No existe discriminación en el despido si el trabajador participó de una medida de fuerza que no fue debidamente convocada

Partes: Conte Maximiliano c/ Correo Oficial de la República Argentina S.A. s/ juicio sumarísimo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VII

Fecha: 16-sep-2016

Cita: MJ-JU-M-103025-AR | MJJ103025 | MJJ103025Sumario:
1.-Corresponde juzgar que el despido no resultó discriminatorio, y por lo tanto, no puede admitirse su nulidad, dada la falta de cumplimiento de los requisitos necesarios para considerar legal la medida de fuerza a la cual el trabajador se sumó pues, la huelga debe considerarse un acto colectivo en la deliberación que lleva a una agrupación de trabajadores a declararla para tutelar sus intereses, y en ese marco, celebrado el acuerdo, le cabe a cada trabajador un derecho subjetivo de realizarla, de modo que la proclamación de la huelga es una condición previa para que surja el derecho del particular a abstenerse del trabajo o a retacearlo.

2.-Corresponde desestimar el planteo de nulidad del despido pretendido por el accionante con sustento en el art. 1 de la Ley 23.592, así como la reinstalación en su puesto de trabajo, el reconocimiento de salarios caídos y el reclamo por daño moral consecuencias éstas que imputara a la conducta discriminatoria imputada a la empresa, pues tal comportamiento no se verificó en la causa.

3.-Toda vez que el ejercicio del derecho colectivo de declarar una huelga condiciona el ejercicio del derecho individual de adherirse o no a ella en un sentido material y en un sentido formal o material, no es posible adherirse a una huelga no convocada, por lo que, al verse incumplidos los requisitos, se juzga que el despido fundado en la participación del actor en la medida de fuerza no resultó discriminatorio.

4.-Sin perjuicio de la improcedencia de la nulidad del despido, corresponde juzgar que la medida fue injustificada, pues, más allá de que el actor participó en las reclamaciones colectivas, no hay prueba de que haya protagonizado otros episodios susceptibles de encuadrar en una inconducta laboral impeditiva de la prosecución del vínculo (conf. arts. 62 , 63 , 242 y cc. de la LCT).

5.-Puesto que el sólo hecho de participar en una o más medidas de acción colectiva, aún cuando en el marco del derecho colectivo de trabajo sean injustas, ilegales o ilegítimas, no basta para que se considere que el trabajador fue despedido con justa causa en los términos del art. 242 de la LCT., se juzga que el despido resultó injustificado y corresponde admitir las indemnizaciones legales; máxime siendo que es necesario probar que las modalidades y circunstancias personales del caso concreto configuraron injuria que por su gravedad no consienta la prosecución de la relación.

6.-El despido debe considerarse injustificado puesto que, el deber de buena fe, en el marco del principio de conservación del contrato (arts. 63 y 10 LCT), imponía a la empresa la carga de requerir oportunamente al trabajador que discontinuase las conductas irregulares relativas a medidas de fuerza y no, como al parecer ocurrió, adoptar una actitud meramente contemplativa en relación con el desarrollo de las conductas en cuestión, que tuvieron lugar en un establecimiento a lo largo de varios días, para, una vez finalizadas, castigar con la máxima sanción a quienes las llevaron a cabo.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de setiembre de 2016, para dictar sentencia en los autos: “CONTE MAXIMILIANO C/ CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. S/ JUICIO SUMARISIMO” se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO DIJO:

I.- Llegan los autos a consideración del Tribunal, en virtud del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revocó parcialmente la sentencia dictada por la Sala II de esta Excma. Cámara de Apelaciones del Trabajo.

