Responsabilidad del Estado y la empresa concesionaria por las lesiones sufridas por un pasajero que viajaba en los estribos de la formación de un tren

Partes: Zamora Gastón Gabriel y otro s/ U.G.O.F.E. S.A Línea San Martín y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: D

Fecha: 14-feb-2017

Cita: MJ-JU-M-103761-AR | MJJ103761 | MJJ103761

Sumario:
1.-Corresponde revocar la sentencia y condenar a la empresa ferroviaria, la aseguradora y el Estado en virtud del accidente sufrido por un pasajero cuando, viajando en los estribos de la formación del tren, un alambrado golpeo en su rodilla derecha provocándole una herida cortantante, toda vez que concesionaria no cumplió con su obligación de controlar que las puertas de acceso al vagón estén cerradas antes de iniciarse la marcha, incumpliendo con el deber de seguridad que le impone el contrato de transporte.

2.-La traslación del pasajero sin frustración alguna hace a la esencia del contrato, y ese pasajero, haya adquirido o no su boleto, tiene derecho a ser trasladado con toda seguridad al lugar de destino pues, no se trata de un derecho de excepción, sino la consecuencia normal de una obligación de resultado asumida por el transportista, vale decir conducir al pasajero sano y salvo a destino.

3.-La empresa de transporte incumplió con el deber de vigilar que las puertas del vagón estuviesen cerradas mediante el pertinente control que debió haber ejercido el guarda, quien además no debió dar la señal al motorman para que el tren continúe el recorrido

4.-La circunstancia de que el vagón estuviera colmado de gente debido a la hora en que el accionante se subió a él, no excusa su actitud, pues no es dable pensar que no contara siquiera con un espacio mínimo para permanecer de pie dentro de él sin exponerse al evidente riesgo de viajar fuera de sus puertas; máxime cuando pudo atravesar el vagón desde el lateral por el que ascendió hasta el opuesto.

5.-Para que la culpa de la víctima pueda generar ese efecto, dado que constituye un supuesto particular de caso fortuito, debe revestir los caracteres de imprevisibilidad e irresistibilidad, ninguno de los cuales ha sido probado, sino por el contrario, la asiduidad con que ocurre este tipo de hechos, los convierte en previsibles y evitables.

6.–El concesionario deberá responder por todos los daños y perjuicios causados por el incumplimiento o mal cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por la concesión que se le otorga; y que se produjeran como consecuencia de dicha actividad, o por la utilización o riesgo por los bienes muebles o inmuebles afectados, o por sus dependientes, personas o cosas de las cuales se sirve y por ello no resulta admisible que se pretenda extender una responsabilidad al Estado, fundándose en el deber genérico que pesa sobre éste de garantizar la seguridad (del voto en disidencia parcial de la Dra. Ana María Brilla de Serrat).

7.-Acreditadas, entonces, las lesiones físicas, pero asimismo su curación sin secuelas, la ineptitud transitoria que las mismas generaron en su oportunidad, no puede ser objeto de resarcimiento en sí misma considerada, sino en sus efectos.

8.-Siempre que se haya probado la existencia del daño, tal como acontece en la especie, donde se demostraron las lesiones y la necesidad de la asistencia médica, aún cuando no se haya probado específicamente el desembolso efectuado para cada uno de los gastos realizados, tiene el deber el magistrado de fijar el importe de los perjuicios reclamados efectuando razonablemente la determinación de los montos sobre la base de un juicio moderado y sensato (art. 165 del CPCCN.)

9.-No es lícito que el asegurador se libere de las obligaciones emergentes del contrato de seguro, ni al concesionario contratar un seguro contra la responsabilidad civil previsto, para sólo en apariencia dar cumplimiento a la obligación asumida en el contrato de concesión.

10.-No hay dudas de que la empresa demandada opera por cuenta y orden del Estado Nacional y no a su propia costa y riesgo pues, el acuerdo al cual han arribado no es un contrato de concesión como el que habitualmente el Estado suscribe (del voto de la Dra. Patricia Barbieri al que adhiere el Dr. Osvaldo Onofre Álvarez- mayoría).

Fallo:

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los días del mes de febrero de dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de la Apelaciones en lo Civil, Sala “D”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados “ZAMORA GASTÓN GABRIEL Y OTRO C/U.G.O.F.E. S.A LÍNEA SAN MARTÍN Y OTRO S/DAÑOS Y PERJUICIOS”, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara doctores Ana María Brilla de Serrat, Patricia Barbieri y Osvaldo Onofre Álvarez.

A la cuestión propuesta la doctora Ana María Brilla de Serrat, dijo:

I.-Contra la sentencia obrante a fs. 660/663, se alza la parte actora, quien expresa agravios a fs. 735/738. Corrido el traslado de ley pertinente, el mismo fue contestado a fs. 740/742 por la citada en garantía “La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A” y a fs.

744/750 por la codemandada UGOFE S.A Línea San Martín. Con el consentimiento del auto de fs.751 quedaron los presentes en estado de resolver.- El decisorio de la anterior instancia: a) Rechazó la excepción de falta de legitimación para obrar opuesta a fs. 55 vta, apartado III, con costas; b) Desestimó la demanda incoada por Gastón Gabriel Zamora contra U.G.O.F.E S.A y Héctor Alfredo Busto, con las costas establecidas en el considerando III de dicho resolutorio y c) Reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.

II.- Preliminarmente es dable destacar que los jueces no se encuentran obligados a seguir a las partes en todos los planteamientos, ni evaluar la totalidad de los elementos probatorios agregados al expediente sino que sólo deben hacer mérito de aquéllos que crean conducentes y de las articulaciones que juzguen valederas para la resolución de la litis. (C.S.J.N. Fallos 258:304; 262:222; 272: 225; 278:271 y 291: 390 y otros más).- Asimismo, es dable destacar que en el terreno de la apreciación de la prueba, el juzgador puede inclinarse por lo que le merece mayor fe en concordancia con los demás elementos de mérito que puedan obrar en el expediente, siendo ello, en definitiva, una facultad privativa del magistrado.- Por último, incumbe recordar que de acuerdo a lo establecido por el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación la responsabilidad respecto del hecho antijurídico dañoso se rige por la ley vigente al momento del hecho. Ello así toda vez que es en ese instante en que nace la obligación de resarcir, al reunirse los requisitos y presupuestos de hecho que la configuran, y en el cual el daño no es la consecuencia sino la causal constitutiva de la obligación de resarcir (Sumario n° 25214 de la Base de Datos de la Secretaría de Documentación y Jurisprudencia de la Cámara Civil).-

III.- RESPONSABILIDAD:

a) El accionante esboza sus quejas a fs. 735/738 por encontrarse disconforme con que se haya rechazado la acción perpetrada.-

Centra sus quejas, básicamente, en la interpretación que efectuará el anterior magistrado respecto de la declaración testimonial brindada por el único testigo de autos, Sr. César Rodrigo Monjes (v.fs. 307/308).-

Afirma enfáticamente que al momento del siniestro ventilado la línea de ferrocarriles demandada se encontraba brindando una deficiente prestación del servicio de transporte, por lo que resulta evidente su responsabilidad en el evento denunciado.- Aduce que el tren se encontraba colmado de pasajeros, motivo por el cual tanto el accionante como el único atestiguante debieron ubicarse en el estribo del ferrocarril.- Asevera que contrariamente a lo sostenido por el sentenciante de grado, quien estaba en el 3° vagón, era el testigo y no el actor, como erróneamente lo plasmó el Sr.Juez “a-quo” en el decisorio recurrido.- Ratifica que el siniestro se produjo en hora pico de servicio, en el que la gente concurre en forma masiva a sus lugares de trabajo, por lo que la contraria debió tomar las medidas del caso necesarias para prestar un servicio acorde para que quienes viajan hacia sus trabajos, no lo hagan cual si fueran ganado, todos apretados, corriendo riesgos inadecuados para poder llegar a sus labores diarias.- En virtud de dichas consideraciones, requiere se revoque la decisión atacada, y en consecuencia, se haga lugar a la demanda entablada en todas sus partes, con costas.-

b) Debo señalar que, admitida la existencia del hecho relatado en la demanda, el caso se rige por el artículo 184 del Código de Comercio (vigente al momento del hecho), con la inversión de la carga de la prueba que allí priva, clásico ejemplo de responsabilidad de naturaleza objetiva, impuesta por el legislador por razones de política en materia de transportes, precisamente para inducir a las empresas a extremar las precauciones respecto de la buena calidad, perfecto estado y funcionamiento del material, capacidad y buen desempeño de su personal, y el estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos. También como amparo de las posibles víctimas para quienes el resarcimiento resultaría en la práctica poco menos que ilusorio en la mayoría de los casos si tuvieran que probar la culpa del transportador.

La obligación principal que queda a cargo del transportista resulta ser la de velar por el arribo a destino sano y salvo de quien utiliza ese medio de transporte, la cual conlleva ínsitamente una presunción de responsabilidad que, como en el caso de quebrantamiento de la obligación de seguridad contractual, significa en el orden procesal la inversión del “onus probandi”.

