Procede la acción de reparación en favor de un trabajador que padeció estrés

mobbing1Partes: Zelik S.A. c/ Catalán Carmen del Rosario s/ consignación

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VII

Fecha: 23-ago-2016

Cita: MJ-JU-M-100660-AR | MJJ100660 | MJJ100660

cuadro

Sumario:

1.-No corresponde limitar la condena de la ART sólo en los términos de la póliza, sino por la totalidad a la que se ha condenado a la demandada principal, toda vez que concluido que existió relación causal entre las patologías padecidas por la trabajadora y el trabajo, debe juzgarse que la codemandada ha incumplido su deber de contralor respecto del cumplimiento del plan de mejoramiento de cada empresa, obligación que la ley les adjudicó.

2.-La ART codemandada debe responder en los términos del art. 1074 CCiv. pues es donde la responsabilidad contemplada es la que nace de la omisión que ocasiona un daño a otro, cuando una disposición de la ley imponga una obligación; máxime siendo que no puede soslayarse la forma de apreciación de la culpa en uno y otro caso, porque si existe la disposición basta con la omisión para que nazca la responsabilidad.

3.-Corresponde juzgar que el stress laboral constituye una enfermedad profesional, pues puede generar un cuadro incapacitante en sí o resultar causa de diversas enfermedades, ya que por tratarse de un hecho súbito, generalmente violento y traumático que se produce dentro del ámbito laboral, por el hecho o en ocasión del trabajo, lesiona física o psicológicamente al sujeto y le produce una incapacidad.

4.-Toda vez que ha quedado acreditado un ámbito hostil de trabajo, aun cuando el estrés se trate de una afección fuera del listado y excluida de toda cobertura, no sería razonable afirmar que las enfermedades que no figuren en el listado del art. 6º inc. A) Ley 24.557 no puedan ser resarcibles, ya que ello resulta violatorio del mandato constitucional al pretender negar el derecho de una persona de ser reparado por el daño sufrido (art. 19 CN.); más aun siendo que la prevención en la protección de la salud y de la integridad física del trabajador es el presupuesto legítimo de la prestación de servicios que no puede ya concebirse sin la adecuada preservación de la dignidad inherente a la persona humana.

5.-Resulta abstracto referirse a la declaración de la inconstitucionalidad del art. 39) de la Ley 24.557 teniendo en cuenta que mediante el dictado de la Ley 26.773 la norma ha sido expresamente derogada por su art. 17 .

6.-Se juzga que las declaraciones testimoniales no pueden ser desestimadas a los fines de acreditar el cuadro de estrés agudo laboral que padecía la actora por el hecho de que los testigos ofrecidos no hubieran sido compañeros de trabajo al momento de la extinción de la relación laboral, pues tal circunstancia no le quita veracidad a sus dichos, porque fueron compañeros de trabajo de la accionante y relatan lo que vieron y escucharon; máxime siendo que el experto en psiquiatría, extendió el certificado médico que también lo acredita.

7.-Corresponde confirmar el resarcimiento que ha sido fijado por resultar equitativo toda vez que abarca el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral, el daño al proyecto de vida, y cualquier otro menoscabo que haya sufrido la víctima; máxime siendo que en los accidentes de trabajo no cabe duda de que, de prosperar el reclamo por el evento dañoso, peticionado el daño moral por el accionante, éste no requiere prueba ni de su existencia, ni de su cuantía, por lo que la ley lo presume iuris et de iure en el art. 1078 CCiv.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de agosto de 2016, para dictar sentencia en estos autos: “ZELIK S.A. C/ CATALAN CARMEN DEL ROSARIO S/ CONSIGNACION”, se procede a votar en el siguiente orden: LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO: I- A fs. 7/9 Zelik S.A. inicia demanda por consignación de certificados de trabajo. La demanda se inicia contra la Sra. Cármen del Rosario Catalán, quien había ingresado a prestar servicios para la firma “Nielawicki y Hno. SRL, antecesora de Zelik S.A. el 1 de abril de 1993 hasta el 28 de marzo de 2011 por despido indirecto. Precisa que jamás la Sra. Catalán se presentó a recepcionar el certificado de trabajo, pese encontrarse intimada a tales efectos. Aclara que la trabajadora se desempeñaba en la categoría de Oficial de Mesa y percibía una remuneración mensual que ascendía a la suma de $ 3500 aproximadamente. Se adjuntan certificados de trabajo para ser retirados por la accionada y solicita se haga lugar a la demanda con costas a la demandada.

