Se revoca la sentencia que desestimó in limine la ejecución de un pagaré, por considerarlo base de una operación de crédito para el consumo.

PagaréPartes: Banco Macro S.A. c/ Gómez Luciano s/ ejecutivo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: D

Fecha: 28-abr-2016

Cita: MJ-JU-M-98798-AR | MJJ98798 | MJJ98798

Se revoca la sentencia que declaró nulo el acto de cobertura y desestimó in limine la ejecución del pagaré objeto del proceso por considerarlo base de una operación de crédito para el consumo.

Sumario:

1.-La regla prevista en el mencionado art. 36 de la LDC. bien puede separarse en dos segmentos: una primera parte, que establece obligaciones de contenido contractual (bajo pena de nulidad, pero requiriendo la actuación del consumidor, y que se encuentran relacionadas con el deber de información); y una segunda parte, vinculada con el carácter nulo de las cláusulas que modifiquen la competencia (sin necesidad de petición del consumidor).

2.-Como la prórroga de jurisdicción es sustantivamente lesiva en la contratación predispuesta, tal situación justifica la actuación oficiosa del magistrado; en cambio, no tiene ese impacto la ausencia de alguno de los contenidos contractuales cuya omisión requiere la denuncia del interesado, pues, de otro modo, sería ciertamente paradójico afirmar como beneficioso para el consumidor declarar la nulidad del contrato, aun cuando el consumidor consintiere esa circunstancia.

3.-En la causa Autoconvocatoria a plenario s/competencia del fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios en que se invoquen involucrados derechos de consumidores (expte. S. 2093/09), del 29/6/2011, esta Cámara -por mayoría- resolvió básicamente que en las ejecuciones de títulos cambiarios podía inferirse de la sola calidad de las partes que entre ellas subyace una relación de consumo y que, en tal caso, correspondía declarar de oficio la incompetencia territorial del tribunal con fundamento en lo dispuesto en el referido art. 36 de la LDC. En otras palabras, una recta lectura de los argumentos brindados para justificar esa doctrina, conduce a interpretar que, en rigor, sólo la cláusula que prorroga la competencia a favor de una circunscripción judicial distinta de la que corresponde al domicilio real del consumidor es nula, de nulidad absoluta, pero -en todo caso- se trata de una nulidad parcial que, por tanto, sólo afecta dicha previsión y no todo el acto en el que se inserta, el cual a priori mantiene plena eficacia.

4.-Cuando de sus condiciones personales y del título pudiere presumirse que los litigantes se encuentran vinculados por una relación de consumo, se comparte con la doctrina que la solución más equilibrada y armónica que resguarda todos los intereses en juego y coordina las normas en conflicto es que, tras examinar si el título cumple con los requisitos contemplados por su específico ordenamiento como para habilitar la ejecución (situación que ocurre en la especie, conf. art. 101, decr. ley 5965/63 ), se ordene el pertinente mandamiento de intimación y pago, otorgándole al ejecutado la posibilidad de ser oído, para que finalmente se dicte una sentencia que examine todas las excepciones o planteos que pudieren oponerse a la ejecución. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 28 de abril de 2016.

El ejecutante apeló en fs. 21 la decisión de fs. 16/20 que -tras presumir que la suscripción del pagaré que pretende ejecutarse, tiene como base una operación de crédito para el consumo- declaró nulo ese “acto de cobertura” y desestimó in limine la ejecución hasta tanto no se desvirtuara esa presunción, u optara por preparar la vía ejecutiva acompañando el instrumento previsto por el art. 36 de la ley 24.240.

El memorial luce en fs. 23/28.

La Representante del Ministerio Público dictaminó en fs. 32.

10. (a) Como explica la doctrina, la regla prevista en el mencionado art. 36 de la LCQ bien puede separarse en dos segmentos: una primera parte, que establece obligaciones de contenido contractual (bajo pena de nulidad, pero requiriendo la actuación del consumidor, y que se encuentran relacionadas con el deber de información); y una segunda parte, vinculada con el carácter nulo de las cláusulas que modifiquen la competencia (sin necesidad de petición del consumidor) (Paolantonio, Martín E., Monólogo de fuentes: el caso del pagaré de consumo, LL, 2015-C-823; en similar sentido, Ibarlucía, Emilio A., Conflicto entre las leyes de títulos abstractos y la Ley de Defensa del Consumidor. Análisis constitucional, LL, 15/06/2015, p. 1).

