La profesión del trabajador, la ausencia de horarios fijos y la emisión de facturas no impiden tener por configurada la existencia del un contrato de trabajo cuando se demuestran las notas que lo tipifican

Partes: Celestino Gabriela Laura c/ Fuentes Arturo Fernando y otra s/ despido

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 14-dic-2016

Cita: MJ-JU-M-102757-AR | MJJ102757 | MJJ102757

Sumario:1.-Debe revocarse la sentencia que rechazó la demanda por considerar no demostrada la relación laboral, pues ignoró que la carga procesal de la prueba se había trasladado hacia los accionados a partir del reconocimiento de la prestación de servicios que efectuaron y, por tal razón, eran ellos quienes debían acreditar que esos servicios se habían prestado en el marco de un contrato de locación de servicios.

2.-Si la demandada admitió el hecho de la prestación de servicios pero negó la existencia de una relación laboral argumentando una de distinta naturaleza -en el caso, locación de servicios-, a ella le incumbe la carga de probar la alegada vinculación en virtud de lo dispuesto por el art. 375 del CPCC, y de no satisfacer ese imperativo de su propio interés, rige la presunción de que los servicios fueron prestados en relación de dependencia en virtud de lo que prescribe el art. 23 LCT.

3.-Aun cuando la actora hubiese considerado ante la autoridad administrativa del trabajo que su vínculo no revestía linaje laboral, tal circunstancia es ineficaz para enervar, por sí sola, esa caracterización, por aplicación de los principios de irrenunciabilidad y primacía de la realidad que imperan en la materia.

4.-Las circunstancias denunciadas por la actora ante la autoridad administrativa (que es óptica y contactóloga, facturaba por hora y no tenía horarios fijos) no descartan por sí mismas el linaje laboral del contrato, pues la profesión del trabajador, la ausencia de horarios fijos y la existencia de facturación no impiden que declare configurada la existencia del un contrato de trabajo cuando se demuestran las notas que lo tipifican.

5.-Mal pudo el sentenciante arribar a la conclusión de que la actora no logró acreditar la existencia de una relación laboral con base en las constancias de un expediente administrativo en el cual la autoridad de aplicación culminó sancionando a la demandada por haber ocultado el linaje laboral de ese mismo vínculo.

Fallo:

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 14 de diciembre de 2016, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan,de Lázzari, Genoud, Soria,Pettigiani, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 117.626 “Celestino, Gabriela Laura contra Fuentes, Arturo Fernando y otra. Despido”.

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo Nº 2 del Departamento Judicial General San Martín rechazó la acción deducida, imponiendo las costas a la parte actora (fs. 219/223).

Ésta interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 230/254), concedido por el citado Tribunal a fs. 255 y vta.

Dictada la providencia de autos (fs. 261) y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:

I. El tribunal de trabajo interviniente rechazó en todas sus partes la demanda promovida por Gabriela Laura Celestino contra Arturo Fernando Fuentes y Andrea Rosa Prediger, por la que pretendía el cobro de los rubros salariales e indemnizatorios derivados de la extinción del contrato de trabajo que invocó en el libelo de inicio.

Para así decidir, tras precisar que los accionados negaron la existencia de la relación laboral invocada en el escrito de inicio, juzgó que la actora no había satisfecho la carga de acreditar su existencia (arts. 63 de la ley 11.653 y 375, CPCC; fs. 221 vta./222).

En ese sentido, expresó el a quo que la prueba testimonial aportada por la legitimada activa no alcanzó para acreditar la existencia del vínculo dependiente.Asimismo, destacó que la propia actora reconoció, al prestar declaración en el acta labrada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación agregada a fs. 45, que “se desempeñaba como óptica y contactóloga, y que concurría al establecimiento de los demandados cuando tenía pacientes citados, facturando por hora”, aseveración que, al quedar plasmada en un instrumento público -explicó el tribunal, con cita de la doctrina legal establecida por esta Corte en la causa L. 85.901 (sent. del 31-V-2006)- “hace plena fe mientras no sea redargüido de falsedad” (vered., fs. 219/200; sent., fs. 221/223).

II. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 19 de la ley 11.653; 3, 8, 9, 12, 14, 16, 21, 22, 23, 25, 26, 50, 52, 57, 63, 80, 232, 233 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo; 8 y 15 de la ley 24.013; 2 de la ley 25.323; 27, 31, 39 incs. 1 y 3 y 57 de la Constitución provincial; 14 bis, 17, 28, y 75, inc. 22 de la Constitución nacional, de los principios generales del derecho y de la doctrina legal que identifica.