Se trata aquí de una imputación legal de responsabilidad presumida, que sólo puede ceder ante la justificación del caso fortuito, la fuerza mayor, la culpa de la víctima o la de un tercero por el que no deba responderse.Y todo esto de acuerdo con los principios comunes del derecho consagrados en los arts. 511 y 513 del Código Civil. La traslación del pasajero sin frustración alguna hace a la esencia del contrato, y ese pasajero, haya adquirido o no su boleto, tiene derecho a ser trasladado con toda seguridad al lugar de destino. Y no se trata de un derecho de excepción, sino la consecuencia normal de una obligación de resultado asumida por el transportista, vale decir conducir al pasajero sano y salvo a destino.

Por ello, si el transportado sufre una lesión en su persona implica ello que el contrato no se ha cumplido, incurriendo la transportadora en culpa contractual, salvo que se acredite alguna de las eximentes previstas por el art. 184 del Código de Comercio.

La circunstancia probada de que el actor viajara sentado sobre el estribo correspondiente a una de las puertas del tren (v.fs. 5 y 307/308 de estas actuaciones), aun cuando no se acreditara que lo hiciera con sus piernas extendidas o colgando fuera del vagón, importa sin duda, una conducta negligente y desaprensiva acerca del riesgo de vida que corría, que ha interrumpido -aunque parcialmente, a mi entender- el nexo causal entre el daño que sufrió y el modo en que se cumplió el contrato de transporte.- En efecto, violó una norma elemental, prevista por el Reglamento General de Ferrocarriles en su artículo 154, que establece que: “Es prohibido (.) viajar en los balcones de los coches”, sin olvidar que en el artículo 91 se dispone que: “El público deberá acatar las disposiciones vigentes relativas al servicio y las observaciones basadas en ellas”.

La circunstancia de que el vagón estuviera colmado de gente debido a la hora en que el accionante se subió a él, no excusa su actitud, pues no es dable pensar que no contara siquiera con un espacio mínimo para permanecer de pie dentro de él (véase en este sentido lo declarado por el Sr.Monjes) sin exponerse al evidente riesgo de viajar fuera de sus puertas; máxime cuando pudo atravesar el vagón desde el lateral por el que ascendió hasta el opuesto.

Pero no basta ello para enervar la responsabilidad de la empresa. Para que la culpa de la víctima pueda generar ese efecto, dado que constituye un supuesto particular de caso fortuito, debe revestir los caracteres de imprevisibilidad e irresistibilidad, ninguno de los cuales ha sido probado. Por el contrario, la asiduidad con que ocurre este tipo de hechos, los convierte en previsibles y evitables (conf. precedente de esta Sala en Expediente N° 63.284/06 con mi primer voto).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en ese sentido que, para que la culpa de la víctima tenga la aptitud de cortar totalmente el nexo de causalidad entre el hecho y el perjuicio, debe aparecer como única causa del daño, aparte de revestir las características de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito o fuerza mayor (Fallos: 317:1921; 319:2511 ; 321: 700 , 1462, 3519; 324: 1344 ; 327:5224 ).

No olvidemos que el art. 11 de la ley 2873 establece que “Toda empresa deberá tener en las estaciones, en los trenes y en todo el trayecto del camino de día y de noche, desde que empiece y hasta que termine el movimiento diario, el número de empleados que fuese necesario para que el servicio se haga con regularidad y sin tropiezos ni peligro de accidentes”.

Esta Sala, en anterior composición, ha resuelto: “Es que la responsabilidad de velar por la seguridad de los transportados, depende de la empresa de ferrocarril, quien tiene el deber de trasladar a los mismos sanos, salvos y en condiciones dignas, a su lugar de destino.Su deber es proveer la cantidad de servicios necesarios para atender a las masivas concurrencias de pasajeros en horarios de alto tránsito -concordantes con los horarios comunes de ingreso y egreso de gran parte de la población a sus empleos regulares-, y lo es también verificar que el mismo se desarrolle normalmente, en tiempo y de manera segura, refiriéndose esto, en materia de seguridad personal, tanto a evitar la comisión de delitos por parte de otros individuos, cuanto a la prevención de acc identes en plataformas, andenes y vagones, durante el ascenso y descenso a la formación y, a su vez, a lo largo del recorrido en cuestión. Tales medidas de seguridad las constituyen, por ejemplo, la presencia activa de guardias -en cantidad suficiente y bien capacitados- en estaciones y vagones; el manejo correcto de los tiempos para el ascenso y descenso de pasajeros, evitando que el mismo se produzca con la formación en movimiento; la correcta señalización de bandera o lumínica -según el caso- a fin de poner en movimiento la formación sin riesgo para el pasaje; el sistema de apertura y cierre de puertas, que en caso de ser manual deberá supervisarse su correcto funcionamiento y utilización, más aún teniendo en consideración las vicisitudes del recorrido, en referencia a puentes, curvas peraltadas, cambios de vías, todo lo que normalmente produce balanceos en los vagones del tren, siendo estos de mayor o menor envergadura de acuerdo a las velocidades desarrolladas” (conf. esta sala, 25/06/2007, “Bero, Carlos Alberto c. Ferrocarriles Argentinos y otros” ).

En un caso semejante al que nos ocupa, se ha sostenido: “De tal modo ha de concluirse que la demandada tuvo a su alcance la posibilidad de evitar la producción del siniestro, toda vez que -como reiteradamente lo ha destacado el citado tribunal- su personal debió adoptar las diligencias del caso y controlar que no existieren viajeros ubicados en lugares peligrosos o que las puertas estuviesen cerradas cuando la formación se encontrase en marcha.Dicha omisión -en numerosas oportunidades también se ha manifestado- viola lo dispuesto por el art. 11 de la ley 2873 que establece la obligación de proveer a sus empleados de las instrucciones y medios necesarios a fin de que el servicio se haga con regularidad, sin tropiezos ni peligro de accidente” (Fallos: 311:1227; 312:2412; 316:2774; 317:768; 321:1462 ; 323:2930 , 3215; 327:5082 ). El art. 474 del Reglamento Interno Técnico Operativo, por su parte, dispone que los empleados, cualquiera sea su categoría, deben hacer todo lo posible y recurrir a todos los medios a su alcance para evitar que se produzcan accidentes (conf. CNCiv, sala G, 18/06/2008, “Carbonero, Isidoro Antonio c. Transportes Metropolitanos General San Martín y otro”, disidencia del Dr. Carlos Carranza Casares).

La circunstancia de que la puerta del vagón se encontraba abierta estando el convoy en movimiento, significa que la empresa de ferrocarriles no estaba brindando al pasajero durante su viaje las medidas de seguridad indispensables para proteger su integridad física, lo que implica en consecuencia, la violación de la obligación por parte de aquélla consistente en conducir al transportado sano y salvo al lugar de destino (conf. CNCiv. Sala “F”, en autos: “Coman, Nicanor del Valle y otro c. Trenes de Buenos Aires SA y otros s/ daños y perjuicios”, del 14/07/03).

Es por todo lo expuesto que propongo al acuerdo se revoque la sentencia recurrida, y en consecuencia, se haga lugar parcialmente a la acción intentada, distribuyendo la responsabilidad por el hecho acaecido en partes iguales, debiendo responder la demandada U.G.O.F.E. y la empresa citada en garantía por el 50 % de las sumas por las que prospere la presente demanda.- Por último, y entrando a conocer la responsabilidad del Estado Nacional en un hecho como el que aquí nos ocupa, propondré al acuerdo el rechazo de la demanda respecto de su parte, con costas a cargo U.G.O.F.E.S.A por haber sido ella quien requirió la citación del Ente Gubernamental como tercero.- Con relación a este aspecto, ya se he expedido la jurisprudencia en el sentido que (conf. causa N° 537.470 del 18/03/2010, pub. en Abeledo Perrot On Line, Lexis n° 70061879) en el contrato de concesión, y en el marco que lo regula, se establece como principio general de responsabilidad del concesionario, la derivada de la naturaleza de esta clase de relaciones jurídicas y de los caracteres particulares del objeto del mismo.- El concesionario deberá responder por todos los daños y perjuicios causados por el incumplimiento o mal cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por la concesión que se le otorga. De tal manera, que por ejercer la tenencia y operación de los Grupos de Servicios Concedidos el concesionario es el responsable de los daños y perjuicios que se produjeran como consecuencia de dicha actividad, o por la utilización o riesgo por los bienes muebles o inmuebles afectados por dichos Grupos, o por sus dependientes, personas o cosas de las cuales se sirve.

Frente a un planteamiento similar la Sala I de esta Cámara, sostuvo que aún cuando las normas contenidas en el contrato de concesión no contemplan en forma literal la responsabilidad exclusiva del concesionario y la eximición del concedente, tal es sin duda el propósito que los inspira. Así lo indica la inicial referencia al principio general de responsabilidad del concesionario y también la atribución a éste de ejercer la tenencia y operación de los Grupos de Servicio Concedidos, situación ajena al concedente, y que prevea en forma expresa una sola excepción, admitiendo la responsabilidad del concedente, como es la relativa a los daños al medio ambiente.

