Cuando existen discrepancias entre los informes médicos del trabajador y del empleador, éste debe solicitar una Junta Médica y no suspender el pago de la remuneración

Partes: Blanco Diego Carlos c/ Casino Buenos Aires S.A. – CIE S.A. – UTE s/ cobro de salarios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VI

Fecha: 20-dic-2016

Cita: MJ-JU-M-103728-AR | MJJ103728 | MJJ103728Sumario:
1.-Se ajustó a derecho el despido indirecto ante la falta de pago de los salarios del actor en el periodo que se encontraba enfermo, pues frente a la comunicación de continuación de la enfermedad por él efectuada y en caso que existiera discrepancia sobre su capacidad para reintegrarse a su puesto de labor (o, en el caso, para obtener su alta), la empleadora tuvo a su alcance y debió agotar otras medidas tendientes a mantener la continuidad del vínculo, actuando de modo tal que dejara en claro que su conducta no estaba dirigida a eludir el cumplimiento de sus obligaciones, que en el caso era el pago de los salarios por enfermedad hasta la obtención del alta.

2.-Frente a las discrepancias entre los criterios médicos referidos a la capacidad o incapacidad presentada por el trabajador y la ausencia de organismos oficiales donde se pueda dirimir la cuestión, es el empleador quien debe arbitrar -por encontrarse en mejores condiciones fácticas- una prudente solución para determinar la real situación del dependiente, como sería designar una junta médica con participación de profesionales por ambas partes, requerir la opinión de profesionales de algún organismo público, etc.

3.-Debe revocarse el fallo en cuanto no incluyó en los rubros indemnizatorios los rubros preaviso, el SAC correspondiente y la integración del mes de despido, ya que se trató de un despido indirecto que resultó justificado.

Fallo:

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2016.-

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO: Contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar parcialmente a la demanda se agravian ambas partes -actora y demandada- según los escritos de fs.424/427 y fs.428/434, cuyas réplicas lucen a fs.436/438 y fs.439/444. El Sr. Juez “a quo” hizo lugar a la demanda en lo principal al considerar justificada la decisión del actor se considerarse despedido ante la falta de pago de sus salarios en el periodo que se encontraba enfermo. Sostuvo el sentenciante que desde fines de febrero de 2012 hasta mediados de enero de 2013 no se le abonaron sus salarios, en tanto en dicho periodo el actor manifestó que no estaba en condiciones de trabajar conforme al informe de su médica de cabecera; mientras que la parte demandada lo intimaba a que se presente a trabajar en función de que tres médicos que lo revisaron oportunamente (conforme lo dispuesto en el art.210, L.C.T.), coincidieron en que Blanco estaba en condiciones de trabajar. Por razones de método trataré el agravio de la parte demandada, quien cuestiona la decisión del sentenciante de entender que la decisión del actor de considerarse despedido se ajustó a derecho, en tanto a su entender este estaba en condiciones de trabajar y no concurría al trabajo. Estimo que el planteo no tendrá favorable recepción. No se discute que a partir del mes de febrero de 2012 Blanco dejó de concurrir al trabajo por encontrarse enfermo. Al respecto acompañó los certificados médicos correspondientes en los cuales la Dra.Stecher estableció que Blanco presentaba signos de ansiedad y labilidad emocional, refiriendo irritabilidad e insomnio, evidenciando una situación de gran angustia en el ámbito laboral, es decir que estaba cursando un trastorno de ansiedad muy importante, por lo que consideró que no estaba en condiciones de trabajar (cfr. fs.26/30). A su vez, y tal como lo dispone el art.210, L.C.T. el demandado ejerció el control a través de tres médicos psiquiatras, quienes establecieron que Blanco estaba en condiciones de trabajar (cfr. informes médicos de Dr. Stigliano, Dr. Cohen y Dr. Bauza, que obran en sobre reservado). Lo cierto es que el intercambio telegráfico entre las partes se inició en el mes de febrero 2012 y se extendió hasta el 14 de enero de 2013, fecha en que el actor se consideró despedido por “el actuar malicioso de la demandada en falta con los arts.62 y 63 de la LCT, y por la falta de pago de los salarios del periodo marzo – diciembre 2012″(fs.243). En este contexto, y sin perjuicio del extenso intercambio telegráfico, el que duró casi un año, y la falta de concordancia entre los informes médicos del actor y de la demandada se entiende que esta última a fin de evitar la prolongación del mismo, debió haber requerido una Junta Médica que en definitiva hubiera permitido dilucidar la situación. Sentado ello, en función de la discrepancia planteada con el criterio que sustentaba el accionante -apoyado en la opinión de su médica particular- no pudo decidirse a favor del criterio del médico patronal sin antes acudir a una junta médica oficial o a la búsqueda de una decisión administrativa o judicial que dirima el conflicto.Vale decir que, frente a la comunicación de continuación de la enfermedad que había hecho el accionante y en caso que existiera discrepancia sobre la capacidad del Blanco para reintegrarse a su puesto de labor (o, en el caso, para obtener su alta), la empleadora tuvo a su alcance y debió agotar otras medidas tendientes a mantener la continuidad del vínculo (arts. 10, 62 y 63 L.C.T.), actuando de modo tal que dejara en claro que su conducta no estaba dirigida a eludir el cumplimiento de sus obligaciones (en el caso, el pago de los salarios por enfermedad hasta la obtención del alta.). En efecto, frente a las discrepancias entre los criterios médicos referidos a la capacidad o incapacidad presentada por el trabajador y la ausencia de organismos oficiales donde se pueda dirimir la cuestión, es el empleador quien debe arbitrar -por encontrarse en mejores condiciones fácticas- una prudente solución para determinar la real situación del dependiente (por ej., designar una junta médica con participación de profesionales por ambas partes, requerir la opinión de profesionales de algún organismo público, etc.). Tal obligación resulta de su deber de diligencia consagrado en el art.79 de la L.C.T. y de la facultad de control prevista por el art.210 del mismo cuerpo legal. En tales condiciones, estimo que la demandada no ha obrado conforme la directiva que consagra el art.62 de la L.C.T. que establece una regla genérica que determina el modo de obrar de buena fe que deben adoptar las partes del contrato de trabajo para superar aquellas cuestiones que no estén previstas en forma específica. Aplicando esta regla genérica de conducta al caso y frente a lo normado por los arts.208/210 de la L.C.T., no habiendo ordenado un nuevo control médico a través de un organismo imparcial (junta médica oficial o a través de una decisión administrativa o judicial); como ya señalara. En base a lo expuesto, propicio confirmar el pronunciamiento de grado.La misma suerte correrá el reclamo efectuado en relación con la procedencia del rubro SAC 2012, ya que, tal como lo sostiene el Sr. Juez “a quo”, en el caso no se adjuntó la constancias del pago de dicho rubro, no encontrándose prueba del depósito que hace referencia el demandado en su apelación. Por ello, propongo confirmar en este aspecto el pronunciamiento de grado.

