previsto concretar el día 06/06/2018 UN PARO DE ACTIVIDADES En ese contexto, manifiesta que si mañana efectivamente se concreta el paro y las demandas intenta poner en funcionamiento los trenes las personas que pretenden convocar, irresponsablemente pondrán en un potencial y cierto riesgo la integridad física de los usuarios que utilicen el servicio, amén de los seguros daños al material rodante que ocasionara que lo operen personas inexpertas y sin capacitación con las pérdidas que traerán al erario público.

Por las razones esgrimidas, entiende que se encuentra configurada la situación de peligro en la integridad física y vida de personas que prevé el art. 1 del Reglamento de Turnos del Fuero Contenciosos Administrativo y Tributario de la CA.B.A.y por ende, es que solicita la habilitación de días y horas inhábiles para el tratamiento de la presente acción de amparo con medida cautelar.

4. En base a los hechos y antecedente legales que conforman snb lite, el amparista narra que la Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneos y Premetro es una entidad sindical de primer grado reconocida mediante resolución MTEy SSN n° 1381/2010 inscripta bajo el número 3020 con ámbito geográfico de actuación en la Ciudad de Buenos Aires y Representación personal entre los trabajadores no jerárquicos que cumplen funciones en la red de subterráneos y premetro de aquella ciudad.

Expresa que por la mayor representación dentro de los trabajadores del sector, en los hechos la AGTSYP reemplazó a la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) sindicato de trabajadores de transporte, en general, de colectivos. Fue así que comenzó a elegir delegados de personal en cada una de las líneas y sectores del subte afiliando a la mayor cantidad de trabajadores y paulatinamente participando en las negociaciones colectivas sobre condiciones de trabajo y en la fijación de las paritarias salariales.

Explica que el escenario descripto generó tensiones y diversos conflictos porque el gremio desplazado no reconocía su baja representatividad dentro de los trabajadores del subte y que a su vez, el Ministerio de Trabajo de la Nación demoró la inscripción gremial hasta el año 2010 y posteriormente, el trámite de su personería gremial.

Pronuncia que el 31/07/2013 peticionó su personería gremial, y luego de diversos trámites administrativos -que según aduce- fueron entorpecidos por la UTA, la autoridad administrativa dictó la resolución n° 1601/15, otorgando personería gremial a la AGTSYP en el ámbito exclusivo del transporte de subterráneos y premetro, sin que ello afectara el resto de la personería gremial de la UTA.

No obstante ello, subraya que el 06/03/2017 la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar al recurso judicial interpuesto por la UTA y dejó sinefecto la resolución n° 1601/15 que otorgara la personería gremial al sindicato que representa.

Arguye que si bien dicho decisorio fue recurrido ante el Máximo Tribunal, éste no dio trámite al recurso interpuesto por AGTSYP al considerar que no se trataba de una sentencia definitiva o equiparable a tal.

Por otro lado, y en lo que califica como antecedentes negocíales, relata q ue una vez suscripta el acta de traspaso entre los gobiernos de la Nación y de la Ciudad donde acordaban la transferencia de los Servicios de Transporte Subterráneo de Buenos Aires a esta última, los trabajadores del subte no lograban comunicarse con el GCBA a los efectos de comenzar con las negociaciones necesarias tendientes a acordar mejoras salarias y demás problemáticas de índole laboral.

Así remarca que luego de concretar un paro que se extendió por diez días en el año 2012, lograron conformar una mesa de diálogo, no obstante que para arribar a tal desenlace debieron acudir a la Justicia en lo CAyT en la causa “Lubertino Beltrán María José c/ GCBA y otros s/ Amparo (expte. 45189/0” que tramitó por ante el Juzgado en lo CAyT n° 6.

En lo que concierne a la negociación salarial 2018, el amparista señala que tuvo su primer antecedente en fecha 22/12/2017 y que desde ese entonces, como consecuencia de los índices inflacionarios, fue necesario solicitar una compensación extraordinaria para paliar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de los afiliados.

Menciona que en diciembre del 2017, y en enero del corriente en dos oportunidades, solicitaron una audiencia a fin de tratar los diversos reclamos sindicales y que no obtuvieron respuesta por parte de las autoridades de trabajo de la Ciudad.

Y que fue recién el 14/03/2018 que la SST convocó a la primera audiencia con la finalidad de discutir la materia salarial y el resto de condiciones de trabajo que incluía el Pliego de Reivindicaciones.Dicha audiencia se desarrolló con la presencia de representantes de Metrovías, SBASE y el GCBA sin arribar a ningún acuerdo. Mismo resultado arrojó la audiencia celebrada el 23/03/2018 y en ese mismo acto se fijó una nueva fecha para el 04/04/2018.

Refiere que en el ínterin temporal de una audiencia y otra las partes fueron manteniendo contactos privados con el objeto de alcanzar un acuerdo. Así fue que en la audiencia celebrada finalmente el 12/04/2018, para sorpresa de los representantes sindicales, las empresas informan verbalmente que habían alcanzado un acuerdo con UTA y en el acta de la respectiva audiencia informan el porcentaje de aumento del salario iba a ser de un 15% en tres pagos, el último de los cuales impactará recién en enero de 2019.

Agrega que la SST no volvió a fijar nueva audiencia y que desde allí se cortaron todos los canales de dialogo, lo cual el amparista tilda como una característica propia de las autoridades políticas de la Ciudad de Buenos Aires.

Explica que la AGTSYP se negó a suscribir el acuerdo de recomposición salarial del 15% por cuanto la tendencia inflacionaria actual se estima que podría alcanzar un 25% anual, y que dicha conducta hizo que tanto el GCBA como SBASE y Metrovias habilitaran nuevamente a la otra entidad sindical y ésta suscribió dicho acuerdo.

Añade que a partir de allí la AGTSYP lleva adelante un plan de acción en términos de conflicto colectivo desde hace más de 20 días y que el GCBA ha decidido impedir de manera ilegal con distintas medidas entre las que se cuenta, con suma evidencia, la discriminación sindical.

