La solidaridad laboral que surge del art. 30 LCT es inaplicable al franquiciante ante el despido de un dependiente del franquiciado

Partes: Corsino Claudia Andrea c/ Strategos SRL y otros s/ despido directo por otras causales

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Neuquén

Sala/Juzgado: I

Fecha: 21-feb-2017

Cita: MJ-JU-M-103401-AR | MJJ103401 | MJJ103401El art. 30 LCT es inaplicable a la relación entre franquiciante y franquiciado, por lo cual aquel no es responsable por el despido de un trabajador dependiente de éste.

Sumario:

 

1.-Cabe confirmar el rechazo de la demanda deducida contra el franquiciante en los términos del art. 30 LCT, pues los elementos agregados a la causa no logran poner de resalto que el sistema de coordinación que une al franquiciante y franquiciado importe, en el caso, fraude a los derechos de los dependientes del franquiciado, quien es una empresa autónoma y asume el riesgo empresario del emprendimiento.

2.-El contrato de franquicia no se encuentra comprendido en el art. 30 LCT, pues la franquicia no es una cesión del franquiciante al franquiciado de un establecimiento habilitado a su nombre, ya que lo que en realidad se cede es el uso de la marca, de un nombre o de un emblema representativo de un producto o servicios, o ciertas técnicas o métodos estandarizados de comercializar ese producto o servicio, más no el establecimiento.

3.-El contrato de franquicia excluye la solidaridad prevista en el art. 30 LCT, ya que el franquiciante, dueño o titular de un producto, un sistema, un procedimiento o de un derecho de explotación, no los explota por sí mismo, sino que lucra con la autorización a terceros para explotarlos, imponiendo condiciones tendientes a evitar su desvalorización en el mercado.

4.-El SAC debe considerarse para determinar la indemnización por vacaciones no gozadas, porque si bien esta suma tiene carácter indemnizatorio, debe ser equivalente al salario correspondiente, y aquél constituye un salario diferido; de otro modo, se privará al trabajador de una parte del salario que ya ha ganado, porque si no hubiera ocurrido el distracto, el lapso de la vacación gozada se hubiera contado como tiempo trabajado para el cómputo del SAC.

Fallo:

NEUQUEN, 21 de febrero de 2017 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: “CORSINO CLAUDIA ANDREA C/ STRATEGOS SRL Y OTROS S/DESPIDO DIRECTO POR OTRAS CAUSALES” (EXP Nº 418128/2010) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO LABORAL NRO. 2 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra.Cecilia PAMPHILE dijo:

1.- La sentencia definitiva es apelada por la actora y la codemandada STRATEGOS S.R.L.

La primera, en el entendimiento que correspondía aplicar el agravamiento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323. Señala que su parte reclamó fehacientemente el pago de las indemnizaciones adeudadas, conforme se desprende del expediente administrativo que individualiza.

También la agravia que se rechazara el SAC sobre vacaciones no gozadas. Cita jurisprudencia en apoyo a su reclamo.

En tercer lugar, se queja del acogimiento de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Martinez Hnos y Cía SRL. Dice que no se tuvo en cuenta la cláusula cuarta del contrato que impide sostener que los concedentes de la franquicia se vincularon sin asumir riesgo crediticio alguno.

Agrega que el local era una sucursal de la excepcionante, una unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa. Y señala que en este punto es relevante la efectivización del apercibimiento previsto en el art. 38 de la ley 921.

Concluye que la consideración de la prueba omitida y una simple lectura del contrato, dejan claro que en el local donde laboraba la actora, Martinez Hnos y Cía SRL puso todo menos la titularidad; que mas allá del formato o la marca “Café Martinez” la excepcionante explota una cadena de cafeterías donde vende y distribuye los productos de la misma, todo lo cual encuadra perfectamente en el art.30 de la L.C.T.

Por último, se agravia de la imposición de costas por el acogimiento de la excepción y rechazo de la demanda contra Martinez Hnos y Cía S.R.L.

La codemanada STRATEGOS S.R.L., por su parte, cuestiona la valoración de los recibos acompañados, toda vez que no se tuvo en cuenta lo que surge de la prueba confesional, la confesión expresa sobre el pago de los montos exigidos y el reconocimiento sobre lo indicado en tales documentos. Afirma que es la actora quien reconoce su firma.

Ambas partes contestan los agravios formulados recíprocamente, y solicitan el rechazo del recurso deducido por la contraria, con costas (hojas 372 y vta. y 375/376).

2.- Así planteados los agravios traídos a consideración, comenzaré por analizar la presentación de la accionada.

