El uso de cámaras ocultas para acreditar la práctica de abortos clandestinos resulta una intromisión periodística ilegítima pues su uso es excepcional y no fue justificado.

Proteccion de datos personalesPartes: T. B. M. R. c/ América TV S.A. y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: M

Fecha: 21-mar-2016

Cita: MJ-JU-M-99559-AR | MJJ99559

El uso de cámaras ocultas para acreditar la práctica de abortos clandestinos resultó una intromisión periodística ilegítima pues su uso es excepcional y no fue justificado. Cuadro de rubros indemnizatorios.

cuadro
Sumario:

1.-Corresponde juzgar que el uso de la cámara oculta resultó injustificado pues no sólo la emboscada tendida al actor ha sido desproporcionada sino, además, fue seguida por una conclusión personal del periodista, quien dio por probados hechos y delitos, haciendo afirmaciones a partir de pruebas insuficientes y también realizó interpretaciones que no guardan relación con la situación de hecho efectivamente comprobada.

2.-El uso de cámaras ocultas a los fines de acreditar si en la clínica denunciada se practicaban abortos clandestinos resulta desproporcionado y consecuentemente la intromisión periodística resultó injustificada, pues le correspondía a la demandada acreditar alguna de las causas de justificación que desvirtúe la arbitrariedad de origen.

3.-Puesto que el medio periodístico no se mantuvo neutral ni fue prudente en mantener en reserva la identidad del presunto implicado, así como también se comprometió con una postura condenatoria sensacionalista que finalmente no resultó comprobada en sede judicial, corresponde revocar la sentencia y fallar que el uso de la cámara oculta resultó injustificado.

4.-Toda vez que el actor no era una persona pública, no le resultaba aplicable la tutela atenuada, característica de la real malicia; máxime siendo que en ningún momento se trató de preservar su imagen ya que se lo enfocaba directamente, permitiendo su inequívoca identificación.

5.-Sin perjuicio de que corresponde admitir una partida por el daño moral, no se encuentra probada la relación causal entre el hecho denunciado y la grave enfermedad experimentada por el actor que lo llevara a la muerte, por lo que el incremento solicitado es improcedente.

6.-Corresponde admitir la utilización de una cámara oculta en una investigación periodística, aún cuando no tenga por objeto la actuación de un funcionario público, si los ribetes del caso investigado justifican la invasión de la esfera privada del actor a los efectos de poner al desnudo graves hechos de interés público, a cuyo conocimiento sería difícil acceder de otro modo (de la disidencia de la Dra. Mabel De los Santos).

7.-Es improcedente condenar a la productora televisiva demandada a indemnizar al actor por la transmisión de un programa televisivo en el cual, a través de un cámara oculta, se difundió su imagen y se lo vinculó con la práctica de abortos en forma clandestina, pues, la trascendencia e interés público del tema denunciado justificó la intromisión en la esfera de intimidad del actor, más allá de que las informaciones hubieran o no sido veraces (de la disidencia de la Dra. Mabel De los Santos).

Fallo:

En Buenos Aires, a los 21 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, hallándose reunidas las señoras jueces de la Sala “M” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Dras. María Isabel Benavente, Elisa M. Diaz de Vivar y Mabel De los Santos a fin de pronunciarse en los autos “T. B., M. R. c/América TV S.A. y otro s/daños y perjuicios”, expediente n°68604/2011, a Dra. Benavente dijo:

I.- El 16 de septiembre de 2010, en la sección denominada “Documentos América” que se transmitió por América Noticias, 2da. Edición, se difundió una investigación periodística realizada a través de una cámara oculta. El título de la nota era “La clínica siniestra”. Se denunciaba que en un establecimiento asistencial de la localidad de José Mármol, a muy pocos metros de una comisaría de la zona, se realizaban abortos clandestinos desde hacía aproximadamente treinta años. Para ello, dos productores montaron una actuación para investigar los hechos. El sujeto comprometido era el Dr. T. B., a quien luego de filmar sin consentimiento ni advertencia previa, el periodista reveló que había quedado registrado mientras ofrecía sus servicios. Esta secuencia y la aseveración de que se realizaban prácticas abortivas ilícitas, fueron transmitidas el día mencionado en el noticiero de la tarde. T. B. promovió acción por daños y perjuicios contra el medio periodístico.

La sentencia de fs. 394/402 desestimó la demanda en todas sus partes, con costas a la parte actora. Apelaron por medio de apoderado los herederos de T. B. -fallecido durante la secuela del juicio- quienes expresaron sus quejas de fs.421/430.

II.- Con carácter previo, me parece importante despejar cuál es la norma que habrá de regir el caso.Al respecto, no obstante que el 1° de agosto de 2015 ha entrado en vigencia el Código Civil y Comercial, entiendo que los hechos que dieron origen al presente reclamo quedan gobernados por el Código Civil sustituido y las leyes complementarias que se encontraban vigentes al momento de la producción del hecho y de la difusión televisiva de la nota en cuestión.

En efecto, el art. 7° del Código Civil y Comercial reproduce -en lo sustancial y en lo que aquí interesa- el art. 3° del código derogado, según la modificación introducida en su momento por la ley 17.711. Tienen plena vigencia, entonces, los principios de irrectroactividad y de aplicación inmediata de la ley, en virtud de los cuales la nueva disposición se aplica hacia el futuro, pudiendo alcanzar los tramos de situaciones jurídicas que no se encuentran aprehendidas o alcanzadas por la noción de consumo jurídico. Estos conceptos, que fueron incorporados al referido art. 3º derogado, tuvieron como base la obra de Roubier. Dicho autor proponía distintas soluciones a fin de armonizar las exigencias de la seguridad jurídica con las reformas que expresan aquello que el legislador entiende como más representativo del valor justicia en un contexto histórico determinado. Estas respuestas equilibradas contribuyeron -sin duda- a que su obra fuera una referencia insoslayable en el tema (conf. ROUBIER, PAUL, Le droit transitoire (Conflicts des lois dans le temps), 2ª ed. Pariz, ed. Dalloz et Sirey, 1960, nro. 42, p. 198 y nro. 68, p. 334, citado por Kemelmajer de Carlucci, El artículo 7 del Código Civil y Comercial y los expedientes en trámite en los que no existe sentencia firme, La Ley Online AR/DOC/1330/2015).

