Se requirieron informes a la Provincia de San Juan por los derrames en la mina Veladero

mineria-cielo-abiertoPartes: Fundación Ciudadanos Independientes c/ San Juan, Provincia de, Estado Nacional y otros s/ acción ambiental meramente declarativa

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 20-sep-2016

Cita: MJ-JU-M-100908-AR | MJJ100908 | MJJ100908

Sumario:

1.-En atención a lo denunciado en la acción meramente declarativa, que la actora amplió y modificó solicitando que tramite como una acción colectiva de daño ambiental en los términos de la Ley 25.675 , en la que informa derrames de solución cianurada y de metales pesados en el valle de lixiviación de la mina Veladero en dos oportunidades-13 de septiembre de 2015 y 8 de septiembre de 2016-, corresponde requerir, con fundamento en el art. 32 , Ley 25.675, a la Provincia de San Juan, que en el plazo de 20 días, informe al Tribunal: si ha requerido a las demandadas información relativa a la existencia y alcance de los derrames denunciados; si ha puesto en conocimiento de la comunidad la existencia y alcance de los derrames referidos; y en su caso, el contenido de dicha información, tales como las consecuencias que podrían derivarse para la salud y la vida de los habitantes y las medidas concretas que deberían adoptar para prevenir los riesgos o combatir eventuales problemas de salud que de ellos se deriven.

2.-Los hechos que se denuncian exigen de esta Corte el ejercicio del control encomendado a la justicia sobre las actividades de los otros poderes del Estado y, en ese marco, la adopción de las medidas conducentes que, sin menoscabar las atribuciones de estos últimos, tiendan a sostener la observancia de la Constitución Nacional, más allá de la decisión que pueda recaer en el momento en que se expida sobre su competencia para entender en el caso por vía de la instancia prevista en el art. 117 de la CN.

Fallo:

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires 20 de septiembre de 2016

Autos y Vistos; Considerando:

1°) Que a fs. 1/53 se presenta la Fundación Ciudadanos Independientes y deduce acción meramente declarativa en los términos del arto 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación contra la Provincia de San Juan; el Ingeniero Felipe Nelson Saavedra (titular de la Secretaría de Estado de Minería); las empresas Minera Argentina Gold Sociedad Anónima (MAGSA), Barrick Exploraciones Argentina S.A. (BEASA) y Exploraciones Mineras Argentina Sociedad Anónima (EMASA) en su carácter de concesionarias y afiliadas para la explotación del Proyecto Minero Veladero – Pascua Lama; la empresa Minas Argentina Sociedad Anónima (MASA) en su carácter de concesionaria para la explotación del proyecto minero Gualcamayo; la empresa Intrepid Minerals Corporation (1.M. C. S.A.) como concesionaria de la explotación del proyecto minero CASPOSO; y el Estado Nacional.

Su demanda tiene por objeto obtener certeza acerca de la legalidad de las autorizaciones para explotar los proyectos mineros señalados, todos ellos ubicados en la zona cordillerana donde -según afirma- existen glaciares que requieren protección, y hacer cesar la actividad minera hasta tanto se determine la inexistencia de riesgo o peligro para la salud y la vida de las personas.

Alega que la Provincia de San Juan habría autorizado la explotación minera en los tres emprendimientos sin considerar el daño ambiental que produce la actividad en los cuerpos de agua en estado sólido, así como en el aire y en el agua dulce que aprovechan otras provincias y naciones.Denuncia que no se ha cumplido con el correspondiente procedimiento de aprobación de los Informes de Impacto Ambiental tanto para la exploración como para la explotación minera, que no se ha dado participación mediante audiencia pública a los vecinos del área afectada, que tampoco se ha permitido el libre -acceso a la información pública ambiental referida a tales proyectos ni a los vecinos ni a las distintas jurisdicciones involucradas, que no se les ha exigido a dichas empresas -que califica de insolventes- la constitución de un seguro ambiental y, además, que la provincia no ha reglamentado la ley de acceso a la información pública 25.831.

Entiende que la omisión legislativa del Estado Nacional en el dictado de la Ley de Protección de Glaciares permitió que la provincia autorizara la actividad minera en la zona, Y lo responsabiliza por tal motivo.

Solicita la citación como terceros de las provincias de San Luis, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires por considerar que el impacto ambiental de la actividad minera en los glaciares, en el suelo y en el agua, alteran el componente Y la cantidad de agua en estado líquido que circulan por cauces ubicados en territorio de dichas provincias.

Y, por último, requiere el dictado de una medida cautelar de no innovar hasta tanto el tribunal designe profesionales con conocimiento de la especialidad para que vigilen, controlen y analicen los componentes ambientales (en especial agua, aire, suelo) su evolución o detracción, e informen las modificaciones, alteraciones, mutaciones y destrucciones directas, irreversibles o no de aquéllos en las zonas de la actividad minera denunciada.

2°) Que a fs. 119/170 obra una presentación por la cual la actora amplía y modifica la demanda, pide que la acción tramite como una acción colectiva de daño ambiental en los términos de la ley 25.675, y solicita el dictado de medidas urgentes.

