Con base en pruebas testimoniales, se juzga que existió vínculo laboral entre un profesor de tenis y el club demandado.

clay_court_coach_smPartes: Coscarelli Martín c/ Buenos Aires Rowing Club Asociación Civil y otros s/ despido

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 22-mar-2016

Cita: MJ-JU-M-97477-AR | MJJ97477 | MJJ97477

Con base en testimonios, procede parcialmente la demanda entablada por un profesor de tenis que alegó un vínculo laboral con el club deportivo demandado.
Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que acogió parcialmente la demanda deducida, pues surge probado que el accionante mantenía dos relaciones con la asociación demandada: una de linaje laboral, consistente en el dictado de clases a alumnos menores dos veces a la semana, y para las restantes actividades el actor utilizaba la asociación como lugar donde conseguir clientes, con quienes combinaba libremente el valor de sus servicios y el horario en que los prestaba y al menos dos días a la semana laboraba en otros lugares.

2.-Si bien resulta claro que al club le convenía la concurrencia de un profesor para aquellos socios que deseaban practicar tenis, esta situación no era suficiente para tipificar como laboral la vinculación, en tanto no se presentaba ninguna otra característica de una relación subordinada, ya que no recibía de la demandada instrucción ni remuneración alguna, no cumplía horarios, asumía los riesgos de la actividad y aprovechaba directamente el fruto de su trabajo.

3.-Corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por el pago de las indemnizaciones previstas en los arts. 8 y 15 de la Ley 24.013, cuya procedencia se declara, pues más allá de que las tareas y la remuneración denunciadas por el actor en la intimación cursada en los términos del art. 11 no hubieran sido finalmente acreditadas, fue la negativa de la relación laboral realizada por parte de la asociación demandada el hecho que impidió la efectiva registración del trabajador y no las diferencias respecto de aquellas circunstancias contractuales.

4.-El legislador, al ordenar el pago de las indemnizaciones agravadas, tuvo en miras no sólo proteger un determinado bien jurídico, sino desalentar eventuales conductas evasivas del empleador, por lo que la circunstancia que éste último se limite lisa y llanamente a negar la existencia de la relación laboral -la cual quedó probada- no puede derivar en una recompensa a tan descalificable comportamiento, traduciéndose en la eximición del pago de los recargos indemnizatorios de los arts. 8 y 15 de la ley 24.013,

5.-La falta de exhibición de libros por parte del empleador frente al requerimiento judicial, subsume la situación en las previsiones de los arts. 55 LCT y 39 primera parte de la Ley 11.653, que disponen una presunción a favor de las afirmaciones del trabajador y la carga de la prueba en cabeza del empleador, respectivamente.

Fallo:

En la ciudad de La Plata, a 22 de marzo de 2016, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Soria, Genoud, Negri, Pettigiani, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 116.628 «Coscarelli, Martín contra Buenos Aires Rowing Club Asociación Civil y otros. Despido».

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial San Isidro admitió parcialmente la demanda promovida por Martín Coscarelli contra Buenos Aires Rowing Club, imponiendo las costas del modo que especificó (fs. 451/456).

La parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 469/496 vta.), concedido por el órgano de grado a fs. 503/504 vta.

Dictada a fs. 598 la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:

I.a. El tribunal de origen, en lo que interesa por constituir materia de agravio, estimó acreditado que Martín Coscarelli trabajó bajo relación de dependencia de la Asociación Civil Buenos Aires Rowing Club, aunque no en la extensión alegada en la demanda.

Así, con sostén en la prueba producida, juzgó que en tal carácter impartía clases de tenis a menores de 15 años, con una frecuencia de dos días semanales -jueves y sábado- desde el 16 de marzo hasta el 30 de noviembre de cada año, mientras que durante el período estival -1 de diciembre al 15 de marzo- sólo laboraba los días martes (v. vered., primera cuest., fs.448/449 vta.). Si bien consideró demostrado que el accionante también desarrollaba otras actividades en el predio de la demandada, estableció que las mismas no configuraban un vínculo subordinado (íd., fs. 447 vta./449).

Respecto de las modalidades que caracterizaron al contrato de trabajo, se atuvo a la fecha de ingreso denunciada en la demanda -1 de enero de 2000- y, de acuerdo a la jornada comprobada, fijó en la suma de $ 1.045,92 la remuneración correspondiente al período comprendido entre el 16 de marzo y el 30 de noviembre de cada año y en $ 660,52 la del lapso abarcado entre el 1 de diciembre y 15 de marzo (id., fs. 449 y vta.).

b. En lo concerniente a las circunstancias en que se produjo su extinción, con apoyo en el intercambio telegráfico cursado entre las partes, tuvo por probado que el accionante se consideró despedido el día 17 de marzo de 2008, debido a la negativa de la relación laboral efectuada por la asociación demandada en respuesta a la interpelación que, a su vez, aquél le había realizado a fin de que procediese a la registración del contrato de trabajo (íd., segunda cuest., fs. 449 vta.).

En ese contexto, en tanto juzgó acreditada la existencia de un contrato de trabajo que no había sido inscripto por la demandada, concluyó que la decisión rupturista adoptada por el reclamante devino justificada. En consecuencia, declaró procedentes las indemnizaciones derivadas del despido (sent., fs. 452 y vta.).

c. En cambio, desestimó las pretensiones fundadas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, toda vez que -indicó- las características de la relación que resultaron probadas no coincidían con los datos que el trabajador denunció en el despacho postal por el que había intimado -en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 de dicho régimen- la registración del contrato (sent., fs. 453 y vta.).

d.Por otra parte, rechazó la demanda deducida contra José María Gasso, Roberto Daniel Pittaluga, Alberto Madero, Félix Eduardo Fernández Madero y Diógenes Alfredo de Urquiza Anchorena, habida cuenta que el accionante no aportó prueba alguna que demostrase la existencia de una vinculación laboral con cualquiera de ellos (vered., primera cuest., fs. 447 vta.; sent., fs. 453 vta./454).