Como se advierte, el límite a la aplicación inmediata de una nueva ley va a estar dado por la noción de los “hechos cumplidos”, pues aquélla podrá operar en tanto las consecuencias no se encuentren consolidadas con anterioridad a su entrada en vigencia.Por aplicación de los principios expuestos, la doctrina coincide en que la responsabilidad civil queda sometida a la ley vigente al momento del hecho antijurídico, aunque la nueva disposición rige -claro está- a las consecuencias que no se encuentran agotadas al momento de entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (conf. Kemelmajer de Carlucci, Aída “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, en Rubinzal Culzoni, Santa Fe. 2015, p. 101).

Por tanto, si los hechos ocurrieron antes del 16 de septiembre de 2010 -fecha en que se difundió la nota de investigación periodística- el caso habrá de regirse por la ley vigente con anterioridad al 1° de agosto de 2015.

III.- La situación que se presenta en el caso exhibe aristas muy complejas desde el punto de vista constitucional y enfrenta distintos valores que es preciso examinar a través de los métodos conocidos de interpretación de las leyes, especialmente aquellos más difundidos cuando están en juego derechos fundamentales de la envergadura de la libertad de dar y recibir información, la intimidad y el honor de las personas.

Al respecto, en reiteradas oportunidades la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que “la función primordial que cumple en toda sociedad moderna el periodismo, supone que ha de actuar con la más amplia libertad, pero el ejercicio del derecho a informar no puede extenderse en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales, entre los que se encuentran el de la integridad moral y el honor de las personas (conf. Fallos 308: 789; 315:645, entre muchos otros)”, límites que -por otra parte- constituyen también un enunciado del Pacto de San José de Costa Rica (art. 13, punto 2), incorporado a nuestro régimen constitucional a partir de la reforma de 1994 (conf. CSJN, “Locles, Roberto Jorge c.Arte Gráfico Editorial” del 10/08/2010, DFyP 2010 (octubre), 257).

No es dudoso que debe evitarse la obstrucción o entorpecimiento de la prensa libre y de sus funciones esenciales. Pero no puede considerarse tal la exigencia de que su desenvolvimiento resulte veraz, prudente y compatible con el resguardo de la dignidad individual de los ciudadanos. Estos conceptos pueden leerse también en sentencias de otros tribunales prestigiosos, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el Tribunal Constitucional español (TC) que, tras reconocer la posición especial que ocupa la libertad de información, no soslaya la importancia de tutelar otros derechos que también tienen la condición y rango de derechos fundamentales, como el derecho al honor, a la intimidad familiar y personal y a la propia imagen (STC 212000, del 31 de enero). Todos ellos, constituyen una prístina manifestación del valor constitucional de la dignidad humana, circunstancia que los coloca en la cúspide de los derechos subjetivos. Por cierto, ninguno es absoluto, extremo que genera muchas veces la ardua tarea de armonizarlos o compaginarlos de modo de respetar el núcleo esencial de todos ellos, sin desconocer ninguno (STC español 171/1990, Fj 5). Esta es, en otras palabras, la doctrina de nuestra Corte Federal (Fallos: 321:284 cuando señala que “el derecho a informar no escapa al sistema general de responsabilidad por los daños que su ejercicio pueda causar a terceros” (v. doctrina de Fallos: 316:1623). Los precedentes reseñados se citan generalmente para demostrar que no obstante la posición de libertad preferente que se acuerda a la de prensa (“preferred freedom”, en el derecho anglosajón), ello no implica la irresponsabilidad de los medios de difusión masiva o del periodismo por los actos ilícitos que puedan cometer en el ejercicio del derecho a informar o exponer públicamente sus ideas.Es que, más allá del estatus especial de la libertad de expresión e información que establecen los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, 13 del Pacto de San José de Costa Rica, 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y disposiciones concordantes del bloque de constitucionalidad federal, el derecho a la privacidad opera como un límite concreto a la libertad de informar, por lo que ésta cederá cuando se produzca una lesión en la esfera de intimidad personal o al honor de las personas (conf. Bazterra, Marcela I. “Derecho a la información vs. Derecho a la Intimidad”, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 2012, págs. 17 a 1. Para verificar si se está ante ese supuesto, primero debe determinarse si lo publicado afecta a la “sustancia” protegida por los artículos 18, 19 y 43, tercer párrafo, de la Constitución Nacional y normas concordantes de los tratados internacionales con igual jerarquía. De comprobarse la afectación, corresponderá examinar si la lesión al honor o a la intimidad está o no constitucionalmente justificada, esto es, si se trata del legítimo ejercicio del derecho a la libertad de información (conf. Bazterra, Marcela I. “Derecho a la información vs. Derecho a la Intimidad”, cit., págs. 17 ss.).

IV.- Las afectaciones a los derechos personalísimos exhiben una creciente sofisticación. En los últimos tiempos han surgido nuevas formas de intrusión en la intimidad de las personas que, además, tienen potencialidad de dañar otros derechos de la misma índole, como el honor y la imagen. Una de ellas se vincula con el empleo de la cámara oculta, frecuentemente utilizada por el denominado periodismo de denuncia o de investigación y que recibe una importante adhesión de la opinión pública porque suele ser una herramienta eficaz para desenmascarar casos de corrupción.Su éxito se encuentra estrechamente ligado con denuncias que son de interés del público y porque, además, muchas veces están vinculadas con la comisión de delitos o con cuestiones de relevancia institucional, aspectos éstos de innegable interés para la sociedad.

