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Se juzga ilegítimo el despido con causa de la actora, al no haberse probado el faltante de dinero imputado en el telegrama rescisorio por el empleador

Despido (2)Partes: Zárate Marisa Edith c/ Italgas S.A. s/ indemnización laboral

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes

Fecha: 2-jun-2016

Cita: MJ-JU-M-99282-AR | MJJ99282Sumario:

1.-No se ajustó a derecho el despido con causa decidido por la empleadora, pues no probó la anulación de la venta realizada, ni del sistema informático ni de los talonarios de facturas que le fueran requeridos, omitiendo su exhibición sobre los que debía realizarse la pericial caligráfica, concluyendo lógicamente que tampoco se probó la falta de rendición de la venta, ni el consecuente faltante de dinero imputado a la trabajadora.

2.-La inexistencia en la legislación provincial del instituto llamado fallo plenario impide la fijación de una doctrina obligatoria o vinculante para los tribunales inferiores, por lo que la doctrina legal sería la expresión de una regla jurídica construida por los tribunales, regla que puede o no disfrutar de obligatoriedad o vigencia, que son cosas bien distintas: la regla de derecho declarada en un fallo (doctrina) es vigente cuando se proyecta en el futuro a otros casos con la persuasión necesaria para impedir que los jueces se aparten de él sin alguna buena razón.

Fallo:

En la ciudad de Corrientes, a los dos días del mes de junio de dos mil dieciséis, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Fernando Augusto Niz, Alejandro Alberto Chaín, Eduardo Gilberto Panseri, Luis Eduardo Rey Vázquez, con la Presidencia del Dr. Guillermo Horacio Semhan, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, tomaron en consideración el Expediente Nº EXP 57167/10, caratulado: «ZARATE MARISA EDITH C/ ITALGAS S.A. S/ INDEMNIZACION LABORAL (LABORAL)». Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Doctores Fernando Augusto Niz, Eduardo Gilberto Panseri, Luis Eduardo Rey Vázquez, Alejandro Alberto Chaín y Guillermo Horacio Semhan. EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SE PLANTEA LA SIGUIENTE:

C U E S T I O N

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS? A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice:

I.- Contra la sentencia pronunciada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Laboral de esta ciudad (fs. 361/366 y vta.), que al rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada estimó injustificado el despido directo e hizo lugar a las indemnizaciones derivadas del mismo, con costas; la demandada interpuso el recurso de inaplicabilidad de ley en tratamiento (fs. 374/379 y vta).

II.- Deducido que fuera dentro del plazo legal (art. 102, ley 3540); contra sentencia definitiva y satisfecho el depósito (art. 104, ley de rito), corresponde considerar los agravios que lo sustentan.

III.- La recurrente fundamenta su impugnación extraordinaria manifestando que la Cámara apreció en forma errónea las probanzas arrimadas a la causa, lo que determinó tener por no acreditado el hecho injurioso invocado. Expone su propia visión y argumenta al respecto. Se agravia que el fallo en crisis impute orfandad e incumplimiento de la carga probatoria, cuando de la documental adjunta se acredita la causal del despido. En tal sentido, señaló a la Escritura Pública y a la Planilla de Rendición de cuentas N° 8221470 como tales. Se disconforma con la valoración efectuada en relación al testimonio de Laureano Sosa (fs.216) y alega omisión del elemento probatorio CD de filmación. Insiste que la causal invocada y atribuida a la trabajadora fue probada y configura la pérdida de confianza que tuvo como consecuencia el despido con justa causa. En este sentido, alega que la sentencia en crisis contraría la doctrina legal de este Superior Tribunal. Finalmente, reprocha la imposición de costas en razón de tener por no acreditada la causa del distracto.

