Responsabilidad de la empresa de seguridad privada, como consecuencia del robo a mano armada perpetrado contra un establecimiento educativo que debía custodiar

robo-cuchilloPartes: Cinematográfica Vanguardia S.R.L y otro c/ ADT Security Services S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: B

Fecha: 30-may-2016

Cita: MJ-JU-M-99755-AR | MJJ99755


Sumario:

1.-Cabe atribuir responsabilidad al sujeto cuando la ausencia de precaución adecuada contribuyó a la producción del hecho ilícito. El fundamento para ello radica en que la ley exige previsibilidad en el obrar del agente, imponiendo el deber de actuar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas. La valoración de la conducta depende de las circunstancias y condiciones del sujeto. Ergo, cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia -por las condiciones especiales del agente, las funciones que desempeñe, etc.- mayor será la obligación cuyo origen radica en un obrar sea doloso o culposo.

2.-Cabe imputar responsabilidad a una empresa de seguridad privada, como consecuencia del robo a mano armada perpetrado contra un establecimiento educativo que debía custodiar. Ello así, pues si bien podría sostenerse que la presión sobre el vigilador para lograr que confiese la clave para desactivar la alarma, realizada cuando se encontraba maniatado y era víctima de tormentos por sujetos armados, puede ser calificada como un supuesto de fuerza mayor que en principio podría colaborar para absolver a la empresa de la responsabilidad contractual que derivaba de la obligación asumida con su cliente; sin embargo, es a la empresa de vigilancia a la que le corresponde el diseño del sistema de seguridad, en tanto su experticia en el tema.

3.-Por su profesionalismo, la empresa de seguridad privada debió prever cualquier contingencia derivada del servicio cuya contratación se le requería.

4.-En materia de responsabilidad contractual, el deudor sólo puede eximirse de la obligación de reparar los daños si prueba que la inejecución obedece a un caso fortuito o fuerza mayor. Pero ello no acontece cuandola culpa de la recurrente consistió en no arbitrar los medios pertinentes para que el sistema de monitoreo funcionara de forma eficaz al propósito de disuadir hechos delictivos, como los acaecidos en este caso.

5.-La magnitud de la negligencia se traduce en una actitud de seria despreocupación ante la eventualidad de un resultado dañoso, aunque no fuera deliberadamente buscado arts. 512 y 902 del CCiv.). N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 30 días del mes de mayo de dos mil dieciséis, reunidas las señoras jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos seguidos por “CINEMATOGRÁFICA VANGUARDIA S.R.L. Y OTRO” contra “ADT SECURITY SERVICES S.A.”, sobre “ORDINARIO” en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctoras Piaggi, Díaz Cordero y Ballerini.

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? La señora Juez de Cámara Doctora Piaggi dijo:

I. PLATAFORMA FÁCTICA DEL CASO

Llegan estas actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud de la apelación deducida por ADT Security Services S.A. (en adelante “ADT”) (fs. 673).

248. El 22-06-2012, Cinematográfica Vanguardia S.R.L. (en adelante “Cinematográfica”) y Belgrano Multiplex S.A. (en adelante “Multiplex”) demandaron a ADT por pesos quinientos veinte ocho mil ochocientos dieciséis ($528.816), intereses y costas (fs. 276 vta.).

Afirmaron que el 31-05-2010, la accionada celebró con “Cinematográfica” dos (2) contratos, y el 18-05-2010, tres (3) contratos con “Multiplex” para la prestación del servicio de monitoreo y alarmas instaladas en las oficinas administrativas y los diferentes complejos cinematográficos (fs. 263).

Señalaron que el sistema de alarmas falló, durante un robo que se produjo el 03-08-2010 en Lavalle 836, CABA (fs. 265).

En la demanda, reclamaron un resarcimiento por los daños derivados de la deficiente prestación del servicio de monitoreo y alarmas el día del robo. Entre los rubros indemnizatorios incluyeron: a) daño emergente por $ 384.119; b) lucro cesante por $ 123.527,14 que fue desistido durante la audiencia del art. 360 Cpr. (fs.491/495); c) gastos de reparación de lo dañado por $11.280; d) restitución de abonos impropiamente percibidos y saldos de cuentas inactivas por $2.629,73; y e) restitución de honorarios de mediación por $7.260 o los montos que en más o en menos resulten de la prueba (fs. 275/276 vta.).

