Rechazan el amparo tendiente a que el GCBA retire un contenedor de residuos de la puerta de un local, bajo el argumento de que perjudica su actividad comercial

gobierno-de-la-ciudad-de-buenos-airesPartes: ANT TEX S.R.L c/ GCBA s/ amparo

Tribunal: Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sala/Juzgado: 20

Fecha: 8-ago-2016

Cita: MJ-JU-M-100265-AR | MJJ100265
Sumario:

1.-Corresponde rechazar la acción de amparo promovida contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de que se retire de la puerta del local comercial de la firma accionante, un contenedor de residuos colocado por las autoridades de la demandada, pues la pretensora no ha logrado acreditar el requisito de la verosimilitud del derecho, lo que impide acceder a la medida cautelar peticionada.

2.-Si bien la actora sostuvo que el actuar del gobierno es arbitrario en razón de la inobservancia del lugar de colocación de los contenedores, lo cierto es que no hay, elementos suficientes que permitan juzgar que la demandada hubiese actuado en forma manifiestamente arbitraria o ilegítima, o en contra de las normas que regulan la materia.

3.-Las meras afirmaciones efectuadas por la actora relacionadas a las bajas en las ventas de su comercio y la supuesta afectación del derecho constitucional a trabajar, no pueden servir de único sustento al dictado de la medida cautelar requerida en tanto se hallan desprovistas de cualquier respaldo probatorio.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Ciudad de Buenos Aires, 8 de agosto de 2016.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I. Que AntTex S.R.L. inició la presente acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -en adelante, GCBA- a fin de que “se retire de la puerta del local comercial” sito en la avenida Santa Fe 3173, de esta Ciudad un contenedor de residuos colocado por las autoridades de la demandada (fs. 36/37 vta.).

Relató que es una firma que se dedica a la distribución y comercialización de indumentaria y accesorios y que una de sus sucursales se encuentra ubicada en el domicilio referido con anterioridad (fs. 36).

Indicó que personal dependiente del GCBA trasladó a la puerta de su local comercial un contenedor de basura que se encontraba en la puerta de un edificio aledaño (fs. 36). Sostuvo que dicho contenedor obstruye la vista de la totalidad de la vidriera, obstaculiza el tránsito fluido en la vereda y, sumado al olor que emana, provoca una baja considerable en las ventas y perjudica su actividad comercial (fs. 36 vta.).

Informó que realizó un reclamo telefónico ante el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del GCBA, pero no obtuvo respuesta alguna (fs. 36).

Asimismo, solicitó el dictado de una medida cautelar a fin de que se ordene al GCBA “retirar del frente de su local comercial el contenedor de basura instalado, para poder continuar con su actividad laboral” (fs. 37).

II. Que, previo a resolver la medida cautelar peticionada, se confirió el traslado previsto en el artículo 15, segundo párrafo, de la ley 2145. También se requirió al GCBA que informe los criterios tenidos en cuenta a fin de ubicar los contenedores de basura distribuidos en la Ciudad, en particular el colocado en la avenida Santa Fe 3173 y la normativa en la que se basó la distribución y colocación del contenedor mencionado (fs. 42).

A fs. 46/47 vta.y 49/53 se presentó la parte demandada, contestó el traslado conferido y solicitó que se rechace la medida cautelar peticionada por su contraria.

Sostuvo que la ubicación del contenedor en cuestión “ha sido determinada en virtud de una evaluación previa de todas las localizaciones posibles conforme parámetros ya establecidos, tales como dimensiones de la acera y la calzada, sentido de circulación, accesos vehiculares, paradas de transporte público, zonas de carga y descarga, salidas de emergencia, sumideros, zonas inundables, bocas de tormenta, edificios educativos, sanitarios, de servicios de emergencia y gubernamentales, entre otros, evitando presentar interferencias con la infraestructura urbana de sustento de servicios y, en su caso, procurando que la misma sea mínima (fs. 52 y vta.).

Además, señaló que existen diferentes interferencias que impiden su reubicación: la “[c]aja automática de marcha de semáforos, ubicada en la vidriera del local `Cuesta Blanca´”, la”[p]antalla publicitaria, frente a la puerta de ingreso a edificio”, la “[e]ntrada y salida de vehículos, en el local de `Ipoint´”, el”[r]efugio de [t]ransporte [p]úblico, en el local de `Fravega´”, la”[c]olumna [d]e alumbrado, [el]arbol, [y las] mesas y sillas en el local gastronómico” (fs. 52 vta.).