Plantea los siguientes agravios:

1. En primer lugar, señala que, de acuerdo a los términos de la contestación de la demanda, los accionados invocaron la existencia de un contrato de locación de servicios profesionales (fs. 238). Partiendo de esa premisa, sostiene que el a quo transgredió la doctrina legal que esta Suprema Corte estableciera, entre otras, en la causa L. 32.808 “Colombo” (sent. de 29-V-1984), en la que se declaró que “si la demandada en su escrito de responde admitió el hecho de la prestación de servicios, pero negó toda relación laboral argumentando una de distinta naturaleza, a ella incumbía la prueba de la alegada inexistencia de tal vínculo en virtud de lo dispuesto por el art. 375 del C.P.C.C.no habiéndolo hecho rige la presunción del art. 23 de la L.C.T.” (fs. 238 vta./239).

Desde esa perspectiva, objeta el pronunciamiento de grado porque -en su opinión- invirtió el onus probandi y soslayó la mentada presunción, incurriendo además en absurdo.

Máxime cuando las demandadas no acompañaron las facturas ni el contrato de locación de servicios que invocaron en el responde, ni probaron la existencia de la figura civil invocada en apoyo de su postura (fs. 246/247).

2. En segundo término, alega que el tribunal aplicó erróneamente la doctrina que surge de la causa L. 85.901, “Fernández” (sent. de 31-V-2006; fs. 240 y vta.).

Explica que, en dicho precedente, esta Corte ha declarado, a contrario de lo que sostuvo el juzgador, que “el oficial público da fe de los hechos cumplidos por él mismo o pasados en su presencia, pero no así de la sinceridad y veracidad de las manifestaciones de las partes efectuadas en su presencia, que no necesitan ser redargüidas de falsedad, pudiendo ser desvirtuada con una acreditación contraria”.

En ese orden, entiende que debieron evaluarse los distintos medios probatorios a fin de determinar si concurren las mencionadas cualidades en el testimonio de la actora (fs. 241).

Sin perjuicio de ello, aduce que el a quo valoró en forma parcial y absurda el expediente del MTESS 20.855-2006, que se formó a raíz de una inspección sorpresiva en el mencionado establecimiento (fs. 142/172 y 244 vta.).

Cuestiona el valor probatorio de su testimonio en dichas actuaciones por estar “claramente viciado en su voluntad”, ya que fue pronunciado siguiendo expresas instrucciones de los demandados, bajo la amenaza de que iba a perder su fuente de ingreso (fs. 245 y vta.). En cambio, destaca la eficacia de otra declaración anterior, brindada espontáneamente en el marco de la referida inspección, con base en la cual la autoridad administrativa del trabajo culminó multando a la demandada por no haber registrado el vínculo laboral que la unía con la actora (fs.244 vta./245 vta.).

3. Sostiene que el tribunal de grado efectuó una absurda, arbitraria e insuficiente apreciación de la prueba, porque ha descartado diferentes elementos fundamentales para arribar a una justa solución.

En ese sentido, le reprocha no haber tenido en cuenta el silencio del coaccionado Fuentes frente a las intimaciones cursadas, ni la presunción que dimana del art. 57 de la Ley de Contrato de Trabajo (fs. 242 vta.).

También, no haber advertido que la finalidad del contrato de comodato del local en el que se desempeñaba la accionante ha sido eximir de responsabilidad al mencionado coaccionado por el despido de ésta (fs. 243 vta.).

Indica que el informe brindado por el Colegio de Ópticos de la Provincia de Buenos Aires evidencia que las fechas de matriculación de la actora coinciden con las del vínculo dependiente.

Asimismo, denuncia soslayados “los indicios informados en la pericia contable, el juramento del art. 39 de la ley 11.653 y la presunción que establece dicha norma legal” (fs. 248 vta./249 vta.).

Dice que el sentenciante realizó una apreciación absurda de las declaraciones brindadas por los testigos (Collavini, Taranto, Saucedo, Formenti, López y Ungar), toda vez que -a su juicio- “acreditan sin ningún tipo de hesitación la existencia de la relación laboral” alegada (fs. 250/252).

En definitiva, solicita “la revisión extraordinaria de todo el material probatorio producido en autos”, por haberse invocado y acreditado el vicio de absurdo en su valoración (fs. 252 vta./253).

4. Por último, se agravia porque el sentenciante impuso las costas del proceso a su parte invocando un precedente en el que mediaron presupuestos fácticos diferentes a los que se verifican en el presente caso.

