Nulidad de la sentencia que rechazó la demanda con fundamento en el art. 241 LCT, en tanto dicha causa no había sido invocada por ninguna de las partes

sentencia-juezPartes: Zalazar Carlos Humberto c/ Appiolazza Osvaldo s/ despido – rec. ext. de inconstit. casación

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza

Sala/Juzgado: Segunda

Fecha: 26-jul-2016

Cita: MJ-JU-M-100226-AR | MJJ100226 | MJJ100226Sumario:

1.-Corresponde anular la sentencia que rechazó la demanda, pues el sentenciante descalificó el reclamo con fundamento en que ha operado la situación prevista por el art. 241 de la LCT, cuando tal circunstancia no fue en modo alguno introducida por las partes en ninguno de los escritos constitutivos del proceso, ni tampoco invocado por éstas al momento de cursarse las misivas correspondientes.

2.-El juzgador ha realizado un tratamiento disvalioso de la situación fáctica planteada en la causa, pues el hecho controvertido que debía ventilarse en la causa era si durante todo el tiempo que estuvieron vinculadas las partes el mismo respondió a una relación subordinada, para luego de acreditarse ello valorar si el emplazamiento efectuado por el trabajador fue justificado ajustándose a derecho la disolución del vínculo ante el rechazo de éste por parte del accionado.

3.-Con la contestación de la demanda se integra la relación procesal sustancial, lo que produce dos efectos fundamentales: quedan fijados los sujetos de la relación y las cuestiones sometidas al pronunciamiento del juez, sin que desde este momento ni las partes ni el juez puedan modificarla.

4.-Si bien el art. 77 del C.P.L. acuerda a los jueces laborales la facultad para resolver ultra petita, esta facultad se reduce sólo a la posibilidad de exceder los límites cuantitativos fijados por las partes, pero no los autoriza a acordar una cosa distinta a la demandada o propuesta por las partes, excediéndose los límites cualitativos de la litis.

Fallo:

En Mendoza, a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil dieciséis, reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa N° 13-01923987-4/1 caratulada: “ZALAZAR, CARLOS HUMBERTO en J° 48.504 “ZALAZAR, CARLOS HUMBERTO C/ APPIOLAZZA, OSVALDO P/DESP.” S/ INC.CAS.”

De conformidad con lo establecido en los arts. 140 y 141 del C.P.C. y Acordada N° 5845, quedó determinado el siguiente orden de votación de la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero Dr. MARIO DANIEL ADARO, segundo HERMAN AMILTON SALVINI, y tercero Dr. OMAR ALEJANDRO PALERMO.

ANTECEDENTES:

A fs. 36/51, se presenta el Sr. Carlos Humberto Zalazar, por su propio derecho con patrocinio letrado e interpone recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación contra la sentencia dictada a fs. 318 y ss., de los autos N° 48.504 caratulados “Zalazar, Carlos Humberto c/ Appiolaza, Osvaldo p/ despido”, originarios de la Excma. Cámara Primera del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial.

A fs. 60 se admitieron los recursos de inconstitucionalidad y casación, se ordenó la suspensión de los procedimientos en la causa principal y se corrió traslado a la contraria quien contestó a fs. 75/86, por intermedio de su apoderado.

A fs. 92/93vta., obra dictamen del Procurador General quien aconseja el rechazo del recurso de inconstitucionalidad interpuesto.

A fs. 98 se llamó al Acuerdo para sentencia y se dejó constancia del orden de estudio de la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido por el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

P R I M E R A: ¿Son procedentes los recursos interpuestos?

S E G U N D A: En su caso, ¿qué solución corresponde?

T E R C E R A: Pronunciamiento sobre costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTION EL DR.MARIO DANIEL ADARO, dijo:

I.- La sentencia de Cámara hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por el actor y en consecuencia condenó al demandado a pagarle la suma que allí determinó en concepto de rubros no retenibles, pero rechazó la demanda en concepto de rubros indemnizatorios y multas de la LNE, con costas.-

Para así decidir, el inferior argumentó:

1. Conforme toda la prueba rendida -en especial la absolución de posiciones del actor y la testimonial- quedó acreditado que éste se vinculó con el demandado mediante una relación laboral subordinada donde se advirtieron tres etapas; la primera de ellas desde marzo de 2000 hasta julio de 2004 (relación sin registración), luego un segundo tramo a partir de agosto de 2004 y hasta junio de 2009 (relación registrada). Posteriormente renuncia y reingresa bajo las órdenes del demandado cursando una tercera etapa que se extiende desde junio de 2009 hasta marzo de 2012 (relación sin registración).