II- A fs. 40 y vta. Zelik S.A. denuncia la existencia de otro juicio y solicita la acumulación del mismo, se trata de Catalán Cármen del Rosario c/ Zelik S.A. y otro s/ despido, el que se agrega a partir de fs. 45.

III- A fs. 49 se presenta la parte actora, Sra. Catalán y entre otros reclamos solicita la reparación por enfermedad laboral. Manifiesta que ingresó a trabajar bajo las órdenes de Nielawicki y Hno. el 10 de noviembre de 1992 para luego ser trasferida a Zelik S.A. Relata que a principios de 2007 comenzó a recibir maltratos verbales y hostigamientos por parte del encargado Sr. José Escobar hasta que en el año 2010 le fue diagnosticado estrés agudo laboral. Practica liquidación por un valor de $ 214.456 y pide se haga lugar a la demanda, con costas.

IV- A fs. 122 contesta demanda Zelik S.A.Por imperativo procesal, niega todos y cada uno de los hechos expuestos en la demanda que no sean expresamente reconocidos. Desconoce que haya existido mal trato y hostigamiento hacia la actora, por lo que solicita el rechazo de la acción con costas a cargo de aquella.

V- A fs. 171 QBE contesta la acción. Niega también los hechos relatados en el escrito de inicio y reconoce el contrato de afiliación suscripto con la empleadora de Catalán y su vigencia al momento de recibir la denuncia de los hechos. Considera que el acontecimiento no se encuentra cubierto y destinada a impedir los malos tratos. Por ello y demás consideraciones, solicita el rechazo de la acción, con costas.

VI- A fs. 927/937 obra la sentencia de primera instancia que condenó a Zelik S.A. a abonar al actor la suma de $ 200.000 con más los correspondientes accesorios y a QBE ART S.A. la suma de $ 99.713,62 a debitarse del monto total a cargo de la empleadora e imputable al siniestro laboral, con los accesorios antes referidos.

Toda vez que respecto de la consignación no existe agravio alguno, corresponde pasar a tratar los recursos que a continuación se detallan, en lo que a la demanda propuesta por la Sra. Catalán se refiere.

VII- A fs. 938 la perito médica siquiatra apela por bajos sus honorarios.

VIII- A fs. 939/944 la codemandada Zelik S.A. apela el fallo de primera instancia. Se agravia por haberse tomado en consideración las declaraciones testimoniales de quienes no fueron compañeros de trabajo a la fecha de extinción de la relación laboral, o sea al 28 de marzo de 2011.

También se queja porque la perito psiquiatra no indicó los fundamentos de la incapacidad, ni el baremo en que se funda, ni si esta era definitiva y permanente.

El monto por el que prospera la demanda es también motivo de agravio e indica que en tal caso debiera aplicarse la fórmula Vuotto.Apela, asimismo que se la haya condenado en los términos de la póliza y pide la condena solidaria ya que sostiene que la ART al tomar conocimiento de la situación de eventual mobbing debió asesorar y sugerir a la empresa coaccionada que modificara todos los aspectos que pudieran contribuir a mejorar las condiciones de trabajo y disminuir los factores de riesgo psico social de los dependientes.

En otro punto de agravio cuestiona que el sentenciante de grado resuelva decretar la inconstitucionalidad del art. 39 de la LRT.

Finalmente cuestiona la fecha a partir de la cual se ordena se fijen los intereses, como así también los honorarios regulados a los profesionales intervinientes, los que considera elevados y pide se limiten al 25% del monto de condena. Por su parte, el Dr. Zlotolow, por su propio derecho apela por bajos sus honorarios.

IX- A fs. 952/958 QBE también apela la sentencia. Entiende que se ha hecho un incorrecto encuadre jurídico, puesto que se la ha condenado en virtud de una normativa que no ha sido solicitada por la propia parte actora. En tal sentido sostiene que se ha iniciado la acción civil y que ni siquiera se ha invocado en subsidio la LRT.

