Rechazan el pago de un seguro ante el incendio de una vivienda, pues el local lindero en que comenzó el fuego no estaba declarado en la contratación.

incendio (2)Partes: Tilli Alberto Arnoldo c/ San Cristóbal Sociedad Mutual Seguros Generales s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 5-abr-2016

Cita: MJ-JU-M-99464-AR | MJJ99464

Al iniciarse el incendio en el local que se encontraba en el mismo predio que la vivienda asegurada y no siendo este declarado por el actor al momento de la contratación, se rechaza el reclamo por falta de pago de la demandada ante la ocurrencia del siniestro.

Sumario:

1.-El primer paso para la correcta determinación del riesgo lo constituye la declaración del mismo por parte del asegurado, quien debe describirlo de manera tal que permita al asegurador una correcta evaluación dentro de los límites de la información de que dispone el asegurable. Esta será la referencia auténtica que eventualmente habrá de considerarse al momento de confrontar el estado del riego existente al perfeccionar el contrato, con la reticencia y la agravación del mismo.

2.-La determinación del riesgo resulta de tal trascendencia que el comportamiento del asegurable que infringe su deber de cooperación leal puede llegar, de concluirse el contrato, a invalidarlo. Entonces, el contenido de la descripción del riesgo debe guardar correspondencia con la efectiva situación riesgosa y dentro de los límites de la información de que dispone el asegurable.

3.-Mal puede concluirse que no medió agravación del riesgo, cuando el propio actor reconoció al expresar agravios la existencia del mayor riesgo al tiempo de contratar el seguro, al contar con un local comercial en el mismo predio y al frente de la casa siendo evidente, bien se ve, que esta situación preexistente necesariamente debió ser informada a la aseguradora a efectos de la correcta determinación del riesgo.

4.-En materia de evaluación de riesgos el asegurador no está, ordinariamente, en condiciones de conocer por sus propios medios todas las circunstancias que puedan contribuir a permitirle formar un concepto cabal de las cosas, y por ende, a apreciarlo exactamente. De aquí que deba confiar en la declaración del asegurado, que es quien está en mejores condiciones para conocer la naturaleza de la cosa asegurada y los peligros a que se encuentra sometida.

5.-Aún cuando es exacto que la aseguradora no está exenta de brindar adecuada información sobre las condiciones del contrato de modo que el asegurado pueda conocer cabalmente la extensión de la cobertura y sus limitaciones, no es menos cierto que, en el caso, no fue endilgada a San Cristóbal la inobservancia de esa carga con incidencia en la omisión en que incurriera el actor (denunciar la existencia de un local comercial conectado a su vivienda, en un mismo predio). N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires a los cinco días del mes de abril de dos mil dieciséis, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos “TILLI ALBERTO ARNOLDO CONTRA SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES SOBRE ORDINARIO” (COM 25169/2012) en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctora Tevez, Doctor Barreiro y Doctor Ojea Quintana.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 297/305?

La Sra. Juez de Cámara Doctora Alejandra N. Tevez dice:

Antecedentes de la causa.

Alberto Arnoldo Tilli, (en adelante, “Tilli”) demandó a San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales (en adelante, “San Cristóbal”) por cumplimiento de contrato. Reclamó el cobro de $315.000, más intereses y costas.

Relató que celebró con la accionada un contrato de seguro combinado de hogar -póliza n° 05-07-01082966/5.- que cubría el incendio de su vivienda habitual y permanente sita en Tegucigalpa n° 1949 de la localidad de Tortuguitas.

Explicó que el 11.12.11 se produjo un incendio que destruyó su residencia, por lo cual formuló denuncia administrativa ante la accionada.

Sin embargo -prosiguió- la aseguradora declinó el reclamo, argumentando que el incendio se originó en el local comercial ubicado en el frente del inmueble, unido a la vivienda, y ello configuraba un supuesto de agravación del riesgo no denunciado ni contemplado dentro de las condiciones generales y particulares de la póliza.

Señaló Tilli que la conducta desplegada por la aseguradora configuró una especie de enriquecimiento ilícito.Así pues aquélla tuvo conocimiento de las instalaciones del inmueble al momento de celebrar el contrato de seguro y ninguna resistencia opuso, luego, al recibir mensualmente el pago de la prima.

