Es ilegítima la cesantía del empleado público suplente, pues nunca se reintegró quien era titular.

Pesos argentinos 3Partes: Chiappero Martín c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso contencioso administrativo

Tribunal: Cámara de lo Contencioso Administrativo de Santa Fe

Fecha: 22-abr-2016

Cita: MJ-JU-M-98702-AR | MJJ98702 | MJJ98702

Ilegitimidad de la cesantía del empleado público suplente, ya que ello solo sucedería cuando se reintegrara el titular, lo que nunca ocurrió.

Sumario:

1.-Cabe reconocer ilegitimidad del cese del actor y, en consecuencia, reconocer el derecho a percibir los salarios correspondientes al cargo de copista desde la fecha en que se dispuso su cese, pues el actor había accedido al cargo cesado mediante la figura de la suplencia, y tenía derecho a continuar en la misma hasta el efectivo reintegro del titular, quien nunca se reincorporó efectivamente a sus funciones.

2.-Debe desestimarse la pretensión del actor de que durante el lapso durante el que estuvo cesanteado se le abone, además, el sueldo como archivista, pues venía consintiendo el hecho de llevar a cabo las tareas que le fueron asignadas como archivista, sin percibir contraprestación por ellas, y sin que se observen, por lo demás, reclamos formulados al respecto; por lo demás, dicha pretensión tampoco es viable al no ser posible, funcional y materialmente, que un mismo empleado o funcionario se desempeñe en dos cargos distintos.

Fallo:

En la ciudad de Santa Fe, a los 22 días del mes de abril del año dos mil dieciséis, se reunieron en acuerdo los señores Jueces de la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 1, integrada al efecto por los doctores Alfredo Gabriel Palacios y Abraham Luis Vargas, con la presidencia del titular doctor Federico José Lisa, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “CHIAPPERO, Martín contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO” (Expte. C.C.A.1 n° 129, año 2009). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?; TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. Asimismo se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea doctores Lisa, Palacios y Vargas.

A la primera cuestión, el señor Juez de Cámara doctor Lisa dijo:

1. El señor Martín Oscar Chiappero interpone recurso contencioso administrativo contra la Provincia de Santa Fe, tendente a que se disponga la nulidad de la cesantía dispuesta en fecha “20.11.2006” (sic) y, en consecuencia, se le abonen los sueldos por los cargos de copista y archivista correspondientes al período comprendido entre el 3.10.2005 hasta el 22.6.2006, en que -dice- estuvo ilegalmente desplazado; y los salarios de copista que ejerció desde el 23.6.2006 hasta el 13.3.2008, cuando fue efectivamente cesado en esas funciones; con más los intereses que dichas sumas hayan devengado desde la interposición en mora y hasta su efectivo pago.

Asimismo, dice que corresponde indemnizarlo por el “injusto daño moral que el ilegítimo acto le ocasionó”; todo ello, con costas.

Relata que comenzó prestando funciones como personal reemplazante de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Santa Fe en el año 1993; que por disposición 16/93 del Subsecretario de Cultura, se lo designó como personal reemplazante, en el cargo de copista -categoría 16- desde el 22 de febrero de 1993 y por nueve meses; que al término de dicho plazo, por disposición 93/93, el Subsecretario de Cultura dispuso prorrogar la designación, mientras dure la ausencia del titular del cargo, Luis Ángel Di Nucci.

Dice que en un primer momento sólo realizaba las citadas tareas de copista, como personal reemplazante, hasta que más tarde, en el año 1998, mediante disposición 2/98 del Director de la Orquesta Sinfónica de Santa Fe, se le asignaron también las funciones propias del cargo de Archivista.

Destaca que dicha tarea estaba hasta entonces vacante, es decir, no se cumplía con personal específico ni especialmente capacitado; que las funciones del reemplazado Di Nucci eran sólo de copista.

Expresa que el nuevo cargo que se le otorgó fue en el área de Archivística del Organismo citado (disposición 2/98 del Director de la Orquesta Sinfónica de Santa Fe); y que dichas funciones de Archivo son ordinarias y permanentes.

