Multan a Falabella por tener productos exhibidos para su comercialización sin cartel indicativo de sus precios.

window-hallhuberPartes: Falabella S.A. c/ DNCI s/ lealtad comercial – Ley 22.802 – art. 22

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 31-mar-2016

Cita: MJ-JU-M-98289-AR | MJJ98289 | MJJ98289

Se le impone una multa a una empresa por tener productos exhibidos para su comercialización sin cartel indicativo de sus precios.

Sumario:

1.-Corresponde reputar como constitucional aquella norma que exige el pago previo de la multa para poder interponer una acción judicial, salvo en aquellos casos en los que existe una desproporcionada magnitud entre la suma que el contribuyente debe ingresar y su concreta capacidad económica o su estado patrimonial – no invocada dicha causal por la empresa sancionada – , a fin de evitar que ese pago previo se traduzca en un real menoscabo de garantías que cuentan con protección constitucional.

2.-Es improcedente encuadrar la actuación de la autoridad administrativa como violatoria de la garantía de doble juzgamiento en tanto que de las actas labradas surge que se constató la infracción respecto de distintos productos exhibidos para su comercialización y dicha infracción se verificó en distintas sucursales. Por lo tanto, si bien se afecta al mismo bien jurídico, los acontecimientos resultan ser distintos y escindibles unos de otros.

3.-No corresponde hacer lugar al pedido de nulidad del acta de infracción solicitado por la actora en tanto que de conformidad con lo prescripto por el art. 17 de la Ley 22.802 no exige indicar la competencia ni el cargo del funcionario, como tampoco la participación de testigo alguno. Asimismo, el acta de infracción emanada de un funcionario constituye un instrumento público y en consecuencia hace plena fe y otorga prueba suficiente de los hechos en ella contenidos.

4.-Las infracciones que contemplan las normas de lealtad comercial y defensa del consumidor son formales y su verificación supone por sí la responsabilidad del infracción, sin que se requiera la producción del daño concreto sino puramente pura acción u omisión , por eso su aplicación es objetiva y se configuran por la simple omisión que basta por sí misma para violar las normas. 5-No obsta a la obligación de colocar carteles indicadores de precios de los productos exhibidos el hecho de que el consumidor los pueda conocer por otros medios.

6.-Es atribución primaria de la autoridad administrativa la aplicación, determinación y graduación de las sanciones, principio que sólo cede ante una manifiesta arbitrariedad y, en la especie, no se verifica la existencia de dichos supuestos en la labor desempeñada por la autoridad administrativa en ocasión de graduar la sanción impuesta a la empresa actora.

Fallo:

Buenos Aires, 31 de marzo de 2016.- GO

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Que, por Disposición (DNCI) Nº 353, del 19 de octubre de 2015, el Director Nacional de Comercio Interior impuso una multa por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000) a la firma Falabella SA, por considerarla incursa en la infracción prevista y penada por los arts. 2º y 5º de la Resolución Nº 7, de la ex Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor del ex Ministerio de Economía, reglamentaria de la ley 22.802.

Al efecto, el mencionado acto administrativo recordó que las actuaciones tuvieron como origen la inspección llevada a cabo por personal de la Secretaria de Comercio, de la que da cuenta el Acta de Inspección nº 000223, labrada el 25 de septiembre de 2014 (v. fs. 1 y vta.), en el local de la firma ubicado en la calle Florida Nº 202, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conforme dicho instrumento público, los inspectores verificaron la falta de exhibición de cartel indicador de precios de los productos que se exhiben para la venta al público, tales como: (1) Plancha a vapor Oster, modelo 00S002, (2) Plancha eléctrica Philips, modelo HD 4631, (3) Heladera General Electric, modelo RFGE SISEWA3, (4) Horno Black and Decker, convection y, (5) Repuesto de café express para la cafetera «Oster» marca Café Martínez, formulándose cargos por presunta infracción a los arts. 2º y 5º de la Resolución (ex SCDDC) nº 7.