Agregó que cumplió con el deber de declarar los datos y demás referencias de la propiedad al agente productor.

Solicitó por daño emergente la suma de $215.000 (comprensiva de $165.000 por reparación de la propiedad y $50.000 por alquiler de vivienda temporaria) y por daño moral $100.000.

Ofreció prueba, citó jurisprudencia y fundó en derecho su pretensión.

En fs. 200/202 San Cristóbal contestó demanda y solicitó su rechazo, con costas.

Inicialmente negó, entre otras cuestiones: i) haber dado curso a la denuncia del siniestro, ii) haber tenido conocimiento de instalaciones de la propiedad del accionado al momento de contratar, iii) que el rechazo del siniestro configure un enriquecimiento sin causa, iv) los daños reclamados, y v) la autenticidad de la documentación acompañada.

Reconoció la celebración del contrato de seguro y la ocurrencia del siniestro.

Como argumento de defensa señaló que el propio accionante admitió en su demanda que el inmueble objeto del seguro se encontraba unido arquitectónicamente con un local comercial que el asegurado explotaba, lugar éste en que se originó el foco ígneo que luego se expandió a la vivienda. Agregó que ello surge, además, del informe del liquidador.

Destacó que esta circunstancia importó un supuesto de “agravación del riesgo” tipificado en la ley que habilitó el rechazo del siniestro.

En subsidio, sostuvo que el seguro resultó contratado a “prorrata” en los términos del Art. 65 de la Ley de Seguros (en adelante, “L.S.”) y solicitó la aplicación del Art. 505 del Código Civil.

Ofreció prueba y fundó en derecho su postura.

La sentencia de primera instancia.

La sentencia de fs.297/305 rechazó la demanda e impuso las costas al actor.

Para así decidir, inicialmente el juez consideró incontrovertido que San Cristóbal brindó cobertura contra incendio al inmueble del accionante, bajo el rubro vivienda-casa de familia permanente.

Se explayó sobre el equilibrio que debe existir entre el premio y las consecuencias previstas en el Art. 5 de la L.S. para el asegurado que prescinde de brindar información, aun cuando lo fuera sin culpa o mala fe.

Seguidamente, razonó, en base a los resultados de la prueba pericial e informe del estudio liquidador, que la existencia de un local comercial unido a la vivienda importó una agravación del riesgo que debió necesariamente ser comunicada a la aseguradora. Subrayó que el incendio se habría originado en dicho local y se habría propagado a la vivienda contigua.

Finalmente, concluyó que no hubo violación del principio de buena fe de parte de San Cristóbal, sino una desaprensión en el obrar del accionado reticente.

El recurso.

Contra tal pronunciamiento apeló la actora a fs. 308. Su recurso fue concedido libremente a fs. 309.

Los agravios obran a fs. 320/323 y merecieron respuesta en fs. 325.

A fs. 329 se llamaron autos para dictar sentencia y el sorteo previsto en el art 268 del Cpr. se practicó a fs. 330.

Los agravios.

Los cuestionamientos del accionante al pronunciamiento de grado transitan por los siguientes carriles: i) el mayor riesgo existió al contratar el seguro, ii) la aseguradora no verificó previamente el estado del riesgo, iii) el incendio no se originó por un riesgo propio del local, y iv) la solución debe proporcionarse bajo la órbita de la normativa consumeril.

La solución.

Señalo, liminarmente, que el análisis de los agravios esbozados por el quejoso no seguirá necesariamente el método expositivo por él adoptado; y que no atenderé todos los planteos recursivos del actor, II) sino aquellos que estime esenciales y decisivos para dictar el veredicto en la causa (conf. CSJN:”Altamirano, Ramón c/ Comisión Nacional de Energía Atómica” , del 13.11.86; íd.,: “Soñes, Raúl c/ Administración Nacional de Aduanas” , del 12.2.87; íd.,: “Pons, María y otro” del 6.10. 87;íd.,: “Stancato, Carmelo”, del 15.9.89; y Fallos, 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; entre otros).

XXII) Recuerdo que el primer sentenciante consideró que medió reticencia del actor, al omitir informar la existencia de un local comercial al contratar el seguro; y que ello importó una agravación del riesgo.