II.- En primer lugar, se advierte que la empresa demandada despidió al reclamante imputándole su participación en las asambleas del 13/05/09, del 29/05/09 y en las medidas de acción directa tendientes al tratamiento de reclamos salariales, toda vez que a criterio de la empleadora debían considerarse ilegítimas en tanto no contaron con el aval de los sindicatos que representaban al personal.Asimismo se puntualizó en dicha comunicación rescisoria que los hecho sucedidos afectaron gravemente la labor operativa en la sede Monte Grande de la empresa en todos los turnos de trabajo que derivó en demora, retardo y retención en las imposiciones postales de todo tipo confiadas por los clientes, hecho que decidió certificar a través de escritura pública que detalló. El demandante rechazó el despido cursado solicitando su nulidad y requirió una indemnización por daño moral pues entendió que el despido fue discriminatorio en función de lo normado por la ley 23.592, reclamo que fue favorablemente receptado en primera instancia y confirmado por la Alzada, la que motivó la interposición del remedio Federal en queja de parte de la demandada, cuyo fundamento en síntesis se basó en indicar, que las reuniones en el lugar de trabajo afectaron al normal desarrollo de la labor operativa de uno de sus establecimientos no podían ser consideradas medidas de acción directa legítimas, porque no había ningún sindicato impulsándolas, y que por lo tanto el despido motivado por la conducta invocada en tal comunicación extintiva, en modo alguno habría implicado una discriminación por el ejercicio de derechos gremiales. Al respecto he sostenido inveteradamente, tanto en mi labor docente como en participaciones en numerosos congresos en los que se ha tratado el tema, que basándose en una estricta interpretación del art. 14bis, que reconoce a los gremios el derecho a huelga se traduce en la voluntad del constituyente del año 1957 y de lo expresado por el miembro informante de la comisión pertinente surge que el derecho a huelga puede ser ejercido por una pluralidad de trabajadores unidos por el hecho de pertenecer al mismo gremio, sin que su titularidad corresponda sólo al sindicato o asociación profesional. (ver en igual sentido SCBA in re “Leiva, Horacio y otros contra Swift Armour S.A.” 6/7/84). Por lo tanto deberá interpretarse el término con sentido amplio y referido al conjunto de trabajadores de una cierta actividad.Asimismo en igual sentido se ha expedido la doctrina sobre el tema al resaltar que, en la Constituyente de 1957 la recepción del derecho de huelga en el art. 14bis vigente, con su referencia a los gremios, produjo un debate destinado a aclarar si el término “gremios” se alcanzaba a los trabajadores. Los informantes del despacho y los constituyentes en reiteradas oportunidades, invocaron como antecedente a la Constitución mexicana y pusieron en evidencia que el derecho reconocido ampara a los gremios, aclarando que se entendía a éstos como pluralidad de trabajadores que participan de las huelgas, contando ellos con el ejercicio directo de acciones por el mismo. El debate dejó en claro que la huelga no era un derecho de ejercicio exclusivo por parte de los sindicatos con personería gremial y que los trabajadores como tales podían ejercer ese derecho que abrió el camino para que hoy, a casi sesenta años, los derechos de incidencia colectiva y las acciones de clase que de ellos se desprenden (entre ellas los amparos) sean uno de los aportes más significativos que la ciencia procesal hizo al derecho común privado y público. En 1957 la noción de los derechos de incidencia colectiva estaba en sus nacientes. Adviértase que sólo ahora está alcanzando claridad suficiente como para inspirar el art. 14 del nuevo Código Civil y Comercial que se sancionó en el año 2014. Lo colectivo es inherente a los derechos sociales y la huelga cuando triunfa, incide en los derechos colectivos del establecimiento, la empresa, la actividad o la profesión, de las categorías que quedan involucradas en el conflicto, que se resuelve en acuerdo que harían variar todos los contratos de trabajo que esas categorías involucran. Es lógico que en el siglo XXI, el constitucionalismo social haya madurado al punto de reconocer en función del garantismo, en los Estados Sociales de Derecho, los de tercera y cuarta generación.Interpretando el debate y la norma a la luz del presente, es indudable que el legislador estaba anticipándose a la noción de los derechos subjetivos de incidencia colectiva que, cuando no son coartados o desactivados artificiosamente, resultan de ejercicio de los individuos afectados por las categorías sociales que los involucran, como las asociaciones de todo tipo que ellos crean para representarlos en la defensa de los intereses de esas categorías sociales y de los derechos que se les reconocen. Cuando el organismo corporativo reconoce la existencia de esos derechos colectivos, desvirtuándoles, termina por impedir a los seres humanos ampararse en el ejercicio irrestricto de esas conductas. Esto se lleva a cabo a partir de una concepción estatista y burocratizante, que descansa en el autoritarismo. Asimila lo público al Estado, porque no entiende al Estado como instrumento de la sociedad democrática. (ver in extenso “El derecho de huelga como derecho de incidencia colectiva ” Ricardo J. Cornaglia – La Ley Nº 204 – 29 de octubre de 2015). Sin perjuicio de ello, el Máximo Tribunal indicó en su pronunciamiento, que la titularidad del derecho a declarar una huelga pertenece a un colectivo de trabajadores organizados en función de intereses comunes -los “gremios”-, no al trabajador en forma individual ni a cualquier grupo de trabajadores, ello desde una perspectiva de examen integral del texto del art. 14 bis de la Constitución Nacional, donde ese derecho se inserta en el segundo bloque que contiene el catálogo de los derechos reconocidos a las entidades gremiales, y que lo hace inmediatamente después de la disposición final del primer bloque que reconoce el derecho de sindicación de los trabajadores. Asimismo, refirió que la alocución “gremios” del art.14 bis de la Constitución Nacional no resulta comprensiva de cualquier grupo informal de trabajadores; la norma garantiza que las asociaciones profesionales destinadas a representar a los trabajadores en el ámbito de las relaciones colectivas se organicen con arreglo a los principios de libertad sindical y democracia interna y , a tal efecto, les ha impuesto el requisito de la inscripción en un registro especial como medida de control del cumplimiento de tales directivas, y, por lo tanto, no resulta lógico admitir que se otorgue de modo indistinto la titularidad de los derechos más relevantes del ámbito de las relaciones colectivas tanto a las organizaciones que cumplen con todos esos recaudos como a simples grupos informales a los que no les exige satisfacer ninguno de ellos. Agregó que en lo que atañe al derecho a adoptar medidas de acción directa, los sindicatos no pueden ser discriminados en razón del grado de representatividad, en virtud de los precedentes “Asociación Trabajadores del Estado” -Fallos: 331:2499, AR/JUR/10649/2008- y “Rossi” -Fallos: 332:2715; AR/JUR/45472/2009-, pero no cabe invocar esta doctrina para sustentar en ella el reconocimiento de tal derecho a los grupos informales de trabajadores. Puntualizó que dado que la base jurídica de la doctrina elaborada por el Comité de Libertad Sindical de la OIT reside en las normas del Convenio 87, que refiere a los derechos y objetivos de las organizaciones sindicales, de ello solo se sigue el reconocimiento de la atribución de disponer medidas de fuerza para estas organizaciones. Que en virtud del Convenio 87 de la OIT, el art. 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y 26 y 45 inc. c de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Estado argentino tiene el compromiso de garantizar el derecho de huelga como derecho inherente a la libertad de sindicación.Resaltó la importancia de la calificación legal de la huelga y que ésta constituye un requisito ineludible para decidir sobre sus consecuencias, pues las medidas de acción directa -huelga, “paros intermitentes”, “trabajo a reglamento”, “trabajo a desgano”- implican la abstención o el retaceo de la prestación laboral como medio de presión para lograr que se satisfagan ciertos reclamos, y al obstaculizar el normal desarrollo de la producción de bienes o de prestación de servicios, no solo perjudican al empleador sino que también afectan los intereses de los consumidores o usuarios, provocando una evidente tensión con el ejercicio de los derechos del primero (libertad de comerciar, de ejercer toda industria lícita, etc.) así como también con derechos de terceros o de la sociedad (transitar, enseñar y aprender, a la protección de la salud, a la adquisición de bienes para una adecuada alimentación y vestimenta, a que se asegure la calidad y eficiencia de los servicios públicos, etc.). Determinó por ello que la huelga debe considerarse como un acto colectivo en la deliberación que lleva a una agrupación de trabajadores a declararla para tutelar sus intereses; celebrado el acuerdo, corresponde a cada trabajador un derecho subjetivo de realizarla, de modo que la proclamación de la huelga es una condición previa para que surja el derecho del particular a abstenerse del trabajo o a retacearlo. Que el ejercicio del derecho colectivo de declarar una huelga condiciona el ejercicio del derecho individual de adherirse o no a ella en un sentido material y en un sentido formal, material, porque no es posible adherirse a una huelga no convocada, formal porque el ejercicio individual será legítimo si legítima fuese la convocatoria de la huelga. Que por lo tanto, el ejercicio del derecho de huelga exhibe dos facetas:una individual que se identifica con el derecho del trabajador singular de adherirse o no a una huelga declarada y otra indudablemente colectiva, pues fijar reivindicaciones, declarar o poner fin a la huelga, como también negociar la solución del conflicto son atribuciones que necesariamente se ejercen a través de una agrupación de trabajadores. En función de los argumentos desplegados el único requisito al que el art. 14 bis de la Constitución Nacional supedita el ejercicio de los derechos sindicales por parte de las organizaciones de trabajadores es el de su simple inscripción en un registro especial, por lo que cabe concluir que el legítimo ejercicio del derecho de huelga está subordinado a que el sujeto que la dispone haya cumplido con tal recaudo de inscripción. En tales términos, a influjo de tal temperamento, dejando a salvo mi opinión contraria en el tema, corresponde desestimar el planteo de nulidad del despido pretendido por el accionante con sustento en el art. 1 de la ley 23.592, así como la reinstalación en su puesto de trabajo, el reconocimiento de salarios caídos y el reclamo por daño moral consecuencias éstas que imputara a la conducta discriminatoria imputada a la empresa (art. 499, Cód. Civil de Vélez Sarsfield), comportamiento que conforme fuera analizado por nuestro más Alto Tribunal no se verificó en la causa.