Acerca de la pretensión de condena solidaria por revestir los codemandados la condición de directivos de la asociación civil, luego de definir que únicamente Félix Fernández Madero -quien reconoció haber ocupado el cargo de Vicepresidente de la persona jurídica, sin especificar el período- y José María Gasso -presidente de la misma desde el año 1999- se desempeñaron en tal carácter (vered., tercera cuest., fs. 450), señaló el juzgador que las normas que permitirían la extensión de la responsabilidad pretendida son las contenidas en los arts. 54 último párrafo, 59, 157, 274 y concs. de la ley 19.550, mas no son aplicables a los administradores o representantes de una asociación civil, ni aun por vía de analogía ya que indicó- tales entidades se encuentran contempladas por el art. 33 inc. 1 de la segunda parte del por entonces vigente Código Civil (carácter privado de las personas jurídicas; sent., fs. 453 vta./454).

Sobre esta parcela del fallo, impuso las costas al accionante por su condición de vencido (íd., fs. 455).

II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 469/496) la parte actora denuncia absurdo y la violación de los arts. 21, 23 y 55 de la Ley de Contrato de Trabajo; 36, 512 y 902 del anterior Código Civil; 8 y 15 de la ley 24.013; 19 segundo párrafo, 39 y 44 inc. «d» de la ley 11.653; 17 de la Constitución nacional, 39 inc. 3 de la Constitución provincial y la doctrina legal que cita.

Expone los siguientes agravios:

1. Alega que el órgano de grado ha transgredido los arts.39 de la ley 11.653 y 55 de la Ley de Contrato de Trabajo, como igualmente la doctrina de esta Corte que individualiza.

Ello así, pues -apunta- ha quedado demostrada la existencia de un vínculo laboral y, además, se declaró innecesaria la realización de la experticia contable debido a que la parte demandada admitió no contar con libros laborales. De modo que, en tanto el accionante prestó el juramento previsto en el art. 39 de la ley adjetiva, considera que en el caso devinieron operativas las presunciones que dimanan de las aludidas normas.

Por tal razón, en su opinión, correspondía tener por ciertas todas las circunstancias fácticas alegadas en la intimación telegráfica que su parte remitió a la demandada, no sólo respecto de la fecha de ingreso sino también acerca de la remuneración mensual y las labores desempeñadas en relación de dependencia del club demandado (v. recurso, fs. 477).

En ese orden, asevera que el juzgador ha incurrido en una arbitrariedad e incongruencia manifiestos, pues si bien por imperio de tales presunciones se atuvo a la fecha de ingreso invocada en la demanda, no hizo lo propio para determinar la remuneración del trabajador.

De acuerdo a lo expresado, afirma que corresponde recalcular los rubros indemnizatorios y multas reclamados por su parte (arts. 232, 233, 245 de la LCT; 8 y 15 de la ley 24.013 y 45 de la ley 25.345) considerando a tal fin una remuneración mensual de $ 2.870,17, conformada por un salario básico de $ 2.300 para 44 hs. de labor semanales (conf. CCT 426/06) según la categoría laboral de Administrativo 1° (art. 45, CCT 426/06), con más los adicionales por antigüedad y por presentismo ($ 570,17) previstos en el art. 20 de dicha norma convencional -dado que fueron expresamente incluidos por su parte en la intimación del art. 11 de la ley 24.013 (TCL, fs.3). A todo evento, en caso que se considere no demostrado el cumplimiento de una jornada semanal de 44 hs., solicita se tome como base de cálculo una remuneración mensual de $ 2.300.

2. Plantea su disconformidad con el rechazo de los recargos indemnizatorios previstos en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013.

Aduce que, al fundar la decisión en la falta de coincidencia entre los datos denunciados en la interpelación telegráfica cursada en los términos del art. 11 de dicho régimen, y aquéllos que en definitiva se acreditaron, el tribunal interviniente ha aplicado en forma errónea los mencionados preceptos.

En ese sentido, señala que la acreditación fehaciente de la cuantía de la remuneración denunciada por el actor en la intimación resulta exigible sólo en cuanto pretende la indemnización prevista en el art. 10 del aludido ordenamiento; no así en supuestos como el presente en que el reclamo ha versado sobre la ausencia total de registración.

En estos casos -según la doctrina legal que indica- para la procedencia de las pretendidas indemnizaciones se requiere que la intimación se haya efectuado durante la vigencia de la relación y que se acredite que entre las partes medió un contrato de trabajo que no estaba registrado, extremos comprobados en la especie.

Asimismo, alega que el órgano de grado ha desatendido la finalidad de promover la debida registración de las relaciones laborales indocumentadas, que persigue la ley 24.013, la cual resultó obstaculizada por la conducta desplegada por la accionada dado que fue la negativa del vínculo por su parte lo que impidió su inscripción y no las diferencias respecto de las circunstancias contractuales que debían constar en la intimación.

Por otra parte, considera procedente el resarcimiento del art. 15 segundo párrafo de la ley 24.013, atento que la intimación cursada por el actor durante la vigencia del contrato de trabajo (art.11, ley 24.013) resultó justificada y el sentenciante juzgó configurada la injuria invocada por aquél para colocarse en situación de despido indirecto. Criterio que -apunta- ha sido receptado por este Tribunal en los precedentes que individualiza.

3. Se agravia por el rechazo de la acción contra las personas físicas demandadas.

a. En primer lugar, afirma que el tribunal interviniente ha quebrantado los arts. 21 y 23 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Estructura la crítica a partir de considerar que no se encuentra controvertido que en el Buenos Aires Rowing Club no existió una subcomisión de tenis hasta el año 2003 y que todas las personas físicas accionadas revistieron la calidad de directivos de dicha asociación durante el período en que se desarrolló la relación laboral.

De ello infiere que desde su ingreso -producido el 1 de enero de 2000- el actor recibía instrucciones de trabajo impartidas por aquéllos, razón por la que estima absurda la definición relativa a que su parte se habría comportado como un «autómata», ocupando sin autorización de los accionados algunas canchas de tenis.