Por otra parte se agravia en tanto el mobbing no es una enfermedad contemplada en el art. 6 de la ley 24.557, por lo que no puede ser resarcible por la aseguradora y que, en tal caso será el empleador directo quien deberá responder en su totalidad .

-APELACION DE ZELIK S.A.

X- En lo que al agravio relacionado con los testigos se refiere, cabe destacar que la Dra. Turner, especialista en psiquiatría, extendió el certificado médico el 12 de abril de 2010, en el que informaba que la actora padecía un cuadro de estrés agudo laboral. Ahora bien, el daño psíquico por acoso moral es un proceso que no se produce en forma repentina, sino en un lapso de tiempo.En la demanda se especificó que todo comenzó en el año 2007 cuando la actora empezó a trabajar bajo la supervisión del Sr. Escobar. En tal sentido, el hecho de que los testigos ofrecidos por la parte actora no hubieran sido compañeros de trabajo al momento de la extinción de la relación laboral, no le quita veracidad a sus dichos, porque fueron compañeros de trabajo de la accionante y relatan lo que vieron y escucharon en los años 2007 y 2008. No siendo necesario que los deponentes, hayan estado trabajando en el momento preciso del despido de la actora, y no quitando por ello veracidad a sus dichos, no encuentro motivos para desestimarlos. Por otra parte no es necesario tomar en consideración las deposiciones de todos y cada uno de los testigos, por lo que propongo confirmar el fallo en este sentido.

Por otra parte, cabe destacar que la jurisprudencia es pacífica en señalar que el Juez en sus fallos no está obligado a merituar toda la prueba sino solamente aquella a la que le otorga fuerza convictiva.

XI- En lo que a la pericia siquiátrica se refiere, la apelante considera que la perito no expresa los fundamentos de la incapacidad padecida por la actora. La profesional, luego de expresar los padecimientos sufridos por la Sra. Catalan y la conclusión a la que arribara, solicitó un sicodiagnóstico que fue presentado por la médica siquiatra Wheeler quien fundamentó la incapacidad laboral de la actora y aplicó la incapacidad psicofísica integral de Mc Bride y luego explicó punto por punto como llegó a fijar un 35%. Aclaró que probablemente la actora deba permanecer en tratamiento durante toda su vida, de lo que se infiere que la incapacidad es permanente.

Epecíficamente en lo que a los baremos se refiere, estos son sólo indicativos y en definitiva el órgano facultado legítimamente para determinar la existencia o no del grado incapacitante y su adecuación y medida es el jurisdiccional a través de la interpretación de los arts. 386 y 477 del Código Procesal.Asimismo corresponde señalar que los baremos son tablas que, en abstracto, relacionan enfermedades con una disminución de la capacidad laborativa genérica, estimando frente a una dolencia determinada la incapacidad posible, y este carácter estimativo que poseen explica porqué las diferentes tablas puedan informar para una misma dolencia, incapacidades diferentes.

XII- En lo que al monto de la condena se refiere, y lo solicitado en relación a una fórmula específica, tengo para mí que por la vía del derecho común, el Juez se encuentra facultado para determinar el monto de condena de acuerdo con las pautas de la sana crítica y la prudencia, pero no está obligado en modo alguno a utilizar fórmulas o cálculos matemáticos; los que, por otro lado, por convicción, no comparto.

Sobre la base de tal criterio, se deben valorar el tipo de tareas que realizaba el trabajador, su riesgo, el grado de incapacidad que le quedó como consecuencia de la enfermedad profesional y/o accidente; valores salariales para su actividad, tiempo de vida útil laboral que le resta, cargas de familia, etc.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo “Arostegui” señaló lo siguiente “.la doctrina constitucional de esta Corte tiene dicho y reiterado que “el valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales” ya que no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres” (“Aquino” , votos de los jueces Petracchi y Zaffaroni, Maqueda y Belluscio, y Highton de Nolasco, Fallos 327:3753, 3765/3766, 3787/3788 y 3797/3798 y sus citas; y “Díaz” , voto de la jueza Argibay, Fallos:329:473, 479/480 y sus citas).

