Formulación de un porqué de un derecho penal ambiental. Grafeuille, Elías G.

Autor: Grafeuille, Elías G. – Ver más Artículos del autor

Fecha: 3-mar-2017

Cita: MJ-DOC-10634-AR | MJD10634

Doctrina:

Por Elías G. Grafeuille (*)

I. EL PUNTO DE PARTIDA

El concreto resguardo del medio ambiente es una materia primordial que a todos nos requiere, atravesando muchas veces, incluso superando, las posibles previsiones de todos los Estados del mundo, siendo este el punto inaugural que reconoce que a los particulares les sea menester la defensa o el cuidado de tal bien y que al derecho, no solo ambiental, involucra.

Desde la Revolución Industrial, esto es siglos XVII y XVIII, cantidad innumerable de alteraciones degradantes han ocurrido en el ambiente como secuela de los perfeccionamientos tecnológicos, de las ideas económicas imperantes y del inmenso incremento de la población.

En ese contexto y dentro del plano histórico, el ambientalismo se dividió en tres «etapas evolutivas»: la retórica, la analítica y la paradigmática, siendo esta última la que se ha encargado de buscar que cambien las conductas y la cultura de la totalidad de la Comunidad Internacional y nacional, lo que aún no se ha logrado, dado la falta de información y educación al respecto.

No obstante, en la República Argentina, siguiendo el paradigma, luego de su reforma constitucional del año ’94 se toman los criterios más modernos en materia de protección del ambiente instituyendo una «Ley Marco de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental».

Además, se incorpora el artículo 41 a nuestra Carta Magna, que se relaciona con la identificación y caracterización del objeto tutelado, esto es el ambiente. De tal norma constitucional se deriva la afirmación de que la naturaleza y su adecuada protección son prioritarias sobre cualquier otro derecho que atribuya facultades para el uso de la misma. Esto deja en claro que sentaron las bases de una demarcación imperativa de que no puede ser objeto de los ciudadanos el uso irracional del ambiente sin su consiguiente atribución de responsabilidad.En la actualidad, existen «leyes generales del ambiente» con pretensiones codificadoras, cuya fase de aplicación muestra que deben ser puestas en coordinación con los tratados internacionales, las leyes estatales, las directivas de los órganos de control y las leyes no ambientales (tributarias, administrativas, urbanísticas, regulación económicas, etc). Estos ordenamientos jurídicos que realizan los análisis sobre medio ambiente no suelen asumir íntegramente la complejidad que el tema plantea, encontrándose actualmente subestimado tal factor, aún más desde la perspectiva punitiva.

No obstante, la reforma constitucional del ’94 abrió los caminos para la comprensión entre ambiente y derecho, estableciendo ciertos criterios dogmáticos y programáticos, fijando conjuntamente prohibiciones explícitas, y dejando además la reglamentación de sus institutos.

Con lo dicho, es evidente que congregar cuantitativamente y concentrar cualitativamente la protección en torno a un sitio determinado, fundado en razones ecológicas, no solo es conveniente en términos ambientales sino también en términos institucionales y de preservación de las especies terrestres, en la medida que se esparciría la protección del mismo si consideráramos a cada factor o elementos por separado conforme al registro jurídico establecido actualmente.

Todo ello demuestra que el tema en general debe ser tratado con seriedad y debe evitarse que el problema ideológico entre por la ventana, porque no solo lo desvirtúa, sino que, además, no lo hace creíble (1). Es por ello que el Derecho debe tomar una activa intervención, dado que es la herramienta justa que permitirá que se equilibren las posturas antagónicas existentes, debiendo fijar los límites, tanto civiles, administrativos como penales para que sean respetados o, en su caso, se apliquen las pertinentes sanciones y conminaciones para el caso de que así no sea.