En esta línea de pensamiento, se ha dicho también que la explotación del servicio público la hace el concesionario a su propia costa y riesgo. Ello significa que toda responsabilidad que derive de hechos que concreten el ejercicio de la concesión, le corresponde al concesionario.Además, obra por su cuenta, de modo que todo su accionar debe ser atribuido a su propia responsabilidad sin obligar directamente al concedente. El accionar bajo su propio riesgo indica claramente que asume en forma directa y personal las consecuencias, favorables o no, de su negocio consistente en la explotación del servicio.- Por tanto, entiendo que no resulta admisible que se pretenda extender una responsabilidad al Estado, fundándose en el deber genérico que pesa sobre éste de garantizar la seguridad (conf.: CNCiv. Sala “A” en autos “Sayago, Andrés Ireneo y otros c/Transportes Metropolitanos General San Martín y otros s/daños y perjuicios” del 05/03/2009; CNCiv. Sala “C” en autos “Sixto, Nora E. y otro c/Trenes de Buenos Aires S.A. y otros s/daños y perjuicios” del 01/12/2010; CNCiv. esta Sala “D” en autos “Lescano, Rubén Darío c/Trenes de Buenos Aires s/daños y perjuicios” del 01/03/2010; CNCiv. Sala “E” en autos “Hoyos Tobar, María de los Ángeles c/Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia y otros s/daños y perjuicios” del 10/06/2010; CNCiv. Sala “G” en autos Kubitz, Herta c/Transportes Metropolitanos General Roca S.A. y otros s/daños y perjuicios” del 10/10/2008; CNCiv. Sala “H”, en autos “Gauna, Valentín c/Estado Nacional y otro s/daños y perjuicios” del 28/12/2009; CNCiv.Sala “L” en causa libre n° 513.372 del 13/08/2009).-

A este respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que la mera existencia de un poder de policía que corresponde al Estado Nacional o Provincial, no resulta suficiente para atribuirle responsabilidad en un evento en el cual ninguno de sus órganos o dependencias tuvo participación, toda vez que no parece razonable pretender que su responsabilidad general en orden a la prevención de los delitos pueda llegar a involucrarlo a tal extremo en las consecuencias dañosas que ellos produzcan con motivo de hechos extraños a su intervención directa (conf.: Fallos, 312:2138; 323:3599 ; 325:1265 y 3023; 326:608 , 1530 y 2706).- Corresponde, entonces, conocer respecto de los rubros indemnizatorios solicitados por la parte actora al inicio de estas actuaciones.-

IV.- INCAPACIDAD SOBREVINIENTE (FÍSICA,

PSÍQUICA Y TRATAMIENTO PSICOTERAPÉUTICO):

a) Corresponde determinar que, como he resuelto reiteradamente, la estimación del daño por incapacidad sobreviniente no sólo abarca las limitaciones en el ámbito laboral específico, sino en cuanto pueda afectar la capacidad laborativa genérica y el desarrollo normal de la vida de relación.- En efecto, la noción de “lo patrimonial” en el derecho de daños es más amplia que la de patrimonio en estricto sentido técnico, pues debe abarcar, más allá de los bienes exteriores pertenecientes a la persona, las potencialidades humanas que instrumentalmente posean naturaleza económica, que, aunque desprovistas de valor económico en sí, lo adquieren indirectamente al ser aplicadas al logro de finalidades productivas. Así la integridad de la persona presenta un valor económico instrumental como capital destinado a ser fuente de beneficios económicos y de toda índole, cuya afectación cercena posibilidades de desenvolvimiento futuro, con lo cual se tiene que el daño en esta esfera resulta ser susceptible de apreciación pecuniaria, como lo exige el artículo 1068 del Código Civil, y, por ende, indemnizable.Como afirma Mosset Iturraspe, “en el examen complejo de su multiforme actividad, al margen de la laboral, toda persona desarrolla en su casa o fuera de ella, tareas vinculadas con sus facultades culturales, artísticas, deportivas, comunitarias, sociales, religiosas, sexuales, etc., y los deterioros o menoscabos en tales quehaceres pueden acarrear consecuencias de carácter patrimonial” (“Responsabilidad por daños”, t.II-B, p. 194).- Finalmente, debe recordarse en este punto, lo expuesto reiteradamente por la jurisprudencia en cuanto a que la indemnización por incapacidad no puede fijarse meramente en función de rígidos porcentajes extraídos sobre la base de cálculos actuariales, sino que deben ponderarse en concreto las limitaciones que el damnificado padece en su desempeño laboral y social, teniendo en cuenta circunstancias particulares como su edad, sexo, condiciones socioeconómicas, actividad laboral anterior, incidencia real de las lesiones en su actividad actual, etc. Por ello es que el porcentual determinado pericialmente cobra un valor meramente indiciario y no matemáticamente determinante del monto a reconocer.- b) Desde este punto de vista habrán de analizarse las probanzas producidas en relación a la cuestión.- A fs. 444/447 obra la pericial psicológica efectuada por la especialista designada de oficio, Dra. Silvina Inés Papandrea.- La especialista adujo que el actor desarrolló sintomatología reactiva al hecho de autos, correspondiéndole un 5% de incapacidad en cuanto a este aspecto se refiere por desarrollo reactivo.- Sin perjuicio de ello, aconsejó -asimismo- la realización de un tratamiento en la materia de 12 meses de duración con una frecuencia de 1 sesión individual semanal a un costo estimado de entre $ 80 a $150 la entrevista personal.- Dicha pericia fue impugnada a fs. 451 y 458/459, mereciendo la correspondiente contestación por parte de la profesional a fs. 468/76 y 497/498.-

Ahora bien, resulta necesario establecer que el valor probatorio de un peritaje se mide por su apoyo gnoseológico y científico, es decir, por la seriedad, prolijidad y exhaustividad del camino seguido por el experto para arribar a sus conclusiones.Dado que el juez es entonces un sujeto cognoscente de segundo grado -conoce a través del perito y con el auxilio técnico que éste le brinda-, la estimación de la fuerza de convicción del dictamen se subordina a un análisis crítico de las razones y fundamentos que han conducido al experto a la formulación de sus juicios.- Cuando las conclusiones de los expertos no son compartidos por las partes, es a cargo de éstas la prueba del error de lo informado.

No son suficientes, las meras objeciones, es necesario algo más que disentir, es menester probar fehacientemente, arrimar evidencias suficientemente sólidas para convencer al Juez que lo dicho por el especialista es incorrecto, que sus conclusiones son erradas o que los datos proporcionados como sostén de sus afirmaciones son equivocadas.- Como reiteradamente se ha sostenido, si bien las conclusiones del experto no son vinculantes ni obligatorias para el Juez, para apartarse de sus dichos, es necesario fundarse en elementos científicotécnicos suficientes para desvirtuar tales afirmaciones.

Por ello, es que los argumentos vertidos por las impugnantes, no alcanzaron a conmover los fundamentos brindados por la perito, haciendo aplicación de las reglas de la sana crítica (arts.386, 476 y concs., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).- En cuanto al aspecto físico se trata, a fs. 563/564 el Dr.Ignacio Rubén Waisberg afirmó que no se evidencian cicatrices en el actor ni incapacidad alguna vinculada con el hecho de autos, por lo que no corresponde otorgarle grado de detrimento físico alguno.- Corresponde destacar que dicho instrumento fue consentido por las partes, por lo que habré de estar a sus conclusiones.- Acreditadas, entonces, en autos las lesiones físicas, pero asimismo su curación sin secuelas, la ineptitud transitoria que las mismas generaron en su oportunidad, no puede ser objeto de resarcimiento en sí misma considerada, sino en sus efectos.

Estos pueden recaer en la esfera afectiva de la víctima y así, incidirán en la cuantía del daño moral -aspecto en el cual se han tenido en cuenta-, o en la órbita patrimonial, si ella ha debido o deberá efectuar gastos médicos de tratamiento, farmacia, etc., o si ha sufrido un lucro cesante, entendido éste como las sumas concretamente dejadas de percibir a raíz del hecho dañoso, por un término determinado de tiempo, esto es desde el accidente hasta el restablecimiento de la víctima, concepto éste que no ha sido objeto de reclamo al demandar.

En virtud de todo ello, es que propongo al acuerdo se conceda la suma de pesos cincuenta mil ($50.000) a favor del accionante para hacer frente a la incapacidad psíquica constatada y el monto de pesos quince mil ($15.000) para enjugar el tratamiento psicoterapéutico recomendado por la especialista que intervino en autos, debiendo la demandada responder solamente por el 50 % de dichos importes atento el grado de responsabilidad decretado “ut supra”.-

V.- DAÑO MORAL:

Conceptualmente, debe entenderse por daño moral, toda modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de la capacidad de entender, querer o sentir y que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de este y anímicamente perjudicial.

(Pizarro, Ramón Daniel, “Reflexiones en torno al daño moral y su reparación”, JA semanario del 17-9-1985).

