Debe mantenerse, el monto de la cuota de medicina prepaga a una afiliada discapacitada, que había aumentado en razón de su edad

Partes: A. A. R. c/ Swiss Medical Sociedad Anónima s/ amparo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 18-dic-2017

Cita: MJ-JU-M-108727-AR | MJJ108727 | MJJ108727

Se ordena a una empresa de medicina prepaga, en carácter de medida cautelar, a mantener el monto de la cuota de una afiliada discapacitada que la había visto aumentada en razón de su edad.

Sumario:

1.-Corresponde acoger la medida cautelar que peticiona la actora discapacitada consistente en mantener la cuota en los mismos términos y condiciones que tenía al mes de Febrero de 2016 sin adicionales por edad ni enfermedades preexistentes y respetando su antigüedad como asociada, por cuanto se trata de proteger las garantías constitucionales prevalecientes, como la salud, vinculada estrecha y directamente con el derecho primordial a la vida, sin el cual todos los demás carecen de virtualidad y eficacia.

Fallo:

Buenos Aires, Diciembre 28 de 2017

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO:

Las presentes actuaciones se remiten a este Tribunal para conocer acerca del recurso de apelación interpuesto a fs. 12 vta. ap. III por la demandada Swiss Medical S.A. contra la resolución de fs. 7, concedido a fs. 14. Presenta memorial a fs. 30/35 que fue contestato por la actora a fs. 37/39.- El decisorio apelado ordena que la empresa Swiss Medical S.A. mientras se sustancie el proceso de amparo iniciado por la Sra. A., -expte 2496/2017- retrotraiga la cuota respecto de la actora – afiliada A. R. A.- a los valores del mes de marzo de 2016, haciendo saber a la demandada que de considerar que a la peticionaria le correspondería abonar otra suma diferente, presente en el plazo de cinco días la documentación respaldatoria que así lo acredite con la pertinente liquidación a lo fines de rever eventualmente lo dispuesto.- Cabe señalar que el derecho a la salud, si bien no se encuentra expresamente mencionado en nuestra Constitución Nacional, se interpreta incluido en el art. 42 que brinda protección al derecho de consumidores y usuarios.(conf. esta Sala “in re”: “Hill Fedrico Alejandro y otros c/CEMIC Centro de Educación Médica e Investigaciones y otro s/amparo”; expte n° 18.964/2007 caratulado “Montagano Marcela y otros c/Swiss Medical S.A. s/art. 250 C.P.C. – Incidente Civil”, del 31/5/2007) En efecto, la defensa del consumidor se abre en dos campos: el de los derechos patrimoniales -la seguridad de no sufrir daño; los intereses económicos; la libertad de elección; el trato equitativo y digno; la mayor protección cuando en la relación de consumo se constituya en la parte más débil – y el de los derechos personales, plasmado en la protección de la salud y la seguridad de no sufrir menoscabo en aquella o en la vida. (Conf. esta Sala en Expte n° 5010/2007 – “Amandola José María c/Swiss Medical S.A. s/art.250 C.P.C- Incidente Civil”, del 12/06/2007, entre otros) Tampoco puede soslayarse que nuestra Constitución se refiere en su art. 41 al derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, el inc. 19 del art. 75 se refiere a políticas conducentes al desarrollo humano y el inc. 23 a medidas que garanticen la igualdad de trato y pleno goce de ejercicio de los derechos reconocidos, en especial respecto de aquellas personas que padecen alguna discapacidad.

Sentado lo expuesto, y más allá de lo que en definitiva resulte de la decisión del principal, la vía elegida resulta conducente para el planteo cautelar efectuado, En la especie, la amparista invoca a fs. 1/6 ser afiliada a Swiss Medical S.A. desde hace 23 años. Acredita tener al mes de Septiembre de 2017, 62 años de edad. Refiere que tiene certificado de discapacidad por padecer “Anormalidades de la marcha y de la movilidad . Artritis rematoide, no especificada”. Indica que la cuota que abona a la prestadora Swiss Medical S.A se incrementó desde el mes de Febrero de 2016 a Marzo de 2016 en un 41,78 %, lo que considera abusivo “no sólo por implicar un aumento no permitido y repudiado por nuestro ordenamiento sin también por representar un aumento privativo, que pone en serio riesgo el acceso a la salud de una paciente discapacitada, que requiere imperiosamente de la cobertura médica de su Prepaga para no discontinuar el estricto y costoso tratamiento que le permite llevar una vida digna tras los intensos padeceres que le genera su enfermedad” (SIC pág. 1 vta., 1er párrafo).

