Legitimidad del despido causado del trabajador que pidió a un tercero sumas de dinero a fin de cumplir con la tarea que estaba a su cargo

Partes: Godoy Bonato Orlando Walter Javier c/ Ricardo Juan Aguiar S.A. s/ indemnización laboral

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes

Fecha: 13-feb-2017

Cita: MJ-JU-M-102928-AR | MJJ102928 | MJJ102928

Sumario:

1.-Se ajustó a derecho el despido causado del trabajador pues quedó probado que cobró a dos choferes de una empresa logística para que dependientes de su empleadora descargaran la mercadería transportada, la cual fue descargada fuera de horario, habiendo luego sostenido que el dinero percibido fue entregado al personal, ya que esa conducta configura una injuria laboral.

2.-Cuando un trabajador se excede por pedir sumas de dinero -sin importar su monto- a fin de cumplir con la tarea que le es debida, deja una imagen desagradable, viola la buena fe contractual, los deberes de conducta que le son exigibles y afecta a la empresa, generando un sentimiento particular subjetivo en el empleador de que la relación laboral se encuentra fuertemente quebrada, al punto de justificar un distracto.

3.-El examen de la conducta observada por el trabajador en orden a la configuración de injuria laboral que torna procedente el despido constituye una cuestión de hecho y de valoración de prueba que compete exclusivamente a los jueces de grado.

Fallo:

En la ciudad de Corrientes, a los trece días del mes de febrero de dos mil diecisiete, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Fernando Augusto Niz, Alejandro Alberto Chaín, Eduardo Gilberto Panseri, Luis Eduardo Rey Vázquez, con la Presidencia del Dr. Guillermo Horacio Semhan, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, tomaron en consideración el Expediente Nº EXP-68638/11, caratulado: “GODOY BONATO ORLANDO WALTER JAVIER C/ RICARDO JUAN AGUIAR S.A. S/ INDEMNIZACION LABORAL”. Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Doctores Fernando Augusto Niz, Eduardo Gilberto Panseri, Luis Eduardo Rey Vázquez, Alejandro Alberto Chaín y Guillermo Horacio Semhan.

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SE PLANTEA LA SIGUIENTE:

C U E S T I O N

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice:

I.- Contra la sentencia pronunciada por la Excma. Cámara de Apelaciones Laboral de esta ciudad de Corrientes (fs. 443/449), que confirmó el decisorio de primera instancia desfavorable a la pretensión indemnizatoria reclamada en el presente caso (232, 23 y 245 de la L.C.T.), validando la actitud asumida por la patronal en despedir al trabajador por justa causa, éste recurre -por intermedio de apoderado- mediante el recurso de inaplicabilidad de ley en análisis (fs. 452/457 vta.).

II.- Satisfechos los recaudos de admisibilidad formal previstos en la ley 3540 (art. 102 y cc.) y no estando obligado a cumplir la carga económica por representar a la parte obrera, corresponde considerar los agravios que lo sustentan.

III.- El actor demandó sean reconocidos distintos rubros derivados de la vinculación laboral mantenida con la demandada. Obtuvo positiva acogida lo relacionado con la categoría laboral invocada en su escrito inicial y de este modo prosperaron las diferencias de haberes peticionadas, como así también el recargo por nocturnidad, horas extras y proporcional vacaciones.Más, fueron rechazadas las indemnizaciones derivadas del despido directo, justificando ambos jueces de grado intervinientes en las anteriores instancias los hechos que le fueran atribuidos, considerándolos probados y con entidad suficiente para injuriar a la patronal. En efecto, la Cámara, para decidir como lo hizo, examinó la comunicación rescisoria (CD N°182540798), coligió que el hecho de haber cobrado el actor a dos chóferes de la empresa Logística de Transportes Carabajales una suma de dinero -quienes trasladaban productos de Arcor hasta el depósito de la Sucursal Corrientes del demandado- para posibilitarles la descarga de la mercadería, constituyó un comportamiento que denotó la pérdida de confianza atribuida, habiendo reconocido el trabajador el hecho y sin que los motivos que brindó para justificar su proceder (que efectuó el cobro para bajar fuera de horario y que la plata cobrada se entregó al personal que quedó con el jefe., que fueron cuatro los camiones a los que se les cobró y que uno solo se quejó y no pagó, de igual modo se le recibió.) sosteniendo que se trató de un incentivo a los empleados, fueran atendibles. Reparó en el informe del Sr. Jorge Urgell (02/05/11) remitido al Gerente General de la empresa sobre las quejas recibidas de parte de los chóferes de Transporte Carbajales SA, quienes le habrían manifestado ser sobornados por empleados de la demandada para realizar la descarga de los camiones el 21 de abril de 2011; también valoró el inferior el pase del Vicepresidente de la empresa de la denuncia al Dpto. de Recursos Humanos para que realice la investigación, procediendo Analía Noguera el 15/06/2011 a solicitar al accionante su descargo con clara referencia, expresó la Cámara, a los hechos denunciados ante aquél personal jerárquico, conociendo el trabajador con precisión la imputación, documental corroborada con los testimonios de fs. 343/344; 364/365; 379/380 vta.de las cuales surgió que el acontecimiento ocurrió en el mes de abril de 2011, habiendo recaído el 21 de ese año jueves santo, lo que echó por tierra -según el juzgador- las manifestaciones de imprecisiones y falta de contemporaneidad sostenidas por el actor. De este modo rechazó la pretensión indemnizatoria, con costas en esa alzada ordinaria.

