La indemnización por despido es procedente si la comunicación llegó al trabajador luego de vencido el período de prueba, aunque el telegrama hubiera sido despachado horas antes de producirse ese vencimiento

Partes: Yañez Zegarra Mónica Daniela c/ Olivia Catering S.R.L. s/ despido directo por otras causales

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Neuquén

Fecha: 4-may-2017

Cita: MJ-JU-M-104550-AR | MJJ104550 | MJJ104550Sumario:

1.-Resulta procedente la indemnización por despido reclamada si, pese a que el empleador remitió la comunicación rupturista durante la vigencia del período de prueba, la extinción de la relación laboral se produjo una vez vencido ese período, cuando la misiva fue recibida por el trabajador.

2.-A los fines de la procedencia de la indemnización por despido injustificado, ninguna relevancia tiene el hecho que el envío postal haya sido intentado entregar a las pocas horas de operado el vencimiento del período de prueba, dado que tratándose éste de una excepción a la indeterminación del plazo de duración del contrato de trabajo, su aplicación debe ser estricta, ni tampoco reviste importancia la actuación del Correo, toda vez que tratándose de comunicación entre ausentes, es el remitente quién corre con los riesgos del medio elegido a tal fin, en tanto no sea imputable al destinatario la causa que impidió la efectividad de la comunicación.

3.-Siendo el despido un acto eminentemente recepticio, no puede afirmarse que aquél haya existido si su notificación no ingresa a la esfera de conocimiento del trabajador.

Fallo:

NEUQUEN, 4 de Mayo del año 2017.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: “YAÑEZ ZEGARRA MONICA DANIELA C/ OLIVIA CATERING S.R.L. S/ DESPIDO DIRECTO X OTRAS CAUSALES”, (JNQLA4 EXP Nº 470389/2012), venidos a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Sandra ANDRADE y, de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. Patricia CLERICI dijo:

I.- La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia de fs. 202/208, que hace lugar a la demanda, con costas al vencido.

a) La recurrente se agravia por la decisión del a-quo de otorgar efectos al despido desde el día 15 de febrero de 2012, y respecto a que aquél ocurrió tres meses y dos días después del ingreso de la actora.

Dice que, de tomarse como válida la fecha cuestionada (15 de febrero de 2012), habían transcurrido tres meses y unas horas, atento que el plazo de tres meses se cumplió a las 14 horas del mismo día en que fue contratada, tres meses más tarde, o sea el 14 de febrero de 2012, por aplicación del art. 6° del Código Civil y Comercial.

Sigue diciendo que si bien se entiende mayoritariamente que la comunicación del despido es recepticia, en autos se encuentra acreditado que la demandada pretendió resolver la relación laboral dentro del plazo de prueba, un día antes de que se cumplieran los tres meses.

Afirma que más allá de los efectos que puede generar la recepción de la comunicación del despido, es un derecho del empleador interrumpir la vinculación laboral a prueba dentro de los tres meses del ingreso.Agrega que la conducta del Correo, que debió entregar la carta documento el mismo día o, a más tardar, el día siguiente al de su imposición, es una causa ajena y no imputable al empleador.

Señala que en autos, el resultado hubiese sido el mismo, ya que se acreditó que la actora había mudado de domicilio, sin denunciar esa situación al empleador.

Entiende que corresponde tomar como fecha del despido la de imposición de la carta documento o, en el peor de los casos, la fecha en que se debió notificar.

Manifiesta que la misma actora reconoce que no trabajó el día 15 de febrero de 2012, señalando que resulta obvio que ello fue porque estaba despedida, de lo que se sigue que no alcanzó a trabajar un solo día luego de cumplido el plazo de prueba.

Sostiene que resulta evidente que la actora tomó conocimiento del despido, como mínimo, el día 15 de febrero de 2012, al reconocer que ese día ya no se le permitió el ingreso a la empresa.

Subsidiariamente se agravia por los rubros y montos de condena.

Se queja de que el juez de grado haya considerado que la actora trabajó tres meses y dos días, cuando la propia accionante reconoce que el día 15 de febrero de 2012 no trabajó.