El 04-12-2012, la defensa contestó la demanda, solicitando su rechazo y, opuso las excepciones de defecto legal y, de falta de legitimación respecto de “Multiplex” (fs. 449/479). El 20-12-2012, al contestar las excepciones (fs. 477/482), sobre la legitimación de “Multiplex”, las accionantes indicaron que, si bien no estaba controvertido que el robo sucedió en el domicilio de Lavalle para el que “Cinematrográfica” contrató el servicio, ambas sociedades se vieron perjudicadas por la falla del sistema de alarmas (fs. 479).

Agregaron que aunque eran entes autónomos, “Cinematográfica” ambas tenían la misma oficina y, su representante legal era Norberto León Feldman, que era el presidente de “Multiplex” y socio gerente de “Cinematográfica” (fs. 479).

El 29-04-2013, el a quo desestimó las dos excepciones. La demandada apeló el rechazo de la excepción de falta de legitimación, y el recurso se concedió en relación (fs. 492). El 06-10-2015 declaró su deserción en virtud del incumplimiento de la carga procesal de expresar agravios en tiempo propio (fs. 678).

En el Juzgado Criminal y Correccional de Instrucción n° 6, Secretaría n° 118, tramitó la causa “NN s./ Robo. Damnificado Fedman, Norberto León” (Expte. n° 093782), remitida ad effectum videndi et probandi -que tengo a la vista-.

EL DECISORIO RECURRIDO

El pronunciamiento definitivo de primera instancia del 01-09-2015 (fs. 661/670) admitió la demanda contra “ADT”, condenándola a pagar pesos cuatrocientos mil seiscientos sesenta con 76/100 ($ 400.670,76), más costas e intereses desde el 03-08-2015 hasta la fecha del efectivo pago (fs. 668).

Juzgó: a) que la obligación contractual asumida por la demandada era de resultados (fs.664); b) que desde su profesionalismo, “ADT” debió prever cualquier contingencia derivada del servicio, porque era quien conocía el negocio que brinda (fs. 665/666); y c) que básicamente tres pruebas permitían concluir que accionada fue responsable por las fallas que derivadas en la deficiente prestación del servicio: i) de la pericia técnica surgía que los delincuentes habían ingresado por un sector sin cobertura de sensores (fs. 592 y vta. y fs. 666), ii) la causa penal sobre robo daba cuenta del hecho ilícito que las accionantes denunciaron; y iii) la declaración testimonial de Carlos Oscar Fernández -analizada conforme las reglas de la sana crítica-, ilustraba sobre los hechos acaecidos, así como también sobre la mecánica de recaudación y traslado de fondos entre los co- demandantes el día en que sucedió el siniestro (fs. 539/540 y fs. 666).

EL RECURSO

Contra el decisorio se alzó la demandada el 11-09-2015 (fs. 673), el recurso fue concedido el mismo día (fs. 674), fundado el 01-02.- 2016 (fs.691/701), y contestado el 22-02-2016 (fs. 703/717).

La presidencia de esta Sala llamó a autos para sentencia el 17.03.2016 (fs. 722), quedando el Tribunal habilitado para resolver.

CONTENIDO DE LA PRETENSIÓN RECURSIVA

La accionada fundamentalmente se agravia porque considera: a) que la sentencia es arbitraria por omitir temas que ante la pluralidad de actores son conducentes para la resolución de la causa, tales como: la justificación de la titularidad pasiva y activa de la relación jurídica sustancial entre las partes, el encuadre legal y la responsabilidad específica de la demanda respecto de cada una de las pretensoras, la ausencia de concurrencia de los presupuestos básicos de responsabilidad -en particular el de la relación de causalidad-, y la consideración de una cantidad de hechos que integraron la litis tal como quedó trabada (fs.692 vta./692 ); b) que el a quo realizó una errónea valoración de la prueba en base a la que tuvo por acreditada la falla en el sistema de monitoreo remoto de alarmas y la ocurrencia, características y consecuencias de un hecho ilícito que en verdad no fue probado (fs. 696 vta./698); c) que admitió el rubro daño emergente y su elevado monto, sin que existiera elemento alguno que permitiera afirmar que su razonamiento se encontraba debidamente comprobado (fs. 698/699 vta.); d) que admitió el reclamo de gastos emergentes de la reparación de lo dañado sin que exista prueba que acredite que se hayan efectuado trabajos de reparación, y por montos elevados (fs. 699 Vta./700 vta.); e) no existe identidad entre lo decidido y lo peticionado por haberse resuelto ultra petita y f) que el dies a quo de los intereses estableció su computo para todos los rubros desde el 03-08.2010 hasta su efectivo pago (fs. 700 vta./701 vta.).

