Es arbitraria la sentencia que admite el cese por mutuo acuerdo de la relación laboral a sabiendas de que el trabajador continuaba en funciones.

RenunciaPartes: Lopez de Avalos Dora Liliana c/ Obra Social de Conductores Camioneros y Personal del Transporte Automotor de Cargas s/ laboral

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes

Fecha: 22-abr-2016

Cita: MJ-JU-M-98083-AR | MJJ98083 | MJJ98083

Arbitrariedad de la sentencia que consideró extinguida la relación en los términos del art. 241 in fine de la LCT, siendo que la actora continuó prestando servicios con posterioridad al mes en el que el juez consideró concluido el vínculo.

Sumario:

1.-Debe revocarse la sentencia en cuanto consideró extinguida la relación en los términos del art. 241 in fine de la LCT, residiendo el yerro de la Cámara en haber limitado arbitrariamente la continuidad de la relación laboral a la prueba de pagos posteriores al mes de febrero de 2010, haciendo mérito del último correspondiente a ese mes (abonándose ocho meses juntos), lo que llevó a determinar que la relación laboral concluyó por voluntad concurrente de las partes en dicha fecha, habiéndose probado que era costumbre de la demandada abonar varios salarios juntos.

2.-El a-quo consideró extinguido el vínculo en fecha febrero 2010, argumentando que el comportamiento posterior de la actora es contrario a los deberes previstos por los arts. 62 y 63 de la LCT y art. 163 inc.6 y 164 del CPCC, soslayando que fue la empleadora quien negó la existencia de todo vínculo laboral, al contestar la demanda, alegando en subsidio trabajo benévolo, no acreditado en juicio.

3.-No puede entenderse que existió un comportamiento concluyente y recíproco que traduzca inequívocamente el abandono de la relación, cuando la actora continuó prestando servicios con posterioridad al mes en cuestión, y por casi dos años después.

Fallo:

En la ciudad de Corrientes, a los veintidos días del mes de abril de dos mil dieciséis, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Fernando Augusto Niz, Alejandro Alberto Chaín, Eduardo Gilberto Panseri, Luis Eduardo Rey Vázquez, con la Presidencia del Dr. Guillermo Horacio Semhan, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, tomaron en consideración el Expediente Nº CXP – 5097/13, caratulado: «LOPEZ DE AVALOS DORA LILIANA C/ OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS S/ LABORAL». Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Doctores Fernando Augusto Niz, Eduardo Gilberto Panseri, Luis Eduardo Rey Vázquez, Alejandro Alberto Chaín y Guillermo Horacio Semhan.

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SE PLANTEA LA SIGUIENTE:

C U E S T I O N

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice:

I.- Contra la sentencia pronunciada por la Excma. Cámara de Apelaciones de la ciudad de Curuzú Cuatiá (fs. 514/521) que, en lo que aquí concierne, resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por el actor, confirmar la sentencia de primera instancia y de este modo desestimar la demanda, con costas; haciendo lugar a la prescripción liberatoria opuesta por el demandado, basándose para ello en la extinción del contrato de trabajo por voluntad concurrente de las partes; el actor -por intermedio de sus apoderados- interpone el recurso de inaplicabilidad de ley en análisis (fs.528/534 y vta.).

II.- Satisfechos los recaudos formales previstos en el art. 102 y c.c. de la ley 3540, no estando obligado a cumplir con el depósito de ley, corresponde analizar los agravios que motivan el alzamiento en esta sede extraordinaria local.

