El banco debe responder ante el cliente por no renovar una tarjeta de crédito sin previo aviso

tarjetas-de-creditoPartes: Acción emergente de la Ley del Consumidor: Muñoz Gustavo Enrique c/ Banco Francés S.A. s/

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Jujuy

Sala/Juzgado: III

Fecha: 10-ago-2016

Cita: MJ-JU-M-100451-AR | MJJ100451 | MJJ100451

cuadro

Sumario:

1.-Corresponde condenar a la entidad bancaria a proveer al actor una tarjeta de crédito con las mismas características y en las mismas condiciones pactadas en el contrato, al no estar acreditado que hubiera dado aviso con suficiente antelación de su decisión de no renovarlo, teniendo en cuenta que el cumplimiento del art. 10 de la Ley 25.065 en cuanto al aviso incorporado en los tres últimos resúmenes acerca de la fecha de vencimiento de la tarjeta, en modo alguno expresa de modo claro y fehaciente la decisión de no renovarla.

2.-La decisión del banco demandado de no renovar el contrato de tarjeta de crédito lo responsabiliza frente al cliente cuando obró de manera imprevisible porque no dio aviso, más aún cuando el contrato venía renovándose en forma automática durante diecisiete años y la propia entidad calificó como irreprochable la conducta del actor como cliente y titular de la tarjeta.

3.-La entidad bancaria debe indemnizar el daño moral causado al cliente a quien sin previo aviso decidió no renovarle el contrato de tarjeta de crédito, pues los padecimientos sufridos por aquel superan las simples molestias o perturbaciones derivadas del incumplimiento contractual y surgen evidentes a poco que se repare en la inesperada indisponibilidad de la tarjeta, la situación de mora a la que quedó expuesto respecto a insumos que eran atendidos con el crédito derivado de ella, los trámites y gestiones que debió enfrentar para remediar la situación y la desconsideración que supuso la decisión mencionada.

Fallo:

En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los 10 días del mes de agosto del año dos mil dieciséis, los señores Vocales de la Sala Tercera de la Cámara en lo Civil y Comercial, doctores ALEJANDRA MARÍA LUZ CABALLERO, NORMA BEATRIZ ISSA Y CARLOS MARCELO COSENTINI, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, vieron el EXPTE. N° C-43.984/15, caratulado: “ACCIÓN EMERGENTE DE LA LEY DEL CONSUMIDOR: MUÑOZ, GUSTAVO ENRIQUE C/ BANCO FRANCÉS S.A.”

La Dra. ALEJANDRA MARIA LUZ CABALLERO dijo:

1. GUSTAVO ENRIQUE MUÑOZ, con el patrocinio letrado del Dr. NICOLÁS GUALCHI, promueve demanda sumarísima en el marco de la ley del consumidor por incumplimiento contractual en contra del BANCO FRANCÉS S.A. (BBVA). Solicita se lo condene a restituirle la tarjeta de crédito “Mastercard Boca” y a resarcirlo por los daños y perjuicios derivados del accionar que denuncia, más intereses y costas.

Justifica la legitimación activa en su condición de titular de la caja de ahorro Nº 256-14822/4 de ese Banco y de haber sido, hasta el 30 de setiembre de 2014, titular de la tarjeta de crédito Mastercard Boca Nº 5293293612345476. La pasiva, en tanto el Banco demandado es el proveedor de los bienes y servicios en cuestión. Afirma que la relación entre ambos es incuestionablemente de consumo por lo que pide la aplicación al caso del régimen del consumidor (ley 24.240 y sus modificatorias).

