La obra social debe cubrir la internación geriátrica de la causante dado que los cuidados que recibe se adecúan a sus necesidades

Partes: L. de B. I. M. s/ determinación de la capacidad

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

Fecha: 26-dic-2017

Cita: MJ-JU-M-108762-AR | MJJ108762 | MJJ108762

La obra social debe cubrir la internación geriátrica de la causante al estar acreditado que los cuidados que recibe se adecuan a sus necesidades.

Sumario:

1.-Debe ser confirmada la resolución mediante el cual se ordenó a una obra social brindar a la causante la cobertura geriátrica en el establecimiento en el cual se encuentra internada en tanto dicha residencia cubre sus necesidades, allí recibe atención médica y tiene actividades de esparcimiento y socialización, todo lo cual, resulta innegable, que hace a la asistencia de su salud y frente a una cuestión particularmente sensible que afecta a una persona en situación de vulnerabilidad, no basta con que la obra social se ampare en la no obligación que tiene de brindar la prestación de que se trata.

2.-La obra social no puede negar la cobertura de la internación geriátrica de la causante en el establecimiento en el cual se encuentra ya que el argumento relativo a la falta de gestión de la cobertura no alcanza para modificar la decisión apelada, máxime considerando que se encuentra por demás acreditada su condición de salud y la necesidad de que permanezca en la institución y el principio de oficiosidad que rige cuando se trata de amparar los derechos de personas cuya capacidad se encuentra restringida.

Fallo:

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017.- ADS fs. 1243

AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.- Vienen las presentes actuaciones a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 1211/19 por el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) -que tiene a su cargo las prestaciones médicas y sociales que antes eran atendidas por la ex DIBA-, contra el auto de fs. 1196, mediante el cual se ordenó a DIBA brindar a la Sra. L. de B. la cobertura geriátrica donde se encuentra alojada. Del fundamento que obra a fs. 1211/19 se corrió traslado, el que fue contestado por la Sra. Defensora de Menores de Cámara a fs. 1240/41.

II.- La Obra Social recurrente se agravia de dicha decisión, para lo cual aduce, entre otras cosas, que los familiares de la causante no gestionaron el procedimiento previsto para la internación geriátrica. Refiere que el traslado ordenado se practicó sin documentación que diera cuenta del estado de la afiliada, si ella es discapacitada, la prescripción de su médico tratante, su patología, si el lugar elegido es óptimo para atenderla, y sin la intervención de un equipo interdisciplinario. Dice que la prestación pretendida es en subsidio, pues no se encuentra contemplada en el PMO ni en el PMOE, ni en el ámbito de las leyes 22.431 y 24.901. Señala que la prestación pretendida es de tipo social, y que ellas merecen un tratamiento especial en función de la complementación de otras normas de orden público, y se extiende al respecto.

III.- Si bien la recurrente formula cuestionamientos relacionados con el diagnóstico, estado y necesidades de la causante, lo cierto es que en autos obran sendos informes al respecto, de los que merecen principal mención, por su cercanía temporal, los realizados desde el año 2011 -a fs. 1070/72 efectuado por la Dirección de Salud Mental de la propia Armada Argentina (15/11/2011), a fs.1135 y 1148 los informes sociales de actualización realizados por la trabajadora social legista del Ministerio Público de la Defensa (del 4/3/2013 y 2/2/2015), a fs. 1174/80 informe interdisciplinario que fuera remitido por la Dirección General de Salud Mental del Ministerio de Salud del GCBA (2/11/2016)-.

De ellos se desprende, entre otras cosas, que la Sra. L. presenta un diagnóstico de síndrome esquizofrénico, que el establecimiento geriátrico en el que reside “cubre sus necesidades, recibe atención médica, visitas y tiene actividades de esparcimiento y socialización” (fs. 1148 vta.), y que “debe continuar con asistencia psiquiátrica ambulatoria, se aconseja que continúe institucionalizada con asistencia psiquiátrica” (sic, fs. 1179). En consecuencia, los cuestionamientos formulados acerca del estado y necesidades de la Sra. L. y las dudas acerca de su permanencia en su actual residencia y su afirmación acerca de la falta de informes, carecen de sustento.

Asimismo, se ha de poner de relieve que se advierte respecto de las mencionadas piezas de fs. 1070/72, que ellas fueron remitidas por la Dirección de Bienestar de la Armada Argentina, que a fs. 1072 se alude que se agrega “informativo DIBA, A14, SBV No.