El Máximo Tribunal también recuerda “.diversos pronunciamientos vinculados, al igual que los citados anteriormente, con infortunios laborales en el contexto indemnizatorio del Código Civil, que la incapacidad del trabajador por un lado, suele producir a éste “un serio perjuicio en su vida de relación, lo que repercute en sus relaciones sociales, deportivas, artísticas, etc.” y que, por el otro, debe ser objeto de reparación al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable” (Fallos 308:1109, 1115 y 1116). Asimismo dice que “.no sólo cabe justipreciar el aspecto laboral sino también las consecuencias que afecten a la víctima, tanto desde el punto de vista individual como desde el social lo que le confiere un marco de valoración más amplio” (Fallos 310:1826, 1828/1829). Tampoco ha dejado de destacar que en el ámbito de trabajo incluso, corresponde indemnizar la pérdida de la chance cuando el accidente ha privado a la víctima de la posibilidad futura de ascender en su carrera (Fallos: 308.1109, 1117)”. Ver fallo completo: “Arostegui Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA y Pametaal Peluso y Compañía”, S.C. A, nº 436, L.XL.

Al abordar mi trabajo “La reparación integral en materia de infortunios laborales, la obligación de reparar y de prevenir, ambas como derivaciones del principio Constitucional “Alterum non laedere” (publicado en Errepar, DLE – nº 234 febrero/05 T.XIX) señalé, que el Máximo Tribunal, luego de extensas y profundas consideraciones, entre las que se menciona el art.19 de la Constitución Nacional, con contenido del “alterum non laedere” como principio general, entrañablemente vinculado con la idea de reparación, se refiere a la yuxtaposición de la responsabilidad en los artículos 1109 y 1113 del Código Civil, que consagran el citado principio constitucional.

Sobre la base de la necesidad del abandono del criterio del enfoque de la vida con criterio economicista y afirmando que el hombre no es esclavo de las cosas, ni de los sistemas económicos, ni de la producción y de sus propios productos, la Corte Suprema se adentra en el concepto de reparación integral.

Luego, ya entrando en el detalle de los ítems que debe comprender la reparación íntegra del daño sufrido mencioné el daño emergente en el sentido de la pérdida sufrida a causa del hecho (arts. 519 y 1069 del Código Civil), el lucro cesante abarcativo de las ganancias dejadas de percibir. También debe estar el daño moral que se proyecta sobre derechos subjetivos.

La Corte Suprema ha expresado reiteradamente -y también en los últimos tiempos- que la indemnización debe ser justa, alcanzando sólo este estatus cuando exime de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento, lo cual no se logra si el perjuicio persiste en cualquier medida.

Es que debe haber protección indemnizatoria psíquica, física y moral frente a supuestos regidos por el “alterum non laedere”, como consideración plena de la persona humana y teniendo en cuenta los imperativos de justicia de la reparación seguidos por nuestra Constitución Nacional.

Agregué como síntesis, que en definitiva debe abarcar el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral, el daño al proyecto de vida, el daño estético -si se ha producido- y cualquier otro menoscabo que haya sufrido la víctima (ver trabajo citado). Finalmente, y en el punto específico del daño moral, deseo recordar que, tal como lo he expresado en un artículo de mi autoría “.en los accidentes de trabajo.no cabe duda de que, de prosperar el reclamo por el evento dañoso, peticionado el daño moral por el accionante, éste no requiere prueba ni de su existencia, ni de su cuantía, por lo que la ley lo presume “iuris et de iure” en el art. 1078 Código Civil. (“El daño Moral en el Derecho del Trabajo”, Estela Milagros Ferreirós, D.L.E -Nº 263- julio de 2007- T. XXI-pags.615/618).

Sobre la base de todo lo que he dejado expresado, estimo equitativo el resarcimiento que ha sido fijado por la Sra. Juez de primera instancia, por lo que propongo su confirmación.-

XIII- A la demandada también le agravia que se haya limitado la condena de QBE ART S.A. a quien se le ordenó responder sólo en los términos de la póliza.

