La relación entre el actor y la sociedad demandada no puede considerarse laboral si participaba en forma directa de los beneficios de la explotación

Partes: Nuñez Julio César c/ Amoc S.A. y otros s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VI

Fecha: 24-nov-2017

Cita: MJ-JU-M-108175-AR | MJJ108175 | MJJ108175

La relación entre el actor y la sociedad demandada no puede considerarse laboral si participaba en forma directa de los beneficios de la explotación.

Sumario:

1.-Es procedente concluir que entre el actor y la sociedad demandada no existió una relación de dependencia si de la prueba no se desprende en modo alguno que estuviera inserto en una organización y estructura empresaria ajena, sino que, por el contrario, su actividad tuvo caracteres de autonomía porque participaba en forma directa de los beneficios o pérdidas de la explotación, constantemente realizaba retiros de dinero en efectivo sin control de un superior -lo que demuestra que no existía ajenidad de los frutos de la explotación-, no cumplía horario y no recibía órdenes o instrucciones ni tenía que rendir cuentas de su gestión, no daba explicaciones, manejándose con total autonomía y libertad en la administración de la empresa, con una activa participación en la vida societaria.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

I- Contra la sentencia dictada en la anterior instancia, que rechazó la demanda incoada, recurre la parte actora, según el escrito de fs. 542/575, que mereció réplica a fs. 577/584.

A fs. 574 vta. la parte actora cuestiona la forma en que fueron impuestas las costas, y los honorarios regulados por elevados.

A fs. 537, la representación letrada de las codemandadas apela por reducidos los emolumentos que le fueran discernidos, haciendo lo propio la perito contadora a fs. 539

II- Cuestiona la parte la decisión de la Sra. Juez “a quo” de considerar inacreditada en autos la relación laboral invocada en el escrito inicial. Sostiene al respecto que no se valoraron adecuadamente las pruebas colectadas. Estimo que el planteo no resulta atendible.

Lo digo porque, a la vista de los términos en que se trabó la litis y del contenido de la prueba producida, no advierto reproches eficaces a la conclusión de la magistrada anterior acerca de la calificación del vínculo durante el período que interesa. Ello es así, pues advierto que la sentenciante de grado ha dado suficientes razones en desmedro de la postura del accionante sobre el punto, y lo cierto es que la argumentación puesta a consideración ante esta alzada no revierte el panorama adverso dado por aquellos fundamentos.

En efecto, a mi modo de ver, la ponderación de la prueba testifical que se llevó a cabo en el decisorio de grado ha sido correctamente realizada conforme los lineamientos impuestos por la sana crítica (cfr. arts. 90 de la L.O.y 386 y 456 del C.P.C.C.N.), y en términos que comparto.

Destaco en particular, que la lectura de las declaraciones de las testigos que la accionada trajo a declarar a la causa (Castaño a fs. 297 y Ferro a fs. 429), cuyas partes pertinentes fueron transcriptas en el fallo apelado, respalda la decisión allí adoptada, pues, analizadas íntegramente y en sana crítica (cfr. arts. 386 y 456 del C.P.C.C.N.), se observan suficientemente objetivas y verosímiles como para justificar la trascendencia probatoria que le fue asignada por la Sra. Juez “a quo” para considerar desvirtuada en la causa la presunción legal prevista en el artículo 23 de la L.C.T.