Este instituto se aplica cuando se lesionan los sentimientoso afecciones legítimas de una persona que se traducen en un concreto perjuicio ocasionado por un evento dañoso. O dicho en otros términos, cuando se perturba de una manera u otra la tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado, sea en el ámbito privado, o en el desempeño de sus actividades comerciales. Con atinado criterio, se ha expresado que el daño patrimonial afecta lo que el sujeto tiene, en cambio el daño moral lesiona lo que el sujeto “es” (Matilde Zavala de González, “Resarcimiento de Daños”, Presupuestos y Funciones del Derecho de Daños, t. 4, pág. 103, 1143 y “El concepto de daño moral”, JA del 6-2-85).- Reiteradamente ha sostenido nuestro Máximo Tribunal que, en lo concerniente a la fijación del daño moral debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de responsabilidad y la entidad de los sufrimientos espirituales causados y por otra parte, que el reconocimiento de dicha reparación no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (conf. C.S.J.N., 06/10/2009, A. 989. ; “Arisnabarreta, Rubén J. c/ E. N. (Min. de Educación y Justicia de la Nación) s/ juicios de conocimiento” ; Idem., 07/11/2006, B. 606. “Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra de c/ Buenos Aires, Provincia de y Camino del Atlántico S.A. y/o quien pueda resultar dueño y/o guardián de los animales causantes del accidente s/ daños y perjuicios” , Fallos 329:4944; Id., 24/08/2006, F. 286, “Ferrari de Grand, Teresa Hortensia Mercedes y otros c/ Entre Ríos, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios” , Fallos 329: 3403; Id., 06/03/2007, M. 802.”Mosca, Hugo Arnaldo c/ Buenos Aires, Provincia de (Policía Bonaerense) y otros s/ daños y perjuicios” , Fallos 330:563, entre muchos otros).- En relación con este rubro, debe reconocerse la extrema dificultad que presenta al juzgador su estimación, pues tratándose de vivencias personales, no puede precisar cuánto sufrió el damnificado a raíz del suceso, pudiendo sólo evaluar la magnitud del dolor que puede provocar el hecho en el común de las personas, valorándolo a la luz de las circunstancias particulares acreditadas en la causa.

En consecuencia, ponderando la repercusión que en los sentimientos del actor debió generar a la actora los hechos objeto de la presente litis; considero prudente estimar en la cantidad de pesos treinta mil ($30.000) el monto para indemnizar el presente ítem, debiendo la demandada responder solamente por el 50 % de dicho importe atento el grado de responsabilidad decretado “ut supra”.-

VI.- GASTOS DE TRASLADOS, MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS:

Se ha sostenido reiteradamente que en materia de atención médica, traslado y gastos de medicamentos, el aspecto probatorio debe ser valorado con criterio amplio, sin que sea necesaria la prueba acabada de todos los gastos realizados, toda vez que la asistencia médica, sanatorial y de farmacia provoca desembolsos de dinero que no siempre resultan fáciles de acreditar o no son reconocidos por la obra social y, además, porque lo apremiante en tales circunstancias para la víctima o sus familiares no reside en colectar pruebas para un futuro juicio sino en la atención del paciente.- Lo propio acontece aún en el caso de que el damnificado haya sido atendido en hospitales públicos o que cuente con cobertura social, toda vez que siempre existen erogaciones que no son completamente.-

En relación a ello, también se expidió nuestro Máximo Tribunal, “Atento a la necesidad de salvaguardar el principio de la reparación integral del daño causado, debe integrar el resarcimiento, aunque no hayan sido materia de prueba, los gastos médicos y de farmacia que guarden razonable proporción con la naturaleza de las lesiones sufrida por el actor “(C. S. J. N.Fallos 288:139).- En consecuencia, siempre que se haya probado la existencia del daño, tal como acontece en la especie, donde se demostraron las lesiones y la necesidad de la asistencia médica, aún cuando no se haya probado específicamente el desembolso efectuado para cada uno de los gastos realizados, tiene el deber el magistrado de fijar el importe de los perjuicios reclamados efectuando razonablemente la determinación de los montos sobre la base de un juicio moderado y sensato (art. 165 del Código Procesal).- Sin perjuicio de ello, la presunción es susceptible de rebatirse por prueba en contrario, la que deberá producir quien alega la improcedencia del reclamo (si el recurrente es el demandado) o pretende una suma superior a la fijada por el sentenciante en uso de las facultades que le otorga el artículo 165 del Código Procesal, cuando se trata del accionante.- En virtud de las consideraciones precedentes y teniendo especial consideración con lo dictaminado por el perito médico a fs. 563 vta , considero adecuado reconocer la suma de pesos un mil ($1.000) a los efectos de resarcir el presente concepto (art. 165 del CPCC), debiendo la accionada responder solamente por el 50 % de dicho importe atento el grado de responsabilidad decretado “ut supra”.-

VII.-GASTOS DE ASISTENCIA, TRATAMIENTOS Y/O OPERACIÓN FUTURA:

El reclamo introductorio presentado por la parte actora incluye un monto destinado, según dice, a realizar futuras operaciones y/o tratamientos, en el caso de ser posible, estimando su costo en la cantidad de pesos tres mil (v.fs. 18 ).- El accionante pretendió que se apruebe una partida por gastos médicos futuros. Sin embargo, al proponerse los puntos de pericia, ninguno de los que se formularon se refirió a ese extremo. Y el peritaje antes mencionado no contiene ninguna mención al respecto.

Así, púes, no se da el requisito de certeza que caracteriza al daño resarcible, debiendo desestimarse la petición, lo que así propongo.-

VIII.- FRANQUICIA:

A fs. 138/155 la citada en garantía “La Meridional Cía.Argentina de Seguros S.A” invocó una franquicia convenida por un monto mayor al de la demanda y afirmó que una eventual condena no podría ejecutarse en su contra.- Preliminarmente, no dejo de advertir que el actor se opuso a la franquicia invocada por la empresa citada en garantía (v.fs.174), requiriendo se declare inaplicable respecto de su parte.- Pues bien: Adelanto que propondré declarar la inoponibilidad de la franquicia al demandante por los fundamentos que a continuación expondré.

Tal como he sostenido al votar en un caso similar (“Ralde, Rubén Fernando c/Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A. s/daños y perjuicios”, sentencia del 30 de noviembre de 2009).

Cité allí un fallo de la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial: “tratándose de una concesión de servicios públicos, ésta se otorga directa a inmediatamente en “interés público”, que incide en todo su régimen jurídico. La naturaleza jurídica es la de un contrato administrativo por razón de su “objeto”, de estructura homogénea y única: contractual en todos sus aspectos y contenido; por lo demás, pertenece al grupo de los llamados de “colaboración”. En consecuencia, esas relaciones se rigen por el derecho público “administrativo” (Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, T. III-B, págs. 611/612).

“Si bien los sujetos que intervienen originariamente son dos: el concedente y el concesionario, también en los actos y contratos administrativos, se consideran “parte” en ellos las personas a quienes pueden alcanzarles sus “efectos”. Corresponde, entonces, mencionar también como sujetos de esa relación a los usuarios, tanto más cuanto es en su beneficio que la concesión se otorga. Son reputados como tales, todas las personas individuales o jurídicas que, en las condiciones reglamentarias, deseen utilizar el servicio, quienes pueden invocar en su beneficio las cláusulas de la concesión (obra y autor citados, págs.598, 1153 y 611). (.) En el derecho que rige los contratos administrativos, ya sea que tenga su fuente en la ley, en un reglamento o en el propio texto contractual (celebrado en el marco de la normativa aplicable), se admite, como un principio dogmático institucional, la extensión de los efectos hacia terceros, lo que es particularmente advertible en las concesiones de servicios públicos y de obras públicas (.) De todo lo expuesto, surge claramente, que tanto los usuarios como los terceros damnificados pueden invocar en su beneficio los términos del “Pliego de Bases y Condiciones Generales” y del Contrato de Concesión que exige la contratación de un seguro contra la responsabilidad civil, cuya existencia no puede ser desnaturalizada por las partes sustanciales – asegurado y aseguradora través del recurso de establecer una franquicia irrazonablemente elevada, que deja sin cobertura asegurativa a la casi totalidad de las víctimas en caso de siniestro, y que torna inútil y carente de finalidad su contratación, convirtiendo en un mero formalismo la emisión de la póliza, toda vez que de acaecer un siniestro, el asegurador solo responderá frente al damnificado o sus derechohabientes, cuando el daño supere los U$S 300.000. En cualquier otro caso, operaría un supuesto de “no seguro”, con lo que se conculca su espíritu y finalidad, lo que constituye lisa y llanamente una burla para la Concedente, la Secretaría de Transportes, los usuarios, en síntesis la comunidad toda. (.) No es lícito que el asegurador se libere de las obligaciones emergentes del contrato de seguro, ni al concesionario contratar un seguro contra la responsabilidad civil previsto, para sólo en “apariencia” dar cumplimiento a la obligación asumida en el contrato de concesión. (.) “Los límites cuantitativos de la cobertura, así como la franquicia están consignados en las condiciones particulares de la póliza. En el seguro de la responsabilidad civil, aun cuando el damnificado revista condición de tercero (art. 1199 del Cód.Civil) frente a las partes sustanciales del contrato de seguro, le son oponibles tanto las cláusulas delimitativas del riesgo, como ser, las exclusiones de cobertura así como los topes de garantía y franquicias.