Así las cosas, hace ya tiempo el Estado entendió que la regulación para la protección del ambiente por la polución correspondía a la rama del Derecho Administrativo, el cual tuvo que determinar la responsabilidad en los problemas que se sucedían bajo el deterioro del entorno biológico (2). Eso acarreó a que en la época posmoderna el uso desmedido de los recursos naturales en manos de la ciencia y la técnica hiciera que su reparación sea insuficiente, ocasionando la consecuente afectación de los entornos y de la vida en general.

Es sobre esta tesitura que se necesita una protección penal del ambiente y así poner coto a tales menoscabos (3). Es necesaria la protección jurídico-penal del ambiente, dado que la importancia del bien en cuestión llevaría a una afirmación (4) de tal carácter, y ante todo, que aparece como gran necesidad actual inculcar a la sociedad toda, una real concientización sobre el valor del bien jurídico medio ambiente y su protección, toda vez que el mismo forma parte central e inescindible de la subsistencia de la humanidad (5).

A ello debe sumársele que, dentro del esquema que se ha establecido en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, se muestra un cambio de paradigma dentro de la cultura jurídica. Lo realiza a través del reconocimiento, con fuerza normativa, que hace a la Constitución Nacional y a los Tratados Internacionales (art.1 ) (6).

Esto es así, porque el Derecho Ambiental, que tiene fundamento constitucional y de los acuerdos con otras potencias mundiales, tiene su desarrollo exponencial en convenios multilaterales de países en pos de buscar una manera de disminuir la desintegración de los medios.

Nuestro nuevo ordenamiento privatista se estructura, en lo que al tema hace, sobre mandatos que buscan la solución a los problemas mediante una inteligencia común, de soluciones adecuadas, estableciendo directrices de funcionamiento (7).

Este digesto ha logrado tener preeminencia sobre el resto de los Códigos de derecho privado del continente al encerrar la cuestión de aplicación o de los efectos de los derechos fundamentales, de jerarquía constitucional, a las relaciones entre particulares (8). Con ello, las situaciones que regula el Código Civil se vuelven más solidarias y éticas, respetando, incluso, la dignidad humana (9).

Esto nos lleva a reflexionar a que el derecho ambiental está compuesto por derechos de incidencia colectiva y enmarcados en el bien colectivo ambiente como macrosistema y a sus componentes como microsistemas (10).

Toda su estructura y funcionamiento tiende a proteger con sus normas tuitivas y protectorias a los más débiles o vulnerables de la relación y lo realiza con mecanismos reforzados o diferenciados de defensa o tutela del ambiente que permite que se igualen desiguales.

Es mediante esta protección que el Derecho Ambiental conjuga de modo más acabado respecto al resto de las ramas del derecho, la inviolabilidad de la persona (antropocentrismo) y la defensa de lo social (ecocentrismo), y lo hace para que exista un desarrollo sustentable del medio ambiente (11).

La actual evolución de la tecnología, la globalización de las relaciones mundiales, el desarrollo nuclear incontrolable, bases de la actual sociedad de riesgo, si bien han mejorado la situación de la humanidad, también implican nuevos riesgos y amenazas de grandes peligros incontrolables por las personas y que elevan al máximo la vulneración de la vida en el planeta.Sobre estas circunstancias es que el Estado tiene la imperiosa necesidad de responder con derechos de incidencia colectiva o intereses difusos, que permiten respuestas pragmáticas, urgentes y efectivas(12).

El nuevo ordenamiento civil y comercial argentino se caracteriza también por tener en los principios más practicidad. Así, encontramos el principio de buena fe (art. 9 ), el cual hace posible el ejercicio de los valores colectivos fundantes de los derechos humanos como el ambiental, tal cual son la paz, la solidaridad y la cooperación, las que refuerzan a la transparencia y ética ambiental que son esenciales para la protección del ambiente (13).

Así las cosas, los derechos ambientales pueden clasificarse según la rama del derecho de diversas maneras, en el civil, como personalísimo; en el público, como derechos humanos; y en el constitucional, como fundamental. Cualquiera sea la definición que se le atribuya a este derecho, es claro que ostenta la categoría de derecho esencial para la vida del hombre y de los seres vivos (14). Esto permite que tanto la salud como el ambiente sean considerados como uno respecto a la protección que brindan a las personas (15).

