Es injustificado el despido indirecto si el empleador omitió realizar aportes previsionales y de obra social, pero luego notificó su acogimiento a una moratoria

Partes: Brieva Santiago José c/ Titaniumrex S.A. y otros s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 20-dic-2016

Cita: MJ-JU-M-104126-AR | MJJ104126 | MJJ104126Sumario:
1.-No se ajustó a derecho el despido indirecto decidido ante la falta de depósito de aportes previsionales y de obra social en las que habría incurrido la empleadora, pues el actor decidió disolver sin más la relación laboral de casi cuarenta y seis años de antigüedad cuando la accionada mediante carta documento le hizo saber que se había acogido a una moratoria y que entregaría a la obra social los aportes retenidos, es decir, que tenía la intención de cesar en el incumplimiento y, sobre todo, de mantener el vínculo laboral.

2.-Resultó ilegítimo el autodespido, pues aun en la hipótesis de que la accionada no hubiera saldado la deuda que se determinó en los planes de facilidades de pago suscriptos con los organismos pertinentes, lo cierto es que, frente al requerimiento puntual del dependiente, contestó la intimación y se avino a cesar en su incumplimiento, desde el momento que le indicó que se había acogido a una moratoria y que los aportes a la obra social iban a ser integrados a su destinataria.

Fallo:

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la ciudad de Buenos Aires, el 20 de diciembre de 2016 , reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente a las pretensiones salariales, indemnizatorias y sancionatorias deducidas en el escrito inicial contra Titaniumrex S.A. A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpusieron sendos recursos de apelación la parte actora y las codemandadas, en los términos y con los alcances que explicitan en sus respectivos escritos de expresión de agravios (ver fs. 594/598; 599; 602; 605; 608; 610; 613 y fs. 616). A su vez, la perito contadora cuestionó la regulación de honorarios profesionales efectuada en su favor, por baja (ver fs. 593). Al fundamentar el recurso, el actor se agravia porque el a quo consideró que la decisión resolutoria basada en la retención indebida de aportes no resultó ajustada a derecho y, en base a ello, desestimó las indemnizaciones reclamadas en el inicio. También se queja porque el judicante no tuvo por demostrada la existencia de un grupo económico entre las restantes codemandadas y, en base a ello, haya desestimado la acción contra las personas físicas y jurídicas coaccionadas. Los codemandados Rodríguez; Maggio, Fabián Vasena, Pedro Vasena y las sociedades Titaniumrex S.A., Merconet S.A. y Tecnocom S.A. cuestionaron la forma en que fueron impuestas las costas del proceso y la regulación de honorarios efectuada en favor de la representación letrada de la parte actora y del perito contador por considerarla elevada. A su vez, la representación letrada de cada uno de los codemandados mencionados, por su propio derecho, critica la regulación de honorarios efectuada en su favor, por reducida.Por las razones que -sucintamente- se han reseñado, solicitan que se modifique, en tales aspectos, la sentencia recurrida, con costas.