Se agravia asimismo la parte demandada respecto a la remuneración que se tuvo en cuenta para el cálculo de salarios caídos, en tanto se ha incluido en la misma el Fondo Común de Propinas. Estimo que el planteo no tendrá favorable recepción, en tanto el recurrente no impugna debidamente los argumentos expuestos en el pronunciamiento de grado. En efecto, el argumento fundado en que la parte actora no solicitó en la demanda la inclusión del FCP en el cálculo de la remuneración para el cómputo de los salarios caídos, fue expresamente contemplado por el Sr. Juez “a quo”, sin perjuicio del cual, y conforme al análisis integral de la cuestión planteada, se consideró procedente dicho rubro. Incluso y en lo que se refiere puntualmente al rubro en cuestión, sostiene el sentenciante que lo dispuesto en el art.208, LCT configura una disposición de orden público laboral que no puede ser desplazada “in pejus” por un CCT de empresa -en el caso el 208/06-, sobre todo tratándose de una disposición menos favorable al trabajador (art.7, Ley 14.250). En este contexto, a mi modo de ver, la crítica del reclamante no reúne el requisito de admisibilidad formal que establece el art.116 de la L.O. por cuanto advierto que pese a discrepar con el análisis efectuado en grado no señala qué extremos probatorios avalan su contrario punto de vista, lo cual transforman a su crítica en una mera discrepancia dogmática que no cabe más que desestimar (cfr.art.116 de la L.O). En efecto, el recurrente se limita a disentir con lo decidido en primera instancia, pero lo cierto es que no aportó elementos objetivos y concretos que justifiquen apartarse de lo allí resuelto. Al respecto, cabe puntualizar que la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga un análisis serio, razonado, y crítico de la sentencia recurrida, que exprese argumentos en los que se sustenta la solución adoptada en el decisorio de grado, e invoque aquella prueba cuya valoración considere desacertada o ponga de manifiesto una incorrecta interpretación del derecho aplicable a la controversia. Sin embargo, repito, tales extremos no se advierten satisfechos con las dogmáticas alegaciones contenidas en el escrito que se analiza, lo cual me lleva a proponer se confirme el pronunciamiento de grado en relación con este tema. La parte actora se agravia porque el Sr. Juez “a quo” no incluyó en los rubros indemnizatorios los rubros preaviso, el SAC correspondiente y la integración del mes de despido. En este aspecto entiendo que el reclamo resulta procedente en tanto no encuentro en el caso elementos que justifiquen excluir dichos rubros, ya que estamos en presencia de un despido indirecto, que resultó justificado, por lo que corresponde hacer lugar a los rubros indemnizatorios reclamados. Se agravia asimismo la parte actora porque en el pronunciamiento de grado no se hizo lugar a las multas previstas en los arts.9 y 15 de la Ley de Empleo. Sostiene el recurrente que en el caso ha quedado probado que ingresó a trabajar en marzo de 2004 y no en junio de dicho año conforme los registros de la demandada. Estimo que el planteo no tendrá favorable recepción, en tanto del análisis de las constancias de la causa, no ha quedado debidamente acreditada la fecha de ingreso denunciada en la demanda, esto es marzo de 2004.En efecto, el único testigo que hizo referencia a la fecha de ingreso del actor es el testigo Rossi, quien declaró a fs.327 que ingresó a trabajar para la demandada en diciembre de 2004, por lo que, en definitiva, sus dichos en relación con la fecha de ingreso no resultan fundados; incluso el dicente manifestó que Blanco trabajó aproximadamente desde mayo de 