Por otra parte, con el testimonio rendido por Milena Piñero reputa comprobado que Coscarelli trabajaba los fines de semana y que durante el período estival de lunes a viernes estaba a cargo de la colonia de vacaciones. De igual modo, con la declaración de Horacio Cambre entiende demostrado que el accionante era empleado del club, percibía un sueldo y que en tal carácter organizó junto con otro profesor- un evento para la recaudación de fondos para la iluminación de las canchas de tenis, torneos de tenis (Prince) y, además, cumplió actividades del profesorado de ese deporte; agrega que el testigo dio cuenta de haber visto al accionante quedarse en el club de lunes a viernes hasta las 22 o 23 hs.

En función de lo dispuesto en los arts.21 y 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, dado que Coscarelli jamás revistió la condición de socio del club demandado, concluye que cabe presumir que las tareas que allí desarrolló como coordinador de la colonia de vacaciones, organizador de eventos y en el profesorado de tenis, fueron llevadas a cabo en virtud de las instrucciones y órdenes de trabajo que le impartieron las autoridades de las diferentes comisiones directivas del Buenos Aires Rowing Club integradas por las personas físicas codemandadas en estos actuados- bajo una típica relación laboral subordinada, tanto en lo jurídico, como en lo técnico y especialmente en lo económico (v. recurso, fs. 484/486).

b. En segundo término, alega que, aun cuando por tratarse la demandada de una asociación civil, en principio, no resultarían aplicables las normas de la Ley de Sociedades Comerciales -arts. 54, 59, 274 y 279-, procede subsumir el presente caso en las previsiones del derecho común.

Ello así pues el art. 33 del anterior Código Civil define a las asociaciones civiles sin fines de lucro como personas jurídicas de carácter privado. En ese marco, conforme lo dispuesto en el art. 36 del citado digesto, concluye que los administradores o miembros de la comisión directiva, resultan solidariamente responsables por los actos cumplidos por la asociación -a sabiendas y por instrucciones de aquéllos- en fraude a las leyes laborales. En la especie -señala- los mencionados codemandados colocaron al club en esa situación pues omitieron deliberadamente inscribir la relación laboral anudada con el actor.

A todo evento, afirma que tal omisión acarrea la responsabilidad de los accionados por no haberse comportado como un «buen hombre de negocios», deber que les impone obrar con idoneidad y suficiencia en el ejercicio de cargos directivos.

Vinculado con tales apreciaciones, sostiene que corresponde revocar la decisión de grado en cuanto, básicamente, ha establecido que no existe solidaridad que se pueda extender a los directivos de la asociación civil.En ese sentido, manifiesta que éstos tienen una responsabilidad amplia por su actuación en representación de la asociación, en tanto -reitera- deben ejercer sus funciones como un «buen hombre de negocios», término que si bien -apunta- ha sido acuñado por el legislador en el art. 59 de la ley 19.550, estima que cabe extenderlo a la representación de las asociaciones o sociedades civiles, de acuerdo a las previsiones contenidas en los arts. 512 y 902 del por entonces vigente Código Civil (el resaltado pertenece al recurso).

Añade que tal noción define una auténtica responsabilidad profesional, ya que supone capacidad técnica, experiencia y conocimientos. Además, fija pautas de conducta que permiten al juez en el caso concreto establecer o desechar la responsabilidad ilimitada y solidaria de los administradores y representantes en el desempeño de su cometido, por los daños y perjuicios que resultaren no sólo de su acción sino también de su omisión.

En el caso, la propia asociación demandada ha reconocido que no lleva libros laborales, lo cual evidencia que ninguno de los empleados se encuentra registrado; incluso el testigo Cambre, quien ocupaba el cargo de gerente, reconoció que su vínculo no estaba registrado.

De tal manera estima patente el fraude cometido, correspondiendo por ello la extensión de responsabilidad a los directivos del Buenos Aires Rowing Club.

4. Cuestiona lo decidido sobre las costas originadas en el rechazo de las pretensiones deducidas contra las personas físicas demandadas.

a. Por un lado, afirma que el sentenciante debió aplicar la eximente contemplada en el art.19 segundo párrafo de la ley 11.653, dado que -por las razones ya expresadas- el actor creyó tener legítimo derecho para accionar contra aquéllas, máxime que en el caso juzgó demostrado que el contrato nunca fue registrado en la documentación laboral.

En el apuntado escenario, entiende que -aun cuando se desestimase la referida acción- resultaba de toda lógica que las costas se impusiesen en el orden causado.

Considera avalada su posición por la doctrina que fluye del precedente «Gómez» (sent. de 6-VI-1972), en cuanto se estableció que el art. 19 de la ley 7718 tiene autonomía funcional respecto del art. 71 del Código Procesal Civil y Comercial, de manera que si el tribunal encuentra y expresa los motivos para ello, puede eximir en todo o en parte del pago de las costas al vencido.

b. Por el otro, asevera que al regular los estipendios de los letrados de los precitados codemandados, sobre la base de la suma literal reclamada en la demanda -$ 188.696,70-, el órgano de grado ha conculcado la doctrina que emana del precedente C. 86.252 «Banco Finansur», sent. de 10-IX-2008, en cuanto se resolvió que en aquéllos casos en que la demanda prospera parcialmente, la base regulatoria debe determinarse -en principio- por el monto al que ascienda la condena y no por el quantum meramente expresado en la demanda.

Aduce vulnerados los principios de equidad y justicia a la vez que el derecho de propiedad (art. 17, Const. nac.) del actor, en tanto lo ha condenado al pago de honorarios exorbitantes e irrazonables.

En consecuencia, para el supuesto que se confirme el rechazo de la demanda y la imposición de costas, solicita se regulen los honorarios de dichos profesionales considerando a tal fin el importe por el que prospere la acción principal.