Se agravia el accionante porque el Sr. Juez de la anterior instancia consideró que la decisión resolutoria basada en la retención indebida de los aportes al sistema de la seguridad social no resultó ajustada a derecho. Los términos en que fueran expresados los agravios imponen memorar que el actor relató en el escrito inicial que ingresó a trabajar para Caroli Hnos SAIC, que luego pasó a denominarse Titaniumrex S.A., el día 2 de agosto de 1965, de acuerdo a las tareas y horario que indica. Del intercambio telegráfico que se produjo entre las partes se desprende que, como la accionada no efectuaba regularmente sus aportes previsionales y de la seguridad social, decidió enviarle las c.d. de los días 15 y 19 de julio de 2011 a través de las cuales le hacía saber que la “intimaba para que en el plazo de 48 horas proceda a integrar a la AFIP los aportes previsionales que no abonaba desde hacía 18 meses, no obstante retenerlos de sus salarios” (ver contenido de las c.d. obrante a fs. 231 y 232 e informe de Correo Argentino de fs. 241). Como la accionada le respondió que su reclamo era “inexacto” y que se había acogido a un régimen de moratoria por un período que no era el reclamado, se consideró despedido mediante c.d del día 26/7/2011 (ver c.d. de fs. 233 e informe de Correo Argentino de fs. 241). Ahora bien, en primer lugar corresponde señalar que las manifestaciones esgrimidas por el recurrente -y sin que esto implique desmerecer en modo alguno la labor profesional del letrado que suscribe la presentación-, no cumplimenta el recaudo de admisibilidad formal previsto en el art. 116 de la L.O. porque se basa en consideraciones de carácter genérico que no llegan a constituir una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que se estiman equivocadas.Creo conveniente recordar aquí que la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la sentencia recurrida, a través de argumentos tendientes a descalificar los fundamentos en los que se sustenta la solución adoptada en el decisorio, mediante la invocación de la prueba cuya valoración se considera desacertada o la puesta de manifiesto de la incorrecta interpretación del derecho declarado aplicable a la controversia (art.116 LO). A tal fin, se debe demostrar, punto por punto, la existencia de los errores de hecho o de derecho en los que pudiera haber incurrido el juzgador y se deben indicar en forma precisa las pruebas y las normas jurídicas que el recurrente estime le asisten (cfr. esta Sala, in re: “Tapia, Román c/Pedelaborde, Roberto”, S.D. Nº73117, del 30/03/94, “Squivo Mattos C. c/ Automotores Medrano S.A. s/despido”, S.D Nº 100.168, del 24/2/12, entre otras). Enseña Carlos J. Colombo que la expresión de agravios, establece el alcance concreto del recurso y fija la materia reexaminable por el ad quem en las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que sean cuestionadas (conf. arg. art. 271 Y 277 CPCCN). Su blanco es la sentencia respecto de la cual debe formularse una crítica frontal, concreta y argumentada tratando de demostrar los errores que se atribuyen al a quo en el ámbito en que se hayan cometido. En tal sentido, dicho tratadista enfatiza que, de la misma manera que la sentencia, la expresión de agravios que ha de controvertirla debe observar a su turno los principios de plenitud y congruencia (conf. Colombo Carlos J. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -anotado y comentado- Abeledo-Perrot, Bs. As. 1975, T. I, págs.445 y stes.). Si bien la insuficiencia formal apuntada bastaría para desestimar -sin más- la procedencia de la vía recursiva intentada, a fin de no privar al recurrente del acceso a esta instancia de revisión y para dar el más amplio campo de operatividad posible a la garantía constitucional al derecho de defensa en juicio, analizaré -seguidamente- el contenido de su presentación. En el caso de autos, el apelante finca el eje de su queja en que la circunstancia de haber “omitido aportes no era menor”, que ello implicaba un ilícito penal y que, la circunstancia de que se encontrara jubilado, “no la exoneraba de responsabilidad”. Por otra parte, formula transcripciones de normas que entiende aplicables y hace hincapié en la obligación que tiene el empleador de efectuar los aportes previsionales del trabajador y cita jurisprudencia del caso; pero, lo cierto y concreto es que sus manifestaciones no llegan a constituir una crítica concreta y razonada de los aspectos del fallo que estima equivocados desde el momento que deja incólumes las razones expuestas por el Sr. Juez de grado que lo llevaron a concluir que la decisión resolutoria careció de causa. En efecto, el Sr. Magistrado de grado, luego de analizar la prueba documental obrante en autos (cfr. art. 386 CPCCN) señaló que ” Del informe producido por “Health Medical S.A.” surge que el accionante fue afiliado a la misma desde el 1º de enero de 2008 hasta el 1º de abril de 2009 y desde el 1º de octubre de 2011 hasta el 21/XII/2011, hallándose a su cargo su cónyuge y que la sociedad demandada satisfizo en plazo los aportes correspondientes a los períodos marzo a julio de 2011 y los