El periodismo de investigación, se distingue del resto de los géneros periodísticos por su vocación de desenmascaramiento o denuncia como así también por la crudeza con que a menudo abordan determinados temas (conf. Ponce Peñaranda, C.; Martínez Otero, J. y García Moliner, I., “La legitimidad y deontología del uso de cámaras ocultas en el periodismo”, RdNT, n.30, p. 23). Además, por supuesto, porque en muchos casos apela a la curiosidad y al morbo de las personas que aprecian la secuencia como si fuera una serie televisiva de espionaje o de acción. Para ello recurre a distintos métodos, algunos de los cuales son cuestionables, como es introducirse en un recinto privado, armar una emboscada al interlocutor a quien se presume involucrado en el hecho que se quiere denunciar, para luego filmarlo y grabarlo sin que se entere, a fin de generar una reacción espontánea. El resultado suele ser aplaudido por los oyentes, lectores o televidentes, pues insufla mayor credibilidad a la información. Generalmente, los periodistas o quienes colaboran en el armado de la investigación, se hacen pasar por potenciales víctimas de la estafa o, como ocurrió en el caso, por cómplices que van a pedir ayuda al médico a quien habrán de dejar en evidencia. Se graba o se filma la conversación con una cámara oculta para mostrar al público que los datos fueron obtenidos “de primera mano”, enervando -así- otro tipo de dilemas, tanto éticos como jurídicos, de los que ellos se desentienden, pero que sí nos preocupan a jueces y a la comunidad en general, cuando la persona engañada manifiesta haber sido burlada en sus derechos (conf. Chaparro Matamoros, Pedro “Responsabilidad por el uso indebido de la cámara oculta en el periodismo de investigación.Lesión de los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen”, LL 2014-F.79).

Estas situaciones prefabricadas por opiniones anónimas, cámaras ocultas, y otros medios por el estilo, han generado profundos cuestionamientos que, para algunos, deslegitiman este tipo de periodismo, al que se reprocha ser de dudosa constitucionalidad, por vulnerar el principio de inocencia (conf. Carlos Soria, “El Laberinto Informativo, una salida ética” Ed. EUNSA, Ediciones Universidad de Navarra S.A. Pamplona, año 1997). Sin embargo, el periodismo de investigación suele generar empatía en el público, en algunos casos por la valentía y, en otros, por la audacia con que ha sido llevada a cabo la investigación que, en los hechos -con prescindencia de cualquier valoración que se pudiere realiza- son más rápidos para desenmascarar delitos que aquellos procedimientos que transitan por los carriles regulares del procedimiento judicial. Estos son respetuosos de los principios de legalidad y de inocencia pero suelen ser lentos y, a veces, frustrantes porque no llegan a acumular las pruebas suficientes para que se dicte una resolución condenatoria. Es así que la actuación de los periodistas contrasta con la pesadez de los trámites judiciales. El público aplaude la condena social que se replica durante un tiempo en los medios de difusión, pero el público casi nunca se entera qué pasó en realidad y si la investigación y la conclusión alcanzadas -por caso, por el medio televisivo- correspondía a la verdad de los hechos. Esta situación genera un grave estado de indefensión en las personas a quienes la condena social estigmatiza -muchas veces sin razón- porque cambia las reglas de juego institucionales por las informales, en las cuales los periodistas o los medios se transforman en una suerte de súper jueces que tras realizar una interpretación libre de contenidos y de términos puramente jurídicos, buscan las pruebas que consideran relevantes -muchas veces insignificantes- y finalmente “condenan” apelando al sensacionalismo, con prescindencia de la verdad y de los mandatos constitucionales.Este problema, aunque con otras connotaciones, fue ampliamente analizado por la doctrina en sede penal. En ese ámbito se estudió qué valor cabe otorgar a la investigación de delitos probados por medios subrepticios -v.gr- cámaras ocultas, escuchas telefónicas o grabaciones no autorizadas. Las pruebas así obtenidas suelen ser calificadas como el “fruto del árbol envenenado” y los ordenamientos legales rechazan su valor para fundar una condena al acusado. Esa es la interpretación que ha realizado también nuestra Corte Suprema de Justicia (conf. CSJN, “Montenegro” Fallos: 303:1938; “Daray”, Fallos: 317:1985; “Rayford”, Fallos: 308:733). Se entiende, en general, que las pruebas obtenidas por medios ilícitos son nulas por vulnerar distintos principios constitucionales, como son los anteriormente referidos, criterio que se extiende no sólo a los asuntos penales sino también en materia civil (conf. CNCiv., Sala E, del 3-122012, LL 2013-C, p. 140). A contramano de la interpretación jurídica, desde el punto de vista sociológico, este método no provoca rechazo en la sociedad sino todo lo contrario. Es innegable, que este modo de ejercer el periodismo tiene una alta aptitud intrusiva (TC de España, sentencia 12/2012, 30 de enero de 2012, publicada en http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/24/pdfs/BOE-A-2012-2719.pdf) y, en palabras de un autor, “sería ingenuo ignorar cómo en la sociedad del espectáculo se produce un abuso de la cámara oculta para satisfacer nuevas formas de voyeurismo mediático en la obscenidad de lo clandestino. Su uso se convierte en el propio argumento informativo, sin importar lo escabroso del tema tratado ni la oportunidad de exhibirlo a través de la pantalla, o el grado de interés público que lo justificaría” (conf. Suárez Villegas, Juan Carlos, “El debate en torno a la utilización de la cámara oculta como técnica de investigación periodística”, publicado Comunicación y sociedad = Communication&Society, ISSN 0214-0039, ISSN-e 2174-0895, Vol. 24, Nº. 2, 2011, págs. 411-433, versión on line:http://dadun.unav.edu/handle/10171/27353). En ese caso, lo que se busca es obtener un producto audiovisual que cree espectáculo, que aumente la audiencia y en algunas ocasiones la frivolice (conf. Navarro Marchante, Vicente J., “Los reportajes periodísticos con cámara oculta: una revisión de la jurisprudencia española”, publicado en http://www.acoes.es/congresoXI/m1com.html).