2004, coincidiendo -en definitiva- más con la fecha de ingreso registrada que con aquella que pretende el accionante. En conclusión, entiendo que los dichos de Rossi no resultan convincentes para acreditar la fecha de ingreso denunciada, máxime si tenemos en cuenta que tiene juicio pendiente con el demandado y que sus dichos no fueron corroborados por otros medios de prueba. Por lo hasta aquí expuesto, propongo confirmar lo decidido en primera instancia. Estimo asimismo impr ocedente el reclamo de la parte actora destinado a pagar una indemnización por daño moral, como se reclama en la demanda, toda vez que el rubro del art.245 L.C.T. constituye, en principio, la reparación de todos los perjuicios que pudo al actor haberle causado la extinción del vínculo; y en el caso de autos, no se imputaron al actor conductas delictivas, sino meras omisiones a sus deberes como trabajador, no se presentan los presupuestos fácticos que podrían llevar a otorgar una reparación adicional, con fundamento en el derecho civil. De igual manera cabe resolver en lo que atañe a la sanción por temeridad y malicia es dable señalar que en este caso no observo un uso desaprensivo de la jurisdicción – litigar con la conciencia de la sin razón- o la articulación de defensas claramente obstruccionistas con el fin de controvertir o dilatar una situación clara de derecho.El demandado negó la fecha de ingreso denunciada en la demanda, cuestión de hecho que debía elucidar el Juez conforme a las pruebas producidas en la causa, y más allá del resultado obtenido, observo que el recurrente hizo ejercicio regular de un legítimo derecho como es el de defensa y debido proceso (arts.18 y 19 de la Constitución Nacional). Por la forma en que se resuelve, el actor resultará acreedor a los siguientes rubros y montos: 1- indemnización por antigüedad, $ 68.696,73; 2-preaviso /SAC, $ 9.750; 3- integración mes despido y mes de enero de 2013, $ 9.000; 4-SAc prop. año 2013, $ 293; 5-SAC adeudado no prescripto año 2012, $ 7.633; 6-salarios caídos, art.208, L.C.T., $ 91.956; 7-art.2 Ley 25.323, $ 43.723,36, lo que asciende a un total de $ 231.052,09, que llevará los intereses dispuestos en el pronunciamiento de grado. En atención a la extensión e importancia del trabajo realizado, valor económico del litigio y pautas arancelarias de aplicación estimo que los honorarios regulados a los profesionales intervinientes se ajustan a derecho por lo que propongo que sean confirmados (cfr. art.38, L.O. y normas reglamentarias). Por lo hasta aquí expuesto, estimo razonable imponer las costas de alzada a cargo de la parte demandada (cfr. art.68, C.P.C.C.N.), a cuyo efecto regulanse los honorarios de los letrados intervinientes en un 25% de lo que les corresponde percibir por su labor en la anterior etapa.

EL DR. LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO: Que adhiero al voto que antecede. Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), El Tribunal RESUELVE: 1- Modificar la sentencia de primera instancia y en su mérito establecer el capital de condena en la suma de $ 231.052,09, que llevará los intereses dispuestos en primera instancia. 2- Confirmar la sentencia de primera instancia en lo restante que decide. 3- Imponer las costas de alzada a cargo de la parte demandada, a cuyo efecto regulanse los honorarios de los letrados intervinientes en un 25% de lo que les corresponde percibir por su labor en la anterior etapa. Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.

Conste que la Vocalía Uno se encuentra vacante (art. 109, RJN). Regístrese, notifíquese y vuelvan. GRACIELA L. CRAIG

JUEZ DE CAMARA

LUIS A. RAFFAGHELLI

JUEZ DE CAMARA