períodos de agosto de 2009 a marzo de 2011 los abonó mediante un acuerdo que se encuentra cumplido (vid. informe de fs.221)” (sic). Estos fundamentos del fallo no merecieron una crítica concreta y razonada por parte del accionante, por lo que arriban firmes a esta instancia y resultan irrevisables en esta Alzada (cfr. art.116 LO). A su vez, indicó el judicante que “De los informes producidos por la AFIP surge que la demandada ingresó la cotización por los períodos 01/1995- 07/2011, 07/1994-11/2010 y 01/1995-09/2011 (fs.292/330) y que se acogió a planes de facilidades de pago en el período 2009-2013 (fs.408/410)”. (sic). Agregó que “Del informe producido por la Obra Social de los Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina surge que la demandada realizó los pagos de Obra Social hasta el mes de febrero de 2011 mediante recibos y a partir del mes de marzo del mismo año por AFIP, remitiendo al impresión de los pagos efectuados por la demandada a la Obra Social en forma global desde el mes de julio de 2009 hasta el mes de enero de 2012 (fs.456/457 y 479)”. Estos argumentos del fallo, tampoco merecieron una crítica concreta y razonada por parte del apelante, por lo que arriban incólumes a esta Alzada y resultan irrevisables en esta instancia. En definitiva, como fue señalado en la sentencia recurrida, de la prueba producida y reconocimiento efectuado por ambas partes, surge evidenciada la prestación laboral de Brieva durante casi 46 años (1965 a 2011); y, si bien la ex empleadora no cumplió (en determinados períodos) con la obligación de ingresar los aportes previsionales y de la Obra Social; lo cierto es que, en el caso, el actor reclamó por la falta de aportes por el período de los últimos 18 meses (ver c.ds. de fs. 231/232, es decir, desde enero de 2010 a junio de 2011) y la accionada demostró que se acogió a planes de facilidades de pago presentados ante el organismo recaudador, por lo que es evidente que tuvo la voluntad de saldar la deuda por aportes y contribuciones a la seguridad social, tal como surge de los informes traídos a la causa.Cabe señalar que, si bien el actor, al comienzo del memorial recursivo, destaca que recién pudo obtener el beneficio jubilatorio en marzo de 2014, lo cierto es que, en definitiva, reconoce que ello ocurrió debido a la “flexibilidad existente respecto de la legislación previsional para acceder a los beneficios” y no -como sostuvoa los incumplimientos de la ex empleadora en el pago de los aportes. Es decir, que la demora en el cobro de su haber jubilatorio no se debió (como dijo) a la falta de aportes previsionales y de la seguridad social sino, acaso, a la “flexibilidad” que existe en el sistema de jubilación. Por otra parte, aún en la hipótesis de que la accionada no hubiera saldado la deuda que se determinó en los planes de facilidades, lo cierto es que, frente al requerimiento puntual del dependiente (cfr. c.ds. del día 15 y 19/7/2011), la empleadora contestó la intimación y se avino a cesar en su incumplimiento, desde el momento que le indicó que se había acogido a un plan de moratoria y que los aportes a la obra social iban a ser integrados a su destinataria (ver c.d. del día 21/7/2001 de fs. 482 e informe de Correo Argentino de fs. 487). El actor, lejos de atender el ofrecimiento de la empleadora, decidió de manera apresurada y contraria a los principios de buena fe (cfr. art. 63 LCT) y de conservación del contrato (cfr. art. 10 LCT), disolver sin más la relación laboral de casi 46 años de antiguedad cuando, como se vió, la accionada mediante c.d. del día 21/7/2011 le hizo saber que se había acogido a una plan de moratoria y que entregaría a la obra social los aportes retenidos, es decir, que tenía la intención de cesar en el incumplimiento que se le atribuía y, sobre todo, de mantener el vínculo de trabajo.La actitud asumida por el actor al considerarse directamente injuriado y despedido aparece como contrapuesta a las directivas que emanan de los arts.10, 62 y 63 de la LCT que le imponían considerar la solución que, al menos, en principio, le daba la empleadora al requerimiento puntual efectuado en las c.ds de los días 15 y 29 de julio de 2011). En el marco de la relación individual de trabajo, no basta que existan ciertos incumplimientos de alguna de las partes para que se justifique sin más la ruptura del vínculo porque el deber de obrar de buena fe y, fundamentalmente, el principio de conservación del contrato (art. 10 cit.), exigen que a tal solución se arribe luego de haber dado ocasión a la incumplidora de modificar su actitud mediante la intimación pertinente (salvo cuando existiese un incumplimiento de suma gravedad y no fuera posible subsanarlo mediante diligencias posteriores a una intimación). En el caso de autos, como se vio, la accionada respondió el requerimiento del trabajador y se avino a cesar en sus incumplimientos a través del plan de moratoria y el depósito de importes retenidos a la obra social a lo que se comprometió en la misiva del 21/7/2011, por lo que no cabe duda que, en ese contexto, la decisión del actor carece de causa que la justifique y