5.Sostiene que la definición afincada en que el actor mantuvo dos tipos de vinculaciones con la asociación demandada es el fruto de una valoración absurda de la prueba producida.

Puntualmente censura la ponderación de las declaraciones testimoniales atento que, a su parecer, las rendidas por los señores Martínez, Pérez Moreno, Seco, Fernández y Bagnardi -en su mayoría socios del club- resultaron ser totalmente parciales, en tanto tergiversaron la realidad del vínculo que unió al actor con la entidad demandada.

A su modo de ver, no es posible inferir sin incurrir en absurdo que durante un tramo del día Coscarelli se comportase como un empleado y en el otro lo hiciese como un empresario independiente.

Por lo demás, manifiesta que, al juzgar no acreditado que el actor fuese el coordinador de la colonia de vacaciones, el juzgador ha soslayado arbitrariamente apreciar en su integridad la declaración de Milena Piñero quien refirió haberlo visto realizando dichas tareas, de lunes a viernes, lo cual -añade- aparece compatible con el desempeño de Coscarelli como guardavidas los fines de semana en un Centro Recreativo de Tigre.

III. El recurso, en mi opinión, prospera parcialmente.

1. Por razones de orden metodológico habré de abordar en primer término los agravios traídos respecto de la calificación del vínculo anudado entre el actor y la asociación accionada.

a. El órgano de grado forjó su convencimiento sobre esta cuestión por conducto de la valoración de los reconocimientos efectuados por ésta en su réplica de demanda y, en particular, de la prueba testimonial recibida en la audiencia oral.

Observó que en el caso se daba una situación muy particular, dado que la asociación -al reconocer la autenticidad de una fotocopia de un acta de la subcomisión de tenis del 2004- admitió que en el club se daban clases de tenis a menores de quince años.Esta circunstancia -a criterio del sentenciante- resultó corroborada con la declaración testimonial rendida por Milena Piñero, de la cual extrajo que sus hijos recibían clases de tenis -cuyo pago se efectuaba y coordinaba en la secretaría del club- que impartían en forma indistinta el actor y el señor Belgrano solamente dos días a la semana -jueves y sábado- durante todo el año. Apreció que el testimonio brindado por Horacio Cambre -quien afirmó ocupar el cargo de gerente de la asociación- fue conteste con el anterior, en tanto expuso que los alumnos menores concurrían a la secretaría a efectos de abonar las clases y, también, que se dictaban dos veces a la semana -los jueves todo el día y los sábados sólo hasta las 15 hs-. Añadió que la institución las organizaba, fijando días y horarios, costo económico a los alumnos y lugar de realización; el club percibía el resultado patrimonial de tal actividad y, a su vez, les pagaba a Belgrano y Coscarelli -a quien se había reconocido como ayudante de aquél- por el dictado de las mismas (vered., primera cuest., fs. 447 vta./448).

Por otra parte, de los testimonios de Bernardo Martínez, Francisco Pérez Moreno, Julio Seco, Mariano Fernández y Martín Bagnardi, quienes -apuntó- jugaban habitualmente al tenis en el predio del club, en calidad de socios o invitados, rescató que, si deseaban recibir una clase de tenis -sea individual o para varios jugadores-, acordaban libremente con los profesores Coscarelli y Belgrano tanto el horario como el costo, abonándolo directamente a ellos, sin injerencia algun a de la asociación. Los profesores no permanecían en el club y con excepción de los días en que funcionaba la escuela para menores, debía combinarse anticipadamente su concurrencia siendo habitual que debieran aguardarlos para iniciar la clase.Resaltó que el testigo Pérez Moreno manifestó haber trabajado en un equipo de profesores -organizado por Belgrano e integrado con Coscarelli- que concurría a dar clases a varios colegios privados al menos dos días a la semana, durante el período en que el actor denunció haber cumplido horario completo para la accionada.

Asimismo, mediante los precitados testimonios que reputó fuertemente convictivos-, juzgó demostrado que el actor no era el entrenador de los equipos del club, ni participaba en la organización de evento alguno. Agregó que tampoco surgía de las probanzas arrimadas que Coscarelli fuera el coordinador de la colonia de vacaciones, ni de campamentos o profesor de fútbol (íd., fs. 448 y vta.).

En función de ello, concluyó que el accionante mantenía dos relaciones con la asociación demandada: una de linaje laboral, consistente en el dictado de clases a alumnos menores dos veces a la semana -jueves y sábado- (íd., fs. 448 y vta.), aunque, con sostén en el informe producido a fs. 437/438, estableció que los días sábado sólo prestaba tareas en el club desde el 16 de marzo hasta el 30 de noviembre de cada año, puesto que durante el período estival (1 de diciembre al 15 de marzo) trabajaba los fines de semana como guardavidas en el Centro recreativo de la Obra Social del Personal Administrativo y Técnico de la Construcción y Afines (OSPATCA) en el horario en que afirmó laborar para la asociación (íd., fs. 449).

En cambio, las restantes actividades -a su juicio- no ameritaban similar calificación ya que -señaló- el actor utilizaba la asociación como lugar donde conseguir clientes, con quienes combinaba libremente el valor de sus servicios y el horario en que los prestaba y al menos dos días a la semana laboraba en otros lugares.No recibía de la demandada instrucción ni remuneración alguna, no cumplía horarios, asumía los riesgos de la actividad y aprovechaba directamente el fruto de su trabajo.

En ese contexto, apreció el sentenciante que si bien resultaba claro que al club le convenía la concurrencia de un profesor para aquellos socios que deseaban practicar tenis, esta situación no era suficiente para tipificar como laboral la vinculación, en tanto no se presentaba ninguna otra característica de una relación subordinada (íd., fs. 448 vta./449).

b. Dable es recordar que corresponde a los tribunales de trabajo, como función privativa, determinar conforme las circunstancias fácticas que en cada caso verifiquen por conducto de la apreciación «en conciencia» de la prueba- si entre las partes medió -o no- un contrato de trabajo, y la conclusión que sobre el particular aquéllos formulen no es revisable en la instancia extraordinaria, salvo la existencia de absurdo (conf. causa L. 97.432 «Melián», sent. de 4-VIII-2010).

c. Si bien el recurrente denuncia la comisión de la mentada anomalía, anticipo que no logra demostrarla.