“Este principio resulta inaplicable en el presente caso, frente a los terceros damnificados, sean usuarios o no, que pueden invocar los términos del contrato de concesión que dispone la contratación de un seguro contra la responsabilidad “útil”, cuyas condiciones particulares no conlleven la desnaturalización del objeto del contrato”. (CNCom, Sala A, 20/07/2006, “B., J. A. c. Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A.”).- Dicha sentencia fue objeto de recurso extraordinario por arbitrariedad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En su dictamen, la Procuradora General sostuvo la inadmisibilidad del recurso, manifestando: “Estimo que tales conclusiones hallan adecuado sustento en las minuciosas consideraciones de hecho y de derecho común formuladas con relación a los principios generales del derecho, a los preceptos de la ley 17.418, a la franquicia establecida, al contrato de concesión de transporte ferroviario, como así también en el examen de las particularidades técnicas y fácticas del contrato celebrado entre la empresa concesionaria y la aseguradora apelante (.) advirtió que las partes no debieron apartarse de lo estipulado en el contrato de concesión de servicios ferroviarios, de donde surge la relevancia que se asignó a la obligación del concesionario de contratar un seguro de responsabilidad civil y, además, valoró la situación concursal en la que se encuentra la demandada Transportes Metropolitanos Belgrano Sur S.A. Tales apreciaciones, además de ser irrevisables en esta instancia, no fueron debidamente controvertidas por la compañía aseguradora como era menester en esta instancia excepcional.- “Por último, cabe señalar que no resulta obstáculo a la solución que se propugna la doctrina sentada por el Alto Tribunal en el precedente de Fallos: 329:3054 (“Nieto”), reiterada en Fallos: 330:3483 (“Cuello”) y, más recientemente en la sentencia del 4 de marzo del corriente año, in re V. 389, L.XLIII, “Villarreal, Daniel Alberto c/ Fernández, Andrés Alejandro” . Ello es así, pues en dichos pronunciamientos se señaló que en el seguro de responsabilidad civil obligatorio para automotores destinados al transporte público de pasajeros la franquicia establecida legalmente y pactada en la póliza era oponible al damnificado y, en consecuencia, se descalificaron los pronunciamientos de la Cámara en tanto se apartaban de la normativa aplicable sin fundamento suficiente. Sin embargo, ni la Ley de Tránsito 24.449 ni la resolución 25.429/97 de la Superintendencia de Seguros de la Nación resultan aplicables al servicio público de transporte ferroviario, motivo por el cual la cláusula contractual que estableció el monto de la franquicia que se cuestiona en el sub lite, a diferencia de lo que ocurrió en los casos aludidos, no fue consecuencia de una expresa obligación legal” (“Barreiro, Jorge Andrés c/Transportes Metropolitanos Sur S.A.”, 23/9/2008).-

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos “Ortega, Diego Nicolás c/Transporte Metropolitano General Roca S.A.”, con fecha 20 de octubre de 2009 remitió a los fundamentos del dictamen precedentemente transcripto y añadió: “Aun cuando la ley considera que la oponibilidad de la franquicia es la regla (art. 109 de la ley 17.418), dicha solución no impide discriminar entre la diversidad de situaciones que pudieran plantearse y reconocer, como lo hizo la cámara, que cuando se ha estipulado una franquicia como la de autos se afecta el acceso a la reparación de los daños sufridos por la víctima del accidente, principio de raíz constitucional por cuya tutela corresponde velar a los magistrados (conf. Fallos: 320:1999 ; 327:857 ; entre otros).- “Que, por otra parte, como bien señala la señora Procuradora Fiscal en su dictamen, no obsta a lo expuesto la solución adoptada en Fallos:329:3054 (“Nieto”) (La Ley Online); 330:3483 (“Cuello”) (LA LEY, 2007-E, 402) y 331:379 (“Villarreal”) pues en materia de servicio público ferroviario no existe una expresa obligación legal que imponga a los concesionarios y a las aseguradoras establecer una franquicia en los contratos de seguro de responsabilidad civil que celebren. Por lo demás, las franquicias que fueron examinadas en los precedentes señalados – relacionados con el transporte público automotor- no eran susceptibles de los juicios de reproche formulados aquí por la alzada, no aparejaban la desnaturalización del seguro contratado, además de que no contrariaban disposiciones relativas al orden público que pudiesen privarlas de validez a la luz de las reglas jurídicas aplicables”.- La Sala E de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial se pronunció en igual sentido. Tras recordar las condiciones impuestas en el pliego y en el contrato de concesión, destacó: “Es, justamente, con base en tales prescripciones contractuales que la hoy concursada celebró con Boston Cia. Argentina de Seguros S.A. el contrato de seguro que se agregó al expediente en copia y en el que se pactaron ciertos “deducibles” que pueden ser interpretados como franquicias absolutas por la suma de u$s 500.000 por siniestro.No es ocioso destacar que, a diferencia de lo que ocurre con el autotransporte público de pasajeros, no existe norma positiva que imponga un pacto con esos alcances para la explotación del servicio ferroviario.- “Sentado ello, resulta evidente que la intención del Estado Nacional, al otorgar la concesión del servicio público a Ferrovías, fue la de mantener indemne al concesionario, al concedente y a los subcontratistas de todo reclamo derivado de daños causados a terceros hasta la suma de u$s 2.000.000.- “Pero, paralelamente, esa estipulación también redundó en una garantía para los terceros ajenos al contrato (usuarios o no), pues a partir de la obligatoriedad de ese seguro, se aseguraron contar con una empresa de seguros solvente que respondería por cualquier causación de daños, independientemente de la situación financiera por la que atravesara, en el caso, el concesionario. Recuérdese que ese seguro obligatorio estaba impuesto por la celebración de un contrato administrativo de concesión de un servicio público, que se otorga directa e inmediatamente en “interés público” y cuyos efectos, por ello, alcanzan a toda la comunidad (cfr. Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, T. III-A, p. 325 y 334 y T. II, p.401).- “Así, una cláusula contractual que estipula una franquicia tan excesiva, al extremo de que casi ningún siniestro debería ser atendido por la aseguradora, resulta irrazonable e importa una desnaturalización del Contrato de Concesión celebrado en el marco del Pliego de Bases y Condiciones Generales ya referido.- “Ello así pues, en los hechos, ese seguro obligatorio – exigido, reitérase, también en beneficio de los terceros damnificados- pierde prácticamente operatividad pues es público y notorio que la enorme mayoría de las indemnizaciones que se fijan con base en la responsabilidad civil de la transportadora son inferiores al importe de la deducción pactada, hecho éste que no podían desconocer la concesionaria ni la aseguradora.- “Más allá de la validez de la franquicia entre la aseguradora y el concesionario – hecho éste sobre el que no cabe aquí efectuar valoración alguna toda vez que la concursada no apeló la resolución de grado en este punto- lo cierto es que los actores tienen derecho a resistir la oponibilidad de tal cláusula, con sustento en el Contrato de Concesión.- “Ese contrato que concede la explotación de un servicio público puede ser invocado por terceros, puesto que si es el Estado quien la otorga en beneficio público, entonces, tienen aquéllos legitimación para exigir el cumplimiento de sus prescripciones (v. Morello-Stiglitz, “La franquicia irrazonable y la distorsión del contrato de seguro.

Jurisprudencia de conceptos y de principios”, JA 2006-III-707 y sus citas).- “Sucede que en el contrato de seguro obligatorio celebrado como consecuencia de otro contrato precedente de concesión de un servicio público, los terceros son beneficiarios y, por ende, parte vinculada al mismo. Y así, pueden invocar en su favor los derechos correlativos a las obligaciones asumidas por las partes en el contrato básico (cfr.Messineo y Mazeaud – Mazeaud – Mazeaud – Chabas, citados por Morello-Stiglitz en el artículo antes citado).- “Entiende la Sala que, en los términos en los que se ha pactado la franquicia, el cumplimiento de las obligaciones que el Estado había impuesto al concesionario es sólo aparente.- “No se desconoce la estrecha vinculación entre el riesgo asumido y la prima pactada, que conforma la ecuación económica sobre la base de la cual se asienta la organización general del sistema asegurador. Pero el hecho de que el tomador hubiera pretendido economizar el costo de este seguro o que la aseguradora hubiera vislumbrado la enorme siniestralidad que se da en la prestación del servicio ferroviario de transporte, no pueden perjudicar al tercero damnificado, a quien asisten los derechos que en forma indirecta le acuerda el Contrato de Concesión que estableció la obligatoriedad del aseguramiento” (CNCom SalaE, 04/06/2007, “Ferrovias S.A. s/conc. prev. s/inc. de rev. por: Gastaldi, Oscar”).

Rubén Stiglitz ha explicado en cuanto a esta cuestión que deben distinguirse los efectos de los contratos frente a terceros en la órbita del Derecho Privado y en la del Derecho Público, pues, en tanto en el primero el principio general consiste en que el contrato no los beneficia ni los perjudica y no pueden aducir derechos contra las partes otorgantes, en el Derecho Público, el acto administrativo puede incidir en la esfera jurídica de un tercero, ajeno a la creación o formación del mismo. Siendo así, el contrato administrativo, bajo ciertas circunstancias, puede ser invocado por terceros.Así acontece con la concesión de servicio público -conjunto de “terceros”- quienes pueden exigir que el concesionario preste el servicio correspondiente.