Tal normativa tiene una gran función, cuya regla de oro del Derecho Ambiental es la prevención, más vale soluciones tempranas, de anticipación del daño, porque se sabe que el daño ambiental lleva a situaciones de daño grave e irreversible que pueden dar lugar a un desastre, que es menester evitar y controlar.Por eso lo primero es prevenir, si, no obstante, el daño se produce, deberá indemnizarse o, para el caso colectivo, recompensarse o compensar ambientalmente.

Igualmente debe ser necesario disuadir todas aquellas conductas, mediante sanciones pecuniarias, que demuestren un grave menosprecio por la naturaleza (16), toda vez que es mediante este tipo de comportamientos que la sociedad en su conjunto comienza a normalizar situaciones de desmedro hacia su entorno.

Es sobre esta temática que todo el derecho ambiental está orientado para evitar la consumación del daño, dado que si ya ocurrió, la solución tardía deviene inútil porque el daño ambiental es expansivo, multiplicador, continuo o permanente. Por ello, se requiere que la decisión sea «ex ante» y que opere sobre las causas y las fuentes del problema (17).

Con lo dicho, se puede decir que gracias al ingreso del principio de prevención al Código Civil y Comercial, se muestra fortalecida la postura que muchos llevamos a cabo diariamente de defensa del ambiente (18).

Es sobre todo lo expuesto que se entiende que el derecho, debe intervenir en la degradación del ambiente en virtud del deber que subyace a la humanidad de tener un equilib rio que permita continuar la vida del hombre sobre la tierra, y así evitar que la destrucción del ecosistema sea un medio para el crecimiento económico desequilibrante (19).

La visualización solo desde lo económico, conlleva la pérdida de capacidad para ver cuán comprometido se encuentra el futuro de todas las personas (20). Por esto es menester proseguir en busca de una equidad del bien jurídico ambiental y los fines económicos —tarea del Derecho—, siendo necesario evitar el daño a la sociedad, aun en desmedro de la economía, pero sin que sufra grandes avatares que lleven a su desaparición (21). Esto significa que llevar al extremo a la «ideología verde» provocaría la destrucción del sistema financiero y económico (22), circunstancia que en la actual sociedad de consumo capitalista, es imposible.

Entonces el problema consiste en responder las preguntas de ¿Cómopuede el Derecho Penal proteger al ambiente? ¿Está capacitado para ello? ¿Puede ser eficaz la protección?

Asimismo, es necesario encontrar en el corto plazo una solución, dado que la oposición que mantengan las posiciones que se encuentran en puja, huelga decir, el medio ambiente y la naturaleza con la civilización y la técnica, llevará a la humanidad a tomar caminos equivocados sin lograr una solución real al problema actual. Por ello, ambas partes deben encaminarse a una revelación profunda e interna que permita lograr un estadio superior y con ello la tan ansiada solución (23).

Es menester lograr un equilibrio entre desarrollo tecnológico y naturaleza en su estado puro, y esto se debe hacer mediante lo que en derecho se denomina ponderación de bienes jurídicos (24) y a través de la adecuada incorporación del delito ambiental en el derecho penal argentino. La no conclusión de este parámetro conduce necesariamente al desastre total. Sin embargo, y como forma de paliar las dificultades que puede acarrear un ordenamiento sancionatorio, vale comprometer el esfuerzo para que el Derecho Ambiental trate de encontrar una solución a la polución del entorno mediante mecanismos que posibiliten tanto el crecimiento económico como la recuperación del ambiente (25).

II. EL SENDERO A CAMINAR

Generalmente cuando pensamos en contaminación del medio ambiente, la gran mayoría de la población no identificamos la delictuosidad del hecho, lo que redunda a todas luces en una cuenta pendiente por parte de las instituciones públicas y privadas de cara a la sociedad toda (26).