En relación a la responsabilidad que le cupo a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, cabe recordar que la Corte dio a luz el fallo “Torrillo” (del 31-03-09), según el cual las ART deben responder en los términos del derecho común, con motivo de las omisiones en que hubieran podido incurrir a la luz del art. 1074 del Código Civil.

Precedido por los fallos “Busto”, “Galván”, y “Soria”, el caso “Torrillo” brinda absoluta claridad sobre el tema y deja sentada la responsabilidad de las A.R.T. y también deja bien claro que dichas entidades deben desarrollar un papel preventivo, supervisando la vigencia de la seguridad a los efectos de evitar los riesgos.

A ello, suma la decisión de la Corte no sólo la obligación de dichos entes de prevenir, sino también de denunciar ante la SRT los incumplimientos de las aseguradoras y de comprender que son sujetos coadyuvantes para la realización plena de la prevención, a la vez que refiere el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con jerarquía supranacional (ver trabajo completo: Estela M.Ferreirós “CONTENIDOS QUE NO PUEDE DEJAR DE LADO UNA NUEVA LEY DE ACCIDENTES DE TRABAJO O DE PREVENCIÓN DE LOS MISMOS”, publicado en ERREPAR, DEL, Nro. 322, junio 2012).

En efecto, tal como lo señalan los Dres. Cecilia B. Reybet y Daniel A. Muro, en su trabajo “El régimen de la ley 24.557 y la responsabilidad de las A.R.T. por las contingencias no contempladas en los listados y sus consecuencias para los empleadores” (publicado en ERREPAR – D.L.E. – Nº 202 -JUNIO/02 – T.XVI – 511) es de advertir que las A.R.T. han argumentado reiteradamente que el mero hecho de la suscripción del contrato por la empleadora automáticamente limita su responsabilidad (por consecuencias en la salud psicofísica del trabajador) cuando a su criterio las mismas resulten excluidas de la cobertura.

La interpretación que realizan los autores -que comparto- es que en tanto se le impone al empleador una contratación (afiliación compulsiva a una aseguradora) no puede luego decirse que la co-contratante de dicho sistema no responderá por los daños sufridos por el trabajador en determinadas situaciones. Por ello, en los casos en que se concluyera que existe la relación causal entre las patologías padecidas por los trabajadores y el trabajo, sin dudas debe considerarse que la A.R.T. ha incumplido su deber de contralor respecto del cumplimiento del plan de mejoramiento de cada empresa, obligación ésta que la ley pone en cabeza de las aseguradoras, quienes no sólo califican el nivel de riesgo de sus clientes al momento de contratar sino que tienen la obligación de elaborar el plan de mejoramiento dispuesto y controlar su cumplimiento íntegro y oportuno.

Ahora bien, entiendo que el fundamento legal de la responsabilidad de la A.R.T. yace en el territorio del art. 1074 del Código Civil, donde la responsabilidad contemplada es la que nace de la omisión que ocasiona un daño a otro, cuando una disposición de la ley imponga una obligación.Más allá de la diversidad de teorías elaboradas en torno al tema, es doctrina mayoritaria en nuestro derecho la que admite la responsabilidad siempre que hubiera una obligación jurídica de obrar y sin que exista por tanto, una disposición expresa que imponga la obligación de cumplir el hecho.

Claro está que no puede soslayarse la forma de apreciación de la culpa en uno y otro caso. Esto es así porque si existe la disposición basta con la omisión para que nazca la responsabilidad, y si no, será necesario un análisis de las circunstancias de lugar, tiempo y persona.

Luego, ambos caminos pueden recorrerse en autos habida cuenta la vigencia de los arts. 7, 8, y 9 de la ley 19.587 y la obligación legal de la empleadora de haber promovido la capacitación del trabajador en materia de seguridad en el trabajo, particularmente en lo relativo a la prevención de los riesgos específicos de las tareas asignadas (art.9 º inc. K). Lo dicho es, sin entrar en el debate técnico de cuál hubiera sido el medio más idóneo de prevención del caso.