IV.- Según se tiene resuelto en la Sentencia Laboral N° 10 de, consecuente con otros tantos precedentes de este Superior Tribunal y que estimo aplicables al caso, la apelación extraordinaria no está dada para tutelar los criterios discordantes o las meras discrepancias de criterios con la hermenéutica del juez de grado cuando ésta se apoya en una reflexión integral de la cuestión a la luz de la prueba aportada a la causa (STJ, Ctes., Sentencias Laborales 146/94; 156/94; 06/95; 10/95; 76/96; 30/2.006; 71/2.006; 15/2.007; 71/07; 9/2.011). Recordando también que la causal del absurdo requiere para su configuración la existencia de un error extremo, que acaece cuando al apreciar la prueba el juez incurre en vicios lógicos o violación de las reglas previstas para la valoración probatoria (CS. Fallos 297-173,298-561; 299-229; 300-390; 301-449 entre muchos), situación no configurada en el «sub- examine». Y ello es así pues para la procedencia del vicio de arbitrariedad de sentencia, por absurdo en la valoración de la prueba, debe concurrir un error grave y ostensible cometido por el tribunal al momento de analizar o interpretar una prueba de modo tal que tergiverse las reglas de la sana crítica (art.386, C.P.C.y C.) arribando a una conclusión contradictoria en el orden lógico formal.Esta doctrina se ha elaborado y concebido precisamente como un remedio último y excepcional, a la manera de válvula de escape, para evitar la máxima iniquidad en los pronunciamientos judiciales sobre cuestiones de hecho, no configurándose cuando la apreciación sea discutible o poco convincente, ni se demuestra en base a una mera exhibición de una opinión discordante (S.C.B.A. Sentencia 02-VI-981, DJBA, v. 121, p.273, sentencia 6-VI-79; causa «Jara», sent. del 27.III.79, Ac. 24.928; «Balisia», sent. del 11-VII-78, D.J.B.A., v. 115, p.310; Fallos citados por Juan Carlos Hitters «Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación», 1991, pág. 356/357, apartados 90 y 95). Señala la Suprema Corte de Buenos Aires que esta figura debe ser entendida como el error grave y manifiesto que nace cuando la apreciación no es coherente, y que lleva al juzgador a conclusiones claramente insostenibles o abiertamente contradictorias entre sí (S.C.B.A., ver citas de fallos en el apartado 91, autor citado). Pero no se configura frente a una valoración que aparezca como poco convincente o que admita discrepancias de criterios. Postura que este Cuerpo viene sosteniendo desde ya larga data, afirmándose que no cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurar tal absurdo, siendo necesario que se demuestre una falla palmaria en el proceso de raciocinio o una grosera desinterpretación material de la prueba producida y que se ponga así en evidencia la extravagancia de la conclusión a que se ha arribado. Lo cual, como indiqué, no se logra en este concreto caso (STJ, Ctes.: Sentencias Laborales:N° 45/08; 52/08 y 05/2.013).

V.- Los vicios apuntados no se vislumbran en el caso en concreto en el cual la Cámara, luego de determinar a quién correspondía la prueba de la causa del distracto e imponerla a la demandada, entendió -luego de un nuevo examen de los elementos convictivos- que la misma no fue acreditada por aquella, circunstancia que deslegitima el despido dispuesto por la empleadora y torna procedente el pago de las indemnizaciones derivadas del mismo. En efecto, del análisis de la misiva rescisoria (CD N° 127652860) y de los incumplimientos allí imputados a la actora -detección de un faltante de dinero correspondiente a una venta efectivizada el 09.10.10 de 58 garrafas de 10 kg. de GLP y 2 de 15 kg. de GLP por un valor de $ 671, desaparición del duplicado de la factura y la anulación de la misma en el registro de los estados contables- advierto que la Cámara ponderó eficazmente las constancias de autos, determinando que la empleadora no probó la anulación de la venta realizada, ni del sistema informático ni de los talonarios de facturas que le fueran requeridos, omitiendo su exhibición sobre los que debía realizarse la pericial caligráfica, concluyendo lógicamente que tampoco se probó la falta de rendición de la venta, ni el consecuente faltante de dinero imputado. Tampoco omitió la Cámara ponderar el Acta de Constatación y Manifestación Escritura Nº 268-B realizado por requerimiento de la patronal y a través del cual se dejara constancia que el Sr. Vallejos, supuesto cliente a quien la actora habría efectuado la operación cuestionada y quien tendría en su poder la factura B Nº 0009-007217797 donde consta la venta supuestamente no registrada y que fuera entregada por aquella, remarcando expresamente, una vez más el sentenciante de grado, el incumplimiento de la carga probatoria que incumbía a la empleadora, ya que la factura ofrecida como documental en poder de terceros y la testimonial del cliente Catalino Vallejos fue desistida a fs. 270.De igual modo, en todo caso, la factura probaría la venta, pero no la falta de rendición imputada a la accionante. Además, cuando valoró el testimonio de Ernesto Laureano Sosa (fs. 216) lo hizo teniendo en cuenta que su declaración no era lo suficientemente relevante para probar una medida tal extrema, como el despido de la trabajadora, desde que el deponente en cuestión no había sido testigo directo ni presencial de los hechos debatidos y endilgados a aquella. En lo que respecta al argumento expuesto por el quejoso en relación al CD de filmación, coincido con la decisión del tribunal «a-quo» en cuanto a que la falta de verificación del contenido se debió a la conducta discrecional del oferente, por lo que las consecuencias deben ser soportadas por ésta en razón del principio de autoresponsabilidad de las partes; ergo, no hay absurdo en la decisión recurrida. En casos análogos, este Tribunal tiene resuelto: «.Debe la recurrente, en conclusión, cargar con las consecuencias de su propio desinterés. Es lo que se conoce en doctrina como el principio de autoresponsabilidad del sujeto procesal, cuando frente a hechos dudosos o simplemente no probados el juez pronunciará sentencia responsabilizando a la parte que, según su posición en el pleito, debió justificar sus afirmaciones y sin embargo no llegó a formar la convicción judicial acerca de los hechos controvertidos, porque lo que decide el pleito es la prueba y no las simples afirmaciones unilaterales de las partes.» (S.T.J. Ctes., Sentencia N° 16/2008, Expte. N° EL1-10648/5). Consecuentemente, debiéndose el fracaso de la prueba al propio actuar desinteresado de la parte oferente, la desestimación del agravio se impone. Y, no demostrada en esta instancia la existencia de un vicio de absurdidad o error en el razonamiento del tribunal » a-quo», las restantes objeciones que involucran el vicio de arbitrariedad e ilegalidad tampoco pueden prosperar.VI.- Finalmente carece de relevancia la objeción referida a la imposición de costas al no invocar un supuesto de violación a la ley ni demostrar la exis tencia de iniquidadad en la distribución de las causídicas, causales estas mediante las cuales este Superior Tribunal estableció como principio general la irrevisibilidad de estas cuestiones, por lo que también propicio su desestimación.