Aclara que el alcance de la pretensión colectiva queda limitado a obtener una sentencia de condena que disponga:a) el cese de la explotación minera en el emprendimiento Veladero- Pascua Lama, o en caso de decidirse su continuidad, que esta Corte determine las condiciones en las que dicha explotación se debe realizar a fin de no generar daños al medio ambiente, la salud y la vida de la población que habita dicha zona geográfica; b) la recomposición del ambiente dañado a cargo de las empresas demandadas solidariamente con la Provincia de San Juan y el Estado Nacional; c) el deber de las empresas de contratar un seguro de responsabilidad por daño ambiental de incidencia colectiva.

Desiste de continuar la acción contra ciertos demandados; y expresa que la demanda queda enderezada únicamente contra el Estado Nacional, la Provincia de San Juan, Barrick Exploraciones Argentina S.A. (BEASA), Minera Argentina Gold S.A.

(MAGSA), Exploraciones Mineras de Argentina S.A. (EMASA); e incorpora como demandada a la empresa Barrick Gold Corporation (BGC) .

A continuación denuncia dos hechos nuevos.

El primero de ellos se vincula con la contaminación, por derrame de cianuro y metales pesados, ocurrida en la Mina Veladero el 13 de septiembre de 2015 y la situación social de desconocimiento de los efectos provocados por él.

El segundo hecho denunciado se relaciona con el dictado, luego del inicio de la demanda, de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares 26.639 Y su decreto reglamentario que prohibieron la actividad minera en la zona de glaciares y ambiente periglaciar.

Denuncia el incumplimiento del Estado Nacional en materia de inventario de glaciares y geoformas periglaciares y sostiene que, ante esta omisión, tanto la Provincia de San Juan, como el propio Estado Nacional, se ven imposibilitados de controlar que la explotación minera sea efectuada sin afectar recursos estratégicos y esenciales para el país.

A continuación, solicita que, en forma previa a disponer al traslado de la demanda, esta Corte proceda a dictar las medidas urgentes, que detalla.

Funda la acción en el art.41 de la Constitución Nacional, en las leyes 20.284, 23.919, 24.295, 24.375, 24.585, 25.675, 25.688 Y 26.639, así como en diversos tratados y normas internacionales.

3°) Que con posterioridad, la actora informa la existencia de un nuevo derrame de solución cianurada en el valle de lixiviación de la mina Veladero, que habría ocurrido el 8 de septiembre de 2016. En función de ello, reitera las peticiones concretadas anteriormente en la causa, insiste en el dictado de una medida cautelar y solicita se disponga un requerimiento de información relativo a los hechos que denuncia.

4°) Que los hechos que se denuncian exigen de esta Corte el ejercicio del control encomendado a la justicia sobre las actividades de los otros poderes del Estado y, en ese marco, la adopción de las medidas conducentes que, sin menoscabar las atribuciones de estos últimos, tiendan a sostener la observancia de la Constitución Nacional, más allá de la decisión que pueda recaer en el momento en que se expida sobre su competencia para entender en el caso por vía de la instancia prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional (conf. causas “Lavado, Diego Jorge y otros c/ Mendoza, Provincia de y otro” (Fallos: 330:111); “Salas, Dino y otros c/ Salta, Provincia de y Estado Nacional” (Fallos: 331:2797); CSJ 175/2007 (43-V) ICSl “Vargas, Ricardo Marcelo c/ San Juan, Provincia de y otros s/ daño ambiental” , sentencia del 24 de abril de 2012.

Ello es así, pues le corresponde al Poder Judicial de la Nación buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que estos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y de tomar decisiones en los procesos que se someten a su conocimiento. No debe verse en ello una intromisión indebida del Poder Judicial cuando lo único que hace es tender a tutelar derechos, o suplir omisiones en la medida en que dichos derechos puedan estar lesionados (Fallos: 328:1146).

5°) Que de tal manera, el Tribunal como custodio que es de las garantías constitucionales, Y con fundamento en la Ley General del Ambiente, en cuanto establece que “el juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general” (art. 32, ley 25.675), ordenará las medidas que seguidamente se disponen.

Por ello, sin perjuicio de lo que en definitiva se decida, se resuelve: requerir a la Provincia de San Juan, que en el plazo de veinte (20) días informe al Tribunal: I) si ha requerido a las demandadas MAGSA Y BEASA información relativa a la existencia y alcance de los derrames de solución cianurada y metales pesados que se denuncian como ocurridos en la mina Veladero los días 13 de septiembre de 2015 y 8 de septiembre de 2016; II) Si ha puesto en conocimiento de los habitantes potencialmente afectados, la existencia y alcance de los derrames referidos; III) En su caso, indique el contenido de dicha información, en especial si ha comunicado: i) las consecuencias que de tales hechos podrían eventualmente derivarse para la salud y la vida de los habitantes de la zona; e ii) las medidas concretas que la comunidad debería adoptar para prevenir los riesgos o combatir eventuales problemas de salud que de ellos se deriven. Para su comunicación a la Provincia de San Juan, líbrese oficio. Notifíquese a la parte actora mediante cédula.

ELENA I. HIGHTON de NOLASCO – JUAN CARLOS MAQUEDA – HORACIO ROSATTI – RICARDO LUIS LORENZETTI –