2. En fecha marzo de 2012 dejó de trabajar para el demandado sin reclamo por concepto alguno hasta que recién en junio de 2012 remite TCL intimando a la registración de la relación laboral.

3. Medió entre marzo de 2012 y junio de 2012 un tiempo prudencial que torna aplicable el art. 241 de la LCT que importa la extinción de la relación laboral por mutuo acuerdo tácito de las partes.

4. Impuso las costas al actor por el rechazo de los rubros que no prosperaron.

II.- Contra dicha decisión, el actor interpone recurso de inconstitucionalidad y casación.

1. Recurso de inconstitucionalidad.

a. Funda el recurso en lo dispuesto por el inc. 3 del art. 150 del C.P.C., denuncia arbitrariedad en la sentencia por haberse apartado de las constancias de la causa, hechos y pruebas ofrecidas, en franca violación de su derecho de defensa.

b. Se agravia porque el Tribunal consideró injustificado el despido al haberse cumplido lo dispuesto por el art.241 de la LCT, rechazando así la acción por los rubros indemnizatorios y multas, considerando a la sentencia extrapetita porque se ha apartado de las constancias de la causa en tanto, ninguna de las partes invocó en los telegramas entre ellas cursados ni en los respectivos escritos constitutivos del proceso la situación prevista para la extinción de la relación por mutuo acuerdo tácito.

c. Entiende que el único hecho controvertido en la causa era, si resultaba ajustado a derecho o no el despido indirecto en que se colocó el actor ante la negativa de la relación laboral formulada por la accionada.

d. Por último sostiene que se ha omitido valorar hechos y prueba decisiva para la resolución de la causa.

e. Por todo ello pide que se anule el fallo.

2) Recurso de casación.

a. Funda su queja en los incisos 1 y 2 del artículo 159 del C.P.C., y en concreto, se agravia de la errónea aplicación e interpretación de los arts. 21/23 y 241 de la LCT.

b. Sostiene que el a quo se apartó de la plataforma fáctica fijada por las partes ya que no existió nunca la voluntad de ninguna de ellas en forma conjunta de hacer cesar la relación laboral.

c. Concluye que no se ha respetado el principio de congruencia- art. 77 del C.P.L.- habiendo el sentenciante introducido en forma sorpresiva cuestiones de hecho impidiéndole a las partes el ejercicio de su plena y oportuna defensa.

d. Argumenta que la sentencia también resulta citra petita al haber omitido expedirse sobre el art. 275 de la LCT ante la relación laboral acreditada en la causa y que fuera oportunamente negada por la demandada, habiéndose demostrado el fraude laboral a su respecto.

e. Solicita la revocación de la sentencia de grado, con aplicación de la normativa señalada.

III.- Entiendo que las censuras interpuestas, dirigidas a objetar el análisis probatorio y fáctico efectuado por el inferior, prosperarán.

1.Con el fin de lograr un orden en el tratamiento de los distintos aspectos que son objeto de agravio, abordaré en forma conjunta, el tratamiento de los agravios propuestos, lo que se encuentra justificado por la identidad y conexidad que guardan entre sí, y en atención a los principios de celeridad procesal y seguridad jurídica (LS 320- 217; 349-39; 347-193; 347-209; 345-154; 347-197 entre otros).

El recurrente acusa la arbitrariedad del dictum impugnado, dirigiendo su embate, a la errónea valoración e interpretación que efectuara la Cámara, no sólo de los medios probatorios sino de la normativa legal que circunda el caso en estudio.

La Cámara luego del análisis de la causa, concluyó que: 1) el actor trabajó en tres períodos, el primero no registrado e iniciado en el año 2000, el segundo registrado a partir del año 2004 y el tercero sin registrar desde el 2009 hasta marzo de 2012 en que decide irse y dejar de trabajar para el demandado, fecha ésta en consecuencia que debe ser tenida en cuenta para la rescisión del vínculo laboral; 2) que tenía un emprendimiento propio a esa fecha y continuó con dos personas más explotándolo; 3) que se configuró la situación planteada por el art. 241 de la LCT, 3° párrafo, al dejar el actor de trabajar para el demandado en marzo de 2012 para recién en junio de ese mismo año -al haberse asesorado con un abogado- intimar a la registración de la relación laboral.

El sentenciante arribó a esta solución en función de la testimonial rendida y la absolución de posiciones del actor, quien reconoció que en el mes de marzo de 2012 dejó de trabajar para el demandado para recién en junio intimarlo a que lo registrara laboralmente.