Por ello y atento que actualmente las situaciones problemáticas han desbordado la casuística administrativa, es que nuestro sistema legal debe, entre sus fines más próximos, masificar la educación y comunicación en temas ecológicos, siendo menester también que el ordenamiento jurídico-penal, responda con una tutela de situaciones más abarcativa, específica, enérgica y coactiva a las cuestiones contaminantes.No debe dejar de tenerse en cuenta que nuestro Código Penal ya tiene una enmarcación del estilo, pero el mismo parece insuficiente en los tiempos actuales, toda vez que es muy amplio y ello lleva a la vaguedad y los imprecisos, dejando lugar a que las empresas e industrias con el fin de ser competitivos en el mercado, utilicen de forma desmesurada los recursos naturales, ocasionando un directo menoscabo al medioambiente con derivaciones a futuro insostenibles para la humanidad (27).

Es menester encontrar una base para que se pueda encuadrar en el Derecho Penal argentino las conductas contrarias a la conservación, defensa, mejoramiento, aprovechamiento, manejo y restauración del ambiente como delitos penales ambientales, determinando conminaciones y penas (28).

Nuestro Estado debe reaccionar a los avatares que la realidad le impone, observando que el Derecho Administrativo ya no satisface la protección del derecho a un ambiente sano, toda vez que son innumerables, y por todos conocidos, aquellas situaciones en donde son violadas tales normas.Todo redunda en buscar una nueva «motivación» de la comunidad en su conjunto, que confluya en el respeto al ambiente sobre la base fundamental de la amenaza penal y el achacamiento de responsabilidades punitivas (29).

Al tipificar conductas agresivas al ambiente y los recursos renovables, lo que se busca es lograr la protección de los mismos sobre el entendimiento que puede lograrse en el marco de los principios de «ultima ratio» e intervención mínima del Derecho Penal, para así fomentar una concientización más profunda respecto a los daños que se ocasionan al entorno (30).

Necesario es entender que, si bien se encontrará dentro del Derecho Penal y sus principios, la materia Derecho Ambiental proporcionará una especificidad que permitirá, al igual que hizo con el derecho de daños, una visión particular del mismo (31). Las características del derecho penal ambiental son compartidas con el derecho ambiental y derecho penal, pero a su vez goza de cierta autonomía dado que es un derecho nuevo, de los denominados de tercera generación, colectivo, periférico, predominantemente público, fundamental, más preventivo que represivo, global, accesorio universal e inalienable, de agrupamiento y atracción, de interrelación, de objeto predominantemente natural, cambiante e interdisciplinario (32).

Por ello, la manera más eficaz de lograr la protección del ambiente es mediante la asignación de autonomía a este tipo de conductas respecto de los restantes delitos, sin violar los principios de «intervención mínima» y «ultima ratio» del Derecho Penal (33).

Ahora, si bien existen leyes que regulan de algún modo el menoscabo de la naturaleza, tales como las leyes 22.421 o 24.051 , como así también el anteproyecto de reformas del Código Penal, las mismas son insuficientes para lograr una adecuada protección penal de este bien jurídico (34) porque encontramos carencias de todo tipo, las hay tanto económicas, como sociales, educacionales, institucionales, morales y sobre todo, una falta de conciencia en cuanto a los daños que la escasez de una adecuada protección penal del medio ambientepuede ocasionarnos (35).

Debemos estar de acuerdo que el Derecho Penal actual se enfrenta ante quizás el más grande inconveniente que tendrá la humanidad en un futuro no muy distante: «.el deterioro del ambiente y la afectación de todo ser vivo» (36).

Indudablemente, la prevención constituye el medio ideal para proteger el ambiente, pero ello no nos debe conllevar a descuidar las medidas represivas, aquellas que intervienen una vez producido el hecho dañoso y, por consiguiente, una vez comprobado que la prevención tuvo fallas. Sobre esta tesitura, el papel de las medidas represivas es fundamental, aun cuando solo fuera porque ellas van a asegurar las medidas preventivas. El código penal clasifica las transgresiones según sus valores sociales protegidos, o sea, según el bien jurídicamente protegido, de esta forma, el Derecho Penal asegura por medio de la sanción la protección de los bienes reconocidos por el legislador como dignos de tutela.