CUESTIONES PRELIMINARES

Los accionantes al contestar los agravios de la defendida (fs. 703/717) solicitaron la declaración de deserción del recurso incoado por la contraparte.

Analizadas la piezas de fs. 691/701 bajo los parámetros previstos en el art. 265 del CPr., se verifica que si bien distan de exhibir una adecuada suficiencia técnica, exteriorizan los agravios o los esbozos de crítica pertinentes para abrir la función revisora en procura de asegurar más adecuadamente el derecho de defensa (art. 18 CN).

VI. Luego de considerar los antecedentes del caso, los diversos medios de prueba aportados al expediente, de conformidad con las reglas de la sana crítica (art. 368 Cpr.) y la sentencia recurrida, anticipo que el pronunciamiento será confirmado íntegramente.

VII. LA SOLUCIÓN PROPUESTA

Varios son los aspectos y las cuestiones involucradas en el caso. Consideraré las quejas de la apelante de manera conjunta por su vinculación y, no atenderé todos los planteos, sino sólo los que estime esenciales y decisivos para fallar en la causa (CSJN, in re: “Altamirano, Ramón c.Comisión Nacional de Energía Atómica”(reg:MJJ15995), del 13.- 11-86; ídem, “Soñes, Raúl c. Adm. Nacional de Aduanas” , del 12-02-87; bis ídem, “Pons, María y otro” del 06.10.87; ter ídem, “Stancato, Carmelo”, del 15-09-89; y Fallos, 221:37; 222:186; 226:474; 228:279;233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; entre otros).

Si bien la defensa atribuye omisiones en la fundamentación (fs. 692 vta./696), esta preopinante considera que no son tales y, de existir no revisten entidad para influir en la solución adoptada, ni afectan su validez.

El juzgador debe efectuar una relación sucinta de los aspectos facticos invocados y las consecuencias pedidas por las partes, presentado las aristas dirimentes del conflicto que sean útiles para su elucidación (art. 163, incs. 3 y 4 del CPr. CSJN, Fallos 228:279 y 243:563).

El pronunciamiento recurrido no es arbitrario, porque versa sobre los hechos que integraron la litis, los argumentos y las pruebas decisivas para la solución de la causa (fs. 661/663). Satisfecha esa exigencia, no existe afectación alguna de los preceptos constitucionales (Fallos, 186:297; 242:227; 242:456; 310:2094; 315:2969, entre otros).

El Juez de primer grado valoró la prueba apropiadamente, formando su convicción de los hechos mediante un análisis global de las pruebas producidas en el expediente. Al hacerlo se condujo como técnico del conocimiento del derecho, no limitándose a aceptarlas o rechazarlas. Téngase presente que la convicción se construye desde una perspectiva lógica, mediante un examen crítico e integral que coloca al Magistrado en una situación activa y no meramente contemplativa.En esta tarea no se persigue la certeza absoluta, sino la certeza moral, es decir el grado de máxima probabilidad sobre cómo sucedieron los hechos de la causa.

Nótese que en causa penal agregada ad effectum videndi, se determinó que aunque los sensores de movimiento infrarrojos funcionaban correctamente, el ubicado en el hall no cubría la totalidad del vestíbulo, ni las escaleras, dejando gran parte del domicilio sin cobertura. Pero además, el sensor instalado en la caja fuerte, si bien cubría la totalidad del perímetro, presentaba deficiencias en su funcionamiento que le impedían detectar objetos inferiores a un metro. Por tales razone s se concluyó que el sistema de seguridad instalado era insuficiente para monitorear el lugar (fs. 278 y 291 vta. del expediente penal).