Después de fundamentar la competencia de esta Cámara para entender en el presente y la pertinencia del proceso sumarísimo iniciado, reseña los hechos del caso diciendo que desde el año 1992 es cliente de la demandada, condición que perdura pues sigue siéndolo a la fecha de interposición de la demanda. Que en tal carácter adquirió productos tales como tarjetas de créditos Visa, Mastercard, cuentas, préstamos personales, préstamos hipotecarios, etc. Califica de intachable su comportamiento como cliente de la entidad.Fue titular de la referida tarjeta Mastercard desde el año 1997, antes de que el Banco demandado comprara el que fuera Banco de Crédito Argentino. Transcurrieron desde entonces diecisiete años y nunca dejó de pagar el total de la liquidación mensual de sus consumos. El último vencimiento de esa tarjeta operó el 30 de setiembre de 2014. La entidad Bancaria le informó a través de correo electrónico que el límite de compra sería elevado a $ 25.000 mensuales lo que implicaba que sería renovada. Además, se le ofreció un crédito personal y un acuerdo en cuenta corriente para girar en descubierto por $ 6.000. Colige de ello que el Banco valoraba su buen comportamiento comercial y su calidad como cliente. Pasados unos días de la fecha de vencimiento y porque no recibía la nueva tarjeta, se comunicó con Mastercard cuyo representante le informó que la Sucursal del Banco había pedido que no fuera renovada y que no se conocían los motivos de tal decisión. Reclamó entonces al Banco. Ni el servicio al cliente ni personal de la Sucursal en esta Provincia pudieron darle explicaciones al respecto.

Debido al perjuicio que tal situación le irrogaba, pues con esa tarjeta pagaba insumos tales como obra social y seguros, concretó la denuncia en la Dirección de Defensa del Consumidor. En ese ámbito, en la audiencia de conciliación a la que fueron convocadas las partes, el representante del Banco manifestó que el producto no se había renovado por “decisión comercial” de la entidad. Agotada la instancia administrativa, sólo le queda acudir a la judicial en defensa de sus derechos.

Manifiesta que, aún después de la baja de la tarjeta, siguió recibiendo oferta de productos y promociones del Banco por e-mails enviados a la casilla de correo que tenía a través del Homebanking.Luego, sin ninguna notificación previa, en diciembre de 2014, el Banco eliminó su casilla de correos y borró toda la información contenida en ella.

Señala gravedad en la conducta desplegada por el Banco.

En capítulo específico argumenta sobre la responsabilidad que le cabe a la demandada en tanto proveedor del servicio.

Reclama daño material, moral y punitivo. Por el primero pide la renovación de la tarjeta en cuestión y la indemnización derivada de la privación del crédito; por el segundo, el resarcimiento por el desmedro derivado de la desconsideración, sufrimiento, malestar e inquietudes padecidas y por el tercero, la sanción que se estime adecuada para reprobar la inconducta denunciada y que se patentiza por la desaprensión y discriminación dispensada.

Abona sus dichos con cita de doctrina y jurisprudencia, ofrece prueba y pide se haga lugar a su demanda, con costas.

2. Admitida la demanda y dispuesta su tramitación por el proceso sumarísimo, las partes fueron convocadas a la audiencia que consta en el acta de fs. 92. En la ocasión, contestó demanda por el Banco demandado el Dr. Martín E. Nazario, cuyo mandato acredita con el instrumento agregado a fs. 54/55. Pide su rechazo. Niega algunos de los hechos afirmados por el actor y expone su versión de ellos diciendo que, efectivamente, proveyó a éste de servicios de índole crediticia entre los que se encontraba el de tarjeta de crédito mencionado en la demanda. La relación contractual se desenvolvió sin inconvenientes, conforme lo pactado, con mutuo respeto de las obligaciones asumidas y en el marco de la buena fe. En setiembre de 2010 suscribieron -entre otros documentos- el “contrato de afiliación al sistema y uso de la tarjeta de crédito BBVA Banco Francés S.A.” relativa a Mastercard Boca. Tal contrato fue conforme a la ley 25.065 de tarjetas de créditos.Su plazo de vigencia fue de dos años y se pactó la renovación automática por iguales períodos, salvo aviso fehaciente por escrito del usuario o del Banco, comunicado con treinta días de antelación al vencimiento. Así pues, el Banco podía determinar la no renovación con las pautas y plazos estipulados en la referida ley.

En ejercicio de esa prerrogativa, mediante carta documento remitida el 15 de noviembre de 2013 y recibida el 19 siguiente, su mandante informó a Muñoz su decisión de no renovar la tarjeta a su vencimiento. Ello demuestra el cumplimiento de su parte a los recaudos previstos para hacer operativa su decisión. La antelación de diez meses respecto a la fecha de vencimiento da muestras de la buena fe del obrar de su parte, como que le permitía contar con tiempo suficiente para tomar las previsiones del caso. En los tres últimos resúmenes también informó que el último mes de vigencia del contrato de la tarjeta sería el de setiembre de 2014.