VII.-Tampoco lleva razón el recurrente al referir a un supuesto de violación de la doctrina legal, pues no existe a la fecha el exp ediente técnico unificador de jurisprudencia del fallo plenario, por lo que no podría hablarse de obligatoriedad en casos análogos (vide: Superior Tribunal de Justicia, Corientes, en anteriores integraciones, Sentencias 158/94, 49/99, 86/99, 89/2000, 55/2007). La inexistencia en la legislación provincial del instituto llamado «fallo plenario», impide la fijación de una doctrina obligatoria o vinculante para los tribunales inferiores. La doctrina legal es, en cierto modo, la expresión de una regla jurídica construida por los tribunales, regla que puede o no disfrutar de obligatoriedad o vigencia, que son cosas bien distintas: la regla de derecho declarada en un fallo (doctrina) es vigente cuando se proyecta en el futuro a otros casos con la persuasión necesaria para impedir que los jueces se aparten de él sin alguna buena razón; la obligatoriedad, en cambio, emana no de la fuerza de convicción de que el fallo esté dotado, sino de la norma que impone la regla de derecho en él declarada como inexorable criterio de objetividad. Cualquiera sea el grado de persuasión de una sentencia plenaria, no hay razones de ninguna clase que permita apartarse de ella, toda vez que su autoridad surge de una ley que la sanciona como obligatoria. En Corrientes tal ley no existe, por lo que la expresión » doctrina legal» contenida en nuestra instancia extraordinaria constituye una mera referencia a un futuro legislativo todavía incierto, por ello corresponde descalificar la objeción que en tal sentido explicitara la parte recurrente.VIII.- Las restantes apreciaciones que contiene la pieza recursiva no resultan esenciales ni conmueven la decisión adoptada por la Cámara. Y ya tiene dicho este Cuerpo que el juez o tribunal no está obligado a seguir a las partes en todas y cada una de sus alegaciones sino solamente en aquellas que resulten conducentes a los fines del litigio.

IX.- En definitiva, la revisión que el anterior tribunal hizo de la sentencia del primer juez, de su razonamiento y del modo de apreciar el material probatorio, se ajustó a las reglas de la sana crítica (art. 386 C.P.C. y C. y art. 109, ley 3540). Ello es así por la concordancia que ofrecieron los distintos elementos de convicción arrimados al proceso, de tal modo que unidos llevaron al convencimiento de los jueces de grado acerca de tener por no acreditada la injuria invocada y por ende injustificado el despido de la trabajadora con las consecuencias indemnizatorias de él derivadas. De ahí que no demuestre el «sub lite» una valoración absurda, tampoco que se hayan violado garantías constitucionales del recurrente o que haya existido apartamiento de la ley sustantiva o procesal. X.- Algo más, oportuno resulta precisar que lo que decide el pleito es la prueba y no las simples afirmaciones unilaterales de las partes. Y he aquí que el decisorio no ha desconocido la prueba, por el contrario, la ponderó y adecuó su razonamiento a los principios que gobiernan su valoración (art.386, C.P.C. y C.), siendo inmune, insisto, al vicio de absurdidad el cual no se configura con la sola presencia de una opinión discordante o anteponiendo al criterio del juzgador, el propio de la parte (STJ, Ctes., Fuero Laboral Sentencias N°30/2006; 71/2006; 15/2007 entre tantas). De compartir mis pares el voto que propicio corresponderá rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley tenido a consideración, en su mérito confirmar la sentencia recurrida, con costas a cargo de la vencida y pérdida del depósito de ley. Regular los honorarios profesionales del Dr.José Evaristo López, vencido, en el 30% de la cantidad que deba fijarse para los honorarios de primera instancia (art. 14, ley 5822) y en igual porcentaje pero como vencedor a favor del Dr. Milton Oscar Danekilde, ambos abogados como Monotributistas frente al I.V.A.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice: Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ, dice: Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ALEJANDRO ALBERTO CHAÍN, dice: Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice: Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos. En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente:

SENTENCIA Nº 39

1°) Rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, en su mérito confirmar la sentencia recurrida, con costas a cargo de la vencida y pérdida del depósito de ley.

2°) Regular los honorarios profesionales del Dr. José Evaristo López, vencido, en el 30% de la cantidad que deba fijarse para los honorarios de primera instancia (art. 14, ley 5822) y en igual porcentaje pero como vencedor a favor del Dr. Milton Oscar Danekilde, ambos abogados como Monotributistas frente al I.V.A.

3°) Insértese y notifíquese.

Fdo.: Dres. Fernando Níz-Eduardo Panseri-Eduardo Rey Vazquez-Alejandro Chaín -Guillermo Semhan

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