No obstante lo expuesto, no todas las opiniones son negativas ni cabe descartar de plano -y en abstracto- la utilización válida de cámaras ocultas. En efecto, suele ser un recurso de innegable utilidad para acceder a información de especial trascendencia que de otra forma resultaría inaccesible. Imagínese, por caso, si dicha herramienta se emplea para comprobar situaciones de abuso o maltrato tanto infantil, como de personas enfermas o ancianas o bien casos de extorsión, como el resuelto por la Cámara Nacional de Casación Penal (conf. CNac.Casación Penal, sala 4, del 7/9/1999, LL 2000-D, p.259; Kemelmajer de Carlucci, Aída, “Las escuchas telefónicas en la experiencia judicial”, en Revista de Derecho Privado y Comunitario nº 14. Prueba II, Rubinzal Culzoni, Santa Fe 1997, p. 121 y nota nº 127, CNCrimyCorr., sala IV, ED 166-162). También muchos casos de corrupción pública en los que resulta muy difícil obtener pruebas directas han quedado al descubierto gracias a esta metodología. En esa línea, una parte de la doctrina y de la jurisprudencia suele distinguir entre el valor probatorio de las grabaciones realizadas con cámara oculta cuando la preparó la víctima, por una parte y, por otra, cuando proviene de una dependencia estatal o un tercero ajeno, como en el caso de la policía, o la autoridad pública en general (conf. CNCrimyCorr., sala IV, del 7-9-99 cit.; Caramelo, Gustavo D., “El fruto del árbol venenoso en el proceso civil”, LL 2013-C, 140). Muchas veces las víctimas sólo tienen este método para acreditar los hechos que las violentan o lastiman.En esa línea, el Tribunal Supremo español admite el uso de la cámara oculta, pero de forma muy condicionado. Sólo admite que es legítimo cuando lo justifique el interés público en el conocimiento de los hechos y ese medio sea imprescindible para obtener la información y, además, proporcionado para que la lesión de los derechos fundamentales sea la menor posible (TS, n. 1233/2009, del 16 de enero; n. 506/2009, del 6 de julio, entre otras). No se considera proporcionado cuando no se ha distorsionado la voz y no se ha difuminado la imagen de la persona involucrada. El Tribunal Constitucional de ese mismo país ha sido aún más enérgico en este punto. Así, tras destacar el efecto intrusivo que para los derechos de la personalidad tiene el periodismo de investigación, en la sentencia del 30 de enero de 2012, afirmó que “no podía prevalecer la libertad de información y ello no sólo porque el método utilizado para obtener la captación intrusiva -cámara oculta- en absoluto fuese necesario ni adecuado para el objetivo de la averiguación de la actividad desarrollada, para lo que hubiera bastado con realizar entrevistas a sus clientes sino, sobre todo -y en todo caso- porque tuviese o no relevancia pública lo investigado por el periodista, lo que está constitucionalmente prohibido es justamente la utilización del método mismo”. Se trataba en ese precedente de una periodista que fue contratada por un canal de televisión y se hizo pasar por una paciente. Acudió a una consulta con un esteticista y naturista, a quien filmó con una cámara oculta. La grabación fue cedida a un canal de televisión que la difundió en el marco de una nota periodística sobre la existencia de falsos profesionales. La interesada promovió demanda pero perdió el juicio en primera y segunda instancia. El Tribunal Supremo revocó e hizo lugar a la acción.El Tribunal Constitucional, en tanto, desestimó el recurso por considerar configurada la infracción al derecho a la intimidad por no mediar consentimiento expreso a la intromisión. La sentencia tiene aspectos en común con otra del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que advirtió sobre los peligros del uso derivado de la tecnología por su invasión en la esfera privada y sobre la necesidad de reforzar la vigilancia en la protección (conf. SSTEDH de 24 de junio de 2004, Von Hannover c. Alemania, §68).

V.- Como puede verse, no son pocos los dilemas que surgen a partir del empleo de cámaras ocultas, pero prevalece siempre el principio según el cual el fin no justifica los medios. En tales condiciones, habrá que preguntarse en cada caso si la cuestión involucrada justi fica sacrificar los intereses individuales protegidos constitucionalmente, utilizando para ello un método intrusivo. Es problemático determinar cuál es la medida correcta de la intrusión.

En nuestra jurisprudencia los precedentes no son uniformes. Esta misma Cámara exhibe fallos antagónicos. Por un lado, la Sala L resolvió hacer lugar a la acción resarcitoria intentada contra el medio televisivo por la transmisión de un video filmado con cámara oculta, en el que se difundió el retrato de una persona por entender que se configuró una violación al derecho a la imagen, al honor y a la intimidad del damnificado y un ejercicio irresponsable de la libertad de expresión en tanto que la voz y la imagen fueron obtenidas mediante engaño y eran prescindibles para la investigación que se estaba realizando. Por su parte, la Sala H, en una causa en que estaban en juego irregularidades en la exportación de residuos tóxicos, desestimó la demanda, por entender que el interés público comprometido justificó la invasión al derecho a la intimidad en los términos del art. 1071 bis. (conf. “Aguirre c / Artear”, del 3-11-2009, RCyS 2010-IV, p.174). Este último precedente fue cuestionado, entre otros, por Zavala de González, quien consideró que los particulares no pueden entrometerse en la intimidad ajena de manera irrestricta, ni aún cuando se trate de medios de comunicación masiva, porque ello importa erigirlos en jueces o fiscales de la vida de los ciudadanos (conf. Zavala de González, Matilde, “Tratado de daños a las personas. Daños a la dignidad”, 1º ed. Astrea, Bs.As. 2011, t. 1, p. 507). Años más tarde, esa misma Sala, con el voto preopinante del Dr. Kiper, resolvió en forma favorable el pedido de los daños y perjuicios promovido por un grupo de médicos a quienes también se les había realizado una cámara oculta, destacando las diferencias con su propio precedente (CNCiv., Sala H, del 3-10-13, “Boston Medical Group c/ Arte Radiotelevisivo argentino”, LL 2013-E, p. 433). También la Sala I de este Tribunal se inclinó por soluciones distintas en sendos juicios y distinguió las particularidades de cada uno de los casos (conf. CNCiv., Sala I, 71762/2008 y 70879/2007, “M., A. A. c/ AMERICA TV y otros s/ daños y perjuicios; B., F. J. c/ AMERICA TV y otros s/ daños y perjuicios”, del 4-3-15 y “B., J. L. c/ América TV SA y otro s/ daños y perjuicios”, del 2-6-15).

Pese a las dificultades que suscitan las respuestas a los interrogantes planteados, pienso que no cabe descartar a priori la utilización de la cámara oculta, y mucho menos impedir el ejercicio del llamado periodismo de investigación -que, por cierto, no se identifica exclusivamente con el uso de cámaras ocultas (conf. Carrillo, Marc “Stop a la cámara oculta”, cit. en el voto de la Dra. Castro, CNCiv., Sala I, M., A. A. c/ AMERICA TV y otros s/ daños y perjuicios; B., F. J. c/ AMERICA TV y otros s/ daños y perjuicios”cit.), porque existen situaciones de excepción que justifican el empleo de esta metodología.Destaco especialmente su carácter excepcional porque si se parte de la base de que se trata de una grabación subrepticia, clandestina, oculta, encubierta o ilegal, puede no afirmarse que su resultado -por loable que pueda considerarse su propósito- pueda alcanzarse en base a la vulneración de derechos fundamentales. Sacar a la luz un delito no justifica la violación de prerrogativas ajenas, concepto elemental dentro de un estado de derecho.