III.- Ahora bien, dicha circunstancia no implica necesariamente que el despido hubiese sido justificado, aspecto sobre el cual corresponde expedirse seguidamente en función de la petición subsidiaria incoada a fs. 4 punto III y 17 punto XII. Sobre el particular observo que las constancias de autos no avalan la postura rescisoria, ya que más allá de haber participado en las reclamaciones colectivas, no hay prueba de que haya protagonizado otros episodios susceptibles de encuadrar en una inconducta laboral impeditiva de la prosecución del vínculo (conf. arts.62, 63, 242 y concordantes de la LCT). Asimismo que el sólo hecho de participar en una o más medidas de acción colectiva -aunque analizadas en el marco del derecho colectivo de trabajo sean injustas, ilegales o ilegítimas- no basta para que se considere que el trabajador fue despedido con justa causa en los términos del art. 242 de la LCT, pues es necesario probar que las modalidades y circunstancias personales del caso concreto -analizadas en el marco individual dentro de un conflicto de derecho- configuraron injuria que por su gravedad no consienta la prosecución de la relación. A mayor abundamiento corresponde destacar que reciente jurisprudencia de esta Cámara en antecedentes de similares características que el presente ha expresado que, el deber de buena fe, en el marco del principio de conservación del contrato (arts. 63 y 10 LCT), imponía a la empresa la carga de requerir oportunamente al trabajador que discontinuase las referidas conductas irregulares y no, como al parecer ocurrió, adoptar una actitud meramente contemplativa en relación con el desarrollo de las conductas en cuestión (solo habría intervenido para documentarla en actas notariales), que tuvieron lugar en un establecimiento de la accionada a lo largo de varios días, para, una vez finalizadas, castigar con la máxima sanción a quienes las llevaron a cabo (o, al menos, a algunos de ellos, como el actor). Consecuentemente corresponde concluir que el despido del actor no resultó justificado en los términos del art. 242 de la LCT, y por lo tanto corresponde su reparación en función de lo dispuesto por el art. 245 de la LCT. En tales términos y a falta de todo otro elemento probatorio de los arrimados a la causa, corresponde tomar en cuenta la liquidación practicada por el experto contable a fs.277, que en este sentido no mereció observación alguna por parte de los contendientes y diferir a condena por los conceptos de indemnización por antigüedad, integración del mes de despido con más su SAC, preaviso con más su SAC, vacaciones no gozadas con más su SAC y aguinaldo proporcional, la suma de $ 19.620,42.- que devengará intereses desde que cada suma fue debida y hasta su efectivo pago conforme la tasa nominal anual libre destino conforme Acta. Nº 2601 y 2630.

