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Improcedencia de la clausura de un establecimiento cuando el contribuyente omitió emitir factura y/o comprobante por una operación de escaso monto

clausuradoPartes: Molina Adela s/ infracción Ley 11.683

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

Sala/Juzgado: A

Fecha: 12-abr-2016

Cita: MJ-JU-M-100320-AR | MJJ100320Sumario:

1.-Procede confirmar la resolución que revocó la sanción de clausura y mantuvo la sanción pecuniaria, porque estando encuadrada la conducta del contribuyente en el art. 40, inc. a) , de la Ley 11.683, al haberse acreditado que no emitió factura y/o documento equivalente por una operación de escaso monto, la falta carece de magnitud o gravedad que justifique la clausura del establecimiento.

2.-La imposición de la sanción de clausura a un contribuyente que no emitió factura y/o documento equivalente por una operación de escaso monto implicaría admitir una irracionalidad, ya que la afectación de derechos que supone dicha medida es desproporcionada si se contrapone con la lesión producida por la infracción formal por la cual ha sido condenado el contribuyente.

Fallo:

Córdoba, 12 de abril de 2016.-

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: «MOLINA, ADELA SOBRE INFRACCIÓN LEY 11.683» (Expte. FCB 28014/2015/CA1), venidos a conocimiento de esta Sala A del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de AFIPDGI, doctor José Gabriel del Prado, en contra de la resolución dictada con fecha 11 de noviembre de 2015 por el señor Juez del Juzgado Federal N° 1, por medio de la cual dispuso: «RESUELVO: I. Revocar la sanción de clausura impuesta al contribuyente, manteniendo la sanción pecuniaria de PESOS TRES MIL ($3.000) ya abonada por el apelante aplicada por el organismo administrativo. II. Imponer las costas por el orden causado, regulando los honorarios del letrado de la apelante, Néstor Barcos y Jorge B. Aguirre Mosquera en la suma de PESOS DOS MIL ($2.000) en conjunto y proporción de ley, no haciendo lo propio con los del Letrado de la AFIP-DGI por tratarse de un empleado a sueldo de su mandante, perdidosa en costas. Conf. arts. 2, 6, 7, 8 y conc. Ley 21.839 t.o».

Y CONSIDERANDO:

I. Arriban los presentes autos a esta Alzada en virtud del recurso de apelación incoado por el apoderado de AFIP-DGI, en contra de la resolución dictada por el señor Juez Federal N° 1 de Córdoba, cuyo fragmento resolutivo ha sido transcripto precedentemente.

Se agravia el recurrente por entender que en el presente caso existe una real afectación al bien jurídico tutelado por la norma atento a que la no emisión de comprobantes, cuando existe obligación legal al respecto, constituye una infracción grave en virtud de su más estrecha vinculación con los bienes jurídicos tutelados.Además, expresa que la sanción aplicada por esta Administración se encuentra dentro de los límites impuestos por la legislación vigente.

Por otra parte, entiende que el Poder Judicial está inhabilitado para controlar decisiones administrativas, ya que las mismas son discrecionales y, por ello, solo debe controlarse que el uso de esta discrecionalidad se adapte al marco legal y a los principios que la regulan.

II. Radicados los autos ante esta Alzada, comparece y evacúa el informe del art. 454 del C.P.P.N el representante de la AFIP-DGI, doctor José Gabriel Del Prado, manifestando su discrepancia con la resolución apelada, por cuanto el Juez Instructor no tuvo en cuenta que la sanción fue impuesta en razón de que los funcionarios actuantes constataron que el contribuyente -en su condición de Responsable Inscripto en el Impuesto al Valor Agregado- no emitió comprobante respaldatorio de su operación de venta cuyo medio de pago fue dinero, hecho que configura infracción a los arts. 2 y 8 de la Resolución General de AFIP N° 1415/2013 y constituye, prima facie, la causal prevista por el art. 40, inciso a), de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).

Sostiene que la resolución dictada por el Juez instructor ha sido dictada apartándose del texto legal vigente y de las constancias de la causa, sin fundamentación suficiente y basándose solo en la voluntad del juzgador, resultando del mismo una afectación al debido proceso por denegación -garantía del art. 18 de la C.N.-, del cual deriva el deber de dictar sentencia fundada.

Manifiesta que al contrario de lo sostenido por el Juez instructor, la sanción dispuesta en el caso se ajusta estrictamente al merecimiento de pena que generan los hechos juzgados.Agrega que la sanción impuesta se ajusta a los montos y al tiempo impuestos por la legislación vigente en esta materia y a las circunstancias fácticas del caso y rasgos personales del infractor.