Dice que para encomendarle tareas de Archivística se tuvo en cuenta especialmente la idoneidad, capacitación y responsabilidad acreditada; que como prueba del buen desempeño, en fecha 26.10.2005 la Orquesta inició un pedido para que se lo designe formalmente como personal interino en dichas funciones vacantes.

Que ese trámite culminó en el año 2008, cuando fue nombrado personal de planta permanente en el cargo de Archivista de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Santa Fe; que el 3.10.2005 tomó posesión de su cargo el reemplazado Di Nucci, pese a lo cual, continuó realizando sus tareas diarias, quedando así fehacientemente comprobado que sus funciones eran verdaderamente independientes del reemplazo que desarrollaba.

Explica que a partir del reintegro del señor Di Nucci, se le impidió firmar el ingreso y egreso como lo hacía habitualmente, sin dársele una respuesta formal sobre las razones que lo impedían; que incluso, casi inmediatamente, se produjo un nuevo pedido de licencia del señor Di Nucci, por lo que -aclara- en los hechos nunca dejó de desempeñar sus funciones.

Advierte que a partir de entonces no se le permitió ni firmar ellibro de asistencia ni se le pagaba ninguna remuneración por sus servicios; que por ello intimó

a que se le reconociese que seguía desempeñando tareas normalmente, pese al reintegro de Di Nucci y su posterior ausencia por nuevo pedido de licencia otorgada.

Relata que por ante escritura n° 86 pasada por ante la Escribana Pública María Antonia Paoletti de Tomás el 28.10.2005 se dejaron asentados detalles de la relación laboral, expuestos por la Secretaria y Jefa de Personal de la Orquesta Sinfónica de Santa Fe.

Concluye en que la reincorporación del copista titular no lo hizo cesar por completo en sus funciones ya que también se desempeñaba como Archivista en ese momento, cargo del cual Di Nucci no era titular; y reitera que Di Nucci se reintegró pero que volvió a solicitar licencia debido a que estaba ocupando un cargo en el área de Turismo; por lo que nunca dejó de desempeñar las funciones tanto de copista como de Archivista, y siguió yendo a trabajar, pero sin firmar registro de asistencia y sin percibir salario alguno.

Indica que mientras todo esto acontecía efectuó un pedido formal al Subsecretario de Cultura del Ministerio de Educación Provincial de que se lo “pase” a la planta permanente; que en respuesta se ordenó su cese en las funciones que venía desempeñando en la Orquesta Sinfónica, pero “sin demasiadas explicaciones y sin el dictamen jurídico de los órganos de asesoramiento permanente del Ministerio”.

Señala que la relación laboral -de 12 años de duración a ese momento- estuvo signada por el incumplimiento de la normativa que rige para el personal de la Administración; que la ley 8525 establece que el personal transitorio es el que se designa para tareas extraordinarias y no puede durar en sus funciones más de doce meses; que el decreto 2695/83 -en el capítulo IX (Agrupamiento Cultural), artículo 38- establece que el ingreso de personal en los tramos de Personal de Orquesta y Coro- se hace mediante “un procedimiento de selección que consisteen una designación transitoria de seis meses durante los cuales, desempeñándose en el organismo correspondiente, el agente deberá acreditar la idoneidad suficiente, lo que lo posibilitará el ingreso a la Planta del personal permanente”.

Entiende que está en el “espíritu de las normas” en cuestión permitir a la Administración la posibilidad de designar personal en forma transitoria, pero obviamente esta facultad no es discrecional y está sujeta a determinados límites.

Dice que la accionada no cumplimentó la normativa; que la desafectación ordenada por la autoridad lejos está de ajustarse a las reglamentaciones vigentes; que si la Administración lo mantuvo en sus funciones por 12 años es porque acreditó con creces su idoneidad en las tareas desempeñadas y que así lo señaló la propia Orquesta, al solicitar su designación interinamente en el cargo de archivista.