Menciona que el 22/05/2018 la empresa Metrovias SA irrumpió con un ejército de la Guardia de Infantería de la Policía de la Ciudad, en la línea H del subterráneo -suspendida hasta ese momento por huelga convocada por AGTSYP- reprimiendo a los trabajadores que se encontraban en el lugar y deteniendo a 16 de ellos, entre los que él se encontraba.

Concluye su relato,expresando que ante la falta de recepción de su reclamo se adoptaron diversas medidas -tales como la apertura de molinetes y la interrupción parcial y escalonada del servicio- pero siempre anunciadas por el sindicato con anticipación para que los pasajeros pudieran prever sus itinerarios.

Funda su legitimación, la procedencia del reclamo, los derechos constitucionales que considera vulnerados, los requisitos de su pretensión cautelar que considera configurados, y finalmente, deja prestada la caución juratoria.

Y CONSIDERANDO

I. Habilitación de la instancia en días y horas inhábiles.

Previo a analizar la procedencia de la petición cautelar traída a juicio, así como la legitimación procesal de los amparistas, corresponde pronunciarme respecto del pedido de habilitación de instancia en días y horas inhábiles.

Al respecto cabe señalar que la situación denunciada en autos se sustenta en la posible conculcación de derechos fundamentales a la vida y a la integridad física, en el caso de los trabajadores y usuarios del transporte subterráneo y premetro.

Así, adquiere relevancia que mediante el escrito de inicio la Asociación sindical ha expuesto que en el día tendría previsto llevar adelante un paro de actividades.

Ello, mientras que el Jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, habría manifestado el pasado 22/05/2018 que se había lanzado una convocatoria de conductores para que pueda ponerse en marcha el servicio en cuestión y los vecinos puedan viajar, ante la eventualidad de cese de actividades por parte de los trabajadores, (cfme. fs.3).

Asimismo, la actora pondera la gravedad que implica la posibilidad de que el GCBA, SBASE y Metrovías SA suplanten a conductores y guardas capacitados, con personas carentes de experiencia para la labor, en desmedro de la seguridad de los pasajeros.

Detallan que para que un trabajador se encuentre capacitado para llevar adelante tal labor, le resulta necesario recibir una instrucción de un total de ciento ochenta horas por cada uno, durante un mes y medio.

Así, concluyen que o bien las demandadas tienen previsto extender la situación de conflicto durante un mes y medio más, o peor aún, “PLANIFICAN QUE PERSONAS SIN CAPACITACIÓN SUFICIENTE Y SIN EXPERIENCIA MENEJE LOS SUBTES DE BUENOS AIRES, PONIENDO EN PELIGRO A UN MILLON Y MEDIO DE USUARIOS QUE DIARIAMENTE UTILIZAN LOS SUBTES”.

Desde ese vértice destacan que ello cobra especial relevancia puesto que tienen previsto concretar el día 06/06/2018 un paro de actividades.

Es decir, esgrimen que si concretan el paro “y las demandadas intentan poner en funcionamiento los trenes con estas personas, IRRESPONSABLEMENTE PONDRAN EN UN POTENCIAL Y CIERTO PELIGRO LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS USUARIOS QUE UTILICEN EL SERVICIO, AMEN DE LOS SEGUROS DAÑOS AL MATERIAL RODANTE QUE OCASIONARIA QUE LO OPEREN PERSONAS INEXPERTAS Y SIN CAPACITACIÓN, CON LAS PERDIDAS QUE TRAERIAN AL ERARIO PÚBLICO.

Abonaría ello las noticias que dan cuenta que el Jefe de Gabinete porteño considera la posibilidad de incorporar personal externo a fin de operar el servicio de transporte subterráneo ante eventuales medidas de cese de actividades (https://www.minutouno.com/notas/3073634-la-ciudad-convocara-ex-conductores-hacer-funcionar-el-subte-cuando-h
ya-paro).

En ese marco, la posibilidad de que las partes involucradas lleven a cabo tal proceder, resulta suficiente para configurar la existencia de un peligro inminente a la vida y a la integridad física de los usuarios y trabajadores del transporte subterráneo.

Se verifica así el primer requisito contenido en el artículo 1 del Anexo I de la resolución 2/2013 del Consejo de la Magistratura para la habilitación de la instanciaen días y horas inhábiles (vida e integridad física).

Lo mismo cabe señalar respecto de la urgencia del caso, ya que la sola posibilidad de que se lleven adelante acciones que puedan afectar aquellos derechos permite tener por configurada dicha premura.

En este contexto no pueden ignorarse los incidentes acontecidos hace sólo pocos días, de los cuales han hecho eco los medios de comunicación con diversas opiniones, mas coincidiendo todos así como cualquier ciudadano conducido por un simple razonamiento, en que resulta indeseable e inconveniente que se perjudiquen los derechos en crisis.

Todo ello se imbrica de manera evidente en una problemática de fondo, donde lo discutido trasunta sobre los derechos al trabajo, la sindicalización y la posibilidad de mejorar las condiciones laborales.

Por tales motivos, en consideración a que el servicio de transporte subterráneo comienza a prestarse desde las 5.30 hs. de la mañana -es decir dentro de pocas horas- (cfme. http://www.metrovias.com.ar/Subterraneos/StaticPage/Tu-viaje/Horarios-del-servicio/3362), a que desde tal momento según lo afirmado en la demanda y en el comunicado oficial emitido en el día de la fecha (cfme. fs. 47) se llevaría a cabo un paro total de la prestación del servicio de subterráneos, y ante la posibilidad de que como consecuencia de ello se disponga que las formaciones sean conducidas por personal inexperto, omitir intervención alguna en este momento implicaría mantenerme impávido ante la cierta posibilidad de riesgo de vida de los usuarios y trabajadores del servicio en cuestión. Ello, además frente a la eventualidad de que se generen nuevos conflictos que pongan en peligro la vida y la integridad física de todos los involucrados, como ya ha sucedido.