III. El recurso debe prosperar.

Asiste razón a la quejosa en cuanto denuncia que, al descartar la existencia del vínculo laboral entre las partes, el tribunal invirtió indebidamente la carga probatoria y vulneró la doctrina legal de esta Corte, incurriendo -asimismo- en una absurda valoración de la prueba.

1.En primer lugar, acierta la recurrente al señalar que el tribunal adjudicó erróneamente el onus probandi a la parte actora, apartándose indebidamente de la consolidada doctrina de este Tribunal sobre la temática examinada.

a. En el escrito inicial la señora Gabriela Laura Celestino señaló que, desde el mes de mayo de 2003, había trabajado bajo las órdenes de los demandados en las instalaciones del “Centro Óptico Ballester” ubicado en la calle Pueyrredón N° 120 de Villa Ballester (fs. 19). Explicó que las tareas a su cargo se fueron incrementando con el transcurso del tiempo, hasta revestir el carácter de encargada del local, lo que implicaba que prestaba en forma conjunta tareas de óptica y contactóloga, atención al publico, entre muchas otras (fs. cit.).

b. Al contestar la demanda, los accionados negaron “que haya habido una relación laboral sin registrar” y que la actora “terminara como encargada del local” o “atendiera al público” (v. fs. 56 y 81). Sin embargo, reconocieron expresamente que había prestado “sus servicios como técnica óptica” y, en ese orden, precisaron que dos veces por semana (martes de 10 a 12 hs. y jueves de 17 a 19 hs.) se encargaba de tomar pedidos, medir lentes y armazones (fs. cit. y 81 vta.). Agregaron que, en el caso, no se daban las notas esenciales de la relación de dependencia en los términos del art. 21 de la Ley de Contrato de Trabajo, ya que “solo hubo una locación de servicios” (v. fs. 57 y vta. y 82).

c. El órgano judicial de grado, tras examinar la posición asumida por las partes en los escritos constitutivos de la litis, consideró que atento a que la relación laboral invocada en la demanda había sido negada, incumbía a la parte actora la demostración de su existencia.

Destacaron, en tal sentido, que los accionados habían “negado en todos sus términos y alcances la existencia de relación laboral” (fs.221 vta.), razón por la cual “quedó a cargo del accionante acreditar debidamente los hechos invocados, y la existencia del contrato de trabajo (art. 375 CPCC- art. 63 de la ley 11.653)”. Concluyendo que, “a pesar de la carga que le imponía el art. 375 del CPCC, la parte actora no produjo prueba alguna a fin de acreditar la exis tencia y modalidades de la relación laboral que, como fundamento de la demanda, denunció al inicio de las presentes actuaciones”.

Invocaron, en sustento de la decisión, la doctrina elaborada por esta Corte en la causa L. 50.497 “Salto” (sent. de 15-XII-1992), en cuanto resolvió que, negada la relación laboral por los demandados, es al accionante a quien le compete presentar la prueba que haga a la acreditación de la relación invocada (vered., fs. 219 vta.; sent. fs. 221 vta./222).

Partiendo de esa base, el juzgador analizó la prueba testimonial aportada por la actora y la consideró insuficiente para acreditar el vínculo de trabajo alegado (fs. 222).

Luego (aunque sin extraer consecuencia jurídica alguna de tal aseveración), declaró que el acta en la cual quedó plasmada la declaración testimonial rendida por la accionante en el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social -donde manifestó que era óptica y contactóloga, facturaba por hora, y trabajaba una o dos veces por semana- revestía el carácter de instrumento público, haciendo plena fe de las afirmaciones allí contenidas, ya que no se había probado lo contrario ni había sido redargüida de falsedad (vered., fs. 219 vta.; sent., fs. 222).

d.Como anticipé, asiste razón a la recurrente cuando sostiene que, al resolver de ese modo, el a quo distribuyó erróneamente la carga de la prueba y transgredió la doctrina legal que identifica.