II. Que, la Disposición se funda, esencialmente, en que el art. 2º de la Resolución (ex SCDDC) nº 7/02 establece que, «quienes ofrezcan bienes muebles o servicios a consumidores finales deberán indicar su precio expresado en moneda de curso legal y forzoso en la República Argentina -Pesos-. El mismo deberá ser el de contado en dinero efectivo y corresponderá al importe total que deba abonar el consumidor final.» y el art.5º, en tanto establece la obligatoriedad de la exhibición de precios y que en virtud de lo expresado en el acta de inspección corresponde tener por acreditada la infracción imputada en virtud de lo dispuesto en el inciso d), del art. 17 de la Ley 22802.

Además, la autoridad administrativa, con relación al argumento que plantea la nulidad del acta de inspección señaló que de la simple lectura del acta, surgen con claridad las características suficientes para la identificación de los productos inspeccionados como son la marca comercial, tipo y modelo de la mercadería que se encontraba lista para su comercialización, con lo cual tiene por acreditada la infracción imputada en virtud de lo dispuesto en el inc. d) del art. 17, de la Ley 22802 que establece que «Las constancias del acta labrada conforme a lo previsto en el inc. a) del presente.constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten desvirtuadas por otras pruebas».

En tal sentido, se advirtió que la sumariada no aportó prueba que desvirtúe aquella imputación respecto de la nómina de productos relevados.

En cuanto a la falta de intención aducida, recordó que las infracciones como las de autos, son formales y su verificación supone por sí la responsabilidad del infractor, sin que se requiera la producción de un daño concreto, sino simplemente «pura acción» u «omisión» y que por ello su apreciación es objetiva.

Indicó, que la Ley 22.802, tiene como uno de sus objetivos que el consumidor conozca en forma inmediata el monto que deberá desembolsar por el bien ofrecido, así como también, permitir una rápida comparación con los valores de otros oferentes del mercado y respecto de la falta de tipicidad alegada, recordó que luego de la reforma constitucional de 1994 y en especial del art. 42 de la Carta Magna, las normas que rigen la actividad comercial tutelan el derecho de los consumidores y usuarios de bienes y servicios en la relación de consumo.

III.Que, por presentación de fs. 43/71, la representación legal de Falabella SA interpone recurso de apelación directa contra la Disposición (DNCI) Nº 353, y, al efecto, sustancialmente cuestiona la decisión sancionatoria por considerar que la Secretaría de Comercio aplica una multa sobre la base de una infracción que no se encuentra configurada, ni acreditada, basándose en meras presunciones abstractas, y arribando a conclusiones arbitrarias e infundadas. En ese orden de ideas, señaló que el Acta de Infracción Nº 223, labrada el 25 de septiembre de 2014, a las 13.10 horas, en el local de Falabella sito en Florida 202 de esta Ciudad, es la única prueba en la que se basa la DNCI para sancionarla y que no es un instrumento válido pues adolece de vicios que la tornan nula y por ende, tacha de nulidad al procedimiento de autos.

Advierte, que como consecuencia de ello, el acto administrativo carece de causa y motivación. Por otro lado considera que la Secretaria en modo alguno acredito la supuesta infracción pues ello requiere demostrar que la falta es subjetivamente atribuible al recurrente.

En otro punto, entiende que el importe de la multa resulta arbitrario y desproporcionado y, por último, no obstante acreditar el pago, plantea la inaplicabilidad e inconstitucionalidad del requisito del pago previo establecido en el art. 22 de la Ley 22.802, en tanto considera que tal exigencia resulta contraria a la garantía de acceso a la justicia, como así también lesiona los principios constitucionales relativos a la presunción de inocencia, defensa en juicio y afectación del derecho de propiedad.

IV. Que, a fs. 91/111, el Estado Nacional -Ministerio de Economía y Finanzas Públicas-, contesta el traslado conferido al respecto.