Como bien destacó la magistrada de grado anterior -en términos no contradichos eficazmente en el recurso que se analiza y que comparto (cfr. art. 116 de la L.O.)- de las referidas testificales no se desprende en modo alguno que el actor estuviera inserto en una organización y estructura empresaria que le era ajena, sino que, por el contrario, de las mismas surge que la actividad desarrollada por aquél tuvo caracteres de autonomía que impiden considerar que entre las partes medió un contrato de trabajo. En efecto, las referidas testigos son contestes en señalar que el Sr. Nuñez participaba en forma directa de los beneficios o pérdidas de la explotación; que constantemente realizaba retiros de dinero en efectivo sin control de un superior -lo que demuestra que no existía “ajenidad de los frutos” de la explotación- (“que el actor arreglaba los retiros con la contadora que estaba en tesorería en ese momento y arreglaba él el importe, que no le pedía a nadie lo que tenía que retirar”, ver fs. 297); que no cumplía horario alguno (“venía a la hora que quería y se iba a la hora que quería”, ver fs.297); y que no recibía órdenes o instrucciones, ni tenía que rendir cuentas de su gestión (“que el actor no reportaba a nadie, no daba explicaciones, que las pedía, que se comportaba como dueño, era dueño”, ver fs. 298), manejándose con total autonomía y libertad en la administración de las empresas, con una activa participación en la vida societaria (“que la testigo lo veía al actor ejerciendo su rol de empesario, de dueño (.) que cualquier decisión que se tomara había que preguntársela a él, qué se cobraba, qué se pagaba (.) arreglaba con clientes, cerraba contratos (.) se ocupaba y preocupaba por la rentabilidad de la empresa, ver fs. 297).

Repárese en que, de los dichos de las mencionadas deponentes no surge en modo alguno que el actor estuviera sujeto al poder de dirección y organización de las demandadas, recibiendo órdenes e instrucciones de trabajo, sino que sus descripciones son coincidentes en la autonomía y la libertad con la que se manejaba dentro de la empresa y en que, por el contrario, era él quien tomaba las decisiones con los empleados (“contrataba y despedía personal”, ver fs. 430), impartía las indicaciones de trabajo, pedía explicaciones y dirigía al personal (ver fs. 298 y fs.430), todo lo cual denota un cuadro que excluye la subordinación técnica, jurídica y económica, como así también el poder disciplinario, derivando en definitiva en la ausencia de la dependencia laboral en que se fundamentara la acción.

Tales declaraciones constituyen -en mi opinión- prueba idónea para acreditar los hechos que describen, por resultar verosímiles y convincentes, dar debida razón de sus dichos, y reflejar de manera directa el contexto fáctico en el que se desarrolló la prestación del actor y, por tanto, referir a sucesos que fueron percibidos en forma directa y personal por los deponentes, con indicación circunstanciada de tiempo, modo y lugar, sin que las impugnaciones recibidas y las apreciaciones con las que el apelante intenta desvalorizar sus testimonios logren conmover sus dichos (cfr. art. 90 de la L.O. y arts. 386 y 456 del C.P.C.C.N.).

Desde esta perspectiva estimo que los embates del apelante en orden a la ponderación de dicha prueba testifical, se revelan ineficaces e insuficientes en cuanto apuntan a quitar valor convictivo a tales declaraciones -y a justificar su descalificación-, frente a los elementos concordantes que surgen de éstas y que fueron puestos de manifiesto en la sentencia recurrida.En efecto, las apreciaciones que formula

en su escrito recursivo, no alcanzan para desvirtuar la valoración que efectuó la magistrada anterior, toda vez que los aspectos en los cuales habría -a criterio del apelante- falta de coincidencia en los testimonios referenciados, no revisten una gravedad tal que quite convicción a los aspectos sustanciales de los mismos.

Ello, por cuanto las declaraciones señaladas se complementan entre sí de tal modo que, unidas, llevan a tener por cierta la versión de los hechos dada en el responde, por cuanto existe -en mi criterio- concordancia en los aspectos fundamentales de sus testimonios versando las “contradicciones” -invocadas por el recurrente- sobre hechos secundarios que en nada cambian la suerte del litigio.

Es así que tales declaraciones revisten a mi modo de ver plena fuerza probatoria a fin de corroborar la versión de los hechos brindada por las accionadas, máxime teniendo en cuenta que sus dichos no aparecen controvertidos en autos, pues el accionante no aportó a la causa elementos probatorios idóneos a tal fin.