“Cuando se examina el fundamento jurídico que suministra las razones por las cuales determinados contratos administrativos surten efectos con relación a terceros, una de las categorías que se analiza – la que interesa a este comentario- hace campamento en la hipótesis en que “el objeto o contenido del contrato repercute principal y esencialmente en la esfera jurídica de terceros” o, si se prefiere, en aquellos que se hallen vinculados “al giro o tráfico específico de la Administración contratante, por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública”. En ese caso, se ejemplifica con el contrato de “concesión de servicio público” que puede ser invocado por terceros, supuesto en que “es el Estado – lato sensu-, quien la otorga en beneficio público, en interés público” lo que legitima a aquéllos “a invocarlos en su favor, a la vez que pueden serles opuestos” y, en ocasiones, generar responsabilidad civil del Estado frente a los usuarios y terceros afectados.- “Si ello es así, estos últimos se hallan habilitados para cuestionar la eficacia de la franquicia incorporada al seguro celebrado en consideración a lo especificado en el contrato de concesión” (Stiglitz, Rubén, La franquicia exorbitante en el seguro contra la responsabilidad civil, LA LEY2006-E, 142).- Sanmartino y Schiavo, al comentar la referida sentencia “Barreiro” de la Sala E de la Cámara Comercial, tras recordar que se trata de un supuesto excluido de la ley 24.449 y de la resolución 25.429/1997 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, destacan que entre las condiciones de la concesión se impuso la contratación de un seguro de responsabilidad civil con una delimitación cuantitativa máxima de cobertura en los USD 2.000.000 y sostienen que asiste razón a la Cámara cuando afirma que el acto administrativo licitatorio y el posterior contrato de concesión no permitían que concesionario y asegurador pactaran voluntariamente elestablecer una franquicia y mucho menos de una magnitud tal que convierta al aseguramiento en inexistente. “Considerando justamente al descubierto obligatorio como un “no seguro”, cuando la magnitud del mismo es de tal entidad, resulta obvio que se está burlando la imposición y finalidad tuitiva de las posibles víctimas, consideradas en los fundamentos en virtud a los cuales el concedente estableció la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil”.- Distinguen, según criterio que comparto, el caso del transporte automotor de pasajeros, en el cual existe una expresa norma dictada por el Estado que autoriza la contratación del seguro con franquicia, frente al que los terceros ajenos a la relación asegurativa que deseen invocarlo deben circunscribirse a sus términos y condiciones, del transporte ferroviario, sosteniendo: “El asegurador es un profesional en la explotación del negocio de seguros, negocio que exige el respeto de rigurosas bases técnicas de correspondencia entre riesgo, prima y prestación del asegurador para que se cumpla su finalidad económico-social, con respeto a la propia finalidad de la aseguradora al explotarlo. Justamente esa profesionalidad hace que el asegurador no pueda haber desconocido los términos y condiciones de las normas y contratos administrativos que imponían al concesionario la contratación de un seguro de responsabilidad civil. Por ser precisamente contratos administrativos, el concesionario sólo estaba expresamente autorizado a pactar lo taxativamente establecido y nunca pudo haber acordado el establecimiento de una franquicia” (conf. Castro Sammartino, Mario E. Schiavo, Carlos A., La franquicia en el seguro de responsabilidad civil del transporte público de pasajeros, LA LEY 2006-E, 346).- Por estos fundamentos, propicio decretar la inoponibilidad al actor de la franquicia invocada por la citada en garantía, y en consecuencia, hacer extensiva la condena a la empresa de seguros mencionada “Ut Supra”.-

IX.-TASA DE INTERÉS:

Cabe destacar que esta Cámara ha resuelto que en el supuesto de indemnizaciones derivadas de delitos o cuasidelitos los intereses deben liquidarse desde el día en que se produjo cada perjuicio objeto de reparación en el caso, desde la ocurrencia del accidente y hasta su efectivo pago, de conformidad con lo establecido en la doctrina plenaria “Gómez, Esteban c. Empresa Nacional de Transporte” , de fecha 16 de diciembre de 1958 (CNCiv, sala H · 13/02/2006 · Fernández, Ceferino D. c. Grubber, Gabriel · La Ley Online).

Ahora bien, según el criterio adoptado y mantenido por este Tribunal desde hace ya un tiempo, los intereses habrán de calcularse desde la fecha del hecho -6-12-2005- a la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina hasta el 20 de abril de 2009 y, desde entonces hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación conforme la recta vigencia del plenario “Samudio” , con excepción con excepción a la partida reconocida en concepto de tratamiento psicólogico, debido a que tal como lo he sostenido en reiteradas oportunidades, tratándose de una erogación a concretarse en el futuro, debe entenderse que la configuración del perjuicio respectivo no coincide con el acaecimiento del hecho dañoso, como en el resto de los rubros reclamados, por ello dichos intereses correrán desde la fecha del pres ente pronunciamiento, por tratarse de gastos futuros.-

X.- COSTAS:

Como se ha resuelto reiteradamente, las costas son erogaciones que necesariamente deben hacer los sujetos del proceso, para obtener la actuación de la ley mediante la resolución judicial que pretenden (Podetti, Tratado delos Actos Procesales, pag.111), siendo principio general en la materia que el objetivamente derrotado debe resarcir íntegramente las mismas al vencedor (conf. Morello, Código Procesal Comentado y Anotado, Tomo II, pag.363, ed Abeledo Perrot).- En virtud de la modificación del fallo que se propone, las costas de ambas instancias se imponen a la demandada y citada en garantía que resultaron vencidas (conf. art. 68 CPCCN).- Por todo lo expuesto, voto para que:

1) Se admitan parcialmente los agravios esgrimidos por la parte actora, revocando la sentencia recurrida, y en consecuencia, se haga lugar a la demanda instaurada, condenando a U.G.O.F.E. S.A a abonar al Sr. Gastón Gabriel Zamora los importes que se desprenden de los considerandos respectivos en el plazo de diez días de encontrarse firme la presente, con más sus intereses que se computarán desde la fecha de inicio del cálculo fijada en el punto IX a la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina hasta el 20 de abril de 2009 y, desde entonces hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, con excepción a la partida en concepto de tratamiento psicólogico, cuyos intereses correrán desde la fecha del presente pronunciamiento, por tratarse de gastos futuros.- 2) La condena se hace extensiva a la citada en garantía “La Meridional Cía. Argentina de Seguros S.A”.- 3) Se impongan las costas de ambas instancias a las demandada y su citada en garantía por haber resultado vencidas, con excepción a las generadas por la intervención del Estado Nacional en la anterior instancia, que serán soportadas exclusivamente por U.G.O.F.E. S.A (conf. art. 68 CPCCN).- 4) Se regulen los honorarios correspondientes a ambas instancias, de conformidad con lo prescripto por el art.279 del Código Procesal.- 5) Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida lo dispuesto por el artículo 164 párrafo segundo del ritual y articulo 64 del Reglamento para la Justicia Nacional.- La señora juez de Cámara doctora Patricia Barbieri dijo:

Disiento con la solución propiciada por la Dra. Brilla de Serrat en cuanto a la responsabilidad que se le atribuye a la víctima y a la eximición de condena al Estado Nacional.

Por lo demás, coincido con las partidas acordadas y demás puntos tratados en el pronunciamiento que me precede.-

1) Atribución de responsabilidad:

El actor refirió que el día 6 de diciembre de 2005, siendo las 7:50 horas, viajaba como pasajero en un convoy de la Línea de Ferrocarriles San Martín cuando próximo a llegar a la Estación Paternal, en forma totalmente repentina e imprevista un alambrado golpea en su rodilla derecha provocándole una herida cortante.

Explica que las condiciones del viaje eran pésimas, con los vagones repletos afirmando que la demandada no cumplía siquiera las condiciones mínimas de seguridad que requieren los pasajeros.

A fs. 307/8 obra declaración testimonial de César Monje quien declaró que conoce al actor de vista, del barrio José C. Paz. Señaló que presenció cuando el actor se golpeó con un tejido y con el palo que sostiene al mismo a la altura de la Estación Villa del Parque y lo acompañó hasta que vino la ambulancia.Agrega que el tren venía muy lleno y Gastón estaba parado en el estribo, recalcando que no había lugar en el interior del vagón pues estaba muy cargado.

Si bien es cierto que preguntado por si al momento de subir la cantidad de gente permitía que el testigo se ubique contestó que sí (v.fs.308 repregunta décimo segunda), que se quedó parado porque no había asientos, no es menos que en toda su declaración insistió con que el convoy estaba lleno de pasajeros, es más, aclara que como el servicio lo transformaron en rápido desde la Estación Hurlingham la gente no lo sabía y por eso se llenó tanto (v.fs. 307 vta. pregunta cuarta).

En definitiva, entiendo que la empresa ferroviaria no cumplió con su obligación de controlar que las puertas de acceso al vagón estén cerradas antes de iniciarse la marcha -probablemente por el exceso de pasajeros en un servicio en hora pico-, incumpliendo con el deber de seguridad que le impone el contrato de transporte, en virtud del cual debe transportar a la persona sana y salva al lugar convenido.

Cabe recordar que el servicio público de transporte de personas, por cualquier medio que sea, debe ser un servicio eficiente; o sea, debe contar con el número de vehículos necesarios para cubrir las frecuencias y servicios adicionales; debe disponer de personal idóneo y capacitado para esos menesteres y, por último, debe trasladar a los pasajeros con un mínimo de comodidad y seguridad, de modo que el trato sea adecuado a seres humanos dignos y no afecte la moral y las buenas costumbres. Si se permite el acceso del pasajero al vehículo colmado, debe entenderse que el riesgo no es del viajero, sino de la empresa porteadora (conf.: CNCiv.Sala “F” en causa libre n° 146.146 del 01/09/1994).

En definitiva, la culpa del pasajero no puede ser alegada por el ferrocarril como eximente de la responsabilidad aduciendo que aquél viajó en condiciones peligrosas, cuando se dan las circunstancias antes referidas.