V. Que, por dictamen de fs. 121/126, el señor Fiscal General observa:que, la parte cumplió con el recaudo del pago previo y, respecto del planteo de inconstitucionalidad señaló que la Corte Suprema ha reconocido en numerosas oportunidades que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos, ni a la inalterabilidad de los mismos (Fallos 327:5002 ; 329:976 ,1586; 330:2206 ,3565; 333:108 ,2222; entre otros); que múltiples regímenes normativos (nacionales y provinciales) prevén normas análogas a la presente, en cuanto exigen, previo a la interposición de la acción judicial correspondiente, el pago previo de la multa; que la Corte Suprema, en forma inveterada, sostiene que la regla solve et repete resulta constitucional, salvo en aquellos casos en los que existe una desproporcionada magnitud entre la suma que el contribuyente debe ingresar y su concreta capacidad económica o su estado patrimonial, a fin de evitar que ese pago previo se traduzca en un real menoscabo de garantías que cuentan con protección constitucional y que, en esos casos, es indispensable acreditar debidamente estar incurso en una situación de excepcionalidad frente a dicha regla, circunstancia que no ocurre en la especie (Fallos 155:96; 162:363; 195:22; 322:210 ; 328:1952; 333:2251; entre otros).

Señala, que se trata de un presupuesto procesal de admisibilidad de la pretensión y que -conforme jurisprudencia que allí cita- se ha aceptado la compatibilidad entre la tutela judicial efectiva con los presupuestos procesales, en la medida de que éstos últimos fuesen razonables. Tampoco resulta contrario al debido proceso, salvo que -los recaudos de admisibilidad- se comprueben irrazonables, desproporcionados o excesivos.

Y, en tales consideraciones, concluye en que se debe rechazar el planteo de inconstitucionalidad articulado intentado.

VI. Que, a fs. 129/158, Falabella S.A. solicita como medida cautelar, no se le exija el cumplimiento de la sanción impuesta en la Disposición DNCI Nº 515/2015 -$180.000-, dictada el 30 de noviembre de 2015, la que le fue notificada con fecha 8 de marzo de 2016 (confr. fs.129/133).

En razón de ello, atento el riesgo de que la Secretaría deniegue la apelación contra aquella disposición y prive a Falabella SA del ejercicio de su derecho de defensa, reitera -con idénticos argumentos- su pretensión respecto del planteo de inconstitucionalidad de la regla del pago previo establecida en el art. 22 de la Ley 22.802 (modificada por la Ley 26.993). Solicita que se fije, como contracautela, la caución juratoria.

Alega, como fundamento de esta pretensión la violación del principio «non bis in ídem, pues sostiene que con fecha 25 de septiembre de 2014 se produjo una inspección en las instalaciones de Falabella SA, la que quedó reflejada en tres Actas de Comprobación – Nº 163/14, 204/14 y 223/14- en las cuales se imputó la presunta infracción a los artículos 2 y 5 de la Resolución Nº 7/2002, de la Secretaria de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, reglamentaria de la Ley 22802 respecto de lo cual sostiene que, siendo una única imputación, se configura un doble juzgamiento.

VII. Que, en primer lugar, es necesario advertir que el Tribunal no se encuentra obligado a analizar cada una de las cuestiones formuladas por la recurrente, sino tan solo aquéllas que resultan conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (CSJN, fallos: 258:304; 262:222; 272:225; 278:271; 291:390; esta Sala, in re: «Espasa S.A. c/DNCI-DISP 556/2010», del 7/12/11; «Petersen Thiele Cruz SAC y M c/DNCI-DISP 553/10», del 2/2/11, entre muchos otros).

VIII. Que, de manera preliminar y por una cuestión de orden procesal, se impone advertir que conforme surge de la compulsa de las actuaciones (depósito obrante a fs. 40/41), Falabella SA cumplió con los recaudos de admisibilidad formal del recurso de apelación directa interpuesto y a fs. 89 la Secretaria de Comercio Interior concedió el recurso deducido en los términos del art.22 de la Ley 22.802, con lo cual deviene inoficioso pronunciarse en punto a la inaplicabilidad del art. 63 de la Ley 26.993, así como la tacha de inconstitucionalidad formulada por la recurrente a fs. 91/110 y fs. 139/158.

