Responsabilidad de la Dirección General de Escuelas por el accidente sufrido por un menor en un colegio

Partes: O. P. D. c/ Dirección General de Escuelas s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Fecha: 10-mar-2017

Cita: MJ-JU-M-103358-AR | MJJ103358 | MJJ103358

Sumario:
1.-Corresponde hacer lugar a la demanda de daños deducida contra la Dirección General de Escuelas a raíz del accidente sufrido por un menor en el colegio, al ser empujado por una compañera desde un escenario y caer al suelo, padeciendo una fractura, pues la mala conducta o desórdenes producidos por alumnos de un colegio no son acontecimientos extraños ni ajenos a la actividad educativa desarrollada por los establecimientos educativos y por ello no pueden considerarse caso fortuito.

Fallo:

En la Ciudad de Mendoza, a diez días del mes de marzo de dos mil diecisiete, se reúnen en la Sala de Acuerdos de la Excma. Quinta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, Paz y Tributario, los Sres. Jueces Dres. Adolfo M. Rodríguez Saá, Oscar A. Martínez Ferreyra y Beatriz Moureu y trajeron a deliberación la causa n° 52.120/ 85.518 “O., P. D. C/ DIRECCIÒN GENERAL DE ESCUELAS S/ DYP” originaria del Séptimo Juzgado en lo Civil Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial, venida a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs.466 por Fiscalía de Estado, por la citada en garantía a fs. 468 y por la demandada Dirección General de Escuelas a fs 469 contra la sentencia dictada a fs. 457/461.

Llegados los autos al Tribunal a fs. 487 la citada en garantía desiste de la apelación, a fs 489/492 expresa agravios la demandada, el traslado es contestado a fs. 494/497, a fs 502/505 expresa agravios Fiscalía de Estado a fs. 514/516 contesta recurso el apelado, a fs. 521 interviene el Ministerio Pupilar, a fs. 525 contesta traslado la citada en garantía, quedando la causa en estado de dictar sentencia.

Practicado sorteo quedó establecido el siguiente orden de estudio: Dres. Beatriz Moureu, Oscar Martínez Ferreyra y Adolfo Rodríguez Saá.

En cumplimiento de lo dispuesto por los Artículos 160 de la Constitución Provincial y 141 del C.P.C. se plantearon las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: Costas

SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. BEATRIZ MOUREU DIJO:

I- La sentencia recurrida hizo lugar a las pretensiones ejercidas en la causa iniciada por el Sr. P. D. O. y Sonia Ester Murua por sí y por su hijo menor P. E. O. por el accidente sufrido por el niño en el establecimiento educativo al que asistía, haciendo responsable a la demandada.El magistrado tuvo por acreditado el hecho en virtud de los informes emitidos por la DGE y el hospital Notti, así como de la contestación de la demanda, en la que la DGE indicó que se trató de un infortunio no querido, súbito e imprevisto y que no hubo forma de evitar la caída del alumno.

Consideró responsable a la Dirección General de Escuelas en virtud de la responsabilidad objetiva que tienen los establecimientos educativos, al haberse acreditado el hecho dañoso y que este no resultó de un caso fortuito.

Concluye diciendo que la mala conducta o desordenes producidos por alumnos de un colegio, no son acontecimientos extraños ni ajenos a la actividad educativa desarrollada por este tipo de establecimientos, por lo que la DGE debe responder por el daño sufrido por el menor.

En cuanto a los daños, meritó el material probatorio aportado según el cual presentó fractura de miembro superior, la evaluación personal del niño y el informe pericial que le asignó una incapacidad del 5% por la pérdida de fuerza en la zona del codo y muñeca izquierda por lo que otorgó en concepto de daño material la suma de $ 15.000 y $ 5.000 por daño moral.

También hizo lugar al reclamo por gastos farmacéuticos, entendiendo que acreditado el daño, no cabe exigir la demostración cabal de ciertas erogaciones necesarias y ante la magnitud de las lesiones informadas, la necesidad de tratamiento psicológico y demás fijó un monto de $ 4.800.

