Revocan el sobreseimiento del encartado por probarse que entregó al gestor documentación apócrifa para gestionar la transferencia del vehículo

auto-rojoPartes: C. L. c/ P. T. L. M., M. J. L. s/ falsificación de documento privado

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

Sala/Juzgado: B

Fecha: 4-jul-2016

Cita: MJ-JU-M-100285-AR | MJJ100285
Sumario:

1.-Corresponde revocar parcialmente la sentencia que sobreseyó a los encartados en el delito de falsificación de documento enrostrado y disponer el sobreseimiento de uno de los imputados de conformidad a lo dispuesto en el art. 336 inc. 4 CPPN, toda vez que le asiste razón a la querellante en cuanto se encuentra probado que la documentación que se presentó ante el Registro es apócrifa y el vehículo secuestrado es de los comúnmente denominados mellizos, conforme el informe, la denuncia, en relación a la documentación y de la pericia obrante a respecto del vehículo y concurre el elemento objetivo que requiere el tipo penal desde que el denunciado entregó al gestor documentación calificada como apócrifa, a fin de solicitar la transferencia del vehículo automotor.

Fallo:

Rosario, 4 de julio de 2016.

Visto en Acuerdo de la Sala “B”, el expediente Nº FRO 51000827/2008/2/CA1, caratulado “Legajo de Apelación en autos “Denunciante:

C., L. Imputados: P. T., L. M.; M. J. L. por falsificación de documento privado” (del Juzgado Federal Nº 1 de la ciudad de Santa Fe, Secretaría Penal), del que resulta que Vienen los autos a conocimiento del Tribunal en virtud de la apelación deducida por la querellante, L. C. (fs. 254/258), contra la Resolución del 04 de noviembre de 2015 (fs. 252/253 vta.), por la que se sobreseyó a J. L. M. y L. M. P. T., en los términos del Art. 336 inc. 4° del C.P.P.N.

Concedido dicho recurso (fs. 259), los autos se elevaron a esta Alzada (fs. 287). Dispuesta la intervención de la Sala “B” (fs. 288), se remitió al juzgado de origen a fin de subsanar las omisiones allí referidas (fs. 290).

Habiéndose cumplimentado las mismas (fs. 291/297), se elevaron nuevamente a esta Sala “B” (fs. 298), se designó audiencia oral para informar, poniéndose en conocimiento de las partes la opción por la modalidad escrita establecida en la Acordada nº 166/11 (fs. 300). A fs. 301 se labró el acta pertinente, quedando la causa en estado de ser resuelta.

El Dr.Toledo dijo:

1°) La parte querellante entiende que el decisorio en crisis no se ajusta a derecho y se apoya en valoraciones subjetivas del a quo, que considera lo tornan irrazonable e inmotivado, además advierte que existe gravedad institucional, dado la inobservancia de proseguir investigando el delito de falsificación de documento público, todo lo cual asegura lo torna arbitrario.

Sostiene que resulta prematura la desincriminación de los imputados.

A tal efecto, señala que la investigación no está agotada, en tanto se encuentra probado que la documentación que se aportó es apócrifa y el vehículo secuestrado, es de los comúnmente denominados “mellizos”.

Asegura que no duda de la buena fe de M., pero que resulta falsa la declaración del gestor P. T., de la que surge que ella firmó ante escribano público o ante autoridad administrativa de La Matanza, el formulario tipo 08 que resultara apócrifo.

Afirma que no resulta claro quien le entrega la documentación al gestor Pelletán Tórtolo, como tampoco el paso del Registro de La Matanza y su posterior presentación ante el Registro de Rafaela.

Entiende que a fin de despejar dudas sobre la participación de los imputados, debería librarse exhorto al Juzgado correspondiente, a fin de tomar declaración al titular del Registro de La Matanza y sus empleados, para que expliquen quien tomó el trámite cuestionado, y que resultara falso, y a partir de allí encontrar el hilo conductor para llegar a la verdad objetiva de estos obrados.

Agrega que nunca se la convocó para declarar y poder señalar datos de interés.

Expresa que los juzgadores tienen que velar porque se cumpla el derecho en su caso concreto, aplicando la Constitución y los Instrumentos Internacionales y demás leyes y no emitir valoraciones subjetivas ni arrogarse el poder de legislar, facultad que no le es propia, tal como es no tener en cuenta la cita de las presentes.Agrega que los fallos deben ser fundados en pruebas objetiva, circunstancia, esta última que ha tornado caprichosa y parcial el decisorio impugnado.