IV.- Argumenta el recurrente que el inferior incurrió en la causal de arbitrariedad de sentencia, como en un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso, violando lo consagrado en los artículos 9, 243 de la L.C.T., arts.14, 14 bis, 16, 17, 18 y cc. de la C.N., no siendo los hechos correctamente fijados, sea por una incongruente apreciación o por la omisión de considerar piezas de convicción que redundaron en el error de juicio, pues más allá de resultar veraz que su representado solicitó a chóferes de la empresa “Transporte Carabajales” la entrega de la ínfima suma de $50 por los motivos señalados en el descargo que se le requiriera realizar mediante la nota de fecha 15.06.11, el contexto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicho pedido se verificó y en particular, las razones expuestas en el mismo, expone que su actitud no tuvo la gravedad para desplazar de plano el principio de continuidad y justificar el distracto.Por el contrario, agrega, favoreció los intereses del demandado, como los de los conductores que transportaban la mercadería, incentivando a los operarios afectados a la descarga para que le efectuaran en un solo día y de este modo aquellos regresaran a sus lugares de origen antes que se iniciara el inminente feriado que se aproximaba (de carnaval, a pesar que ambos decisorios de grado sugirieran el de semana santa), sin lo cual no hubiera podido materializarse en caso de observarse los parámetros normales, o sea en los horarios habituales de trabajo por entonces vigentes en la empresa, ya que en tal supuesto varios de ellos (transportistas) deberían permanecer inactivos en esta ciudad a la espera de que se iniciara la siguiente jornada de labor. Insiste que el hecho solamente pudo materializarse el 03.03.11 y abunda al respecto, reparando en la circunstancia que se debió a un pedido de contribución realizado a los chóferes para incentivar a los operarios afectados a las tareas de descargo, no un “cobro”. Seguidamente invoca falta de inmediatez de la respuesta, no existiendo contemporaneidad entre el presunto incumplimiento y la drástica sanción; asimismo, insiste en la violación de lo dispuesto en el art. 243 de la L.C.T. pues no se precisó cuando tuvo lugar el pretendido incumplimiento.