Es de recordar que las A.R.T. desempeñan un papel fundamental en materia de seguridad y es esta función la que genera responsabilidad. Están obligadas a asesorar a los empleadores para prevenir y proteger (actividades permanentes de prevención y vigilancia) y la conducta omisiva observada implica una negligencia en su obrar que trajo como consecuencia los daños en la salud del actor. Así la ART ha incurrido en una omisión culposa que conlleva la aplicación del mencionado art. 1074 por lo que debe responder no acotado al valor de la póliza sino plena e integralmente por el crédito reconocido al trabajador.

En autos no ha demostrado por ningún medio haber tomado medidas, hecho recomendaciones a la empleadora de la actora, por lo que, por aplicación del art. 1074 debe responder por los daños en la salud del trabajador, en virtud de su omisión culposa.No debemos olvidar que el Estado ha delegado -aunque inconstitucionalmente- en las aseguradoras de riesgos de trabajo todo lo relativo al control y sujeción de los empleadores a las normas de higiene y seguridad, imponiéndoles a estos gestores privados del sistema diversas obligaciones de control y supervisión (art. 18 decreto 170/96). Se genera así, una ampliación de los sujetos responsables, de modo tal que deja de ser el empleador el único obligado en materia de prevención de riesgos laborales, por lo cual la omisión o cumplimiento deficiente de aquella función “cuasi-estatal” genera la responsabilidad de la A.R.T., cuando se comprueba un nexo adecuado con el daño sufrido por el trabajador (art. 901, 902 y 904 Cód. Civil).-

Así entonces, resulta que el empleador es responsable directo por el daño causado y la A.R.T. ha incurrido en una omisión culposa que conlleva a la aplicación del mencionado art. 1074 del C. Civil por lo que debe responder en forma solidaria e integral con la restante demandada.-

Por lo hasta aquí expresado, la aseguradora no debe ser condenada hasta el límite de la póliza, sino por la totalidad a la que se ha condenado a la demandada principal, por lo que el fallo de prime ra instancia debe ser modificado en este sentido.

XIV- Con respecto a la declaración de la inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley 24.557, de lo que se agravia la demandada, si bien me he expedido en infinidad de ocasiones declarando la invalidez constitucional del art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo, en consonancia con el fallo del Supremo Tribunal “Aquino c/ Cargo Servicios Industriales” (A 2652 XXXVIII) manteniendo un criterio que ha había adoptado desde el año 1998 (ver Ferreirós Estela M.en “Es inconstitucional la ley sobre riesgos del Trabajo ? ; Ediciones La Rocca 1998), lo cierto es que en la actualidad resulta abstracto referirse a la cuestión teniendo en cuenta que mediante el dictado de la Ley 26.773 (BO 26-10-12) la norma ha sido expresamente derogada por su art. 17.

XV- La fecha a partir de la cual el sentenciante ha fijado los intereses llega también apelada, pues el “a-quo” los fijó desde la fecha del distracto, mientras que la demandada considera que los intereses deben correr desde la de la consolidación del eventual daño, que en autos se daría con la primera presentación de la pericial médica psiquiátrica presentada en estos obrados que data del 1 de agosto de 2013. No comparto el criterio sustentado por la apelante, toda vez que al momento del distracto, la actora ya conocía su situación de incapacidad, independientemente de que supiera que porcentaje de incapacidad la afectaba. En efecto, a la actora le fue reconocida licencia médica el 12 de abril de 2010, por lo que a la fecha del distracto, operado el 28 de marzo de 2011, ya se encontraba incapacitada. En tal sentido, voto por que se confirme el fallo también en este punto materia de agravios.

XVI- Por último, el letrado de la demandada Dr. Zlotolow apela por bajos sus honorarios. Considerando el mérito y la extensión de la labor desarrollada por la representación y patrocinio letrado de esta parte, considero que sus honorarios son equitativos, por lo que cabría confirmarlos (art. 38 de la ley 18.345, modificado por ley 24.635 y demás normas arancelarias).

-APELACION QBE ART-

XVII- A esta parte le agravia que se la haya condenado en virtud de una normativa que no ha sido la solicitada por la propia parte actora, puesto que se inició la acción con fundamento en la normativa del Código Civil y no se invocó la Ley de Riesgos del Trabajo ni siquiera en forma subsidiaria.Cabe destacar, al respecto que la cuestión ya ha sido tratada en el considerando XI al que me remito.