Caso contrario, si aquello ocurriera, la Asociación sindical amparista debiera esperar a las 9 horas del día de mañana para promover la presente acción, unas tantas horas más aguardando su posible resolución favorable y otro término de tiempo hasta tanto se ponga en conocimiento de las partes.Lo cual sería tanto como obligarlos a permanecer pasivos ante la escalada de conflictividad social que merodea su reclamo sindical.

Así, considero que se encuentran cumplidos en el sub lite la totalidad de los requisitos exigidos para la habilitación de días y horas inhábiles, por lo que corresponde que me aboque al tratamiento de la petición de medida cautelar formulada con carácter de urgente.

II. Legitimación procesal del amparista.

En los términos en que se encuentra planteada la presente acción de amparo señalo que los argumentos del firmante para justificar la legitimación invocada resultan atendibles, en tanto se trata del Secretario General Adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro, con facultades suficient es para representar a los trabajadores cuya organización engloba en carácter de afiliados (cfme. fs. 17/46), a quienes se les habría privado ilegítimamente de participar en las negociaciones paritarias del año en curso en búsqueda de mejoras salariales y condiciones laborales. Echando raíces en una acuciante confiictividad social a punto tal de poner en peligro la vida e integridad física de todos los sujetos involucrados.

III. Procedencia de la medida cautelar solicitada.

Verificados los extremos que justifican la habilitación de horas inhábiles, y aceptada la legitimación procesal del presentante, corresponde pasar a analizar si se verifican en autos los presupuestos que avalan el dictado de la medida cautelar, tal como se peticiona.

A) Verosimilitud en el derecho Corresponde, en principio, reseñar un breve marco normativo en el que se circunscribe la petición a tratar, 1.Marco normativo.

La Constitución de la Nación, en su artículo 14 bis, establece que el trabajo en sus diversas formas goza de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador, entre otros, la organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial; y garantiza a los gremios, entre otros, el derecho a concertar convenios colectivos de trabajo y recurrir a la conciliación o arbitraje.

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 43, establece que la Ciudad protege el trabajo en todas sus formas. Asegura al trabajador los derechos establecidos en la Constitución Nacional y atiende a los convenios ratificados y considera las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.

El Convenio n° 87 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) ratificado por nuestro país el 18/01/1960, en su parte I de libertad sindical, establece que “Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas” (artículo 2); que “2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal ” (artículo 3).

Finalmente, la ley n° 23.551 establece en su art. 1 que “la libertad sindical será garantizada por todas las normas que se refieren a la organización y acción de las asociaciones sindicales”.

Asimismo, en el art. 23 delinea las asociaciones sindicales simplemente inscriptas y reza que “La asociación a partir de su inscripción, adquirirá personería jurídica y tendrá los siguientes derechos:a) Peticionar y representar, a solicitud de parte, los intereses individuales de sus afiliados; b) Representar los intereses colectivos, cuando no hubiere en la misma actividad o categoría asociación con personería gremial “, A su tumo, al referirse a los exclusivos derechos reconocidos a las asociaciones sindicales con personería gremial, establece en el art. 32 que “son derechos exclusivos de la asociación sindical con personería gremial: a) Defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores; [.] c) Intervenir en negociaciones colectivas y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social”.

2. Vicisitudes jurisdiccionales en torno la personería gremial de los Metrodelegados.

Conforme lo manifestado y como es de público conocimiento, durante varios años y pese la insistencia en sede administrativa ante las autoridades nacionales, la AGTSYP se ha visto privada del reconocimiento de la personería gremial y de los derechos de ella derivados.

Ello, hasta fines del año 2015, momento en el cual el entonces Ministro de Trabajo de la Nación dictó la resolución n° 1601 que le otorgó la personería gremial a la AGTSYP, es decir a los Metrodelegados.

Sin embargo, la UTA recurrió tal decisión administrativa ante la Justicia del Trabajo.

Así, el pasado 26/03/2017 la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió revocar la resolución n° 1601 del Ministerio Nacional de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y devolver las actuaciones a sede administrativa a fin de que “una vez subsanadas las irregidaridades formales señaladas y luego de haber cumplido rigurosamente con las reglas adjetivas aplicables, se expida nuevamente en relación a la cuestión sustancial de la contienda” (cfme. fs. 48/53).

A fin de arribar a tal solución, el Tribunal colegiado mérito que “en el proceso seguido en sede administrativa no se respetaron tales pautas adjetivas, lo cual conlleva que no se ha resguardado el derecho de defensa de la recurrente con la intensidad que exige la ley.Concretamente, cabe señalar que, sin perjuicio del análisis que pueda efectuarse acerca de la facultad del Ministerio de Trabajo para cotejar el cumplimiento de ciertos recaudos ante un pedido de desplazamiento de personería gremial, lo concreto y jurídicamente relevante es que las pruebas valoradas en la resolución recurrida han sido obtenidas sin la participación de la UTA. A tal efecto, he de puntualizar que se tuvo por acreditado el universo de trabajadores a ser representados con anterioridad al traslado que prevé el segundo párrafo del art. 28 LAS, el cual, dispone que ‘Presentado el requerimiento del mismo se dará traslado a la asociación con personería gremial por el término de veinte (20) días, a fin que ejerza su defensa y ofrezca pruebas Concluyó entonces que “en las actuaciones llevadas a cabo en la instancia administrativa no se ha cotejado con las garantías necesarias que prevé el proceso que específicamente dispone el art. 28 de la ley 23.551 que la peticionaria presenta un número de afiliados cotizantes considerablemente superior a los de ¡a UTA” Cuestionado tal decisorio por vía extraordinaria, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió hace pocos meses que “el recurso extraordinario no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 déla ley 48). Por ello, se lo desestima”, (cfme. fs. 54/56) 2.

En síntesis, luego de varios años en los cuales la AGTSYP instó por obtener la personería gremial, se le concedió a fines a 2015, la ostentó por dos años, hasta que la Justicia revocó la resolución que la concediera, lo cual implica que al día de la fecha persistan como una asociación sindical simplemente inscripta.