Por tanto, reitero, habrá que ver caso por caso y en qué situaciones es admisible el empleo de este tipo de tecnología. Entiendo que esta postura es la que debe observarse porque no se trata de buscar absolutos sino de distinguir, según las circunstancias y los bienes jurídicos involucrados, en qué supuestos se trata de una intromisión arbitraria y se han violado derechos personalísimos y en qué otros la intromisión de la prensa no resulta arbitraria sino justificada. Al respecto, se han proporcionado distintas pautas para habilitar el uso de cámaras ocultas en ámbitos privados, siempre tomando en consideración su carácter excepcional (conf. Nisnevich, Alejandro D., “La cámara oculta. Su valor probatorio y límites dentro del proceso civil”, RCyS, 2013-VII, 162).

VI.- En el caso, la cuestión que se debate en estas actuaciones es delicada. Sin embargo, a mi modo de ver, es posible hacer una lectura objetiva y desapasionada de los hechos a efectos de analizar si se presentan los supuestos de excepción a los que hice anteriormente referencia, de modo tal que permitan concluir si la afectación de la intimidad constituye -o no- una intromisión injustificada.

Del video ofrecido como prueba se desprende que dos productores de la demandada se presentaron en el inmueble en el que funciona la clínica y fingieron ir a informarse sobre la posibilidad de realizar un aborto. Lo que más llamó la atención de los periodistas era la cercanía de ese establecimiento con la comisaría local.A partir de una frase dicha por el actor, se infirió que existiría connivencia entre la policía y los médicos que cometían este tipo de prácticas. La filmación fue realizada en dos momentos. En una primera cita puede verse a una persona -cuya fisonomía es difusa- con quien se hizo el primer contacto. Este sujeto dijo ser médico, con especialidad en clínica médica. Y aun cuando despejó las dudas que le presentaban los falsos pacientes, los derivó a otro médico, precisamente el actor, quien sería el encargado de practicar el aborto. En un segundo momento se consuma el ardid, pues la joven y su presunto novio se dirigieron a la clínica a entrevistarse con el Dr. T. B., cuya imagen se puede ver claramente, a diferencia de la anterior. Nadie niega que se trate de este último. T. B. fue sorprendido por un periodista y un grupo de personas -aparentemente productores y camarógrafos- que comenzaron a hacerle preguntas y a decirle que fue filmado acordando la realización de un aborto por la suma de $1.000. En la filmación se puede ver claramente a un confundido T. B. diciendo expresamente -contrariamente a lo que se dice en la demanda y se reitera en las quejas- que la interrupción del embarazo debía “salir bien” porque era “un delito”. No habló de la suma que habría de cobrar, aunque sí lo hizo el interlocutor que lo precedió y que se presentó como médico clínico. Y si bien no dijo que aceptaba concretamente el pedido que formulaban los jóvenes, en el contexto en que ocurrieron los hechos, todo parece indicar que no estaba molesto por la propuesta, ni mucho menos que la rehusó. Ni siquiera se sorprendió por las preguntas que aquéllos le fueron formulando.

Cuando periodistas, camarógrafos y productores irrumpieron en el lugar, no había nadie. Solamente el médico y el personal que llevó adelante la filmación.La nota se hizo sobre la base de conclusiones de quien llevaba la voz cantante, acusaciones directas, preguntas y reproches condenatorios contra el médico a quien se le decía que había sido filmado por una cámara oculta. También se pueden ver las negativas formuladas por el actor. Una gran confusión, cargada de preguntas e interpelaciones sobre por qué razón concurrían mujeres jóvenes al lugar sino era para practicarse abortos voluntarios, extremo que nunca fue reconocido. No se vio a ninguna persona, mujer ni varón, entrar ni salir de la clínica. Sin embargo, en esa suerte de allanamiento privado y espontáneo se recorrieron las instalaciones -por cierto, muy deterioradas y con evidente falta de aseo- pero no se encontró ningún indicio que revele que la clínica estaba preparada para realizar abortos clandestinos. Una vez franqueada la puerta, el recorrido por el lugar parecía más propio de la ejecución de una orden judicial que de periodistas que habrían de transmitir, en un canal de aire, un documento con el que se buscaba abiertamente la condena social de quienes trabajaban en la clínica. La acusación continuó en la comisaría ubicada a escasos metros. Se interpeló a un agente a quien también se acusó, esta vez, de ser cómplice del médico que supuestamente practicaba los abortos. Promovida la acción penal, no se encontró una sola prueba que pudiera incriminar al fallecido actor.

En efecto, a raíz del hecho, el comisario titular de la unidad en la que se presentaron los periodistas dio inmediata intervención a la Unidad Funcional de Instrucción Nº10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Luego de hacer un relevamiento del lugar, se ubicaron doce testigos de la zona. Solamente dos de ellos -los que declararon a fs. 22 y mantuvieron en reserva su identidad- dijeron que tenían conocimiento de que en la clínica se practicaban abortos y que había prácticas irregulares, aunque nadie los interrogó siquiera sobre la razón de sus dichos.El resto de los testigos desconocieron totalmente los hechos sobre los cuales se los interrogaba. Esta falencia probatoria determinó que en sede penal se desestimara sin más trámite la denuncia (ver copia de fs.380). Por supuesto, no se trata de un supuesto de prejudicialidad respecto de la acción aquí intentada, ni tampoco existe formal interferencia entre la sentencia penal y el resultado de este juicio.

Recuerdo una vez más que en estos autos no se procura investigar si se realizaban o no abortos clandestinos, sino que el objeto de análisis es bien distinto: se trata de examinar si el método utilizado en el caso concreto ha sido proporcionado y si la intromisión -es innegable que lo fue- puede considerarse justificada. Y desde esta perspectiva, es claro para mí que el método no reúne esas características porque los hechos pudieron ser acreditados -de haber sido ciertos- por cualquier otro modo y acudiendo a otro tipo de procedimientos.