Ha declarado este Superior Tribunal que si la demandada admitió el hecho de la prestación de servicios pero negó la existencia de una relación laboral argumentando una de distinta naturaleza -en el caso, locación de servicios-, a ella le incumbe la carga de probar la alegada vinculación en virtud de lo dispuesto por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, y que -de no satisfacer la accionada ese imperativo de su propio interés- rige la presunción de que los servicios por ella admitidos fueron prestados en relación de dependencia en virtud de lo que prescribe el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. causas L. 32.808 “Colombo”, sent. de 29-V-1984; L. 33.119 “Traverso”, sent. de 10-VIII-1984; L. 41.980 “Amarillo”, sent. de 30-V-1989; L. 41.849 “Kemerer”, sent. de 28-XI-1989; L. 46.051 “Chico”, sent. de 28-V-1991; L. 50.658 “Swida”, sent. de 10-XII-1992; Ac. 52.303 “Yaryour”, sent. de 20-IX-1994; L. 75.821 “Benedetti”, sent. de 18-XII-2002; L. 80.713 “Avila”, sent. de 11-VIII-2004; L. 83.938 “Castro”, sent. de 19-IX-2007; L. 84.622 “Caferra”, sent. de 19-IX-2007; L. 91.284 “Vázquez”, sent. de 23-VII-2008; L. 81.780 “Guzmán”, sent. de 26-VIII-2009; C. 93.098 “Camargo”, sent. de 7-X-2009; L. 93.210 “Fernández”, sent. de 11-XI-2009; L. 114.614 “Pintor”, res. de 14-IX-2011; L. 97.962 “Urrutia”, sent. de 29-II-2012; L. 101.570 “Isola”, sent. de 10-X-2012; L. 97.460 “Cuevas”, sent. de 22-V-2013; L. 111.911 “Goldstein”, sent. de 29-V-2013 y L. 107.912 “Del Arco”, sent.de 11-IX-2013), doctrina que con acierto se denuncia violada en el recurso.

En el caso, como fue señalado, si bien los demandados negaron la existencia de la relación laboral, reconocieron expresamente la prestación de servicios de la actora, alegando que ellos habían sido realizados en el marco de un contrato de locación de servicios (ver fs. 56/57 vta. y 81/82).

A partir de lo expuesto, y teniendo en cuenta los términos en que quedó trabada la litis, no resulta difícil advertir que el a quo adjudicó erróneamente la carga de la prueba a la señora Celestino, desde que -alterando las reglas del onus probandi- ha impuesto a una parte la obligación de probar hechos que correspondían a la otra, violando flagrantemente la doctrina legal individualizada en el recurso (conf. en idéntico sentido, causa L. 81.780 “Guzmán”, sent. de 26-VIII-2009, con voto en primer término de la suscripta).

En efecto, el tribunal juzgó -con fundamento en el art. 375, CPCC- que estaba a cargo de la accionante acreditar la existencia de la relación laboral invocada y, en ese orden, rechazó la demanda por considerar que la prueba aportada por ésta no había alcanzado para demostrar dicho vínculo (fs. 222).

Así, ignoró que la carga procesal de la prueba se había trasladado hacia los accionados a partir del reconocimiento de la prestación de servicios por ellos efectuados y, por tal razón, eran ellos quienes debían acreditar que esos servicios se habían prestado en el marco del contrato de locación de servicios que alegaron.

Más aún: el sentenciante trae una doctrina que (equivocadamente, como bien lo plantea la impugnante a fs. 239) en apoyo de su decisión (L. 50.497 “Salto”, sent. de 15-XII-1992, fs. 222), de la cual se desprende que, negada la existencia del vínculo por los demandados, corresponde al accionante acreditar su existencia.Empero, de la lectura de ese fallo no surge -a diferencia de lo que ocurre en la especie- que en dicho litigio la accionada hubiere admitido la prestación de servicios, lo que torna inaplicable su doctrina al caso de autos, atento la disparidad de presupuestos fácticos que median entre ambos.

2. No obsta a la conclusión expuesta la valoración probatoria efectuada por el tribunal de grado.

a. Ello así, porque el a quo rechazó la demanda por la insuficiencia probatoria que expresamente le endilgó a la parte actora (fs. 219 vta. y 222), sin que haya concluido que el vínculo que ligó a las partes no se hubiera desarrollado bajo la previsión de los arts. 21, 22, 23, 25, 26 y concs. de la Ley de Contrato de Trabajo.

En ese sentido, el juzgador señaló que “la prueba testimonial aportada por el actor no alcanzó para acreditar la existencia de un vínculo contractual con todas las características de la relación laboral”, toda vez que “la misma resultó ser carente del mérito como de la habilidad de ese elemento probatorio como para poder acreditar la pretendida relación laboral”.

Por otra parte, en lo que respecta al acta del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de fs. 45, el tribunal se limitó a describir su contenido y a señalar que constituía un instrumento público que, en tanto no fue redargüido de falsedad, constituía “plena prueba” de las afirmaciones contenidas, ante la falta de prueba en contrario (vered., fs. 219 vta.; sent., fs. 222).