Pone de manifiesto que la trabajadora percibió el SAC y vacaciones correspondientes al año 2011, por lo que la sentencia recurrida debió descontar esos rubros.

Destaca que la demandada abonó, junto con la liquidación final, los días trabajados del mes de febrero, SAC, preaviso y vacaciones proporcionales del año 2012, importes que tampoco fueron descontados.

Formula agravio por la condena al pago de la multa del art. 80 de la LCT., ya que surge del intercambio epistolar que la empleadora puso a disposición de la actora los certificados laborales; surgiendo también, de la fecha de impresión de los certificados, que se encontraban a disposición desde aquella época.Agrega que la actora no acreditó haber concurrido a retirarlos y que no le fueran entregados, conforme lo afirmó.

También cuestiona la aplicación del agravamiento indemnizatorio del art. 2 de la ley 25.323.

Afirma que existen elementos que acreditan que la demandada tuvo motivos suficientes como para considerar que no debía realizar el pago reclamado.

Se agravia por la condena al pago del salario familiar, ya que ello requiere de un trámite ante la ANSES con las correspondientes actas de nacimiento, debiéndose acreditar que el progenitor de los menores no percibe asignaciones familiares. Insiste en que los salarios familiares los abona la ANSES, por lo cual el pago no se encuentra a cargo del empleador.

Cuestiona la aplicación de la multa del art. 43 de la ley 25.345, sosteniendo que más allá que la empleadora cumplió con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social, se encuentra actualmente en concurso de acreedores, el que tramita por ante el Juzgado Civil n° 2 de esta ciudad, por lo que de existir alguna deuda, la misma se encuentra en ese proceso concursal, controlado por la sindicatura y el juez, por lo que ella solamente es exigible en el marco de dicho proceso.

Considera que la multa resulta, por otra parte, desproporcionada respecto del reclamo de una persona que solamente trabajó tres meses.

Apela las regulaciones de honorarios por entender por demás elevados los porcentajes fijados a tal fin, tanto para los letrados de las partes, como para el perito.

b) La parte actora contesta el traslado de la expresión de agravios a fs. 217/219 vta.

Pide la aplicación del apercibimiento previsto por el art.266 del CPCyC, dado que la expresión de agravios no constituye una crítica razonada y concreta del fallo de grado.

Subsidiariamente rebate los agravios formulados.

Dice que sin perjuicio que la comunicación rupturista jamás llegó a la esfera de conocimiento de la actora, el aviso de intento de entrega por parte del Correo data del 15 de febrero de 2012, es decir dos días después de haberse cumplido el plazo de tres meses fijado por la norma legal como período de prueba. Afirma que la propia demandada reconoce que tal plazo se encontró vencido el día 15 de febrero de 2012.

Destaca que la decisión de poner fin a la relación laboral fue dirigida a un domicilio que no se correspondía con el real de la actora, y que el curriculum acompañado por la demandada fue desconocido por su parte, no produciéndose prueba tendiente a acreditar su autenticidad.

Destaca que la actora no trabajó el día 15 de febrero de 2012 porque no se le permitió el ingreso al lugar de trabajo, pero la fuerza laboral siempre estuvo a disposición de la empleadora, efectuándose el reclamo correspondiente, vía epistolar, el día 16 de febrero de 2012.

Sigue diciendo que la demandada pretende haber cumplido con la entrega de los certificados del art, 80 de la LCT mediante el certificado de ANSES PS 6.2, el cual ni siquiera cuenta con fecha cierta, ya que carece de firma certificada, lo que lo torna inválido. Agrega que de las testimoniales de fs. 88 y 92 surge que esos testigos acompañaron a la actora en tres oportunidades a efectos de percibir la liquidación final y retirar los certificados en cuestión, y éstos nunca fueron entregados.

Defiende la aplicación de la multa del art.2 de la ley 25.323.

Señala que es sobreabundante la jurisprudencia que sostiene que el empleador es quién debe activar los mecanismos para la percepción de las asignaciones familiares y demás beneficios sociales por parte del trabajador, citando fallos sobre la materia.