V.- Un análisis exhaustivo de las críticas explicitadas y confrontadas con los fundamentos del decisorio cuestionado me conducen a su rechazo pues, más allá del esfuerzo evidenciado por parte del recurrente tendiente a justificar o paliar el comportamiento antijurídico del trabajador, sus observaciones no alcanzan a conmover la solidez del pronunciamiento en crisis, fruto de una reflexiva ponderación de los elementos de juicio que condujo al juzgador tener por justificado el despido directo. Los agravios, por lo tanto, no revisten entidad suficiente para dar lugar a la conocida doctrina de arbitrariedad de sentencia, tampoco prueban un supuesto de violación a la ley, conformándose el pronunciamiento recurrido a derecho (arts. 62, 63, 242 y 245 y c.c.de la L.C.T.). VI.- Por intermedio de la CD182540798 de fecha 12 de julio de 2011, recepcionada el día 15 de ese mes y año (fs.95/96), la patronal puso fin al contrato de trabajo invocando como causa los hechos suscitados y reconocidos en el descargo por el trabajador relacionados con la denuncia efectuada al personal jerárquico de la empresa por empleados de Logística de Transporte Carabajales, por cobro de la suma de pesos cincuenta a dos chóferes de esta última para descargar el camión de mercaderías, cobros extraordinarios efectuados sin derecho, generando esa conducta -a criterio de la patronal- falta de confianza, mal ejemplo a sus pares, violación a normas de la empresa, perjudicando su imagen ante el proveedor exclusivo, violando además los deberes de buen trabajador y la buena fe, la moral y buenas costumbres. En su apreciación, la Cámara, al confirmar la efectuada por el juez de la primera instancia, no incurrió en los motivos atribuidos por el recurrente a través del recurso que examino cuáles son: apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso, violación de lo consagrado en los artículos 9, 243 de la L.C.T., arts.14, 14 bis, 16, 17, 18 y cc. de la C.N., tampoco en una incorrecta fijación de los hechos o su incongruente apreciación, desde que efectuó un examen coherente de las piezas probatorias que tuvo a su alcance, elementos de juicio que evidenciaron no solamente conocer el trabajador los hechos que se le endilgaron quedando con esto descartada la violación a lo dispuesto en el art.243 de la L.C.T., sino el reconocimiento de su autoría y sin que las razones brindadas para excusarse -que se reiteran en este memorial de apelación extraordinaria- revistan entidad para justificar su comportamiento a tal modo de que pudiera considerarse desproporcionada la sanción.

VII.- En efecto, quedó probado que el trabajador cobró a dos chóferes de la empresa Logística de Transporte Carabajales para que dependientes de su empleadora descargaran la mercadería proveniente de Arcor. Lo hizo para bajarla fuera de horario (reconoció el actor en su descargo según prueba reservada en Secretaría), percibiendo para ello una suma de dinero que dijo entregó al personal. Sin duda que ese comportamiento afectó los legítimos derechos de la patronal y perjudicó su imagen frente a la proveedora, constituyendo aquél una clara violación de los deberes de conducta que les son exigidos y ocasionaron la pérdida de confianza atribuida. Reparar el accionante e insistir mediante el recurso de inaplicabilidad de ley examinado que su conducta favoreció los intereses del demandado, co mo los de los conductores que transportaban la mercadería, estimulando a los operarios afectados a la descarga para que la efectuaran en un solo día y de este modo aquellos regresaran a sus lugares de origen antes que se iniciara el inminente feriado que se aproximaba (insistiendo que fue el de carnaval y no el de semana santa, jueves 21 de abril de 2011), sin lo cual no hubiera podido materializarse en caso de observarse los parámetros normales, o sea en los horarios habituales de trabajo por entonces vigentes en la empresa, ya que en tal supuesto varios de ellos (transportistas) deberían permanecer inactivos en esta ciudad a la espera de que se iniciara la siguiente jornada de labor; no puede considerarse en modo alguno justificante de su accionar, actitud contraria a la moral, a la buena fe y a los deberes que se esperan de un buen trabajador.Lo ocurrido fue un incumplimiento grave (sin importar la “ínfima suma” que también reprocha el impugnante), un actuar indecoroso e injuriante a los intereses de la patronal. En este andarivel se enrostran los hechos del sub lite. El trabajador (en el marco de su desempeño laboral) cobró para que otros empleados de la empresa aquí demandada cumplan su deber de descargar la mercadería que fuera transportada por los conductores de los camiones denunciantes. Jorge Urgell informó al Gerente General (el 02/05/2011 según prueba instrumental) sobre las quejas recibidas por parte de aquellos conductores para descargar sus vehículos el día 21 de abril de 2011. El Vicepresidente -bien relató la Cámara- dispuso el pase de la denuncia al Departamento de Recursos Humanos a fin de investigar los hechos. Y cuando en fecha 15 de junio de 2011 Analía Noguera solicitó al actor su descargo, lo hizo haciéndole saber que se relacionaba con “. la denuncia efectuada por personal jerárquico de la empresa del personal de Logística Transporte Carabajales por presunto cobro efectuado, indicando que tuvo lugar en el depósito de Corrientes para descargar el camión con mercadería”, todo según documental que a la vista se tiene y no fue desconocida, por lo que en momento alguno surge que el actor no fue informado claramente respecto de cuál fue el hecho cuya autoría se le atribuyó. Por tal razón, carece de asidero el argumento que pretende tachar de ilegal el decisorio por violentar lo dispuesto en el at. 243 de la L.C.T., habiendo ejercitado el ahora recurrente su derecho de defensa. Además, bien destacó el “a-quo” (fs.447), la nota de fecha 15 de junio de 2011 refiere concretamente a la circunstancia fáctica aquí involucrada, la cual -agrego- tampoco mereció reparo alguno a la hora de relatar el actor los hechos en su demanda.En el contexto analizado, no verifico que la disolución contractual fuera dispuesta en contradicción a la contemporaneidad esperada ni que la sanción haya sido desproporcionada a la falta cometida, desde que transcurrió un tiempo razonable entre la toma de conocimiento del hecho por la patronal, la investigación dispuesta y la adopción de la medida rupturista. Y cuando un trabajador se excede por pedir sumas de dinero -sin importar su monto- a fin de cumplir con la tarea que le es debida, deja una imagen desagradable, viola la buena fe contractual, los deberes de conducta que le son exigibles y afecta a la empresa generando un sentimiento particular subjetivo en el empleador de que la relación laboral se encuentra fuertemente quebrada (o pérdida de confianza) al punto de justificar un distracto. Así, la denominada pérdida de confianza -como causal rescisoria- constituye un sentimiento subjetivo que resulta válido como motivación del despido cuando se deriva de un hecho objetivo que traduce la imposibilidad de continuar la relación laboral