De ello se colige que el equívoco inicial del juzgador en lo que respecta a la distribución de la carga probatoria podría haber llevado a un resultado diferente si de la prueba adquirida para el proceso hubiere resultado suficiente para demostrar el carácter no laboral del vínculo; esto no ocurrió en la especie.

b. En este punto, merece señalarse que la valoración que efectuó el tribunal sobre el acta referida resulta manifiestamente absurda.

(i) En primer lugar, como denuncia la recurrente a fs.240/241 vta. -nuevamente-, se aplicó de manera errónea la doctrina legal de esta Suprema Corte.

Sostuvo el sentenciante que el testimonio de la actora ante la autoridad administrativa laboral (propuesta por la demandada, donde se limitó a describir las condiciones en que prestaba servicios: “soy óptica y contactóloga, voy cuando hay pacientes citados y le facturo por hora. Si hay mucho trabajo voy dos veces por semana o sino una vez .”) y la firma de la accionante al acta hizo plena fe mientras no sea redargüida de falsedad. Para así resolver, el tribunal citó la causa L. 85.901 “Fernández”, sent. de 31-V-2006 (ver fs. 219 vta.) que establece un alcance diferente de lo que expresa la sentencia bajo examen.

En efecto, en el mencionado precedente “Fernández”, se señaló que “El Oficial público da fe de los hechos cumplidos por él mismo o pasados en su presencia, pero no así de la sinceridad y veracidad de las manifestaciones de las partes efectuadas en su presencia, que no necesitan ser redargüidas de falsedad, pudiendo ser desvirtuadas con una acreditación contraria”(causa cit., punto III ap. 2 del voto del doctor Roncoroni, al que presté mi adhesión; el destacado es propio).

(ii) En segundo término, el contenido material de la mentada declaración en modo alguno tiene relevancia para descartar la existencia de un contrato de trabajo, por varias razones.

De un lado, porque, incluso en el caso de que la trabajadora hubiere declarado que el vínculo que lo ligaba a la demandada no constituía un contrato de trabajo, ello hubiere resultado -de todos modos, y por aplicación de los principios de irrenunciabilidad y primacía de la realidad que imperan en la materia (arts. 14 bis Const. nac.; 39 de la Const. prov.; 21, 22 y 23, LCT)- irrelevante a la hora de dilucidar judicialmente el linaje del vínculo (conf. doct. causas L. 90.373 “García Cambón”, sent. de 1-X-2008 y L. 107.912 “Del Arco”, sent.de 11-IX-2013).

Por ende, aun cuando la actora hubiese considerado (ante la autoridad administrativa del trabajo) que su vínculo no revestía linaje laboral, tal circunstancia habría sido ineficaz para enervar, por si sola, esa caracterización.

Lo expuesto, aun soslayando que -al contestar el segundo traslado- la actora señaló expresamente que la declaración por ella prestada (en carácter de testigo, ofrecida por la accionada) ante el Ministerio de Trabajo fue forzada por ésta bajo amenaza de perder su puesto (fs. 90), afirmación (reiterada en el recurso, ver fs. 245) que necesariamente debió haber sido analizada por el tribunal como paso previo a asignarle valor probatorio.

Del otro, porque el contenido material de la mentada declaración en modo alguno evidencia el carácter no laboral del vínculo.

Las circunstancias allí señaladas (que la actora es óptica y contactóloga, facturaba por hora y no tenía horarios fijos) no descartan -por sí mismas- el linaje laboral del contrato. Como lo ha declarado esta Corte, la profesión del trabajador, la ausencia de horarios fijos y la existencia de facturación no impiden que declare configurada la existencia del un contrato de trabajo cuando se demuestran las notas que lo tipifican (arg. arts. 21, 22 y 23, LCT; conf. causa L. 108.731 “González”, sent. de 12-VI-2013; y sus citas).

Máxime cuando la existencia de horarios fijos fue expresamente admitida por la accionada al contestar la demanda (ver fs. 56 vta. y 81 vta.), lo que revela -una vez más- el marcado apartamiento por el tribunal de las constancias objetivas de la causa.

(iii) Finalmente, resta resaltar un dato más que permite verificar el vicio de absurdo denunciado.

El órgano judicial de grado se limitó a analizar aisladamente el acta obrante a fs.45, en la que quedó constancia de la declaración testimonial prestada por la actora ante la autoridad laboral y en la cual describió la modalidad en que desempeñaba sus servicios en el establecimiento de la accionada.