Señala que contra el acto por el cual se dispuso su cesantía interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio; que debido a la demora en resolver, se tramitó ante esta Cámara medida cautelar autónoma bajo el expediente judicial n° 264/05 en la cual se resolvió hacer lugar a la medida solicitada y en consecuencia, se ordenó su reincorporación en el ejercicio de las funciones que desempeñaba con anterioridad a su desplazamiento; pero que jamás se le abonaron los salarios correspondientes a los meses durante los cuales tuvo lugar todo lo relatado.

Al referir a su situación actual, señala que se siguió desempeñando como copista y archivista hasta el 13.3.2008 cuando fue incorporado a la planta permanente de la orquesta mediante decreto 660/08; que fue cesado recién en ese momento, como reemplazante en el cargo de copista.

Que desde que se dispuso su reincorporación (23.6.2006) y hasta la fecha del decreto 660/08 (13.3.2008) sólo percibió por las funciones de archivista, y no por las de copista, pese a que también las realizaba; por lo que reclama el pago de los salarios correspondientes por el cargo de copista durante el plazo referido;así como la indemnización por el daño moral sufrido.

Menciona los reclamos interpuestos en sede administrativa; invoca doctrina y jurisprudencia aplicable al caso, y concluye que el derecho a percibir salarios caídos por parte de un agente público nace de la efectiva realización de tareas por parte de éste y también del efecto retroactivo de la resolución que declare la ilegitimidad de la cesantía; que implica tener la relación laboral como no interrumpida, lo que -aclara- no sucedió en realidad ya que nunca dejó de trabajar.

Considera que corresponde declarar el período durante el cual fue ilegítimamente cesanteado como efectivamente laborado y que, por ende, corresponde sea abonado; y que se encuentran acreditadas las funciones que desempeñaba y que efectivamente trabajó durante los meses cuyo haber reclama.

Invoca la teoría del enriquecimiento sin causa y sostiene que el acto impugnado es arbitrario por varias razones: incumplimiento de las formalidades legales y falsa causa.

En cuanto a la primera, señala que no se ha observado el procedimiento que la ley establece previo a su dictado; que la desafectación lo fue en violación al decreto 132/94 que ordena el previo y obligatorio dictamen de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico del Ministerio respectivo.

Aduce que la cesantía se funda en una causa incorrecta, falsa al fundarse en la reincorporación del titular del cargo de copista; que si bien se reincorporó a comienzos del mes de octubre de 2005, casi inmediatamente (21.10.2005) volvió a pedir licencia porque se encontraba cumpliendo funciones en el área de Turismo de la Provincia; por lo que él nunca dejó de cubrir ese cargo.

Es decir -explica- se lo desafectó por reintegro del titular, pero éste nunca asumió; que para la fecha del dictado del “acto de desafectación (20.11.2005)” Di Nucci ya había vuelto a solicitar licencia (21.10.2005); es decir, que la razón o causa de su dictado ya había desaparecido.

En cuanto al daño moral solicitado, dice que corresponde su indemnización atento los padecimientos anímicossufridos durante todo el tiempo que fue ilegítimamente cesado; que “es dable presumir la repercusión

negativa en sus emociones” ocasionada por el hecho de trabajar sin percibir remuneración alguna: preocupación por la incertidumbre laboral; insomnio; desprestigio; impotencia “por encontrarse en inferioridad de condiciones con su empleador”; dificultad para disfrutar su vida diaria, falta de apetito y en general, un cuadro de stress totalmente atribuible al abuso de poder que la demandada ejerció sobre él.

Funda su pretensión en derecho; ofrece pruebas; formula reserva del caso constitucional, y solicita, en suma, se haga lugar al recurso interpuesto; con imposición de costas.

2. Declarada la admisibilidad del presente recurso (A. y S. T. 20, pág. 264; f. 120); y, emplazada la demandada (f. 123), comparece a foja 134 y contesta la demanda (fs. 142/147).

Luego de describir la pretensión del recurrente y los antecedentes del caso, alega la improcedencia del recurso.