No obstante ello, atendiendo al tenor de los argumentos allí expuesto, en tanto consideró, (a) que la exigencia de pago previo resulta contraria a la garantía de acceso a la justicia y a los principios constitucionales relativos a la presunción de inocencia, defensa en juicio y afectación del debido proceso adjetivo y (b) se afecta el principio constitucional non bis in idem, se impone recordar que, el art. 22 de la ley n° 22.802 (texto conf. ley nº 26.993) dispone que «Toda resolución condenatoria podrá ser impugnada solamente por vía de recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo o ante las Cámaras de Apelaciones competentes, según el asiento de la autoridad que dictó la resolución impugnada.El recurso deberá interponerse y fundarse ante la misma autoridad que impuso la sanción, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la resolución; la autoridad de aplicación deberá elevar el recurso con su contestación a la Cámara en un plazo de diez (10) días, acompañado del expediente en el que se hubiera dictado el acto administrativo recurrido.

En todos los casos, para interponer el recurso directo contra una resolución administrativa que imponga sanción de multa, deberá depositarse el monto de la multa impuesta a la orden de la autoridad que la dispuso, y presentar el comprobante del depósito con el escrito del recurso, sin cuyo requisito será desestimado, salvo que el cumplimiento del mismo pudiese ocasionar un perjuicio irreparable al recurrente.» Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que las leyes sobre procedimiento y competencia son de orden público y que, por consiguiente, las nuevas que se dicten, aún en caso de silencio de aquéllas, se aplican de inmediato, incluso a las causas pendientes, siempre que no importen privar de validez a los actos procesales cumplidos o dejen sin efecto lo actuado de conformidad con las leyes anteriores (Fallos: 317:499; 324:2338 ; 327:5496; 329:5187 y 5686), ello en la medida en que la facultad de cambiar las leyes procesales es un derecho que pertenece a la soberanía y no existe derecho adquirido a ser juzgado por un determinado procedimiento, pues tales leyes son de orden público (Fallos:306:2101; 313:542; 320:1878 ).

Asimismo, se debe poner de resalto que la jurisprudencia del Alto Tribunal ha reconocido, en principio, la validez de las normas que establecen el requisito del previo pago de la sanción impuesta para la intervención judicial en tanto que las excepciones que admitió contemplan fundamentalmente situaciones patrimoniales concretas de los particulares a fin de evitar que ese previo pago se traduzca, a causa de la falta comprobada e inculpable de los medios pertinentes para enfrentar la erogación, en un real menoscabo del derecho de defensa en juicio -Fallos: 215:225; 247:181; 261:101; 285:302; 287:473; 288:287; 295:314;

322:1284; entre otros- (confr. esta Sala, causa n° 34632/2009: «Transnoa SA c/ Resolución 289/09 Enre (Expte 27436/08)», del 20/10/2011; causa nº 47996/2015, «Wal Mart Argentina SRL c/ DNCI s/ lealtad comercial – ley 22802 – art 22″, del 20/11/2015; causa Nº 45351/2015, Wal Mart Argentina SRL c/ DNCI s/lealtad comercial – LEY 22802 – ART 22» DEL 8/3/2016, entre otros).

Que, en este sentido se advierte que en la disposición legal la exigencia del pago previo no resulta ser una condición irrestricta, pues no se exige cuando se acredite que su cumplimiento puede ocasionar al peticionante un perjuicio irreparable o que su estricta observancia se traduzca en privación de justicia.

Ello así, corresponde observar que, ni en el escrito de interposición del recurso directo como, así tampoco, en la oportunidad de formular la inconstitucionalidad, Falabella SA invocó su situación patrimonial como causal eximente del pago previo establecido por la norma que rige en la especie, es más los argumentos esgrimidos tienden en forma genérica a tachar de inconstitucionalidad sin desvirtuar la interpretación efectuada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en lo que refiere a la exigencia del pago previo, y en modo alguno demuestra de qué manera su declaración de inconstitucionalidad resulta necesaria para garantizar el pleno ejercicio de su derecho de defensa.

En este sentido, se debe señalar que no se advierteen qué modo se afectan tales derechos en tanto que la exigencia del pago previo no resulta incompatible con la existencia de ciertos presupuestos procesales de admisibilidad de las pretensiones, en la medida en que no sean irrazonables, circunstancia ésta cuya prueba pesa sobre quien pretende ser eximido de su cumplimiento.