Sin embargo, soslayó explicitar que esa declaración fue realizada por la actora en el marco de un procedimiento de inspección laboral en el que -en ejercicio de la función de policía del trabajo- el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación sancionó a la demandada precisamente por incumplimiento del deber de registración laboral, al haber mantenido en la clandestinidad la relación que tenía con la demandante Gabriela Laura Celestino, vínculo cuyo carácter laboral la autoridad del trabajo consideró demostrado.

Así, del análisis global de la prueba documental e informativa de fs. 39/45 y 142/172 se desprende que, en el marco de una inspección laboral realizada en el establecimiento de la demandada, el Ministerio labró un acta de infracción, imputándole diversas faltas (no haberse dado de alta como empleador y -especialmente, en lo que aquí interesa- por ocupar trabajadores en relación de dependencia sin la debida registración, infracción constatada precisamente en el caso de la accionante en autos fs. 39/41).

Notificada de dicha decisión, la accionada concurrió a la audiencia convocada por el Ministerio a los fines de efectuar su descargo, que presentó por escrito, en el que, tras admitir la prestación de servicios, precisó que la actora Celestino “presta y factura sus servicios como profesional independiente, por hora y por tipo de consultas, encontrándose presente en mi empresa, solamente por tiempo parcial, y cuando expresamente se le requiere, resolviendo aquellas que exceden mi conocimiento” (fs. 44). A los fines de acreditar dicho relato, ofreció como prueba el testimonio de la propia actora, quien declaró en los términos arriba citados, de lo que da cuenta el acta de fs.45, ponderada por el a quo.

Empero, lo que ignoró el tribunal es que, según se desprende de la informativa emanada del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, ese descargo fue expresamente descartado por la autoridad administrativa, quien -refutando categóricamente el pretendido encuadramiento como locación de servicios del vínculo- señaló expresamente que la declaración prestada por la actora “de modo alguno implica que no sea dependiente de la imputada; por cuanto, habiéndose encontrado a la misma prestando servicios propios del giro comercial de la imputada, se presume la existencia del vínculo laboral (artículo 23 de la ley N° 20.744 t.o.), resultando insuficiente para desvirtuar la presunción legal la denominación o instrumentación que las partes den a su relación(artículos 4, 12, 21 y 22 de la ley N° 20.744)”, máxime cuando -agregó la autoridad laboral- “al momento del acto inspectivo la trabajadora afectada la denunciara como su empleadora, consignó una fecha de ingreso, una actividad desarrollada, días y horarios de trabajo, y una remuneración percibida, firmando para constancia, debiendo aclararse que el hecho de revestir la condición de monotributista no impide que pueda tener con la imputada una relación de dependencia” (fs. 167).

Más aún, esgrimiendo las razones por las cuales no correspondía dejar sin efecto la infracción imputada a la accionada, destacó la autoridad administrativa que el acta de comprobación realizada ante el funcionario público del Ministerio que detectó la clandestinidad laboral en el establecimiento de la demandada, gozaba de plena fe pública, razón por la cual, para que su contenido pudiera ser desvirtuado por prueba testimonial, éste debiera provocar tal certidumbre que llevara a la plena convicción de la falta de sinceridad de las constancias asentadas en el instrumento impugnado, lo que ciertamente no se verificaba en el caso (fs.169). Sobre esa base, la autoridad administrativa rechazó el descargo y confirmó la decisión de imponer a la accionada una serie de multas por no haber registrado la relación laboral que la ligaba con la actora (fs. 170).

A partir de lo expuesto asiste razón a la recurrente en cuanto denuncia que el tribunal efectuó una valoración parcializada y absurda de la aludida prueba instrumental e informativa (fs. 244 y sigtes.).

Aun cuando -a tenor de la amplia facultad que les asiste a los jueces laborales para seleccionar y ponderar las pruebas- el tribunal no estaba obligado a computar como vinculante (a los fines de definir el linaje del vínculo) la aludida conclusión de la autoridad administrativa, lo que ciertamente no pudo hacer válidamente -sin incurrir en un desvío intolerable en el ejercicio de la función jurisdiccional- es fundar su razonamiento relativo a que no se acreditó la existencia de la relación laboral con apoyo en un elemento probatorio del cual se desprende exactamente todo lo contrario, efectuando una valoración fragmentaria y descontextualizada de la prueba agregada al expediente que lo condujo a dictar un pronunciamiento absurdo y alejado de las constancias objetivas de la causa.