Con respecto a la multa del art. 132 bis de la LCT manifiesta que su parte acreditó, mediante los recibos de haberes, que la demandada efectuó las retenciones con destino a la seguridad social, las que no fueron ingresadas a los organismos pertinentes. Señala las constancias probatorias de las cuales surgen estos extremos.

II.- En primer lugar señalo que el memorial de agravios de la demandada reúne los recaudos del art. 265 del CPCyC. Por lo menos en forma general.

Más allá de la razón o sinrazón de la crítica, que surgirá del análisis de la queja formulada, lo cierto es que ésta concretamente alude a los aspectos del fallo que considera equivocados y explica por qué.

III.- He de iniciar el análisis de la apelación de autos por la cuestión referida a si el despido de la trabajadora operó durante la vigencia del período de prueba o cuando éste ya se había agotado.

De acuerdo con los recibos de haberes de fs. 11/14 y el reconocimiento de la demandada (fs. 35 vta.) la relación laboral entre las partes se inició el día 14 de noviembre de 2011.

El art. 92 bis de la LCT establece que el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, excepto el referido en su art.96, se entenderá celebrado a prueba durante los primeros tres meses de vigencia.

La cuestión controvertida en esta instancia se vincula con la exteriorización de la voluntad rescisoria, con el objeto de quedar el empleador exento de las obligaciones indemnizatorias derivadas del despido sin causa del trabajador comprendido en el período de prueba, que es, en definitiva, la consecuencia práctica de este instituto.

Juan Carlos Fernández Madrid entiende que, como está concebido en nuestro derecho, el período de prueba es pura y simplemente un lapso durante el cual el empleador, en forma prácticamente discrecional, puede poner fin al contrato de trabajo sin abonar indemnizaciones de ninguna clase (cfr. aut. cit., “Tratado Práctico de Derecho del Trabajo”, Ed. La Ley 2007, T. I, pág. 868).

Miguel Angel Maza, con cita de jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sostiene que la extinción del contrato de trabajo no dará lugar para el empleador al deber de pagar la indemnización del art. 245 de la LCT, sólo si la decide y hace saber a su contraparte antes de que venza el plazo correspondiente; y citando el fallo “Linari Crossa c/ The Segurity Group S.A.” de la Sala II de la CNAT, dice que este tribunal fue más lejos aún al establecer una circunstancia adicional: que la extinción no sólo sea decidida y la comunicación expedida dentro del plazo legal, sino también que logre su finalidad extintiva, una vez recibida, antes que aquél expire (cfr. aut. cit., “Ley de Contrato de Trabajo comentada”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2016, T. I, pág.818).

Entiendo que esta es la postura correcta toda vez que siendo el despido un acto eminentemente recepticio, no puede afirmarse que aquél haya existido si su notificación no ingre sa a la esfera de conocimiento del trabajador.

Este ha sido también el criterio de la Sala VII de la CNAT, tribunal que sostuvo que resultaba procedente la indemnización por despido reclamada por el actor pues, si bien el empleador remitió la comunicación del despido durante la vigencia del período de prueba, la extinción de la relación laboral se produjo una vez vencido el mismo, cuando la misiva fue recibida por el accionante (autos “Abalos c/ M.A. Servicios S.A.”, 18/12/2008, LL AR/JUR/20601/2008).

En autos, considerando la fecha de inicio de la relación laboral, el período de prueba se agotó a las 24 horas del día 14 febrero de 2012 (art. 25, Código Civil, vigente al momento de los hechos).

De la documentación acompañada por la parte demandada surge que si bien la carta documento comunicando el despido fue impuesta en el Correo el día 13 de febrero de 2012 (fs. 29), la primera visita que el cartero hace al domicilio de la parte actora -sin entrar a dirimir la cuestión referida a si tal domicilio era o no el correcto- fue el día 15 de febrero de 2012 (fs.30 vta.), cuando el período de prueba ya se encontraba extinto.

Y digo que no analizo si el domicilio de la trabajadora era o no el correcto, porque aún cuando se entienda que ese era el domicilio por ella denunciado, de todos modos cuando la comunicación del despido entró en la esfera de conocimiento de la demandante (el cartero dejó aviso de su visita), conforme ya lo señalé, no estaba vigente el período de prueba.

