Rechazo de la acción de simulación y fraude iniciada por la actora contra su ex cónyuge, al encontrarse vencido el plazo bienal de prescripción.

divorcioPartes: León María de los Ángeles c/ Pomes Luis María y otros s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 19-may-2016

Cita: MJ-JU-M-99405-AR | MJJ99405 | MJJ99405

Rechazo de la acción de simulación y fraude iniciada por la actora contra su ex cónyuge, al encontrarse vencido el plazo bienal de prescripción.

Sumario:

1.-Corresponde considerar prescripta la acción de simulación ejercitada por la actora contra su ex esposo en forma conjunta con la de fraude pues, siendo aplicable el plazo previsto en el art. 4030 del CCiv., debe considerárselo vencido a la fecha de promoción de la demanda pues está acreditado que en fecha anterior tuvo certeza y cabal y pleno conocimiento de los hechos relatados, en tanto conocía las maniobras desplegadas por el accionado.

2.-El plazo de prescripción establecido en el art. 4030 del CCiv. es aplicable a la acción mediante la cual se pretende la anulación de un acto por simulación o, en su defecto, por fraude iniciada por la actora contra su ex cónyuge, ya que la incorporación de bienes al patrimonio conyugal sería una mera consecuencia secundaria de la admisión de la demanda, y si bien ésta es la finalidad última tenida en miras, ello no permite apartarse en forma antojadiza e irregular de las normas aplicables.

3.-El punto de partida para el cómputo del plazo bienal de prescripción liberatoria previsto por el art. 4030 del CCiv., aplicable cuando la acción de simulación es intentada por un tercero, lo es desde que éste tomó conocimiento cierto y cabal de su carácter ficticio, sin que a tal fin basten las simples sospechas.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 19 días del mes de mayo de dos mil dieciséis, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos “LEON MARIA DE LOS ANGELES C/POMES LUIS MARIA Y OTROS S/ORDINARIO”, Expediente N° COM 29.771/2009, en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Barreiro, Ojea Quintana y Tevez.

La doctora Alejandra N. Tevez no interviene en este Acuerdo por encontrarse en uso de licencia.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 1020/1027?

A. El Sr. Juez de Cámara Dr. Rafael F. Barreiro dice:

I. Los hechos Presentaré, resumidas, las posiciones sostenidas por los sujetos procesales intervinientes en la causa y las aristas dirimentes del conflicto suscitado que estimo útiles para su elucidación (CSJN, Fallos 228:279 y 243:563).

1. A fs. 4/17 la Sra. MARÍA DE LOS ÁNGELES LEÓN promovió acción de fraude y simulación contra Luís María Pomés, Automotores Chascomús SA, Pumex Investments SA y General Motors de Argentina SA a fin de que se declare la titularidad ganancial de un crédito directamente percibido por el demandado de $ 3.000.000 y se condene a las restantes accionadas a abonar la mitad de dicho importe.

Sostuvo que Automotores Chascomús SA operó como concesionaria de General Motors SA durante la vigencia de su matrimonio con el Sr.Pomés, y que fue durante este lapso que tuvo lugar la ruptura del contrato y el pago de la indemnización en poder de Pomes.

Adujo que el demandado percibió -en forma personal y directauna indemnización de $ 5.200.000 en el marco de una acción por daños y perjuicios por resolución intempestiva de contrato de concesión promovida contra GMA.

Expuso los términos del acuerdo transaccional y dijo que los $ 3.000.00 que debían destinarse al patrimonio de Automotores Chascomús SA nunca ingresaron, sino que fueron a parar al patrimonio personal del Sr. Pomés, por lo cual le correspondía la mitad de esa suma.

Afirmó que: el cheque fue recibido por el Sr. Pomés, que Automotores Chascomús no llevaba contabilidad, los montos percibidos fueron entregados al Sr. Pérez Montero a fin de comprar bonos en el exterior y para luego desaparecer deliberadamente en una intrincada red financiera.

Aclaró que dichas sumas jamás fueron declaradas ante AFIP como de titularidad de Automotores Chascomús (AC).

Planteó que de acuerdo a la declaración del contador Ángel Pruzzo surge que AC no tiene giro comercial desde hace añares.