Ahora bien, cabrá analizar si ello implica, o no, obstáculo alguno a participar de la negociación salarial.

3. ¿Carecer de personería gremial avenía el derecho a negociar paritarias?A fin de abordar el presente punto, habré de analizar si el hecho de ostentar una asociación sindical personería gremial, le otorga algún derecho de exclusividad a fin de participar en las negociaciones paritarias sectoriales, lo cual encontraría su razón en las diferencias establecidas en los art. 23 y 32 para las asociaciones sindicales simplemente inscriptas y las que gozan de personería gremial, respectivamente.

A tal efecto, en este estado embrionario del proceso, basta la lectura de la normativa aplicable para concluir que la respuesta que se impone es la negativa.

Principalmente, el citado Convenio n° 87 de la OIT, receptado en nuestro texto Constitucional, es concluyente en cuanto obliga al Estado a “abstenerse de toda intervención que tienda a limitar [.] o a entorpecer [el] ejercicio legal” del derecho de las “organizaciones de trabajadores [.] de organizar [.] sus actividades y el de formular su programa de acción”. Mientras que agrega que la “legislación nacional [.] no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas por el presente convenio “, al tiempo que precisa que uorganización ” significa “toda organización de trabajadores que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los trabajadores Particularmente, la Comisión de Expertos de la OIT ha efectuado una observación dirigida a nuestro país en lo aquí atinente, en oportunidad de analizar un proyecto de modificación a la Ley de Asociaciones Sindicales. Así expresó que “No obstante, la Comisión observa que el proyecto mencionado no prevé la modificación de las siguientes disposiciones cuya modificación había sido sugerida por la Comisión de Expertos y por la misión consultiva:[.] las disposiciones que privilegian a las asociaciones sindicales con personería gremial frente a las demás asociaciones, en materia de representación de intereses colectivos diferentes de la negociación colectiva (artículo 31 a) de la ley que prevé ‘que las asociaciones con personería gremial tienen el derecho exclusivo de defender y representar los intereses individuales y colectivos de los trabajadores’). En estas condiciones, la Comisión pide al Gobierno que siga tomando medidas para ajustar aún más su legislación con el Convenio, y expresa la esperanza de que el proyecto de ley modificatorio de la ley núm. 23551 de asociaciones sindicales será adoptado a la brevedad posible, de que tendrá plenamente en cuenta los comentarios de la Comisión y de que estará en completa conformidad con los principios del Convenio. Además, la Comisión envía una solicitud directa al Gobierno”. Al día de hoy, la norma no ha sido modificada en los términos propiciados.

Como corolario de ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto una cuestión análoga a la aquí traída a resolver, en la que se controvertía la posibilidad de que una asociación sindical simplemente inscripta representase al colectivo de trabajadores sectoriales, ante la existencia de otro sindicato que gozaba de la personería gremial.

Elocuente ha sido lo allí considerado, que a riesgo de resultar extenso, vale la pena transcribir: “en la sentencia recaída in re ‘Asociación Trabajadores del Estado c/ Ministerio de Trabajo’ esta Corte ha expresado que el aludido principio constitucional consagra la libertad para todos los sindicatos, con el pr opósito de que puedan realizar sus actividades sin obstáculos o limitaciones del Estado que reduzcan, injustificadamente, las funciones que le son propias:la promoción, ejercicio, defensa, fomento y protección de los intereses legítimos de orden gremial [.] Sobre tal base, la Corte declaró la inconstitucionalidad de ciertas disposiciones de la ley 23.551, en la medida en que concedían a los sindicados reconocidos por el Estado como más representativos -mediante el otorgamiento de la personería gremial- privilegios que excedían de una prioridad en materia de representación en las negociaciones colectivas, de consulta por las autoridades y de designación de delegados ante organismos internacionales, lo cual iba en detrimento de la actividad de los sindicatos simplemente inscriptos que compartían con aquéllos, total o parcialmente, el mismo ámbito de actuación (cit., especialmente ps. 2511/2514, considerandos 8o y 9o; ‘Rossi’, cit., ps. 2721/2727, considerandos 3o a 7o).”

Y que “en suma, con arreglo a los antecedentes de los que se ha hecho mérito, no cabe sino concluir en que el derecho invocado por la coactora A.T.E. de representar los intereses colectivos de los trabajadores municipales [.] está inequívocamente reconocido por las aludidas normas de jerarquía constitucional. Normas con las cuales, por ende, es de incompatible el precepto legal aplicado por el a quo (art. 31.a de la ley 23.551), en la medida en que los privigelios que en esta materia otorga a las asociaciones con personería gremial, en desmedro de las simplemente inscriptas, exceden el margen autorizado por las primeras”.

Para así concluir que “corresponde declarar la inconstitucionalidad por un lado, del art 31.a de la ley 23.551, en cuanto impidió que A.T.E. representara los intereses colectivos invocados por considerárselo un derecho exclusivo de la asociación sindical con personería gremial” (el destacado me pertenece).

En definitiva, se concluye que se configura la verosimilitud en el derecho invocada por la amparista en lo relativo a la representación colectiva de los trabajadores.Pues del análisis de la normativa efectuado, así como de su interpretación efectuada al respecto por el Cimero Tribunal de la Nación, no se advertiría la existencia válida de prerrogativas exclusivas de los sindicatos que gozan de la personería gremial, en desmedro de las asociaciones simplemente inscriptas, en cuanto a la representación de los intereses colectivos de los trabajadores por cuyos derechos velan.

4. Primacía de la realidad. Un caballo con rayas no es cebra.

Además de lo expuesto, los elementos arrimados hasta el momento permiten ahondar sobre otros aspectos de la verosimilitud del derecho invocada.

Reconocido es el principio que titula este acápite en materia de derechos laborales. Su aceptación exige la necesidad de ver más allá de la apariencia externa de las relaciones, dudando de su veracidad e inmiscuyéndose en ellas a fin de llegar a la verdad, con prescindencia del ropaje que haya adquirido.