Ninguna relevancia tiene el hecho que el envío postal haya sido intentado entregar a las pocas horas de operado el vencimiento del período de prueba, dado que tratándose éste de una excepción a la indeterminación del plazo de duración del contrato de trabajo -regla en la materia-, su aplicación debe ser estricta.

Tampoco reviste importancia la actuación del Correo, toda vez que tratándose de comunicación entre ausentes, es el remitente quién corre con los riesgos del medio elegido a tal fin, en tanto no sea imputable al destinatario la causa que impidió la efectividad de la comunicación, extremo que aquí no juega dado que la primera visita del cartero fue posterior, como lo dije, al fenecimiento del período de prueba.

Si bien la demandada invocó la existencia de un despido verbal en fecha 13 de febrero de 2011, éste no fue probado. Ello sin abrir opinión sobre la cuestión, que no es pacífica, referida a si en el despido que se realiza durante la vigencia del período de prueba se requiere o no de la comunicación escrita (ver al respecto Maza, Miguel Angel, op. cit., pág. 819/820).

Consecuentemente se confirma la sentencia de grado en cuanto tiene por operado el distracto una vez fenecido el período de prueba.

IV.- He de abordar ahora los agravios referidos a los rubros por los cuales progresa la demanda.

Con respecto a las vacaciones, la perito contadora señala que a la actora se le han liquidado vacaciones proporcionales por el año 2011 (fs.142), por lo que este pago corresponde sea deducido del total de condena, conforme lo ha hecho la misma perito como consecuencia de la impugnación formulada a su informe (fs. 155). Consecuentemente el rubro vacaciones no gozadas progresa por la suma de $ 25,01.

Asiste razón a la demandada respecto a que el SAC proporcional del año 2011 fue abonado a la trabajadora, conforme surge del informe pericial, aunque existe una diferencia a favor de ésta de $ 57,32 (fs. 155). En cuanto al SAC proporcional del año 2012 no surge de autos que haya sido abonado.

Conforme lo dicho, el capital de condena se reduce a la suma de $ 126.187,48.

En cuanto a los días trabajados por la demandada, resulta de las constancias de la causa que la relación laboral superó el período de tres meses. En efecto, el día 15 de febrero de 2012 la actora no pudo prestar servicios porque le fue impedido el ingreso a su lugar de trabajo, por lo que no puede achacársele responsabilidad en la no prestación de servicios.

En lo que respecta a la multa dispuesta por el art. 80 de la LCT, surge de autos que las certificaciones fueron puestas a disposición de la actora en el domicilio de la empresa (fs. 5 y 8). Sin embargo existen en el expediente declaraciones testimoniales que dan cuenta que estos certificados no le fueron entregados a la trabajadora cuando se presentó a retirarlos.

La testigo Ana María Cofré señala que “.yo la acompañé para que le liquidaran y le dieran los recibos y certificados. Fuimos en una oportunidad y no le dieron nada y le dijeron que le avisaban cuando volviera a ir para retirar todo. Volvimos a ir y hicieron exactamente lo mismo, nos hicieron esperar y la chica que nos atendió nos dijo que no tenía nada para dar, ni para pagarle, ni certificados, ni nada. Fue en Febrero o Marzo. Después hubo otra oportunidad que no llegamos a ir porque nos dijeron que no.La última vez que fuimos solo le pagaron el dinero, y nada más” (acta de fs. 88/vta.). El testigo Carlos Héctor Molina dice: “.Me pidió que la acompañe, fuimos dos veces, no tuvimos respuesta, no estaba el dueño, no estaba la liquidación. Dos veces la acompañé. Más o menos fue en Febrero o Marzo de 2012. En la tercera vez le pagaron. No le entregaron los certificados de trabajo” (acta de fs. 92 vta.).

Consecuentemente, no asiste razón a la recurrente en tanto la puesta a disposición de los certificados fue falsa, ya que ellos nunca fueron entregados.