Informó que, de la labor llevada a cabo por el veedor Martinez en la medida cautelar, se constata que AC no llevaba libros contables y societarios ni presentaba sus declaraciones juradas ante el ente recaudador; y que los $ 3.000.000 fueron depositados en el Banco de Valores SA en la cuenta de la sociedad anónima Transacciones Sociedad de Bolsa, quien informó que ellos fueron destinados a la compra de 3.278.688 bonos globales República Argentina V. 2008 por instrucciones del Sr. Pérez Montero.

Describió la intrincada relación que ligaba a Automotores Chascomús SA con Pumex Investments SA -controlada y controlante-, y citó cierto reconocimiento de las herederas del Sr.Carlos María Peltzer donde negaban que su padre haya revestido la calidad de accionista de Pumex -tal como surgía de las escrituras de constitución-.

Insistió en que el único titular de las acciones de Pumex y de AC era el Sr. Pomés.

Alegó que GMA debió participar del ilícito en forma necesaria por no haber tomado los recaudos mínimos necesarios para proceder al pago, dado que su ex marido cobró la suma sin ser presidente de AC por no estar inscripto en tal carácter de acuerdo al art. 60 LSC.

Sostuvo que se utilizaron interpósitas personas para actuar en fraude a la ley y que resultó aplicable el art. 54 y ss. de la ley 19550, así como también los arts. 955 y 1298 CCiv.

Fundó en derecho y ofreció prueba.

2. A fs. 200/221 se presentó el Sr. Pomés y contestó demanda solicitando su íntegro rechazo con costas.

Opuso excepción de prescripción en los términos del art. 346 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Afirmó que la separación de hecho con la Sra. León tuvo lugar el día 28/02/1997 y que la demanda de simulación fue incoada más de 10 años después.

Destacó ciertas contradicciones en los argumentos esbozados por la accionante, y manifestó su incertidumbre en torno a si el reclamo se fundó en la falta de distribución de los dividendos percibidos a raíz de la actividad de Automotores Chascomús o si se buscó despojar a la sociedad de su personalidad jurídica a fin de reclamar por un incremento patrimonial por parte de Pomés.

Planteó que resultaba aplicable al caso el plazo de prescripción previsto en el art. 4030 CCiv.Y que dicho plazo había acaecido entre la promoción de las medidas cautelares (16/03/2005) y el inicio de la mediación (18/05/2007) -por lo cual en nada afectaba la suspensión de plazos que importa el inicio de la mediación-.

Subsidiariamente contestó la demanda incoada.

Dijo que la acción resultaba defectuosa por no haber sido promovida contra la totalidad de los supuestos intervinientes en el acto simulado.

Contó que AC era una sociedad que operó en plaza como concesionaria de GMA por muchos años y que jamás se trató de una sociedad simulada.

Afirmó haber ingresado a la sociedad como presidente con posterioridad a la separación de hecho. Asimismo sostuvo que su participación en tal carácter resultaba insuficiente para adjudicarle la calidad de accionista.

Reconoció la ruptura del contrato de concesión y el cobro de la indemnización, más aclaró que lo hizo en su carácter de presidente de Automotores Chascomús SA por su cuenta y orden.

Tachó de falso el asiento en el libro de Registro de Acciones de AC según el cual le habrían sido transferidas las acciones pertenecientes a Pumex.

Negó genérica y pormenorizadamente los hechos invocados por la actora en su escrito de inicio.

Indicó que AC era una sociedad regular que llevaba contabilidad y libros de comercio, pero que el contador Pruzzo los había retenido, motivo por el cual no se llevó a cabo su liquidación.

Adujo que el objeto social de la concesionaria no pudo llevarse a cabo por culpa de la concedente, lo que justificó la promoción de la demanda por ruptura intempestiva del contrato.

Analizó pormenorizadamente las constancias obrantes en los expedientes “Automotores Chascomús SA c/General Motors de Argentina SA s/Beneficio de litigar sin gastos” y “Automotores Chascomús SA c/General Motors de Argentina SA s/ordinario” en tanto acreditaban la integración de la sociedad y las actividades por ella desarrolladas.

Relató ciertos inconvenientes relativos a la retención de los libros por parte del Contador Pruzzo.

Ofreció prueba.

3. A fs. 220 vta.se presentó Automotores Chascomús SA y adhirió a los términos de la contestación de demanda del Sr. Pomés.