Pero no sólo la emboscada tendida al actor ha sido, a mi juicio, desproporcionada sino, además, fue seguida por una conclusión personal del periodista. Dio por probados hechos y delitos, haciendo afirmaciones a partir de pruebas insuficientes -v.gr. que iban sólo mujeres jóvenes a la clíni ca a practicarse abortos, cuando no había nadie allí en ese momento. También realizó interpretaciones que no guardan relación con la situación de hecho efectivamente comprobada. Por tanto, es inequívoco que el medio periodístico hizo suya la noticia, difundió como propia la versión del testigo de identidad oculta -que no se sabe si efectivamente es quien dijo ser- y realizó sus personales interpretaciones sobre la actividad de la clínica, a la que calificó como “siniestra” en el título de la nota.De modo que el medio periodístico no se mantuvo neutral ni fue prudente en mantener en reserva la identidad del presunto implicado, como así tampoco tomó los recaudos que sí utilizó con el primer entrevistado, sino que se comprometió con una postura condenatoria -sensacionalista, por cierto- que finalmente no resultó comprobada en sede judicial. Esta circunstancia, por sí misma y con prescindencia del medio elegido -cámara oculta- hubiera resultado en este caso suficiente para fundar una sentencia condenatoria, en cualquier otro caso en que se tratara de daños cometidos por medio de la prensa en perjuicio del honor de las personas.

Es que, en este caso, el medio periodístico no podría ampararse en la doctrina de la “actual malice”, elaborada por la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica a partir del tantas veces recordado caso “New York Times vs. Sullivan” (376 US.254-1964). Esta postula una protección atenuada de los funcionarios públicos cuando se discuten temas de interés público en comparación a la que se brinda a los simples particulares.

Su formulación -según el más alto tribunal nacional- se resume en la exculpación de los periodistas acusados criminalmente o “procesados” civilmente por daños y perjuicios causados por informaciones falsas, poniendo a cargo de los querellantes o demandantes la prueba de que las informaciones falsas lo fueron “con conocimiento de que eran falsas o con imprudente y notoria despreocupación sobre si eran o no falsas” (Fallos 314:1524). Su ámbito de aplicación está circunscripto a los agravios inferidos a un funcionario del gobierno, a una figura pública o un particular involucrado en temas institucionales o de relevante interés público. Este no es el caso de T B. No se trataba de un personaje público y, por ende, no era aplicable aquí la tutela atenuada, característica de la real malicia (Fallos 308:789; 315:645, entre muchos otros; 320:1272 ; 327:943 ). De modo que el medio tiene que responder cuando difunde información que puede rozar la reputación de cualquier persona, sin atribuir directamente su contenido a la fuente pertinente, cuando no ha utilizado un tiempo de verbo potencial ni dejando en reserva la identidad de los implicados (CS in re “C., J. C. c/ La Razón, Crónica y Diario Popular” del 15 de mayo de 1986 en Fallos 308:389).

Mucho menos se trató de preservar la imagen del afectado. Antes bien, enfocaba directamente a la persona y al consultorio, permitiendo la inequívoca identificación de su autor. En un precedente en el que se trató el daño producido por cámaras ocultas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que si el punto de partida era el interés superior que tenía para la comunidad toda la noticia, la demandada debió acreditar también la imposibilidad de vincular los hechos delictivos denunciados con la necesidad de emplear una cámara oculta, a fin de privilegiar la difusión de la imagen por sobre el honor o los derechos personalísimos de las personas que aparecen implicadas (conf. B.343.XLII. “Barrantes, Juan Martín, Molinas de Barrantes, Teresa-TEA SRL c/ Arte Radiotelevisivo Argentino SA”, del 1º de agosto de 2013). En la especie, no se cumplieron esos recaudos y tampoco se probó que el empleo del medio elegido estuviera debidamente motivado pues, insisto, su utilización es de carácter excepcional por su alta potencialidad intrusiva.

En síntesis. Más allá de si en la filmación T. B. dijo o no lo que se escucha con claridad en el audio, si se adulteró o no la filmación -como se insinúa en la demanda y se reitera en las quejas- lo cierto es que la metodología utilizada constituyó una intromisión ilegítima (art. 1071 bis del Código Civil y actual art.1770 del CCyC), en la medida que no se probó ninguna causa de justificación que desvirtúe la arbitrariedad de origen, carga que, por supuesto, incumbía acreditar a la demandada.

Por tanto, a mi juicio, la sentencia debe ser revocada.

VII.- El actor reclamó el daño moral que le fue causado por la violación de los derechos personalísimos. Como falleció durante la secuela del juicio, tomaron intervención sus herederos. Al respecto el art. 1099 CC, establece que “si se tratase de delitos que no hubiesen causado sino agravio moral, como las injurias o la difamación, la acción civil no pasa a los herederos y sucesores universales, sino cuando hubiese sido entablada por el difunto”. La solución del código actualmente vigente es similar (art. 1741 “in fine” CCyC). En razón de ello, los herederos tienen legitimación activa para reclamar iure hereditatis el daño extrapatrimonial sólo cuando la acción ha sido entablada en vida por el causante damnificado. Por el contrario, si quien fallece no hubiera iniciado la acción en vida, su pretensión no se transmite a los herederos, por lo cual éstos carecen de legitimación activa para efectuar tal reclamo (conf. Zavala de González, M. “Resarcimiento de daños. Daños a los automotores”, pág. 156, t° 2 b, págs. 99/100). En su momento, esta ha sido la solución de la Cámara Civil en pleno, al establecer como doctrina legal obligatoria que la acción en curso por reparación del daño moral puede ser continuada por los herederos de la víctima (“in re” “Lanzillo c/Fernández Narvaja”, del 7-3-77, en ED 72-320).

En la especie, el actor demandó solamente el daño moral que le fue causado por la violación a sus derechos personalísimos, de modo que sus herederos están legitimados para continuar la acción (iure hereditatis). Este menoscabo aparece configurado in re ipsa loquitur, por la sola existencia del hecho antijurídico (ver voto del Dr.Calatayud, en CNCiv., Sala E, del 27-11-2006, V. C., C. A. y otros c. Editorial Médica Panamericana S.A. y otros).

No encuentro probada la relación causal entre este hecho y la grave enfermedad experimentada por el actor -que lo llevó a la muerte- de modo que no tendré en cuenta ese elemento para incrementar el monto de esta partida (art. 377 CPCCN).