XVIII- En cuanto al stress laboral como enfermedad profesional, como ya lo he dicho en Doctrina Laboral ERREPAR Nro. 238 de junio de 2005, el estrés puede generar un cuadro incapacitante en sí o resultar causa de diversas enfermedades. Se trata de un hecho súbito, generalmente violento y traumático que se produce dentro del ámbito laboral, por el hecho o en ocasión del trabajo y que lesiona física o psicológicamente al sujeto y le produce una incapacidad. El estrés puede conformar un cuadro patológico en sí y a la vez ser causa de otras enfermedades, como, por ejemplo: Las cardiovasculares, la hipertensión arterial, la fatiga crónica, las cefaleas, cuadros psiquiátricos, depresión, etc. Cuando la ansiedad psicopatológica está ligada a un agente externo que la provoca o la desencadena, y éste es intenso o prolongado, estamos hablando de estrés. Es que el proceso que lleva al estrés es la presencia de una situación amenazante o nociva muy intensa, que persiste en el tiempo y que, a la vez produce una reacción del organismo que intenta recuperar el equilibrio anterior; si ese equilibrio no se recupera o persiste el trastorno que lleva a la enfermedad psicosomática, se llega al estrés, y si la situación amenazante o causa se produjo con motivo o en ocasión del trabajo, estamos en presencia de una enfermedad laboral. Por ejemplo son causas del estrés laboral, las relaciones con superiores no bien formados para inducir al trabajo, las situaciones de hostilidad, los conflictos personales-laborales, jornadas demasiados extensas que afectan el sueño o el contacto familiar y social, etc.

En el caso que nos ocupa ha quedado acreditado ya un ámbito hostil de trabajo.Por otra parte, en cuanto al planteo que realiza la ART acerca de que el stress se trata de una afección fuera del listado y excluida de toda cobertura, opino que no sería razonable afirmar que las enfermedades que no figuren en el listado del art. 6º inc. A) Ley 24.557 no puedan ser resarcibles, ya que ello resulta violatorio del mandato constitucional al pretender negar el derecho de una persona de ser reparado por el daño sufrido (art. 19 CN).

Por otro lado la exención de responsabilidad que consagra la L.R.T. constituye en sí misma un claro apartamiento de los lineamientos constitucionales que se orientan en dirección a la protección del trabajador y no de su desamparo.

Es condición inexcusable del empleo que éste se preste en condiciones dignas y que se garantice el estricto cumplimiento de las normas de seguridad, tanto en general, como en lo que concierne a las propias de cada actividad. La prevención en la protección de la salud y de la integridad física del trabajador es el presupuesto legítimo de la prestación de servicios que no puede ya concebirse sin la adecuada preservación de la dignidad inherente a la persona humana.

Por ello cabe desestimar el planteo de la apelante.

XIX- Considerando el mérito y la extensión de la labor desarrollada por la representación y patrocinio letrado de las partes y peritos intervinientes, estimo que sus honorarios son equitativos, por lo que cabría su confirmación (arts. 38 de la ley 18.345, modificado por ley 24.635 y demás normas arancelarias).

XX- De tener adhesión mi voto, propongo que las costas de alzada se declaren a cargo de las demandadas en forma solidaria (art. 68 CPCC) y se regulen los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, codemandada Zelik S.A. y de QBE ART en el 25% a cada parte de lo que, por sus respectivas actuaciones en primera instancia les corresponda percibir (art.14 de la ley 21.839)

EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO: Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR HÉCTOR CESAR GUISADO: No vota (art. 125 de la Ley 18.345 -modificado por ley 24.635)

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar el fallo apelado y condenar solidariamente a ambas codemandadas conforme quedó expuesto en el considerando respectivo. 2) Confirmar el fallo en todo lo demás. 3) Declarar las costas de alzada solidariamente a cargo de las demandadas. 4) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, codemandada Zelik S.A. y de QBE ART en el 25% (veinticinco por ciento) a cada parte de lo que, por sus respectivas actuaciones en primera instancia les corresponda percibir. 5) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1ero. de la ley 26.856 y con la Acordada de la C.S.J.N. Nro. 15/2013. Regístrese, notifíquese y devuélvase.