El día del ilícito las alarmas estaban conectadas, y los delincuentes se trasladaron por todo el lugar sin ser detectados (fs. 290 vta. del expediente penal). En este contexto carece de peso la suposición del perito ingeniero respecto que las pudieron ser es activadas por alguien que conocía las claves para realizar tales operaciones (fs. 614). No sólo los delincuentes ingresaron por un lugar sin cobertura de sensores; sino que además, éstos se encontraban colocados en lugares de ingreso habitual (fs. 592 y vta.).

Ahora bien, disiento con el a quo en que la obligación de la demandada sea de resultados. Conforme surge de la cláusula 2.a del contrato entre “Cinematográfica” y “ADT”, la última se comprometió a monitorear en forma continua el equipo del suscriptor en su estación Central, servicio que declaró que consiste en recepción y análisis de señales del equipo instalado. Es decir, que asumió una “obligación de medios” y “no de resultados”, en tanto se trata aquí de un mecanismo para prevenir la comisión de hechos ilícitos (CNCom., Sala A, in re: “Lawear S.A. c./ Prosegur Activa Argentina S.A. s./ Ordinario” del 20-04.- 2015). Pero ello no cambia la solución adoptada en el caso; porque, aunque de ningún modo, garantizo?que no se producirían hechos de esa naturaleza, lo cierto es que en estos autos fue suficientemente acreditada una negligente instalación por parte de la accionada, de los sensores. Y ésta, fue la obligación que la defendida asumió e incumplida, posibilito? el ilícito (Cláusula 8 del contrato, fs. 26/60).

Además coincido con el a quo en que la pericia contable determinó que la suma de $ 384.119 se asentó en el libro diario nº 3 de “Multiplex” en el folio 71, asiento 81 (fs. 561 vta.). Y si bien en la oportunidad de alegar, la defendida señaló que dicho asiento contable debió integrarse con los comprobantes correspondientes, ello no implica desconocimiento de la existencia o la validez dicho asiento (fs. 655 y fs. 699).

Carlos Alberto Fernández declaró que la contabilidad de “Multiplex” se llevaba en las oficinas de Lavalle 780, donde se concentraba la recaudación de todos los complejos. Además explicó que en vísperas del robo, la recaudación de “Multiplex” fue trasladada desde el complejo cinematográfico de Belgrano a las oficinas administrativas de Lavalle donde, al no poder ser depositada en un banco por la hora, quedó guardada en la caja fuerte (fs. 539/540).

La naturaleza contractual de la obligación de “ADT” en nada altera a la procedencia del reclamo y en particular del rubro daño emergente. Aunque la suma sustraída de la caja fuerte fuera propiedad de “Multiplex” y, que el servicio de monitoreo para el domicilio donde se produjo el ilícito haya sido contratado por “Cinematográfica”. En cualquier caso no debe soslayarse que ésta última era depositaria de tales fondos, y el deficiente funcionamiento de las alarmas le causó un gravamen irreparable al perpetrarse su sustracción de la caja fuerte. Ergo, ello constituye fundamento suficiente para reclamar el daño emergente, aun cuando la demanda no se hubiera promovido conjuntamente con “Multiplex” (art. 2184 del CCiv.).

No se trata aquí de llevar a límites que exceden la naturaleza de las obligaciones asumidas por accionada, como argumenta la apelante (fs.695). Si bien es cierto, que la obligación que ésta asumió no es de seguro, ello no la exime de responsabilidad por incumplimiento. Cabe destacar que “si bien lo prometido por la demandada no era que el robo se evitaría, lo lógico es suponer que dicho robo se hubiera evitado (.) lo cual lleva a pensar que la demandada debe responder íntegramente por las consecuencias del ilícito” (CNCom. Sala C, in re: Droguería Garzon S.A. c./ Prosegur Activa Argentina S.A. y otro s./ ordinario” del 12-11-2012. En el mismo sentido: CNCom, Sala F, in re: “Quintana Diego c./ Prosegur Activa Argentina S.A. S/ Ordinario” del 24-04-2014; Sala F, in re: “Olszaniecki Laura Aída y otro c./ Prosegur S.A. s/ ordinario” del 02-11-2010).