Asimismo, en relación al principio de bagatella, sostiene que el daño causado es mucho mayor al que se puede apreciar o presumir en base a los montos aquí tratados.

Agrega que a la par de este elemento objetivo, existen elementos de relevancia tales como, el efecto desmoralizador hacia otros contribuyentes, la violación al principio de igualdad entre los contribuyentes -en virtud del cual aquella persona que cumple con todas y cada una de sus obligaciones tienen derecho a que los incumplidores sean castigados-.

La contribuyente, con el patrocinio letrado de su abogado, doctor Jorge B. Aguirre Mosquera, presenta también informe en los términos del art. 454 CPPN, a cuyos fundamentos se remite por cuestión de brevedad (v. fs.98/106).

III. Concluido el trámite previsto por el ordenamiento ritual, se realizó el sorteo del orden en que los magistrados intervinientes emitirán su voto y, según certificado actuarial, corresponde expedirse en primer término la doctora Graciela Montesi, en segundo lugar el doctor Eduardo Avalos, y por último, el doctor Ignacio M. Vélez Funes.

La Señora Juez de Cámara, doctora Graciela Montesi, dijo:

I. Los presentes autos son traídos a esta instancia en virtud del recurso de apelación intentado por la representación legal de AFIP-DGI en contra de la resolución dictada por Córdoba, por medio de la cual dispuso revocar la sanción de clausura impuesta y confirmar la multa de pesos tres mil ($3000).

II. La presente causa se inició con motivo del procedimiento de verificación y fiscalización -facultad concedida al Fisco por los arts.33 al 36 de la Ley 11.683- mediante el cual, con fecha 11.07.2013, los funcionarios de AFIP-DGI pudieron constatar que la señora Adela Molina (titular del local comercial objeto de fiscalización), en ocasión de prestar el servicio de playa de estacionamiento, no emitió ni entregó ticket, factura o documento equivalente en los términos que exige la RG 1415, conforme surge del acta labrada N° 011000201353374402 (v. fs. 1 de las actuaciones administrativas).

III. Al respecto, cabe destacar que el art. 40, inc. a), de la Ley 11.683, dentro del cual encuadra el accionar de la contribuyente Adela Molina, establece que: «Serán sancionados con multa de TRESCIENTOS PESOS ($ 300) a TREINTA MIL PESOS ($ 30.000) y clausura de TRES (3) a DIEZ (10) días del establecimiento, local, oficina, recinto comercial, industrial, agropecuario o de prestación de servicios, siempre que el valor de los bienes y/o servicios de que se trate exceda de DIEZ PESOS ($ 10), quienes: a) No entregaren o no emitieren facturas o comprobantes equivalentes por una o más operaciones comerciales, industriales, agropecuarias o de prestación de servicios que realicen en las formas, requisitos y condiciones que establezca la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS.

Por su parte, el art. 2°, Cap. B Titulo I de la Resolución General de AFIP N° 1415, establece que «Están alcanzados por el presente régimen los sujetos -comprendidos en los artículos 5° y 6° de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones-, que realicen

en forma habitual las operaciones mencionadas en el artículo anterior, inclusive quienes actúen como intermediarios.»

Además, esta normativa contempla en su art. 8 Cap.A, Título II, el listado de documentos que deberán ser utilizados para poder acreditar y respaldar las operaciones comerciales que realicen los contribuyentes en el marco del ejercicio dentro del cual se encuentran inscriptos, para lo cual la norma en cuestión dispone que «El respaldo documental de las operaciones realizadas y/o del traslado y entrega de bienes, se efectuará mediante la emisión y entrega -en forma progresiva y correlativa- de los comprobantes, que para cada caso, se detallan seguidamente: a) Comprobantes que respaldan la operación realizada: 1. Facturas. 2. Facturas de exportación. 3. Comprobantes de compra de bienes usados a consumidores finales, emitido por el comprador de dichos bienes. 4. Recibos emitidos por profesionales universitarios y demás prestadores de servicios. 5. Notas de débito y/o crédito. 6. Tiques emitidos mediante la utilización de máquinas registradoras, por los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado (Monotributo) hasta el día 12 de febrero de 1999, inclusive, siempre que dichas máquinas hayan estado habilitadas y utilizadas, por los citados sujetos, con anterioridad a la fecha mencionada. 7. Tiques, facturas, tiques factura, notas de débito y demás documentos fiscales emitidos mediante la utilización del equipamiento electrónico denominado «Controlador Fiscal», homologado por este organismo, y las notas de crédito emitidas por medio de dicho equipamiento, como documentos no fiscales homologados. 8. Documentos equivalentes a los indicados precedentemente. b) Comprobantes que respaldan el traslado y entrega de bienes: Factura, remito, guía, o documento equivalente. c) Comprobantes que respaldan la operación de pesaje de productos agropecuarios: tiques de balanza o documento equivalente. La obligación establecida en este artículo se cumplirá, en todos los casos, con independencia de la modalidad de pago utilizada. d) Comprobantes que respaldan los contratos de intermediación en la compraventa de vehículos automotores y motovehículos, usados, a través de mandatos, comisiones, consignaciones o cualquier otra forma de instrumentación que cumpla la misma finalidad:mandato/consignación, que deberá ser entregado en el momento en que el titular del vehículo proporcione este último al intermediario.»