Los correos electrónicos que menciona el actor no expresaron voluntad del Banco de renovar la tarjeta o retractarse de la decisión asumida. Todo lo que en ellos manifestó su parte -incluso la ampliación del crédito para consumos- lo era por el período de vigencia aún pendiente.

Reiteró esa decisión y su fundamento en cuestiones de estricta índole comercial ante el organismo administrativo de defensa del consumidor.

Sostiene haber dado estricto cumplimiento a los deberes que la ley le impone y reivindica su prerrogativa de no renovar las tarjetas de crédito cumplidos que sean los requisitos que al efecto establece la ley. Nada obliga a su parte a mantener el vínculo contractual más allá del plazo fijado al efecto.

Remarca que su parte no rescindió de manera intempestiva un contrato vigente, sino que decidió no renovarlo dando aviso de ello con suficiente antelación.

Dice improcedentes los rubros que se reclaman, cita derecho, ofrece prueba, formula reserva del caso federal y pide el rechazo de la demanda, con costas.

3.En la misma audiencia contestó la actora el traslado que se le confiriera por los hechos nuevos. Al respecto, niega que la comunicación cursada por el Banco de no renovar su tarjeta, lo sea por aquella que ahora reclama. En el mismo acto se abrió la causa a prueba. Agregada la documental que se mandó producir los autos fueron sometidos a dictamen del Agente Fiscal, pronunciándose, en ese rol, el Sr. Defensor Oficial (fs. 162).

4. Integrado el Tribunal procede, sin más, el dictado de esta sentencia.

4.1. En tanto no es materia de controversia el contrato que ligó a las partes, es de toda evidencia que estuvieron vinculadas por una relación de consumo, pues están reunidos los requisitos contemplados por los arts. 1, 2 y 3 de la ley 24.240 para considerar a aquel consumidor en tanto adquirió para beneficio propio una tarjeta de crédito a través de la demandada que reviste así el rol de proveedor profesional. De ello resulta que el caso está gobernado por la ley 24.240 y sus modificatorias y también por las normas relativas al contrato de consumo previstas en el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC en adelante) siempre que sean más beneficiosas para el consumidor, por la retroactividad expresamente establecida en el art. 7 inc. 3 de ese cuerpo normativo.

Por tanto el contrato debe ser interpretado bajo los principios que contemplan esas preceptivas y que, con arraigo en el art. 42 de la Constitución Nacional, se orientan a dar especial protección al consumidor, en tanto parte débil de la relación de consumo.

En ese marco, corresponde analizar las cuestiones sometidas a decisión.

4.2.En cuanto a los hechos no está controvertido que el actor es cliente del Banco Francés S.A.;y que lo fue desde el año 1992 aún desde antes de que éste adquiriera la cartera del Banco de Crédito Argentino; que, como tal, fue titular de una tarjeta de crédito Mastercard Boca por más de diecisiete años; que el contrato respectivo preveía su vigencia por dos años así como su renovación automática y que su último vencimiento antes de suscitarse el conflicto traído a consideración operaría en setiembre de 2014.

Sí se discute la comunicación cursada por el Banco en el mes de noviembre de 2013, con la que éste afirma haber cumplido con los recaudos que la ley establece a fin de validar su decisión de no reconducir el contrato, en tanto el actor niega su vinculación con la tarjeta de crédito en cuestión.

También disc uten las partes la facultad del Banco para no renovarla sin causa que la justifique.

En cuanto a la primera de tales cuestiones, resulta que con la misiva fechada el 15 de noviembre de 2013 (fs. 82) comunicó el Banco al actor la decisión de no renovar las tarjetas de la cuenta Mastercard Nº 823648708. No obstante y tal como lo afirmó éste al contestar los hechos nuevos, esa cuenta no se relaciona con la tarjeta Mastercard Boca en cuestión, que lleva el Nº 007663412-0-1 (cfr. resúmenes de fs. 72/80) sino con otra cuya titular es Graciela Raquel Lemir. Así resulta del resumen de cuenta de esta tarjeta agregada a fs. 31 de autos.

Siendo así, no resulta acreditado cuanto afirma el Banco demandado para justificar su proceder: que dio aviso con suficiente antelación de su decisión de no renovar el contrato respectivo.