Con relación al agravamiento indemnizatorio del art. 2 de la ley 25.323 entiendo que corresponde morigerar su monto. En efecto, si bien la actora intimó el pago de las indemnizaciones de ley, se debe tener en cuenta que el empleador impuso la comunicación del despido antes del vencimiento del período de prueba, y que lo ratificó por comunicación cursada el día 15 de febrero de 2012, las distintas visitas realizadas por el cartero (fs. 30/vta.) y la duda razonable respecto de cuál era a ese momento el domicilio de la trabajadora. Todas esta circunstancias llevan a considerar que pudo la demandada, razonablemente, creer que le asistía derecho por entender que la resolución contractual había operado dentro del período de prueba.

Por lo dicho considero que el agravamiento indemnizatorio bajo análisis debe ser reducido a la suma de $ 3.500,00, lo que lleva entonces al capital de condena a la suma de $ 122.863,65.

Sobre el deber de diligencia previsto por el art. 79 de la LCT, esta Sala II ha sostenido que “El art.79 de la LCT pone en cabeza del empleador el deber de diligencia, que importa la iniciativa de éste a fin de facilitar al trabajador bajo su dependencia la percepción de, entre otros, los beneficios de la seguridad social, los que comprenden las asignaciones familiares.

“Fernando Javier Caparrós señala que, el empleador deberá arbitrar los medios necesarios para advertir al trabajador de las cargas que le estén impuestas a este último, a fin de liberarse de la responsabilidad por la frustración total o parcial de los beneficios que la ley le acuerda. Y, en todo caso, la norma del art. 79 de la LCT pone en cabeza del empleador la prueba de haber cumplido oportunamente con las obligaciones a su cargo (cfr. aut. cit., “Ley de Contrato de Trabajo comentada”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2016, T. I, pág. 660).

“Esta Sala II también ya ha sentado posición al respecto, sosteniendo que “Sin perjuicio de señalar que la Resolución n° 112/1996 de la Secretaría de Seguridad Social de la Nación, que aclara y complementa el decreto reglamentario de la Ley 24.714, de Asignaciones Familiares, determina, en su art. 6° de su anexo que el empleador está obligado a notificar al trabajador, dentro de los diez días hábiles de su ingreso, las normas que rigen el régimen de asignaciones familiares, entregando constancia fehaciente de dicha notificación; la Ley de Contrato de Trabajo, en su art. 79 establece, entre los deberes a cargo del empleador, el de diligencia e iniciativa. Esta última norma legal determina que es deber del empleador conducirse de modo tal de posibilitar al trabajador el goce íntegro y oportuno de los beneficios que le otorgan la misma LCT, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas de trabajo y los sistemas de seguridad social.

“Invocando este deber de diligencia, la jurisprudencia ha resuelto que:”.ante el reclamo judicial por falta de pago de asignaciones familiares, si la empleadora invocó que el trabajador no acreditó fehacientemente los vínculos, pero no prueba haberlo intimado oportunamente a acreditar su situación familiar o cargas de familia, recae en ella la obligación de abonarlas.” (cfr. CNAT, Sala V, “Raymond c/ Quiret S.R.L.”, 30/6/1993, DT 1993-B, pág. 1857). Si bien el régimen de tramitación del pago de asignaciones familiares ha variado desde la fecha del precedente señalado, de igual modo la doctrina que él sienta se encuentra vigente, desde el momento que subsiste en cabeza del empleador la obligación de informar al trabajador respecto de sus derechos con relación al sistema de seguridad social” (autos “Muñoz c/ Muñoz”, expte. n° 388.802/2009, P.S. 2012-V, n° 156)” (autos “Arias c/ Soto Vergara”, expte. n° 402.430/2009, P.S. 2016-VIII, n° 247; en igual sentido “Arze c/ Fundac. Educar p/ la Excelencia”, expte. n° 2015-VI, n° 123).

Luego, no habiendo acreditado la demandada que cumplimentó el deber de diligencia respecto de la percepción de las asignaciones familiares por parte de la actora, resulta pertinente resarcir a ésta por el perjuicio sufrido, que se traduce en las asignaciones de cuya percepción se vió privada, tal como lo ha hecho el a-quo.