Sostiene que se incurre en un error puesto que el reemplazo del señor Di Nucci lo fue hasta el 2.10.2005 inclusive, reintegrándose dicho agente en fecha 3.10.2005; que en junio de 2006 el señor Chiappero fue reincorporado a las funciones que venía desarrollando atento a la resolución de la medida cautelar dispuesta por esta Cámara, por lo que -explica- la cesantía alegada “jamás pudo producirse en fecha 20.11.2006”, entendiendo que el recurrente quiso decir 3.10.2005.

Aduce que la pretensión de nulidad de la cesantía no puede prosperar. En ese sentido, explica que a Chiappero le fueron asignadas las funciones de un cargo de copista -cat.16, luego 3- en la Orquesta Sinfónica de Santa Fe, de conformidad al régimen jurídico de suplencias, según lo previsto en la disposición 51/92; que su ingreso y pertenencia a la Administración Pública fue en calidad de reemplazante, con la característica de la transitoriedad propia de dicha especie, no siendo cuestionado oportunamente por el interesado, sino que en tales condiciones aceptó y se sometió voluntariamente a dicho régimen jurídico.

Esa normativa estableció que el reemplazante es el que revista en el lugar de un agente titular o suplente y el cese se produce por reintegro al cargo del titular o suplente que se encontrare en uso de licencia reglamentaria; que la cesantía fue automática y obedeció pura y exclusivamente al reintegro del titular del cargo; que, en consecuencia, no existió acto formal de cesantía, sino simplemente la toma de posesión del cargo de copista por su titular, lo que provocó la finalización del reemplazo por parte del agente Chiappero.

Asimismo, invoca la improcedencia de salarios por funciones de copista y archivista durante el período 3.10.2005 al 22.6.2006, indicando que si bien Chiappero manifiesta que efectivamente trabajó en el período señalado, la Dirección General de Recursos Humanos manifestó que no constan antecedentes de su efectivo desempeño; por lo que -afirma- desde el 3.10.2005 al 22.6.2006 no existió vínculo laboral ni acto de designación que avale la pretensión del recurrente.

Agrega que resulta improcedente el reclamo de salarios de archivista, además, porque las funciones fueron asignadas por disposición interna 2/98 que fue emitida por quien no tenía competencia para ello.

Respecto al pago de salarios reclamados por el cargo de copista desde el 23.6.2006 al 13.3.2008, dice que al serle asignadas las funciones de archivista por autoridad incompetente, el cargo de base era el de copista, y por el cual se le abonaba.

Alega además el rechazo del daño moral peticionado puesto que no se advierte que se haya vulneradosu esfera jurídica; que la pretensión indemnizatoria resulta inadmisible para la presente jurisdicción contencioso administrativa; que su desarrollo argumental parece referirse a las acciones que se ventilan en la justicia ordinaria y que tienden a la afirmación de la responsabilidad de la Administración; por lo que -entiende-corresponde a la competencia de la justicia ordinaria.

Ofrece pruebas; plantea la cuestión constitucional y solicita, en suma, se disponga el rechazo del recurso interpuesto; con costas.

Abierta la causa a prueba (f. 152) y producida la que consta en el expediente, alegan las partes sobre su mérito (fs. 270/276 y 277/283 vto.).

Dictada (f. 285 vto.) y consentida la providencia de autos, se encuentra la presente causa en estado de ser resuelta.

3. De conformidad al artículo 23, inciso a), de la ley 11.330, corresponde emitir pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso.

Al respecto, no se han invocado, ni se advierten, razones que autoricen a apartarse del auto obrante a foja 120 (A. y S. T. 20, pág. 264).

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor juez de Cámara doctor Palacios coincidió con lo expresado por el señor Juez de Cámara doctor Lisa, y votó en igual sentido.

A la misma cuestión, el señor Juez de Cámara doctor Vargas dijo:

Habiendo tomado conocimiento de los autos y existiendo votos totalmente concordantes de dos Jueces, de conformidad al artículo 26 de la ley 10.160 y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, me abstengo de emitir opinión.

A la segunda cuestión, el señor Juez de Cámara doctor Lisa dijo:

De acuerdo a las constancias administrativas acompañadas, se observa que en fecha 18.3.1993 el actor fue designado por el Subsecretario de Cultura de la Provincia como “Personal reemplazante en cargo de categoría 16- copista- 12. Personal Cultural de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe”, desde el 22.2.1993 y por el término de 9 meses (disposición 16/93, f. 6, expte.adm. 401-151115-1).