4. A fs. 269 Pumex Investments SA fue declarada rebelde en los términos del Cpr. 59.

5. General Motors de Argentina SRL (antes SA) se presentó a fs. 294/305, contestó demanda y solicitó su íntegro rechazo con costas.

En cumplimiento del imperativo procesal negó genérica y específicamente los hechos invocados en el líbelo de inicio.

Opuso excepción de falta de acción, a tal fin explicó que el pagó -tildado de irregular por la accionante- contaba con todos los elementos para ser tenido por válido, y que respondió a un acuerdo homologado en el marco de la causa “Automotores Chascomús SA c/General Motors de Argentina SA s/ordinario” que tramitó ante el Juzgado en lo Comercial N° 13, Secretaría N° 25.

Adujo que en el marco de la causa mencionada se había acreditado la representación ejercida por el Sr. Pomés, que el cheque fue librado a la orden de Automotores Chascomús y que el pago efectuado al primero lo fue solamente en su condición de representante legal de la sociedad.

Destacó la inconsistencia existente entre la pretensión de la actora quien solicitó la declaración de ganancialidad de una suma ya percibida por Pomés – lo que implica el reconocimiento del pago realizado por GMA-, mas luego exigió la imposición de condena en su contra.

Indicó que no se encontraba legitimada para ser demandada en estos autos dado que el destino dado a los fondos una vez ingresados en el patrimonio de Automotores Chascomús SA le resultaba totalmente ajeno.

Finalmente, en forma subsidiaria opuso la excepción de prescripción en el marco del art. 4030 CCiv.

II. La sentencia de primera instancia A fs. 1020/1027 el magistrado de grado emitió su pronunciamiento donde resolvió rechazar la demanda intentada.

Para así decidir, el a quo consideró que: a) resultaba aplicable al caso el plazo de prescripción previsto en el CCiv.4030 para la acción de simulación; b) el cómputo del plazo debía comenzar con el conocimiento del acto simulado mas no con el conocimiento del carácter simulado del acto; c) el conocimiento cabal y pleno del acto ya existía al momento de promover la medida cautelar el día 16/03/2005; y d) al momento de iniciar la mediación el día 18/06/2007 el plazo ya se hallaba consumido.

III. Los agravios

El accionante apeló a fs. 1032 la sentencia de fs. 1020/1027, su memorial obra a fs. 1055/1066. General Motors de Argentina SRL contestó agravios a fs. 1073/1078 y el Sr. Luis María Pomés lo hizo a fs. 1101/1117.

Las quejas de la accionante se sintetizan en las siguientes cuestiones: a) la aplicación del plazo previsto por el art. 4030 CCiv.; b) el comienzo del cómputo de la prescripción desde el inicio de las medidas cautelares; c) la falta de aplicación de los principios que rigen en materia de prescripción y actos interruptivos; d) la falta de valoración del reconocimiento efectuado por el codemandado solidario; e) el excesivo rigor formal que exhibe la solución adoptada; f) la imposición de c ostas.

IV. La solución 1. En primer lugar corresponde aclarar que resulta cuanto menos dudoso que la expresión de agravios en estudio contenga una crítica concreta y razonada de los fundamentos empleados por el “a -quo” para hacer lugar a la demanda contra los accionados. De su lectura se observa que no se cumplió con las exigencias previstas en el cpr: 265. Es que los argumentos aquí esgrimidos -particularmente aquellos relativos al plazo de prescripción aplicable y a su cómputo- resultan ser prácticamente idénticos de aquellos plasmados en los alegatos (v. fs. 986/999).

Sin perjuicio de ello y a fin de evitar una rigidez hermenéutica que pueda comprometer en algún punto el derecho de defensa en juicio, de raíz constitucional (CN:18), procederé a tratarlos (CNCom, Sala B, “Charles Mario, c/ Albergoli, Myltoni V, s/ ordinario”, del 06.07.89 esta Sala, 24.06.2010, “Cots Roberto Jorge c/ La Caja de Seguros SA, s/ ordinario” ).

2. A fin de dilucidar la cuestión corresponde evaluar cuál es el plazo de prescripción de la acción deducida.

Recuérdese que el magistrado de grado al emitir su pronunciamiento consideró aplicable el plazo de prescripción previsto en el CCiv. 4030 toda vez que se trataba de una acción de simulación en conjunto con la de fraude, en cuyo caso la liberación operaba una vez vencido el plazo más amplio -que era el de dos años-.