Realidad que obliga a quien la encuentre a interpretarla, desenterrar las características que unieron a las partes sobre sus aspectos formales, analizando los hechos empíricos y las conductas asumidas.

En la misma inteligencia se ha aseverado que “[r]ige en el derecho del trabajo el principio de ‘primacía de la realidad’, es decir, que para determinar la naturaleza del vínculo laboral que liga a las partes, más que a los aspectos formales debe estarse a la verdadera situación creada en los hechos, es decir, que la apariencia real no disimule la realidad”.

En tal dirección la doctrina coincidió al afirmar que la pauta guía mencionada “consiste en la primacía de los hechos sobre las formas, las formalidades o apariencias. En materia laboral, importa lo que ocurre en la práctica más que los que las partes hayan pactado en forma más o menos solemne o expresa, o lo que incluya en documentos, formularios o instrumentos de control.Este principio [.] incluye la desestimación de todo lo que implique privar al trabajador de la protección que le conceden las normas laborales”.

Ahora bien, bajo tales premisas cabe indagar si el mentado principio echaría raíces sobre el sub examine.

A tal efecto cabe ponderar que los Metrodelegados han acreditado prima facie que ya en junio el año 2013 sus afiliados ascendían a la cantidad de 1.871, es decir aproximadamente el 58% del universo de trabajadores no jerárquicos que eran un total de 3230 (cfme. manifestación de fs. 5 y acreditaciones de fs.57/77, en particular fs. 76). Agrega la actora que en la actualidad la dotación total de los trabajadores no jerárquicos afectados a la operatividad del servicio asciende a 3900 y sus afiliados a 2492, es decir aproximadamente el 63%.

Obviamente, no escapa al conocimiento de quien aquí suscribe que podría coexistir la posibilidad de que todo el resto de los trabajadores sean afiliados al otro sindicato del sector, la UTA. Sin embargo, no sólo colisionaría con la lógica suponer que absolutamente la totalidad de los trabajadores se encuentran sindicalizados, sino que aun así, la diferencia cuantitativa sería relevante.

Por supuesto que también podría suceder que los trabajadores se encuentres afiliados a ambos sindicatos. No obstante, las prácticas laborales demuestran que tales situaciones son poco habituales, lo cual no incidiría sensiblemente en lo antedicho.

Ante tal circunstancia, nos encontraríamos ante la situación de que por un lado la UTA, que detenta personería gremial, acumularía en el mejor de los casos una representación del 47% del total de trabajadores, mientras que los Metrodelegados reunirían el 63%.

Tal simple y objetivo cotejo, me mueve en este caso a diferenciar entre representación y representatividad.

Así, cuando el reconocimiento viene dado desde el Estado debe hablarse de representación. Al respecto se enseñó que “[e]l concepto de representación -explica Ermida (1993)- aparece ligado especialmente a la tasa de afiliación sindicalque constituye un indicador estadístico pensado desde un abordaje sociológico.El concepto de representación nacido al amparo de la noción civil de ‘actuar en nombre de otro’ trasladado al campo laboral sugiere que la afiliación de los trabajadores al sindicato presume un mandato tácito que transforma al sindicato en representante de cada uno de los afiliados. El significado de representación [.] en el campo civil y laboral no puede asemejarse en su totalidad, resulta insuficiente Ello, mientras que si el reconocimiento proviene del colectivo de trabajadores debe hablarse de representatividad. En referencia a este concepto se delineó que “[l]a forma de determinación de la ‘mayor representatividad’ o de la organización sindical más calificada para tutelar los intereses del conjunto de los trabajadores en determinado ámbito deriva en el problema de la medición. El criterio de valoración cuantitativo de la representatividad sitúa el problema de la medición en el plano jurídico político de la regulación’ (Baylos, blog 2009). Se requiere tener indicios de la capacidad de representación relativa de un sindicato en un determinado momento y lugar, situación que se ha resuelto apelando a la noción más conocida de la afiliación sindical Sin embargo, además del número de afiliados, aparecen otros criterios cualitativos, pero también de valoración subjetiva”.

Bajo tales conceptos es que se escurren las formalidades para dejar lucir a la realidad.Ergo, en el caso de autos nos encontraríamos con un sindicato con representación, dado que posee personería gremial (UTA), pero al mismo tiempo con otro sindicato que por estar simplemente inscripto carece de representación, pero detentaría representatividad (AGTSYP).

El simple análisis efectuado que permite en este estadio procesal permitiría concluir que existen situaciones donde la representación -aspecto formal- no necesariamente se colije con la representatividad -aspecto sustancial-. Del mismo modo que si tiñéramos franjas blancas sobre el pelaje de un caballo negro por su sola apariencia éste no se transformaría en cebra, si a un sindicato se le otorga personería gremial ello no implicaría per se que sea el más representativo.

En consecuencia, asiste razón también en cuanto a la configuración de verosimilitud del derecho en lo relativo a la mayoritaria representatividad real de los trabajadores del sector.

5. Experiencia negocial.

No huelga destacar que conforme lo manifestado y las acreditaciones arrimadas, los Metro delegados habría participado de la mesa de negociación salarial durante los últimos años, con los mismos sujetos ahora demandados.

Así, en el año 2012 en virtud de lo ordenado por la Dra. Patricia G. López Vergara en el marco de los autos “Lubertino”, las partes han celebrado un acuerdo salarial.

Asimismo, desde el año 2013 hasta el año 2016 se han arribado a acuerdos salariales en cuya resolución ha participado la AGTSYP, junto con los aquí demandados (cfme. fs. 78/95).

En igual sentido ha ocurrido en el año 2017 (cfme. fs. 96/99).

Pero lo más relevante en este punto se configura en el inicio de las negociaciones paritarias para el año en curso, oportunidad en la cual se había dado participación activa a los Metrodelegados (cfme. fs.101/107).