II- En la Alzada la parte demandada expresó agravios en razón de la falta de análisis y omisión respecto de la responsabilidad de la aseguradora Sancor Seguros, la errónea valoración de las pruebas y arbitrariedad en el reconocimiento de los daños.

En lo que respecta al primer punto, manifiesta que a fs.207/208 se rechazó la declinación de la citada en garantía, en consecuencia halla que se omitió realizar un análisis sobre la responsabilidad del asegurador Sancor Seguros, como así también, resolver la condena de la misma debiendo determinar cuál es el monto de condena conforme la póliza acompañada.

Respecto al segundo agravio expresado, destaca que el niño O. tenía al momento del accidente casi 11 años, siendo capaz de comprender normas de convivencia, desobedeció a las autoridades y por eso sufrió un accidente.

Entiende que el a quo no efectuó una correcta valoración de la responsabilidad que le asiste a los progenitores por no realizar una adecuada rehabilitación de su hijo.

Dice que el deber de seguridad del establecimiento educativo se ve atenuado por causas no analizadas en la sentencia y que una responsabilidad extrema de los mismos llevaría a medidas contrarias a los principios de la pedagogía moderna siendo que aun con una vigilancia correcta los accidentes ocurren.

Por último, cuestiona la arbitrariedad en el reconocimiento de los daños. Acerca del daño material, la parte actora reclama en la demanda la suma de $ 15.000 por 10% de incapacidad, la pericia traumatológica indicó un 5% por lo que el rubro debió fijarse en un monto de $ 7.500.

Respecto al daño moral, arguye que el niño no fue sometido a intervención quirúrgica, el perito psicólogo determinó que no posee ni padeció ningún tipo de depresión, neurosis o síndrome y que la fractura se produjo en la muñeca izquierda y no derecha por lo que el valor fijado no podría ser superior a $ 2.500.

III.- La apelada contesta recurso omitiendo referirse al primer punto por ser una cuestión a dirimirse entre la parte demandada y la citada en garantía.

En lo que al segundo agravio respecta destaca que el factor de atribución de responsabilidad es de carácter objetivo cuya única eximente es el caso fortuito.En modo alguno puede entenderse la caída del menor como caso fortuito, siendo que los niños jugaban a subir y bajar del escenario corriendo, conducta que debió ser advertida por personal del colegio.

Respecto a la arbitrariedad en el reconocimiento del daño material refuta el argumento mediante la consideración y análisis del actual criterio de las cámaras civiles que prevé la aplicación de la fórmula matemática financiera “Vuotto”, el incremento de la canasta familiar, el profundo proceso inflacionario y la suba de la divisa norteamericana respecto al peso argentino, todos factores que indican que la suma otorgada por este rubro es mínima.

Entiende que la existencia de una incapacidad de carácter permanente dada la corta edad del niño es elemento suficiente para justificar el monto mínimo en concepto de daño moral.

IV. Seguidamente Fiscalía de Estado expresa agravios con argumentos similares a los expuestos por la demandada, destacando que el accidente se produjo debido a la intervención de una niña y que dicho hecho constituye caso fortuito.

Corrido traslado, contesta la parte apelada, vertiendo los mismos argumentos que utilizó al refutar el recurso interpuesto por la demandada.

Por su parte, la citada en garantía contesta traslado, requiriendo que se la exima de costas por no haber opuesto resistencia al planteo hecho por la demandada.

V- Según el resumen efectuado las partes cuestionan tanto la responsabilidad atribuida a la accionada como la cuantificación del daño.

En cuanto al primer aspecto, el régimen previsto en la reforma del Código Civil prevé un régimen objetivo según el cual difícilmente se pueda acreditar la eximente, al menos conforme los criterios jurisprudenciales imperantes.