Por lo demás, de la lectura del escrito recursivo se advierte que el apelante omite poner en tela de juicio y rebatir mediante la crítica concreta y razonada que era requerible (cfr. art. 116 de la L.O.) los restantes restantes elementos probatorios que la sentenciante de grado tuvo en miras para sustentar su decisión. En efecto, en lo que particularmente interesa resaltar, no considero debidamente refutada la línea argumentativa de la sentencia anterior (ver, en concreto, argumentos de fs. 541) en cuanto señaló, que la parte actora reconoció a fs. 178 vta. las copias del contrato de locación de servicios profesionales acompañado por las demandadas, y a fs. 378/390 el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 24 adjuntó copias certificadas de tales piezas; que a fs. 403/405 obra informe de la AFIP, del que surge que el actor se encuentra registrado como monotributista, figurando vinculado como integrante de la sociedad (socio) Nuñez Fernández Aguirre Nigoul S.H.a partir del 26/06/2007, y como integrante de la sociedad (presidente y accionista) Syosset S.A. desde el 06/03/2013; que en sobre reservado en Secretaría obran copias certificadas de la causa penal nro. 25.391/11 -que tramita por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 26, en la cual declaró el Sr. Deswarte -Presidente de JB Inversora, Aplas S.A., Prala S.A. y Amoc S.A.-, quien afirmó que el actor aproximadamente en el año 2000 fue nombrado administrador general de todas las empresas y se le otorgaron poderes, y corrobora el relato de las demandadas y; que en dicha causa penal también declararon varios testigos (ver en este aspecto, fs. 533 del fallo de grado), quienes -en lo sustancial que interesa- ubicaron al actor como gerente general y administrador de todas las empresas, señalaron que tomaba todas las decisiones (financieras y administrativas), que era la autoridad máxima de la empresa y daba las órdenes en la empresa, que retiraba todos los viernes dinero de las oficinas y firmaba un recibo común, y aludieron a la participación accionaria del actor.

Tales segmentos del fallo recurrido no se advierten debidamente refutados en el recurso que se analiza (cfr. art. 116 de la L.O.), y no se desmerecen por las consideraciones vertidas por el apelante en su escrito recursivo, llegando en consecuencia incólumes a esta alzada.

En efecto, los elementos concretos ponderados por la magistrada de grado anterior para concluir en que en el caso existen indicios suficientes para desvirtuar la presunción legal prevista en el artículo 23 de la L.C.T., no han sido objeto de la crítica concreta y razonada exigida por la ya citada norma adjetiva (cfr. art.116 de la L.O.), sino que sólo se esboza un parecer discrepante y dogmático (que carece de la indicación de argumentos y elementos probato rios idóneos a los fines de rebatir tal conclusión), lo cual es -en definitiva- ineficaz para revertir y desmerecer lo decidido en origen en este aspecto.

En efecto, ante la existencia de elementos probatorios que permiten considerar que en el caso no existió subordinación jurídica, económica y técnica, se verifican circunstancias que obstaculizan la proyección de la premisa laboral contemplada en el art. 23 de la L.C.T. -que según su propio texto expreso carece de efecto absoluto-, y conducen a concluir, como lo hizo la magistrada de grado anterior, en que el actor no logró acreditar la relación laboral invocada en el escrito inicial y que, por ende, no medió entre las partes un contrato de trabajo en los términos de la L.C.T.

A partir de todo lo señalado, la argumentación recursiva se exhibe insuficiente para debilitar las conclusiones expuestas en la sentencia recurrida pues, en definitiva, en las condiciones en que el caso llega a la alzada no se encuentra debida y eficazmente rebatida la importancia de los elementos que la sentenciante tuvo en miras para sustentar su decisión, amén de que tampoco se esgrime elemento fáctico idóneo alguno a los fines de controvertir tales probanzas, limitándose el apelante a esbozar un parecer discrepante, cuyo único apoyo concreto es la alusión a antecedentes jurisprudenciales -dictados en el marco de otras actuaciones con otro contexto fáctico- que carecen de una aplicabilidad razonada en las específicas circunstancias de autos y, por ende, pierden anclaje concreto en el caso y relevancia como crítica del pronunciamiento, resultando las conclusiones que anteceden me eximen de analizar las restantes alegaciones que efectúan el recurrente en su escrito recursivo, de conformidad con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en punto a que no resulta necesario seguir a las partes en todas y cada una desus argumentaciones, bastando hacerse cargo de las que resulten conducentes para la decisión del litigio (doct. Fallos 272:225; 280:230; entre otros), y en tanto no las encuentro eficaces para rebatir lo resuelto en la anterior instancia.