El acta de la hoja 161 no permite advertir yerro alguno en el razonamiento de la sentenciante, desde que la actora, al absolver posiciones, desconoce expresamente la firma del recibo simple de fecha 12 de enero del año 2010, como así también “la letra del recibo, y en cuanto al contenido manifiesta que jamás lo cobró y la fecha está como corregida” (ver hoja 55vta.). El hecho que reconociera que solían abonársele adelantos y que era habitual la suscripción de recibos como el exhibido, no conduce a la conclusión que propone el apelante.

Ninguna prueba corrobora la existencia real y efectiva del pago que se alega: el mentado documento no cumple los recaudos previstos en los arts. 138, 140 y 141 LCT, la firma fue desconocida, se tuvo por desistida a la accionada de la prueba pericial caligráfica (hoja 325) y además, el apelante no rebate el argumento de la juzgadora, en punto a que corresponde tener por cierto lo alegado por la actora -y por ende, no abonados los rubros reclamados-, por aplicación de lo dispuesto en el art.38 de la ley 921, ante la falta de presentación de los libros y de la documentación requerida por el perito contador.

No concurren, por ende, circunstancias tales que permitan soslayar la omisión de los recaudos de certeza impuestos por las normas antes aludidas, para otorgar la eficacia cancelatoria pretendida por la demandada, aún dentro del margen de razonable discrecionalidad que concede al juzgador el art. 142.

En el caso que nos ocupa, la instrumentación virtualmente simultánea de recibos oficiales sin firma del trabajador y de otro recibo que no cumple con los recaudos de certeza y debida imputación, sin respaldo en la registración que impone el art. 52 de la LCT, ni corroborado por ningún otro elemento de prueba, impide al juzgador su admisión como prueba del pago de los rubros exigidos.

Lo expuesto conduce al rechazo del recurso incoado por la accionada.

3.- En cuanto al recurso de la actora, en primer lugar considero que las constancias del expediente administrativo que corre por cuerda dan cuenta que la accionante, previo iniciar la acción judicial, requirió el pago de sus haberes de diciembre 2009, SAC segundo semestre 2009 y liquidación final por despido incausado, identificando los rubros que componían tal liquidación.

En la cédula de notificación que se remite a la empleadora se adjunta copia de dicha presentación, de modo que existió anoticiamiento previo al juicio, suficiente para tener por configurada la intimación fehaciente exigida por el art. 2 de la ley 25.323.

No debe olvidarse que el objetivo perseguido por la norma es compeler al empleador a abonar en tiempo y forma las indemnizaciones por despido y evitar litigios. Se sanciona la conducta dilatoria que genera gastos y pérdidas de tiempo, siempre que el empleador esté debidamente anoticiado del reclamo, lo cual entiendo que aquí se ha cumplido.

Consecuentemente, el recurso de la actora prospera en lo que refiere al agravamiento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323, cuyo importe asciende a la suma de $ 3.386,84.A tal fin la integración del mes del despido es de $ 1.691,92, monto que surge de deducir del salario mensual los días efectivamente trabajados hasta el despido, toda vez que en la sentencia de grado no se han diferenciado los importes.

En punto a la crítica de la parte actora relativa al rechazo del SAC sobre el rubro vacaciones no gozadas, entiendo que también debe ser admitida.

Coincido en este aspecto con la opinión de mis colegas de la Sala II, quienes se pronunciaron en los siguientes términos:

“Conocida es la disparidad de criterios que se encuentra en la jurisprudencia respecto del cálculo del SAC sobre las vacaciones no gozadas.

Parte de los tribunales del trabajo coinciden con la posición de la a quo entendiendo que, de conformidad con lo dispuesto por el art. 156 de la LCT, el salario correspondiente al período de descanso proporcional a la fracción del año trabajada, posee naturaleza indemnizatoria por lo que no corresponde el cálculo del SAC con motivo del cese del dependiente (cfr. CNAT, Sala VII, “Luna c/ Buenos Aires Embotelladora S.A.”, 18/10/1996, DT 1997-A, pág. 964).

