La calificación de un chofer como negligente, irresponsable y vil, efectuada por el empleador al despedirlo, no justifica indemnizar daño moral alguno pues queda cubierta por la indemnización por despido

Partes: C. A. G. c/ La Nueva Metropol SATACI s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VIII

Fecha: 10-jul-2017

Cita: MJ-JU-M-107276-AR | MJJ107276 | MJJ107276

La calificación de un chofer como negligente, irresponsable y vil, efectuada por el empleador al despedirlo con motivo del accidente de tránsito que protagonizó, no justifica indemnizar daño moral alguno pues queda cubierta por la indemnización por despido.

Sumario:

1.-Corresponde desestimar el daño moral reclamado por el trabajador que afirma haber sido calificado como negligente, irresponsable y vil por haber arrollado a una persona mientras desempeñaba sus tareas de chofer de ómnibus, puesto que, dentro del marco indemnizatorio previsto en el art. 245 LCT., se consideran subsumidas también, las usuales injurias emergidas de los términos del distracto, las cuales en el caso no exceden el maltrato previsto en la norma.

2.-Si el perito médico especialista vinculó de modo lineal y directo el daño psiquiátrico con un episodio traumático sufrido por el actor, sin referencia alguna a los términos en que fue suspendido y posteriormente despedido, no corresponde el resarcimiento por dicho rubro.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de julio de 2017, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa

del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR VICTOR A. PESINO DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia que admitió, en lo principal que decide, las pretensiones indemnizatorias y salariales reclamadas en el escrito de inicio, fue apelada por ambas partes.

A fs. 287/297 se presenta la actora reclamando el pago de horas extras, la multa del artículo 2º de la ley 25323, la integración al salario de diversos rubros remuneratorios y una reparación monetaria por daño moral y psicológico.

A fs. 298/300 la demandada se alza contra la decisión que estimó injustificado el despido resuelto por su parte.

Las regulaciones de honorarios también fueron apeladas por todos los litigantes.

II.- El recurso de la accionada, vinculado con la procedencia de las indemnizaciones derivadas del despido incausado, debe ser tratado en primer término.

La queja se centra en que se ha establecido la inexistencia de antecedentes sin considerar el testimonio de F. y S., corroborado por la documental acompañada en el responde, quienes expresamente imputaron al actor haber ingresado a un predio en contramano, adelantarse en los horarios y romper un portón.

Suma a lo expuesto, una conclusión sobre el modo en que el actor cumplía sus tareas de chofer, que califica como negligente y respalda en los hechos narrados en los escritos constitutivos del proceso, sin precisarlos.

Ahora bien, no constituye un hecho controvertido, que la relación se extinguió por despido directo, fundado en la “grave negligencia cometida por el actor, el día 20/09/11 a las 21,15 hs. cuando se encontraba a cargo de la unidad 18 y al girar en J.y Z., arrolló a una niña de 13 años produciéndole graves lesiones que le provocaron la muerte.”

Se desprende de los términos expuestos, que no hubo referencia a los antecedentes del actor, ni a los hechos ulteriores al evento, vinculados a la ausencia de comunicación a la empresa de lo acontecido.

De allí que, con ajuste a lo previsto en el artículo 243 L.C.T., las novedosas consideraciones planteadas en el recurso, en orden al comportamiento previo y posterior al accidente, no son hábiles para establecer la calificación del despido, conforme lo dispuesto en el artículo 242 L.C.T.

Y, en la medida en que no hay crítica vertida sobre la insuficiencia de la motivación que sustentó la medida rescisoria, así como los hechos que permitirían considerar negligente la conducta del actor, ni sobre la decisión que juzgó incumplida la exigencia del artículo 243 L.C.T., la impugnación carece de efectos recursivos, por lo que aquélla será mantenida y confirmada.

III.- A su turno el actor criticó la desestimación del pago de horas trabajadas en exceso de la jornada legal.Lo hizo sin rebatir las afirmaciones contenidas en la sentencia y destacando testimonios que sólo afirman que todas ellas fueron abonadas, aunque sin el debido registro legal.

La exposición revela una discordancia entre la petición, consistente en el pago de las horas precisadas y la prueba e incluso sus propios dichos, que afirman que aquéllas se abonaban periódicamente.

En esos términos, el rechazo de la pretensión se impone.

IV.- Igualmente desestimado será el agravio interpuesto en segundo lugar.

Explicó el Señor Juez de grado, que se ha incumplido uno de los requisitos de la procedencia de la sanción punitiva -intimación fehaciente-, afirmación que llega incólume a esta instancia, donde sólo se han citado circunstancias ajenas e indiferentes a la exigencia contenida en el artículo 2º de la Ley 25323.

V.- Contra la declarada improcedencia de los rubros “aumento retroactivo Acta Acuerdo”, “francos trabajados” y “descuento asistencia febrero 2012”, rechazados por la insuficiente exposición de los hechos que los fundan, se interpone una defectuosa apelación.

La razón de la desestimación no ha sido cuestionada, por el contrario ha sido soslayada, procediéndose a la narración de situaciones extrañas a la conclusión judicial y de carácter extemporáneo, que determinan la deserción del agravio (art.116 L.O.).