En este sentido, cabe atribuir responsabilidad al sujeto cuando la ausencia de precaución adecuada contribuyó a la producción del hecho ilícito. El fundamento para ello radica en que la ley exige previsibilidad en el obrar del agente, imponiendo el deber de actuar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas. La valoración de la conducta depende de las circunstancias y condiciones del sujeto. Ergo, cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia -por las condiciones especiales del agente, las funciones que desempeñe, etc.- mayor será la obligación cuyo origen radica en un obrar sea doloso o culposo (art. 902 CPr. CNCom, Sala D, in re: “Allaria Ledesma & Compañía Sociedad de Bolsa S.A. c/ Administración Gómez Vidal y otro s/ordinario” , del 01-09-2010; “Aseguradora de Cauciones S.A. Cía. de Seguros c/ Prosegur S.A. s/ordinario”, del 14-06-2007 ).

En casos similares al presente se concluyó que “cabe imputar responsabilidad a una empresa de seguridad privada, como consecuencia del robo a mano armada perpetrado contra un establecimiento educativo que debía custodiar.Ello así, pues si bien podría sostenerse que la presión sobre el vigilador para lograr que confiese la clave para desactivar la alarma, realizada cuando se encontraba maniatado y era víctima de tormentos por sujetos armados, puede ser calificada como un supuesto de fuerza mayor que en principio podría colaborar para absolver a la empresa de la responsabilidad contractual que derivaba de la obligación asumida con su cliente; sin embargo, es a la empresa de vigilancia a la que le corresponde el diseño del sistema de seguridad, en tanto su experticia en el tema” (CNCom. Sla D, in re: “Mapfre Argentina Seguros S.A. c./ Cooperativa de Trabajo Eulen”, Ltda. del 15-12-2011).

Como señaló el a quo por su profesionalismo, la defendida debió prever cualquier contingencia derivada del servicio cuya contratación se le requería (CNCom., Sala D, in re: “Tasker S.A. c./ Prosegur Activa Argentina S.A. s./ ordinario” 28-05-15; Sala F, in re: “Detex S.R.L. c./ Prosegur S.A. y otro s./ Ordinario” del 28-05-13; y Sala F, in re: “Iraola SRL c./Prosegur S.A. s/ordinario” del 27-12-2012).

Por ello, aún cuando -coincidentemente con la defensa- el perito ingeniero señaló que las empresas proveedoras del servicio se limitan a sugerir los lugares más adecuados para colocar los sensores y luego permiten que el cliente sea quien decida (fs. 612 vta. y 695); tal apreciación carece de virtualidad para eximirla de responsabilidad. “Ello por cuanto la obligación de dichas empresas frente a los usuarios por incumplimiento de los deberes propios no puede ser discutida, no sólo por la obligación contractual asumida de garantizar que el servicio cumpla con la finalidad esperada, sino también por el carácter de proveedor del sistema de seguridad y vigilancia, tanto por el funcionamiento defectuoso del equipamiento utilizado, como por el error de concepción en el diseño del servicio” (CNCom., Sala D, in re: “Allianz Argentina Cia. de Seguros S.A. C/ Prosegur S.A.s./ ordinario” del 30- 08-2012).

Repárese que en materia de responsabilidad contractual, el deudor sólo puede eximirse de la obligación de reparar los daños si prueba que la inejecución obedece a un caso fortuito o fuerza mayor (Borda, Guillermo, “Tratado de Derecho Civil, Obligaciones”, Tomo I, p. 29, Buenos Aires, Ed. La Ley). Pero la culpa de la recurrente consistió en no arbitrar los medios pertinentes para que el sistema de monitoreo funcionara de forma eficaz al propósito de disuadir hechos delictivos, como los acaecidos en este caso (CNCom; Sala D, in re: “Licenciatario S.A. c./ Prosegur Activa Argentina S.A. s./ ordinario” del 21-08-2012; Sala E, in re: “Tintorería Ghirlanda S.A. c./Prosegur S.A. s./ ordinario” del 09-09-2009).