Sin embargo, y sin perjuicio del respeto que me merece la opinión de la jueza de grado, adhiero al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires respecto a que el SAC debe considerarse para determinar la indemnización por vacaciones no gozadas, porque si bien esta suma tiene carácter indemnizatorio, debe ser equivalente al salario correspondiente, y aquél constituye un salario diferido (autos “Alonso c/ A.I.D.O.S.S.”, 31/7/1984, LT XXXII, pág. 1.131). De otro modo, conforme lo sostienen Juan Carlos y Diego Fernández Madrid, se privará al trabajador de una parte del salario que ya ha ganado, porque si no hubiera ocurrido el distracto, el lapso de la vacación gozada se hubiera contado como tiempo trabajado para el cómputo del SAC -cfr. aut. cit., “Injurias, Indemnizaciones y Multas Laborales”, Ed. La Ley, 2011, pág.617-” (“PASCHETTA SABRINA PAOLA C/ STRATEGOS SRL Y OTRO S/ DESPIDO DIRECTO POR OTRAS CAUSALES”, Expte. Nº 419895/2010).

En tal virtud, propongo modificar el resolutorio apelado, incluyendo el SAC en el rubro vacaciones no gozadas.

Así, sobre las vacaciones no gozadas del año 2009 y las proporcionales del año 2010 debe liquidarse el SAC, resultando la suma de $ 56,40.- para el primer período, y $ 2,42.- para el segundo.

En definitiva, el capital de condena asciende a la suma de $ 21.700,94.- 4.- Resta analizar el planteo de la actora relativo al rechazo de la demanda contra Martínez Hnos y Cía S.R.L., basada en su responsabilidad solidaria (art.

30 LCT).

Aquí traigo a colación el voto del Dr. Gigena Basombrío en el precedente de la Sala II antes citado, por compartir sus fundamentos:

“.En el caso de autos, y tratándose específicamente del contrato de franquicia entiendo que corresponde enfocar la cuestión en el preciso marco del mismo, no pudiendo perderse de vista que: “. se ha distinguido entre el contrato y el negocio de franquicia, pero lo cierto es que -como lo define THOMPSON- el contrato de franquicia es aquel en el cual una organización, el franquiciante, que ha desarrollado un método o una fórmula para la fabricación y/o venta de un producto o servicio, extiende a otras firmas, los franquiciados, el derecho a proseguir con tal negocio sujeto a ciertos controles y restricciones. En casi todos los casos, el franquiciado opera bajo el nombre del franquiciante como marca o nombre comercial.El objeto de la franquicia, en líneas generales, será la licencia o autorización del franquiciado para explotar el plan negocial, propiedad del franquiciante, que generalmente involucrará el permiso de uso del nombre comercial del franquiciante, como así de todas las marcas registradas y patentadas. Ello también resultará extensivo a todos los métodos y procesos que constituyen el know how que se transferirá y que forma parte indisoluble del plan negocial”. (“El franchising y el derecho laboral. Su relación a través del art.30 de la Ley de Contrato de Trabajo” Molina Sandoval, Carlos A.- Cita:

MJ-DOC-1532-AR MJD1532).