2°) Se inician las presentes actuaciones en virtud de la denuncia formulada el 22/09/2008 por L. Chavarría, ante la Oficina de Denuncias dependiente de la Fiscalía General Departamental del Departamento Judicial La Matanza, Provincia de Buenos Aires, por la que refiere que como no llegaban a su domicilio los recibos de patentes del mes de septiembre del referido año, correspondientes al automotor marca Ford KA, dominio FPN373, del que es titular, se presentó ante la Oficina de Rentas, donde le informaron que había sido dado de baja. Agrega en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor le hizo saber que el legajo correspondiente a dicho vehículo había sido remitido al Registro de la Propiedad del Automotor N° 2 de Rafaela, provincia de Santa Fe, en virtud de haberse inscripto bajo la titularidad de J. L. M., quien habría presentado un formulario 08 apócrifo.

A su vez, por el mismo hecho se iniciaron las causas “PELLETÁN T., L. M. s/ presunta infracción art. 292 CP”; Expte N° Fro 00626/09 del Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe y “DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR S/ Su Denuncia”, Expte N° Fro 00014/09 del Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe, las que se encuentran acumuladas a la presente (ver fs. 31 y 79/80).

3°) Mediante Resolución N° 683 del 24/09/2013 se dictó auto declarativo de falta de mérito de J. L. M. y L. M. Pelletán Tórtolo (fs. 149/152 vta.).

En el auto aquí cuestionado, el a quo concluyó que, de los elementos de convicción obrantes en autos, lo dictaminado por el Fiscal Federal, no habiéndose obtenido resultados positivos respecto de los posibles involucrados en el ilícito denunciado y no existiendo otra diligencia por producirse, corresponde el sobreseimiento de los nombrados según lo dispuesto en el art.

336, inc. 4 del CPCCN. (fs.244/246 vta.).

4°) Los agravios del querellante se dirigen a demostrar que resulta prematuro el sobreseimiento de los imputados, en tanto no se encuentra agotada la investigación.

Asegura que no resulta claro quién le entrega la documentación al gestor Pelletán Tórtolo, como tampoco el paso del Registro de La Matanza y su posterior presentación ante el Registro de Rafaela.

Sin embargo, de las declaraciones indagatorias de ambos imputados surge que fue M. quien le hizo entrega al gestor de toda la documentación presentada por éste ante el Registro de Rafaela (fs. 91/93 y 108/109) y también se encuentra corroborado que dicha documentación fue presentada en el referido Registro, donde luego, por no estar radicado allí el legajo B correspondiente al vehículo dominio FPN 373, se requirió un certificado dominial al Registro de La Matanza (fs. 32 y vta.).

Por ello, las pruebas propuestas por la querellante, respecto que se debería recibir declaración al titular del Registro de La Matanza y sus empleados para que expliquen quién tomó el trámite cuestionado, y que resultara falso, no resultan de utilidad, ya que como se señaló precedentemente, la presentación de la documentación falsa (formulario 08 N° 20488057) fue en Rafaela y no en La Matanza, si bien también resultó falsa la firma del encargado del Registro de la Matanza que certificaba la de la parte vendedora, dicho formulario nunca tuvo ingreso en tal registro(fs. 32/35 y 41).

También deben rechazarse los agravios referidos a que resulta falsa la declaración del gestor P. T., de la que surge que la apelante firmó el formulario 08 apócrifo ante escribano público o ante autoridad administrativa de La Matanza.

Al respecto, de las declaraciones indagatorias recibidas al gestor, no se advierte que éste hubiera realizado tal manifestación. (fs.58 y 108/109).

5°) Por otro lado, asiste razón a la querellante en cuanto se encuentra probado que la documentación que se presentó ante el Registro es apócrifa y el vehículo secuestrado es de los comúnmente denominados”mellizos”.

Tal hecho se encuentra acreditado con el informe de fs. 23/24, la denuncia de fojas 32/35, en relación a la documentación y de la pericia obrante a fs. 164/193; respecto del vehículo, sin embargo, mediante Resolución de fecha 06/04/2015 se declaró la incompetencia material parcial por la supuesta comisión del delito previsto en el art. 289 inc. 3 del CP y se remitieron fotocopias certificadas de las actuaciones la Fiscalía de Instrucción N° 9 de Buenos Aires, (fs. 229/231vta) y en relación a la falsedad de la documentación, su acreditación como apócrifa, por sí sola, no es suficiente para comprobar la autoría del delito investigado.