VIII.- Por lo tanto, librada como debe ser la calificación de la entidad injuriosa de los hechos atribuidos a una de las partes (en el caso al trabajador) a la prudencia de los magistrados que intervienen en las instancias ordinarias, sin otra exigencia que la de tomar en consideración el carácter de las relaciones entre los superiores e inferiores del contrato de trabajo (art. 242 L.C.T.) y las modalidades y circunstancias personales en cada caso; considero que los jueces, en el caso, actuaron correctamente, adoptando una decisión en el ejercicio de una función privativa sin incurrir en los vicios endilgados. La doctrina también tiene expresado en casos similares que el examen de la conducta observada por el trabajador en orden a la configuración de injuria laboral que torna procedente el despido, constituye una cuestión de hecho y de valoración de prueba que compete exclusivamente a los jueces de grado (Cfr: Juan Carlos Fernández Madrid, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, junio de 2.007, Tomo II, La Ley, pág.1849). Sin dudas que esta evaluación y ponderación debe ser hecha teniendo en cuenta los parámetros de causalidad, proporcionalidad y oportunidad y sin incurrirse en algunos de los vicios que autorizarían el contralor por este Tribunal, como la ocurrencia del vicio de ilegalidad o un supuesto de absurdo en la ponderación del material fáctico y probatorio, excepciones que no se advierten en el “sub examine”.

IX.- Lo expuesto me releva del tratamiento de cualquier otra objeción o reparos contenidos en el memorial de agravios. Y de compartir mis pares el voto que propicio corresponderá rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley tenido a consideración, en su mérito, confirmar la sentencia del anterior tribunal en todas sus partes, con costas a cargo de la parte actora. Regular los honorarios profesionales de los Dres. Adolfo Víctor Bordagorry, como vencido y en calidad de Responsable frente al IVA; y los pertenecientes al Dr. Carlos Emmanuel Romero, Monotributista frente al I.V.A., como vencedor, a cada uno en el 30% de la cantidad que deba fijarse para los honorarios de primera instancia (art. 14, ley 5822), adicionando a los del primer abogado el porcentaje que deba tributar ante el IVA.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice: Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos. A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ, dice: Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ALEJANDRO ALBERTO CHAÍN, dice: Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice: Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos. En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente: SENTENCIA Nº 9 1°) Rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley, en su mérito, confirmar la sentencia del anterior tribunal en todas sus partes, con costas a cargo de la parte actora. 2°) Regular los honorarios profesionales de los Dres. Adolfo Víctor Bordagorry, como vencido y en calidad de Responsable frente al IVA; y los pertenecientes al Dr. Carlos Emmanuel Romero, Monotributista frente al I.V.A., como vencedor, a cada uno en el 30% de la cantidad que deba fijarse para los honorarios de primera instancia (art. 14, ley 5822), adicionando a los del primer abogado el porcentaje que deba tributar ante el IVA. 3°) Insértese y notifíquese.

Fdo.: Dres. Fernando Níz-Eduardo Panseri-Eduardo Rey Vazquez-Alejandro Chaín -Guillermo Semhan