A esta altura de la evolución mundial, no existen dudas que nos encontramos frente a la necesidad de asegurar al mismo tiempo el desarrollo económico y la conservación del equilibrio con el ambiente, hallándonos en la necesidad de pasar de las sanciones administrativas a una nueva forma de conminación que desemboque en el respeto al ambiente en razón de la amenaza penal (37).

Sin embargo, la necesidad e importancia de los recursos naturales son los parámetros que llevan a que sea menester dar autonomía en el campo penal a una regulación protectora del Medio Ambiente, dado que tal bien jurídico se encuentra compuesto por una gran cantidad de fenómenos y procesos que conllevaron a una determinación más precisa del mismo, y no ya como elemento o parte de algún otro bien como por ejemplo la salud o la protección de la fauna y la flora (38).

Sobre la idea de que el Derecho Penal tiene como incidencia social servir de orientador de la conducta, es mediante el desánimo en los sujetos activos contaminantes que tal ordenamiento debe buscar reducir la cantidad de accionesdegradantes hacia el ambiente. De lograrse, tornaría más confiable al sistema jurídico y se conseguiría una mejor calidad de vida y subsistencia para las generaciones presentes y futuras(39) .

El Derecho Penal del medio ambiente representa uno de los aspectos en los que el nuevo derecho penal manifiesta tendencias criminalizadoras, y si bien no existe una literatura criminológica bien establecida sobre el tema, esto se debe a la falta de responsabilidad y toma de conciencia respecto a los daños que provocan los ataques al ecosistema en su conjunto (40).

En la actualidad es muy corriente en la totalidad del globo que se hable de la necesidad de regular los ilícitos ambientales, escribiéndose de esta manera, en ciertos lugares ya, incluso, sobre parte general de los delitos contra el medio ambiente (41).

En ellos se visualizan una gran cantidad de problemas que se enmarcan en la autoría y participación, el control de los procesos causales, de formación de la voluntad, de responsabilidad en cadena y actuaciones por otro, de inviabilidad de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, de función y contenido de las penas, etc. (42).

A esto se agrega, que respecto de este tema nos encontramos en un problema que generalmente se dilucida entre la política y la concepción de la vida del hombre en sociedad, dejando al problema penal solo un carácter secundario (43).

No pasa desapercibido que actualmente se discute sobre la ubicación de los hechos típicos ambientales conjuntamente con el lugar sobre donde opera la amenaza penal, y en donde debe estar legislada la materia referida al medio ambiente. Así, para una parte de la doctrina el hecho de incluirla en el Código Penal aumentaría «la fuerza preventivo-general, conformadora de conciencia», mientras que a otros esta solución no los convence.Tampoco escapa que en el día a día, asiduame nte el Derecho Penal se encuentra en cuanto a esta temática, operando con un estricto carácter secundario, toda vez que penaliza el incumplimiento de normas de conducta que son de un ámbito ajeno al mismo. Tal situación viene encaminada por los nuevos ámbitos de criminalización en el Derecho Penal moderno, los cuales tienen la particularidad de reforzar el cumplimiento de normas administrativas que imponen deberes de hacer y obligaciones de omitir (44) .

Se sabe que este tipo de conductas se encuentran dentro de lo que actualmente se utiliza bajo el término expansión del Derecho Penal, el cual pretende tener un significado de 3 vértices, uno referido a la recepción de nuevos bienes jurídicos (medioambiente, salud pública, etc.), otro al adelantamiento de la barrera de punición y por último, la reducción de las exigencias de reprochabilidad (45).

Quienes sostienen esta postura manifiestan que esto lleva a que el Derecho Penal de riesgo se caracterice en que el comportamiento tipificado sea socialmente desvalorado y no inadecuado.Así, las conductas de este tipo no son de criminalidad clásica violenta y por lo tanto no se contravienen con una «moral ética inmediata», sino más bien con una «moral lejana» (46), donde su peligrosidad se muestra por el efecto de acumulación, vale decir, que la falta de peligrosidad de tales comportamientos se desmiente cuando se visualiza en una consideración más amplia (47).