V.- El nuevo resultado del juicio impone dejar sin efecto lo decidido sobre costas y honorarios siendo necesario un nuevo pronunciamiento (conf. art. 279 C.P.C.C.N.). Propongo por tanto que las costas de primera instancia sean soportadas por la demandada vencida, ello toda vez que la acción devino necesaria a los efectos de que el actor pudiese percibir los conceptos indemnizatorios correspondientes a su despido. (conf. art. 68 C.P.C.C.N.). Por lo actuado en primera instancia sugiero regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 16%, los de la demandada en el 10% y los correspondientes al perito contador en el 5%, del monto total de capital e intereses de condena (conf. Ley 21.839, Dec.ley 16.638/57 y art. 38 L.O.). En torno a las costas correspondientes a esta instancia he de propiciar que las mismas sean impuestas por su orden en función de la suerte dispar de los recursos interpuestos (arg. art. 71 del CPCCN), y regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en un 25%, y los correspondientes a la demandada en el 25% de lo que en definitiva le corresponde por la intervención que le cupo en la primera instancia (art. 14 Ley del arancel).

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO: por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR HECTOR CESAR GUISADO: no vota (art. 125 de la ley 18.345).

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE:1) Dejar sin efecto la condena dispuesta a fs.734, y condenar a Correo Oficial de la República Argentina S.A. a abonar a Conte Maximiliano, dentro del plazo de cinco días desde que quede firma la liquidación del art. 132 de la L.O., la suma de $19.620,42.- (diecinueve mil seiscientos veinte pesos con cuarenta y dos centavos) que devengará intereses desde que cada suma fue debida y hasta su efectivo pago conforme la tasa nominal anual libre destino conforme Acta. Nº 2601 y 2630. 2) Regular los honorarios de primera instancia correspondientes a la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 16%, los de la demandada en el 10% (diez por ciento) y los correspondientes al perito contador en el 5% (cinco por ciento), del monto total de capital e intereses de condena (conf. Ley 21.839, Dec.ley 16.638/57 y art. 38 L.O.). 3) Imponer las costas de esta instancia en el orden causado, regulando los honorarios de la representación letrada de la parte actora en un 25% (veinticinco por ciento), y los correspondientes a la demandada en el 25% (veinticinco por ciento) de lo que en definitiva le corresponde por la intervención que le cupo en la primera instancia (art. 14 Ley del arancel). 3) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la Ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nro. 15/2013. Regístrese, notifíquese y devuélvase.