En tal contexto, se impone entonces concluir en que, en el caso concreto, no se verifica el menoscabo al derecho de defensa en juicio exigido por Alto Tribunal para admitir la excepción al principio referido precedentemente.

En este sentido y en forma coincidente con la pacífica doctrina de la Corte, el pago previo exigido por el art. 63, de la Ley 26.993, no constituye un límite irrestricto, ni un condicionamiento económico que se exhiba como lesivo de la tutela judicial efectiva, pues no es exigible cuando, por su magnitud o desproporción, se traduzca en un condicionamiento que obste el acceso a la justicia.

En este orden de ideas, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señaló -respecto a la interpretación del principio del solve et repete- en cuanto al pago de multas y su posible colisión con lo previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos que: «El alcance Poder Judicial de la Nación que cabe otorgar a lo dispuesto en el art. 8° inc. 1 de la Convención.-con jerarquía constitucional por imperio del art. 75 inc.22 de la Constitución Nacional- .es equivalente, en relación con aquel principio [en cuanto señala que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter], a las excepciones que contemplan situaciones concretas de los particulares a fin de evitar que ese pago previo se traduzca, a causa de la falta comprobada e inculpable de los medios pertinentes para enfrentar la erogación, en un real menoscabo del derecho de defensa en juicio» (C.S. in re «Agroprecuaria Ayui S.A.», del 30/6/99, esta Sala, causa nº 41449/2011, «Kimberly Clark Argentina SA c/ EN -DGA- RESOL. 227/10 (Expte. 12041- 1197/05)» del 7/12/2011).

IX. Que, con relación a la alegada violación del principio «non bis in ídem», se debe poner de resalto que el decisorio recurrido señaló que, las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la inspección llevada a cabo por personal de la Secretaria de Comercio Interior, de la que da cuenta el Acta Nº 223 de fecha 25 de septiembre de 2014, en el local de Falabella SA, de Florida Nº 202 CABA, respecto de productos exhibidos para su comercialización sin cartel indicativo de precios, tales como: (1) Plancha a vapor Oster, modelo 00s002, (2) Plancha eléctrica Philips, modelo HD 4631, (3) Heladera General Electric, modelo RFGE SISEWA3, (4) Horno Black and Decker, convection y, (5) Repuesto de café express para la cafetera «Oster» marca Café Martínez, formulándose cargos por presunta infracción a los arts. 2º y 5º de la Resolución (ex SCDDC) nº 7 (confr. Resol. 353/2015, del 19 de octubre de 2015 -fs.29/38-).

Asimismo, de la compulsa de la Disposición DNCI Nº 515/2015, del 30 de noviembre de 2015, acompañada por la recurrente para fundar la presunta violación al principio non bis in ídem, respecto de la cual se impone señalar que es ajena a la cuestión aquí – se desprende que aquellas actuaciones administrativas -S01:0218239/2014- se iniciaron con motivo de la inspección llevada a cabo por personal de la Secretaria de Comercio, de la que da cuenta el Acta Nº 204, de fecha 25 de septiembre de 2014, en el local de la firma Falabella SA, sito en la Avenida Güemes Nº 897, Locales Nros.- 515, 516 y 517, de la Localidad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, donde se verificó que la inspeccionada exhibía para su comercialización sin cartel indicativo de precios los siguientes productos: (1) Lavarropas Marca LG, Modelo Motion DD F1400TD Industria Argentina, (2) Tablet Marca Samsung Galaxy 7´ Industria Brasilera; (3) Pava eléctrica Philips, (4) TV Smarth marca LG 47´Modelo LNS 700; (5) Horno eléctrico marca Black and Decker modelo CT0455 1KT y, (6) Microondas Marca Atma modelo.» formulándose cargos por presunta infracción a los arts. 2º y 5º de la Resolución (ex SCDDC) nº 7 (confr. Resol. 515/2015, del 30 de noviembre de 2015 glosada a fs. 129/133).