En este sentido, indicó que “no queda[ba] espacio disponible en la cuadra para trasladar el contenedor en cuestión, siendo que por otra parte no puede la Administración disponer su supresión pues ello afectaría la prestación del servicio de higiene con el consiguiente perjuicio a todos los ciudadanos que habitan esa cuadra”(fs. 52 vta.).

Con relación a la medida cautelar solicitada, manifestó que la actora se limitó a enumerar una serie de hipotéticos perjuicios a su actividad comercial, sin probar concreta y acabadamente en qué consisten y su cuantificación en dinero.

Agregó que no ha demostrado concretamente cuál sería el obrar administrativo -o la omisión- que conculca sus derechos constitucionales y tampoco acreditó los presupuestos elementales para que proceda su otorgamiento (fs.49 vta./50).

Luego, se expidió el Ministerio Público Fiscal (fs. 58/60) y a fs. 62 pasaron los autos a resolver.

III. Que todo sujeto que pretenda la tutela anticipada proveniente de una medida cautelar debe acreditar la existencia de verosimilitud en el derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que justifican resoluciones de esa naturaleza (conf. Fallos: 323:337 y 329:4161, entre otros).

De acuerdo con lo normado en la ley 2145, “[e]n las acciones de amparo contra autoridades públicas son requisitos necesarios para el otorgamiento de toda cautelar la acreditación simultánea de los siguientes presupuestos: a) Verosimilitud en el derecho, b) Peligro en la demora, c) No frustración del interés público, d) Contracautela suficiente” (conf. art. 15, tercer párrafo).

Cabe recordar que en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aplicable en virtud del artículo 28 de la ley 2145 se establece que “[l]as medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, o del hecho o contrato implicado en éste, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida”. Y que “[q]uien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia”.

Por último, debe tenerse presente que la medida cautelar innovativa -tal el caso de la peticionada en autos- es una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado en razón de que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (conf. Fallos: 316:1833 y 319:1069 ).

IV. Que a fin de analizar los recaudos de procedencia de la medida precautoria solicitada, resulta conveniente reseñar el marco normativo en el que se inserta.

El artículo 27 de la Constitución local prevé que “[l]a Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área metropolitana.”. A su vez, obliga al Estado local a instrumentar “un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente que promuev[a]”, entre otras cosas, [l]a regulación de la producción y el manejo de tecnologías, métodos, sustancias, residuos y desechos, que comporten riesgos”.

En esta dirección, a través del artículo 1 de la ley 992 (B.O.C.B.A. Nº 1.619, del 29/01/2003) se declaró como servicio público a los “Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y, por medio de la ley 1854 (B.O.C.B.A.

Nº 2.357, del 12/01/2006), se receptó una serie de principios y obligaciones para la gestión integral de los residuos, adoptándose como principio rector para la problemática el concepto de “Basura Cero” (art. 1).

En dicha normativa se estableció que la Ciudad “garantiza la gestión integral de residuos sólidos urbanos” (art. 3) y que “[e]l Poder Ejecutivo arbitrará las medidas necesarias para garantizar la provisión en la vía pública y dependencias del Gobierno de la Ciudad de los recipientes y contenedores autorizados apropiados para el cumplimiento progresivo de los objetivos de la recolección diferenciada” (art. 20). Allí, también se designó como autoridad de aplicación al organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental (conf. art. 48).

En este contexto, se dictó el decreto 639/2007 (B.O.C.B.A.Nº 2.680, del 9/05/2007) que reglamentó la ley 1854 e instituyó al Ministerio de Medio Ambiente del GCBA como su autoridad de aplicación (conf. arts. 1 y 2). Asimismo, en la reglamentación en cuestión se previó que los generadores de residuos “deben disponer en forma selectiva los residuos húmedos y secos preseleccionados en bolsas, contenedores o cualquier otro recipiente expresamente aprobado” (anexo I, art. 16) y, se dispuso que “[l]a Autoridad de Aplicación arbitrará los métodos operativos de disposición inicial selectiva”, entre los cuales se encuentran comprendidos los “Contenedores en la vía pública” (anexo I, art. 17, inc. a).