2. A los fines de un mejor entendimiento del caso, realizaré una breve síntesis de las circunstancias fácticas del mismo.

El Sr.Carlos Humberto Zalazar ingresó a trabajar en relación de dependencia para el demandado en el año 2000 en los talleres de chapería y reparación automotriz, donde se desempeñó como “oficial” sin registro de la relación laboral, hasta que accedió a inscribirlo en el año 2004, para luego comenzar un período sin registrar enrolándose como monotributista ante AFIP y facturándole a su empleador desde el año 2009 y hasta el año 2012 cuando remitió despacho postal emplazando a su empleador a registrar la relación laboral, contestando éste el desconocimiento de la relación laboral. Intimación que había efectuado bajo apercibimiento de considerarse injuriado y despedido por exclusiva culpa de la patronal.

El demandado no sólo negó vía telegráfica la relación laboral, sino que mantuvo la misma postura argumental al contestar demanda, a pesar de haber reconocido la prestación de servicios durante toda la relación que vinculara a las partes.

3. Advierto en consecuencia, que el hecho controvertido que debía ventilarse en la causa era si durante todo el tiempo que estuvieron vinculadas las partes, el mismo respondió a una relación subordinada, para luego de acreditarse ello valorar si el emplazamiento efectuado por el trabajador fue justificado ajustándose a derecho la disolución del vínculo ante el rechazo de éste por parte del accionado.

Así las cosas, considero que el Juzgador ha realizado un tratamiento disvalioso de la situación fáctica planteada en la causa.

Ello así, por cuanto el Sentenciante descalifica el reclamo basado con fundamento en que se ha operado la situación prevista por el art. 241 de la LCT que importa la rescisión del vínculo por el abandono tácito de la relación laboral, cuando tal circunstancia no fue en modo alguno introducida por las partes en ninguno de los escritos constitutivos del proceso sino tampoco invocado por éstas al momento de cursarse las misivas correspondientes.Hecha esta última aclaración, entiendo que la sentencia debe ser anulada porque en definitiva omitió el tratamiento de si resultaba ajustado a derecho el despido indirecto invocado por el accionante, frente a la intimación oportunamente cursada.

Señalo que el Tribunal introduce un hecho novedoso en la causa, cuando dice que: “…El silencio del actor desde el momento en que según sus dichos decide irse, no trabajar más con Appiolaza; la omisión de poner a disposición del empleador demandado el débito laboral; la circunstancia de su emprendimiento laboral independiente y en asocio con Antonio y Marcos Giménez que a la fecha aún desarrollan; sumado al hecho de buscar clientela, de ofrecer realizar su trabajo en su propio taller a los clientes de Appiolaza en tiempo previo a su decisión de irse del taller del demandado, denota en forma evidente una voluntad de abandonar la relación laboral habida con Appiolaza, para continuar con su propio proyecto laboral independiente…me encuentro convencida que han mediado comportamientos recíprocos y concluyentes tanto del actor como del demandado (obsérvese los testimonios rendidos en el sentido que era conocido por todos en el taller de Appiolaza, que el actor trabajaba haciendo trabajos de chapería en forma independiente), demostrativos de modo inequívoco de la voluntad concurrente de abandono de la relación y en consecuencia, concluyo que corresponde tener por extinguido el contrato laboral que vinculó a las partes a fines del mes de marzo de 2012, por la causal prevista en el art. 241 párrafo tercero de la LCT.” (ver fs. 330vta., de los fundamentos)

4.Efectivamente y parafraseando lo expuesto por el actor, no queda duda que la pretensión esgrimida en autos, en cuanto a su objeto sustancial cualitativo y cuantitativo, se centró exclusivamente en la existencia de un vínculo laboral y el pago de la reparación establecida en la LCT, frente a la intimación a la registración cursada.

En tal sentido ha formulado su defensa la empleadora no introduciendo en su escrito de responde ningún hecho nuevo que permitiera al actor ofrecer contraprueba a su respecto. Para luego y casi al final del pleito, cambiar las reglas del juego introduciendo en la causa un hecho no puesto en el tapete por las partes impidiéndoles a éstas alegar alguna circunstancia a su favor.

Así quedó trabada la litis, y el juez no puede apartarse de los términos en que ha quedado planteada la relación substancial procesal. Ello por cuanto con la contestación de la demanda se integra la relación procesal sustancial, lo que produce dos efectos fundamentales: quedan fijados los sujetos de la relación y las cuestiones sometidas al pronunciamiento del juez, sin que desde este momento ni las partes ni el juez puedan modificarla (J.A. 1953-I-38; L.L. T. 76-713; Alsina, Hugo Derecho Procesal T. IV, pg. 92 y sgtes.).