El art. 1117 del Código civil dispone que “Los propietarios de establecimientos educativos privados o estatales serán responsables por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores cuando se hallen bajo el control de la autoridad educativa, salvo que probaren caso fortuito” El régimen previsto por ley 24.830 que reforma el art.1117 del Código Civil presume objetivamente la responsabilidad de los propietarios de los establecimientos educativos, por lo que el alumno debe retirarse sano del instituto (Sagarna Fernando Alfredo Responsabilidad civil del establecimiento escolar LL 18 de marzo de 1999; Kemelmajer de Carlucci Aida La responsabilidad civil de los establecimientos educativos en Argentina después de la reforma de 1997 LL 1998- B-1047)

Sólo se prevé como eximente el caso fortuito por lo que la prueba acerca de que si el centro educativo asumió todas las diligencias del caso no enerva su responsabilidad (JA 1999-I-348)

Sobre el tema, este Tribunal que ahora integro ha dicho que “el establecimiento escolar debe probar el acaecimiento del caso fortuito, tal como lo prevé el Artículo 514 del Código Civil en tanto “Caso fortuito es el que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse” (5CC LS 28-483)

Ahora bien, este régimen ha recibido objeciones cuando se trata de menores de cierta edad ya que las actividades deportivas que desempeñan pueden arrojar lesiones aún realizadas en el marco de los reglamentos respectivos.

En tal aspecto resulta relevante tener en cuenta que nuestro Superior Tribunal ha tenido oportunidad de resolver situaciones similares a la de autos en las que en definitiva culminó sustentando la garantía de la institución. A modo de ejemplo en el caso “Tello revocó el fallo de Cámara que había dicho que toda actividad deportiva o de juego llevada a cabo por un niño de 14 años en un establecimiento educativo es una actividad normal; por lo tanto, salvo prueba de algún factor de anormalidad, se trata de un mero accidente, que presenta los caracteres de inevitabilidad, típicos del caso fortuito, pues de lo contrario, o las pautas pedagógicas se harían de imposible cumplimiento, o la responsabilidad prevista en el art. 1117 sería una responsabilidad sin causalidad y, consecuentemente, no sería responsabilidad sino seguridad social.Al momento de decidir la Excelentísima Corte consideró que existía arbitrariedad al admitir erróneamente la eximente de “no culpa”, que el fallo debilitaba la obligación de seguridad de los establecimientos educativos al invertir la carga probatoria del requisito de inevitabilidad, exigiendo a la víctima la prueba de la culpa del establecimient o, salvo que éste pruebe la ruptura del nexo causal y que se presume caso fortuito los “meros accidentes” de un menor adulto, aún cuando no se invoque ni acredite tal presupuesto necesario para el funcionamiento de la eximente. ( SCJM in re “Tello” 22/03/2005, LS 348-209)

Párrafo aparte, dijo que es evidente que,.” de lege ferenda, el juzgador puede no compartir el criterio consagrado por el legislador, pero de lege lata, carece de atribuciones para modificar el sistema legal, aunque crea que la reforma incluyó erróneamente el daño en el sistema de responsabilidad, cuando debió derivarlo al de la seguridad social “, criterio que comparto ya que la amplitud de la garantía lleva a que sea casi imposible acreditar la eximente.

Unido a ello, el Código Civil y Comercial en su art. 1767 mantiene la misma línea al prever un sistema de responsabilidad objetivo con igual eximente.

Ello así, no puede decirse que en autos se haya aplicado erróneamente la normativa cuando el alumno estaba jugando en un escenario y cae, haya sido por la intervención de otra niña o no. En efecto, el establecimiento debe garantizar que durante el desarrollo de las actividades escolares los alumnos no sufran daños.

Si bien es cierto que a esa edad un alumno sabe que puede estar incumpliendo las normas de convivencia pautadas con el establecimiento, ello no exime de responsabilidad a aquél, toda vez que ello no constituye un caso fortuito -imprevisto e inevitable-.

Además, las críticas formuladas no alcanzan para revertir lo resuelto en base a un régimen tan restrictivo.Es más, la perito psicóloga advierte que el niño comprendía lo que hacía y que se sintió culpable por ello, lo cual no justifica eximir de responsabilidad a quién lo tenía a su cuidado.