Ciertamente que el cumplimiento de lo dispuesto en el art.10 de la ley 25.065 en cuanto al aviso incorporado en los tres últimos resúmenes acerca de la fecha de vencimiento de la tarjeta, en modo alguno expresa de modo claro y fehaciente la decisión del Banco emisor de no renovarla. Así lo reconoció con su actitud el demandado al remitir la carta documento de fs. 82 -aunque con referencia a otra tarjeta- y al sostener en esta causa, como principal defensa, que cumplió con su obligación de notificar en forma fehaciente y con suficiente antelación su decisión contraria a la reconducción del contrato.

Siendo así, el incumplimiento del Banco surge incontrastable y su decisión susceptible de reproche por su imprevisibilidad, más aún cuando el contrato venía renovándose en forma automática durante diecisiete años y la propia entidad calificó la conducta del actor como cliente del Banco y titular de la tarjeta como irreprochable.

Siendo ese el fundamento que torna procedente la demanda, resulta innecesario el tratamiento de los demás argumentos traídos a consideración.

4.3. Queda tratar los tópicos que forman parte del reclamo.

a) El reclamo de la restitución de la tarjeta resulta incuestionable porque es facultad del actor exigir -como lo hizo- “el cumplimiento forzado de la obligación siempre que ello fuera posible” (art. 10 bis inc. 1 ley 24.240). En razón de ello postulo condenar al Banco demandado a proveer al actor, en el plazo de diez días, de la tarjeta de crédito Mastercard con las mismas características y en las mismas condiciones pactadas en el contrato agregado a fs.68.

b) El daño material derivado de la privación del crédito debe desestimarse porque no está acreditado a cuál otro debió acudir el actor, en su caso, con qué costo financiero.

Tampoco acreditó el perjuicio económico (por ejemplo los intereses moratorios que debió afrontar) por la falta de pago en término de los consumos que habitualmente le eran debitados de esa tarjeta (obra social y seguros) ni ningún otro perjuicio concreto derivado del incumplimiento de la demanda.

c) Sí procede el resarcimiento del daño moral. Es que la violación de los derechos emergentes del régimen del consumidor y las vicisitudes y particularidades del caso llevan a dar por cierto, conforme el curso natural y ordinario de las cosas (art. 901 del Cód. Civil), que el incumplimiento del demandado provocó en el actor zozobra, angustia y frustración, es decir “una modificación disvaliosa -anímicamente perjudicial- del espíritu., que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquel en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste” (Zavala de González, Matilde; “Resarcimiento de daños”. T2-a, p. 36, Ed. Hammurabi; Pizarro, Ramón Daniel, “Reflexiones en torno al daño moral y a su reparación”, JA 1986-II-90).

Tales padecimientos superan las simples molestias o perturbaciones derivadas del incumplimiento contractual y surgen evidentes a poco que se repare en la inesperada indisponibilidad de la tarjeta en cuestión, la situación de mora a la que quedó expuesto respecto a insumos que eran atendidos con el crédito derivado de ella, los trámites y gestiones que debió enfrentar para remediar la situación y la desconsideración que supuso la decisión asumida por la demanda sin el debido aviso previo.

De tal modo, probado como está el incumplimiento culpable del demandado (art. 512 del Cód.Civil) a las obligaciones asumidas en el contrato y a las disposiciones que integran el régimen del consumidor y la consecuente frustración de las legítimas expectativas del actor a contar, como hasta entonces, con la tarjeta de crédito de la que fue titular durante diecisiete años así como los trastornos que debió padecer a causa de ello, propongo fijar este rubro en la suma de VEINTE MIL PESOS ($ 20.000), calculada a valores actuales, es decir, a valores indemnizatorios que estimo vigentes a la fecha de este pronunciamiento, pero sin incluir intereses, que deben determinarse por separado para conferir al fallo debida fundamentación, tal como lo tiene sentado la C.S.J.N. en “Insaurralde, Jorge Raúl y otro c/ Tranportes Olivos SACI y otro, del 16/11/2009, publicado en LA LEY del 29/03/2010 (cita on line AR/JUR/61277/2009).