La Sra. León se quejó de dicha decisión en tanto consideró que debía tomarse el plazo genérico del art. 4023 -o en su defecto el trienal del CCom.-. Ello dado que aquí se perseguía el reintegro de ciertos bienes al acervo conyugal, por lo que la prescripción debía regirse por las normas establecidas para el contrato de sociedad. Asimismo planteó que el artículo 4030 sólo refería a la acción promovida entre quienes formaron parte del acto simulado y no a aquella intentada por terceros.

Adelanto desde ya que comparto aquí la solución propiciada por el juez de primera instancia.

Tal como fuera advertido por el a quo, la aplicación del plazo bienal del art. 4030 fue consentida por la recurrente al momento de contestar el traslado de la excepción a fs. 309/312. Es que en dicha oportunidad la Sra. León se limitó a alegar que no había existido un conocimiento pleno y certero del acto sino hasta noviembre de 2007, mas no criticó la aplicación del art. 4030 CCiv, ni solicitó la aplicación de un plazo distinto. Tal cuestión recién fue introducida en oportunidad de alegar -hecho que torna ciertamente dudosa la capacidad de evaluar el agravio en esta Alzada en virtud de lo previsto en el cpr:277-.

Sin perjuicio de ello, no cabe duda alguna que el caso debe juzgarse en el marco de la norma establecida por el art. 4030 del Código de Vélez. Es que la acción aquí intentada tiende a la anulación de un acto por simulación o, en su defecto, por fraude. La incorporación de bienes al patrimonio conyugal sería una mera consecuencia secundaria de la admisión de la demanda, y si bien ésta es la finalidad última tenida en miras por la accionante, ello no habilita al Tribunal a obviar que se trata de una acción de simulación, ni a apartarse en forma antojadiza e irregular de las prescripciones aplicables al caso.

Así las cosas, siendo que tanto la acción de simulación como la de fraude cuentan con plazos de prescripción específicos de dos y un año según el caso, y toda vez que el término de 10 años fue previsto en forma subsidiaria para los casos en que no existiese un plazo menor, no puede aplicarse al caso el plazo genérico del art. 4023 CCiv.

Ergo, cabe confirmar el plazo de prescripción fijado por el a quo.

3. No obsta a esta solución el hecho de que el art. 4030 establezca que la prescripción de dos años opera para la acción promovida entre partes.

Recuérdese en este punto que hasta 1968 imperaba una cierta anarquía respecto del plazo de prescripción aplicable a los casos de simulación. Existía una disparidad de criterios originados en la interpretación del art.4030 del Código Civil, en cuanto disponía que la acción de nulidad por “falsa causa” prescribía a los dos años, surgiendo así el interrogante de si esa regla comprendía o no a la simulación.

Según una primera opinión, la acción prescribía a los diez años; según otra, la prescripción de la acción por simulación relativa era de dos años, en tanto que la derivada de una simulación absoluta era decenal; según una tercera, la simulación absoluta era imprescriptible; finalmente, la opinión predominante consideraba que la acción prescribía a los dos años, fuera la simulación absoluta o relativa, intentada por las partes o terceros. Esta última ha sido la solución consagrada por la ley 17.711, que dispuso un agregado al artículo 4030 que pone término a la cuestión en la forma indicada (cfr. Borda, Guillermo A., Tratado de derecho civil, Parte general, T. II, p. 374, La Ley, Bs. As., 2008).

Si bien el art. 4030, 2do. párrafo refiere a la acción entre partes, resulta insostenible un apartamiento del plazo allí establecido para los casos en que aquella fuera intentada por un tercero -ello a criterio del mismo Borda quien fue el inspirador y principal mentor de la reforma-.

Si ya antes de la sanción de la ley 17.711 la opinión prevaleciente en nuestra doctrina y jurisprudencia era que el plazo de dos años era aplicable tanto a la acción ejercida por las partes como por terceros, no se alcanza a comprender por qué la omisión de la nueva ley referida a los terceros ha de extender en su caso el plazo a diez años (Borda, ob. cit., p. 375).