Que mediante disposición 93/93 se dispuso la prórroga de la designación efectuada desde el

22.11.1993 y “mientras dure la ausencia del titular del cargo, señor Luis Ángel Di Nucci” (f. 7, expte. adm. cit.).

Surge también que por disposición 2 del 1.4.1998, el Director de la Orquesta Sinfónica le asignó al señor Chiappero el cumplimiento de funciones en el área de archivo del citado organismo artístico (f. 17, expte. adm. 101-191015-7).

Por último, y de acuerdo a lo informado por la Coordinación Movimiento de Personal Planta Central, en fecha 23.6.2006 y en virtud de lo resuelto por este Tribunal en la medida cautelar autónoma del 16.5.2006 (A. y S. T. 4, pág. 458), se observa que el actor fue reintegrado en sus funciones -cargo categoría 3- 12 Personal Cultural copista-, en el que continuó hasta el 12.3.2008 inclusive; y que a partir del 13.3.2008, en razón del decreto 660/08, revista en la categoría 3-12 Personal Cultural Titular- Archivista (f. 13, expte. adm.

101-191015-7).

2. Ante todo se aclara que, si bien el actor al demandar refiere a que impugna el acto por el cual se lo deja cesante de fecha “20.11.2006” (f. 85), o al de desafectación de fecha “20.11.2005” (f. 97 vto.), al alegar precisa que -tal como lo advierte la demandada al contestar la demanda- la pretensión impugnatoria se dirige contra la “cesantía” dispuesta en fecha “3.10.2005” (f. 270).

3. Aclarado ello, adelanto mi opinión favorable a la procedencia del recurso, aunque con el alcance que se determinará. a. En primer término, considero que le asiste razón al recurrente en cuanto a que el cese fue incausado.

De conformidad a la reglamentación aplicable (decreto 2212/92, art. 2; fs. 5/6 expte. 401-161274-8; y disposición 52/92 de la Subsecretaría de Cultura, Capítulo V, inciso a, fs. 7/8 expte. adm.citado), el reemplazo dura hasta que se reincorpore el titular al cargo.

En el supuesto de autos, el actor había accedido “al cargo cesado” mediante la figura de la suplencia, y tenía derecho a continuar en la misma hasta el efectivo reintegro del titular.

Es más, en esos términos se dispuso la prórroga de su designación: “mientras dure la ausencia del titular del cargo, señor Luis Ángel Di Nucci” (disposición 93/93).

Y bien, el señor Di Nucci nunca se reintegró efectivamente a sus funciones, con lo que el acto de cese -en cuanto fundado en el reintegro de Di Nucci- se encuentra viciado en su elemento causa.

Ello incluso se extrae directamente de la disposición 644 del 21.11.2005 dictada por el Secretario de Cultura de la Provincia, por la que -con fundamento en que el agente Di Nucci “se ha especializado en Políticas Públicas y Desarrollo local, en Género y Políticas Públicas”, y que “a la fecha se encontraba elaborando el Plan Estratégico de Turismo de la Provincia” (considerando segundo, disposición 644/05)- se lo afectó “para cumplir tareas en el Programa Turismo Cultural” de la Secretaría de Cultura (f. 20, expte. adm. 401-150497-7); ampliándose luego los términos de la disposición 644/05 atento a lo solicitado por el Director General de Turismo de la Provincia (disposición 2 del 26.1.2006, f. 8, expte. adm. 1201-2920-3).

Todo ello se refuerza, por lo demás, con la circunstancia de que el actor siguió ejerciendo las funciones en las que supuestamente había sido cesado.

En ese sentido, puede mencionarse lo informado por la Secretaria de la Orquesta, quien expresa que -en el período que se menciona (3.10.2005 al 22.6.2006)- el recurrente “continuó colaborando en el Organismo con la anuencia del entonces Director Titular -Jorge Chiappero Favre” (f. 11, expte. adm.401-178911-0).