No obstante, todo diálogo que había florecido se habría interrumpido intempestivamente luego de la reunión llevada a cabo el 12/04/2018 en la que se les informó verbalmente que se había alcanzado un acuerdo salarial con la UTA, de un 15% en la remuneración en tres tramos que finalizarían en enero 2019, ante lo cual manifestaron su rechazo. Frente a ello, sostienen que se cortaron todos los canales de diálogo.

Desde este punto de vista, se evidenciaría que durante los últimos años, al menos desde que el transporte de subterráneos y premetro se transfirió al ámbito de la Ciudad, los Metrodelegados han participado de todas las negociaciones paritarias, incluidas las de este año en su etapa inicial.

Tal extremo configuraría una conducta del GCBA, como de SBASE y Metrovías SA, que reiterada en el tiempo como ha acaecido, habría generado en favor de la AGTSYP una legítima expectativa que debe ser atendida, amén del principio de buena fe que debe primar en toda negociación paritaria.

Es que resultaría arbitrario, por contrario a la doctrina de los actos propios y la confianza legítima, modificar tan sustancialmente un curso de acción que se viene manteniendo ininterrumpidamente durante varios años, máxime cuando tal proceder implicaría un menoscabo a los derechos de raigambre constitucional de los trabajadores.

Por lo tanto, también se encuentra configurada la verosimilitud del derecho en lo relativo a la legítima expectativa de AGTSYP en participar de la mesa paritaria.

6.Conclusiones en torno a la verosimilitud en el derecho.

Llegados a este punto, en el estrecho marco cognoscitivo que caracteriza a las medidas cautelares como la que aquí se resuelve, se han podido delinear algunas conclusiones.

Se encuentra probado, lo que a su vez es de público conocimiento, que en el mes de abril tanto Metrovías SA, SBASE y el GCBA han celebrado junto con la UTA un acuerdo salarial para el año en curso, en cuya elaboración se ha excluido a los Metrodelegados.

También se verifica y es de público conocimiento el hecho que no se ha incluido a los Metrodelegados en la negociación colectiva por carecer de personería gremial, conforme las expresiones mediáticas vertidas por los funcionarios gubernamentales -de lo cual se haré mención ut infra-.

Ahora bien, en virtud de lo expuesto, en primer término asistiría razón a la Asociación Sindical amparísta en cuanto a que posee facultades para representar colectivamente los derechos de los trabajadores cuya tutela fundamenta su existencia, sin que pueda oponerse a ello la primacía de facultades de exclusivo resorte de aquéllas que gozan de personería gremial.

En segundo lugar, también merece favorable acogida lo esbozado en cuanto a la mayor representatividad que ostentaría en el sector que se desenvuelve, lo cual, en virtud del principio de primacía de la realidad, coloca a la Asociación actora en una posición conveniente e ineludible al momento de discutir la paritaria sectorial.

Y en tercer lugar, se ha demostrado que la conducta gubernamental, así como la de Metrovías SA y de SBASE, por su reiteración en el tiempo, habría generado una expectativa legítima en cabeza de los Metrodelegados a ser llamados a participar de las negociaciones colectivas de trabajo.

Por los motivos apuntados, se concluye que se encuentra configurada la verosimilitud del derecho necesaria para la procedencia de la medida pretendida.

B) Peligro en la demora En cuanto al peligro en la demora, considero que el mismo se encuentra suficientemente acreditado.

Por un lado no debe soslayarse lo expresadoen torno al bloqueo de las cuentas donde el sindicato actor posee sus fondos (cfme. punto II de fs. 14). Si bien ello no ha sido objeto de análisis de la presente, lo cierto es que si se tiene en cuenta que el objeto de las medidas cautelares es asegurar la ejecución de una eventual sentencia favorable, de no acceder en este momento a la tutela pretendida podría implicar en los hechos que la actividad sindical de la actora se vea mermada en el futuro hasta desvanecerse por carecer de recursos para su funcionamiento.

Pero más importante aún es el estado de crispación evidenciado en estas últimas semanas que ha alterado la Paz Social por la que este operador judicial está llamado y obligado a actuar.

Se ha observado que la AGTSYP ha adoptado en los últimos meses medidas de fuerza, tales como movilizaciones, paros, apertura de molinetes. Esto derivó en un estado de tensión tal entre los sujetos involucrados, que hace poco más de una semana han acaecido dentro de las instalaciones mismas de la red de subterráneos, disturbios con agresiones físicas entre trabajadores y las fuerzas de seguridad pública, arrojando como resultado no sólo un evidente malestar social sino también más de una decena de trabajadores detenidos.

Sobre esa liza, más de un millón de personas impedidas de utilizar el medio de transporte que por excelencia es, o debiera ser, el más eficaz para poder trasladarse en la Ciudad que nos reúne (cifra estimada de usuarios conforme http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/el-subte-alcanzo-un-record-historico-de-pasajeros). Ya sea para asistir a los puestos de trabajo, acceder a un servicio de salud, visitar a un familiar, concurrir a espacios de esparcimiento, o para casi todo aquello que la imaginación nos permita proyectar.

Todo ello, reitero, respondería a la negativa del GCBA, así como de Metrovías SA y SBASE, en incluir a los Metrodelegados en la negociación paritaria.

Principalmente por tal razón, es que cabe tener por configurado el peligro en la demora,dado que ya no sólo en favor de las partes sino de toda la ciudadanía es que debe bregarse por una solución al conflicto de marras.

C) No frustración al interés público Es posible afirmar que no existe riesgo de afectación del interés público ya que no se advierte cuál sería la contradicción de tal, con una orden que tenga en miras la tutela del derecho a la vida y a la integridad física de de los usuarios en cuestión y al mismo tiempo los derechos laborales de los trabajadores referidos.

D) Contracautela Dada la naturaleza de los derechos comprometidos, considero que corresponde imponer la juratoria, la que se tiene por prestada conforme lo expuesto en el apartado 10.III de la demanda.

IV. Opiniones políticas mediáticas que circundan lo resuelto judicialmente.

No huelga señalar que en virtud de los acontecimientos sucedidos en las últimas semanas, se han volcado llamativas opiniones respecto a lo resuelto en las citadas sentencias que han distado de atinar a la realidad. Desde luego no se trata aquí de individualizar a quien pudo haber errado al expresarse, sino de despejar ciertas confusiones que nublan la realidad y confluyen en conclusiones, desde luego, desacertadas.