Ahora bien, de la simple lectura de las disposiciones citadas y de las Actas de Inspección, puede claramente advertirse que no le asiste razón a la recurrente, en tanto los acontecimientos resultan ser distintos y escindibles unos de otros, aun cuando puedan afectar a un mismo bien jurídico, por lo cual no advierte doble juzgamiento, tampoco considera vulnerado el principio por tratarse del mismo sujeto (confr. fs.136/138 y fs.29/38 y 129/133).

En efecto, del cotejo de las actas se desprende que, no solo se constató la infracción respecto de distintos productos exhibidos para su comercialización, sin cartel indicativo de precios, sino que dicha infracción se verificó en distintas sucursales, siendo asentadas debidamente en las correspondientes actas labradas por personal de la Secretaria de Comercio, en la momento de la inspección.

En tales condiciones, en la medida en que las consideraciones expuestas dan cuenta de que se trata de imputaciones que corresponden a hechos y lugares diferentes y que fueron constatados en actas diferentes, se impone el rechazo de los argumentos vertidos por la recurrente, pues, es evidente que en el caso no se ha verificado la alegada violación al principio «non bis in idem».

X. Que, en cuanto al planteo de nulidad de las Actas y del procedimiento, efectuado por la recurrente, debe advertirse que, de conformidad con lo prescripto en el art. 17, inc. a), de la Ley 22.802: «Si se tratare de la comprobación de una infracción el funcionario actuante procederá a labrar un acta donde hará constar concretamente el hecho verificado y la disposición infringida».

De lo expuesto, surge que dicha norma no exige indicar la competencia ni el cargo del funcionario, como tampoco la participación de testigo alguno, por lo cual, corresponde desestimar el agravio esgrimido en este sentido.

Asimismo, cabe recordar que el acta de inspección emanada de un funcionario constituye un instrumento público. En consecuencia hace plena fe y otorga prueba suficiente de los hechos en ella contenidos (confr. esta Cámara, Sala IV, causa 63976/2014, «Wal Mart Argentina SRL c/ DNCI s/ Lealtad Comercial-Ley 22802-art. 22», del 30 de junio de 2015).

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que «con arreglo al art. 993 del Código Civil y a la jurisprudencia establecida, las actuaciones de un expediente administrativo tienen el valor de instrumento auténtico y hacen plena fe de los hechos a que se refieren, mientras no sean argüidos de falsos (Fallos:77:430, considerando 12) de lo que se desprende, además y conforme a esa jurisprudencia, que dicho instrumento hace fe entre las partes y respecto de terceros, y que es una prueba indivisible (art. 994, 1026 y 1029, Código Civil).» (Fallos: 131:7).

En el mismo orden de ideas, la encartada no aportó ningún elemento que modifique las constancias del acta de fs. 1 y vta., por lo tanto debe estarse a la plena fe que se otorga, genéricamente a los instrumentos públicos y a las actas como la indicada (art. 17 inc. d. de la ley 22.802.) XI. Ahora bien, resueltas todas estas cuestiones, en cuanto al fondo del asunto debe recordarse que la firma Falabella SA, interpone recurso de apelación directa contra la citada Disposición DNCI Nº 353/2015, que le impone una multa de $120.000, por infracción a los arts. 2º y 5º de la Resolución (ex SCDDC) nº 7, reglamentaria de la Ley 22.802.

Atento el tenor de los cuestionamientos que formula la parte actora resulta conveniente recordar que el fin que persigue la ley 22.802 de Lealtad Comercial, es evitar que los consumidores, mediante indicaciones poco claras y engañosas o inexactitudes, sean inducidos a error o falsedad en la adquisición de productos, mercaderías o en la contratación de servicios, protegiéndose de este modo el derecho de aquellos a una información adecuada, completa y veraz en relación al consumo (art. 42 de la C.N.) (conf. esta Sala, in re: «Mattel Argentina S.A. c/DNCI-DISP 272/09», del 29/10/10; «Falabella S.A. c/DNCI-Disp. 546/10», del 30/8/11; Sala II «Sevel Arg. S.A. c/SCI-DISP. DNCI 1210/97» del 18/11/99; «Frávega S.A. c/DNCI-DISP.726/08», del 22/9/09, entre muchas otras).