En lo que hace al quantum en sí mismo, deben ponderarse diversos factores, entre los que merecen ser citados, a modo de ejemplo, las circunstancias en que tuvo lugar el hecho antijurídico, su gravedad y las condiciones particulares de la víctima, etc., factores todos que quedan librados al prudente arbitrio judicial (conf. CNCiv. Sala “B” en E.D. 57-455; Sala “D” en E.D. 43-740; ídem, Sala E, causas 19.073 del 13-3-86 y 124.140 del 16-11-94). El daño moral puede “medirse” en la suma de dinero equivalente para utilizarla y afectarla a actividades, quehaceres o tareas que proporcionen gozo, satisfacciones, distracciones y esparcimiento que mitiguen el padecimiento extrapatrimonial sufrido por la víctima (Galdós, Jorge M., “Breve apostilla sobre el daño moral (como “precio del consuelo”) y la Corte Nacional”, RCyS, noviembre de 2011, p. 259).

Desde la perspectiva apuntada, teniendo en cuenta la situación que se ha planteado en el caso, juzgo prudente fijar por este concepto la suma de $50.000 (art. 165 CPCCN), con más sus intereses. Como la suma se fija a valores actuales, los réditos serán liquidados desde la emisión del programa y hasta la presente a la tasa del 8% anual y a partir de ahí, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual a treinta días del Banco de la Nación Argentina, prevista en la doctrina plenaria prevista en la doctrina plenaria “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta SA s/ daños y perjuicios” del día 20 de abril de 2009, desde la fecha del hecho y hasta el efectivo pago.VIII.- Por lo expuesto, propongo al Acuerdo revocar la sentencia y hacer lugar a la demanda. De compartirse, fijar en concepto de indemnización la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000), con más sus intereses, los que serán liquidados según lo expuesto precedentemente. En su mérito, las costas de ambas instancias deberán imponerse a la demandada que resulta vencida, pues no encuentro mérito para apararme del criterio objetivo de la derrota que en la materia establece el art. 68, primera parte, del Código Procesal.

La Dra. Elisa M. Diaz de Vivar adhieren por análogas consideraciones al voto precedente.

Disidencia de la Dra. De los Santos dijo:

Debo disentir de la solución dada al caso por mis distinguidas colegas, quienes me precedieron en el análisis de la causa. A los fines de explicitar mi punto de vista no puedo soslayar que la cuestión que es materia de debate ha generado pronunciamientos dispares en tribunales nacionales y extranjeros, lo que obedece, en gran medida, a la necesidad de ponderar las peculiaridades de cada caso (conf. CSJN, 27/8/2013, “B., H.G. c. América TV SA y otros”, LL 2013-E, 270; ídem., 26/3/2013, “Moslares, J. c. Diario La Arena y otros”, con nota de Diego M. Fissore, Cita Online: AR/JUR/185/2013; CNCiv., sala I, 2/6/2015, LL 31/7/2015, LL 2015-D, 250, Cita Online: AR/JUR/18360/2015, entre otros). Tal circunstancia impide elaborar fórmulas generales y abstractas para dar solución al conflicto que plantea la colisión de dos derechos fundamentales: por un lado la libertad de prensa que ampara la labor de la accionada y por el otro el derecho a la intimidad, la imagen y al honor, invocados en la demanda por el médico actor.Como he sostenido en anteriores trabajos y fallos sobre el tema, no cabe duda que la denominada libertad de expresión e información ha recibido tratamiento legislativo jerarquizado en la prohibición de la censura previa, por tratarse de un instrumento ind ispensable para consolidar las restantes libertades en cuestiones que son de interés común. El fundamento de la libertad de prensa, que abarca las de expresión e información, se vincula a las cuestiones de interés común del ciudadano en materia judicial, política, legislativa o administrativa del Estado (conf. De los Santos, M., “El caso “J.V.”, paradigma de la tutela preventiva”, ED 205-761) y en cuanto hace también al derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación y el derecho a elecciones libres. Sin embargo, considero que en modo alguno ha de prevalecer en todos los casos, pues no es concebible una jerarquía axiológica abstracta entre los derechos fundamentales. Necesariamente es el juez quien debe determinar, con arreglo a las peculiaridades de cada caso, qué derecho prevalece o como se compatibilizan las libertades que consagra la ley fundamental en cada caso particular.

Cuando los derechos fundamentales entran en tensión o interfieren entre sí se han propuesto diferentes vías de solución para el intérprete, a saber:a) la teoría de la jerarquía, conforme la cual existiría una tabla jerárquica abstracta y apriorística, como la que utiliza la Corte Suprema de los Estados Unidos cuando alude a las “prefered freedoms”, b) la teoría del balanceo o la ponderación de bienes, que confía al juicio del operador para que resuelva en cada caso cuál es el peso, importancia o prevalencia que cabe reconocer a los principios o derechos y, finalmente, como reacción a ambas y c) la teoría del “contenido esencial”, que sostiene que el proceder adecuado para resolver el aparente conflicto radica en la delimitación adecuada del contenido de los derechos invocados, para así poder concluir cual entra realmente en juego y cual no en la solución del caso (conf. Vigo, Rodolfo, Los principios jurídicos, Depalma, Bs. As. 2000, pág. 179/187). Esta última teoría permite no sacrificar ningún derecho fundamental y conduce a analizar de modo tópico su aplicación, conforme su contenido esencial.