El artículo 296 del Código Penal, figura en la que fue encuadrada la conducta que le atribuye a los encartados (fs. 58) y por la que fueron indagados, reprime “como si fuere autor de la falsedad” al “que hiciere uso de un documento o certificado falso”. Respecto del elemento subjetivo, explica Soler que “la presente figura se refiere a los casos en que la acción del sujeto consiste única y exclusivamente en el uso doloso” y agrega entonces, que “solamente puede fundarse en el conocimiento positivo de la falsedad” (Conf. Soler, S. “Derecho Penal Argentino, TEA, Buenos Aires, 1970, T. V, pp. 356 y 357).

Cabe precisar que, como se dijo anteriormente, se encuentra acreditado en la causa que M.entregó al gestor Pelletán Tórtolo la documentación posteriormente calificada como apócrifa, a fin de solicitar la transferencia del vehículo automotor marca Ford KA, dominio FPN373 a su favor, ante el Registro de la Propiedad Automotor Rafaela N° 2, con lo cual, está suficientemente acreditado el elemento objetivo que requiere el tipo penal supra descripto.

Sin embargo, estimo que no ocurre lo mismo con la comprobación del elemento subjetivo exigido por la figura penal que reprime el uso de documento adulterado.

En el momento de prestar declaración indagatoria, M. explicó que recibió completo el formulario tipo 08 por quien le vendiera el vehículo, brindó datos respecto del domicilio donde se celebró la compraventa y fecha; exhibida que fuere una foto de la Sra. L. Chavarría, manifestó que no se corresponde con la fisonomía de quien le había vendido el vehículo, posteriormente acompañó una lista de llamadas telefónicas a la supuesta vendedora (fs. 91/93, 114).

Respecto de Pelletán T., el mismo se limitó a presentar la documentación en el Registro del Automotor, y al no contar con el legajo B del vehículo no pudo corroborar que la firma de la parte vendedora era falsa y que no obraba su certificación, circunstancia que tampoco fue advertida por el Registro del Automotor de Rafaela y que surgió cuando corroboraron la documentación con el legajo correspondiente y la certificación dominial solicitada.

6°) Conforme a lo expuesto, le asiste razón al juez de grado en cuanto que M. actuó de buena fe como com pradora del referido vehículo, en razón de que los papeles fueron completados y entregados por la vendedora, y que además, aportó datos de la persona que le vendió la unidad, los que no coincidían con la denunciante y se limitó a entregárselos al gestor.

Resulta importante señalar que la apelante refirió expresamente al formular los agravios que no duda de la buena fe de J. M. (fs.256), por lo que no podría configurarse el tipo subjetivo de la figura endilgada a la nombrada.

También coincido con el a quo, respecto de que el gestor Pelletán T. solo presentó ante el Registro de Rafaela la documentación correspondiente que fue certificada previamente por otra persona, la que fue recibida por el Encargado del Registro sin advertir ningún tipo de responsabilidad.

Por ello, teniendo en cuenta las constancias incorporadas a la causa, a criterio del suscripto, los argumentos señalados por el juez de grado no han sido suficientemente desvirtuados por la parte querellante, por lo que corresponde confirmar el pronunciamiento recurrido. Así voto.

La Dra. Vidal dijo:

Adhiero al voto del Dr. Toledo en cuanto confirmó el sobreseimiento de L. M. P. T. según lo dispuesto en el artículo 336, inciso 4º del C.P.P.N. remitiendo a los fundamentos vertidos por el vocal preopinante en este punto; cabiendo agregar además que J. L. M. al prestar declaración indagatoria reconoció que ella le dio toda la documentación que éste presentó ante el Registro de Rafaela (fs. 92 y vta.), la cual no resultó ostensiblemente falsa.

Disiento en cambio con la solución arribada respecto de J. L. M., puesto que en mi criterio corresponde revocar el sobreseimiento dictado por las razones que a continuación expongo:

1°) En tanto el sobreseimiento cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado en cuyo favor se dicta (Art. 335 del código adjetivo), sólo cabe declararlo cuando resulta con certeza la existencia de la causal en que se lo funda (Acuerdo N°6/2003 P y 30/07 P/ Int., entre otros de esta Sala “B”).