Las infracciones que contemplan las normas de lealtad comercial y defensa del consumidor son formales y su verificación supone por sí la responsabilidad del infractor, sin que se requiera la producción de un daño concreto sino simplemente «pura acción» u «omisión», por ello su apreciación es objetiva y se configuran por la simple omisión que basta por si misma para violar las normas (conf. esta Sala «Supermercados Norte c/DNCI-DISP. 364/04» del 9/10/06; «Vecinos de San Diego S.A. c/ DNCI DISP. 425/08 (Exp. S01:16442/02» del 8/9/09, entre otros).- En tal sentido, cabe precisar que no se requiere un daño concreto a los derechos de los consumidores, sino la posibilidad de la existencia de tal daño y las normas legales imponen pautas y conductas objetivas que deben ser respetadas, bajo apercibimiento de las sanciones previstas en la norma (conf. Sala V «José Saponara y Hnos. c/Sec. De Comercio» del 25/6/97 y Banco del Buen Ayre S.A. RDI c/DNCI Disp.

618/05″, del 6/2/07).

Que, en punto a los argumentos defensivos que ensaya acerca del cumplimiento de las normas resultan irrelevantes para la solución del caso y, por consiguiente, no autorizan a repeler el incumplimiento del art. 2º de la resolución (ex SCDDC) nº 7.

En efecto, pretende librarse de la responsabilidad que se le atribuye, justificando la omisión de exhibir carteles con los precios.En este sentido, se advierte que con tales manifestaciones la empresa no hace más que reconocer la falta que se le reprocha, y la circunstancia de que el consumidor conozca por otros medios el precio de los productos, en modo alguno puede importar que se encuentre autorizada a transgredir las normas que le imponen la obligación de colocar carteles indicadores de los precios de los artículos que se exhiben para la venta al público.

Frente a la responsabilidad administrativa que se le imputa en los términos de la ley de lealtad comercial y su reglamentación no resulta causa eximente la invocada inexistencia de un efectivo perjuicio para el consumidor como lo sostiene la recurrente, dado que la norma no requiere el perjuicio de aquel como elemento tipificante de la infracción, la que se configura por la sola omisión o incumplimiento de los deberes u obligaciones a cargo de los comerciantes mayoristas o minoristas, la que se presupone culposa, obligándolos a demostrar la ausencia de negligencia o imprudencia de su parte, razón por la cual, tampoco resulta eludible la imputación de autos bajo la explicación referida a que los consumidores que acuden al local al ingresar pueden consultar los precios de los productos.

XII. Por último, tampoco pueden recibir favorable acogida los argumentos mediante los que la encartada cuestiona la multa impuesta, con sustento en una supuesta desproporcionalidad o arbitrariedad en la cuantía de la sanción.

Al respecto, corresponde recordar que, como principio, la graduación de la sanción es resorte primario del órgano administrativo y constituye una potestad discrecional de la autoridad de aplicación. No obstante lo cual, no hay actividad de la Administración que resulte ajena al control judicial de legalidad y razonabilidad, de modo que aun tratándose de una manifestación de las potestades discrecionales, éstas en ningún caso pueden resultar contrarias al derecho.La actuación administrativa debe ser racional y justa y la circunstancia de que la Administración obre en ejercicio de facultades discrecionales no constituye justificativo de su conducta arbitraria, pues es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de la parte interesada, verificar el cumplimiento de dicho presupuesto (cfr. C.S.J.N. Fallos: 304:721, 305:1489, 306:126; CNCont. Adm., esta Sala, «Círculo de Inv. S.A. de Ahorro para fines deter. c/DNCI s/recurso directo», Causa 152691/02, de fecha 20/11/12 y Sala II, «Ballatore Juan Alberto c/ EN -Mº de Justicia s/Empleo Público», Causa 15.026/93, de fecha 13/6/96).