5. Si bien el art. 77 del C.P.L. acuerda a los jueces laborales la facultad para resolver ultra petita, esta facultad se reduce sólo a la posibilidad de exceder los límites cuantitativos fijados por las partes pero no los autoriza a acordar una cosa distinta a la demandada o propuesta por las partes, excediéndose los límites cualitativos de la litis, salvo que esté implícita en otra y su resolución sea previa a la de aquella, de lo contrario la sentencia sería extra petita, lo que se encuentra vedado en todos los ámbitos, por afectar el principio de congruencia.(Livellara-Porras Código Procesal Laboral de Men-doza, T. II, pg. 146/47).

También, el art. 77 del C.P.L.acuerda al juez laboral la facultad de hacer uso del principio iuria novit curia, al establecer que “.Corresponde al tribunal verificar la relación substancial de la litis y determinar las normas que la rigen. Al aplicar el derecho puede prescindir o estar en contra de la opinión jurídica expresadas por las partes . Conforme a ello, .los jueces están facultados para calificar jurídicamente los hechos y determinar las normas que los rigen con independencia de los argumentos o derechos expuestos por las partes.” (J.A. 29-1975)

Es decir que las facultades otorgadas por la norma procesal en estudio no son absolutas y, en consecuencia, reconocen límites operativos que hacen a la correcta resolución de los casos y la recta administración de justicia.

Así la facultad de resolver ultra petita se limita, como lo consignáramos supra, sólo a los excesos cuantitativos de las pretensiones deducidas, quedando claramente diferenciada de la resolución extra petita que no se encuentra alcanzada por el art. 77 del C.P.L. Y la facultad del juzgador de actuar con independencia de las partes tanto en la calificación de la acción, como respecto al derecho aplicable (iuria novit curia) se encuentra limitada por el derecho de defensa de las partes y el principio del debido proceso.

En el marco normativo descripto, teniendo en consideración los requisitos de validez que debe contener una sentencia según lo dispuesto por el art. 90 del C.P.C.; se advierte que no se ha arribado a una solución lógicamente razonada conforme el derecho vigente, tomando en consideración los agravios denunciado por el recurrente.

La sentencia decide el fondo de las cuestiones motivo del proceso y como tal debe contener una decisión expresa y precisa, sobre cada una de las cuestiones y defensas deducidas en el proceso sin que pueda apartarse en el aspecto fáctico de lo planteado por las partes, es decir que luego de establecer los hechos invocados por las partes, el juzgador procede a valorar su significación jurídica.

6.Entiendo que en el caso en estudio el Tribunal no ha dado cumplimiento a los recaudos de validez establecido por esta norma y ha efectuado una aplicación desajustada a derecho conforme las facultades que le otorga el art. 77 del C.P.L., convenciéndome que el a quo ha extralimitado sus facultades. A tal efecto tengo en consideración las siguientes razones:

El Tribunal al analizar la conducta del actor, meritúa su silencio por más de tres meses para recién efectuar algún reclamo a la patronal, y afirma que ello importó un abandono de la relación por ambas partes, en donde nada se reclamaron por lo que se extinguió el vínculo tácitamente. Y concluye, de la prueba producida en la audiencia de vista de causa -testimonial y absolución de posiciones del actor- se encuentra corroborado que nos encontramos frente a la situación dispuesta por el art. 241 de la LCT.

En el punto, el Tribunal no sólo no ha tenido en consideración todas la pruebas que poseen entidad y que pueden haber incidido en la resolución, sino que además se aparta de la normativa legal que es de aplicación.

Las partes invocaron el art.242, 243 y 245 de la LCT, el 14 por el fraude, ante la falta de registración, discutiendo si al final de la relación que los uniera ella lo fue en relación de dependencia o una locación de servicios, habiéndose demostrado que ésta resultó dependiente por lo que la intimación dispuesta por el actor a su registración resultó conforme a lo que la ley lo faculta y ante su negativa -locación de servicios porque el actor le facturaba- y cuya argumentación no encontró prueba alguna en la causa, el juez debió resolver si el despido indirecto en que se colocó el actor resultó ajustado a derecho.

Si la línea de razonamiento que el juzgador impuso a la motivación de su decisión estaba dirigida a merituar la conducta observada, debió analizar la conducta de ambas partes a los fines de no violar el principio de igualdad procesal.

Es decir, que la conducta omisiva del empleado no puede descartarse al momento de analizarse la conducta del empleador. Ambas conductas deben ser objeto de evaluación imparcial y objetiva a los fines de determinar el grado de incidencia que poseen en el daño cuya reparación se pretende.