Por lo demás, recuérdese que el art. 1º del Reglamento General de Ferrocarriles impone la obligación de contar con los empleados necesarios para que el servicio se preste con la regularidad y sin peligro de accidentes, siendo deber de la empresa velar porque sus empleados sean diligentes e idóneos (art. 2º) y conocedores de todos los reglamentos, compitiéndoles velar por la seguridad del tráfico (art. 8º). Múltiples disposiciones de este cuerpo legal reglamentan el cumplimiento de ese elemental deber de seguridad a cargo de las empresas ferroviarias de transporte de pasajeros. En especial, el art. 207 a) inc. 3º y d) inc. 12º, dispone que antes de poner el tren en marcha debe controlarse que sus puertas estén cerradas y debidamente aseguradas.

Así, pues, en el caso de las puertas manuales del ferrocarril San Martín, la empresa de transporte incumplió con ese deber de vigilar que las mismas estuviesen cerradas mediante el pertinente control que debió haber ejercido el guarda, quien además no debió dar, la señal al motorman para que el tren continúe el recorrido, ni permitir que el Zamora viajara en el estribo.

Por ello, coincido con la vocal preopinante en admitir los agravios formulados por el actor, más los mismos -con relación a la responsabilidad en el acaecimiento del siniestro- deben acogerse en todas sus partes, haciendo lugar a la demanda intentada debiendo las accionadas y la compañía de seguros responder por el total de las sumas por las que prospera la presente acción.- 2) Condena al Estado Nacional.

En autos, UGOFE S.A.señala que se limita a gerenciar el servicio público cuya titularidad se encuentra en cabeza del Estado Nacional, no es no es operador ni concesionario, solo gerencia un servicio por cuenta y orden del Gobierno.

Por su parte el Estado Nacional contestó la demanda y la opuso excepción de falta de legitimación pasiva. Señala que UGOFE debe velar por la seguridad de sus pasajeros, cumpliendo con las obligaciones impuestas por la ley nacional de ferrocarriles y demás normas complementarias del Acuerdo de Gerenciamiento Operativo de Emergencia. Concluye que cuando no cumpliera con este deber de seguridad, los accidentes que se produzcan por su culpa acarrean su entera responsabilidad.

Entrando al fondo del asunto, es pacífica la doctrina en destacar que la regla imperante en nuestro derecho es que – en principio- el Estado no debe responder ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por aquellos sujetos genéricamente denominados “colaboradores externos de la Administración”, tales como los contratistas, los notarios y . los prestadores de servicios públicos, cualquiera sea el título habilitante que ostenten (conf. Perrino, Pablo E. “La responsabilidad de la Administración por su actividad ilícita. Responsabilidad por falta de servicio”. ED 185- 781).

La transferencia de la gestión de un servicio al concesionario mediante la técnica de la concesión conlleva que sean éstos quienes deberán hacerse cargo de las indemnizaciones por los daños ocasionados a terceros (conf. Gordillo, Agustín A., “Tratado de Derecho Administrativo”, T. II, 2003, pgs. 8 y sgtes.; CNCiv. Sala “G”, “Vergara Miguel orlando c/ Transporte Metropolitano SA y otros s/ daños y perjuicios”, del 19-09-08, L. 510.668).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que ” . el ejercicio del poder de policía de seguridad que corresponde al Estado no resulta suficiente para atribuirle responsabilidad de un evento en el cual ninguno de sus órganos o dependencias tuvo parte, toda vez que no parece razonable pretender que su responsabilidad general en orden a la prevención de delitos pueda llegar a involucrarla a tal extremo en las consecuencias dañosas que ellos produzcan con motivo de hechos extraños a su intervención directa”. (conf. “Ruiz, Mirtha E. y otros c/ Provincia de Buenos Aires”, del 07-11-89, Fallos 312:2138; íd. “Colavita Salvador y otro c/ Provincia de Buenos Aires y otros” , del 07-03-2000, Fallos 323:318 (La Ley , 2000- E, 498, entre otros ). En ese sentido, decidió también que “el ejercicio del Poder de Policía no resulta suficiente para imputar responsabilidad al Estado cuando ninguno de sus órganos o dependencias estuvo involucrado o intervino en forma directa.” (conf. Ferreyra, Víctor Daniel y Ferreyra Ramón c/ V.I.C.O.V. SA s/ Daños y Perjuicios”, del 21-03- 2006; Fallos 329: 646; “Bianchi Isabel del C. Pereyra de c / Provincia de Buenos Aires y otros “, del 07-11- 2006; Fallos 329:4944, entre otros).

Respecto a la responsabilidad del estado frente a un accidente ferroviario, la jurisprudencia ha decidido también que la concedente del servicio ferroviario carece de legitimación pasiva para ser demandada por la reparación del daño causado por el accidente fatal sufrido por una persona embestida por un tren, dado que aquélla no conservaba ningún poder de dirección sobre el tramo ferroviario donde se produjo el infortunio, como así tampoco lo tenía sobre las cosas que produjeron el daño, sólo el concesionario tiene un poder independiente de uso de control y de dirección sobre el servicio concesionado y aún cuando el concedente no haya abdicado de la titularidad de la formación ferroviaria, es incuestionable que ha delegado la administración y custodia mediante una concesión de servicio público, lo cual resulta suficiente para exonerarla de cualquier deber de reparar (conf. CNCiv. Sala B, García, Teresa M. c/ Unidad Ejecutora Programa Ferroviaria Provincial” , del 15-12- 2005).

Así pues, la concesionaria del servicio de ferrocarriles no puede extender la responsabilidad que se le imputa en un accidente ferroviario al Estado Nacional, dado que la explotación del servicio público la realiza el concesionario a su propia “costa y riesgo”. (CNCiv., Sala L , “Luna, Osmar A. c/ Transportes Metropolitanos General Roca SA y otros”, del 22-11-2006; íd. Sala G, “Vergara Miguel orlando c/ Transporte Metropolitano SA y otros s/ daños y perjuicios”, del 19-09-08, L. 510. 668; íd. “Monzón Héctor Omar y otros c/ Transportes Metropolitanos SA y otros”, del 03-10-2008).

Ahora bien, mediante decreto 798 del 23 de Junio de 2004 se procedió a rescindir el contrato de concesión de la explotación de los servicios ferroviarios de pasajeros suscripto con la empresa “Transportes Metropolitanos General San Martín S.A.” (Grupo de Servicios Nº 5) y mediante el art.4º del citado decreto se facultó a la Secretaría de Transportes de la Nación a convocar a los concesionarios del servicio de transporte ferroviario urbano de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires, Metrovías S.A., Ferrovías S.A. y Trenes de Buenos Aires S.A. y a conformar una Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE) tendiente a garantizar la operación del Grupo de Servicios Nº 5 –

Línea General San Martín-. Por Resolución de la Secretaría de Transporte Nº 408 de fecha 24 de Junio de 2004 se conformó la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A. (en adelante UGOFE S.A.) para asumir la operación de emergencia del correspondiente servicio ferroviario, hasta tanto se entregara su posesión a la empresa que resulte adjudicataria del pertinente proceso licitatorio, cuestión que la Suscripta entiende aún a la fecha no se ha producido (el resaltado me pertenece).

Es por ello que con fecha 27 de Octubre de 2004 se suscribió entre la Secretaría de Transporte y la UGOFE S.A. el “Acuerdo de Gerenciamiento Operativo de Emergencia para la Operación de los Servicios Ferroviarios Urbanos de Pasajeros” del aludido Grupo de Servicios Nº 5, produciéndose la entrega y la recepción formal mediante acta suscripta entre las partes el 6 de enero de 2005, con el alcance y delimitaciones especificados en el acuerdo aludido, hasta tanto se entregue dicho grupo de servicios a la empresa que resulte adjudicataria de la licitación que se llevará a cabo para otorgar la concesión de la línea ferroviaria en cuestión de acuerdo a lo establecido en el art. 4º del Decreto 798/04, a partir de las cero horas del día 7/01/2005.

Sentado lo expuesto y teniendo a la vista el mentado acuerdo que luce agregado a fs. 346/64 es que puedo adelantar que considero que no estamos frente a un simple contrato de concesión, pues el vínculo que une a UGOFE S.A.con el Estado Nacional es a todas luces muy distinto a la relación que existe entre la Administración Pública y un Concesionario.

A saber, el art. Nº 3 dice expresamente (fs. 349) “.la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios designará UN COORDINADOR ante la UNIDAD DE GESTION OPERATIVA quien en su carácter de mandatario tendrá las siguientes funciones: a) elevar los proyectos de presupuestos elaborados por la Unidad de Gestión Operativa ante la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación federal .; b) auditar el movimiento de ingresos y egresos compuestos por el cobro de tarifas, las compensaciones de costos de explotación y de todos aquellos gastos, e inversiones que se realicen por la operación del Grupo de Servicios Nº 5; c) elevar las propuestas que plantee la UNIDAD DE GESTION OPERATIVA ante la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS; d) toda otra función conducente a la operación de emergencia del servicio ferroviario del Grupo de Servicios Nº 5.”.