Es que no existe razón alguna que justifique el apartamiento de dicho principio para los casos en que la acción fuera ejercida por terceros ajenos a la simulación.El único extremo que sí puede verse alterado es el momento en que comienza el cómputo del plazo, mas no el plazo en sí mismo. En este sentido se pronunció la mayoría de la Cámara Civil en el plenario “Glusberg, Santiago c/Jorio, Carlos” del 10/09/1982.

4. Procederé ahora a la delimitación del momento desde el cual comenzó a correr el plazo bienal.

La recurrente planteó que el conocimiento pleno y cabal del acto existía recién cuando el reclamante podía acreditar fehacientemente la existencia de una simulación.

Además sostuvo que la convicción, en su caso, recién se formó en el mes de noviembre de 2007 con la notificación del informe presentado por el veedor quien informó el destino dado a los fondos recibidos por Automotores Chascomús en la causa contra General Motors de Argentina SRL.

Recuérdese que el magistrado de grado había juzgado en este punto que el plazo de prescripción comenzaba a correr desde que se conoció el acto que se ataca ya que desde ese momento uno puede inferir que el acto ha sido simulado y puede generarle un perjuicio. En ese marco estimó que el conocimiento del acto había operado al momento de promover el expediente sobre medidas precautorias por lo cual, al momento de iniciada la mediación, ya había operado el plazo previsto en el CCiv. 4030.

[a] Como ha dicho la Cámara Civil en reiteradas oportunidades, el dies a quo del cómputo de la prescripción de la acción de simulación es el momento de persuasión cabal de los terceros afectados por la simulación del acto jurídico que atacan de ficticio. Tal convencimiento de la insinceridad del negocio no deviene del conocimiento que se tuviera de su celebración, dato este último que es insuficiente para el comienzo de la prescripción.El momento en que comienza a contarse la prescripción es el correspondiente al conocimiento cabal del carácter ficticio del acto y que a quien invoca la prescripción le incumbe acreditar que ese carácter llegó a conocimiento de los impugnantes en una fecha superior a la del plazo de prescripción (conf. CNCiv., Sala C, “Crigna c/Pérez de Crigna s/simulación”, del 05/04/1984).

Ergo, la prescripción en materia de simulación comienza a correr para los terceros desde el momento en que tomaron conocimiento efectivo, pleno y cabal del acto simulado (en este sentido, CNCiv., Sala H, “Mastellone de Marino Gladys c/Mastellone Huber José s/simulación”, del 08/04/1994).

En otras palabras, el punto de partida para el cómputo del plazo bienal de prescripción liberatoria previsto por el art. 4030 del Código Civil, aplicable cuando la acción de simulación es intentada por un tercero al acto, lo es desde que el impugnante tomó conocimiento cierto y cabal de su carácter ficticio, sin que a tal fin basten las simples sospechas. El conocimiento de la celebración del acto de que se trate o incluso su inscripción registral no resultan, así suficientes, toda vez que de ello no se deriva el conocimiento de la simulación que lo afecta (CNCiv., Sala K, “Marinelli Antonio c/Santinelli Abalo Raúl A. s/simulación”, del 30/09/1999).

[b] Ahora bien, sin perjuicio que disiento con el magistrado en torno al momento en que comienza el cómputo de la prescripción, ya que no basta para ello el mero conocimiento del acto sino que resulta necesario que se conozca en forma cierta y cabal el vicio que lo tornaría anulable, lo cierto es que si coincido en que la demandante sabía que el acto era simulado al momento de promover las medidas cautelares.

Considero, entonces, que a la hora de promover la causa n° 15342/2005-el 16/03/2005- la Sra. León proporcionó un nivel de detalle que resultaría incongruente con la “mera sospecha” que alega.Asimismo, la forma en que expresó sus “sospechas” deja en evidencia la certeza y el cabal y pleno conocimiento de los hechos relatados. Véase que allí, si bien podía desconocer el paradero de los fondos -incertidumbre que persiste al día de hoy y extremo que intentó acreditar en la causa-, sí conocía las maniobras desplegadas por el accionado y su rol dentro de las empresas vinculadas.

