Qué dicen los proyectos de leyes antidespidos.

despido3Fecha: 2-may-2016

Cita: MJ-MJN-92474-AR

Por José L. Ceteri (*)

En ambas cámaras del Congreso se están tratando dos proyectos de ley, que tienen como objetivo sancionar los despidos sin justa causa. El que trata el Senado tuvo aprobación la semana pasada y pasó a Diputados; el que proponía esta última Cámara aún no se trató. Habrá que ver cuál prevalece en los próximos días y lo que hará el Poder Ejecutivo, en cuanto a la herramienta de veto que tiene.

Los dos proyectos declaran la emergencia ocupacional, prohíben los despidos y restablecen la doble indemnización que se paga en las desvinculaciones sin justa causa. Algo ya sucedió en el año 2001, cuando se sancionó la ley que creaba la doble indemnización para los casos de despido sin causa, que se mantuvo hasta que el índice de desocupación llegara a un dígito. Incluso, en esos años en donde existió el paraguas para evitar despidos, los hubo y la Administración Federal de Ingresos Públicos llegó a manifestarse a través de un dictamen, desgravando a la doble indemnización en el Impuesto a las Ganancias.

Los detalles de cada proyecto:

La propuesta del Senado, que picó en punta, establece la emergencia pública en todo el país en materia ocupacional por 180 días. En ese plazo se prohíben los despidos y las suspensiones de trabajadores, sin justa causa, tanto en el sector público como en el privado, rigiendo en todas las modalidades contractuales. El proyecto contempla que en el caso de producirse los despidos, los trabajadores pueden optar por accionar judicialmente para pedir el reingreso a su puesto de trabajo cobrando los salarios adeudados y las cargas sociales. Si no se produce el reingreso, el trabajador tendrá derecho al cobro doble de las indemnizaciones laborales por despido sin causa. El reclamo seguirá el trámite de resolución «sumarísimo» previsto en el art. 498 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Por último, el proyecto determina que estas disposiciones no regirán para las incorporaciones de trabajadores que se realicen a partir que la ley entre en vigencia.

Lo que propone Diputados son medidas más fuertes, declarando la emergencia ocupacional nacional hasta el 31 de diciembre de 2017. Asimismo, la ley que se apruebe tendrá efectos retroactivos al 31 de marzo de 2016. Incluye a los trabajadores del sector público y privado en todo el territorio nacional, y prevé que en los casos de finalización de los contratos laborales, tendrán que renovarse automáticamente hasta el momento que finalice la emergencia ocupacional que se declara. Quedan prohibidos los despidos, y los trabajadores podrán optar entre el reingreso o aceptar el despido percibiendo las doble indemnizaciones. Para los casos de despidos por justa causa, el empleador deberá previamente transitar por el procedimiento administrativo tendiente a evitar el despido, con audiencia en el Ministerio de Trabajo y el sindicato. Lo mismo sucede con los despidos que se tramiten por fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo, en donde deberán seguirse todos los procedimientos que establece la Ley de Contrato de Trabajo.

Ninguno de los dos proyectos establece métodos especiales para las pequeñas y medianas empresas, que quizás sean propuestas de modificación que se agreguen posteriormente. Según la última Resolución de la SEPYME (11/2016 ) se consideran pequeñas y medianas empresas las que no superaron los siguientes montos anuales de facturación: Actividad agropecuaria: 160 millones – Industrias: 540 millones – Comercio: 650 millones – Servicios: 180 millones y Construcción: 270 millones.

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(*) Contador Público Nacional, UBA. Periodista Económico, UBA. Docente universitario, UBA y UNLP. Autor de obras relacionadas con temas tributarios.