Sin lugar a dudas, la magnitud de su negligencia se traduce en una actitud de seria despreocupación ante la eventualidad de un resultado dañoso, aunque no fuera deliberadamente buscado arts. 512 y 902 del CCiv.). Y en estos términos considero que el incumplimiento contractual de “ADT” posee un adecuado nexo causal con el daño que las actoras sufrieron (CNCom., Sala A, in re: “Matafuegos Donny SRL c/ Prosegur SA s/ ordinario” del 15-07-2008).

Tampoco puede liberarse de responder por los daños ocasionados en el inmueble durante el robo, que obligaron a “Cinematográfica” a incurrir en gastos de reparación, como surge de la causa penal (fs. 8/13 y fs. 290 y vta. del Expte. nº 093782). La defensa también resiste esta evidencia sosteniendo que no existe prueba de los daños (fs. 699 vta.). Ello es falso y concuerdo con el a quo en que el arquitecto reconoció la autenticidad y autoría del presupuesto por $ 11.280 (fs. 516/667). Todo lo cual es suficiente para desestimar esta queja de la defensa.

El pronunciamiento no resolvió ultra petita al otorgar el rubro por restitución de abonos impropiamente percibidos y saldos de cuentas inactivas.Es cierto que las pretensoras cuantificaron este rubro en $1.045,46 en el caso de “Cinematográfica” y $ 1.281,37 para “Multiplex” (fs. 276). Sin embargo, solicitaron que se condenara a “ADT” a pagar los montos indicados o lo que en más o en menos resultara de la prueba (fs. 276 vta.).

La experta contable concluyó que el monto de los abonos fueron $ 2.063,41 y $ 3.198,35 respectivamente (fs. 561 vta.). Por ende, no encuentro la inconsistencia que la demanda refiere, ni un exceso en la sentencia apelada.

Tratase ahora el rubro sobre el cómputo de los intereses. El pronunciamiento recurrido establece que éstos deben computarse desde el 03-08-2010 (fecha en que se produjo el daño) hasta su efectivo pago.

Los intereses moratorios constituyen un accesorio inherente a la deuda de la indemnización. En virtud de la índole y el alcance de la o bligación en cuestión, concluyo que deben computarse desde la fecha en que se produjo el perjuicio hasta la del pago efectivo. Ello porque se trata de reparar el daño que se exterioriza en esa oportunidad (CNCom, Sala B, in re: “Quilici, Irma c/ Ford Argentina SA” del 04-03-2005; Sala C, in re: “Montenegro, Ángel Miguel c/ González, Víctor Hugo y otra” 10- 12-1990, entre otros). Ergo, concuerdo con el criterio del a quo sobre el cómputo de los intereses.

V. Si mi criterio es compartido por mis distinguidas colegas, propongo -por los fundamentos enunciados- (i) desestimar las quejas de “ADT” formuladas en la presentación de fs. 691/701, (ii) confirmar la sentencia de fs. 661/669, (iii) imponer las costas de alzada a la recurrente vencida (art. 68 del CPr.). He concluido.

Por análogas razones las Dras. Díaz Cordero y Ballerini adhirieron a la conclusión propiciada por su distinguida colega. Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron las Sras. Jueces de Cámara Dras. Matilde E. Ballerini, María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero y Ana I. Piaggi. Es copia del original que corre a fs. 380/7 del Libro de Acuerdos Comerciales. Sala B.

JORGE DJIVARIS

SECRETARIO DE CÁMARA

Buenos Aires, 30 de mayo de 2016

Y VISTOS:

Por los fundamentos del Acuerdo que precede, se resuelve: desestimar las quejas de “ADT” formuladas en la presentación de fs. 691/701, confirmar la sentencia de fs. 661/669 e imponer las costas de alzada a la recurrente vencida (art. 68 del Cpr.).

Regístrese y notifíquese por Secretaría, en su caso, conforme Acordadas N° 31/11 y 38/13 CSJN y devuélvase. Oportunamente, cúmplase con la publicación a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN, según lo dispuesto en el art. 4 de la Acordada N° 15/13 CSJN.

MATILDE E. BALLERINI

MARÍA L. GÓMEZ ALONSO DE DÍAZ CORDERO

ANA I. PIAGGI