d) Postulo desestimar, en cambio, el pedido de imposición de sanción punitiva, pues para que esta proceda el incumplimiento debe revestir gravedad. “Se trata -dice Jorge Mosset Iturraspe- de sanción ejemplificadora, que sólo se aplicará en casos juzgados de trascendencia social o bien frente a actitudes reiteradas . en casos de gravedad evidente que sacuden a la sociedad civil, por un lado, y por otro, que exhiben un dañador indiferente, reiterativo, que no altera o cambia su actitud, sino que permanece en la ilicitud” (Autor citado. El daño punitivo y la interpretación económica del Derecho. Revista de Derecho de Daños, Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2011, pag. 156). Tales extremos no fueron acreditados en la causa y su conducta, si bien lo colocó en situación de incumplidor, no amerita ser punida con la sanción que tratamos.

e) En cuanto a los intereses devengados por el capital de condena, siguiendo el criterio sentado por el Superior Tribunal de Justicia en “Zamudio c/ Achi” (L.A. 54 Fº 673/678 Nº 235) y particularmente en “Castro c/ Martínez” (L.A.54, Fº 910/917, Nº 242) así como los precedentes de esta Sala, propongo calcularlos desde la fecha en que el actor se vio privado de la tarjeta de crédito (setiembre de 2014) y hasta la de esta sentencia, aplicando la tasa del ocho por ciento (8%) anual, por lo que ascienden a la suma de TRES MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 3.200).

4.4. En concreto y por lo hasta aquí expuesto, propongo hacer lugar a la demanda para condenar al Banco Francés a proveer al actor, en el plazo de diez días, de la tarjeta de crédito Mastercard con las mismas características y en las mismas condiciones pactadas en el contrato agregado a fs. 68/69 y a pagarle, en el mismo plazo, la suma de VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS, ($ 23.200) comprensiva de capital e intereses calculados a la fecha del presente. Sólo en caso de mora, ese importe devengará, desde intereses que se calcularán desde la fecha de esta sentencia y hasta la del efectivo pago, conforme la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (cfr. del S.T.J. precedentes citados).

4.5. Por aplicación del principio general de la derrota que prescribe el art. 102 del C.P.C. las costas deberán ser soportadas por el Banco demandado en su condición de vencido.

4.6. Respecto a los honorarios profesionales, conforme las previsiones de la ley 1687, en consideración al interés comprometido en el presente; la calidad, eficacia y extensión de los trabajos concretados así como la naturaleza y complejidad del asunto (art. 4), su carácter sumarísimo y la pauta dada por el S.T.J. en L.A. Nº 41 Fº 15/17 Nº 7l, propongo regular los que corresponden al Dr. NICOLÁS GUALCHI, por su actuación como patrocinante del actor en la suma ($.) y los del Dr. MARTIN E.NAZARIO, quien actuó en el doble carácter por la demandada, en la de ($.), en ambos casos más el impuesto al valor agregado, de corresponder. Solo en caso de incumplimiento, esos importes devengarán los mismos intereses previstos para el capital de condena desde la fecha del presente y hasta el efectivo pago.

Tal es mi voto.

La Dra. Norma Beatriz Issa, dijo:

Que comparte los fundamentos expuestos en el primer voto, por lo que se pronuncia en el mismo sentido.

El Dr. Carlos Marcelo Cosentini dijo:

Que conforme el resultado de la deliberación a que fueron sometidas las cuestiones de estos autos, adhiere al primer voto.

Por lo expuesto, la Sala III de la Cámara en lo Civil y Comercial,

RESULVE:

1. Hacer lugar a la demanda promovida por GUSTAVO ENRIQUE MUÑOZ y, en su mérito, condenar al BANCO FRANCÉS S.A. proveer al actor, en el plazo de diez días, de la tarjeta de crédito Mastercard con las mismas características y en las mismas condiciones pactadas en el contrato cuya copia corre agregada a fs. 68 y a pagarle, en el mismo plazo, la suma de VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS, ($ 23.200) comprensiva de capital e intereses calculados a la fecha del presente.

2. Imponer las costas al Banco demandado.

3. Regular los honorarios profesionales de los Dres. NICOLÁS GUALCHI Y MARTÍN E. NAZARIO en las sumas de ($.) y ($.), respectivamente, en ambos casos más el impuesto al valor agregado, de corresponder.

4. Dejar establecido que en caso de mora el capital de condena y los honorarios profesionales devengarán intereses que se calcularán desde la fecha de esta sentencia y hasta la del efectivo pago, con ajuste a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (cfr. del S.T.J. precedentes citados).

5. Registrar, agregar copia en autos, notificar por cédula y hacer saber a C.A.P.S.A.P. y a la Dirección General de Rentas.