Sentadas las bases del marco conceptual el autor avanza y sostiene: “Ahora bien, el contrat o de franquicia antes descripto no se encuentra comprendido en el art. 30, LCT. Varias son las razones que han avalado tal conclusión: En primer lugar, la franquicia no es una cesión del franquiciante al franquiciado de un establecimiento habilitado a su nombre. Lo que en realidad se cede es el uso de la marca, de un nombre o de un emblema representativo de un producto o servicios, o ciertas técnicas o métodos estandarizados de comercializar ese producto o servicio, no el establecimiento. El franquiciante, entre otras cosas, sólo le brinda al tomador del franchising asistencia técnica -y a veces incluso financiera-, mas es este último el que asume el riesgo de inversión al instalar su propio y distinto establecimiento, que puede -y a veces incluso debe- tener características similares, ofrecer productos similares, o contar con procesos productivos parecidos. En segundo lugar, el franquiciante no contrata un trabajo o servicio correspondiente a la actividad de su establecimiento, ya que la actividad del franquiciado se desarrollará en otro establecimiento, con autonomía. Son sujetos (partes) independientes. El franchisor solamente le proporciona su marca, sus técnicas de producción, su know-how, en una palabra, su plan negocial y el franquiciado contratará los trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica del establecimiento. Justamente, el franquiciante celebra un contrato de franchising, y no otro contrato, para que el propio franquiciado contrate los trabajos o servicios que correspondan a la actividad de su propio establecimiento. De otro modo, le sería más conveniente contratar -como empleador- directamente el personal que desarrollará tareas en el establecimiento del franquiciado, pues tendría un control más directo sobre todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo. Solución incompatible con la franquicia.” Los conceptos referidos han sido receptados jurisprudencialmente señalando:”. los comportamientos de las partes que la actora describe como configurativos de la situación aprehendida por el artículo 30 L.C.T. son los típicos de las relaciones entre franquiciante y franquiciado. El contrato de franquicia, lejos de configurar esa situación, la excluye, ya que el franquiciante, dueño o titular de un producto, un sistema, un procedimiento o de un derecho de explotación, no los explota por sí mismo, sino que lucra con la autorización a terceros para explotarlos, imponiendo condiciones tendientes a evitar su desvalorización en el mercado. De tal suerte, no explota un establecimiento, en el sentido del artículo 6º L.C.T., y, en el marco del artículo 30, es un establecimiento lo que puede ser objeto de cesión o transferencia, y los trabajos o servicios que en él se cumplen o prestan, los que pueden constituir el de la contratación o subcontratación. En el caso “Rodríguez, Juan R. v. Cia Embotelladora Arg. S.A.”;; fallo del 15.05.93.), la Corte Suprema de Justicia mencionó expresamente al contrato de franquicia como uno de los que exorbitan los alcances de la responsabilidad solidaria por deudas de un tercero que consagra la norma citada.” (“Alici Cynthia Lorena c/Perez José Luis y Otro s/ Despido” – CNTRAB – SALA VIII – 26/09/2007) En igual sentido: “Es criterio de esta Sala que cuando existe un contrato de franquicia no resultan aplicables -en principio- las disposiciones del citado art. 30 toda vez que las dos partes son independientes una de otra, los franquiciados actúan en su propio nombre y a su propio riesgo y el fraquiciante no ejerce ningún control sobre los dependientes de aquél.En el contrato típico de franquicia, el franquiciante no tiene como actividad propia la efectiva venta del producto o la prestación del servicio, sino la instalación de la marca, el desarrollo de las técnicas operativas y de mercado, el establecimiento de prácticas uniformes y la vigilancia de su cumplimiento que queda a cargo de los franquiciados (en igual sentido, sentencia Nº 88.519 del 19.2.07, en autos “Punta, Diego Leonardo c/ Pronto Wash SA y otros s/ despido”, del registro de esta Sala).- En consecuencia, considero que no resulta aplicable el art. 30, pues en el contrato de franquicia no se cede un establecimiento ni se subcontrata la realización de obras o servicios que hagan a la actividad principal o accesoria del franquiciante, tampoco hay cesión de derechos y de obligaciones. Desde luego, esta figura se presta como otras al fraude laboral, pero no hay datos que permitan concluir que tal es el caso de autos, al menos entre el franquiciante y los trabajadores del franquiciado.- Por lo expuesto, propicio revocar la condena solidaria a Franquicias Argentinas SA y Solo Empanadas SA, pues la primera actuó como franquiciante mientras que Solo Empanadas es titular de la marca y cedió los derechos de su explotación a Franquicias Argentinas SA.” -“Chazarreta Héctor Edgardo c/Emparte SRL y otros s/despido” CNTRAB – SALA III, S.D. 90.402 del 26/11/2008 Expte. N° 29.635/06.- (cfr. causa “PASCHETTA”, ya citada, Expte. Nº 419895/2010).

Más allá de estos lineamientos, no puedo dejar de mencionar la nueva normativa que, sobre este tema, incorpora el Código Civil y Comercial (arts. 1512 a 1524). Es que si bien -atento la fecha en que acaecieron los hechos-, tal regulación no resulta aplicable al caso de autos, sin lugar a dudas aquélla resulta una guía interpretativa de gran valor, puesto que el nuevo ordenamiento refleja el criterio adoptado por el legislador en un tema que no resultaba diáfano, ya antes de la reforma, tanto en doctrina como en jurisprudencia.

Y bien, el art. 1520 del citado cuerpo legal, establece:”ARTÍCULO 1520.- Responsabilidad. Las partes del contrato son independientes, y no existe relación laboral entre ellas. En consecuencia: a. el franquiciante no responde por las obligaciones del franquiciado, excepto disposición legal expresa en contrario; b. los dependientes del franquiciado no tienen relación jurídica laboral con el franquiciante, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre fraude laboral; c. el franquiciante no responde ante el franquiciado por la rentabilidad del sistema otorgado en franquicia”.

Esta disposición, claramente persigue la limitación de la responsabilidad del franquiciante, salvo fraude laboral.

En el caso de autos, las cláusulas del contrato de franquicia suscripto entre las codemandadas (hojas 78/113), plasman los elementos esenciales de este tipo de vínculos comerciales.