IV. Ahora bien, respecto de los agravios vertidos por la AFIP-DGI, en relación a las normas infringidas por la contribuyente Adela Molina, resulta necesario recordar que el uso obligatorio de los comprobantes taxativamente dispuestos por la ley -como únicos documentos válidos para acreditar y respaldar las distintas transacciones comerciales- constituye el medio idóneo para el control de las ventas que realizan los sujetos obligados y permite, de esta manera, incentivar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y, por otra parte, resulta ser una valiosa fuente de información para la lucha contra el flagelo de la evasión fiscal.

Por ello, conforme ya lo expuso esta Sala en autos: «Lusa, Marcelo Alfredo s/ inf. Art. 40. Ley 11.683» (Expte N° 53120004/2011/CA1), en relación al análisis de los hechos ventilados en la presente causa, considero que el F isco y en su caso, los Magistrados, deben necesariamente precisar e individualizar la sanción contenida de manera general en la ley, analizando para ello las circunstancias del caso infractor. De esta manera, lo que se trata de evitar es un perjuicio económico dispar, adecuando el castigo -en el ejercicio del poder de policía tributario- a la situación particular, cuando se concluya que exista una conducta reprochable.

Debo señalar que, disiento con el apelante en cuanto sostiene que el Juez no ha fundamentado su resolución, basándose sólo en su voluntad la revocación de la sanción de clausura.

Así, de un análisis de la sentencia, surge que su decisión se fundamentó en la desproporcionalidad existente entre la conducta del contribuyente y la sanción aplicada por Afip.Es por ello que sostuvo que debe existir una adecuada relación de proporcionalidad y razonabilidad entre la sanción impuesta, el bien jurídico tutelado y el actuar del administrador.

En conclusión, basándose en el principio de bagatela y citando fallos jurisprudenciales, resolvió revocar la pena de clausura impuesta por la Administración por considerar que el monto de la operación era de diecinueve pesos con cincuenta centavos ($19.50), por lo que el beneficio que le puede haber otorgado a la infractora la no-emisión de ticket o factura es mínimo, y no posee una magnitud o gravedad considerable. Por lo que, desde mi punto de vista, ha cumplimentado con la fundamentación exigida por el art. 123 del C.P.P.N.

Sentado esto, debo señalar que, en el caso de autos, la contribuyente Molina no emitió factura y/o documento equivalente por el servicio de playa de estacionamiento por un monto total de pesos diecinueve con cincuenta centavos ($19.50), razón por la cual, entiendo que la falta cometida no posee magnitud o gravedad que justifique la aplicación de una sanción de cinco(5) días de clausura.

En este punto, cabe añadir que si bien se desprende del análisis de las normas involucrada que el Organismo demandado obró conforme las facultades conferidas, entiendo que dichas prerrogativas no pueden tener carácter absoluto, sino que deben ser ejercidas de manera prudente y razonable, ya que tratándose de infracciones tributarias de carácter formal, debe, necesariamente, existir proporcionalidad entre la sanción aplicada y el bien jurídico tutelado.

Por lo tanto, comparto la valoración efectuada por el Juez instructor acerca de la gravedad de la conducta achacada a la contribuyente Adela Molina, toda vez que no resulta de una entidad suficiente que habilite la imposición de la sanción de clausura.Considero pues que la resolución dictada por el inferior se adecua al principio de proporcionalidad que debe regir toda imposición de

sanción en contra de una persona de existencia física o ideal, cuando la misma tiene valor pecuniario en el caso de la multa o, como en el caso de autos, produce efectos económicos con el cierre por clausura de la actividad comercial.