III.- Para decidir como lo hizo -entre otros fundamentos- y luego de confirmar la sentencia de origen, la Excma.Cámara, estimó que en el orden propuesto, habiendo llegado firme y en calidad de cosa juzgada a la Alzada la existencia de una relación laboral (fecha de inicio, categoría), ingresó al análisis de la forma de extinción del contrato de trabajo propuesto por cada una de las partes (voluntad concurrente o despido indirecto), para luego abordar la defensa de prescripción liberatoria opuesta por la accionada. Consideró, teniendo en cuenta por un lado el quantun de la retribución y la modalidad de pago ($ 150 giro postal), y por el otro, que el último giro postal -pago de retribución- en febrero/10, lo fue por varios períodos (mayo/09 a febrero/10), sin que se tengan por probados pagos posteriores, que las partes dieron por resuelto el contrato de trabajo por voluntad concurrente (art. 241 in fine LCT) en fecha febrero de 2010, al no haber la empleadora enviado más formularios, ni tampoco la trabajadora interpelado el pago por períodos posteriores supuestamente laborados (marzo de 2010 en adelante). Señaló, que no provocó convicción favorable al juzgador el hecho que la accionante haya seguido prestando servicios en su domicilio particular (Sarmiento 1312) sin que la empleadora abone regular o escalonadamente los salarios caídos (de marzo de 2010 en adelante), ni que tampoco haya existido de su parte interpelación fehaciente tendiente a obtener el cobro de un crédito de naturaleza alimentaria, razonablemente al menos en un tiempo prudencial (diferente al del 27.09.12- intimación TCL N° 83303220). Valoró los dichos de la actora al admitir que desde 2011 se espaciaron prácticamente hasta cesar los envíos de formularios, órdenes de consulta y práctica de la Obra Social, dificultando e impidiendo el cumplimiento de sus tareas. En ese quehacer, restó valor probatorio a las testimoniales rendidas por la actora (fs. 289, 290, 306 y 312 respectivamente), imputando a las mismas declarar lo que hace al servicio de la Obra Social.Señaló que no interesa las prestaciones de la Obra social, planilla de recaudación, reintegros o que se hayan seguido garantizando a los afiliados los servicios, cuando lo importante, resulta que las propias partes inequívocamente se han comportado hacia la extinción por mutuo acuerdo. Concluye finalmente que el obrar posterior de la actora, interpelación fehaciente realizada 2 años y 6 meses después, pretendiendo se aclare situación laboral (27.09.12), resultó extemporánea y consecuentemente inadmisible el despido indirecto producido; habiendo transcurrido 31 meses, circunstancias que condujeron a encuadrar el caso en el art. 241 parte in fine LCT, dando por extinguido el vínculo por voluntad concurrente de las partes en fecha febrero de 2010. Por tal razón, rechazó la demanda, y receptó la defensa de prescripción opuesta por la accionada, ya que computando la fecha del último giro cancelatorio de haberes (abril/10), al momento de la interpelación (septiembre/2012) o bien su autodespido indirecto (noviembre/2012) y posterior demanda (febrero/2013), los créditos laborales devengados se encontraban prescriptos.

IV.- La recurrente fundamenta su impugnación extraordinaria manifestando que la Cámara aplica erróneamente la doctrina que surge de los arts. 241 y 256 de la LCT. Reprocha la conclusión a la que arribó el tribunal en cuanto al modo de extinción de la relación laboral -voluntad concurrente de las partes- en el mes de febrero de 2010, al ser éste el último mes por el que se abonara retribución, limitando de esta manera la continuidad de la relación laboral a la prueba de pagos posteriores a esa fecha. Endilga al sentenciante descartar, sin fundamento alguno, elementos de pruebas rendidas por la parte actora -testimoniales, constancias de pago, giros postales y expedición de órdenes de consulta-, que acreditan el trabajo de la actora con posterioridad a la fecha de corte, febrero de 2010. En ese sentido, hace alusión a los testimonios de Cáceres, Almirón, Montenegro y Escobar (fs. 289, 290, 306 y 312) y al prestado por Sergio Canteros (fs.454, testigo de la demandada). Refiere al giro postal de fecha 16.03.2.012, agregado a fs. 69, e informe de Correo Argentino de fs. 265. Argumenta que el tribunal «a-quo» cita fallos jurisprudenciales inaplicables en la especie. Finalmente se disconforma con la aplicación del art. 256 de la LCT, al hacer principiar el plazo prescriptivo en el mes correspondiente al último sueldo abonado. Considera que con ello se viola los principios generales del derecho laboral recogidos en los arts. 9 y 10 de la LCT.

V.- Luego de un pormenorizado análisis de los agravios y confrontados que fueran con las constancias de autos, fundamentos en que se asienta la decisión impugnada y normas legales aplicables (arts. 241, 256, 9 y 10 de la LCT), arribo a la convicción que la cuestión sometida a tratamiento es de aquellas que habilita la instancia extraordinaria por vía de las causales invocadas por el recurrente. Liminarmente señalo que este Órgano Superior del Poder Judicial se ha esforzado y se esfuerza por preservar el modo clásico del recurso extraordinario: cuando ejerce su jurisdicción apelada siempre cuida de no actuar como un Tribunal de tercera instancia. Su manejo, empero, lo es con criterio restrictivo, mas no rígido ni absoluto, porque ha intervenido en cuanta ocasión le fueron denunciados vicios de absurdidad y agravios constitucionales, aún cuando tuviera que internarse en el «coto sagrado» de los hechos, o del derecho procesal, o común, como sucede en el caso en análisis. Ello, en la inteligencia que de otro modo podría llegar a frustrarse la propia función de contralor de legalidad que le compete en virtud del sistema recursivo implementado por los arts. 102 y c.c. de la ley 3540.