En el art. 8 se lee “.La SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION

PUBLICA Y SERVICIOS, abrirá una cuenta en el Banco de la Nación Argentina, destinada exclusivamente a receptar los ingresos provenientes por la explotación de los servicios de emergencia correspondientes al Grupo de Servicio Nº 5, originados por las tarifas que perciba de los usuarios establecidas por la Resolución Conjunta del Ex – Ministerio de Economía Nro. 1007 y ex – Ministerio de Infraestructura y Vivienda Nro. 18 del 5 de diciembre del 2000; (ii) compensación de costos de explotación; (iii) los fondos para la realización de los programas para la recuperación, mantenimiento y obras indispensables que determine la COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE de común acuerdo con el OPERADOR, y que apruebe la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS; (iv) todo otro fondo que la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS disponga al efecto.Los egresos de la cuenta, deberán destinarse de manera directa e inequívoca a los rubros que serán oportunamente determinados en el ACUERDO DE GERENCIAMIENTO OPERATIVO DE EMERGENCIA. La reglamentación y procedimiento a los fines de la operación de la mencionada cuenta, serán determinados oportunamente”.

A continuación, el propio Ministerio manifiesta que en dicho marco de legalidad extraordinaria las firmas Ferrovías S.A.C., METROVIAS S.A. sociedad controlada por BENNITO ROGGIO TRANSPORTES S.A. quien cuenta con capacidad técnica y operativa y TRENES DE BUENOS AIRES S.A. aceptaron la convocatoria efectuada por la SECRETARIA DE TRANSPORTES para operar por cuenta y orden del Estado Nacional, la ejecución del servicio público de transporte ferroviario urbano de pasajeros a cuyos efectos conforman la UGOFE S.A. con el objetivo específico de llevar la operación de los servicios ferroviarios durante el período de emergencia (v.fs. 355). Que todo ello se encuentra motivado en la obligación del Estado Nacional de segurar el servicio público a los usuarios del transporte del Servicio Ferroviario.

Del mentado Acuerdo se desprende además que los Servicios Ferroviarios a realizar por el Operador consisten en: (i) operar los trenes de acuerdo a las frecuencias y condiciones que proponga el operador en función a los recursos disponibles y apruebe la CNRT; (ii) administrar los fondo que apruebe la Secretaría de Transporte percibidos por el cobro de la tarifa, de las compensaciones de costos de explotación y demás fuentes que se aprueben al efecto; (iii) administrar los recursos humanos que la Secretaría de Transporte afecte a los Servicios Ferroviarios; (iv) contratar y ejecutar todos los programas de mantenimiento y obras indispensables para la recuperación y operación de los servicios ferroviarios que proponga el Operador, eleve al Coordinador de Acuerdo al artículo Nº 3 de la Resolución 408/04 -antes citada- y que apruebe la Secretaría de Transportes, previa conformidad de la CNRT.

En efecto, no me caben dudas que UGOFE S.A.opera por cuenta y orden del Estado Nacional a través de la Secretaría de Transporte y no a su propia costa y riesgo pues como adelanté, el citado Acuerdo no es un contrato de concesión como el que habitualmente el Estado suscribe, pues en este caso se establecen pautas distintas, como en el caso de que los ingresos no sean suficientes para cubrir la operación y la totalidad de los gastos que el Operador ejecute relacionados con los servicios ferroviarios es la Secretaría de Transporte, previa constatación por la CNRT, la que realizará la compensación pertinente.

Por último he de resaltar que han convenido una cláusula que demuestra de manera contundente la verdadera relación que existe entre las partes, la que reza que para el supuesto de que los bienes o el servicio propiamente dicho sean o hayan sido materia de algún tipo de reclamo, recurso, controversia administrativa, judicial o extrajudicial, que pudieran afectar el cumplimiento de lo aquí acordado, el ESTADO NACIONAL se compromete a mantener indemne al OPERADOR respecto de tales reclamos, a cuyo fin deberá ocurrir en su defensa, dejando aclarado en el art. 9º que el Operador será responsable a partir de la fecha de toma de posesión por parte de éste de todas aquellas cuestiones que se originen en el incumplimiento de sus obligaciones asumidas en el Acuerdo por su culpa o dolo -no encontrándose el caso en análisis dentro de estos supuestos en tanto la normativa aplicada es la responsabilidad objetiva recogida por el art. 184 del Código de Comercio.

Frente a la contundencia de tales elementos, queda fuera de toda disputa la deficiente prestación del servicio por parte de la empresa codemandada, cobrando especial relevancia en el caso el incumplimiento de las medidas de seguridad mínimas y necesarias para evitar accidentes como el de esta litis.

Por todo ello, voto por hacer extensiva la condena al Estado Nacional.

3) Atento a la forma en que se propone resolver, las costas de ambas instancias propongo se impongan a las demandadas y citada en garantía vencidas (art.68 del CPCCN).- Así mi voto.- El señor juez de Cámara doctor Osvaldo Onofre Álvarez, por análogas razones a las aducidas por la señora juez de Cámara doctora Patricia Barbieri, votó en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto. ANA MARIA BRILLA DE SERRAT- PATRICIA BARBIERI- OSVALDO ONOFRE ÁLVAREZ.

Este Acuerdo obra en las páginas n° n° del Libro de Acuerdos de la Sala “D”, de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, de febrero de 2017.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 1) Admitir, por mayoría, las quejas esgrimidas por la parte actora, revocando la sentencia recurrida, y en consecuencia, haciendo lugar a la demanda instaurada, condenando a U.G.O.F.E. S.A a abonar al Sr. Gastón Gabriel Zamora los importes que se desprenden de los considerandos respectivos en el plazo de diez días de encontrarse firme la presente, con más sus intereses que se computarán desde la fecha de inicio del cálculo fijada en el punto IX del voto preopinante a la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina hasta el 20 de abril de 2009 y, desde entonces hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, con excepción a la partida en concepto de tratamiento psicólogico, cuyos intereses correrán desde la fecha del presente pronunciamiento, por tratarse de gastos futuros; 2) Hacer extensiva la condena a la citada en garantía “La Meridional Cía. Argentina de Seguros S.A” y, por mayoría, al Estado Nacional; 3) Imponer, por mayoría, las costas de ambas instancias a las demandadas y su citada en garantía por haber resultado vencidas.

De conformidad con el presente pronunciamiento y en atención a lo dispuesto por el art.279 del Código Procesal, teniendo en cuenta la naturaleza, importancia y extensión de los trabajos realizados en autos; las etapas cumplidas; el capital de condena más sus intereses; lo dispuesto por los arts. 1, 6, 7, 9, 10, 11, 19, 37 y 38 del arancel y ley modificatoria 24.432; la proporción que deben guardar los honorarios de los peritos con los de los letrados y la incidencia de su labor en el resultado del pleito, se adecuan los regulados a fs. 662 vta./663, fijándose los correspondientes a la Dra. Viviana Andrea Milione, letrada patrocinante del actor durante las tres etapas del proceso, en ($.) por el principal, en ($.) por la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por UGOFE, y en ($.) por una etapa del incidente resuelto a fs. 581; los de la Dra. Inés Carina Gianella, por su actuación en conjunto con ésta en la presentación de la demanda, en ($.); los del Dr. Sergio Gastón Carrasco, por su intervención en igual carácter en la audiencia de fs. 296, en pesos quinientos ($.); los de los Dres. Hernán de Arzuaga Pinto y Alejandro Borda, letrados apoderados de UGOFE S.A. hasta fs. 399, en ($.), en conjunto; los de las Dras. María Elsa Salgado y María Laura Santarcángelo, por su labor en el mismo carácter durante parte de la segunda etapa, en ($.), en conjunto; los de los Dres. Martín G. Argañaraz Luque, María Eugenia Mosquera Catarecha, María Florencia Sanz y Julieta Juan, letrados apoderados de la citada en garantía, en ($.), en conjunto; los de los Dres. Mónica Vallejos, Laura Cecilia Calcagno, Lucas Aníbal Walker y Juan Pablo Ignacio Baliño, letrados apoderados del Estado Nacional, en ($.), en conjunto; los de la Dra. Yanina Alejandra Martínez, letrada patrocinante del codemandado Busto hasta fs. 401, en ($.); los de la Dra. María Verónica Malceck, letrada patrocinante de la misma parte desde fs. 421 y apoderada suya a partir de fs. 440, en ($.); los del Dr.Horacio Mohorade, letrado apoderado de los codemandados UGOFE y Busto durante la última parte de la segunda etapa y la tercera, en ($.); los del perito médico Ignacio Rubén Waisberg, en ($.); los de la perito psicóloga Silvina Inés Papandrea, en ($.); los del perito contador Jorge Felipe Pascucci, en ($.), y los de la mediadora Dra. Ursula Andrea Bottaro, en ($.) (conf. art. 2°, inciso f) del Anexo III del Decreto 1467/11, modificado por Decreto 2536/15, y valor de la unidad retributiva del SINEP vigente al día de la fecha).

Por la actuación ante esta alzada, se regula el honorario del Dr. Sergio Gastón Carrasco en ($.); el de la Dra. Julieta Juan, en ($.); el del Dr. Horacio Mohorade, en ($.), y el de los Dres. Alejandro Enrique Scarano y Rita Fiorino, letrados del Estado Nacional, en ($.) (art. 14 ley de arancel 21.839).

Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional.

Notifíquese por Secretaría y devuélvase.

Ana María Brilla de Serrat

Patricia Barbieri

(en disidencia parcial) Osvaldo Onofre Álvarez

(en disidencia parcial)