Recuérdese que en esa oportunidad la actora explicó:

i) que ya existía otro juicio de simulación contra el demandado, su madre y su hermano por su participación en Estancias Altos Verdes SA; ii) que sabía del cobro de las sumas abonadas por General Motors de Argentina y que dicho pago había sido a la orden de Automotores Chascomús SA; iii) que Luis María Pomés controlaba íntegramente la sociedad Automotores Chascomús, y que había percibido en forma directa la suma de $ 5.200.000 en el marco de una acción por daños y perjuicios por resolución intempestiva del contrato de concesión de venta de automotores; iv) que “El actor percibió la mencionada suma en virtud de ser titular de hecho del paquete accionario de AUTOMOTORES CHASCOMÚS S.A., a través de su también controlada PUMEX INVESTMENTS S.A.” (sic) (v. fs. 93 vta. de la causa n° 15342/2005); v) que “si bien surge de la escritura de constitución de la mencionada sociedad que los señores Carlos María Peltzer, abogado de Pomés, (.) y Lía Bolmara Aparicio (.) son los titulares “formales” del paquete accionario de Pumex ya que, el verdadero titular 100% del capital accionario siempre fue Luis María Pomes”; vi) que “mediante la prueba ofrecida V.S. podrá corroborar que en realidad, Automotores Chascomus SA no es de Pumex, ni es Peltzer el mayor accionista, sino que todo ello es un artificio para ocultar a Pomés como el genuino titular de la empresa y consiguientemente, de los fondos percibidos” (v. fs.95 -la cursiva me pertenece-); vii) que las medidas solicitadas tenían por finalidad crear la total certeza en la persona del juzgador sobre los hechos expuestos-y no sobre su persona quien ya contaba con la certeza necesaria- a fin de su inclusión en la cuenta particionaria de la sociedad conyugal -v. fs. 95 vta., 1° párrafo y fs. 96 último párrafo-.

[c] Así las cosas, como clara y contundentemente surge de la lectura de la causa n° 15342/2005, la accionada conocía en profundidad las maniobras atribuídas al Sr. Pomés y contaba con total certeza del carácter simulado asignado al acto impugnado. Las pruebas producidas en dicha oportunidad no tendían a reforzar meras sospechas de su parte sino a acreditar ante el magistrado civil la existencia de simulación. Es por ello que corresponde computar el plazo cuanto menos desde la promoción de dicha demanda el 16/03/2005.

Consecuentemente, no existiendo actos interruptivos y habiendo transcurrido más de dos años entre el conocimiento de la simulación y el inicio de la mediación -el 18/05/2007-, corresponde confirmar el decisorio de grado en cuanto declaró operada la prescripción de la acción y rechazó la demanda incoada.

[d] Cabe aclarar en este estadio que -como se desprende del anterior apartado- la causa de “medidas cautelares” que tramitó ante el Juzgado en lo Civil N° 88, no fue tanto una medida cautelar sino más bien una prueba anticipada tendiente a obtener medios que permitan acreditar en forma contundente las estratagemas denunciadas (ver en este sentido las propias manifestaciones de la accionante a fs. 95 vta., pto. IV, 1° párr.).

La demandante pretendió justificar la promoción de tal incidencia en una supuesta exigencia de acreditar en forma fehaciente la existencia de la simulación, sin embargo su proceder no resultó atinado.

Si bien es cierto que quien alega un hecho debe acreditar su existencia (cpr. 377), la comprobación de los hechos controvertidos debe producirse, en principio, dentro de la etapa probatoria una vez promovido el proceso ordinario.Es que la prueba anticipada es una remedio “excepcional” reservado a los casos en que la producción de la prueba pueda tornarse imposible o muy dificultosa en el período pertinente.

Por ende, no se entiende ni se justifica en el caso de marras la promoción de la referida diligencia. Máxime si se considera el nivel de certeza que tenía la Sra. Pomés de las maniobras atribuídas, los variados documentos con los que ya contaba y la falta de peligro en la demora.

Por otro lado, no existe en los casos como el presente una excesiva exigencia probatoria -como erróneamente insinuó la recurrente-, en tanto en las acciones de simulación promovidas por terceros la amplitud probatoria se erige como principio.