Por lo tanto, y con sustento normativo en el artículo 21 de la ley 8525, debe accederse a lo peticionado en cuanto al pago de los salarios caídos como copista, desde la fecha en que fue ilegítimamente desplazado de sus funciones -3.10.2005-, y hasta que comenzó a percibirlos como consecuencia del dictado de la medida cautelar en fecha 16.5.2006, advirtiéndose que este período no supera el lapso de dos años según el inveterado criterio sentado por la Corte local (por todos, “Alcácer”, A. y S. T. 109, pág. 164), y reiterado por este Tribunal (“Sa sián”, S. T. 3, pág. 375; entre muchos otros). b. No puede correr la misma suerte la pretensión de que durante este lapso se le abone, además, el sueldo como archivista.

Ello porque, si bien no es dudoso que el recurrente efectivamente llevaba a cabo ambas tareas -las cuales son independientes entre sí (arts. 23 y 24 decreto 7826/63; fs. 18/20 expte. adm. 101-191015-7)- y corresponden a categorías diferentes (art. 37, inciso b, decreto 2695/83)- no por ello le asistía derecho al cobro de ambas.

En efecto, lo dispuesto por resolución 2/98 implica una mera asignación de funciones que, a lo sumo, alcanza para demostrar que las ejercidas por el actor eran independientes respecto de las entonces llevadas a cabo por el señor Di Nucci, pero no basta para justificar el pago de dos sueldos simultáneos, sobre todo si se tiene en cuenta que la realización de las tareas que le fueron asignadas como archivista, no afectaba, siquiera, su carga horaria (f. 16, expte. 101-191015-7).

Por otra parte, conforme se extrae del recibo de sueldo correspondiente a septiembre del año 2005, en esa fecha se le abonaba en carácter de “reemplazante”, cargo 2-6-003 (f.3 de autos); es decir, no acreditó que, con anterioridad a su cesantía, hubiese estado cobrando por sus tareas como archivista, sino que venía percibiendo únicamente como copista reemplazante.

Por lo tanto, el actor venía consintiendo el hecho de llevar a cabo las tareas que le fueron asignadas como archivista, sin percibir contraprestación por ellas, y sin que se observen, por lo demás, reclamos formulados al respecto.

Por lo demás, dicha pretensión no es viable al no ser posible, funcional y materialmente, que un mismo emleado o funcionario se desempeñe en dos cargos distintos.

Los antecedentes acompañados ponen en evidencia que en el período en cuestión le fueron asignadas al actor distintos cometidos, sin que ello haya importado la designación en tantos cargos como funciones atribuidas (“Sala”, A. y S. T. 20, pág. 162).

4. En cuanto al período comprendido entre el 23.6.2006 al 12.3.2008, considero que al actor le asiste el derecho a percibir sus sueldos como copista desde su reincorporación en fecha 23.6.2006 hasta que fue designado como archivista mediante decreto 660/08.

En efecto, no consta que el reemplazo haya debido cesar por el reintegro del titular; por el contrario, tal como lo reconoce la propia demandada, el señor Chiappero fue reincorporado como consecuencia del dictado de la medida cautelar en fecha 16.5.2006 y ejerció funciones como copista hasta el 13.3.2008, fecha en que cesó en dichas funciones y fue designado en planta permanente en el cargo de archivista mediante decreto 660/08, siendo -en definitiva- recién en esa oportunidad que se dispuso formalmente su cese “como reemplazante en categoría 3-copista” (art. 2, dec. 660/08, fs.82/83 de autos).

Por lo tanto, de prosperar este voto, también debe hacerse lugar a la pretensión del actor en cuanto dirigida al reconocimiento de su derecho al cobro de los salarios correspondientes al cargo de copista desde su reintegro -como consecuencia de la medida cautelar dispuesta por esta Cámara-, hasta su designación como archivista y, desde luego, con deducción de lo que haya percibido en razón de ella.