2º) En el caso, con las medidas de prueba reunidas hasta el presente, no puede, con el grado de seguridad requerido concluirse que “El delito no fue cometido por el imputado”- conforme lo establece el artículo 336 inc.4 del C.P.P.N.

En efecto considero que no puede afirmarse con certeza que no se configuró el tipo subjetivo exigido por la conducta delictiva que se atribuyó a la imputada (artículo 296 del Código Penal).

Ello por cuanto advierto que la explicación que dio J. L. M. al prestar declaración indagatoria sobre la mecánica de los hechos (ver fs. 91/93) se contradice con la documental que acompañó Herminia Mabel Patrono, quien compareció en carácter de titular dominial del automóvil Ford Ka Dominio FPN 373, que según dijo y acompañó documental en respaldo, adquirió en el año 2007 de J. L. M. (ver fs.128, 141/142 e informe del Registro Nacional de la Propiedad Automotor obrante a fs. 145 ). Así acompañó copia del boleto de compra venta que habría celebrado con anterioridad J. L. M. al comprar el vehículo en cuestión dónde aparece como vendedora “Claudia Alejandra Merle” y no L. Chavarría como dijo la imputada (fs. 139).

Además en el boleto de compra venta acompañado por Patrono figura que el domicilio de la vendedora era en Lomas de Zamora y J. L. M. al prestar declaración indagatoria señaló que a fin de realizar la compra del auto Ford Ka Dominio FPN 373 se “. encontraron en un domicilio donde los citó la vendedora, en un lugar próximo al shopping Alto Palermo cerca o en el barrio de La Recoleta.”.

“Claudia Alejandra Merle” también figura en el legajo B (ver fs. 34 del legajo que obra reservado en Secretaría), como quién habría solicitado la verificación del automotor el 16 de agosto de 2007, dos días antes a la fecha en que le habría vendido a M. el auto en cuestión , el 18 de agosto de 2007 (véase fs. 139), documentación esta que aunque apócrifa fue utilizada por la imputada; de manera que no habiendo M.acreditado las circunstancias en que compró el vehículo, siendo la única beneficiaria de la transferencia realizada de un automotor que no sería el originariamente inscripto ya que según peritaje realizado correspondería al vehículo que se identifica con el dominio FRU- 568 propiedad de Alejandra Traser con un pedido de secuestro desde el 16/08/2007 (fs. 170) o desde el 25/7/2007 (fs. 180) , no puede hablarse con certeza de su falta de conocimiento del delito investigado.

Ninguna medida de prueba se produjo luego de la indagatoria (vgr. verificar la identidad del titular del teléfono indicado por la imputada en el listado de llamadas acompañada a fs. 114 a fin de corroborar sus dichos en cuanto señaló : “.nos contactamos por el tema del auto a través de los avisos clasificados del diario Clarín, a través de Internet. Había un número de teléfono.

Mi marido realizó un par de llamados con la vendedora, quien se encontraba en su trabajo.” “.Conservo en mi poder un listado de la empresa Wiltel donde se encuentran registradas llamadas telefónicas previas a la operación de compra del auto al número telefónico que figuraba en el aviso del diario Clarín.”; (fs. 92/93).

En ese contexto probatorio corresponde revocar el sobreseimiento dictado. Así voto.

El Dr. Bello adhirió a los fundamentos y conclusiones del voto de la Dra. Vidal.

Por tanto, en su mérito por mayoría de votos SE RESUELVE:

Confirmar parcialmente la resolución de fecha 04/11/2015 obrante a fs. 244/246, en cuanto ordenó sobreseer a L. M. P. T. de conformidad a lo dispuesto en el art. 336 inc. 4 CPPN. Revocarla en cuanto declaró el sobreseimiento de J. L. M. Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta por Acordada Nº 15/13 de la C.S.J.N. y oportunamente devuélvanse los autos al Juzgado de origen. (Expte. N° FRO 51000827/2008/2/CA1).

Fdo. Elida Vidal

José G. Toledo

(en disidencia parcial)

Edgardo Bello

(Jueces de Cámara)

Ante mi, M. Verónica Villatte

(Secretaria de Cámara).