Refiere que el incremento de la cuota fue efectuado en razón del aumento de su edad. Ante esa situación inició un reclamo administrativo ante la Superintendencia de Servicios de Salud, que dio formación al expediente n° 1|8951/2016. Especifica que, mediante la Disposición 2549/16, la Superintendencia de Servicios de Salud, en el carácter de Autoridad de Aplicación le dio la razón y dispuso que Swiss Medical S.A.se abstuviese de aplicar aumentos en razón de la edad y no autorizados, que la demandada incumplió.- Indica que la medida cautelar que peticiona consistente en mantener la cuota en los mismos términos y condiciones que tenía al mes de Febrero de 2016, sin adicionales por edad ni enfermedades preexistentes y respetando su antigüedad como asociada, tiene por objeto proteger el derecho a la salud y a su vida durante el procedimiento judicial del amparo, garantizándole la cobertura médica necesaria.- Las medidas cautelares no constituyen un fin en sí mismas sino que están ineludiblemente vinculadas con el reconocimiento de un derecho ulterior, cuyo resultado práctico aseguran preventivamente.

Esto es, nacen al servio de una providencia definitiva con el oficio de preparar el terreno y de aprontar los medios más aptos para su éxito, constituyendo instrumentos jurisdiccionales tendientes a asegurar el resultado práctico de un proceso (Conf. Morello, “Códigos.”, Ed. 1971, t. III, pág. 60, parágrafo C).- Puede afirmarse en consonancia, que la medida innovativa es una decisión excepcional dentro del género cautelar porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado y ya que se configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa mas no implica prejuzgamiento (C.S.J.N., Fallos: 316:1833 ; 320:1633 ; 329:2532 , entre muchos otros).- Es oportuno reconocer que la esencia de tales medidas excepcionales es enfocar sus proyecciones sobre el fondo mismo de la controversia -en tanto dure el litigio- ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha indicado que para que sean receptadas deben estar enderezadas a evitar la producción de situaciones que podrán tornarse de muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva (Fallos 320:1633; 327:5111 ).- El derecho a la salud, desde el punto de vista normativo, está reconocido en los Tratados internacionales con rango constitucional (art. 75 inc. 22) entre ellos:el art. 12 inc. a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, inc. 1 art. 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica- art. 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (C.S.J.N., Fallos: 323:1339 ; 326:4931 ).- Conviene recordar también que la prestación del servicio de salud está comprendida en el concepto de relación de consumo protegida por el art. 1 y 2 de la ley 24240 y el afrt. 42 de nuestra Constitución Nacional, otorgándosele así la máxima jerarquía de rango normativo.- Sentadas las pautas que corresponden a los pedidos precautorios, la interpretación de tales premisas conceptuales no debe desatender la particular actividad que desarrollan las organizadoras del sistema médico, el cual excede el marco puramente negocial, adquiriendo matices sociales y fuertemente humanitarios que lo impregnan (Conf. Gregorini Clusellas, “Los servicios de medicina prepaga. La extensión contractual y legal de la cobertura”, LL 2005-A, pág. 335).- Obsérvese que se trata de proteger las garantías constitucionales prevalecientes, como la salud, vinculada estrecha y directamente con el derecho primordial a la vida, sin el cual todos los demás carecen de virtualidad y eficacia.- De modo que, en tanto la actividad que asumen tiende a proteger las garantías constitucionales a la vida, salud, seguridad e integridad de las personas, los entes de medicina prepaga adquieren un relevante compromiso social con sus usuarios que debe trascender las cuestiones mercantiles derivadas de su constitución como empresas y su afán de lucro (doctrina de Fallos 330:3725; Fallos 328:4747 , disidencia de los jueces Fayt y Maqueda; CNCom., Sala F, en autos:”Ferrari Daniel Aníbal c/Swiss Medical S.A. s/Sumarísimo – Incidente de apelación” , del 1/08/2017 cita en http://www.microjuris.com.ar, cita Online:MJ-JU-M-105943-AR/MJJ105943).- Desde esta especial concepción, las empresas prestadoras de servicios de salud, son una suerte de colaboradores del estado en una de sus funciones primordiales: la prestación del servicio de salud y por ello, es deber de los jueces hacer operativa la garantía de protección de la salud humana, aún ante la ausencia de reglamentación (conf. art. 31 CN, art. 21, Ley 48 y doctrina de la Corte Suprema de Justicia desde el caso “Siri”, del 20/04/2008).- Analizadas minuciosamente las constancias obrantes en autos y a través del Sistema Lex 100 en http://www.pjn.gov.ar, las que surgen del expediente principal n° 2496/2017 caratulado: “A. A. R. c/Swiss Medical S.A s/Amparo”, considerando la documentación arrimada -a la que hace mención el Sr. Juez “a quo” a fs. 7/7 vta., que no fue controvertida, entendemos que se encuentran acreditados los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, exigidos por el art. 195 conc. y corr. del Código Procesal como presupuestos necesarios e indispensables para la traba de una medida cautelar.- Es que en los casos en donde se encuentra comprometida la integridad psicofísica de una persona, el criterio de apreciación de la protección preventiva debe ser amplio, ya que se encuentra en juego el desarrollo armonioso de uno de los bienes más apreciables de la persona, sin el cual los restantes carecen de posibilidad de concreción (CSJN, Fallos 302:1284; 321:1684 ; 323:3229 ).