7338/11 de fecha 15 de noviembre de 2011, (fs. 1/2)” (sic), el que se agregó precedentemente a fs. 1070/71. En razón de ello, es claro que DIBA (actualmente IOSFA) se encontraba al tanto desde larga data de la situación de la Sra. L.

También. sostiene la recurrente que la prestación pretendida es de tipo social. Ahora bien, ello no se adecua a la concepción moderna de salud bajo cuya acepción se han desarrollado las legislaciones sobre la materia, nacionales e internacionales, estas últimas incorporadas con rango constitucional. Así, el término salud ya tiempo atrás definido por la OMS, importa un estado completo de bienestar físico, psíquico y social y no consiste únicamente en una ausencia de enfermedad o lesión orgánica (CNCivil, Sala M, “M., L. S. s/ART.250 C.P.C – Incidente de familia”, del 3/12/2015).

Además, se hace notar que, como ya se señaló, la residencia en la que permanece la causante cubre sus necesidades, recibe atención médica y tiene actividades de esparcimiento y socialización, todo lo cual, resulta innegable, que hace a la asistencia de su salud.

En consecuencia, la crítica relativa a que la prestación es de orden social, no se condice con las constancias de autos y es contraria a lo normado por ley 26.657, que fue receptada por el actualmente vigente Código Civil y Comercial de la Nación, y los estándares aplicados en materia de derecho a la salud por la Corte Suprema de conformidad con las Convenciones Internacionales sobre la materia, que recogen su carácter integral y dan especial tutela a toda persona en situación de vulnerabilidad en cuanto a su estado de salud y en concreto de su salud mental (Declaración Universal de Derechos Humanos; Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo facultativo aprobados por la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006, aprobados por ley 26.378; principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental, adoptados por la Asamblea General en su Resolución 46/119 del 17 de diciembre de 1991; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derecho Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1988, art.10; Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, adoptada en Guatemala el 6/7/99; entre otros instrumentos).

Por otra parte, es contradictorio lo expuesto por la apelante en cuanto a que la normativa respectiva no contempla la prestación requerida, y por otro lado señalar que los familiares no gestionaron “el procedimiento previsto para coberturas de internación geriátricas”, de lo cual resulta lógico concluir que la apelante tiene prevista dicha cobertura. Además, el argumento relativo a la falta de gestión de la cobertura no alcanza para modificar la decisión apelada, máxime considerando que, como se explicó, se encuentra por demás acreditada la condición de la Sra. L. y la necesidad de que permanezca en la institución en la que reside, y el principio de oficiosidad que rige cuando se trata de amparar los derechos de personas cuya capacidad se encuentra restringida.

La resistencia a cumplir con la cobertura geriátrica ordenada también pierde sustento pues, luego de agraviarse, la recurrente ofrece en subsidio el pago de un centro de día, y señala que encuentra en condiciones de otorgar a la afiliada un subsidio con carácter excepcional y extraordinario, hasta la suma total de entre $16.620,63 y 24.887,95 (ver fs. 1207 vta.), cuando de acuerdo a lo que surge de la rendición de cuentas presentada por el curador a fs. 1205 -que se encuentra aprobada a fs. 1222-, la suma abonada por la residencia geriátrica en julio de 2017 fue de $19.000.

De todas maneras, y con fundamento en el marco normativo y jurisprudencial antes indicado, tampoco resultan admisibles las críticas de la obra social relativas a que la prestación pretendida no se encuentra a su cargo, pues frente a una cuestión particularmente sensible que afecta a una persona en situación de vulnerabilidad, no basta con que la obra social se ampare en la no obligación que tiene de brindar la prestación de que se trata. (Cám., Civ. y Com. De Mar del Plata, Sala 2ª, “S., V.”, 5/8/2004, JA 2005-II- 361, La Ley Online, 35000530).

Por los motivos antes expuestos, los agravios elevados por la recurrente no tendrán favorable acogida.

Por ello el Tribunal RESUELVE: Confirmar el auto recurrido. Con costas a la vencida (art. 68 del Código Procesal).

Regístrese, notifíquese a las partes, a la apelante y a la Defensora de Menores e Incapaces de Cámara. Cumplido comuníquese al CIJ (Ac. 15/2013 y 24/2013 CSJN).

Oportunamente devuélvanse las actuaciones.