Como hemos visto, estructura la crítica sobre la base de reputar absurda la apreciación de las declaraciones testimoniales rendidas en la audiencia de vista de la causa.

No parece ocioso recordar que devienen inhábiles para la revisión casatoria las alegaciones destinadas a controvertir la valoración de dicho medio de prueba atento que, al apreciar «en conciencia» tales declaraciones, el tribunal de trabajo ejerce una facultad privativa respecto del mérito y la habilidad de los testigos y, también, de la confiabilidad que alguno o algunos de ellos le merezcan con relación a otros (conf. causas L. 88.606 «Baño», sent. de 7-II-2007; L. 92.944 «Medina», sent. de 27-III-2008; L. 93.926 «Segovia», sent. de 28-V-2010 y L. 97.930 «Pedreira Olveira», sent.de 13-IV-2011; entre muchas otras). Y, las definiciones que sobre el particular se establezcan, no pueden revisarse en esta sede extraordinaria salvo el supuesto de absurdo.

El interesado no evidencia que la labor axiológica desplegada por el tribunal interviniente sea absurda.

Al contrario, la disímil y parcial interpretación que formula acerca de los testimonios de Milena Piñero y Horacio Cambre (v. recurso, fs. 484 y vta. y 494 y vta.), así como la mera alegación de que las declaraciones rendidas por Martínez, Pérez Moreno, Seco, Fernández y Bagnardi resultaron parciales (íd. fs. 493 vta./494), carece de idoneidad para demostrar el mentado vicio que, vale recordar, exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que emanan de la causa (conf. L. 95.687 «Duarte», sent. del 16-IX-2009).

He de agregar que la estructura del proceso laboral -eminentemente oral- determina que en el acta de vista de la causa no se plasmen las declaraciones de los testigos, salvo el uso de la facultad que contempla la última parte del art. 46 de la ley 11.653 (texto anterior, modif. ley 14.740) -supuesto que no acontece en la especie- circunstancia que impide a la Suprema Corte pronunciarse sobre una versión del contenido de las mismas que colisione con la apreciación en conciencia que sobre el particular ha efectuado el tribunal de grado (conf. causas L. 85.307 «Páez», sent. de 19-VII-2006 y L. 93.840 «Leguiza», sent. de 18-IV-2007).

2. Los agravios vinculados con la presunta violación de los arts. 39 de la ley 11.653 y 55 de la Ley de Contrato de Trabajo, no son de recibo.

a.Al analizar las modalidades que caracterizaron al contrato de trabajo en el escenario fáctico comprobado esto es, el dictado de clases de tenis a menores de 15 años-, el tribunal de origen expuso que, en tanto la demandada reconoció carecer de documentación laboral, cobraba operatividad la presunción que establece el art. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo en favor de las afirmaciones del trabajador sobre las circunstancias que debían constar en la documentación exigible por el art. 52 y concs. de dicho ordenamiento, produciéndose asimismo la inversión de la carga probatoria por haber prestado el actor el juramento previsto en el art. 39 de la ley 11.653.

Empero, observó el juzgador que se verificaban en la causa pruebas asertivas que desvirtuaban algunas consecuencias que las precitadas normas aparejaban.

Bajo esas directrices, en lo que interesa, dado que no se produjo prueba hábil contraria, se atuvo a la fecha de ingreso denunciada en la demanda -1 de enero de 2000-.

En cambio, en lo concerniente a la extensión de la jornada de trabajo, con las declaraciones testimoniales y el oficio de fs. 437/438 -como ya se dijo-, tuvo por probado que trabajaba dos días semanales -jueves y sábado- desde el 16 de marzo hasta el 30 de noviembre de cada año, mientras que durante el período estival -1 de diciembre al 15 de marzo- sólo laboraba los días martes (v. vered., primera cuest., fs. 449).

De igual modo, a partir de que el actor denunció una remuneración de $ 2.421,92 a la fecha de su cese (computando el adicional por antigüedad sobre el salario básico para la primera categoría de supervisión; art. 20, CCT 426/06) para 44 hs de labor (art. 39 de la ley 11.653) y, de acuerdo a la jornada acreditada, tras efectuar el prorrateo del valor horario, fijó en la suma de $ 1.045,92 ($ 2.421,92 % 44 hs.x 19 hs) la remuneración correspondiente al período comprendido entre el 16 de marzo y el 30 de noviembre de cada año y en $ 660,52 ($ 2.421,92 % 44 hs x 12 hs) la del lapso abarcado entre el 1° de diciembre y 15 de marzo, (íd. fs. 449 y vta.).

b. La precedente reseña revela la sinrazón de los cuestionamientos que exhibe el recurso, toda vez que el pronunciamiento no ha infringido los arts. 39 de la ley 11.653 y 55 de la Ley de Contrato de Trabajo sino que, antes bien, ha receptado la doctrina delineada sobre esta materia.

En efecto, liminarmente cabe señalar que -tal como lo refiere el impugnante y también lo ha receptado el tribunal de origen- esta Corte tiene dicho que la falta de exhibición de libros por parte del empleador frente al requerimiento judicial, subsume la situación en las previsiones de los arts. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y 39 primera parte de la ley 11.653, que disponen una presunción a favor de las afirmaciones del trabajador y la carga de la prueba en cabeza del empleador, respectivamente (conf. causas L. 84.682 «Rodríguez», sent. de 23-V-2007 y L. 93.345 «Romero», sent. de 3-XII-2008; entre otras).