En otras palabras: mal pudo el sentenciante arribar a la conclusión de que la actora no logró acreditar la existencia de una relación laboral con base en las constancias de un expediente administrativo en el cual la autoridad de aplicación culminó sancionando a la demandada por haber ocultado el linaje laboral de ese mismo vínculo.

Cuadra recordar, en ese sentido, que incurre en absurdo el tribunal de trabajo cuyo pronunciamiento ha sido elaborado sobre la base de un análisis simplista y parcializado de la prueba, delineado mediante conclusiones genéricas desconectadas de las circunstancias particulares del caso en juzgamiento (conf. causa L. 108.109 “Vanucci”, sent. de 29-V-2013).

3.A tenor de lo señalado, y resultando que lo decidido en los apartados anteriores basta para revocar la sentencia en cuanto consideró no demostrada la relación laboral, ha devenido abstracto el abordaje de los demás agravios que exhibe la impugnación (incluyendo el dirigido a rebatir la imposición de las costas, parcela del fallo que debe quedar sin efecto en atención a lo que aquí se resuelve).

IV. En virtud de todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y revocar la sentencia impugnada en cuanto incurrió en absurdo al considerar no demostrada la relación laboral denunciada en la demanda.

Los autos deberán volver al tribunal de grado a fin de que -nuevamente integrado- se pronuncie acerca de la procedencia de la acción deducida, atendiendo a las consideraciones aquí efectuadas y a las alegaciones de las partes.

Costas de esta instancia a la demandada vencida (art. 289, CPCC).

Voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

He de adherir al voto de la doctora Kogan en cuanto encuentra configurado el absurdo denunciado y propone reenviar la causa a la instancia de origen a los fines del dictado de un nuevo pronunciamiento.

Sin perjuicio de ello, ha de aclararse que la situación de ambos codemandados resulta diferente: en el caso de la accionada Prediger, ha ocurrido una clara violación de las cargas probatorias en virtud del desplazamiento de las mismas ante la respuesta que diera la nombrada como claramente queda expresado en el voto inicial. Respecto del restante demandado, en cambio, habrá de considerarse también que su falta de respuesta a las intimaciones que se le cursaran (porque no puede considerarse tales las suscriptas por su litisconsorte, según fs. 3 y 9), y que fueran expresamente reconocidas por él mismo (ver fs. 81, punto 2 in fine), pone en juego otra presunción, que es la proveniente de lo prescripto por el art.57 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Así las cosas, y con tales aclaraciones, debe admitirse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).

Voto, pues, por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:

Adhiero a la solución propuesta por la doctora Kogan.

Como señala la distinguida colega, el tribunal interviniente soslayó los términos en que quedó trabada la litis e incurrió en absurdo al concluir sin más sobre la inexistencia de la relación laboral invocada al demandar.

Luego, en atención a que el reclamo de la actora estuvo dirigido contra ambos codemandados en razón de una presunta sociedad “de hecho” entre éstos (fs. 19 vta.), y dado que esta puntual cuestión quedó desplazada del razonamiento del juzgador a causa del impropio análisis que efectuó de la controversia, considero que la decisión rescisoria impone efectuar un nuevo examen de todos los aspectos aquí imbricados, con especial atención a los planteos y defensas traídos por las partes.

Con ese alcance, adhiero a los señalamientos efectuados en el punto III aps. 1 “d”, 2 “a” y “b” (i) en el voto inaugural, que estimo suficientes para brindar respuesta favorable al interrogante planteado.

Voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. El recurso debe prosperar.

1. A criterio del tribunal de grado, del modo en que quedó trabada la litis en autos, pesaba en la parte actora la carga de acreditar la relación laboral invocada en la demanda.

En ese marco, juzgó que la prueba testimonial aportada resultó insuficiente a tales fines y que lo expuesto por la accionante en el acta labrada por la autoridad administrativa del trabajo obrante a fs. 45 -así se puede deducir del razonamiento empleado en el fallo- co lisionaba con la plataforma fáctica invocada por aquélla en el caso.

Tales conclusiones lo llevaron a rechazar la demanda impetrada (v. vered., fs. 219/220; sent., fs. 221/223).