En la versión del recurrente ello no es así, dado que “el local comercial ya existía a la época en que fue contratada la póliza” (sic.) y la desatención en denunciarlo no fue deliberada ni de mala fe (v. fs. 320 vta. cuarto párrafo y fs. 321).

Anticipo que la queja resulta desestimable.

En primer lugar, señalo que la recurrente no cuestionó en sus agravios que el hecho de haber silenciado la existencia de un local comercial configurara una actitud reticente en los términos del Art. 5 de la L.S. Así pues su actividad recursiva, en esencia, se dirigió a rebatir la endilgada agravación del riesgo.

Sobre tales bases, ha de juzgarse firme la declaración de reticencia sobre la cual se estructuró la desestimación de la demanda.

Ello resultaría suficiente para postular la deserción del recurso, pues el Tribunal de Alzada solo puede examinar las cuestiones de hecho y derecho sometidas a la decisión del Juez de primera instancia que hubiesen sido materia de agravio (conf. Cpr. 271).

Sin perjuicio de ello, aún de considerarse, hipotéticamente, que la actitud reticente no configuró un argumento defensivo esgrimido por la aseguradora en oportunidad de rechazar el siniestro (ver carta documento del 22.12.11, en fs.12) o al contestar la presente acción, la solución es la misma.

Sabido es que el primer paso para la correcta determinación del riesgo lo constituye la declaración del mismo por parte del asegurado, quien debe describirlo de manera tal que permita al asegurador una correcta evaluación dentro de los límites de la información de que dispone el asegurable. Esta será la referencia auténtica que eventualmente habrá de considerarse al momento de confrontar el estado del riego existente al perfeccionar el contrato, con la reticencia y la agravación del mismo (conf. Stiglitz, Rubén S., “Derecho de Seguros”, t° I, 4° edición, pág. 244, ed. La Ley, Buenos Aires, 2008).

La determinación del riesgo resulta de tal trascendencia que el comportamiento del asegurable que infringe su deber de cooperación leal puede llegar, de concluirse el contrato, a invalidarlo. Entonces, el contenido de la descripción del riesgo debe guardar correspondencia con la efectiva situación riesgosa y dentro de los límites de la información de que dispone el asegurable (conf. Stiglitz, ob. op. cit., t° II, pág. 168).

De allí que, en el caso, mal puede concluirse que no medió agravación del riesgo. Véase que el propio actor reconoció al expresar agravios la existencia del mayor riesgo al tiempo de contratar el seguro, al contar con un local comercial en el mismo predio y al frente de la casa (v. fs. 330 vta. cuarto párrafo y fs. 321). Es evidente, bien se ve, que esta situación preexistente necesariamente debió ser informada a la aseguradora a efectos de la correcta determinación del riesgo.

A ello no obsta que el asegurador previamente no lo hubiera verificado, en su caso.

Es que en materia de evaluación de riesgos “el asegurador no está, ordinariamente, en condiciones de conocer por sus propios medios todas las circunstancias que puedan contribuir a permitirle formar un concepto cabal de las cosas, y por ende, a apreciarlo exactamente.De aquí que deba confiar en la declaración del asegurado, que es quien está en mejores condiciones para conocer la naturaleza de la cosa asegurada y los peligros a que se encuentra sometida” (conf. Fontanarrosa, Rodolfo O., “La declaración del riesgo en el contrato de seguro. Reticencia y falsa declaración”, pág. 99, publicado en Revista del Colegio de Abogados de Rosario, t° XIII, 1942).

Y, aún cuando es exacto que la aseguradora no está exenta de brindar adecuada información sobre las condiciones del contrato de modo que el asegurado pueda conocer cabalmente la extensión de la cobertura y sus limitaciones (conf. mi voto en esta Sal a F del 2.9.14 en autos ” Antonio Sergio Ivan c/ BHN Seguros Generales S.A. s/ ordinario”), no es menos cierto que, en el caso, no fue endilgada a San Cristóbal la inobservancia de esa carga con incidencia en la omisión en que incurriera el actor (denunciar la existencia de un local comercial conectado a su vivienda, en un mismo predio).

Adicionalmente, subrayo que la aseguradora cumplió con la carga de acreditar, a juicio de peritos, que de haber conocido la agravación del riesgo al tiempo de la contratación, no habría celebrado el convenio o habría modificado sus condiciones (conf. art. 37 L.S.; ver informe del perito licenciado en organización y técnicas del seguro, de fs. 260/9).