VI.- En el sub-lite, el vicio denunciado por el recurrente se configura cuando a la hora de evaluar el modo de extinción de la relación laboral, el tribunal » a quo» incurrió en la errónea aplicación del art. 241 in fine de la LCT.En efecto, el yerro de la Cámara fundamentalmente reside en haber limitado arbitrariamente la continuidad de la relación laboral a la prueba de pagos posteriores al mes de febrero de 2010, haciendo mérito del último correspondiente a ese mes (abonándose 8 meses juntos), lo que llevó a determinar que la relación laboral concluyó por voluntad concurrente de las partes en dicha fecha (coincidentemente con ese último pago). Sin embargo, no evaluó correctamente los dichos de los testigos de fs. 289, 290, 306 y 312 producidos por la parte actora, quienes en forma concordantes y coincidentes no solo declararon -como lo dice la Cámara- lo que hace al servicio de la Obra social, sino al trabajo de la actora para la demandada más allá del mes de febrero de 2010. Del relato circunstanciado y preciso de la testigo Sandra Cáceres (fs. 289) esposa de Almirón, de profesión camionero y afiliado a la Obra Social (fs. 217), se desprende concretamente, que «.ésta adquiría órdenes, en la casa de la Señora, por calle Sarmiento al 1100, pasando un badén»;.no sé el nombre pero siempre me atendía ella, a la hora que venía, siempre en junio de 2012, ocupé mucho la obra social.;. ella siempre estuvo. Ella me hizo las autorizaciones para los análisis del bebé» (respta. N° 5); indicando que la última vez que la actora le expidió órdenes de consulta y prácticas médicas, fue «.en julio de 2012» (respta. N° 7).

En idénticos términos atestiguaron Luis A. Almirón (fs.306), Andrea Montenegro (fs. 290) y Severo Escobar (fs. 312), manifestando el primero, que la última vez que la actora le expidió órdenes de consulta fue en «.el mes de junio o julio de 2012 nada más para el análisis del gurí, al nacer el más chico que use la obra social» (respta. N° 6, fs. 306). Montenegro al ser preguntada, cuando fue la última vez que adquirió órdenes de consulta, en la casa de la Sra.López, manifestó». exactamente entre el 2011 y principios del 2012, necesité y ella me vendió» (respta. N° 7, fs. 290). Por otra parte a fs. 454 obra glosado el testimonio de Sergio Andrés C anteros – testigo traído por la demandada, declaró que «. Hace un año y medio atrás que ocupó la obra social con el nacimiento de su hija más chica. en reiteradas oportunidades mi esposa fue al domicilio que le habían dado acá.»(respta. N° 6), dando cuenta que su última hija nació en fecha 29.06.12; y que desde Corrientes le habían indicado a su esposa para obtener órdenes de prácticas y consultas, el domicilio de la actora- Sarmiento al 1100., no recuerda bien pero por Sarmiento era» ( resptas. N° 1 y 2). Si bien los testigos referenciados exponen lo relativo a las prestaciones de la Obra Social, se desprende de dichas declaraciones que al hacerlo ratifican con sus dichos que la Sra. López de Avalos continuó trabajando para la Obra Social más allá del último pago realizado en el mes de febrero 2010. Ello se vio corroborado con giro postal Serie L 318288-1 de fecha 16.03.12, por la suma de $ 88, agregado a fs. 69, que acredita que a dicha fecha- la Sra. López de Avalos- actora en autos- giraba dinero a la Obra Social, constancia cuya autenticidad resultó acreditada con la informativa de Correo Argentino de fs. 265.En esa línea argumental, no puede entenderse que existió en el concreto caso un comportamiento concluyente y recíproco que traduzca inequívocamente el abandono de la relación, cuando la actora continuó prestando servicios con posterioridad al mes de febrero de 2010, tal como se acreditó en el proceso y por casi dos años después (noviembre 2012- TCL N° 77233479). Tampoco la falta de interpelación por parte de la actora al pago por períodos laborados (desde marzo de 2010 en adelante), sino hasta el mes de sep/2012, nada indica, en cuanto, era de práctica de la patronal durante toda la relación laboral, cancelar el pago en un solo acto varios meses atrasados, tal como surgiera no solo del giro postal del mes de abril de 2010 y por la suma de $ 1500 (imputado a mayo/09 hasta febrero/10), sino de las distintas notas agregadas a fs. 402/ 405 y 407/413, reconocidas por la patronal (fs. 372). En ese entendimiento, no puedo dejar de señalar que el «a-quo» consideró extinguido el vínculo en fecha febrero 2010, argumentando que el comportamiento posterior de la actora, es contrario a los deberes previstos por los arts. 62 y 63 de la LCT y art. 163 inc.6 y 164 del CPC y C, soslayando que fue la empleadora quien negó la existencia de todo vínculo laboral, al contestar la demanda, alegando en subsidio trabajo benévolo, no acreditado en juicio. También negó la existencia del vínculo laboral en el despacho telegráfico de 02.10.12, alegaciones todas que resultan contradictorias con los hechos relevantes tenidos por ciertos en este proceso.