Dicho de otro modo, y siguiendo esa postura, como la prórroga de jurisdicción es sustantivamente lesiva en la contratación predispuesta, tal situación justifica la actuación oficiosa del magistrado; en cambio, no tiene ese impacto la ausencia de alguno de los contenidos contractuales cuya omisión requiere la denuncia del interesado, pues, de otro modo, sería ciertamente paradójico afirmar como beneficioso para el consumidor declarar la nulidad del contrato, aun cuando el consumidor consintiere esa circunstancia (Paolantonio, op. cit.).

(b) Y en tal sentido, en la causa “Autoconvocatoria a plenario s/competencia del fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios en que se invoquen involucrados derechos de consumidores” (expte. S.2093/09), del 29/6/2011, esta Cámara -por mayoría- resolvió básicamente que en las ejecuciones de títulos cambiarios podía inferirse de la sola calidad de las partes que entre ellas subyace una relación de consumo y que, en tal caso, correspondía declarar de oficio la incompetencia territorial del tribunal con fundamento en lo dispuesto en el referido art. 36 de la LDC.

En otras palabras, una recta lectura de los argumentos brindados para justificar esa doctrina, conduce a interpretar que, en rigor, sólo la cláusula que prorroga la competencia a favor de una circunscripción judicial distinta de la que corresponde al domicilio real del consumidor es nula, de nulidad absoluta, pero -en todo caso- se trata de una nulidad parcial que, por tanto, sólo afecta dicha previsión y no todo el acto en el que se inserta, el cual a priori mantiene plena eficacia (en similar sentido, Paolantonio, op. cit., Ibarlucía, op. cit., y Drucaroff Aguiar, Alejandro, “Ejecución de pagarés por entidades financieras”, LL, 2015-A-388).

(c) De allí que, en tal orden de ideas, aun cuando de sus condiciones personales y del título pudiere presumirse que los litigantes se encuentran vinculados por una relación de consumo, se comparte con la doctrina que la solución más equilibrada y armónica que resguarda todos los intereses en juego y coordina las normas en conflicto es que, tras examinar si el título cumple con los requisitos contemplados por su específico ordenamiento como para habilitar la ejecución (situación que ocurre en la especie, conf. art. 101, decr. ley 5965/63), se ordene el pertinente mandamiento de intimación y pago, otorgándole al ejecutado la posibilidad de ser oído, para que finalmente se dicte una sentencia que examine todas las excepciones o planteos que pudieren oponerse a la ejecución (Ibarlucía, op.cit.).

(d) Por ello, y destacando otros precedentes del fuero que -bien que por sus fundamentos- concluyen en idéntico sentido (CNCom, Sala A, 8.7.14, “Banco de la Ciudad de Buenos Aires c/ Pinto, Andrea Jaqueline s/ ejecutivo”; Sala B, 11.9.14, “HSBC Bank Argentina S.A. c/ Cisneros, Alberto Vicente s/ejecutivo”, y Sala E, 18.3.15, “Banco de la Ciudad de Buenos Aires c/ Villacorta, Gustavo y otro s/ ejecutivo”, entre otros), habrá de receptarse la proposición recursiva de que se trata.

11. Por ello, y oída la Fiscal ante la Cámara, se RESUELVE: Revocar la decisión de fs. 16/20.

Cúmplase con la comunicación ordenada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15/13 y 24/13); notifíquese al Ministerio Público y oportunamente devuélvase sin más trámite, confiándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (art. 36 inc. 1º, Código Procesal) y las notificaciones pertinentes.

El Juez Pablo D. Heredia no interviene por hallarse en uso de licencia (RJN 109). Es copia fiel de fs. 34/35.

Juan José Dieuzeide

Gerardo G. Vassallo

Julio Federico Passarón

Secretario de Cámara