Repárese, al respecto, que la ausencia de separación entre la vivienda y el local comercial ha quedado acreditada a través del croquis presentado por el perito ingeniero, que evidencia que el comercio se encontró unido a la residencia por medio de una de las paredes, además de contar con una conexión directa por abertura (v. fs. 241). El mismo dato fue confirmado por el liquidador interviniente, quien dio cuenta de que el actor informó que el local contaba con comunicación directa a través del living de la finca (v. fs.137 y 213).

Destaco, de otro lado, que el análisis de la pretensión inaugural revela cierta discordancia entre el interés asegurable invocado y el alcance del contrato que se aduce incumplido.

Me explico.

De la descripción de los hechos efectuada en la demanda -e inclusive del frente de la póliza- surge que el interés de Tilli fincó en el resguardo de su vivienda familiar (v. fs. 17 y 71 vta.).

Sin embargo, al cuantificar los daños sufridos en la propiedad, no se limitó aquél a valuar aquellos padecidos en el hogar, sino que incluyó también los ocurridos en el local comercial. Obsérvese que reclamó por este rubro $165.000 y para su estimación se remitió al presupuesto acompañado como prueba documental (v. fs. 73), que, en lo que aquí importa, comprendió la “demolición total del local”, “construcción de mamposterías de l/portante” y reposición de “persiana local” (sic.; v. fs. 13/14).

XXV) Finalmente, diré que, vista la cuestión desde la óptica de la Ley de Defensa del Consumidor, tampoco procede admitir el recurso.

Cierto es que, en la especie, no cabe duda que el vínculo que unió a las partes encuadra en una relación de consumo (me remito, sobre el particular, a los argumentos desarrollados en mi voto en esta Sala F en los autos “Santarelli Hector Luis y otro c/ Mapfre S.A. de Seguros s/ ordinario” el 8.5.14).

Sin embargo, -y más allá de la invocada exigencia de cumplimiento de contrato con sustento en el Art. 10 bis, inc. a de la L.D.C.-, no es menos cierto que la recurrente no precisó qué aspectos de dicho cuerpo normativo habrían sido vulnerados o restringidos.

No obstante ello, puntualizo que la agravación del riesgo que dio lugar al rechazo del siniestro reconoce origen legal (L.S. 37), fue expresamente prevista en las condiciones de la póliza (v. copia a fs.100) y no se advierte que dicha convención desnaturalice la obligación a cargo del asegurador o restrinja arbitrariamente derechos del asegurado, tornando aplicable la sanción establecida en la L.D.C.:37. Ello así, en tanto que sólo se refirió Tilli genéricamente a la superioridad técnica de la aseguradora -sin que de ello pueda inferirse, en el caso, una situación abusiva o de mala fe de aquélla- y ni siquiera le achacó un eventual incumplimiento del deber de información (L.D.C.: 4 y 37).

Conclusión.

Por todo lo expuesto, si mi criterio fuera compartido por mis distinguidos colegas, propongo al Acuerdo: i) desestimar los agravios elevados por el apelante, confirmando el pronunciamiento de grado, y ii) imponer las costas de Alzada al actor, vencido.

Así voto.

Con los mismos fundamentos, los doctores Barreiro y Ojea Quintana adhieren al voto que antecede.

Con lo que finalizó este Acuerdo en el que firmaron los Señores Jueces de Cámara Doctores:

Rafael F. Barreiro

Juan Manuel Ojea Quintana

Alejandra N. Tevez

María Florencia Estevarena

Secretaria

Buenos Aires, 5 de abril de 2016.

Y Vistos:

Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, se resuelve: i) desestimar los agravios elevados por la accionante, confirmando el pronunciamiento de grado, y ii) imponerle las costas de Alzada.

• Notifíquese al domicilio electrónico o en su caso, en los términos del art. 133 CPCC (Ley 26.685, Ac. CSJN 31/2011 art. 1° y 38/2013). Fecho, devuélvase a la instancia de grado.

Hágase saber la presente decisión a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto (cfr. Ley n° 26856, art. 1; Ac. CSJN n° 15/13, n°24/13 y n° 42/15).

Rafael F. Barreiro

Juan Manuel Ojea Quintana

Alejandra N. Tevez

María Florencia Estevarena

Secretaria