Es que, mientras el juez debe ser riguroso en la apreciación de la prueba producida por las partes, no puede serlo respecto de terceros. La situación de éstos es muy distinta. Las partes han podido y, salvo casos excepcionales, debido procurarse un contradocumento, pero los terceros no pueden poseerlo, justamente porque la simulación se hace en su perjuicio y si aquél se otorgó, los contratantes lo mantendrán en secreto (.). Se comprende, por lo tanto, cuán difícil es la tarea de los terceros. En tales casos, casi la única prueba que tienen a su disposición es la de presunciones y a tales fines pueden acudir a todos los medios de prueba (.). Las presunciones adquieren así, en esta materia, una importancia singular; es sobre la base de ellas que se resuelven por lo general esta clase de juicios.

Los jueces las admiten siempre que por su carácter y concordancia lleven a su ánimo la convicción de que el acto fue simulado (Borda, Guillermo A., Tratado de derecho civil. Parte general, T. II, p. 368, La Ley, Bs. As., 2008).

5.Finalmente, la solución propuesta se funda, también, en la marcada incongruencia entre las manifestaciones de la accionante y su accionar concreto.

Véase que en múltiples oportunidades, al referirse al momento en que se cercioró de la existencia de simulación en su contra, la actora manifestó que sus “sospechas” se vieron confirmadas recién con el informe presentado por el veedor en noviembre de 2007 (v. fs. 309/312; 986/999; y 1055/1066), sin embargo, conforme a sus propios dichos la mediación fue iniciada casi seis meses antes de la presentación del informe (el 18/06/2007).

6. Ahora bien, la solución propiciada hasta el momento no implica desconocer los principios relativos al carácter restrictivo de la prescripción, pues en tanto implica la extinción de la acción por el no ejercicio -inactividad imputable sólo a la parte que teniendo la acción no la ejerce-, en caso de duda, si existiera, debe estarse a la prescripción que la asegure por más tiempo.Pero frente a ello, tampoco debe olvidarse que en el tema también se encuentra involucrado el problema referente a la seguridad jurídica, o sea de la estabilidad de los actos jurídicos (.). Es así que la interpretación no puede desentenderse de sus resultados, y ante la posibilidad de distintas soluciones, todas ellas brindadas por la norma vigente, debe optarse por aquella que mejor atienda a la consolidación de la situación existente, evitando el riesgo de generar serios conflictos reñidos con el bien supremo de la paz y la seguridad social (CNCiv., en pleno, “Glusberg Santiago c/Jorio, Carlos” del 10/09/1982).

Cabe aclarar, asimismo, que la solución propuesta no implica incurrir de modo alguno en un excesivo rigorismo formal, sino que consiste en la mera aplicación de las disposiciones legales vigentes.

Fallar de otro modo supondría no sólo pasar por alto las normas y principios jurídicos aplicables -particularmente el principio de seguridad jurídica antes referido- sino también una violación del derecho constitucional de defensa en juicio dejando de lado antojadizamente las defensas válidamente esgrimidas por los demandados.

7. En relación a la declaración de rebeldía, y las consecuencias que el demandante pretendió adjudicarle en su escrito de fs. 1055/1066, cabe reiterar aquí cuanto dije en mi voto en autos “Bruno de Matsubara Lidia Norma c/Generación XXI SRL y otro s/ordinario” del 27/12/2012).

“Es sabido que ésta conlleva -en principio- a una presunción de veracidad de los hechos en que se sustenta la pretensión introductoria, en tanto el legislador ha recibido expresamente dicho principio de interpretación en el cciv 919 (conf. Salas, “Código Civil Anotado”, Tº I, p. 445; BelluscioZannoni, “Código Civil”, Tº 4, p. 132).

Sin embargo, el art. 356, inc. 1°, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no determina un resultado ineludible en cuanto a la suerte del reclamo, sino que establece podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos; en tanto que el art.60 dispone que declarada la rebeldía la sentencia será pronunciada según el mérito de la causa y lo establecido en aquél, y en caso de duda constituirá presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por la otra parte (CSJN, Fallos 320:1048, disidencia parcial del Dr. Gustavo A. Bossert).

Por ello se ha señalado que si el juez dispone la apertura a prueba la situación de rebeldía no equivale a la admisión de los hechos pertinentes y lícitos, pues sólo en caso de duda aquella declaración servirá al actor como presunción de verdad; en suma, la otra parte tiene que cumplir con la carga de la prueba (conf. Morello et alter, “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial .”, Tº II-B, p. 9, Librería Editora Platense SRL, La Plata, Prov. de Bs. As., 1985).