éste, por tanto, de derecho a las indemnizaciones que pretende (cfr. art. 499 del Código Civil de Vélez Sarsfield y art. 726 del Código Civil y Comercial de la Nación). En atención al agravio del recurrente referido a la omisión por parte de la juez de instancia anterior del principio que emana del art.9 de la LCT, creo necesario puntualizar que, en el caso de autos, la apreciación de la prueba no suscita duda alguna y que no se plantea una situación dudosa en torno a la existencia de los hechos alegados por la parte actora, como para que pueda considerarse operativa la solución prevista en el último párrafo del art.9 LCT, modificado por la ley 26.428. Por el contrario, de las circunstancias precedentemente analizadas, se desprende inequívocamente que existe una clara conducta del dependiente contraria a los principios que emanan de los arts. 10, 62 y 63 de la LCT que obsta decisivamente a la procedencia de sus reclamos indemnizatorios (cfr. art. art. 499 del Código Civil de Vélez Sarsfield y art. 726 del Código Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, propicio desestimar el segmento del recurso y mantener lo decidido en la sede de origen, en este aspecto. El segmento del recurso que gira en torno a la desestimación de la acción contra las restantes personas físicas y jurídicas codemandadas -basada en la existencia de un grupo económico- tampoco llega a constituir una crítica concreta y razonada de los aspectos del fallo que estima equivocados. En el caso, el recurrente hace hincapié en que el Sr. Juez de la anterior instancia omitió valorar la “frondosa” prueba testimonial obrante en autos que evidenciaría la relación entre las codemandadas de autos pero, lo cierto es que, omite cuestionar el eje fundamental del fallo según el cual “surge acreditado que el empleador fue “Titaniumrex S.A y que no se trajeron a la causa elementos que acrediten las maniobras fraudulentas previstas en el art. 31 LCT y que los rubros de condena se corresponden con un incumplimiento contractual que no configura fraude” , por lo que tales conclusiones del fallo arriban firmes a esta instancia y resultan irrevisables en esta Alzada(cfr. art. 116 LO). Por ello, propicio desestimar el segmento recursivo y confirmar lo resuelto en la instancia a quo, en el punto. Se agravia la parte actora porque el Sr.Juez de la anterior instancia omitió dar tratamiento al reclamo deducido en concepto de indemnización art. 80 LCT. Considero que le asiste razón. En efecto, tal como se desprende de la liquidación efectuada en el escrito inicial el actor reclamó el pago de la indemnización referida, sin que se haya dado tratamiento a esta pretensión en la anterior instancia. En tal sentido, cabe señalar que la gestión conciliatoria que se llevó a cabo ante el SECLO, a mi entender, es constitutiva de la requisitoria referida a la entrega del certificado, y, en el caso, adquirió virtualidad a partir de la fecha de conclusión del trámite administrativo, es decir el 16/2/2012 (ver fs. 16). Indudablemente, Brieva cumplió acabadamente con el recaudo previsto en el art. 3 del decreto 146/01 reglamentario de la ley 25.345 porque, luego de haber transcurrido el plazo de 30 días corridos a contar desde la extinción del contrato sin que el empleador haya hecho entrega de la certificación respectiva, el trabajador a través de la actuación administrativa ante el Seclo (el 16/2/2012) requirió en forma concreta el cumplimiento de la obligación que establece el art. 80 LCT, ( conf. art. 45 de la ley 25.345), sin que la requerida se aviniera a cumplir con la obligación a su cargo dentro de los 2 días hábiles posteriores. En el caso, la accionada no dejó constancia de su intención de cumplir con la obligación que establece el art. 80 L.C.T. en la instancia administrativa (ver fs. 16) y tampoco efectuó consignación judicial del certificado. En consecuencia, corresponde modificar la sentencia de grado y hacer lugar a la sanción prevista en el art. 80 LCT modificado por el art.45 ley 25.345 por la suma de $ 29.736.- ($ 9.912.-, salario éste que fue tenida en cuenta por el judicante para el cómputo de los rubros de condena x 3), por lo que el monto diferido a condena debe quedar elevado a la suma de $ 43.338.- ($ 29.736 + $ 13.602.-), más intereses. En virtud de las argumentaciones expuestas y con arreglo a lo establecido por el art. 279 del CPCCN, corresponde adecuar la imposición de costas y honorarios al resultado del pleito que se ha dejado propuesto para resolver la apelación, con respecto a la acción contra la codemandada Titaniumrex S.A.; por lo que devienen cuestión abstracta los planteos efectuados al respecto. Reiteradamente he sostenido que, en los supuestos en los que la demanda prospera parcialmente, aquéllas deben ser distribuidas en la forma que prevé el art. 71 del CPCCN pues, aún cuando puede considerarse que el demandante se vio obligado a litigar, ello es exacto únicamente en relación con la porción admitida de su reclamo; por lo que no habría fundamento objetivo para que quien sólo en parte es vencedor resulte eximido de las costas y éstas sean íntegramente soportadas