Esta expansión permite una mayor criminalización de conductas desde una visión político-criminal provocando que el Derecho Penal deje de ser la «ultima ratio» del Estado para resolver conflictos sociales, lo que conlleva a que las diferencias entre el Derecho Penal y otras ramas como el Derecho Administrativo y Derecho Policial de prevención de peligros se desnaturalicen (48).

En su contra, hay opiniones sobre que el Derecho Penal para cumplir sus funciones sociales, no puede desantenderse de las actuales características de las sociedades (49). Así, debe establecerse un nuevo sistema de normas cuando la seguridad de la sociedad y sus leyes se ven avasalladas por los peligros que genera la industria actual, los cuales no son contenidos por dichos ordenamientos sociales (50) .

Entonces, si la sociedad de riesgo sirve para modificar las estructuras de los Estados, el Derecho Penal no puede desentenderse de esa evolución sino que necesariamente debe interiorizarla y complementarla con sus fines y funciones. Para ello, es menester que utilicen todos los instrumentos jurídicos que estén a su alcance, incluso, aunque sea residualmente, el penal. Esto permitirá que la sociedad pueda combatir los malos efectos que produce la economía neoliberal desmedida(51) .

No obstante, se entiende que el Derecho Penal no puede ni debe ser la única opción para la tutela del ambiente, dado que también deben utilizarse otros instrumentos u ordenamientos menos coercitivos —vgrs. el Derecho Administrativo— para que se encausen los problemas de menor incidencia en lo relativo a la temática en cuestión (52).

III.LA CONCLUSIÓN

Ahora bien, para finalizar, debemos encontrarnos íntimamente convencidos que el Derecho Ambiental tuvo, tiene y tendrá para la humanidad toda, carácter fundamental y debe concederse la categoría de Derecho Humano irrenunciable(53) . A tal conclusión se llega sobre la deducción de que de no proteger a la naturaleza, bien jurídico superior, se encontrarían en riesgo incluso, todos los restantes bienes jurídicos que hoy consideramos preponderantes, a saber: la vida, la salud, la integridad personal, la libertad, etc.

Por todo ello es que se sostiene enfáticamente que el Estado tiene la imperiosa necesidad de buscar que exista una vía de actuación del Derecho Penal que siempre debe ser la «última ratio» (54) pero sin por esto dejar de efectuar un análisis acabado de la totalidad de conductas dañosas que suceden en la naturaleza, para de esta manera determinar qué comportamientos son pasibles de pena y cuáles otros no, persiguiendo la optimización de los recursos del Estado para poder prevenir o minimizar los deterioros que la naturaleza se encuentra sufriendo por el degradamiento de la misma.

La promulgación de una ley penal de protección al ambiente, y no sanciones aisladas, con objetivos diferentes, con soluciones parciales, o su inclusión en los códigos penales, resulta necesaria pues servirá de acicate y orientación. Se ha venido repitiendo por juristas, que desde la elaboración de la ley marco, la sola promulgación de una ley no es suficiente, pero que, no obstante, una gran parte de las dificultades en materia de represión penal de los delitos contra el ambiente sería resuelta con la consagración efectiva del ambiente como bien jurídico.

Por supuesto, la distinción entre Derecho Penal y Derecho Penal del Ambiente solo es debida a una necesidad académica, las normas penales del Derecho del Ambiente responden a los principios del Derecho Penal. No obstante, la especialidad del Derecho Ambiental es de tal magnitud que ha impregnado a sus normas penales de esas especificidades y no podía ser de otra forma.Las normas penales, cuyo objetivo es tipificar como delitos las conductas contra la conservación, defensa, mejoramiento, aprovechamiento, manejo y restauración del ambiente, así como establecer las sanciones a las conductas contrarias a estos principios, deben responder a esa especificidad.