2.En verdad, la escueta descripción que se realiza en el pronunciamiento impugnado del contenido de los escritos de contestación de la demanda no deja entrever claramente -sin perjuicio de la negativa de toda relación de índole laboral a la que se hace mención allí- cuál fue el completo alcance que le otorgó el tribunal a las posturas asumidas por los accionados en aquellas oportunidades.

a. Para ingresar en el análisis del recurso, he de señalar que, en su escrito de inicio -que del relato que porta el fallo tampoco emergen sus aspectos medulares-, la parte actora denunció haberse desempeñado en relación de dependencia en el “Centro Óptico Ballester”; precisó, además, que los demandados Arturo Fernando Fuentes y Andrea Rosa Prediger integraban una suerte de sociedad de hecho que explotaba el establecimiento (v. fs. 19/26).

b. Por su parte, puede observarse que ambos coaccionados al contestar la demanda negaron la existencia de la relación laboral invocada por la contraria, admitiendo uno de ellos -Andrea Rosa Prediger-, en cambio, la de un contrato de locación de servicios (v. fs. 56/60 y 80/85).

Con relación a esto último, resulta evidente que el a quo no aplicó -ya sea por una errónea ponderación de la pieza procesal pertinente o por otras razones que no surgen explícitamente del pronunciamiento- la presunción que contempla el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y la doctrina legal que al respecto ha elaborado este Tribunal.

Como lo expone mi distinguida colega doctora Kogan en su sufragio, esta Corte tiene dicho que si la demandada admitió el hecho de la prestación de servicios, pero negó la existencia de una relación laboral argumentando una de distinta naturaleza, a ella le incumbe la prueba de la alegada vinculación en virtud de lo dispuesto por el art.375 del Código Procesal Civil y Comercial, y que, si no satisface ese imperativo de su propio interés, rige la presunción de la citada norma -en su caso-, debiendo considerarse acreditada la existencia del vínculo laboral invocado en el escrito (conf. causas L. 32.808 “Colombo”, sent. de 29-V-1984, citada por el quejoso; L. 107.912 “Del Arco”, sent. de 11-IX-2013 y L. 111.911 “Goldstein”, sent. de 29-V-2013).

3. Sentado lo anterior, también acierta el recurrente cuando objeta la valoración que llevó a cabo el órgano jurisdiccional de la instancia de las actuaciones administrativas pertenecientes al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de la cual extrajo una conclusión que resultó decisiva para juzgar no acreditada la relación laboral invocada en la demanda.

Al respecto, comparto mayormente las apreciaciones que plasma la colega ponente en el punto III ap. 2 de su voto, ello, en cuanto evidencian una errónea aplicación de la doctrina legal individualizada por el tribunal en el veredicto (referida a la causa L. 85.901 “Fernández”, sent. de 31-V-2006; v. fs. 219 vta.), la omisión de toda consideración en torno a la eventual existencia de vicios de la voluntad que hubieran podido afectar la declaración efectuada en el citado expediente administrativo y la valoración parcializada y -en fin- absurda de éste.

4. Lo expuesto, toda vez que modifica el contexto en el cual el tribunal juzgó el caso, resulta suficiente para revocar la sentencia de grado.

II. Con todo, compartiendo la solución propuesta por los colegas que anteceden, en cuanto acogen favorablemente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocan el pronunciamiento impugnado, entiendo, como lo señala el doctor Genoud, que los autos deben volver al tribunal de la instancia para que, con distinta integración, realice un nuevo examen de la causa conforme lo aquí decidido. Costas de esta instancia a la demandada vencida (art.289, CPCC).

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:

Si bien discrepo con la doctora Kogan respecto de las apreciaciones vertidas en el punto III ap. 1, acerca de la presunción iuris tantum que emana del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto entiendo que la prestación de servicios que genera la presunción es la de servicios bajo la dependencia de otro, pues sólo éstos son los que se contemplan en la tipificación legal del contrato y de la relación de trabajo (arts. 21 y 22, LCT; conf. voto causa L. 90.472, sent. de 17-V-2006; entre otros); considero que tal circunstancia de todas maneras no obsta a que coincida con mi distinguida colega en cuanto a lo expuesto en el punto III aps. 2 y 3 de su voto. Efectivamente, comparto la consideración a la que allí arriba en cuanto a que el tribunal a quo incurrió en una valoración absurda de la prueba al considerar que la actora no logró acreditar la existencia de una relación laboral.

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, se revoca la sentencia impugnada en cuanto incurrió en absurdo al considerar no demostrada la relación laboral.

Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento, de conformidad con lo aquí dispuesto.

Las costas de esta instancia se imponen a la demandada vencida (art. 289, CPCC).

Regístrese y notifíquese.

LUIS ESTEBAN GENOUD

HILDA KOGAN

EDUARDO JULIO PETTIGIANI

EDUARDO NESTOR DE LAZZARI

DANIEL FERNANDO SORIA

ANALÍA S. DI TOMMASO

Secretaria Interina