por quien también obtuvo una victoria parcial (cfr. esta Sala, sent. 72.160, del 26/10/93 in re Soria, Carlos D. C/ Butomi SRL). Desde tal perspectiva, y toda vez que no se advierten elementos que justifiquen apartarse de la directriz establecida en la norma mencionada y que la cuestión no debe ser analizada desde una perspectiva meramente aritmética, propongo que las costas de ambas instancias se impongan en el 85% a cargo del actor y en el 15% restante a cargo de la demandada (cfr. art. 71 CPCCN). En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada, al nuevo resultado del pleito que he dejado propuesto con respecto a la acción que prospera contra Titaniumrex S.A., de acuerdo con las pautas que emergen del art.6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432 y del art.38 de la LO, estimo que, por las tareas llevadas a cabo en primera instancia, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 12%; de la ex empleadora en el 15% y los del perito contador en el 6%, a calcularse sobre la tercera parte del capital reclamado (sin intereses) pues entiendo que ello refleja razonablemente el valor discutido del pleito (conf. CSJN, 31/10/06 “Romero S.A. s/ quiebra” R. 528.XXXVII). Con relación al agravio vertido por los codemandados Fabián Vasena, Pedro Vasena, Maggio, Rodríguez, Tecnocam S.A y Merconet S.A., en torno a las costas (ver fs. 602, 605, 608, 610, 613 y fs. 616), se debe puntualizar que, si bien el art. 68 del CPCCN, establece la regla básica de aplicación derivada del principio objetivo de la derrota, también habilita al juzgador a examinar si la eventual razón fundada que pudo tener el pretendiente para promover la acción, justifica apartarse de dicho principio rector. En tal perspectiva, cabe puntualizar que la especial naturaleza del tema debatido, pudo haber llevado al accionante a considerarse asistido de mejor derecho; por lo que propicio desestimar los segmentos recursivos de dichos codemandadas y confirmar que la imposición de costas decidida respecto a dichas codemandadas. (art. 68, 2ª parte, CPCCN). Por los mismos fundamentos, propongo imponer las costas del alzada en el orden causado, en lo que respecto a la acción que se desestima contra Fabián Vasena, Pedro Vasena, Maggio, Rodríguez, Tecnocam S.A y Merconet S.A. En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada durante el trámite en primera instancia y a las pautas que emergen del art.6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432, del art. 38 de la L.O. y del dec. 16.638/57, estimo que los honorarios correspondientes a la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la perito contadora se adecuan a las normas arancelarias vigentes, por lo que propicio confirmarlos.Asimismo, considero que la regulación de honorarios efectuada a la representación letrada de los codemandados Fabián Vasena, Pedro Vasena, Maggio, Rodríguez, Tecnocam S.A y Merconet S.A., no resulta baja, por lo que propicio confirmarla. A su vez y con arreglo a lo establecido en el art.14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la parte actora, de Titaniumrex S.A. y de los codemandados Fabián Vasena, Pedro Vasena, Maggio, Rodríguez, Tecnocam S.A y Merconet S.A., estos últimos -en conjunto- propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el 25%, 25% y 25%, respectivamente de lo que corresponde a cada una de ellas por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior. El Dr. Miguel Ángel Maza dijo: Que adhiere a las conclusiones del voto de Miguel Ángel Pirolo, por análogos fundamentos. Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia de grado y elevar el monto diferido a condena a la suma de $ 43.338.-, más intereses; 2) Imponer las costas de ambas instancias, en un 85% a cargo de la parte actora y en un 15% a cargo de la codemandada Titaniumrex S-A-, en el marco de la acción que prospera contra ella; 3) Confirmar la imposición de costas establecida en la sentencia de grado anterior con relación a la acción promovida contra Fabián Vasena, Pedro Vasena, Maggio, Rodríguez, Tecnocam S.A y Merconet S.A.e imponer las costas de Alzada relativas a dicha acción en el orden causado; 4) Regular los honorarios de primera instancia de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 12%; de la ex empleadora en el 15% y los de la perito contadora en el 6%, a calcularse sobre la tercera parte del capital reclamado (sin intereses) con relación a la acción que prospera contra Titaniumrex S.A.; 5) Regular los emolumentos de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, de Titaniumrex S.A. y de los codemandados Fabián Vasena, Pedro Vasena, Maggio, Rodríguez, Tecnocam S.A y Merconet S.A., estos últimos -en conjunto- por lo actuado en esta Alzada en el 25%, 25% y 25%, respectivamente de lo que corresponde a cada una de ellas por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior. 6) Hágase saber a los interesados lo dispuesto por el art. 1º de la ley 26856 y por la Acordada de la CSJN Nº 15/2013, a sus efectos. Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Maza

Juez de Cámara

Miguel Ángel Pirolo

Juez de Cámara