VII.- Al respecto, lo tiene dicho el Alto Cuerpo «Considero errada la postura asumida por el sentenciante de origen. Si hablamos de voluntad concurrente de las partes se necesita un comportamiento de ambas, esto es, un comportamiento bilateral. Por eso es que el art. 241 de la L.C.T.-a diferencia del abandono incumplimiento del art.244- no requiere invocación de esa causa de rescisión por parte del empleador, ni intimación previa, sino un comportamiento pasivo u omisivo, un desinteresamiento y no un incumplimiento, precisamente porque es recíproco. Y la última parte -aplicada al «sub lite»- necesita de una manifestación de voluntad que sea fácil e indiscutiblemente reconocible y sus contenidos no sean dudosos ni cuestionables. Y ello no aconteció en autos, como razonablemente expone el recurrente. El art. 241 de la L.C.T. en su última parte exige efectivamente que el comportamiento disolutorio constituya una manifestación tácita contundente (concluyente), cuando no que se excluya toda duda sobre que la conducta omisiva responde al desinterés en mantener el contrato (sea inequívoca)». Ver: Sentencia N° 16 de fecha 11.04.13. «in re» «GARCIA LOPEZ JUAN CARLOS C/ EMPRESA DE SEGURIDAD HALCON Y/U OTROS S/ IND., ETC.». Por otra parte, para tipificar el mutuo acuerdo tácito disolutorio, el tiempo en que debe mantenerse la situación es una cuestión de hecho que el juez debe valorar prudencialmente en cada caso. Lo normado en el párraf. tercero del art. 241 LCT, se aparta del principio previsto en el primero, por lo que su aplicación debe ser restrictiva y sólo cuando no haya duda alguna de que el comportamiento de las partes evidencia su voluntad recíproca de rescindir el vínculo. En el caso de autos, existen actos y conductas inequívocas por parte de la actora, prestaciones de servicios, expedición de órdenes a afiliados en períodos 2011/2012 (ver testimoniales) y giro postal efectuado por la misma a la demandada en el mes de marzo de 2012 que evidencian la continuidad del vínculo laboral más allá del mes de febrero de 2010. De allí la razón de quién recurre en considerar que la Cámara aplicó erróneamente el derecho, encuadrando el caso en una norma (art.241 in fine L.C.T.) inaplicable a los hechos debatidos en autos, siendo inadecuada su hermenéutica con el sistema que exige que el método de interpretación sea acorde con los principios específicos del derecho laboral, y lo consagrado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional que protege el despido arbitrario y no siendo lo resuelto derivación razonada del derecho aplicable con relación a lo comprobado en el proceso, cabe su revocación, por arbitrario.