Por su parte, las Subsecretarías de Higiene Urbana, de Uso del Espacio Público y de Transporte, en forma conjunta y a fin de establecer un marco regulatorio adecuado a la disposición de los contendores en el territorio de la Ciudad, dictaron la resolución 226/SSHU/SSUEP/SSTRANS/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3.715, del 28/07/2011) mediante la cual se consideró como objetos autorizados para estar sobre la vía pública en cumplimiento de las disposiciones del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires a “aquellos contenedores para la disposición inicial de residuos sólidos urbanos que sean ubicados en el marco de la aplicación de la ley 1854 y su reglamentación” (art. 1).

Finalmente, en el artículo 3 de la referida resolución se establecieron una serie de pautas para la distribución de los contenedores y, con relación directa a la cuestión, se dispuso que aquéllos pueden ser ubicados “[s]obre la acera, próximo a las esquinas cuando no esté permitido el estacionamiento en alguna fracción horaria teniendo en cuenta los criterios establecidos en los siguientes puntos; b. Cuando la acera tenga un ancho igual o superior a 3,80 m tomado desde la Línea Oficial hasta el borde interno del cordón.Se implanta contiguo al cordón, pudiendo rebajarse la acera a la altura de la calzada, manteniendo el sentido de la pendiente original .El ancho del sector de acera rebajado en ningún caso será superior a 1,40 m tomados desde el filo externo del cordón. c. Cuando la acera tenga un ancho menor a 3,80 metros, se ensancha la acera a expensas de la calzada o se rebaja la altura de la acera a la altura de la calzada, manteniendo el sentido de la pendiente original, según proyecto específico. En ningún caso, el paso para la circulación peatonal, será inferior a 2,00 metros”.

V. Que, sentado lo expuesto, se puede concluir prima facie que en el sub examine no se configuran, por el momento, los presupuestos necesarios para acceder a la medida cautelar peticionada.

En efecto, la actora sostuvo que el actuar del GCBA es arbitrario “en razón de la inobservancia del lugar de colocación de los contenedores” (fs. 36 vta.), pero lo cierto es que no hay, en este estado del proceso, elementos suficientes que permitan juzgar que la demandada hubiese actuado en forma manifiestamente arbitraria o ilegítima. Obsérvese que la actora sólo se limitó a manifestar su disconformidad con la ubicación actual del contenedor, pero en ningún momento alegó que el GCBA hubiese actuado en contra de las normas que regulan la materia, las cuales -cabe acotar- ni siquiera mencionó.

Asimismo, debe señalarse que las meras afirmaciones efectuadas por la actora en el escrito de inicio relacionadas a las bajas en las ventas de su comercio y la supuesta afectación del derecho constitucional a trabajar, no pueden servir de único sustento al dictado de la medida cautelar requerida en tanto se hallan desprovistas de cualquier respaldo probatorio.

Por otra parte, debe destacarse que lo manifestado por la actora respecto a la necesidad de otorgar “la habilitación, para el desarrollo de su actividad laboral”, no guarda relación alguna con el objeto de la acción intentada como así tampoco con la medida cautelar peticionada (fs.37).

En síntesis, la parte actora no ha logrado acreditar, en este estado incipiente del proceso, el requisito de la verosimilitud del derecho, lo que impide acceder a la medida cautelar peticionada.

VI. Que, así las cosas, toda vez que no se ha acreditado la verosimilitud del derecho alegado, el examen de la existencia del peligro en la demora se torna innecesario, dado que la concesión de la medida requiere ineludiblemente la presencia de ambos presupuestos, aun cuando la mayor intensidad de uno de ellos pudiera eventualmente llevar a analizar con mayor laxitud la existencia del restante (conf. Sala I, “Shell CAPSA y otros c/ GCBA”, EXP 5.296, del 18/07/02).

Por ello, con el carácter provisional propio de este estadio del análisis – conf. art. 182 CCAyT- y sin perjuicio de lo que pueda corresponder decidir en el transcurso de la causa, cabe concluir que no se hallan reunidos los presupuestos exigidos legalmente para admitir la medida cautelar solicitada.

En mérito de lo expuesto, SE RESUELVE: Rechazar la medida cautelar peticionada.

Regístrese y notifíquese, a la titular del Ministerio Público Fiscal en su público despacho.