5. Resta analizar lo solicitado en orden al resarcimiento del daño moral causado.

Al respecto, la Corte local tiene reiteradamente dicho -en criterio compartido- que el recurrente debe invocar y probar que se han dado circunstancias de excepción que superen los efectos normales que un acto posteriormente reconocido ilegítimo produce (criterio de “Pallavidini”, A. y S. T. 98, pág. 355).

En el mencionado antecedente se recordó lo expresado en la causa “Goncebate” (A. y S. T. 47, pág. 426), en orden a que la sensación de disgusto producida por el acto administrativo ilegítimo (se trataba, en el caso, de una cesantía), en principio, no alcanza a tener la magnitud de un daño indemnizable, mientras no se demuestren circunstancias que superen el margen de razonable tolerancia que impone la convivencia en sociedad y que tales molestias se solucionan normalmente con el cese de la causa que las provoca, sin perjuicio de la reparación de los daños materiales que se hayan producido.

Entiendo que dichas pautas resultan aplicables al presente caso, por lo que corresponde rechazar el recurso en relación al resarcimiento por daño moral reclamado.

En cuanto a las costas, propongo que, de prosperar este voto, sean impuestas conforme al éxito obtenido (art.24, segundo párrafo, ley 11.330), estimándose justo imponerlas en un 70% a cargo de la demandada y en el 30% restante a cargo de la parte actora.

Con ese alcance, voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Juez de Cámara doctor Palacios expresó similares fundamentos a los vertidos por el señor Juez de Cámara doctor Lisa, y votó -con el mismo alcance- en igual sentido. A la misma cuestión, el señor Juez de Cámara doctor Vargas dijo:

Conforme el criterio sustentado al tratar la cuestión anterior, me abstengo de emitir opinión. A la tercera cuestión, el señor Juez de Cámara doctor Lisa dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores corresponde declarar procedente el recurso interpuesto en cuanto a la declaración de ilegitimidad del cese del actor y, en consecuencia, reconocer el derecho a percibir los salarios correspondientes al cargo de copista desde la fecha en que se dispuso su cese y hasta que fue designado como archivista; e improcedente en lo demás. En consecuencia, condenar a la Provincia de Santa Fe a abonar al actor en legal forma -y según liquidación que deberá practicar la demandada en un plazo no mayor de treinta días de quedar firme la presente sentencia- las sumas adeudadas desde el 3.10.2005 hasta el 12.3.2008 inclusive como copista -categoría 3-, con deducción de las que ya haya percibido como consecuencia del dictado de la medida cautelar de fecha 16.5.2006, y con más intereses desde que cada prestación fue devengada, a la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91. Imponer las costas en un 30% a cargo del recurrente y en el 70% restante a cargo de la demandada.Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se practique y apruebe la liquidación pertinente.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Juez de Cámara doctor Palacios dijo que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Juez de Cámara doctor Lisa y así votó. A la misma cuestión, el señor Juez de Cámara doctor Vargas dijo:

Conforme el criterio sustentado al tratar las cuestiones anteriores, me abstengo de emitir opinión.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Cámara de lo Contencioso Administrativo N ° 1 -integrada- RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso interpuesto en cuanto a la declaración de ilegitimidad del cese del actor y, en consecuencia, reconocer el derecho a percibir los salarios correspondientes al cargo de copista desde la fecha en que se dispuso su cese y hasta que fue designado como archivista; e improcedente en lo demás. En consecuencia, condenar a la Provincia de Santa Fe a abonar al actor en legal forma -y según liquidación que deberá practicar la demandada en un plazo no mayor de treinta días de quedar firme la presente sentencia- las sumas adeudadas desde el 3.10.2005 hasta el 12.3.2008 inclusive como copista -categoría 3-, con deducción de las que ya haya percibido como consecuencia del dictado de la medida cautelar de fecha 16.5.2006, y con más intereses desde que cada prestación fue devengada, a la tasa pasiva promedio mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91. Imponer las costas en un 30% a cargo del recurrente y en el 70% restante a cargo de la demandada. Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se practique y

apruebe la liquidación pertinente.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando los señores Jueces de Cámara por ante mí, doy fe.

Fdo. PALACIOS. LISA. VARGAS (art. 26, ley 10.160). Di Mari (Sec)