En efecto, puede advertirse que con enérgica convicción se ha afirmado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación o la Justicia -para referirse a cualquiera de sus instancias- han resuelto que no correspondía otorgarle personería gremial a los Metrodelegados por no ser éstos los más representativos de los trabajadores del sistema de transporte subterráneo y premetro. Bajo tal premisa han concluido que aquéllos no ostentan derecho alguno a participar de la negociación colectiva de trabajo, no obstante la indiferencia que implica a tal efecto poseer o no formalmente la personería gremial, conforme lo concluido ut supra.

Ello, hasta el punto de considerarlos un “gremio ilegal” por el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (cfme.http://www.ambito.com/922208-larreta-el-paro-esta-fuera-de-la-ley-porque-el-gremio-de-los-metrodelegados-es-i
egal del 23/05/2018).

En el mismo sentido, el Jefe de Gabinete de Ministros porteño, Felipe Miguel, ha entendido que “los Metrodelegados reclaman negociar paritarias y lo han hecho en la Justicia recorriendo las distintas instancias, y fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ni más ni menos, quien les falló en contra y les dijo que no pueden negociar paritarias; y cuando la Corte les dijo que no pueden negociar paritarias nos dijo también a nosotros que no podemos negociar paritarias con ellos ” (cfme. video en https://tn.com.ar/sociedad/el-gobiemo-porteno-sobre-el-confHcto-con-metrodelegados-no-vamos-permitir-que-tome
-los-pasajeros870609).

Por su lado, el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, Franco Moccia, expresó que “con respecto a la pregunta de quién tiene la representación para negociar la paritaria en el subterráneo ya no es interpretativo, sino que lo decidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la Corte decidió que eso está a cargo de la UTA” (cfme. audio en https://www.cadena3.com/noticias/notas-reportajes/moccia-dijo-que-paro-fue-contra-los-usuarios-del-subte_l158
0).

Totalmente alejado de la realidad. De la simple lectura de lo resuelto en sede judicial, se desprende que lo afirmado por los funcionarios políticos resulta, al menos, desatinado. Ello pues, en ninguna oportunidad la jurisdicción ha valorado el fondo del asunto que campea todo el conflicto: si los Metro delegados resultan realmente representativos de la gran mayoría de los trabajadores del transporte subterráneo y premetro, tal como invocan. Cierto es que se ha declarado la nulidad de la resolución administrativa que le confería a tal asociación sindical la personería gremial, mas no por una falta de representatividad, sino por adolecer el trámite administrativo de un paso procedimental.

Menos aún la Corte, que de ningún modo ha afirmado que los Metro delegados carecen de facultades para intervenir en una negociación salarial.Pero no lo hizo por preferir ser dueña de su silencio, sino porque simplemente su intervención aún se encontraba vedada por no configurarse una decisión definitiva.

Es por ello, que en el marco de esta decisión cautelar se ordenará a las autoridades del GCBA que se abstengan de efectuar declaraciones públicas que no se condigan con la verdad, en desmedro de las facultades que pueden ejercer los Metrodelegados.

V. Medidas sancionatorias llevadas a cabo contra los trabajadores.

Respecto a este punto, simplemente ha de destacarse que con motivo de las medidas de fuerza llevadas a cabo por los trabajadores en cuestión, se han tomado diversas medidas administrativas tales como suspensiones o bien se ha dado inicio a la tramitación necesaria a fin de despedirlos de sus puestos de labor.

Ahora bien, en virtud de cómo se resuelve la presente, se ordenará a las demandadas, cada una en el marco de sus competencias, dejar sin efecto todo tipo de sanción administrativa y/o pecuniaria en cabeza de los trabajadores que tenga origen en los motivos aludidos, así como también que se abstengan de reiterarlo en el futuro, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.

VI. Comunicación a la Organización Internacional del Trabajo.

En virtud de lo requerido y dado que no median impedimentos para acceder a ello, corresponderá poner en conocimiento de lo aquí resuelto a la OIT.

VII. Obligaciones a cargo de las partes.

Bajo los términos expuestos, se pondrá a cargo del GCBA la convocatoria a una mesa de negociación paritaria en el plazo que se estipulará, en la cual deberán, cada uno en el marco de sus competencias, sus funcionarios, SBASE, Metrovías SA, la UTA y la AGTSYP.

En ese marco no debe olvidarse la obligación de negociar de buena fe que pesa sobre todas las partes involucradas.Al respecto se ha dicho que negociar de buena fe en el marco implica “concurrir a las reuniones acordadas o fijadas por la autoridad de aplicación [.] designar negociadores con mandato suficiente [.] intercambiar la información necesaria a los fines del examen de las cuestiones en debate, para entablar una discusión fundada y obtener un acuerdo. Dicho intercambio deberá obligatoriamente incluir la información relativa a la distribución de los beneficios de la productividad, la situación actual del empleo las previsiones sobre el futuro y su evolución [.] realizar esfuerzos conducentes a lograr acuerdos”.

Con tal concepto in mente que, por su lado, se ordenará a la AGTSYP cesar en toda medida de fuerza ínterin dure la negociación que aquí se ordenará.

Es que el poder judicial debe ponderar con razonabilidad y responsabilidad los extremos traídos a consideración y por sobre todas las cosas debe priorizar el bien común y la paz social. En el caso que me ocupa, la virtual escalada simétrica que se verifica entre las partes y la posibilidad de que en el día de mañana se concrete un cese de actividades y el reemplazo de los trabajadores del subterráneo por personal inidòneo o carente de suficiente formación, con el consiguiente peligro para los usuarios del servicio, amerita una rápida y contundente decisión. Para poder encausar institucionalmente el conflicto, ambas partes deberán ceder en sus posiciones conforme la orden que emanará del tribunal.Hubiese sido ideal que esa cesión se concretara sin necesidad de un imperativo judicial, pero habida cuenta de los datos empíricos, no cabe otra posibilidad que aplicar un conjunto de disposiciones a esos fines específicos.