Es que, siguiendo la enumeración que plantea Marzorati, tales elementos son: a.- licencia de uso de una marca o nombre comercial y otros derechos de propiedad intelectual: implica contratos de licencia de uso de derechos de propiedad intelectual o industrial de titularidad del franquiciante, o con derecho a conceder su uso, incluye la marcas comerciales, patentes, modelos y diseños industriales, modelos de utilidad, derechos de autor y secreto industrial. b.- relación de distribución: es una relación contractual con vocación de continuidad y prolongada en el tiempo, para la distribución de productos o servicios. No es suficiente la celebración de compra ventas aisladas, pero tampoco implica necesariamente una relación de suministro. c.- método o sistema comercial (know how): es la transmisión del formato y estructura de un negocio de éxito probado, que se reproduce exactamente en cada unidad comercial mediante manuales de procedimientos, capacitación, licencia de uso de patentes industriales e imagen comercial. d.- control y asistencia técnica del franquiciante: si bien el franquiciado resulta un empresario independiente, el franquiciante brinda la asistencia técnica necesaria para la transmisión del formato, y también controla activamente el cumplimiento de los procedimientos y condiciones. e.- integración de una red comercial:cada franquiciado forma parte de un sistema de distribución organizado territorialmente, fundado en estudios de mercados, beneficiándose cada uno con la reputación e imagen de la marca y los beneficios comerciales de toda la red empresarial. f.- pago de canon y/o regalías: es la contraprestación por la transmisión del know how y la asistencia técnica. g.- independencia jurídica y empresarial: franquiciante y franquiciado son empresarios diferentes, independientes entre sí, sólo relacionados comercialmente por el método del negocio franquiciado (MARZORATI, Osvaldo, “Franchising”, Astrea, Buenos Aires, 2001″, p.6).

Luego, la referencia que realizaron los tres testigos que declararon en autos (Quintana, López y Paschetta) en punto a la concurrencia de personal de Buenos Aires al local (hoja 215vta). “si vino una chica para ver como estaba la franquicia, estuvo una semana” (306vta), “.iba gente de Café Martínez a controlar las cajas, las ventas, la cocina” (307vta), se corresponde con los derechos de auditoría (cláusulas 4.3.2.4. y 6.10) y la asistencia operativa posterior (cláusula 5.8) previstas contractualmente.

Si bien existe control por parte del franquiciante, “tiene solo el carácter de una contrapartida del derecho al uso de la marca y la asistencia técnica de que goza el franquiciado, sin que corresponda ampliar desmesurada y peligrosamente el número de obligados solidarios” (MADDALONI, Osvaldo A.: “El contrato de trabajo y los contratos comerciales”, en Revista de Derecho Laboral, Rubinzal Culzoni, t. 2005 – 2. Contratación laboral.Cita: RC D 2257/2012).

En suma, los elementos agregados a la causa no logran poner de resalto que el sistema de coordinación que une al franquiciante y franquiciado importe, en el caso, fraude a los derechos de los dependientes del franquiciado, quien resulta una empresa autónoma y asume el riesgo empresario del emprendimiento.

En función de ello, juzgo que corresponde confirmar la sentencia en cuanto hiciera lugar a la excepción planteada por la codemandada, y en consecuencia, rechazara la demanda contra Martínez Hnos. y Cía.S.R.L.

Las costas de la primera instancia, se impondrán a la co demandada Strategos S.R.L. y las de Alzada en el orden causado, en atención al resultado de los recursos.

Con respecto a la codemandada Martínez, entiendo que las costas deben imponerse en el orden causado en ambas instancias, atento la existencia de jurisprudencia contradictoria, la nueva legislación que sirvió como pauta interpretativa, y la materia discutida (art. 17 de la ley 921).

Los honorarios de la instancia de grado deberán readecuarse a lo aquí decidido.

Asimismo, corresponde diferir la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes en esta Alzada para cuando se cuente con pautas para ello.

MI VOTO.

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por ello esta Sala I, RESUELVE:

1.- Modificar parcialmente la sentencia apelada, incrementando el capital de condena, el que se fija en la suma de $ 21.700,94, confirmándola en lo demás y que ha sido materia de agravios.

2.- Imponer las costas de la primera instancia a la codemandada Strategos S.R.L. y las de Alzada en el orden causado, en atención al resultado de los recursos. Respecto a la codemandada Martínez Hnos y Cía S.R.L. se fijan en el orden causado en ambas instancias, atento la existencia de jurisprudencia contradictoria, la nueva legislación que sirvió como pauta interpretativa, y la materia discutida (art. 17 de la ley 921). Los honorarios de la instancia de grado deberán readecuarse a lo aquí decidido, difiriendo, asimismo, la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes en esta Alzada para cuando se cuente con pautas para ello.

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.