Sin embargo, también es doctrina de este Tribunal que las presunciones a favor de las afirmaciones del trabajador sobre los hechos que debieron consignarse en la documentación laboral (arts. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y 39 primera parte de la ley 11.653) ceden cuando los datos que resultan de las constancias probatorias de la causa desvirtúan la aplicación de tales normas (conf. L. 91.573 «López», sent. de 18-V-2011; L. 109.848 «Torres», sent. de 3-X-2012 y L. 110.437 «Maza», sent.de 17-X-2012).

Precisamente, esto es lo que acontece en el caso bajo examen, habida cuenta que el sentenciante juzgó -y así lo expuso- que la prueba arrimada a la causa desvirtuó la aplicación de las precitadas normas.

Frente a esa conclusión, el interesado debe demostrar que media absurdo en la apreciación de los elementos probatorios considerados por el tribunal de grado (conf. causas L. 88.917 «Rivera», sent. de 18-V-2005 y L. 91.219 «Babiarz», sent. de 4-VI-2008), carga que, a tenor de lo decidido en el apartado precedente, no ha satisfecho debidamente.

c. Para más, he de advertir que el recurrente desatiende que el órgano de grado invocó en sostén de la decisión la doctrina de esta Corte en cuanto a que la facultad prevista en el art. 56 de la Ley de Contrato de Trabajo que, en conjunción con el art. 44 inc. «d» de la ley 11.653, confiere al juzgador un margen de discreción y prudencia que le permite ap artarse de los resultados que la aplicación automática de los arts. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y 39 de la ley 11.653 pudieran arrojar, aunque, claro está, con expresión precisa de los motivos que tenga para ello (conf. entre otras, en la causa L. 84.984 «Martorello», sent. de 11-III-2009, dejando a salvo mi opinión al respecto).

Por ende, habida cuenta que en el recurso no se ha denunciado la infracción de la mentada norma, ni -menos aún- confrontado el uso de tal prerrogativa, el planteo deviene insuficiente.

d. Por último, en cuanto alega que en el pronunciamiento se debió computar al adicional por presentismo estatuido en el art. 20 del Convenio Colectivo de Trabajo que rige la actividad para determinar la remuneración, olvida que el órgano de grado juzgó no acreditado que el trabajador hubiere cumplido los requisitos para hacerse acreedor del mismo y sostuvo -según la doctrina que individualizó- que no resultaba válido para probar dicho extremo el juramento previsto en el art.39 de la ley adjetiva (vered., cuarta cuestión, fs. 450 y vta.). Esta definición, en tanto no ha sido refutada, ha de permanecer incólume.

3. Los agravios expresados en torno a la violación de los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, a diferencia de los anteriores, deben ser acogidos.

a. El juzgador desestimó tales pretensiones con sustento en que las modalidades de la relación laboral que resultaron acreditadas no coincidían con los datos denunciados en la intimación cursada por el trabajador en los términos del art. 11 de dicho régimen (sent., fs. 453 y vta.).

b. Estimo que asiste razón al recurrente en cuanto aduce que la decisión luce excesivamente rigurosa y no se compadece con los objetivos de la ley 24.013 ni con la doctrina legal de esta Suprema Corte.

La interpretación de las disposiciones operativas de la Ley Nacional de Empleo no debe prescindir de uno de sus principales objetivos, esto es, el de promover la regularización de las relaciones laborales indocumentadas (conf. causas L. 72.895 «Romero», sent. de 10-IV-2001; L. 77.447 «Morone», sent. de 2-VII-2003; L. 91.024 «Muñagorri», sent. de 12-XII-2007; L. 88.074 «Cesario», sent. de 7-X-2009 y L. 106.474 «Moreyra», sent. de 13-VI-2012; entre otras).

En esa línea rectora, este Tribunal tiene establecido que el legislador -al ordenar el pago de las indemnizaciones agravadas- tuvo en miras no sólo proteger un determinado bien jurídico, sino desalentar eventuales conductas evasivas del empleador; por lo que la circunstancia que éste último se limite lisa y llanamente a negar la existencia de la relación laboral -la cual quedó probada en virtud de las conclusiones fácticas del veredicto- no puede derivar en una recompensa a tan descalificable comportamiento traduciéndose en la eximición del pago de los recargos indemnizatorios de los arts.8 y 15 de la ley 24.013, conforme lo decidido por el tribunal de grado a tenor de una equívoca aplicación del texto de las normas en juego, en palmaria transgresión a la jurisprudencia emanada de esta Corte en la materia (conf. causas L. 72.895 «Romero», cit. y L. 81.158 «Gianmaría», sent. de 24-VIII-2005), en el contexto de las apuntadas particularidades de esta litis (conf. causa L. 91.024 «Muñagorri», cit.).

Tal yerro se verifica en la especie pues, más allá de que las tareas y la remuneración denunciadas por el actor en la intimación cursada en los términos del art. 11 de la ley 24.013 (ver telegrama de fs. 3) no hubieran sido finalmente acreditadas en autos, cierto es que -en definitiva- fue la negativa de la relación laboral realizada por parte de la asociación demandada el hecho que impidió la efectiva registración del trabajador y no las diferencias respecto de aquellas circunstancias contractuales.

En efecto, la accionada debidamente intimada, no sólo no procedió a registrar el contrato de trabajo, sino que, además, negó su existencia, circunstancia que condujo al trabajador a hacer efectivo su apercibimiento y considerarse despedido.

Bien puede afirmarse entonces que fue el desconocimiento del vínculo laboral, y no la falta de coincidencia de los datos (sent., fs. 453 y vta.), lo que frustró el propósito del actor, ya que aun cuando la intimación no hubiere presentado defecto alguno, la registración del contrato de trabajo no se hubiese producido (conf. causas L. 91.024 «Muñagorri», cit. y L. 92.297 «Ferreyra», sent. de 23-III-2010; entre otras).

Por consiguiente, deviene incuestionable el progreso de la indemnización contemplada en el art. 8 de la ley 24.013.

Asimismo, dado que frente al incumplimiento de la intimación a regularizar la relación, el actor se consideró despedido y la accionada no demostró de modo fehaciente que su conducta no ha tenido por objeto inducir al trabajador a colocarse en situación de despido (art.15, segundo párrafo, ley 24.013), debe igualmente prosperar la indemnización allí prevista.