La especialidad de las soluciones en esta materia no se limita a la clase de sanciones aplicables y esa es una de las razones que argumentan en favor de una legislación penal específica para los asuntos ambientales.

La perspectiva ambiental necesita una nueva filosofía que defina con claridad la ubicación del hombre dentro de sistema natural y que establezca de nuevo los límites de la libertad. No se trata de abolir la tecnología, ya que significa evolución, es necesario, no obstante, construir nuevos equilibrios tecnobiológicos para hacer posible la continuidad de la vida.

Es inexistente el instrumento capaz de superar la crisis ambiental en que estamos insertos, ni la ciencia, ni el derecho, ni la filosofía han podido restructurar la sociedad moderna de modo de que modifique su comportamiento contaminante. Por esto es menester construir una ciencia eficaz para el manejo de los sistemas y no para la explotación independiente de recursos escasos, hay que construir un sistema político que lleve a cabo la dificil tarea de utilizar su actividad para establecer como prioritario todo lo concerniente al entorno natural (55) .

IV.BIBLIOGRAFÍA

a) ALTAMIRANO: Alcances y Límites del Derecho Penal en la protección del medioambiente.

b) ALVARADO MARTINEZ, Israel: El problema del sujeto Activo en el Derecho Penal Ambiental», Derecho Penal Ambiental – Derecho Ambiental y Ecología.

c) ANDRADA, Gabriel y NAJLE, Yamile E.: Acerca de los Delitos Ambientales en Argentina, Centro de Derechos Humanos y Ambiente.

d) BACIGALUPO, Enrique: La instrumentalización técnico-legislativa de la protección penal del medio ambiente.

e) CAFFERATTA, Néstor A.: «Derecho ambiental en el Código Civil y Comercial de la Nación», Revista La Ley, Suplemento Especial Nuevo Código Civil y Comercial, año 2014, AR/DOC/3833/2014.

f) CHÉRCOLES: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

g) FEIJOO SANCHEZ, Bernardo:«Sobre la administrativización del Derecho Penal en la Sociedad de Riesgo», Derecho y justicia penal en el siglo XXI: liber amicorum en homenaje al profesor Antonio González-Cuéllar García, Editorial Constitución y Leyes, COLEX, año 2006, ISBN 84-8342-047-3, https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=11980.

h) MOSSET ITURRASPE, Jorge; HUTCHINSON, Tomás; y DONNA, Edgardo A.: Daño Ambiental, segunda edición ampliada y actualizada, Tomo II, Ed. Rubinzal – Culzoni, Año 2011.

i) MOSSET ITURRASPE, Jorge: «Derecho Civil Constitucional», editorial Rubinzal-Culzoni, año 2011, ISBN 978-987-30-0201-4.

j) QUINTERO OLIVARES, Gonzalo: La especialidad del Derecho Penal Ambiental en relación con la contaminación acústica y la contaminación del agua.

k) SAEZ PORTILLO, Jorge: La responsabilidad penal ambiental, en obra colectiva «Memorias del Segundo Encuentro Internacional de Derecho Ambiental», Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, año 2004, ISBN 9688176818.

l) PRITTWITZ, Cornelius: Sociedad de Riesgo y Derecho Penal.

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(1) MOSSET ITURRASPE, Jorge; HUTCHINSON, Tomás; y DONNA, Edgardo A.: Daño Ambiental, segunda edición ampliada y actualizada, Tomo II, Ed. Rubinzal – Culzoni, Año 2011, p. 390/391.

(2) ALTAMIRANO: Alcances y Límites del Derecho Penal en la protección del medioambiente, p. 391.

(3) Ídem

(4) Ídem, p. 392.

(5) MOSSET ITURRASPE, HUTCHINSON y DONNA, ob. cit., p. 403.

(6) CAFFERATTA, Néstor A.: «Derecho ambiental en el Código Civil y Comercial de la Nación», Revista La Ley, Suplemento Especial Nuevo Código Civil y Comercial, año 2014, AR/DOC/3833/2014, p. 1.