Ha dicho el Papa Francisco en Laudato Si (157) que “el bien común presupone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo integral “, el bien común requiere la paz social, es decir la estabilidad y seguridad de un cierto orden que no se produce sin una atención particular a la justicia distributiva, cuya violación siempre genera violencia, para rematar diciendo que “toda la sociedad -y de manera especial el Estado- tiene la obligación de defender y promover el bien común”.

No deja de sorprender el tiempo que ha demandado el reconocimiento de la entidad gremial y también que luego de regularizada su situación, un vicio administrativo haya dado por tierra con el logro. Sorprende aún más la dimensión temporal que se verifica ahora para cuantificar los afiliados y definir el asunto. Prima facie, todo indicaría que han existido otros motivos, por cierto insondables en esta instancia liminar, que han impedido regularizar a la entidad gremial conforme lo indican las leyes, la constitución y los tratados internacionales.

Además una obviedad pareciera haber sido ignorada: la capacidad gremial de paralizar y/o afectar el servicio sería patrimonio indiscutido de la actora y eso hablaría por sí mismo acerca de su dimensión cuantitativa y cualitativa. No ha servido en la historia sindical internacional comparada ningún intento por negar reglamentaria o legalmente la realidad, ya que como enseña también el Papa Francisco, la realidad es superior a la idea y ésta no puede con aquélla.Sería deseable que las autoridades laborales locales, asuman y operen la realidad, privilegiando el bien común y aceptando la diversidad ideológica y política de los trabajadores con gestos de grandeza y tolerancia, que son los que la sociedad reclama en momentos de zozobra y de angustia económica y moral.

VIII. Por lo hasta aquí expuesto, en el marco de lo que establecen los artículos 15 de la ley 2.145; 177, 184 y subsiguientes del CCAyT; 14, 43 y cc. de la CCABA; art. 14 bis y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y normativa concordante y vigente, RESUELVO:

1. DISPONER LA HABILITACION DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES en los presentes actuados, a efectos de resolver la medida cautelar peticionada con carácter de urgente.

2. ORDENAR AL GCBA QUE CONVOQUE A UNA MESA NEGOCIADORA A SUS FUNCIONARIOS, a SBASE, a METRO VÍAS SA, a LA UTA Y a LA AGTSYP, la cual deberá extenderse por un plazo de sesenta (60) días corridos desde notificada la presente, con el fin de convenir las paritarias salariales correspondientes al año en curso a aplicar a los trabajadores del servicio de subterráneos y premetro de la Ciudad de Buenos Aires.

3. ORDENAR a la AGTSYP QUE DEBERÁ ABSTENERSE A PARTIR DE NOTIFICADA DE LA PRESENTE, DE ADOPTAR, POR EL MISMO PLAZO, CUALQUIER MEDIDA DE FUERZA que en forma directa o indirecta tuviera relación con la temática de autos.

4. ORDENAR AL GCBA, METROVÍAS SA Y SBASE ABSTENERSE DE INCORPORAR Y/O PONER EN FUNCIONES OPERATIVAS A PERSONAL EXTERNO, O INTERNO NO CALIFICADO, para tareas de conducción o guarda de formaciones.

5. ORDENAR AL GCBA, METROVIAS SA Y SBASE, en lo que competa a cada una:a) DEJAR SIN EFECTO todas las sanciones administrativas, disciplinarias y/o pecuniarias impuestas a los trabajadores del servicio de subterráneos y premetro, que hayan sido motivadas por el accionar de aquéllos en las medidas de fuerza sindicales llevadas a cabo en el año en curso; ello hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estos autos; b) ABTENERSE EN IMPONER NUEVAS SANCIONES administrativas, disciplinarias y/o pecuniarias en cabeza de los trabajadores del subterráneo y premetro con motivo de la temática de autos.

6. ORDENAR A LOS FUNCIONARIOS DEL GCBA que SE ABSTENGAN DE EFECTUAR DECLARACIONES PÚBLICAS QUE TERGIVERSEN LOS CONTENIDOS DE NORMAS O FALLOS en relación al conflicto con la AGTSYP.

7. Librar oficio, con habilitación de días y horas inhábiles, a la Organización Internacional del Trabajo a fin de poner en su conocimiento lo aquí decidido, a cuyo efecto adjúntesele copia.

8. Dada la trascendencia de lo aquí decidido, póngase en conocimiento de lo resuelto al Departamento de Información Judicial del CMCABA, a cuyo efecto remítasele por Secretaría correo electrónico.

9. Tener por prestada la caución juratoría ofrecida por la AGTSYP.

Regístrese en el Libro de Sentencias Interlocutorias del Juzgado así como en el Libro de Novedades Turnos CAyT y notifíquese a la AGTSYP, al GCBA, a SBASE y a METROVÍAS SA, mediante sendos oficios con carácter urgente y con habilitación de días y horas inhábiles, con copia íntegra de la presente resolución.

A tal efecto desígnese como oficiales notificadores ad hoc al Secretario Juan Manuel Nuflez (DNI n° 33.698.635) y/o a la Prosecretaría Coadyuvante Lorena Iglesias (DNI n° 25.670.455) y/o al al Prosecretario Administrativo Adrián Díaz (DNI n° 31.289.010).

Fecho, a primera hora hábil remítanse las presentes actuaciones a la Secretaría General del fuero a los fines de proceder a la asignación del Juzgado que continuará con su sutanciación.

III. Ordenar correr traslado de la demanda al GCBA, a Metrovías SA y a SBASE, por el plazo de (10) diez días (conforme artículo 11 de la ley n° 2.145).

Notifíquese con copia de la demanda y documentación adjunta, conjuntamente con la medida cautelar.

ROBERTO ANDRÉS GALLARDO

JUEZ

JUAN MANUEL NÚÑEZ

SECRETARIO INTERINO