En el punto se verifica que ha mediado una incorrecta valoración de la prueba introduciendo en la causa un hecho que no fue invocado por ninguna de las partes, generando así una apariencia de fundamento en la conclusión arribada.

Sobre la base de la transcripción realizada de los precedentes de este Tribunal, resulta evidente que el a quo no ha respetado el principio de congruencia, por cuanto no existe la necesaria identidad entre la pretensión esgrimida por el actor y resistida por la parte demandada, y el objeto resuelto por el Tribunal.El actor reclama el pago de una suma determinada en concepto de despido indirecto justificado ante la falta de registración del vínculo laboral y el Tribunal rechaza la acción por haber extinguido la relación ambas partes de común acuerdo ante el abandono tácito de la misma

Entre el objeto de la pretensión y el objeto de la decisión debe existir una correlación esencial, en resguardo del derecho de defensa. Esa correlación esencial impide desestimar la acción en función de un objeto distinto al pretendido (ne est iudez ultra petita partium).

La tutela de la garantía de defensa en juicio, requiere para su satisfacción que las partes tengan en el curso del proceso el conocimiento y la posibilidad necesaria para defenderse de la condena o absolución que se hace.

En el supuesto de autos se verifica que no existe tal conocimiento y posibilidad porque se produce una mutación esencial del objeto pretendido en razón que la base fáctica y legal de la pretensión ha sido receptada por la sentencia con alteraciones fundamentales.

En función de lo expuesto y si mi opinión es compartida por mis distinguidos colegas de sala, deberá hacerse lugar a los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por el actor.

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión el Dr. OMAR ALEJANDRO PALERMO, adhiere por los fundamentos al voto que antecede.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTION EL DR. MARIO DANIEL ADARO, dijo:

IV. De conformidad al resultado a que se arriba en la cuestión anterior haciendo lugar a los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación, corresponde por imperativo de los arts.162 y 154 del CPC anular la resolución en lo que ha sido materia del recurso intentado.

Sin embargo, la naturaleza de los actos que se anulan y la característica especial del procedimiento en el fuero laboral, y en salvaguarda de los derechos de defensa y debido proceso de las partes, atento a que el rechazo de la demanda implicó que no se trataran los restantes planteos efectuados por las partes, a fin de garantizar la doble instancia corresponde reenviar la causa al subrogante legal, Excma. Cámara Segunda del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial, a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento, teniendo en cuenta lo expuesto en la primera cuestión de la presente.

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión el Dr. OMAR ALEJANDRO PALERMO, adhiere al voto que antecede.

SOBRE LA TERCERA CUESTION EL DR. MARIO DANIEL ADARO, dijo:

V. Atento el resultado a que se arriba en el tratamiento de las cuestiones que anteceden, con relación a la instancia extraordinaria, corresponde imponer las costas del recurso de inconstitucionalidad y casación a la recurrida vencida. (Art. 31 C.P.L. , 36, ap. I y 148 del C.P.C.)

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión el Dr. OMAR ALEJANDRO PALERMO, adhiere al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

S E N T E N C I A:

Mendoza, 26 de julio del 2016.

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de Justicia fallando en definitiva,

R E S U E L V E :

I.) Hacer lugar a los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación deducidos a fs. 36/51 por el Sr. Carlos Humberto Zalazar, y en consecuencia anular la sentencia dictada en los autos N° 48.504 caratulados: “Zalazar, Carlos Humberto c/ Appiolazza, Osvaldo s/despido”, originarios de la Excma.Cámara Primera del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial, en lo que ha sido materia del recurso que prospera y en consecuencia reenviar la causa al subrogante legal, Excma. Cámara Segunda del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial, a fin de que oportunamente dicte una nueva sentencia, teniendo en cuenta lo expuesto en la primera cuestión de la presente.

II.) Imponer las costas de los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación a la recurrida vencida. (art. 31 C.P.L.; 36 ap. I y 148 del C.P.C.)

III.) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.

IV.) Ofíciese a la Cámara Laboral de origen adjuntando copia certificada de la presente resolución, para su toma de razón.

Notifíquese. Ofíciese.

DR. MARIO DANIEL ADARO

Ministro

DR. OMAR ALEJANDRO PALERMO

Ministro

CONSTANCIA: Se deja constancia que la presente resolución, no es suscripta por el Dr. Herman A. Salvini por encontrarse en uso de licencia (art. 88 apart. III del C.P.C.). Secretaría, 26 de julio de 2016