Asimismo, no cabe soslayar que la función judicial no puede reemplazar la acción de los otros poderes, ni asumir sus responsabilidades o sustituirlos en las facultades que a ellos les conciernen. Precisamente, en el ejercicio de la potestad sancionatoria ha de reconocerse al órgano competente un razonable margen de apreciación en la graduación de la pena a imponer (conf. esta Sala: doctrina en las causas «Lamagna SRL-TF 25088-I c/DGI», 10/4/08 y «Obras Civiles SA -TF 20336-I c/DGI», 16/4/08 y sus citas, entre otras y; Causa 152691/02, de fecha 20/11/12, precedentemente citada), debiendo en cada supuesto particular verificarse el regular ejercicio de tal prerrogativa.

En tal orden de ideas, se debe insistir en que la apreciación de los hechos, la gravedad de la falta y la graduación de las sanciones pertenecen al ámbito de las facultades discrecionales de la Administración, en cuyo ejercicio éste no debe ser sustituido por los jueces a quienes solo les cabe revisarlas en caso de irrazonabilidad o arbitrariedad manifiesta, extremos que no se advierten en el sub examen, pues se han respetado los límites establecidos por el art.18 de la Ley 22.802 (CSJN, doctrina de Fallos: 303:1029; 304:1033; 306:1792; 307:1282, esta Sala:»Gorrini», del 17/10/96, «Cochlar», del 25/5/87, 802, «Provencred 2 Suc. Arg. c/DNCI -DISP 588/09», sentencia del 11/02/2011; en igual sentido, Sala V, in re «Musso Walter c/PNA», pronunciamiento del 27/05/1997, entre otros).

Desde esta perspectiva, corresponde destacar: que el monto de la sanción de multa impuesta -esto es, $120.000- se encuentra dentro de la escala prevista en el inc. a) del art. 18 de la ley nº 22.802 -esto es, de $500 a $5.000.000-; y que la misma se dictó en función de la valoración de la actividad desarrollada por la infractora, la responsabilidad de la firma en la infracción imputada y el interés protegido, en tanto el acto administrativo apelado advirtió que la omisión reprochada trasunta una violación al deber de información, que tiene jerarquía constitucional.

En tales condiciones y de conformidad con los principios expuestos, se impone concluir que -en la especie- no se verifica la existencia irrazonabilidad o arbitrariedad manifiesta en la labor desempeñada por la autoridad administrativa en ocasión de graduar la sanción impuesta en la Disposición (DNCI) Nº 353/2015.

En virtud, entonces, de las consideraciones expuestas, SE RESUELVE: rechazar el recurso de apelación directa interpuesto por Falabella SA y, en su consecuencia, confirmar la Resolución (DNCI) nº 353.

Con costas a la vencida por no existir mérito para la dispensa (art.68, primer párrafo del código procesal).

Teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del litigio, la calidad y eficacia de la gestión profesional, la etapa cumplida y la circunstancia de que la Sala ha declarado reiteradamente que los emolumentos que corresponde fijar a los profesionales y auxiliares de la justicia deb en traducir -aun en los juicios de monto exiguo e inclusive sin monto- una justa retribución de las tareas desplegadas compatible con la dignidad en el ejercicio profesional, SE FIJAN los honorarios de la dirección letrada y representación de la parte demandada -Dres Nicolás Olivari y Devora Ilari – en la suma de -($.)- y -($.)- respectivamente (arts. 6, 7, 8, 9, 37 y 38 del Arancel de Abogados y Procuradores).

El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los emolumentos cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo.

Los honorarios fijados precedentemente deberán ser abonados dentro de los diez (10) días corridos de notificados (art. 49 del arancel citado).

En caso de incumplimiento el acreedor queda facultado para solicitar la intimación de pago para que se cumpla en el plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de ejecución, la que tramitará por ante primera instancia del fuero. Para ello, se facilitará en préstamo el expediente para la extracción de las copias pertinentes, que serán certificadas por el Tribunal y entregadas al interesado para el ingreso del respectivo incidente en la Mesa de Asignaciones de la Secretaría General de la Cámara. Si vencidos los plazos mencionados el interesado no impulsa el proceso en el término de diez (10) días hábiles, las actuaciones se devolverán sin más trámite.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.

JORGE ESTEBAN ARGENTO

CARLOS MANUEL GRECCO

SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ

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