En este entendimiento, hacer lugar a la pretensión de la Administración Federal de Ingresos Públicos implicaría admitir una irracionalidad, por cuanto la afectación de derechos que supone una clausura de este tipo es desproporcionada si se contrapone con la lesión producida por la infracción formal por la cual ha sido condenado el contribuyente.

Con lo dicho, la suscripta no pretende examinar y criticar las disposiciones legislativas que han sido impuestas en materia tributaria con la exclusiva finalidad de recomponer el sistema impositivo como fuente principal de recursos para el funcionamiento del Estado y, por tanto, entender que se presenta exorbitante el ejercicio del poder de policía fiscal con la sanción de clausura, como medio para erradicar los circuitos marginales de bienes, tendientes a impedir la correcta tarea fiscalizadora en cabeza de la Administración Federal de Ingresos Públicos (C.S.J.N. Fallos 316:1164). Sin embargo, en el caso concreto no advierto infracción de entidad suficiente que habilite la imposición de la sanción de clausura.

Además, debo tener en cuenta que el legislador ha introducido una reforma de suma importancia al art. 49 de la ley 11.683 (ver ley 25.795 -B.O. 17/11/03), quedando redactado, en lo que a este tema se refiere, de la siguiente manera: «.en el caso de los artículos 40 y el agregado a su continuación, la eximición podrá ser parcial, limitándose a una de las sanciones previstas por dicha norma, conforme a la condición del contribuyente, y a la gravedad de la infracción.».

Consecuentemente, respecto de esta facultad otorgada a los jueces en el art.49 de la ley 11.683, debo destacar que la C.S.J.N. ha dicho que: «.las facultades que la ley 11.683 otorga al juez administrativo, en especial las del art. 52 ‘in fine’ (hoy 49), se entienden como conferidas a los magistrados judiciales atento el carácter del recurso instituido por el art. 78 bis (hoy 78) de la ley 11.683, comprensivo de la revisión del acto administrativo sancionatorio y del control de legitimidad que le compete a los jueces ordinarios.» (Fallos 316:1223, «Roberto Carlos Godoy», 08/06/1993).

Asimismo, teniendo en cuenta el fundamento en que reposa el «principio de proporcionalidad», que obliga a jerarquizar las lesiones y establecer un orden de coherencia entre las magnitudes de las penas asociadas a cada conflicto que es materia de juzgamiento y que, además, exige que exista una razonable relación entre el fin perseguido por la ley y el medio utilizado para alcanzarlo, es que considero que corresponde eximir de la sanción de clausura prevista por la norma del art. 40 de la Ley 11.683, al hecho que se le achaca a la contribuyente en autos.

Así lo ha expresado nuestro mas Alto Tribunal al señalar que tanto el juez administrativo como el tribunal judicial que intervengan podrán «.eximir de sanción al infractor por considerar irrisoria la infracción. Por eso es que, la apreciación de las circunstancias eventualmente habilitantes de esta situación excepcional, le corresponden al juez de la causa por constituir una cuestión de hecho.»(Fallos 316:1163, «Productos La Vascongada SA», voto del señor presidente doctor don Antonio Boggiano» 08.06.1993).

En función de lo todo lo expuesto, entiendo ajustada a derecho la resolución dictada por el Juez Federal N° 1 de Córdoba, debiendo confirmarse en lo que ha sido materia de agravio. Con costas (conf. art. 530 y 531 del C.P.P.N.)

El señor Juez de Cámara, doctor Eduardo Avalos, dijo:

Compartiendo en un todo el criterio sostenido por la señora juez preopinante, me pronuncio en igual sentido. Así voto.

El señor Juez de Cámara, doctor Ignacio M. Vélez Funes, dijo:

Comparto el criterio exteriorizado por la juez del primer voto y me expido en igual sentido. Así voto.

Por todo lo expuesto;

SE RESUELVE:

I. CONFIRMAR la resolución dictada por el Juez Federal N° 1 de Córdoba con fecha 11 de noviembre de 2015, que dejó sin efecto la sanción de clausura por cinco (5) días impuesta por AFIP-DGI y confirmó la multa de pesos Tres mil ($3000) ya abonada.

II. Con costas (conf. art. 530 y 531 del C.P.P.N.)

III. Regístrese y hágase saber. Cumplimentado, publíquese y bajen.

GRACIELA MONTESI

JUEZ DE CÁMARA

EDUARDO AVALOS

JUEZ DE CÁMARA

IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES

JUEZ DE CÁMARA

CAROLINA PRADO

SECRETARIA DE CÁMARA

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