Sobre el particular, ha declarado esta Corte que es procedente el resarcimiento del art. 15, segundo párrafo de la ley 24.013 si se ha evidenciado la denuncia motivada del contrato de trabajo por parte del actor, la cual quedó consumada luego de haber recibido el principal -de manera justificada- la intimación del art. 11 del mismo cuerpo legal y el mismo no acreditó en forma fehaciente que su conducta no tuvo por objeto inducir al trabajador a colocarse en la situación de despido (conf. causas L. 72.895 «Romero», cit. y L. 92.769 «Quezada», sent. de 24-VI-2009; entre otras).

Por lo expuesto, si mi opinión es compartida, deberá revocarse la sentencia de origen en cuanto desestimó las indemnizaciones estatuidas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, las que deberán calcularse sobre la base de la remuneración determinada por el tribunal interviniente.

4. Los reproches vinculados con el rechazo de la demanda deducida contra las personas físicas demandadas, no han de prosperar.

4.1.a.En el fallo de los hechos, el órgano de grado observó que la pretensión que exhibía la demanda aparecía confusa, pues si bien se identificó claramente al Buenos Aires Rowing Club como empleador y se hizo lo propio respecto de las personas físicas accionadas -a quienes al mismo tiempo se les asignó responsabilidad por su carácter de directivos de la asociación civil- el actor mantuvo el intercambio epistolar exclusivamente con la persona jurídica.

Agregó que no obstante que todos los accionados negaron la existencia de un contrato de trabajo con el actor, en la causa sólo se produjo prueba tendiente a demostrar el vínculo con la asociación civil.

En ese sentido, sostuvo que, tratándose el lugar donde Coscarelli afirmó haber laborado de un club dedicado a actividades deportivas, y dado que el actor adujo haber cumplido tareas como profesor de diversos deportes y organizador de actividades dentro del mismo, no encontraba ningún elemento convictivo que demostrase que la relación se hubiera establecido con los demandados físicos o que éstos hubieren en momento alguno a título personal y no en representación de la asociación (conf. arts. 375, CPCC y 63, ley 11.653).

Ante ese escenario, estimó no acreditada la existencia de un contrato de trabajo entre el actor y los codemandados José María Gasso, Roberto Daniel Pittaluga, Alberto Madero, Félix Eduardo Fernández Madero y Diógenes Alfredo de Urquiza Anchorena (vered., primera cuest., fs. 447 vta.). En consecuencia, rechazó la demanda incoada a su respecto -art. 499 del anterior Código Civil- (sent., fs. 453 vta./454).

b. La crítica deviene insuficiente (art. 279, CPCC) ya que carece de la indispensable denuncia de infracción de la norma actuada en el pronunciamiento -art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial- concerniente al agravio que en él se expone; recaudo éste de insoslayable cumplimiento, pues esta Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, la omisión de las citas legales que debieron efectuarse para sustentar la impugnación (conf. causas L. 98.892 «Mena», sent.de 22-XII-2010 y L. 106.591 «Marán», sent. de 21-XII-2011; entre otras).

De todas formas -y sin perjuicio de reiterar que la disímil interpretación que realiza de la prueba testimonial luce insuficiente para demostrar la configuración del vicio de absurdo- he de advertir que el impugnante no ha hecho mención a elemento de prueba alguno que acredite que el vínculo laboral se hubiera anudado con los demandados físicos.

Por el contrario, como hemos visto, centra el enfoque en que las tareas cumplidas por el actor en el club demandado obedecieron a instrucciones y órdenes de trabajo que le impartieron las autoridades de las diferentes comisiones directivas -integradas por los codemandados-. Desatiende que en la especie resultó dirimente que no se comprobó una prestación personal de Coscarelli en favor de tales personas físicas.

Resta decir que dado que éstas últimas negaron la existencia de un contrato de trabajo con el actor, no reconociendo prestación alguna de servicios en su favor, deviene en consecuencia inaplicable en el caso la presunción contenida en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y ha de juzgarse acertada la decisión del tribunal de trabajo al aplicar -en ese entorno- el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, adjudicando al actor la carga de la prueba del vínculo laboral invocado (conf. causas L. 103.072 «Fernández», sent. de 10-XI-2010; L. 103.768 «Escudero», sent. de 7-III-2012 y L. 106.724 «Videla», sent. de 14-III-2012).

4.2.En lo atinente a la pretensión de extensión de la condena en forma solidaria sobre dichas personas de revestir la condición de directivos de la asociación civil, el rechazo se impone, pues la crítica se halla cimentada en su totalidad en alegaciones claramente novedosas sobre la posición que hubo de asumir la parte actora en la presentación inicial.

En efecto, allí alegó que los codemandados permitieron y avalaron el accionar de la Asociación en fraude a las leyes laborales, materializado en la falta total de registración labora l y consecuente pago en negro de los haberes, así como la omisión del pago de aportes previo. En apoyo de su posición, citó un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, referido al pago en negro en el caso de una sociedad comercial.

En esta instancia, ante el desenlace adverso de su postulación, en tanto el sentenciante juzgó inaplicables a los administradores o representantes de una asociación civil las normas contenidas en los arts. 54, último párrafo, 59, 157, 274 y concs. de la ley 19.550, el recurrente de modo claramente impropio modifica la plataforma fáctica descripta en la demanda, endilgando a los demandados responsabilidad en el marco de los arts. 36, 512 y 902 del anterior Código Civil.

Sobre el particular, esta Corte ha sostenido que no es eficaz el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que en su desarrollo exhibe un discurso absolutamente novedoso y extemporáneo, en la medida que la cuestión que estructura el agravio fue invocada en el escrito de inicio con una dimensión y enfoque diferentes de los que se observan en la impugnación (conf. causa L. 100.693 «Gómez», sent. de 13-VII-2011; entre otras).