(7) Ídem.

(8) MOSSET ITURRASPE, Jorge: «Derecho Civil Constitucional», editorial Rubinzal-Culzoni, año 2011, ISBN 978-987-30-0201-4, p. 13/14.

(9) CAFFERATTA, Néstor A., ob. cit., p. 2.

(10) Ídem, p. 3.

(11) Ídem, p. 4.

(12) Ídem.

(13) Ídem, p. 6.

(14) Ídem, p. 10.

(15) Ídem, p. 11.

(16) Ídem, p. 15.

(17) Ídem, p. 16.

(18) Ídem.

(19) ALTAMIRANO, ob.cit., p 392.

(20) MOSSET ITURRASPE, HUTCHINSON y DONNA, ob. cit., p. 399.

(21) Ídem, p. 394.

(22) Ídem, p. 395

(23) Ídem.

(24) Ídem

(25) SAEZ PORTILLO, Jorge: La responsabilidad penal ambiental, en obra colectiva «Memorias del Segundo Encuentro Internacional de Derecho Ambiental», Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, año 2004, ISBN 9688176818, p. 560/561,

(26) ANDRADA, Gabriel y NAJLE, Yamile E.: Acerca de los Delitos Ambientales en Argentina, Centro de Derechos Humanos y Ambiente, p. 1

( 27) ALTAMIRANO, ob. cit, p. 395.

(28) Ídem

(29) Ídem

(30) Ídem

(31) Ídem

(32) CHÉRCOLES: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, pág. 867/868.

(33) Ídem, p. 868

(34) Ídem, p. 871.

(35) Ídem, p. 871/872.

(36) ALVARADO MARTINEZ, Israel: El problema del sujeto Activo en el Derecho Penal Ambiental», Derecho Penal Ambiental – Derecho Ambiental y Ecología, p. 13

(37) SAEZ PORTILLO, ob. cit., p.560/561.

(38) Ídem, p.560/561.

(39) Ídem, p. 568.

(40) BACIGALUPO, Enrique: La instrumentalización técnico-legislativa de la protección penal del medio ambiente, p. 193/194

(41) QUINTERO OLIVARES, Gonzalo:, La especialidad del Derecho Penal Ambiental en relación con la contaminación acústica y la contaminación del agua», pg. 1/2.

(42) Ídem, p. 1

(43) BACIGALUPO, ob. cit., p. 195

(44) Ídem, p. 196/197

(45) PRITTWITZ, Cornelius, Sociedad de Riesgo y Derecho Penal, p. 263.

(46) Ídem, p. 264.

(47) Ídem.

(48) FEIJOO SANCHEZ, Bernardo: «Sobre la administrativización del Derecho Penal en la Sociedad de Riesgo», Derecho y justicia penal en el siglo XXI: liber amicorum en homenaje al profesor Antonio González-Cuéllar García, Editorial Constitución y Leyes, COLEX, año 2006, ISBN 84-8342-047-3, p. 138; https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=11980.

(49) Ídem, p. 149.

(50) Ídem, p. 150.

(51) Ídem, ps. 150/151.

(52) QUINTERO OLIVARES, ob. cit., p. 2

(53) SAEZ PORTILLO, ob. cit., p. 568.

(54) QUINTERO OLIVARES, ob. cit., p. 2.

(55) MOSSET ITURRASPE, Jorge, HUTCHINSON, Tomás, y DONNA, Edgardo A.: «Daño Ambiental», segunda edición ampliada y actualizada, Tomo I, Editorial Rubinzal-Culzoni, año 2011, p. 40/43.

(*) Abogado. Magíster en Drogadependencia. Doctorando en la Universidad Católica de Rosario. Maestrando Penal en la Universidad Nacional del Litoral. Jefe de Despacho del Juzgado Federal de San Francisco (Córdoba).

N. de la R.: Artículo publicado en Juris, Jurisprudencia Rosarina Online.