En cuanto al peligro en la demora, en los casos en que se cuestionan decisiones relacionadas con la salud de las personas, resulta suficiente para tenerlo por acreditado, la incertidumbre y la preocupación que ellas generan.Esta solución es la que mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende, que compromete la salud e integridad física de las personas, reconocidos por los pactos internacionales de jerarquía constitucional (CNCom., Sala B, “in re”: “Beriche tto Carlos Horacio y otro c/Swiss Medical S.A. y otro s/Sumarísimo” , del 8/08/2017).-

Finalmente, no tratándose el de autos de uno de los supuestos excepcionales previstos por el art. 200 del Código Procesal, la contracautela debe estimarse en función de la verosimilitud del derecho, las circunstancias del caso y los elementos del juicio actualmente disponibles.

En el “sub lite”, se aprecia que la caución juratoria -prevista por el art. 199 del CPCC- dispuesta por el Juez de Primera Instancia a fs. 7/7 vta. observa tales parámetros, ya que una contracautela real -como la que pretende la apelante- sería contradictoria con la finalidad que se procura mediante el dictado de una cautelar como la que nos ocupa.

Por todo lo expuesto, ponderando los elementos de convicción arrimados, con la precariedad propia de este ceñido marco cognitivo (conf,. art. 202 del Código Procesal), y su mutablilidad (art. 203 del Código Citado), encontrándose en juego la tutela preferencial que cabe dispensar a la salud de las personas durante el trámite que demande la acción de amparo y hasta tanto se adopte una decisión definitiva sin que implique prejuzgamiento sobre la cuestión de fondo, el Tribunal RESUELVE: Confirmar la resolución de fs. 7/7 vta. en todo cuanto decide y ha sido materia recursiva. Imponer las costas de esta Instancia, a la apelante vencida (conf. art. 68; 69 y 161 inc. 3 del Código Procesal).- Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Art. 4 de la Acordada n° 15/13 de la C.S.J.N. e Inc. 2 de la Acordada 24/13 de la C.S.J.N) y devuélvanse las actuaciones al Juzgado de trámite, sirviendo la presente de atenta nota de remisión.

Se deja constancia que la Vocalía n° 29 se encuentra vacante (conf. art. 109 del R.J.N.). –