Finalmente, y en lo que hace a la sanción prevista por el art. 132 bis de la LCT, el supuesto normativo refiere a cuando se han retenido aportes al trabajador con destino a distintas instituciones y, por cualquier causa, no los hubiese ingresado total o parcialmente, debiendo acreditar, en su caso, el empleador, el pago íntegro de lo adeudado. Este pago no ha sido probado en autos, no siendo causa de exculpación de l a empleadora su presentación en concurso de acreedores.Ello, sin dejar de señalar que tampoco se ha probado que los organismos involucrados hayan verificado crédito alguno en el concurso preventivo de la demandada o que, en su caso, la deuda se encuentre saldada o en vías de cancelación.

La morigeración de esta sanción no puede ser resuelta por la judicatura desde el momento que las sanciones conminatorias antievasión fiscal (el art. 132 bis fue incorporado a la Ley de Contrato de Trabajo por la ley 25.345 sobre Prevención de la Evasión Fiscal) no resultan una facultad privativa de los jueces, ya que éstos carecen de potestades para aumentar o disminuir su monto, el que está preestablecido en la norma (cfr. Duarte, David, “Ley de Contrato de Trabajo comentada”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2016, t. II, pág. 143).

V.- Resta por analizar la apelación arancelaria.

Con relación a los honorarios del letrado de la parte actora se advierte que el juez de grado ha utilizado para su regulación el máximo de la escala prevista en el art. 7 de la ley 1.594.

Esta Cámara de Apelaciones viene sosteniendo que dicho máximo debe ser reservado para retribuir la labor profesional en casos de alta complejidad, calidad que no tiene la presente litis. Por ello, propongo reducir los honorarios regulados al letrado de la parte actora, fijándolos en el 22,40% de la base regulatoria, por su actuación en doble carácter, como así también los fijados para los letrados de la parte demandada, los que se determinan en 11,20% de la base regulatoria para el abogado patrocinante y en el 4,48% para el apoderado, de conformidad con lo prescripto en los arts.7 y 10 de la ley 1.594.

En cuanto a los honorarios fijados para la perito contadora, considerando la adecuada proporción que deben guardar con los emolumentos de los abogados de las partes, como así también la labor cumplida entiendo que resultan elevados, proponiendo reducirlos al 4% de la base regulatoria.

VI.- En mérito a lo antedicho, propongo al Acuerdo hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte demandada, y modificar el resolutorio apelado, fijando el capital de condena en la suma de $ 122.863,65, y determinando los honorarios del letrado de la parte actora en el 22,40% de la base regulatoria; los del letrado patrocinante de la parte demandada en el 11,20% de la base regulatoria, los del apoderado de la misma parte en el 4,48% de la base regulatoria; y los de la perito contadora, en el 4% de la base regulatoria, confirmándolo en lo demás que ha sido materia de agravios.

Las costas por la actuación en la presente instancia se imponen en un 90% a la parte demandada y en un 10% a la parte actora (art. 71, CPCyC).

Regulo los honorarios de los letrados actuantes ante la Alzada, Dres. ., . y ., en el 30% de la suma que resulte por igual concepto y por su actuación en la primera instancia, de conformidad con lo prescripto por el art. 15 de la ley 1.594.

Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo.

Por ello, esta Sala II

RESUELVE:

I.- Modificar la sentencia dictada a fs.202/208, reduciendo el capital de condena a la suma de $ 122.863,65, y determinando los honorarios del letrado de la parte actora en el 22,40% de la base regulatoria; los del letrado patrocinante de la parte demandada en el 11,20% de la base regulatoria, los del apoderado de la misma parte en el 4,48% de la base regulatoria; y los de la perito contadora, en el 4% de la base regulatoria, confirmándolo en lo demás que ha sido materia de agravios.

II.- Imponer las costas de Alzada en un 90% a la parte demandada y en un 10% a la parte actora (art. 71, CPCyC).

III.- Regular los honorarios de los letrados actuantes ante la Alzada, Dres. ., . y ., en el 30% de la suma que resulte por igual concepto y por su actuación en la primera instancia, de conformidad con lo prescripto por el art. 15 de la ley 1.594.

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, en su oportunidad, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO

Dra. PATRICIA CLERICI

Dra. SANDRA ANDRADE

Secretaria