VI.- La misma técnica dispersiva se ha presentado contra el desfavorable resultado obtenido en relación con la aplicación de la multa del artículo 80 L.C.T.

Concretamente se ha indicado que su rechazo se vincula con el incumplimiento de los requisitos legalmente previstos, por lo que ninguna diferencia genera el contenido de los certificados, su fecha de confección y mucho menos las adivinanzas sobre la postura que hubiera tomado la demandada frente a la intimación expresa y oportuna.

En definitiva, resulta sellada así la suerte adversa de la pretensión.

VI.- El daño psiquiátrico, constatado por el perito médico especialista, fue vinculado de modo lineal y directo con el episodio traumático sufrido por el actor, sin referencia alguna a los términos en que fue suspendido y posteriormente despedido (ver fs. 199).

De tal modo, la adjudicación del daño a la parte empleadora, carece de plataforma fáctica y consecuentemente será desestimado.

El daño moral reclamado transita la misma senda. Se pretende responsabilizar a quién despidió al actor, convencida de la imposibilidad de continuar utilizando sus servicios tras las terribles consecuencias del suceso que protagonizó, por la afección moral padecida que, como el propio apelante reconoce, guarda estricta relación con el accidente que “marcó su vida para siempre”.

Por lo demás, dentro del marco indemnizatorio previsto en el artículo 245 L.C.T., se consideran subsumidas también, las usuales injurias emergidas de los términos del distracto. En el caso, la mera calificación como negligente, irresponsable y vil endilgada a la conducta del actor, no excede el maltrato previsto en la norma, por lo que no corresponde admitir una reparación accesoria.

VII.- Sobre el valor de la base remuneratoria que se reclama ($ 9.667,24.- correspondiente a octubre de 2011) cabe señalar que incluye una suma igual a $ 2.994,48.- que no reviste carácter normal, mensual y habitual tal como surge de una simple revisión de la planilla de fs.167.

Incluso la explicación de la propia quejosa contradice sus aspiraciones pues, si como ella dice, ese valor corresponde a ajustes realizados y correspondientes a ese mes y/o a otros, mal puede reclamarse su inclusión integral en la base salarial.

Sin embargo, la mejor remuneración normal, habitual y mensual percibida durante el último año fue la de abril de 2011, que alcanzó a $ 6.727,10.-, compuesta por Sueldo básico ($ 4.531,48.-); Antigüedad ($ 867,80.-); Premio Asistencia ($ 1.156,96.-); Boletera ($ 96,37.-) y Horas Extras, cuyo pago fue habitual normal y mensual hasta la fecha del accidente ($ 74,49.-) (ver recibo obrante en sobre de fs. 2).

Lo resuelto obliga a practicar una nueva liquidación, cuyo total es de $ 98.154,22.- que se integra del siguiente modo:

Indemnización por despido 73.998,10

Indemnización sustitutiva del preaviso 13.454,20

S.A.C. Sobre rubro anterior 1.121,18

Integración del mes de despido 5.208,08

S.A.C. Sobre rubro anterior 434,01

Sueldo Mes de Marzo de 2012 1.519,02

Vacaciones proporcionales 2012 1.035,97

S.A.C. Sobre rubro anterior 148,82

S.A.C. Proporcional 2012 1.234,84

Total 98.154,22

VIII.- En virtud de lo dispuesto por el artículo 279 CPCCN correspondería dejar sin efecto lo resuelto en grado sobres costas y honorarios.

IX.- Por las razones expuestas, propongo en este voto:se confirme la sentencia apelada en cuanto pronuncia condena contra La Nueva Metropol Sociedad Anónima de Transporte Automotor Comercial e Industrial y elevar su capital nominal a $ 98.154,22.- que llevará los intereses dispuestos en grado; se deje sin efecto lo resuelto sobre costas y honorarios; se impongan las costas del proceso a cargo de la parte demandada vencida en lo sustancial de la contienda, más allá de una cuestión meramente aritmética; se regulen los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada, por su total actuación y de los peritos contador y médico en el 20%, 18%, 6% y 6% , respectivamente, de la suma de capital e intereses (art. 68 CPCCN; arts. 6º, 7º, 14 y 18 Ley 21839; art. 3º DL 16638/57).

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

Que por compartir los fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto pronuncia condena contra La Nueva Metropol Sociedad Anónima de Transporte Automotor Comercial e Industrial y elevar su capital nominal a $ 98.154,22.- que llevará los intereses dispuestos en grado;

2) Dejar sin efecto lo resuelto sobre costas y honorarios;

3) Imponer las costas del proceso a cargo de la parte demandada;

4) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada, por su total actuación y de los peritos contador y médico en el 20%, 18%, 6% y 6% , respectivamente, de la suma de capital e intereses;

Regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º de la Acordada C,S,J.N. 15/13 del 21/05/13 y oportunamente devuélvase.-

VICTOR A. PESINO LUIS ALBERTO CATARDO

JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA

Ante mi:

SANTIAGO DOCAMPO MIÑO

SECRETARIO