Para más, la pretensión de introducir articulaciones novedosas en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no se conforma con la garantía del debido proceso, en el sentido que las partes deben ejercer oportuna y plenamente sus defensas durante el trámite del litigio ante la instancia de grado (conf. causas L.41.603 «Gómez», sent. de 4-IV-1989; L. 71.537 «Acuña», sent. de 8-XI-2000 y L. 88.051 «Olmedo», sent. de 11-XI-2009).

5. En cambio, el agravio traído en relación a la imposición de costas al actor por el rechazo de la acción promovida contra las personas físicas codemandadas, en mi opinión, ha de prosperar.

Como quedó dicho, el impugnante sostiene que debió aplicarse la previsión contenida en el art. 19, segundo párrafo de la ley 11.653, ya que su parte estimó que le asistía derecho para demandarlas, extremo que entiende reforzado por el hecho de que el sentenciante tuvo por probado que el vínculo subordinado nunca fue inscripto, de modo que -en su opinión- resultaba de toda lógica que las costas se impusiesen en el orden causado.

Al respecto, si bien como regla se ha establecido que es facultad privativa de los jueces de grado analizar la situación de cada parte y cargar en consecuencia a una u otra las costas del juicio, valorando al mismo tiempo si se dan los supuestos como para hacer uso de las posibilidades de eximición total o parcial previstas por el ordenamiento procesal, en el supuesto bajo examen considero configurada una manifiesta inequidad en el criterio de distribución de las costas dadas las particularidades del caso y en la medida que el actor pudo considerarse con mejor derecho a litigar al entender que existía responsabilidad de las personas físicas demandadas por la falta de registración del contrato. En consecuencia, propongo que las costas sean soportadas por su orden.

6. Por último, si la solución que he propiciado en el apartado anterior es receptada, pierde virtualidad el cuestionamiento relativo al importe considerado por el tribunal interviniente para fijar los honorarios de los letrados de las personas físicas demandadas.

IV. Por consiguiente, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto y, en consecuencia, revocar la decisión de grado con el alcance indicado en el punto III, apartados 3 y 5 de la presente.Los autos deberán ser devueltos al tribunal de origen para que practique liquidación con arreglo a lo que aquí se decide. Costas de la instancia ordinaria a cargo de la demandada por los rubros que prosperan; las de esta instancia por su orden en atención al progreso parcial del recurso (arts. 19, ley 11.653; 68 y 289, CPCC).

Con el alcance expresado, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. El recurso prospera parcialmente.

1. A excepción de lo expuesto en los puntos 5 y 6 de su ap. III, adhiero al voto emitido por mi distinguida colega doctora Kogan.

2. En cuanto al agravio vinculado con las costas que le fueron impuestas al accionante, en virtud del rechazo de la acción promovida contra las personas físicas demandadas, estimo que debe ser rechazado.

a. Tiene dicho esta Corte que es potestad exclusiva de los tribunales de grado analizar la situación de cada parte y condenar -en consecuencia- a una o a otra al pago de las costas del juicio, valorando a su vez si se configuran los supuestos que justifiquen ejercer la facultad de eximición total o parcial prevista en el ordenamiento procesal (conf. causas L. 39.781 «Masi», sent. de 9-VIII-1988; L. 48.826 «Freiman», sent. de 29-IX-1992 y L. 81.159 «Caruso», sent. de 27-XI-2002).

En esa línea, ha señalado asimismo que, siendo atribución privativa del tribunal del trabajo la distribución, imposición y, en su caso, eximición de costas, sus decisiones se encuentran detraídas del ámbito de la casación, si no se invoca y demuestra una burda o evidente inequidad en el criterio utilizado o la alteración de la calidad de vencido (conf. causas L. 91.569 «Frigoli», sent. de 3-IV-2008; L. 95.323 «Rivera», sent. de 18-II-2009 y L. 102.450 «Gómez», sent. de 10-III-2011).

b.Bajo esas directrices, ningún argumento idóneo porta el recurso tendiente a justificar la revisión en esta instancia extraordinaria de cuestiones por regla propias de los tribunales de grado, la mera contraposición de criterios reflejada en el convencimiento del interesado que indica que se creyó con derecho a litigar contra las personas físicas demandadas, no se exhibe suficiente a tales fines.

3. Tampoco es de recibo la impugnación vinculada con la base regulatoria de los honorarios de los letrados de las personas físicas demandadas.

No se verifica en el caso transgredida la doctrina que invoca el quejoso y que emana del precedente C. 86.252 «Banco Finansur», sent. de 10-IX-2008, toda vez que fue elaborada sobre una plataforma fáctica y jurídica diversa a la del presente litigio (conf. causas L. 116.369 «Campatelli», sent. de 30-X-2013; L. 107.272 «López», sent. de 17-XII-2014 y L. 118.220 «Murrie», sent. de 8-VII-2015).

II. En virtud de lo expuesto, corresponde acoger parcialmente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto en ella se rechazaron los reclamos atinentes a las indemnizaciones previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, cuya procedencia se declara. Los autos deberán volver al tribunal de grado para que practique liquidación conforme lo aquí resuelto.

Costas de la instancia ordinaria a cargo de la demandada, por los rubros que prosperan, y las de esta instancia, por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts.19, ley 11.653; 68 y 289, CPCC).

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

Los señores jueces doctores Genoud, Negri y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por el pago de las indemnizaciones previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, cuya procedencia se declara.

Vuelvan los autos al tribunal de origen para que practique liquidación conforme lo aquí resuelto.

Las costas de la instancia ordinaria se imponen a cargo de la demandada por el reclamo que prospera; las de esta instancia por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 19, ley 11.653; 68 y 289, CPCC).

Regístrese y notifíquese.

LUIS ESTEBAN GENOUD

HECTOR NEGRI

HILDA KOGAN

EDUARDO JULIO PETTIGIANI

DANIEL FERNANDO SORIA

ANALIA S. DI TOMMASO

Subsecretaria

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