En el caso el medio periodístico se encontraba realizando averiguaciones relativas a la práctica de abortos en una clínica, investigación en la que subyace un interés o preocupación primordial de la sociedad, en tanto se vincula con la determinación de la existencia de un delito y con la salubridad de la población. En ese sentido, resulta necesario remarcar el plano destacado que adquiere el derecho a la libertad de expresión cuando su ejercicio se relaciona con cuestiones de interés público. Así pues, ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la Ley Suprema confiere al derecho a dar y recibir información una especial relevancia, que se hace aún más evidente cuando se trata de la difusión de asuntos atinentes a la cosa pública o que tengan trascendencia para el interés general (Fallos:316:1623). Por lo expuesto comparto el criterio jurisprudencial que establece que corresponde admitir la utilización de una cámara oculta en una investigación periodística, aún cuando no tenga por objeto la actuación de un funcionario público, si los ribetes del caso investigado justifican la invasión de la esfera privada del actor a los efectos de poner al desnudo graves hechos de interés público, a cuyo conocimiento sería difícil acceder de otro modo. Sobre esa base se ha sostenido en un fallo que es improcedente condenar a la productora televisiva demandada a indemnizar al actor por la transmisión de un programa televisivo en el cual, a través de un cámara oculta, se difundió su imagen y se lo vinculó con la venta ilegal de armas y con una sociedad dedicada a violar las leyes del medio ambiente, pues, la trascendencia e interés público del tema denunciado justificó la intromisión en la esfera de intimidad del actor, más allá de que las informaciones hubieran o no sido veraces (conf. CNCiv., sala H, 3/11/2009, “A., A.M. c. Artear SA y otros”, RCyS 2010-IV, 174, con nota de Fernando Tomeo, DF y P 2010 (marzo) con nota de Ma. Isabel Benavente, AR/JUR/47976/2009).

Cabe acotar que si bien en sede penal la Fiscal dispuso el archivo de las actuaciones, los empleados judiciales que se constituyeron en el lugar se entrevistaron con varios vecinos linderos, informando una de las entrevistadas que en la clínica siempre se habían observado movimientos extraños, que no conocía a ningún vecino que se haya hecho atender allí, destacando que dado que uno de los médicos era vecino del lugar, se negó a aportar más datos por temor a represalias.Otra vecina, tampoco identificada, indicó conocer por comentarios del barrio que en ese lugar se practicaban abortos, que no conocía a nadie que se hubiera atendido allí e indicó el nombre de un ginecólogo, el aquí actor, quien viviría en la parte alta de la casa y de otro médico, quien tendría su domicilio a la vuelta, sobre Blasco Ibáñez. Otro vecino indicó, concordantemente, que a ese domicilio iban sólo mujeres y que sabía por comentarios que se practicaban abortos, pero se negó a aportar más datos por tener “miedo de su integridad física” (v. fs. 351 y 351/vta.). Del allanamiento y secuestro ordenado resultó que sólo se incautaron dos sellos y una escopeta de dos caños.

De conformidad con lo reseñado, aún aceptando que en sede penal no pudo acreditarse la comisión del delito imputado ni la autoría, conforme las reglas que rigen dicho juzgamiento, resulta innegable que existían razones para realizar la investigación, que justifican la intromisión en el consultorio médico del actor y la filmación de su imagen. Tampoco puedo soslayar que de la filmación realizada mediante la cámara oculta y reconocida por T., resulta que el actor atendió la consulta de una pareja de jóvenes y se mostró de acuerdo en llevar a cabo la práctica ilícita, señalando que él era el mayor interesado en que no hubiese ningún problema y todo saliera bien, pues “esto no es legal” (mín. 14:48 de la videograbación reservada en Secretaría), agregando “tiene que salir bien sí o sí, sino vamos todos presos” (min. 14:54), como bien destaca el Sr. Juez “a quo” en la sentencia recurrida.

Ante ello considero improcedente admitir cualquier pretensión resarcitoria del honor del actor pues la investigación y el método usado se encontraban justificados para desenmascarar prácticas delictivas y riesgosas para la salud pública, cuya inexistencia no ha sido debidamente esclarecida en sede penal ni en este proceso.Adviértase que no existió sentencia absolutoria por inexistencia del delito o falta de autoría del imputado, sino un mero archivo de la denuncia por parte de la Fiscal interviniente (v. fs. 380/vta.).

No ignoro que el Tribunal Constitucional español ha calificado a la cámara oculta como un medio con especial capacidad intrusiva (sentencia 12/2012, 30 de enero de 2012, publicada en http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/24/pdfs/BOE-A2012-2719.pdf). Sin duda es útil para acceder la “demostración” de situaciones o actos ilícitos a los que difícilmente se pueda acceder de otro modo y por ello constituye una herramienta sumamente útil para el periodismo de investigación en circunstancias como la denunciada en autos, que involucraba protección policial. Al respecto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha subrayado que en la elección de los medios referidos, la libertad reconocida a los periodistas no está exenta de límites, y que en ningún caso pueden considerarse legítimas aquellas técnicas que invaden derechos protegidos, ni aquellos métodos que vulneren las exigencias de la ética periodística en cuanto a la solvencia y objetividad del contenido informativo (SSTEDH de 18 de enero de 2011, MGN Limited c. Reino Unido, § 141; y de 10 de mayo de 2011, Mosley c. Reino Unido, § 113)” (cfr. sentencia y su publicación oficial antes citadas). Sin embargo, también el citado tribunal ha entendido que el uso de métodos con aptitud para lesionar los derechos a la privacidad y a la propia imagen resultan legítimos si la captación intrusiva -la llamada cámara oculta- fuese necesaria y adecuada para el objetivo de la averiguación de la actividad desarrollada (conf. Villaverde Menéndez, Ignacio, “A propósito de la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el empleo de ‘cámaras ocultas'” 1ISSN: 1988-2629. Derecom, N° 10. Junio-Agosto, 2012, file:///C:Users/PJN/Downloads/DialnetPropositoDeLaRecienteJurispr udenciaDelTribunalCon-4331479.pdf). Y en mi opinión, tal es la situación que resulta de la prueba aquí producida respecto de las circunstancias que rodeaban el caso.Por lo expuesto, voto por confirmar la sentencia dictada en primera instancia.

Con lo que terminó el acto, firmando las señoras jueces por ante mi que doy fe. Fdo: María Isabel Benavente, Elisa M. Diaz de Vivar, Mabel De los Santos (en disidencia). Ante mí, María Laura Viani (Secretaria). Lo transcripto es copia fiel de su original que obra en el libro de la Sala. Conste.

MARIA LAURA VIANI

Buenos Aires, marzo de 2016.

Y Visto:

Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedente, el Tribunal Resuelve: 1) Revocar la sentencia de grado y hacer lugar a la demanda. En consecuencia fijar en concepto de indemnización la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000), con más sus intereses, los que serán liquidados según lo expuesto precedentemente. 2) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada que resulta vencida (art. 68, primera parte, del Código Procesal).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARIA ISABEL BENAVENTE

ELISA M. DIAZ de VIVAR

MABEL DE LOS SANTOS

(en disidencia)

MARIA LAURA VIANI