Desde dicha perspectiva, teniendo en cuenta los términos en que se planteó y trabó la litis sobre este tema, y dada la señalada insuficiencia de la queja para lograr el objetivo pretendido, y sin que adquieran relevancia otras circunstancias que la apelante pretende enfatizar, no encuentro razones de suficiente envergadura ni motivos suficientes que justifiquen en el caso apartarse de lo decidido en la anterior instancia sobre el tópico, por lo que voto por confirmar el decisorio de grado en cuanto pudo considerarse objeto de agravio en los aspectos tratados.

III- Lo resuelto en el apartado anterior torna de tratamiento abstracto los planteos que procuran la condena al pago de las indemnizaciones establecidas por la ley 24.013 y por el artículo 80 de la L.C.T., y la entrega de los certificados de trabajo previstos en esta última norma, atento la inexistencia de un contrato de trabajo entre las partes.

IV- Asimismo, de conformidad con lo que he dejado resuelto en el apartado II, tampoco resulta atendible la pretendida aplicación al caso de la sanción por temeridad y malicia prevista en el artículo 275 de la L.O., con fundamento en que “se ha mantenido una relación laboral clandestina”.

V- En cambio, será receptado el cuestionamiento esgrimido por la parte actora en torno a la forma en que fueron impuestas las costas, toda vez que en atención a las particularidades del caso y las circunstancias de la causa, el demandante pudo válidamente considerarse asistido de mejor derecho para litigar, lo cual viabiliza el encuadre de la litis en las previsiones del art. 68 segunda parte del C.P.C.C.N.Dicha norma provee al sentenciante de un adecuado margen de flexibilidad en la apreciación del “hecho objetivo de la derrota” que, sólo como principio general, consagra el mentado artículo 68 del C.P.C.C.N., admitiendo por ello las excepciones como la del caso de autos.

En virtud de lo expuesto, considero que resulta equitativo para el caso imponer las costas de la anterior instancia en el orden causado y las comunes por mitades (cfr. art. 68, segunda parte del C.P.C.C.N.), por lo que sugiero modificar la sentencia de grado en este sentido.

VI- En cuanto a la regulación de honorarios, en atención al mérito, calidad y extensión de las labores desarrolladas en la anterior instancia, evaluadas en el marco del valor económico en juego y de conformidad con los parámetros arancelarios previstos en los arts. 6, 7 y concs. de la ley 21.839 -modificada por ley 24.432-, 3 y concs. del dec. ley 16.638/57, y lo dispuesto en el art. 38 de la L.O., estimo que los emolumentos discernidos a todos los profesionales intervinientes en autos resultan adecuados, por lo que propongo su confirmación.

VII- Por análogos fundamentos que los expuestos precedentemente, sugiero imponer las costas originadas en esta sede en el orden causado (cfr. art. 68, segunda parte del C.P.C.C.N.) y, a tal fin, regular los honorarios de la representación letrada de cada parte, por sus actuaciones ante esta alzada, en el 25%, para cada una de ellas, de lo que, en definitiva, les corresponda percibir por sus trabajos en la instancia anterior (art. 14, ley 21.839).

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

Que adhiero al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente la sentencia dictada en la anterior instancia, e imponer las costas en el orden causado y las comunes por mitades; 2) Confirmar la sentencia de grado en todo lo demás que decide y ha sido materia de apelación y agravios; 3) Regular los honorarios de la representación letrada de cada parte, por sus actuaciones ante esta alzada, en el 25%, para cada una de ellas, de lo que, en definitiva, les corresponda percibir por sus trabajos en la instancia anterior.

Oportunamente cúmplase con lo dispuesto en el art. 1o de la Ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN No 15/2013.

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

Graciela L. Craig

Luis Anibal Raffaghelli

Fabiana Silvia Rodriguez – Secretaria De Camara