Tal es la solución que consagra el cpr 60, en cuanto dispone que la rebeldía no alterará la secuela regular del proceso y que la sentencia debe pronunciarse según el mérito de la causa y lo establecido en el cpr 356:1 que en lo pertinente dice “.el silencio.podrá estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos.”: El texto es claro: “podrá” y no “deberá”. Luego es carga del actor probar sus dichos de manera clara y convincente (cpr 377) y la rebeldía constituirá presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados (cpr 60) cuando no se exige la comprobación de algún hecho constitutivo de la acción o se trata de circunstancias que el demandado no tenía por qué conocer; es decir que la sentencia será pronunciada según el mérito de la causa. Por ende, la rebeldía declarada no es suficiente, por si sola, para que el juez admita la verdad de los hechos alegados por la actora, y solo produce una presunción favorable a la pretensión del accionante, que debe ser ratificada o robustecida mediante la correspondiente prueba (cfr.me he pronunciado como Juez de primera instancia en “Aguilar Sebastián c/ Sabate Rodríguez y Cía. SRL y otro, s/ ordinario” -Expte . Nro. 52.796 del Juzg. Com. nº 18 Secr. nº 35- del 18.05.2009)”.

8. En atención al modo en que ha sido resuelta la cuestión, las costas de ambas instancias serán soportadas por la Sra. León. Es que, la condena en costas al vencido, constituye un resarcimiento que la ley conforme la prescripción contenida en el cpr 68, reconoce al vencedor para sanear su patrimonio de los perjuicios que le ocasione el pleito. La misma debe ser entendida como reparación de los gastos razonables y justos, generados durante el devenir del proceso para accionar o para defenderse.

Por tanto, el vencimiento lleva consigo tal condena principio éste resultante de la aplicación de una directriz axiológica de sustancia procesal, en cuya virtualidad debe impedirse que la necesidad de servirse del proceso se convierta en daño (CNCom, Sala B, 28/3/89, “San Sebastián c/ Lande, Aron”); es decir, es una institución determinada por el supremo interés que el derecho cuyo reconocimiento debe transitar por los carriles del proceso, salga incólume de la discusión judicial (CNCom, Sala B, 12/10/89, “De la Cruz Gutiérrez, Graciela María, c/ Círculo de Inversores SA”; esta Sala, 11/10/11, “Koldobsky Liliana Estela c/ Koldobsky Carlos David s/ ordinario”; íd., 10/07/12, “Galli, Horacio Alberto c/ Euroderm SRL, s/ ordinario”, íd., 25/10/12, “Massa José Luis y Otro c/Standard Bank Argentina SA s/Amparo”, íd., 14/03/13, “Mielke Daniel Alberto c/Grove Felipe Rolando y otro s/ordinario” ).

V. Conclusión Por todo lo expuesto, si mi criterio fuera compartido por mi distinguido colega, propongo al Acuerdo: a) rechazar la totalidad de las quejas vertidas por la Sra. María de los Ángeles León a fs. 1055/1066; b) confirmar la sentencia de fs. 1020/1027; y c) imponer las costas de ambas instancias a la actora vencida (arg. art. cpr.68).

Así voto.

B. Por los mismos fundamentos el doctor Juan Manuel Ojea Quintana adhiere al voto del doctor Rafael F. Barreiro.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores:

Rafael F. Barreiro

Juan Manuel Ojea Quintana

María Florencia Estevarena

Secretaria

Buenos Aires, 19 de mayo de 2016.

Y VISTOS:

I. Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, se resuelve: a) rechazar la totalidad de las quejas vertidas por la Sra. María de los Ángeles León a fs. 1055/1066; b) confirmar la sentencia de fs. 1020/1027 y c) imponer las costas de ambas instancias a la actora vencida (arg. art. cpr. 68).

La doctora Alejandra N. Tevez no interviene en la presente resolución por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

II. Notifíquese al domicilio electrónico o, en su caso, en los términos del artículo 133 CPCC (Ley 2.685, Ac. CSJN 31/2011, art. 1° y 3/ 2015) y devuélvase a la instancia de grado.

III. Hágase saber la presente decisión a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Ley n° 26.856, art. 4 Ac. n° 15/13 y Ac. n° 24/13).

Rafael F. Barreiro

Juan Manuel Ojea Quintana

María Florencia Estevarena

Secretaria