Por lo demás, los cuestionamientos vinculados al daño tampoco alcanzan a conmover lo resuelto. El niño sufrió una fractura que si bien consolidó en eje, el perito médico dice que presenta secuelas como menor fortaleza y diagnostica un mínimo porcentaje de incapacidad, lo cual no fue debidamente impugnado.

Respecto de la cuantificación del daño, resulta evidente que las cifras fijadas configuran un mínimo en relación a la lesión sufrida, la cual razonablemente produjo dolores y tratamiento, todo lo cual justifica todos los rubros ( arts. 1078, 1079 y cc CC y 179 del C.P.C.)

Agrego que, las cuestiones novedosas introducidas en el recurso respecto a una posible falta de rehabilitación y demás, son extrañas al marco procesal que nos rige e impiden su tratamiento ( arts. 137 y cc C.P.C.)

Por último, con respecto a la citada en garantía, evidentemente no incluirla en la condena configuró una omisión ya que con anterioridad se había descartado la declinación de citación. Destaco que su inclusión pudo ser solicitada mediante recurso de aclaratoria.

En cuanto a la medida del seguro, evidentemente el contrato es ley para las partes con lo cual rige el límite establecido a fs. 57 en concepto de invalidez y asistencia médica ( art .1197 CC)

Asimismo, y toda vez que tal limitación data del año 2009, sería abusivo pretender mantener ese monto a la fecha del pago, pasados tantos años. Ello así, considero que, toda vez que la citada denegó la cobertura en su oportunidad, a las cifras pactadas en la póliza deberá sumarse la tasa activa de interés (BNA) desde la fecha del hecho hasta la fecha de la liquidación a fin de intentar mantener el límite pactado con valores constantes.Aclaro que propongo dicha tasa en virtud del carácter comercial de la institución.

Por todo lo dicho corresponde rechazar el recurso interpuesto por Fiscalía de Estado y hacer lugar parcialmente al interpuesto por la demanda con lo cual corresponde hacer extensiva la condena a la citada en la medida del seguro según el monto pactado a fs. 57 por ambos rubros más intereses (art. 118 LS) Así voto.

Sobre la primera cuestión los Dres. RODRIGUEZ SAA Y MARTINEZ FERREYRA se adhieren por las razones dadas al voto que antecede.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN LA DRA. BEATRIZ MOUREU DIJO:

Atento al resultado al que se arriba corresponde imponer costas a la demandada apelante vencida. Así voto

Sobre la primera cuestión los Dres. RODRIGUEZ SAÁ Y MARTÍNEZ FERREYRA se adhieren por las razones dadas al voto que antecede.

SENTENCIA:

Mendoza, 10 de marzo de 2017.-

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, el Tribunal

R E S U E L V E:

1°) Rechazar el recurso de fs. 466 y hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto a fs. 469 y en consecuencia incorporar a los resolutivos I y II de fs. 457/461 lo siguiente: “HACER EXTENSIVA la condena e imposición de costas en tanto prospera la pretensión a la citada en garantía, Sancor Coop. De Seguros Ltda en el límite del contrato previsto a fs. 57 por ambos rubros e intereses según se indica en los considerandos”.

2°) Imponer costas a las apelantes vencidas ( arts. 35 y 36 C.P.C.)

3°) Regular honorarios profesionales a los Dres. JOSE P. MIRANDA y DANIEL BERTONE en las sumas de($.) ($.) respectivamente sin perjuicio de complementarios e IVA según corresponda (arts. 2,3,13, 31 y cc LA) Regular honorarios correspondientes a los Dres. MARIEL MOLINA de JUAN Y GABRIEL JUAN en las sumas de ($.) y ($.) respectivamente en base al monto del contrato sin perjuicio de complementarios e IVA según corresponda (art 21 C.P.C. y 2, 3,15 y cc LA).-

Notifíquese y bajen.-

Dra. Beatriz Moureu

Juez de Cámara

Dr Oscar Alberto Martínez Ferreyra

Juez de Cámara

Dr. Adolfo Rodríguez Saá

Juez de Cámara