VIII.- En ese quehacer, también deviene equivocada la aplicación que efectuara el «a-quo» del art. 256 de la LCT , desde que como si quedó acreditado, según constancias de autos, la relación laboral entre las partes se mantuvo desde el 20.01.1999 hasta 28.11.2012, fecha esta última en que se configura el despido indirecto (TCL N° 77233479), pretender principiar el inicio del cómputo de la prescripción en el mes correspondiente al último pago efectuado por la empleadora (febrero/10), fecha en que se extinguió el vínculo por voluntad concurrente resulta a todas luces imposible. Por ello, y teniendo en cuenta que la relación laboral se mantuvo viva por más de 13 años, cae el razonamiento del juzgador en cuanto a que los créditos que de aquella relación se hubieran devengado se encontraban prescriptos tomando como arranque el despido indirecto de la actora (28.11.12) y la fecha de promoción de la demanda ( 21.02.13). Que, es a partir del despido indirecto el momento que queda expedita la vía para que la accionante formalice su reclamo judicial, y por lo tanto nace el plazo para contar la prescripción liberatoria (art. 256 LCT). Esta interpretación es la que más se ajusta al desenvolvimiento de los hechos y a la prueba rendida en autos, siendo a mi juicio acorde a la realidad reflejada en el «sub examine», que puede admitir varias lecturas pero a la hora de desentrañarla y brindar una solución, me inclino por decidirla a favor del trabajador.Ello importa el ejercicio y aplicación del principio del «in dubio pro operario» que resulta plenamente aplicable al caso, como derivación del principio protectorio, pues en caso de duda razonable sobre cómo sucedieron las cosas, debe fallarse por la versión del trabajador (14 bis de la C.N. y art. 9 de la ley 26.428). A mayor abundamiento, al respecto, así lo tiene dicho este Superior Tribunal de Justicia mediante sentencia laboral 74/2013 dictada en el Expediente Nº MXP 2596/11, en autos caratulados: «MAYER SILVIA BEATRIZ C/ COOPERATIVA EXPORTADORA CITRICOLA DE CORRIENTES LTDA. (COOPECICOR) S/ LABORAL»:».Es que la duda que debe favorecer al trabajador y la protección que debe recibir por su estado de hiposuficiencia, no es producto de la ausencia total de pruebas, al menos debe existir una prueba (de cualquiera de las partes) que conduzca a presumir que las cosas ocurrieron de acuerdo con los dichos del trabajador, o un estado de situación que genere un indicio de esto, es decir, debe haber algún motivo capaz de volcar la decisión del juez a favor del trabajador (Cfr: Capón Filas, Rodolfo, «Derecho del Trabajo», Ed. Platense, La Plata, 1998, p. 255; Rubinstein, Santiago, «El principio in dubio pro operario en materia probatoria y la justicia social; DT 1992 -B-2407, ver sentencia N° 20 de 2010, fuero laboral de este Superior Tribunal). Me persuado de esta manera que al analizar el plexo probatorio rendido en este proceso la Cámara incurrió a la hora de juzgar acerca de lo forma de extinción del vínculo por voluntad concurrente de las partes, en una valoración que no se ajustó a las reglas de la sana crítica racional, apartándose de las prescripciones que consagra el art. 386 del C.P.C y C.De ahí que cabe revocar ambas sentencias de grado, tener como acreditado la extensión de la relación laboral, más allá del mes de febrero de 2010, esto es, que la actora continuó prestando servicios con posterioridad a esa fecha (1999 – 2012), y por consiguiente tener por válido el despido indirecto producido por ésta el 28.11.12 (TCL N° 77233479), luego de la intimación a aclarar situación laboral (27.09.12) y ante la respuesta de la accionada (02.10.12), negando expresamente todo tipo de vinculación laboral entre las partes. Atento al resultado señalado, corresponde reenviar estos autos a primera instancia a fin de que se analicen los rubros reclamados en función de la extensión de la relación laboral, fecha y modo de extinción reconocido en este decisorio y conforme las pautas dadas. Por todo lo expuesto, de compartir mis pares el voto que propicio corresponderá hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar las sentencias de primera y segunda instancia y estar a lo expuesto en los Considerandos del presente, reenviando estos autos a primera instancia para que proceda a practicar planilla conforme lo resuelto en este decisorio, con costas en esta instancia a cargo de la vencida. Regular los honorarios profesionales de los Dres. Eugenio Grela y José Luis Gelmi Berecoechea, en conjunto, en las calidades que intervinieron, como vencidos y como Monotributistas frente al IVA; los pertenecientes a los Dres. Guillermo A. Ferreyra y R. Marcelo Hanson, vencedores, como Monotributistas frente al IVA, en conjunto, todos en el 30% de la cantidad que quede establecida en primera instancia (art. 14, ley N° 5822).

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice: Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ, dice: Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ALEJANDRO ALBERTO CHAÍN, dice: Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr.Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice: Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos. En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente:

SENTENCIA Nº 29

1°) Hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar las sentencias de primera y segunda instancia y estar a lo expuesto en los Considerandos del presente, reenviando estos autos a primera instancia para que proceda a practicar planilla conforme lo resuelto en este decisorio, con costas en esta instancia a cargo de la vencida.

2°) Regular los honorarios profesionales de los Dres. Eugenio Grela y José Luis Gelmi Berecoechea, en conjunto, en las calidades que intervinieron, como vencidos y como Monotributistas frente al IVA; los pertenecientes a los Dres. Guillermo A. Ferreyra y R. Marcelo Hanson, vencedores, como Monotributistas frente al IVA, en conjunto, todos en el 30% de la cantidad que quede establecida en primera instancia (art. 14, ley N° 5822).

3°) Insértese y notifíquese.

Fdo.: Dres. Fernando Níz

Eduardo Panseri

Eduardo Rey Vazquez

Alejandro Chaín

Guillermo Semhan

A %d blogueros les gusta esto: